CSJ - SL3399-2019

RepúbdleCi oclao mbia conSeu prdeeJm uas ticia SadleaC asaLcaibóonr al SadleaD esconNg:e1 s tión DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL3399-2019 Radicación n. 63423 º Acta 28 Bogotá, D. C., veintiuno (21) de agosto de dos mil diecinueve (2019). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por SONIA BEATRIZ FONTALVO DE LA HOZ contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, el 27 de abril de 2012, en el proceso que instauró contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, trámite al que fue vinculada como litisconsorte necesaria FELICIA MAURY DE

GALOFRE.

De conformidad con el memorial presentado a folio 37 del cuaderno de la Corte, se admite la renuncia presentada por el apoderado judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, doctor Diego Hernando Arias

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Radicanc.iº6 ó 3n4 23 Ariza, toda vez que allegó la comunicación dirigida al poderdante, conforme a lo exigido por el artículo 76 del CGP. l. ANTECEDENTES Sonia Beatriz Fontalvo de la Hoz demandó al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, con el fin de que fuera condenado al reconocimiento y pago del 50% de la

prestación pensional que recibía el causante, dada su calidad de compañera permanente, las mesadas ordinarias y adicionales, la indexación y lo que resulte ultra y extra petita. Como fundamento de sus pretensiones expuso que el señor Rafael Galofre Marriaga tuvo dos relaciones maritales porque convivía con ella y con su cónyuge Felicia Mau:ry de Galofre; de la unión entre la actora y el causante, la cual se extendió desde 1953 hasta el 7 de octubre de 2000, procrearon tres hijos. Adujo que dependía económicamente de su compañero y que convivieron en la casa que adquirieron durante su relación de pareja; que el señor Galofre Marriaga obtuvo una pensión de vejez y falleció el día 7 de octubre de 2000. Que tanto ella como la cónyuge reclamaron el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por existir convivencia simultánea y vigentes. Afirmó que el demandado le reconoció la sustitución pensional a la esposa mediante Resolución O 1437 del 30 de mayo de 2001, desconociendo sus derechos como

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2 Radicna.6cº3i 4ó2n3 campanera; que contra dicha determinación presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, sin que hasta la fecha de presentación de la demanda se le haya dado el trámite correspondiente, lo que configura la existencia de un silencio administrativo negativo (f.º 2A a 5). El Instituto de Seguros Sociales al comparecer al proceso se opuso a las pretensiones de la demanda. En

cuanto a los hechos, admitió que el causante fue pensionado por vejez; negó los restantes o dijo no constarle. En su defensa adujo que a la luz de los artículos 46 y siguientes de la Ley 100 de 1993 en caso de convivencia simultánea debe preferirse a la cónyuge sobre la compañera permanente. Formuló las excepciones de falta de causa para demandar, falta de integración de la litciosbr,o de lo no debido y prescripción (f.º 14 a 18). Mediante auto del 7 de mayo de 2009 el juzgado de conocimiento ordenó integrar como litisconsorte necesaria a Felicia Maury de Galofre, en calidad de cónyuge del causante (f.º 26). Al comparecer al proceso, Felicia Maury de Galofre dio contestación a la demanda oponiéndose a las pretensiones. En cuanto a los hechos, admitió que el ISS le reconoció al causante una pensión de vejez, la fecha de fallecimiento de su cónyuge y que le fue reconocida en su favor la pensión de sobrevivientes; frente a los restantes, dijo no ser ciertos. 3

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Radicacni.ó6ºn3 423 En su defensa adujo que a la actora no le asistía el derecho a la pensión de sobrevivientes porque su relación con el causante fue esporádica y nunca convivieron bajo el mismo techo, ya que el pensionado «tenuínac áncdeer próstdautreaón,c amcai n(c5oa) ñ o[ys] nuncsea s epadreó sue sposFoarm»u.ló las excepciones de inexistencia de causa

para pedir, buena fe y cualquier otra que se demuestre en el º proceso (f. 37 a 39).

11. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla, mediante fallo del 29 de abril de 2011, declaró probada la excepción de cobro de lo no debido y absolvió al ISS de todas las pretensiones formuladas (f.º 71 a 79).

111. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, al desatar el recurso de apelación formulado por la parte demandante, mediante fallo del 27 de abril de 2012 confirmó la decisión de primer grado.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal sostuvo que no era motivo de controversia que el señor Rafael Galofre Marriaga falleció el día 7 de octubre de 2000, de ahí que la norma aplicable para definir la pensión de sobrevivientes era el artículo 47 original de la Ley 100 de 1993, el cual exige como requisito una convivencia de dos años anteriores a la muerte del causante, sin que fuera

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4 Radicación n.º 63423 posible que la prestación se compartiera entre la compañera permanente y la cónyuge supérstite. Expresó que el juez de primer grado no valoró con error las pruebas, pues lo hizo de manera conjunta y atendiendo los postulados de la sana critica. Precisó que la testigo Marlene Mendoza hizo referencia a situaciones generales que dan cuenta de la existencia de una convivencia simultánea

entre el pensionado y la cónyuge y la compañera permanente, pero de su dicho emerge claramente que en el último año antes de la muerte del causante existió una interrupción de la convivencia porque sus hijos se lo llevaron, de ahí que no fuera dable sostener que la actora y el causante hubieran cohabitado al menos en los dos últimos años antes del deceso. Precisó que el razonamiento del a quafue bastante prolijo porque al analizar las declaraciones de todos los testigos, concluyó con acierto que si bien se evidenciaba la existencia de una convivencia simultánea de la pareja, «nsoe desprdeena dlqelu íee s tsaeh aydaa deonl odso (s2 ú)l timos añoasn tdeesl am uerte». Indicó que el interrogatorio de parte rendido por la demandante se descartaba, ya que por tener la condición de reclamante en el proceso, merecía una estricta valoración porque ella intentaría «cobeinjs aursm anifestsaucsi ones propiinotse rseusmeasad,l o co uaplop,rr inacn iapdilioeee s dabclree saupr r oppriuae ba». 5

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Radicación n.º 63423 En punto a la resolución expedida por el ISS, dijo que esta no se alejaba de los razonamientos que emanaban de las demás pruebas, ya que, en verdad, se acompasaba con las versiones de los testigos; puntualizó que la promotora del proceso dijo que en el mencionado acto administrativo se indicaba la existencia de dos sociedades simultáneas, lo que no se desconoce, solo que en el último año se generó una

interrupción en la convivencia entre el pensionado y la actora, lo que impidió que se configurara uno de los presupuestos legales. Para finalizar, señaló que la Ley 100 de 1993 no permite que la pensión se comparta entre la cónyuge y la compañera, razón por la cual el derecho pertenece únicamente a alguna de ellas, esto es, de forma excluyente. Agregó que el fallecimiento de la esposa del pensionado no da lugar a reconocimiento del porcentaje a la compañera, en la medida que ello implicaría sustituir por segunda ocasión la prestación, lo que no es posible porque «colnan ormatividad arrirbeaf erenceisatsdaoa l,so eo btipeonref allecidmeile nto o (f.º 97 pensionaadfoi liya ndodo e u nod el obse neficiarios» a 111). IV.R ECURSOD E CASACIÓN El recurso fue interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se procede a resolver.

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Radicación n. º 634 23 V.A LCANDCELE A I MPUGNACIÓN La recurrente pretende se case la decisión impugnada y, en sede de instancia, revoque el fallo de primer grado y, en su lugar, condene al reconocimiento y pago de las pretensiones principales de la demanda inicial. Con tal fin formuló un cargo, el cual fue debidamente replicado solo por Colpensiones dentro de la oportunidad correspondiente. VI.C ARGOÚ NICO Acusa la sentencia de violar por la «vía directa los

