CSJ - SL3368-2018

46 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Sala de Descongestión N2

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

Magistrado Ponente SL3368-2018 Radicación n. 55432 Acta 26 Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por HILDA RUBIELA CASTEBLANCO IBÁÑEZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 28 de noviembre de 2011, dentro del proceso ordinario laboral promovido por ella

contra la SOCIEDAD ANDINA EXPRESS S.A. - AEX S.A.

I ANTECEDENTES La Señora Hilda Rubiela Casteblanco Ibáñez demandó a la Sociedad Andina Express S.A. — AEX S.A., para que, en lo que interesa al recurso de casación, se le condenare al pago de la indemnización por despido injusto, las

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Radicación n. 55432 prestaciones sociales por todo el tiempo laborado, teniendo en cuenta el salario real devengado o /...] en su defecto la reliquidación correspondiente», la indemnización moratoria por el no pago y consignación de los derechos laborales, los salarios insolutos y, la indexación. Fundamentó sus pretensiones en que existió un contrato de trabajo con la demandada desde el 19 de mayo del 2000 hasta el 3 de mayo de 2005, cuando fue despedida sin justa causa; que la empresa le impidió el ingreso a sus

instalaciones, por lo que no pudo hacer entrega formal y material del cargo; que el salario realmente devengado era de $2.000.000,00, pero, que la accionada para efectos del pago de las prestaciones sociales, solo reportaba la suma de $500.000,00; que no le consignaron las cesantías con lo realmente devengado, como lo ordena la Ley 50 de 1990. AEX S.A., al contestar la demanda, se opuso a las pretensiones, respecto a los hechos dijo que no era cierta la existencia de una relación laboral con la demandante, pues lo que existió fue un contrato de prestación de servicios, razón por la cual, lo que percibía, correspondía a honorarios, además, señaló que la accionante renunció al cargo que venía ocupando. Propuso las excepciones de mérito que llamó prescripción de la acción, inexistencia de la obligación por carencia de deuda, falta de obligación y, falta de título y causa.

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UY Radicación n. 55432 IL. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Sexto Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 31 de julio de 2009, absolvió a la demandada de todas las pretensiones.

II. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 28 de noviembre de 2011, al resolver la apelación interpuesta por la demandante, confirmó el fallo apelado.

El ad quem, para soportar su decisión, advirtió que la actora escasamente presentó motivos de inconformidad

frente a la sentencia de primer grado, limitándose a señalar «[...] que la confesión ficta es suficiente y que al no tenerla en cuenta se viola del debido proceso». Dijo que el a quo desarrolló una a una las pruebas, entre ellas la confesión ficta, y que ésta, no opera de manera automática por el hecho de no asistir a la audiencia de conciliación o a la diligencia de interrogatorio de parte, sino, que también requiere constancia expresa de cuáles eran los hechos susceptibles de confesión sobre los cuales recaía dicha declaratoria, lo que no sucedió, por lo que /...] es indudable que la confesión no es eficaz». Expuso que, si de todas maneras la mencionada confesión se hubiera tomado como válida, «/...] tal y como anotó el juez de primera instancia» ella admite prueba en contrario, «|...] siendo claro que el A Quo la encontró

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Radicación n. 55432 desvirtuada no sólo con la documental aportada, sino con las declaraciones de los testigos que conducen a una relación que además de no ser continua no fue subordinada», y que, «[...] para declarar la existencia de un contrato de trabajo debe también existir un sustento probatorio suficiente de todos los elementos que son de su esencia, tal como lo prevé la normativa laboral». Expresó que, aunque no existe duda sobre la prestación de servicios de la accionante como revisora fiscal, lo que en principio de acuerdo con la presunción legal del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo llevaría a declarar el contrato subordinado, :/...] de las pruebas obtenidas no

