CSJ - SL343-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL343-2023 Radicación n.° 84406 Acta 04 Bogotá, D. C., trece (13) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por

ROSA LEYTON CASTILLO, JOSÉ BAYRON LEYTON

CASTILLO, ATOCHA IRINA LEYTON LEYTON, ESNEIDER

LEYTON LEYTON, DULCE NOMBRE LEYTON DE

CASTILLO, JULIÁN LEYTON CORTÉS, JOSÉ IGNACIO

LEYTON CORTES, FRANCISCA TARCILA LEYTON

CORTÉS, NUMINTON LEYTON CORTÉS, JOSÉ ALEJANDRO LEYTON CORTÉS y RUBILDA ARANGO FRANCO, obrando en nombre propio y en representación de sus hijos menores MA, LL y KJLA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el dos (2) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), en el proceso que le instauró a

FERROVIAL AGROMAN CHILE S. A., SAINC INGENIEROS

CONSTRUCTORES S. A. COMO INTEGRANTES DEL

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Radicación n.° 84406

CONSORCIO TUNELES ITUANGO FS, EPM ESP y MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S. A., quien fue llamada en garantía.

I. ANTECEDENTES

Rosa Leyton Castillo, José Bayron Leyton Castillo, Atocha Irina Leyton Leyton, Esneider Leyton Leyton, Dulce

Nombre Leyton de Castillo, Julián Leyton Cortés, José Ignacio Leyton Cortes, Francisca Tarcila Leyton Cortés, Numinton Leyton Cortés, José Alejandro Leyton Cortés y Rubilda Arango Franco, obrando en nombre propio y en representación de sus hijos menores MA, LL y KJLA, llamaron a juicio a Ferrovial Agroman Chile S. A., Sainc Ingenieros Constructores S. A. como integrantes del consorcio Túneles Ituango FS y EPM ESP, con el fin de que se declare que el accidente de trabajo que le ocasionó la muerte a Florencio Leyton Cortés, el 8 de marzo de 2013, se debió a la culpa imputable al empleador en los términos del artículo 216 del CST. En consecuencia, fueran condenados en forma solidaria, conjunta o individual a reconocerles y pagarles, la indemnización total y ordinaria de los perjuicios de todo orden (materiales-lucro cesante e inmateriales, morales y de la vida de relación). Fundaron sus peticiones, básicamente, en que i) Florencio Leyton Cortés, nació el 24 de noviembre de 1958, en un hogar conformado por sus padres ya fallecidos y por

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Radicación n.° 84406 sus hermanos Julián Leyton Cortés, José Ignacio Leyton Cortes, Francisca Tarcila Leyton Cortés, Numinton Leyton Cortés, y José Alejandro Leyton Cortés; ii) de su unión matrimonial con Rosa Leyton Castillo, procrearon a Atocha Irina y Esneider Leyton Leyton, también era padre de José

Bayrón Leyton Castillo; iii) de su unión libre por espacio de cuatro años con Rubilda Arango Franco, nació MA, LL y KJLA, todos menores de edad. Dijeron, que iv) Florencio Leyton Cortés se vinculó laboralmente para el Consorcio Túneles Ituango FS, el 18 de mayo de 2012, en el cargo de perforista, devengando un salario de $3.027.200; v) el referido consorcio fue contratado por EPM ESP para la construcción de los túneles de desviación, de acceso y de las galerías de construcción de la casa de máquinas del proyecto hidroeléctrico Ituango; vi) la labor la desempeñó en el frente de trabajo que se acaba de especificar; vii) el 8 de marzo de 2013, dentro de la jornada laboral nocturna, que inicio a las 19:00 horas, le asignaron la actividad de colocación y calafateo de pernos de anclaje en el túnel izquierdo ramal 2. Indicaron; que viii) para ejecutar esa labor se requería de varios elementos, entre ellos caneca y papel de envoltura cemento, los cuales no contó en su puesto de trabajo, siendo necesario que aquél fuera en su búsqueda por todo el frente de trabajo; ix) al mismo tiempo que Florencio Leyton Cortés desarrollaba su tarea, José David Amaya Mendoza, operador del cargador de bajo perfil, más conocido como el “TORO”, recibió la orden de uno de los capataces para que llevara una