artículos 2, 3 Ley 100 de 1993, 797/03-13, art. 4, 13, 42, 53 C.N., por falta de aplicación de la excepción de inconstitucionalidad del art. 4 7 ley 100/ 93». En la demostración sostiene que el administrador de justicia no tuvo en cuenta los alcances de los artículos 4, 13 y 42 de la Constitución de 1991 al desconocer el derecho a la igualdad de las formas familiares constituidas por distintos vínculos jurídicos. Indica que el Tribunal al analizar las declaraciones de los testigos, en especial el testimonio de Marlene Mendoza y el interrogatorio de la accionante afirma que existió un quebrantamiento de la convivencia entre el causante y la actora; sin embargo, «la búsqueda de asistencia médica y/o 7 SCLAJPT-10 V.DO Radicación n.º 63423 hospitalización, no producen solución de convivencia marital entre las parejas». Arguye que el fallador de segunda instancia bien podía dar aplicación a la excepción de inconstitucionalidad frente al artículo 47 de la Ley 100 de 1993, por estar revestido de una incompatibilidad frente a lo ordenado por las normas superiores; desigualdad que fue enmendada con la expedición de la Ley 797 de 2003. Menciona que el Tribunal aplicó de f arma equivocada el artículo 4 7 de la Ley 100 de 1993 y cita en extenso la providencia recurrida, luego de lo cual sostiene « es fácil concluir que el superior al momento de proferir el fallo impugnado incurrió en el quebranto de las normas citadas».

VII. RÉPLICA Colpensiones se opone al cargo, para lo cual sostiene que adolece de defectos técnicos, ya que se aduce en la proposición jurídica normas constitucionales, las que corresponden a preceptos de carácter normativo que contienen principios generales que deben ser desarrollados legalmente, por lo que carecen de aplicabilidad inmediata y directa en las decisiones judiciales.

Arguye que el juez de apelaciones consideró que en razón del fallecimiento del causante la norma aplicable era el artículo 47 original de la Ley 100 de 1993, disposición que no contemplaba la posibilidad de que en el evento de que se

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8 Radicación n.º 63423 diera la conv1venc1a simultánea la prestación pudiera compartirse, ya que el artículo 7 del Decreto 1889 de 1994 le daba la primacía a la cónyuge, lo que «no implicaba de por sí una incompatibilidad que obligara al Tribunal a aplicar la llamada excepción de inconstitucionalidad como reclama la lo censura». Menciona que el Tribunal también fundó su decisión en que según lo demostraban las pruebas no se dio la convivencia con la actora en el lapso previsto por el artículo 4 7 original de la Ley 100 de 1993, lo que implica que descartó la convivencia simultánea; sustento fáctico no discutible por la senda escogida, máxime cuando el reparo que formula lo hace frente a pruebas no calificadas en casación. VIICIO.N SIDERACIONES El Tribunal, en lo fundamental, estimó que en razón de la fecha del deceso del causante la norma aplicable era el

artículo 4 7 de la Ley 100 de 1993, en su versión original, el cual exige como requisito una convivencia de dos años anteriores a la muerte del causante, sin que fuera posible que la prestación se compartiera entre la compañera permanente y la cónyuge supérstite. En el ámbito fáctico, encontró a partir de los testimonios, que en el último año antes del deceso del pensionado hubo una interrupción en la convivencia entre la actora y el pensionado y, por ende, no se cumplía con el requisito previsto en el citado artículo 4 7 de la Ley 100 de 9 SCLAJPT-10 V.DO Radicación n. º 63423 1993, esto es, convivencia en los dos últimos años antes de la muerte. La recurrente, desde el punto de vista jurídico cuestiona que el Tribunal no hubiera declarado probada la excepción de inconstitucionalidad, pues en su criterio la norma aplicable (artículo 4 7 de la Ley 100 de 1993), desconoce el derecho a la i aldad de las formas familiares constituidas gu por distintos vínculos jurídicos al preferir a la cónyuge sobre la compañera, situación que fue corregida por la Ley 797 de 2003. Pues bien, tal y como ya ha tenido oportunidad la Sala de explicarlo, le corresponde al censor de forma preliminar identificar los soportes del fallo recurrido y, consecuente con el resultado que obtenga, dirigir el ataque por la senda fáctica o jurídica, o por ambas, en cargos separados, si es que el