puede esta colegiatura concluir algo diferente a lo determinado por el A Quo». Por último, se ocupó de la normativa que rige las funciones desarrolladas por un revisor fiscal, coligiendo que ellas resultan incompatibles con los elementos esenciales del contrato de trabajo, señaló que la figura se encuentra prevista en el artículo 203 del Código de Comercio y sus funciones están consagradas en el art. 207 ibidem, las cuales implican el ejercicio de una vigilancia e inspección continua sobre la actividad administrativa, gerencial o directiva de sus representantes legales y demás autoridades, para que el funcionamiento de la sociedad sea eficiente, honesto y no se causen perjuicios a la empresa o a terceros, por lo que la persona encargada de desarrollarlas, debe ostentar una total independencia í[...] y en consecuencia se encuentre apartada de cualquier tipo de subordinación respecto de los administradores o directores». Concluyó: SCLAJPT-10 V.00 4 to Radicación n.” 55432 Otra de las características del revisor fiscal es que su nombramiento es una facultad exclusiva de los asociados en la asamblea, así como la de remoción que se puede llevar a cabo en cualquier momento (arts. 204 a 207 C. Co.). Es decir la Ley faculta expresamente a la Asamblea para dar por terminada la designación en cualquier momento, de acuerdo con procedimientos democráticos y de acuerdo a la necesidad y conveniencia de la empresa. Así mismo, la responsabilidad penal y disciplinaria señalada en el Código de Comercio y la Ley 43 de 1990, debido a la trascendencia social de las funciones que ejercen.

De acuerdo con toda esta normatividad es casi imposible sostener la existencia de una relación regida por contrato de trabajo en el ejercicio de las funciones de un revisor fiscal, pues la verdad es que no puede tener ningún grado de subordinación o dependencia que tipifica el contrato de trabajo por ser uno de sus elementos esenciales de conformidad con el artículo 23 del C.S.T. El cargo de revisor fiscal se adecua más a la definición de una relación de carácter profesional ejercida de manera libre e independiente, consustancial a la regulación societaria de algunos tipos de sociedades y por el que se perciben unos honorarios. No así dentro de una relación laboral, naturalmente dependiente y subordinada a las directrices y órdenes del empleador, por la cual se recibe un salario. En este caso y además de que según lo expuesto la labor del revisor fiscal se opone a la existencia del contrato de trabajo, en el proceso las pruebas ratifican esa carencia de subordinación y dependencia, como acertadamente también declaró el A Quo.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Solicitó casar totalmente la sentencia del Tribunal, y que en sede de instancia se revoque la del Juzgado, «[...] para en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda, en la forma como se encuentran planteadas».

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Radicación n. 55432 Con tal propósito formuló cuatro cargos, que no fueron objeto de réplica.

VI. CARGO PRIMERO Acusó la sentencia de violar, por la vía indirecta, en la

modalidad de aplicación indebida, los artículos: 13, 14, 21, 23, 24, 45, 64 (Subrogado por el artículo 6 de la Ley 50 de 1990 y modificado por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002), 65, 186, 249, Subrogado por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y 253, 306, del Código Sustantivo del Trabajo; artículos 164, 204 a 207 del C. de Co. [...]. Le endilgó al Tribunal los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que entre la SOCIEDAD ANDINA EXPRESS S.A. “AEX S.A.” y la señora HILDA RUBIELA CASTELBLANCO IBÁÑEZ, existió un contrato de trabajo celebrado a término indefinido, con vigencia del 19 de mayo de 2000 al 3 de mayo de 2005.

2. Dar por demostrado, a pesar de no estarlo, que la vinculación del trabajador estuvo regida por un contrato de prestación de servicios.

3. No tener por demostrado, a pesar de estarlo, que la prestación de los servicios personales prestados por la trabajadora, fueron de manera continua, permanente, ininterrumpida, subordinada y remunerada.

4. No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que la señora, HILDA RUBIELA CASTELBLANCO IBÁÑEZ, dependía directamente de la asamblea de los socios accionistas de la SOCIEDAD ANDINA

EXPRESS S.A. “AEX S.A”.

5. No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que la señora, HILDA

RUBIELA CASTELBLANCO IBÁÑEZ, estaba bajo la directa subordinación y dependencia del señor EMILIO PULIDO. Argumentó que esas equivocaciones se cometieron por apreciar erróneamente el Tribunal, las siguientes pruebas:

1. Presunción de veracidad sobre los hechos de la demanda declarados en audiencia de conciliación de fecha 14 de septiembre de 2006 (folios 72 a 73).