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Radicación n.° 84406 motobomba al bombero, para achicar un poco de agua acumulada en la parte inferior del túnel, pero a la vez le fue

ordenado por otro capataz que limpiara la vía en la parte superior del mismo con el fin de pasar con el equipo de lanzado (MIXER y ROBOYET). Refirieron, que x) según el capataz Lázaro Álvarez Martínez, el operador del “TORO” señor Amaya Mendoza, al parecer no entendió la orden porque no debía haber circulado por el lado izquierdo que estaba perforado y señalizado con dos conos reflectivos; xi) de acuerdo con la versión de aquel operador su labor la desarrolló a oscuras, cuando manifestó que debió salir del desvío izquierdo a un punto donde tenía visibilidad en el derecho; xii) el capataz José Silviano Cano, indicó al operador del "TORO" el lugar donde debía hacer limpieza, para lo cual constató que no había nadie y se retiró, sin dejar señalización o acordonado el lugar, ni con la permanente vigilancia de otro trabajador. Precisaron, que xiii) el "TORO" es: un equipo de gran envergadura, capacidad de carga, velocidad y de giro en espacios -angostos, genera un ruido ensordecedor (106 Db a 50 cm - 65 son los decibeles permitidos según la OMS Resolución 1792 de 1990), lo cual impide comunicación con el operador para advertirle cualquier peligro, tiene poca visibilidad por parte de su operador, pues los controles de mando se encuentran en un costado de la máquina, quedando sin vigilancia de los otros tres costados de ella. Señalaron, que xiv) donde operaba este equipo, se requiere de medidas de precaución y seguridad rigurosas, como acordonar el lugar, suficiente señalización, disponer de

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Radicación n.° 84406 una persona que asegurara la zona evitando el ingreso de cualquier persona y que todos los trabajadores de obras subterráneas tuvieran linterna que les permita advertir su presencia al operador de ésta máquina en caso de requerirse; xv) por las circunstancias como se encontró el cadáver y por las huellas dejadas en el equipo, se deducía que a las 23:00 del día 8 de marzo de 2013 confluyeron Florencio Leyton Cortés y el "TORO" en el mismo lugar, donde aquel perdió la vida debido al atropellamiento y aplastamiento repetitivo que le propinó este equipo, porque a esa hora y en este sitio fueron encontradas partes desmembradas del cuerpo y tejido humano en dicha máquina. Manifestaron, que xvi) si el empleador hubiera tomado las precauciones necesarias para evitar accidentes de trabajo en la obra, no habría fallecido el trabajador; xvii) el dador del empleo no adoptó las suficientes medidas de prevención, ni cumplió con las normas de salud ocupacional y omitió los manuales operativos de la labor, además de los correspondientes protocolos de seguridad, y por ello le es imputable la culpa patronal, pues faltó a la debida diligencia y cuidado y por el incumplimiento con el deber de seguridad y protección del trabajador al incurrir en los siguientes comportamientos desaprobados: - No se estableció con suficiente divulgación y previsión una ruta o zona de desplazamiento y trabajo de un equipo peligroso. Pues momentos previos al accidente el operario del mismo cumplió órdenes diversas de dos capataces y en lugares diferentes, lo cual

según uno de éstos pudo confundirlo. - No despejó de personal eficazmente el área de trabajo de dicha máquina.

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Radicación n.° 84406 - No acordonó ni señalizó preventivamente el área que debió despejar para garantizar la prevención de accidentes de sus trabajadores. - No dispuso de un control, acompañamiento y vigilancia a los desplazamientos del equipo peligroso, que pudiera guiar al operario o a un intruso, y de esta forma se impidiera o precaviera un accidente. - No suministró los suficientes elementos de protección personal, específicamente una linterna, que, para estos casos, constituye un elemento de vital importancia, al ser el único que puede advertirle al operador del cargador "TORO" la presencia de cualquier trabajador que esté en su área de trabajo. - No garantizó la aplicación de mecanismos que aseguren una oportuna y adecuada prevención de los accidentes de trabajo con el ejercicio de una actividad peligrosa, razón ésta por la cual la empresa debe implementar todas las recomendaciones y practicas seguras para evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo. - La empresa no destinó los recursos necesarios para desarrollar actividades permanentes de medicina preventiva y programas dirigidos a establecer y crear los procedimientos que conlleven a eliminar los factores de riesgo que se originen en los lugares de trabajo y que puedan ser causa de accidentes laborales. - No realizó capacitaciones suficientes e idóneas sobre el peligro que representa la máquina que causó el accidente fatal, ya que éstas se limitaban según el empleador simplemente a unas

