CSJ - SL344-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL344-2023 Radicación n.° 92209 Acta 04 Bogotá, D. C., trece (13) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por CARLOS URIEL PINILLA RODRÍGUEZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el dos (2) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), en el proceso ordinario que le instauró

a CBI COLOMBIANA S. A. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL.

I. ANTECEDENTES Carlos Uriel Pinilla Rodríguez llamó a juicio a la Refinería de Cartagena S. A. - Reficar S. A. y a CBI Colombiana S. A. en Liquidación Judicial, para que se declarara que con la última existió un contrato de obra o labor, que fue terminado de forma unilateral e injusta; igualmente suplicó, por establecer, que las accionadas lo

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Radicación n.° 92209 despidieron sin contar con la autorización del Ministerio del Trabajo. En defecto de lo anterior, pretendió la nulidad o inexistencia de la condición extintiva del ítem «obra o labor contratada», solo cuando trata de lo siguiente «y hasta el momento en que el 55 % de las obras de tubería en el proyecto de expansión de la refinería de Cartagena esté terminado», porque era meramente potestativo y en caso de no acoger esta y tampoco las precedentes, requirió definir que fue desvinculado antes del nivel de avance.

Como consecuencia de lo expuesto, suplicó por su reintegro, con el pago de salarios y prestaciones sociales, desde el momento en que quedó cesante y hasta que efectivamente retorne a su sitio de trabajo. En subsidio, exigió el pago de los sueldos que faltaren hasta la terminación final, con los dominicales y festivos, los compensatorios, la devolución de las sumas descontadas a título de retención en la fuente, el anticipo, y que se le incluyera el bono de asistencia como factor salarial y el del valor de una ración diaria de comida, procediendo a reliquidar sus prestaciones y a imponer la sanción prevista en el artículo 65 del CST; en defecto de esta, la indemnización por despido, consistente en las pagas faltantes hasta alcanzar el 55 % del avance de las tareas encomendadas (f.° 3 a 36 del cuaderno 1).

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Radicación n.° 92209 Fundamentó sus pretensiones básicamente afirmando, que con CBI existió un contrato de trabajo entre el 3 de julio de 2012 y el 22 de noviembre de igual año, cuando esa relación finalizó sin justa causa; que la labor ejecutada consistió en realizar oficios en la disciplina de la tubería; que su último salario mensual fue de $2.228.707, más un bono de asistencia por valor de $1.002.962; que al momento de firmar el documento que lo ató con su empleador, no le hicieron la entrega del proyecto a que se refría su objeto. Manifestó, que prestó sus servicios los dominicales y festivos, pero no fueron remunerados en forma legal y que

tampoco le reconocieron los compensatorios. Relató, que CBI le imputó comportamientos «que implican la suspensión de manera injustificada y no autorizada de la prestación de sus servicios el día 31 de octubre de 2012, que pusieron en riesgo las cosas y las personas», pero no solicitó la autorización de despido, conforme lo preveía el artículo 91 del Decreto 1295 de 1994; tampoco la del 1° del Decreto 2164 de 1969, que reglamenta el 450 y 451 del CST. La Refinería de Cartagena S. A. – Reficar S. A., se opuso a las pretensiones formuladas en su contra e indicó que no le constaban los supuestos en los que se fundamentaban. En su defensa, formuló, como de mérito, las excepciones de inexistencia de las obligaciones y prescripción (f.° 117 a 127 ib.).

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Radicación n.° 92209 En escrito separado llamó en garantía a la Compañía Aseguradora de Fianzas S. A. y a Liberty Seguros S. A. (f.° 128 a 131 idem). CBI Colombiana S. A., rechazó los pedimentos del demandante. Para ese fin, aceptó los extremos del contrato, pero indicó, que la decisión de darlo por finalizado, obedeció al incumplimiento grave y reiterado de la obligación que el convocante tenía de presentarse a realizar la tarea que le fue encomendada, sin que para actuar de esa manera se necesitara solicitar autorización. Presentó las excepciones perentorias de inexistencia de las obligaciones, buena fe y prescripción (f.° 154 a 164

ibidem). Confianza S. A., se abstuvo de pronunciarse sobre los requerimientos de la demanda e indicó que no le constaban sus supuestos fácticos. En cuanto al llamamiento, aceptó que suscribió una póliza de seguros, pero indicó, que no debía ser condenada, al regir, solamente, para entidades particulares. Para defender su causa, exteriorizó las excepciones de improcedencia de condenas, ausencia de cobertura de indemnización moratoria, y cualquier otra diferente a la de despido sin justa causa y coaseguro (f.° 257 a 268 del cuaderno 2).