SCLAJPT-10 V.00 6 a Radicación n. 55432 Confesión ficta sobre los hechos 1, 2, 5, 7 y 8 de la demanda decretada mediante audiencia de fecha 6 de diciembre de 2007, que obra a folio 109. Confesión ficta sobre los hechos 1, 2, 5, 7 y 8 de la demanda decretada en audiencia de fecha 16 de julio de 2007, que obra a folio 100. Nombramiento de Revisora Fiscal por asamblea general de socios de la SOCIEDAD ANDINA EXPRESS S.A. “AEX S.A.”, el día 14 de abril de 2000 (fl. 11 a 14). Confesión realizada en la contestación de la demanda (fl. 56 y 57). Declaración rendida por el testigo ALBERTO FANDIÑO (fl. 127). Certificado de Existencia y representación de la Sociedad Andina Express S.A., expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, donde consta que la demandante fue nombrada en el cargo de Revisor Fiscal principal el 14 de abril de 2000 (Fol. 11 al4.

Certificado de Existencia y representación de la Sociedad Andina Express S.A. expedida por la Cámara de Comercio de Bogotá donde consta que la demandante renunció al cargo de Revisor Fiscal principal, el 12 de octubre de 2005 (Fol. 53 a 55). Aviso de la demandante a la señora Leyda Pulido Álvarez, Miembro de la Junta Directiva de la sociedad demandada, de fecha 6 de mayo de 2005 (fl. 15), solicitándole se fije día y hora para la entrega del cargo de revisora fiscal.

10. Aviso de la demandante al señor Johnson Alberto Velandia Hernández, Miembro de la Junta Directiva de la sociedad demandada, de fecha 6 de mayo de 2005 (fl. 17), solicitándole se fije día y hora para la entrega del cargo de revisora fiscal.

11. Aviso de la demandante a la señora Adriana Pulido Álvarez, Miembro de la Junta Directiva de la sociedad demandada, de fecha 6 de mayo de 2005 (fl. 19), solicitándole se fije día y hora para la entrega del cargo de revisora fiscal.

12. Aviso de la demandante a la señora Sandra Lucía Manrique Sánchez, Miembro de la Junta Directiva de la sociedad demandada, de fecha 6 de mayo de 2005 (fl. 21), solicitándole se fije día y hora para la entrega del cargo de revisora fiscal.

13. Aviso de la demandante a la señora (sic) Pedro Pulido Torres, Miembro de la Junta Directiva de la sociedad demandada, de fecha 6 de mayo de 2005 (fl. 23), solicitándole se fije día y hora para la entrega del cargo de revisora fiscal.

14. Aviso de la demandante al señor Libardo Arturo Martínez

Pulido Miembro de la Junta Directiva de la sociedad demandada, de fecha 6 de mayo de 2005 (fl. 25), solicitándole se fije día y hora para la entrega del cargo de revisora fiscal.

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15. Aviso de la demandante a la señora Sonia Pulido Álvarez, Miembro de la Junta Directiva de la sociedad demandada, de fecha 6 de mayo de 2005 (fl. 27), solicitándole se fije día y hora para la entrega del cargo de revisora fiscal.

16. Aviso de la demandante al señor Leonel Emilio Pulido Álvarez, Gerente y Representante legal de la sociedad demandada, de fecha 2 de junio de 2005 (fl. 29), solicitándole convocar a la Junta Directiva se fije día y hora para la entrega del cargo de revisora fiscal.

17. Iguales cartas de fecha 2 de junio de 2005, dirigidas por la demandante a las personas precedentemente nombradas en las comunicaciones antes referidas, a los miembros de la Junta Directiva de la demandada solicitándoles se reúnan para que procedan a su la remoción como Revisora Fiscal (fol. 32 a 39).

18. Análogas comunicaciones de fecha mayo 6 dirigidas por la trabajadora a la Superintendencia de Sociedades, al Ministerio de Transporte, y a la Dian, respecto de la remoción Revisor Fiscal de la demandada (fls. 41 a 42).