charlas preparativas de la labor, las cuales se desarrollan en el frente de trabajo durante 15 minutos al inicio de la jornada y sobre temas tan generales, que constituyen más en una planeación de la jornada de trabajo que en una capacitación en sí misma. La capacitación inicial que le brindaron al trabajador al inicio de su contrato, también fue insuficiente, porque consistió en una presentación de una jornada de un día, donde se evacuaron tres temas principales: ubicación general y geográfica del proyecto, una breve reseña de los aspectos ambientales y de seguridad industrial, lo cual no puede ser calificado como una capacitación suficiente e idónea. Adujeron, que xviii) por lo anterior la acción culposa, desplegada por el empleador, fue que ocurrió la muerte de Florencio Leyton Cortés; xix) entre esta conducta del empleador y el infortunado resultado de la muerte del

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Radicación n.° 84406 trabajador, existe un nexo directo de causalidad, por lo tanto la totalidad de perjuicios deben ser resarcidos por este lamentable hecho; xx) el suceso fue reportado por la empresa demandada a la ARL, como accidente de trabajo, y así fue reconocido, otorgándole la pensión de sobrevivientes a la compañera e hijos; xxi) el Consorcio reconoció y pago a los beneficiarios los salarios y prestaciones debidas al causante para la fecha de su deceso. Informaron, que xxii) han sufrido daños pecuniarios y morales como consecuencia de la muerte de su hermano, cónyuge, compañero y padre, los primeros ante la

disminución de ingresos económicos que reportaba el salario que ya no percibirá más el grupo familiar de su esposa y compañera, para el sostenimiento del hogar, y los segundos derivados por el sentimiento de tristeza, tribulación y congoja, por la pérdida definitiva de su ser querido, razón para tener derecho a los perjuicios morales y a los de la vida de relación y xxiii) a la fecha de presentación de la demanda no han recibido ninguno de los perjuicios reclamados (f.º 5 a 11, del cuaderno principal). Sainc Ingenieros Constructores S. A. y Ferrovial Agroman Chile S. A. al unísono se opusieron a las pretensiones de los demandantes, en tanto que las mismas se encuentra soportadas en hechos que no corresponden a la realidad, puesto que al accidente de trabajo donde perdió la vida el trabajador Florencio Leyton Cortes obedeció a actos deliberados del mismo, al no acatar las normas de seguridad que le fueron impartidas.

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Radicación n.° 84406 Aducen, que se le dio la instrucción precisa se realizar una labor a 200 metros del sitio del accidente, relativo a la colocación y calafateo de pernos de anclaje en el túnel izquierdo ramal n.º 2; que los supuestos elementos que estaba buscando no los iba a encontrar en el área donde estaba operando el equipo “TORO”, lugar en donde había suficiente iluminación, además de que el mismo cuenta con una luz de reversa, pito agudo y ensordecedor, que la velocidad era baja y lenta que permitía a la persona alejarse

de este. En cuanto a los hechos, admitieron i) la vinculación del causante, en el extremo inicial mencionado, el cargo y el salario que devengó. Asimismo, que ii) fueron contratados por EPM ESP para las obras aludidas; iii) el fallecido desarrollaba la labor en el frente de trabajo «Túneles de desvío» ubicados en el proyecto hidroeléctrico Ituango; iv) el 8 de marzo de 2013, el de cujus, en su jornada laboral le habían asignado la actividad de colocación calafateo de pernos de anclaje en el túnel izquierdo ramal, labor que se realizaba en compañía de la cuadrilla y bajo la orden del capataz asignado; v) el encargado José Silviano Cano verificó que se dieran las condiciones de seguridad. También aceptaron, que: v) por las circunstancias como se halló el cadáver y las huellas encontradas en el equipo, que a las 23:00 horas, del 8 de marzo de 2013, confluyeron