fundamento de la decisión es mixto. Sobre este aspecto en particular en sentencia CSJ SL, 27 feb. 2013, rad. 43132, se manifestó: [ ... ] lac onfrondteua ncasi eónnt eenncl iaia n,t endceli oógnsr ua r derrumbaemnie elen sttoa pdriooc edsela acl a saccioómnp,o rta parealr ecurruennalt aeb poerr suaysd iivaal écqtuiehc ada e, comenzpaorrl ai dentificdaec lioósvn e rdadepriolsa res argumentdaeqt uiseve ov sa leijlóu zgapdaorerad ifiscuaf ra llo; pasapro rl ad etermindaecs iiló onsa rgumenuttoisl izados constirtauzyoenna mijeunrtíodsif cáocst iyc cousl;m icnoanr , o estreintb aopl r eciesnil óasn e,l ecdceli aós ne ndaad ecudaed a ataqulead: i recstila a,c uestpieórnm aneencu en p lano eminentejmuernítdleiai c nod;i rseisc ete as,te ánu nad imensión Já ctoip crao batoria. En el el fundamento primordial de la decisión subl ite, del Tribunal consistió en que las pruebas allegadas daban

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Radicación n. º 634 23 cuenta que si bien hubo convivencia entre la actora y el pensionado, la misma se vio interrumpida en el último año anterior a su deceso. De ahí que lo primero que debía hacer la promotora del

proceso era controvertir las conclusiones fácticas a las que arribó el fallador a través de los medios probatorios allegados legal y oportunamente, pues al no haberlo hecho, la decisión se mantiene inalterable y soportada en las inferencias fácticas que no fueron atacadas mediante el recurso extraordinario. En ese sentido, si la censura quería tener éxito en su ataque, necesariamente tenía que desvirtuar las inferencias fácticas que, acertadas o no, sustentaron el discurso del juez de segundo grado. «las Bajo esa perspectiva, la Sala ha considerado que acusaciones exiguas o parciales son insuficientes para quebrar una sentencia en el ámbito de la casación del trabajo y de la seguridad social» en la medida que continúan «nada subsistiendo sus fundamentos, razón por la cual, consigue el censor si se ocupa de combatir razones distintas a las aducidas por el juzgador cuando no ataca todos los o pilares, porque, en tal caso, así tenga razón en la crítica que formula, la decisión sigue soportada en las inferencias que dejó libres de ataque»

(CSJ SL12298-2017).

En esa dirección, quien pretenda el quebrantamiento del fallo a través del recurso extraordinario de casación tiene la carga de controvertir y derruir todos los soportes sobre los que está edificado el pronunciamiento que se cuestiona, ya

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Radicación n. º 63423 que la falta de ataque de al no de los ar mentos que gu gu sustentaron la decisión conlleva que la providencia continúe

sustentada y, por ende, que se mantenga intacta en razón de la doble presunción de acierto y legalidad; sin embargo, como quedó visto, la censura no cumplió con tal deber y, por ende, quedó incólume lo definido por el Tribunal en punto a que no existió convivencia entre el señor Galofre Marriaga y la convocante en el año anterior al deceso de aquel. Asimismo, debe señalarse, como en numerosas ocasiones lo ha dicho esta corporación, que este medio de impugnación no le otorga competencia a la Corte para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, puesto que la labor se contrae a enjuiciar la sentencia con el objeto de establecer si el juez de apelaciones al dictarla, observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para dirimir el conflicto. Ahora bien, la Corte advierte que la tesis planteada en el cargo parte de un supuesto errado, esto es, entender que el Tribunal consideró que existía convivencia simultánea en los dos años anteriores a la muerte, a partir de lo cual plantea que debió aplicarse la excepción de inconstitucionalidad en beneficio de la i aldad de las familias constituidas por gu diferentes vínculos jurídicos, cuando en verdad, el Tribunal no dio por sentado tal situación en el ámbito fáctico, ya que si bien encontró que existió una convivencia simultánea del causante con su cónyuge y con la actora - compañera permanente - advirtió que esta última fue interrumpida en el último año anterior al deceso, de ahí concluyó que la