19. Contrato individual de trabajo asociado de personal de Administración, manejo y confianza suscrito entre CONESAD CTA Cooperativa de Trabajo Asociado y la demandante el 1 de

febrero de 2005 (Fol. 58).

20. Balance General de Andina Express S.A. a diciembre 31 de 2004 (Fol. 61 a 63).

21. Denuncia de Luz Stella Pineda Bayona de fecha 17 de abril de 2006 ante la Policía Metropolitana de Bogotá Comando

Operativo No. 2, Estación Tercera de Santa Fe, por la pérdida de información contable sistematizada y algunos paquetes contables como comprobantes de egreso, recibos de caja, notas contables documentos soportes de nómina, facturas, y libros de actas y de accionistas de socios de propiedad de Andina Express S.A. (Fol. 64):

22. Respuesta a oficio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar informado que en el sistema aparecen pagados aportes parafiscales de los meses de Enero a Septiembre de 2003; pagos efectuados por Sociedad Andina Express S.A. por medio de la caja de compensación familiar “Cafam” (Fol. 107).

23. Certificación del SENA de aportes parafiscales concepto de nómina por la vigencia de 2005, 2004, 2003 y estado de pagos aportantes (Fol. 111 a 115).

Para la demostración del cargo, señaló, que en las audiencias visibles a folios 100 y 109, se declaró confesa a la parte demandada de los hechos 1, 2, 4, 5, 7 y 8; que el juez de conocimiento puntualizó sobre qué hechos recaía la

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50 Radicación n. 55432 confesión ficta, dejando constancia que no compareció el

representante legal de la pasiva a absolver el interrogatorio de parte, por lo que erró el Tribunal al no darle valor probatorio a la confesión ficta sobre la existencia del contrato de trabajo, sus extremos y el salario. Expuso que cuando el ad quem, acogiendo los análisis del a quo, señaló que la confesión se encontraba desvirtuada con la documental aportada y las declaraciones de los testigos, hizo una lectura equivocada de las pruebas aportadas al proceso, porque el juez de primera instancia dio por demostrado los hechos 1, 2, 4, 5, 7 y 8 de la demanda, estando demostrado que mediante el acta n. 0000001 del 14 de abril de 2000, la actora fue nombrada como revisora fiscal, como se acredita con el certificado de la Cámara de Comercio visible a folio 13 vuelto, cargo al cual renunció según certificado a folio 53, por lo tanto no se podía desvirtuar la confesión ficta con la comunicación de folios 35, la carta del 15 de mayo de 2003 y el contrato de trabajo asociado suscrito con la cooperativa Conesad CTA y la demandante, ni con el balance de folio 61, [...] toda vez que conforme al Código de Comercio los revisores fiscales de una sociedad, conservan su carácter para todos los efectos legales, mientras no se cancele la inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento o elección». Expresó que, según los certificados de la Cámara de Comercio, la demandante estuvo inscrita como revisora fiscal desde 2 de junio de 2000 hasta el 7 de octubre de 2005, y si existió contrato de trabajo asociativo con Conesad CTA, en

nada desdibuja la relación laboral que mantuvo con la

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Radicación n. 55432 demandada, puesto que no existió cláusula de exclusividad; que de la renuncia al cargo de revisora fiscal de fecha 15 de mayo de 2003 y el periodo comprendido entre el 16 de mayo de 2003 y el 31 de enero de 2004, se afirma en la decisión, no se desprende que la accionante hubiera prestado sus servicios de una manera continua, porque lo único que se verifica es la suscripción del balance general a 31 de diciembre de 2004, consideración que riñe con la temporalidad de la prestación de los servicios que indican los certificados de la Cámara de Comercio. De otra parte sostuvo que del testimonio que obra a folio 127, se demuestra el error del Tribunal, pues sumado a los certificados de la Cámara de Comercio y a las confesiones fictas, se desprende de allí la subordinación, ya que el testigo señaló que la actora recibía órdenes del gerente de la accionada, señor Emilio Pulido, para ejecutar su trabajo. Por último, destacó que fue nombrada revisora fiscal por la asamblea general de socios, el 14 de abril de 2000.