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Radicación n.° 84406 el fenecido y el “TORO” en el mismo lugar donde perdió la vida el trabajador, debido al atropellamiento y aplastamiento que le propinó el equipo; vi) el suceso fue reportado tanto a la ARL como al Ministerio de Trabajo de Medellín, y en las investigaciones realizadas se estableció que se trató de un accidente de trabajo en el que no existe culpa ni determinación del empleador; vii) no se le adeuda suma alguna por ningún concepto a los herederos del fallecido. Sobre las demás afirmaciones advirtieron que no eran

ciertas o no lo constaba, Formularon como excepciones meritorias las de cobro de lo no debido, e inexistencia de obligaciones; prescripción, la genérica, buena fe, y compensación (f.º 58 a 68 y 109 a 118, ibidem). Por su parte, EMP ESP se resistió a los pedimentos de los actores. Asintió únicamente que con el Consorcio Túneles Ituango FS, conformado por Ferrovial Agroman Chile S. A. Y Sainc Ingenieros Constructores S. A. un contrato de naturaleza civil, cuyo objeto fue la «Construcción de los Túneles de desviación, del túnel de acceso y las galerías de construcción de las casas de máquinas del Proyecto Hidroeléctrico Ituango», como consta en el documento suscrito con dichas entidades con número de Contrato CT2011-000014. Respecto de los demás indicó que no le constaba.

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Radicación n.° 84406 Propuso como medios exceptivos de fondo los que denominó: inexistencia de solidaridad, culpa de la víctima, pago, prescripción, inexistencia total de la obligación y falta de causa y carencia de acción (f.º 408 a 420, ibidem). Por auto del 26 de agosto de 2016, (f.º 532, ib.) el juzgado de conocimiento aceptó el llamamiento de garantía que las convocadas le hicieron a la sociedad Mapfre Seguros Generales de Colombia S. A. (f.º 69 a 71, 119 y 483 a 487, ibidem), quien en conjunto da respuesta a ese llamado, enfrentado las pretensiones de la demanda de los actores.

Sobre los hechos indicó que ninguno les constaba y como meritorias propuso las de inexistencia de la obligación, culpa exclusiva de la víctima e inexistencia de solidaria (f.º 602 a 608, 621 a 627, y 640 a 646, ib.) En cuanto al llamamiento en garantía aceptó que con las empresas Ferrovial Agroman Chile S. A. y Sainc Ingenieros Constructores S. A., se suscribió con cada una de ellas un contrato de seguro y que para que proceda el reconocimiento de indemnización alguna se debía cumplir con todos los requisitos legales y contractuales del aludido contrato. Se opuso a las pretensiones de las llamantes y como excepciones formuló las que denominó: cláusulas que rigen el contrato de seguro; exclusión contractual, ausencia de cobertura (falta de solidaridad), cobertura en exceso de la seguridad social, límite del valor asegurado, y deducible

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Radicación n.° 84406 pactado para el amparo de responsabilidad civil patronal (f.º 608 a 616, 627 a 636 y 646 a 654, ib.).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo del 4 de septiembre de 2017, (f.º 715 y 716, en relación al acta y CD, respectivamente, del cuaderno principal), dispuso: Primero: NEGAR la totalidad de las pretensiones principales, elevadas por la señora ROSA LEYTON CASTILLO, en contra de

FERROVIAL AGROMAN CHILE S. A. SAINC INGENIEROS

CONSTRUCTORES Y MAPFRE SEGUROS GENERALES DE

COLOMBIA.

Segundo: DECLARAR de oficio probada la excepción de Inexistencia de la Obligación, por las razones expuestas en la parte considerativa.

Tercero: Se condena en costas a la parte demandante, fijando dentro de las mismas como agencias en derecho la suma TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($3.300.000), a favor de