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Radicación n.º 63423 demandante no cumplía con el requisito previsto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, consistente en acreditar la convivencia en los dos años con anterioridad a la muerte. Así, el cuestionamiento que plantea el censor en el aspecto jurídico consistente en controvertir la prelación de la cónyuge sobre la compañera permanente a partir del pnnc1p10 de igualdad y soportada sobre la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, parte del supuesto errado de considerar que la promotora del proceso acreditó el requisito de convivencia con el pensionado en los dos años antes del deceso, previsto por el artículo 4 7 de la Ley 100 de 1993, lo que, se reitera, fue precisamente lo que no encontró probado el Tribunal. Además, como se advierte, en los cargos se señala como vía de violación la directa; sin embargo, a fin de demostrar el quebranto de la ley se hace alusión a lo manifestado por la demandante en su interrogatorio de parte y a los testimonios rendidos en el proceso, pese a que, cuando se acusa la sentencia por tal camino se parte de la aceptación de los supuestos fácticos definidos por el Tribunal a partir de los elementos probatorios del proceso y, por ende, lo que se busca es demostrar un error de tipo jurídico. Así las cosas, la censura hace una mixtura de las vías directa e indirecta de violación de la ley sustancial, las cuales son excluyentes, por razón de que la primera lleva a un error jurídico, mientras que la segunda, conduce a la existencia de

uno o varios yerros fácticos, por lo que su análisis debe ser

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Radicación n. º 63423 diefrenyts euf romulacpioósrne padroa. Taylc omloa S alyaal oh ae xpldio,cn aol ee sd aballe rceurremnetzec llaards o sv íadsev ioladceil óaln e pyu es caduan at iesnupe r opniaat uraylaeq zueae ,ts áonr iginadas end istidnetstoaisn coosm etipdooersl f laladdoesr e gundo grdao.S obreelp articsuelha air n ddioc:a La violación por la vía directa implica llegar el juzgador a decisiones distanciadas de la ley sustancial de alcance nacional por dislates exclusivamente jurídicos; lo que significa que, en dicho nivel, el tribunal obtiene una conclusión especifica mediante la aplicación, inaplicación o interpretación de una determinada norma jurídica, quedando por fuera de su razonamiento todo lo relativo a las pruebas del proceso, o aspectos netamente fácticos. A su tumo, se violará la ley sustancial de alcance nacional, por la vía indirecta, cuando el tribunal estime erróneamente, deje de estimar, suponga la existencia de determinadas pruebas o procesales. Tal proceder lo conducirá a cometer errores de hecho o de derecho, consistentes ambos, en tener por probado dentro del proceso algo que realmente no lo está, o, en no tener por probado lo que realmente sí lo está; el primero, (conocido como "de hecho"), es factible de cometerse -en la casación del trabajosólo respecto

de la confesión, la inspección judicial o el documento auténtico, y, el segundo, (llamado "de derecho"), sobre las llamadas pruebas solemnes. No es posible construir los cargos con los cuales se acusa la sentencia, realizando, mixtura de los submotivos de la vía directa, con los propios de la indirecta; ni, mucho menos, la mezcla de las dos vías, pues, a cada una corresponde, estrictamente y en sana lógica, una especifica presentación argumentativa (CJS SL9, abr2.0 0,r8 a.d3 2159.) Ahorcao,m soe a dviedrelt aed emsotracdieóclnar g,o lar ecurrleunetgdeoe a ludai lro ste stimoyn ai sous integrartoodreip oar tseos tieqnueen oh ubion tueprcridóen lac onvinvceiyaa q ue« lbaú squeddeaa s istieamn écdiyc/ao hopsitaliióznna»ogc enetraclao nsecudeean hqcíui eap ,a ra demsotrsaura firmacdieóbnid ói rieglci arr gpoo rl av ía