VII. CARGO SEGUNDO Acusó la sentencia de violar, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, «[...] a consecuencia del error de derecho cometido [...] al dejar de aplicar los art. 164, 203 y 206 del C. de Co, en relación con los art. 23 y 24 del C.

S., del Trabajo; 87 del Código Procesal del Trabajo y de la

Seguridad Social». Indicó como errores de derecho del ad quem, los 10

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Radicación n. 55432 siguientes:

1. No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que entre la SOCIEDAD ANDINA EXPRESS S.A. “AEX S.A.” y la señora HILDA RUBIELA CASTELBLANCO IBÁÑEZ, existió un contrato de trabajo celebrado a término indefinido, con vigencia del 19 de mayo de 2000 al 3 de mayo de 2005.

2. Dar por demostrado, a pesar de no estarlo, que la vinculación del trabajador estuvo regida por un contrato de prestación de servicios.

3. No tener por demostrado, a pesar de estarlo, que la prestación de los servicios personales prestados por la trabajadora, fueron de manera continua, permanente, ininterrumpida, subordinada y remunerada.

4. No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que la señora, HILDA RUBIELA CASTELBLANCO IBAÑEZ, dependía directamente de la asamblea de los socios accionistas de la SOCIEDAD ANDINA

EXPRESS S.A. “AEX S.A”.

5. No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que la señora, HILDA RUBIELA CASTELBLANCO IBÁÑEZ, estaba bajo la directa subordinación y dependencia del señor EMILIO PULIDO.

Argumentó que esas equivocaciones se cometieron por apreciar erróneamente el Tribunal las siguientes pruebas solemnes:

1. Nombramiento de Revisora Fiscal por asamblea general de socios de la SOCIEDAD ANDINA EXPRESS S.A. “AEX S.A”, el

día 14 de abril de 2000 (fl. ll a 14)

2. Certificado de Existencia y representación de la Sociedad Andina Express S.A., expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá donde consta que la demandante fue nombrada en el cargo de Revisor Fiscal principal el 14 de abril de 2000 (Fol. 11 a l4).

3. Certificado de Existencia y representación de la Sociedad Andina Express S.A. expedida por la Cámara de Comercio de Bogotá donde consta que la demandante renunció al cargo de Revisor Fiscal principal, el 12 de octubre de 2005 (Fol. 53 a 55).

Para la demostración del cargo, dijo, que: La violación de derecho se originó en el incumplimiento del deber que tenía el ad-quem de fundar la decisión final sobre los textos legales pertinentes para dirimir la controversia, de acuerdo con los hechos acreditados cabalmente en el proceso, omisión que dio

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Radicación n. 55432 lugar a que asumiera de manera equivocada y sin ningún análisis previo, lo que indica el legislador respecto de la presunción de cumplimiento de las obligaciones como revisor fiscal de la Sociedad demandada, en el lapso señalado en los certificados de existencia y representación de la Sociedad Andina Express S.A., expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá donde consta que la demandante fue nombrada el cargo de Revisor Fiscal principal el 14 de abril de 2000 (Fol. 11 a 14), como tampoco que la demandante renunció al cargo de Revisor Fiscal principal, el 12 de octubre de 2005 (Fol. 53 a 55), siendo que ellos constituyen, según

el artículo 164 del C. de Co., una prueba solemne, toda vez que por presunción de derecho las personas inscritas en la cámara de comercio del domicilio social como representantes de una sociedad, así como sus revisores fiscales, conservarán tal carácter para todos los efectos legales, mientras no se cancele dicha inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento o elección. Y la simple confirmación o reelección de las personas ya inscritas no requerirá nueva inscripción. El Desconocimiento de esta prueba ad substantiam actus lo llevó a concluir, sin hacer el análisis pertinente que le hubiera permitido ubicar las normas legales aplicables al caso, de acuerdo con la inscripción de la demandante como revisora fiscal, que se encontraba debidamente probada con los certificados de existencia y representación legal aportados con la demanda y su contestación, el tiempo total de la prestación de los servicios y por el contrario, incurriendo en una reformatio in pejus, consideró que toda la prestación del servicio realizada por la demandante no fue subordinada, desechando la conclusión del fallador de primer grado en el sentido que solamente entre se probó la existencia del contrato de trabajo entre el 14 de abril de 2000 al 15 de mayo de 2003.