FERROVIAL AGROMAN CHILE S. A. SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES Y MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA, las cuales se deberán pagar de la siguiente manera: a) a favor de FERROVIAL AGROMAN CHILE S.A UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 1.200.000). para lo cual los señores ROSA LEYTON CASTILLO, JOSE BAYRON LEYTON CASTILLO, ATOCHA IRINA LEYTON LEYTON Y ENESIDER LEYTON LEYDON deberán pagar cada uno un valor de TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000), a la parte indicada. b) a favor de SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS (S 1.200.000). para lo cual los señores RUBILDA ARANGO FRANCO, MARIA DULCE LEYTON DEL CASTILLO, JULIÁN LEYTON CORTÉS Y JOSÉ IGNACIO LEYTON CORTÉS, deberán pagar cada uno un valor de trescientos mil pesos ($300.000), a la parte indicada. c) a favor de MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A NOVECIENTOS MIL PESOS ($900.000), para lo cual los

señores FRANCISCA TARCILA LEYTON CORTÉS, NUMINTON

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Radicación n.° 84406 LEYTON CORTÉS Y JOSÉ ALEJANDRO LEYTON CORTÉS, deberán pagar cada uno un valor de trescientos mil pesos ($300.000), a la parte indicada. Se ordena que por secretaría se liquiden las mismas, de conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso. Contra la presente sentencia procede el recurso de apelación, el cual deberá ser interpuesto sustentado de forma oral, dentro de la presente diligencia.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la parte actora, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, por decisión del 2 de noviembre de 2018 (f.º 722 en lo que hace al CD y f.º 723, en relación al acta, del cuaderno principal), confirmó la decisión del juez singular y la gravó en las costas.

El Tribunal, determinó como problema jurídico a definir si en el presente asunto hay lugar a declarar la culpa patronal en los términos del artículo 216 del CST y en consecuencia, si se debía impartir condena a título de indemnización plena o total y ordinaria de perjuicios. De la culpa patronal El ad quem hizo alusión al contenido del citado artículo 216 del CST, así como de la sentencia CSJ SL, 30 jun. 2005, rad. 22656, que reprodujo y en la que advirtió sobre la demostración de la culpa suficientemente comprobada del empleador. Refiere que esta es un régimen de

responsabilidad subjetiva por culpa probada del dador del empleo y para que opere debe concurrir los elementos

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Radicación n.° 84406 estructurales de la misma a saber: i) el hecho dañoso, que se evidencia con la ocurrencia del riesgo profesional; ii) la culpa suficientemente demostrada del empleador y iii) el nexo de causalidad entre los dos primeros enunciados. Precisó, que en este asunto se estaba ante la presencia de un riesgo profesional, accidente de trabajo, el cual ocurrió el 8 de marzo de 2013, tal y como se detalló en el «Informe de Accidente de Trabajo del Empleador o Contratante» de la ARL Axa Colpatria (f.º 195 a 215); en donde se describe: De acuerdo a las evidencias encontradas se presume que el cargador arrolla (sic) al señor Leyton en uno de los recorridos en reversa por el lugar del suceso, cuando el señor Amaya inicio la nivelación del piso que se encontraba barrenado para blanqueo, al parecer el señor Leyton se disponía acercarse al equipo por razones desconocidas, ya que el Capataz I Lázaro Antonio Ramírez le había dado instrucciones específicas de trabajo diferente Ramal 2” (f.º 200). Frente al segundo requisito, relacionado con la culpa suficiente comprobada del empleador, recordó el criterio de la Corte, sobre la distribución de la carga de la prueba para estos asuntos y al respecto trajo a colación lo dicho en la sentencia CSJ SL12707-2017, en punto a que:

[…] al trabajador o sus herederos le atañe probar las circunstancias de hecho que dan cuenta de la culpa del empleador en la ocurrencia del infortunio, pero que por excepción con arreglo a lo previsto en los arts. 177 C.P.C. hoy 167 CGP y 1604 C. C., cuando se denuncia el incumplimiento de las obligaciones de cuidado y protección se invierte la carga de la prueba y es «el empleador el que asume la obligación de demostrar que actuó con diligencia y precaución, a la hora de resguardar la salud y la integridad de sus servidores».