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Radicna.c6ºi3 ó4n2 3 indirecta, denunciar las pruebas que estimaba mal valoradas o dejadas de apreciar y que acreditaban la situación alegada, así como explicar la incidencia de las mismas en la decisión, a fin de demostrar que, efectivamente, el pensionado estuvo hospitalizado y bajo atención médica; lo anterior para sustentar que la falta de convivencia con el pensionado se debió a su estado de salud, esto es, por razones ajenas a la

voluntad de la pareja. En todo caso, y pese a que lo dicho en precedencia es suficiente para desestimar el recurso, no sobra agregar que para que opere la excepción de inconstitucionalidad es presupuesto indispensable que haya sido planteada en las oportunidades procesales para ello. Al respecto, esta Corporación en sentencia CSJ SL, 13 jun. 2006, rad. 28820, reiterada en CSJ SL3092-2019 indicó: [. ].D .et odafsor massob rlea p resentdaelc aie óxpncce idóen inoncstiontaulciiednae dlr ceuros dec asa,ch iaód nioc ehsta Corporación: "Praal aS aleasc loa qrueen s eddeec asacbiióepnnu e deec harse maon del as eñaleaxdpcace iópnu esa unqueelr ecou rs extorrdianiao furee stlaebco piadarm antelnaue nirofr mideanld a aplicayc liaói nn ptreertadceil óaln e ye,lo nlo puedlel eavla r extmro deep rediqcuasere e stiápmo sibiol piaatrc aondfnrotalra s dipossiocneilse gacolnel osst eoxstc onstiontaluecssii,pe rmqeu e laco ntrarieentdruaend sa y o trossat led eb uol;at desm,ás ib ien los trinbauleorsdi naosr,ii ncol suussó graons límietsetsá,n obliogsaa da pliclaalrse yyea sv elpaorrs ur cetaapl icaec ión inptreetraceisópanot ,e stnoa pdu edlel eavelaxt rer mo deso stener

qued ebetna mbaipélni claarms a nfiiestamceonntatrrei aa lsa constciitóupnu,e ess t aon ctomo admiqtuiperu edveoinl alra normasp ueorri,lo cuadles uoy entruanñe ax arbutop. "Sienm bgao,re stpoat esteaxpdcc eoniaílsiemsats ápu editaa da algosu nrqeuiossp irotcesaqlueesl aa romnicceonn e ld ebo id proco yec sone lca ráecxtteorrrdia nao dreirlce uor dsec asación.

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Radicanc.ºi6 ó3n4 23 "A ese propósito, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral ha dicho: "No es de recibo el argumento de que el decreto de 1958 es inaplicable al juicio porque pugna con el artículo 215 de la Constitución. El ordenamiento establece un sistema de control judicial de la ley, distinto del instituido por el constituyente en el artículo 214. Estructura una excepción, para cuya estimación se requiere que haya sido propuesta alegada en las instancias del o juicio. No ocurrió así en el caso de autos. Se aduce por primera vez en casación, motivo suficiente para su rechazo, de acuerdo con jurisprudencias muy conocidas sobre el punto, recibidas por las salas de casación de la Corte" (Gaceta Judicial No. 2261, pág. 539). "Criterio reafirmado después en sentencia del 16 de junio de 1 965, publicada en la Gaceta Judicial No. 2276, página 504". (Sentencia del 27 de mayo de 2004, radicado 22.109)

De manera que el cargo se desestima. Así las cosas, de cualquier modo, como la excepción de inconstitucionalidad solo fue planteada a través del recurso extraordinario cuando debió aducirse en las oportunidades legales para ello, esto es, la demanda inicial o su contestación, no es viable abordar su análisis por parte de esta Corporación. Aunado a lo anterior y para resolver el punto que genera la inconformidad de la censura, y solo bajo el entendido que en el caso de autos se hubiera dado una convivencia simultánea, la cual se insiste no se acreditó; cabe resaltar que esta Corporación ha estimado que a la luz de la Ley 100 de 1993 y el artículo 7 del Decreto 1889 de 1994 en caso de existir convivencia simultánea prima la cónyuge sobre la compañera permanente. En reciente providencia la Corte reiteró el mencionado criterio, para lo cual explicó: En ese orden de ideas, no existió, como lo sugirió la censura, una