VII. CARGO TERCERO Lo planteó así: «Acuso a la sentencia del Tribunal de violar por infracción directa, al dejar de aplicar la ley siendo el caso hacerlo, en concurso con la modalidad de aplicar los artículos 22, 23 y 24 en forman incompleta, negándole el derecho contemplado en dichas normas y el contenido en el artículo 53 de la Constitución Política.

Para la demostración del cargo señaló que el Tribunal

concluyó que no existió un contrato de trabajo, sino uno de

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A Radicación n. 55432 prestación de servicios profesionales, «[...] con el argumento de que por naturaleza el servicio del revisor fiscal es independiente, libre de subordinación», de lo que se puede deducir que no era suficiente demostrar la existencia de los elementos integrantes del contrato de trabajo por considerar que el cargo de revisora fiscal es una profesión liberal, hecho que desvirtúa la presunción de que el servicio se presta a través de una relación laboral, por ser las actividades propias de un contrato de prestación de servicio desaparece la subordinación en especial con los socios, el personal administrativo o directivo de la sociedad, con lo cual, dejó de aplicar el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, porque al demostrar que prestó personalmente sus servicios, era a la demandada a quien le correspondía desvirtuar la presunción, lo cual no realizó, ya que, «[...] la demandada la mantuvo en la Cámara de Comercio entre el 14 de abril de 2000, al 7 de octubre de 2005, tiempo lo suficientemente amplio como para que |[...] se tenga por presumido la existencia del contrato de trabajo».

IX. CARGO CUARTO Acusó la sentencia de violar, por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 22, 23 y 24 del CST, «/...] modificado por el artículo 2 de la Ley 50 de

1990». Para la demostración del cargo, la recurrente dio las mismas explicaciones que en el cargo anterior, con la diferencia de que en éste, sí aplicó el art. 24 del Código

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Radicación n. 55432 Sustantivo del Trabajo, pero, que le hizo producir efectos que la norma no contempla, pues ella «/...] no hace distingos de ninguna naturaleza en cuanto a la actividad, sino que basta que se demuestre, como en este caso se hizo, la prestación personal del servicio». Finalizó su demostración diciendo: Con la elucubración que hace el Tribunal para concluir que definitivamente ningún revisor fiscal puede estar vinculado por medio de un contrato de trabajo, infringe directamente el artículo 24 del C. S. del T., y de la S.S., haciéndole salvedades para los revisores fiscales, distingos que no los contempla la ley y aplicándole a estos trabajadores una discriminación, una exclusión peligrosa.

X. CONSIDERACIONES A pesar que los cuatro cargos se formulan por vías diferentes, todos ellos tienen en común que se dirigen a demostrar que entre la demandante y la sociedad demandada existió un contrato de naturaleza laboral y no uno de prestación de servicios, como lo concluyó el juez de apelaciones, por esa razón se resolverán conjuntamente.

Observa la Sala que pese, a que el segundo cargo enuncia errores de derecho, ello, consiste en un lapsus calami; pues dichos yerros se plantean como facticos. Es necesario recordar que el Tribunal soportó su decisión en los siguientes pilares argumentativos: 1) La confesión ficta que el a quo tuvo como válida, no es eficaz a la luz de lo previsto en el artículo 210 del CPC aplicable al procedimiento laboral en virtud del artículo 145 del CPTSS.