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Radicación n.° 84406 También, reprodujo de esa misma providencia, lo que extrajo de la sentencia CSJ SL16102-2014, en la que se dijo: (…) Todo lo anterior pone en evidencia que en Colombia desde el año de 1979 existe una normativa en esta materia, que atendió la necesidad de establecer medidas orientadas a disminuir o eliminar los riesgos propios de las actividades de construcción y trabajo en alturas, de por sí de frecuente ocurrencia, y que tiene como común denominador la figura del delegado o supervisor, encargado de vigilar, inspeccionar y exigir el estricto cumplimiento de las normas de seguridad, así como la de propender por elementos y condiciones de trabajo seguros. Naturalmente, esa obligación de seguridad de la persona del trabajador, en virtud de la cual se reviste al empleador y a su delegado de plenas facultades para «cumplir y hacer cumplir las disposiciones», «ordenar las medidas de control necesarias» y «adoptar las medidas necesarias para la prevención y control de

los riesgos profesionales» (art. 12 R. 2413/1979), no se extingue por la simple circunstancia de que éste acredite haber suministrado al trabajador una recomendación o sugerencia en torno a cuáles son las medidas de protección y el deber de acatamiento de las mismas, ni mucho menos por el hecho de haber brindado una capacitación, sino que va más allá, al punto que se convierte en un imperativo suyo el de exigir el cumplimiento de las normas de seguridad en el desarrollo de la labor, y de ser el caso, prohibir o suspender la ejecución de los trabajos hasta tanto no se adopten las medidas correctivas, o como lo señala el Convenio 167 de la OIT: «interrumpir las actividades» que comprometan la seguridad de los operarios. Todo lo anterior en el entendido de que en la organización del trabajo debe prevalecer la vida y la seguridad de los trabajadores sobre otras consideraciones. (Resaltado en el texto). Resaltó, que al ser el trabajo desplegado en obras de construcción y excavación, según la Resolución n.º 2413 de 1979, del Ministerio del Trabajo, era a la parte demandada a quien le correspondía demostrar que cumplió con las obligaciones de protección y cuidado requeridas y llegado el caso interrumpir la actividad laboral ante el incumplimiento de la preceptiva, conforme el Convenio 167 y la Recomendación 175 de la OIT, ratificado mediante Ley 52 de 1993, única forma de acreditar que actuó con debida

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Radicación n.° 84406 diligencia y precaución a la hora de resguardar la salud e

integridad del trabajador, aspectos que logró acreditar el empleador en sub lite. A efecto, refirió que los deponentes Luis Fernando Rodríguez Zapata y Arbey Zalazar Castaño, compañeros de trabajo del fallecido, en la obra túneles de Ituango, no se encontraban al momento en que sucedieron los hechos en los cuales el señor Leyton Cortés sufrió el accidente de trabajo, por lo que nada aportaban respecto de las condiciones de seguridad y protección del lugar, máxime que el primero de los mencionados no se encontraba vinculado con la obra y el segundo estaba disfrutando de un descanso. Sobre el testigo Víctor Hugo Amado López Molina, indicó que este señaló que hacía parte del equipo de interventoría de la obra, que no presenció el accidente, puesto que no estaba asignado a ese frente de la obra, que la misma en múltiples ocasiones había sido suspendida por falta de condiciones de seguridad y que si bien no estuvo presente cualquier interrogante de la interventoría al percatarse que la actividad no cumplía con los requisitos de seguridad hubiese interrumpido la continuidad de la labor que allí se adelantaba. Adujo, que todos los declarantes al unísono indicaron que el trabajador portaba el equipo de seguridad, como casco, borda, chaqueta, gafas y protección auricular, esta última con doble protección. Indicó, que sobre el uso de papel de cemento se obtuvo que este era necesario para la labor

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Radicación n.° 84406 prestada por la víctima, esto es, el calafateo. Añadió, que

sobre la máquina de perfil bajo Sandvik con la que impactó el señor Leyton, se obtenía por el dicho de los testigos, que este equipo era demasiado ruidoso y que para operar debía estar despejado de personal laborante el frente de obra, dado de que esta es potencialmente peligrosa para la integridad física de todos los trabajadores. Destacó, que de dicha prueba testimonial se evidenciaba el desconocimiento de los deponentes de los sucesos acaecidos en el accidente de trabajo y las condiciones de seguridad para la data del infortunio, pues ninguno de ellos se encontraba en el sitio dentro de la obra y añadió que contrario sensu sobre el punto de discusión de alzada, se extraía de la declaración del señor Víctor Hugo Amado López, quien fungía como interventor de la obra, que de haberse incumplido con los estándar de seguridad en el frente de trabajo donde operaba el vehículo Sandvik, el día del incidente la obra hubiese sido suspendida por parte de los integrantes de la interventoría. Advirtió, que de la prueba documental allegada se deducía que el causante tenía el cargo de perforista, subordinado al empleador Consorcio Túneles Ituango FS (f.º 185), que de la investigación realizada por la ARL Axa Colpatria (f.º 197 a 205), se desprende que el fallecido sufrió un accidente de trabajo el cual terminó con su vida, el 8 de marzo de 2013, a las 23:00 horas, entre el kilómetro 0+245 y kilómetro 0+314 (f.º 201), que la ARL determinó como causa del accidente i) la exposición innecesaria a materiales o