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Radicación n.º 63423 ifnrcaciódni recdtea l asn omrasd ennuciadpause sl,a s concluscioonnceusep rrdesacanim eenc tolna psr evisdieol an es leeyn e stcoass yo cso nl oósr dedneep ser lacqiuóepn,a a re l momendtefolal lecidmeiJ ehnotnGoya rcPérsa dsoee, n contraban vgietneesn e lo rdenamjiuridecniotE.on é stalsac, o nviivae nc simultdáeun nepaae sroncao snu c ónyuyg ceoln a c opmañae r

permaen,ue bncitaenld eerchpoer staceinfoa vnoadrlel aep sosa. Estheas ideolc ritqeurelia Co o rhtaem anetniddeos dteip eom atársc,u anednso e enntcdiea3l d em azrod e1 999r,a d1.214 5, soebe rlt emsae nstupó o usrtae,np unatq ou ea,n tlepa ersencia deu nac onvivceonncrcineuatrd ee cla usacnotlneac ónyyul gae copmañaep rermaen,le anv tocapcaiaórh na cebresfinece iadriea lpa ensliató ine ennpe r imleurgl aacr ó nyuaglre ep,se cstedo i jo: "Ye sp ercisamdeennttderoee stees queqmuaee l n uevo sistdeems ae gursiodcaiidna tlr odpuolcraLi de1oy 00d e 1993c ongsraóe ns ua rtlío4c u,7p aar lac opmañera permanelnatc eo ndicdieó bne fnieciacruiaan, d o habiénedxotsien lgauci odnov ivdeepnlec nisai ocnoand o suc ónyuagqeu,e rluelniae scea balmleansnt uee vas condicpiaoara ncecse adl eapr e nsdieós no ebvrivtiees,n y esteacbiclóo nectmraentqeu ee sl ae efctivviadd ae parjead uarntleo sa ñosa ntieorreasld ecedseol pensionlaaqd uoe,v ienae l egitliams aurs titución pensi,po oneran [cidmeca u alesaoq tuarci oenrsideración.

"Eqs uea slío e stattueyxaetl umelnatd eip sosiceinó n comen"tEocn:a sdoeq ulea p ensdieós no ebvreinvcsiea causpeo rm uetred epl ensio,n ealcd óonyuglea o copmañae or copmaeñrpoe rmansepunétsrete i,dt ebáe r acerdiqtuaeers tuhvaoc ievniddmoaa i rtcaolen cl a usante polro m enodse sdeelm omenetnqo u ées tceup mlicóo n lorsqe uispiatarot se ndeerr eacu hnopa e nsdieóv jnee z o invazl,yi hdaestsaum uretey, h aycao nvicvoined lo fallecniomd eon odsed oasñ ocso nticnouanon st erioridad as um uretseal,v qou hea ayp roceraduon oo m ásh ijocso n eple nsiofnalaldeoc" i do. Loa nterniooo brs ptaaar preciqsuaesr is ed au na convivseinmcuilat dáenplee an siotnaandctooo n s u cónyucgoem coo nl ac opmañae,rl ab efinceiadreil aa pensdieós noe bvreinvtieesn,p rimteérr meisnl oaep, so sa, pocru anatsosí e d epsernddee alr tlío7co udedle creto 1889d e1 994r,ge lameindot ela aLr ey1 00d e1 993P.e ro ent odcoa spoa,ar q ueel c ónyutgeene glda eerchaol a susodsiucshtai tpuecnisói,nod neabá[ec rupmli"crno l os

rqeuiseixgtiiodspo oslr o lsi tear)da ell eoassr tlíoc4s7u y 74d el aL ey1 00d e1 993'c:o mlooe xipgeeer ntioarmente ealr tlíoc duedle crceittoa Ydt oa.lr eqesu iseixgtiiodso s 9o alc ónyoua glce o pmaeñrpoe rmansepunétres stoi,net ne estneu eveos qeuman ortmiaveon,p rimleurg, a lra