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Radicación n. 55432 2) Aún, si se tuviera como válida la confesión, ella admite prueba en contrario, encontrándola el a quo desvirtuada con la prueba documental aportada y las declaraciones de los testigos, valorando incluso la confesión judicial, a pesar de que ésta resultó ineficaz. 3) De acuerdo con la presunción legal prevista en el artículo 24 del CST, habría lugar a declarar el contrato subordinado, pero como ella admite prueba en contrario, fue desvirtuada con las pruebas obtenidas, tal como concluyó el a quo. 4) Las funciones desarrolladas por un revisor fiscal son incompatibles con los elementos esenciales del contrato de trabajo, porque la persona encargada de ellas debe ostentar una total independencia, por lo que se encuentra apartada de cualquier tipo de subordinación, 1/...] en el proceso las pruebas ratifican esa carencia de subordinación y dependencia, como acertadamente también declaró el A Quo». La recurrente, encamina los dos primeros cargos por la vía indirecta, con la finalidad de demostrar que erró ostensiblemente el ad quem al no dar por probado, estándolo, que entre las partes existió un contrato de trabajo en el que la actora dependía de la asamblea de socios accionistas, encontrándose directamente bajo la subordinación y dependencia de Emilio Pulido. Los dos últimos cargos son dirigidos por la vía de puro derecho, enfilados a demostrar que el Colegiado incurrió en un dislate eminentemente jurídico cuando después de

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Radicación n. 55432 encontrar acreditada la prestación personal del servicio

concluyó que ningún revisor fiscal puede estar vinculado por medio de un contrato de trabajo, con lo cual infringió directamente el artículo 24 del CST, porque le hizo salvedades a la presunción legal contenida en la norma, cuando ésta no contempla esa distinción. Como puede observarse la censura en el primer cargo le enrostra al juzgador, por el sendero indirecto, la errónea apreciación de la confesión ficta declarada en audiencia de conciliación y la declarada en la segunda audiencia de trámite, en relación con la falta de comparecencia del representante legal de la demandada a absolver el interrogatorio de parte, sin tomar en consideración que el Tribunal no realizó ninguna apreciación objetiva o material de la prueba, que era lo que habilitaba la vía escogida, simplemente se limitó el juez plural a la apreciación jurídica de la misma restándole validez, por consiguiente, fuerza señalar que el recurrente debió controvertir a través de la vía la directa, el juicio jurídico, al no hacerlo así, dejó incólume la ineficacia de la confesión declarada por el Colegiado. Tiene adoctrinado esta Sala de la Corte, que «(...] la acusación de asuntos concernientes a la aducción, aportación, validez y decreto de pruebas, sólo es susceptible de impugnación por la vía directa». (CSI SL485-2013, 24 jul. 2013), así fue reiterado en la sentencia CSJ SL9063-2014, 18 jul. 2014, en la que se señaló: No le asiste razón a la oposición en cuanto al defecto técnico que le endilga al cargo, ya que esta Sala de la Corte ha adoctrinado,

con reiteración, que la acusación de asuntos concemientes a la

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E Radicación n. 55432 aducción, aportación, decreto y validez de pruebas únicamente es susceptible de impugnación por la vía directa, debiéndose acusar la violación de medio de las normas procesales pertinentes, pues antes que incumirse por parte del sentenciador en un equivocado entendimiento de los hechos, lo que en realidad se presenta es la infracción de las normas procesales que rigen la producción, aducción y validez de los medios de convicción legalmente admisibles (Ver sentencias CSJ SL, 1 Jun 2006, Rad. 27452 y CSJ SL, 7 Feb 2001, Rad. 15438, entre otras). En la misma dirección en la sentencia CSJ SL56202016, 27 abr. 2016, se explicó lo que sigue a continuación: Lo primero que hay que recordar, es que la casación del trabajo contempla la violación de la ley sustancial del orden nacional, sin embargo excepcionalmente cabe la acusación de nomas procesales como violación de medio, que se presenta cuando aquellas son el instrumento o vehículo que conduce a la transgresión del precepto legal sustantivo. Igualmente, es criterio adoctrinado de la Sala, que las disposiciones contentivas de reglas de procedimiento, pueden ser objeto de discusión en el recurso extraordinario por la vía directa, por cuanto antes de incumir el sentenciador en un equivocado entendimiento de los hechos por errónea apreciación o falta de valoración de las pruebas, que genera errores manifiestos de hecho, lo que en realidad en estos

casos se infringe es la ley instrumental que gobierna la producción, aducción, aportación, validez y decreto de los elementos probatorios legalmente admisibles, entre otros aspectos procesales. Siendo la validez de la confesión ficta lo que debió controvertirse en casación, resultan inane los esfuerzos argumentativos de la recurrente por demostrar a través de la vía indirecta los hechos que quedaron acreditados con la misma, porque e