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Radicación n.° 84406 equipos que se mueven; ii) la falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades y iii) la falta de juicio del trabajador, extraídas de las versiones libres rendidas dentro de la investigación de la ARL, puesto que, al fallecido se le había impuesto una orden por el capataz Lázaro Antonio Álvarez de trabajar en el «ramal 2 izquierdo» (f.º 208); allende que el capataz José Silviano Cano ordenó al operario del vehículo Sandvik, realizar limpieza de la vía en el ramal izquierdo 1, y él de manera personal realizó gestiones tendientes a verificar que el lugar de trabajo, para la maquinaria estuviese completamente despejado. Además, que cuando se le indagó que si como jefe inmediato le dio alguna orden al señor Florencio Leyton Cortés de desplazarse del ramal 2 izquierdo hacia el túnel donde sucedió el accidente, respondió, que «No le dio ninguna orden». Adujo, que era un aspecto trascendental pues el extrabajador en el lugar donde acaeció el infortunio, no estaba ejecutando una orden de sus superiores, pues debía estar en un lugar diferente, esto es, en el «ramal 2 izquierdo», zona en la que según, el anexo 1, relacionado con el diagrama registro fotográfico (f.º 201), no registra que por allí debía desplazarse el equipo Sandvik. Sostuvo, que en lo que hace a las medidas de seguridad y protección por parte del empleador en el lugar de trabajo, estas se hallaban acreditadas con la documental aportada,

en especial, la señalización y demarcación de las actividades en el área de trabajo (f.º 241 a 244); tablero con valoración de riesgos y tableros de actividades (f.º 247 a 248); reloj de

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Radicación n.° 84406 actividades (f.º 249); control de ingreso y rotación reflectiva (f.ª 250). Añadió, que a f.º 253, milita formato de inducción del Consorcio Túneles Ituango FS, firmado por el fallecido como los formatos de asistencia a charlas de capacitación diarias con firmas autógrafas del causante entre 25 de mayo de 2012 al 8 de marzo de 2013, en donde se deja en evidencia que el empleador en forma diaria, por espacio de 10 a 15 minutos suministraba a los trabajadores información y recomendaciones de seguridad en la obra (f.º 255 a 397). Aludió, que frente al reparo de que el equipo de perfil bajo Sandvik, debía ser operado con un acompañante en todo momento según el manual de operación del equipo, que esta situación no fue demostrada en el proceso, pues no obraba en el plenario prueba alguna que acreditara tal aserto ni se aportó el mencionado manual referido por el recurrente, y en contraste a ello Colpatria ARL (f.º 227 a 228), en el seguimiento a las recomendaciones frente a la operación de la máquina Sandvik en ninguna maneras hace referencia a que deba operarse con algún acompañante, pues la única recomendación relativa al control del riesgo y atropellamiento se atiende «reforzando la capacitación en temas de seguridad

y sensibilización». Precisó, en relación al papel cemento que, si bien era necesario para el desempeño de la labor que realizaba el señor Leyton Cortés, de ninguna manera quedó demostrado, que debía ir por ese implemento al túnel desvío izquierdo, donde se encontraba operando la máquina Sandvik o que por instrucciones de los capataces debía estar en ese lugar, pues

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Radicación n.° 84406 tenía órdenes de ejecutar su labor en un área diferente como se dijo en líneas anteriores. Ultimó, que al haberse acreditado un accidente de trabajo y que el empleador demostró que frente a tal riesgo obró de manera diligente y con cuidado suministrando los elementos necesarios y adecuados de seguridad industrial, adoptando las medidas de protección requeridas, realizando la supervisión del caso frente a la labor que tenía que atender el trabajador accidentado, en este asunto no se daban los elementos necesarios generadores de la culpa patronal, que diera lugar a la indemnización ordinaria