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Radicación n. º 63423 conviveefenccticiavo eanpl e nsioanlma odmoe ndteso u fallecimeines netgou;nt déor milnaco i,rn csutandcei a habheerc hvoi dmaa rirtepasoln seac bolenfl a llecaild o, menodse sdeelm omenetnqo u ées taed quierldi eeórc ho a lap ensiróepnse ctiyv,ea n;t ercleurg, ae rlh aber convicvoinde olp ensionnaomd eon odse d osa ños conticnounoa sn teirdiaoadr s um uetrer,qe uiséisttoe útlimqoup eu edseup ilrcsoee nld eh abperro cruenaood o másh ijcoosné ls,i qnu et engaalne fect-oa hoarincidaelngcuilnaaa cs,ic runstanecniq ausse e p rojdolu a rutpurdael ac onvnicviceao snu c ónyuvgaeld,ee c,si ir éstsaed ipoo cra usiamspt uabalelcs a usaonn tope,u esto

quee lp repsuuesdteoa usendceic aup laibliddaedl fallecniofud eor peroduceinld ano u evpar epcteiqvuae regluói ntaelgmrenltame a tercioanu nfu ndamenyt o contednifeirdeon tes. "aTmbiédne bet enseere nc uenqtuae c oonmrfe lo prescerlia bretlí o2c 3u0d el aC onstitPoulcíitóilnco as, jueceenss u psr oviidaeesns ctsáonm etaildi opmse rdieo laL eyye ne stcea saoll itae)rd aealltr ílco4u 7d el aL ey 100,e clu al.dfueec laarvaednoai l daCo a rFtuna damental polraC orCtoen stitmuecdiioansnaetlne ti eaCn 3c8/99 6. Líndeeap ensamiqeunest eho a m antenyi hdaso i doojb teod e rieteraecnmi uótlpniil ci_ddda ep ronuncia(mCSiJeS.nL t2 o3ds e, oct07., r/a d3.17 1O , CSJS.L 2 2d ee ne.0/8 r,a d2.98 4,9C SJS.L 21d ea birl/09 , rad3.56 48C,S JS.L 1 5m ar1.,1/r ad4.65 8,0C SJ

SL1323250-41y C SJS L1435200 71,V erCSJS Ll1 2912-01,C4 SJ

SL1323250-41,C SJS L123732-061,C SJS L143502-061 y CSJ

SLl4 0872-01,6e neto rtars}s,iq nu ee xtiasr azojnuessct aifibles paarv arliopa,or tra netnol oesv endteoc so nvivseinmcuilat ánea enetc rónyusgupeés rtiyct oep mañeprear maen,ee nnvt igendceila art47. d el aL .1 00/9 3r gelamenptoared loa rt7. . deDl. º 1889/9 4l,aC orfttjaes uc riterieonp, u natq ou lepa r elalcai ón tielnaec ónyusogbree lac opmañerpae rmaen,ee nntt anltao privileencga sio ad ed asrea quesliltaiu óaancs ,a iftsaccidóeln o s reqiusietxoiisdg opsol ro lsi tear)ad leloe s sar tlíoc4su7y 7 4d el a Ley1 00d e1 993(C SJ SL2235-2019). Los anteriores razonamientos evidencian que aun en gracia de discusión, los argumentos de la censura están llamados al fracaso, ya que, de una parte, la excepción de inconstitucionalidad debe formularse en las oportunidades procesales correspondientes y, de otra, en los términos previstos por el artículo 4 7 la Ley 100 de 1993 y 7 del Decreto 1889 1994 de en caso de convivencia simultánea del

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18 Radicación n. º 634 23 causante con la cónyuge y compañera, se privilegia a aquella sobre ésta.

Por las razones expuestas, el cargo no prospera. Las costas del recurso extraordinario estarán a cargo de la parte demandante y a favor del ISS, hoy Colpensiones, dado que la acusación no salió avante y hubo réplica. Como ·, agencias en derecho se fija la suma de cuatro millones de . . pesos ($4.000.000) m/cte, y que se incluirá en la liquidación que se