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Radicación n.° 92209 Liberty Seguros S. A., hizo iguales manifestaciones, porque los pedimentos del accionante eran ajenos a sus intereses y al que la llamó en garantía. Exhibió las excepciones de inexistencia de solidaridad; improcedencia de incluir en la liquidación de recargos por trabajo suplementario, nocturno, dominical, festivo y de vacaciones, el valor reconocido por bonificación y demás acreencias no salariales; improcedencia de sanción moratoria; coadyuvancia de la excepción de falta de competencia por razón de falta de agotamiento de la vía gubernativa y prescripción. Frente al llamamiento, sostuvo, que no todos los conceptos reclamados por el accionante estaban cubiertos por la póliza de seguros y relacionó, como medios exceptivos, los de falta de cumplimiento de los requisitos para afectar la póliza de cumplimiento EX000898, improcedencia del pago

del siniestro, improcedencia al pago de sanción moratoria, suma asegurada como límite máximo de la responsabilidad de la aseguradora, disminución del valor asegurado, límite del porcentaje del riesgo y la responsabilidad indemnizatoria del asegurador no puede constituirse en fuente de enriquecimiento (f.° 290 a 304 y 305 a 313 del mismo cuaderno). El demandante, desistió de la demanda formulada contra Reficar; manifestación que fue aceptada en primera instancia donde también se excluyó a las llamadas en garantía (f.° 333 del cuaderno 2), por lo que el proceso

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Radicación n.° 92209 continuó exclusivamente en contra de CBI Colombiana S. A. en Liquidación Judicial.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena, mediante fallo del 6 de julio de 2018, condenó a CBI Colombiana S. A. a pagar al demandante la suma de $3.231.633 a título de indemnización por despido sin justa causa. Declaró no probadas las excepciones de inexistencia de la obligación, prescripción y buena fe y absolvió de las demás pretensiones. Impuso costas a la parte demandada (f.° 404 del cuaderno 2).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación del demandante y de CBI Colombiana S.

A., la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, con sentencia del 2 de diciembre de 2019, confirmó la del juzgado (f.° 10 del cuaderno del Tribunal).

En lo que interesa al recurso extraordinario, consideró que su decisión se sustentaría en el siguiente marco normativo y jurisprudencial: Artículos 61, 62, 63 y 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Sentencias de la Sala Laboral de la Corte sobre consonancia, en especial la CSJ SL4430-2014, también tendremos en cuenta las sentencias CSJ SL1360-2018 sobre el despido sin justa causa. También tendremos en cuenta la sentencia CSJ SL814-2018 sobre la libertad que tienen las partes de acudir a cualquiera forma de contratación laboral.

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Radicación n.° 92209 Como sustento fáctico, señaló lo siguiente: Hechos pacíficos que el Señor Carlos Uriel Pinilla Rodríguez celebró con la sociedad CBI Colombiana S. A. un contrato de trabajo por obra o labor determinada con personal ordinario como soldador A, con fecha de inicio del 3 de julio del 2012, cuyo objeto era realizar las funciones inherentes, accesorias, conexas, dependientes y consecuentes al oficio designado en la disciplina de tubería en el proyecto de expansión de la refinería de Cartagena y hasta el monto en el que el 55% de las obras de tubería en el proyecto de expansión esté terminado, esto aparece folio 37 a 45. También está probado que mediante fecha 22 de noviembre del 2012 CBI Colombiana dio por terminado de forma unilateral el contrato de trabajo celebrado con el actor, indicando como causal justa de despido la suspensión de manera intempestiva de la prestación de servicio del día 31 de octubre

del 2012 folio 52-53, 169 - 170. A folio 54 milita finalización de contrato de trabajo, a folio 78 a 80 reposa acta administrativa del 31 de octubre del 2012 levantada por el Ministerio de Trabajo en las instalaciones de la ampliación de la refinería de Cartagena; a folio 409 a 410 figura citación a descargos dirigida al actor. En cuanto a la nulidad contractual, estimó: Nulidad de la cláusula que establece la modalidad contractual entre las partes: A juicio del apelante debe declararse nula la cláusula contenida en el punto B del contrato, esto es que se hubiere contratado la actor hasta el momento en que se alcanzar el 55%, por tratarse de una cláusula meramente potestativa conforme a los artículos 1534 y 1535 del código civil, ya que tal condición estaba condicionada a la voluntad exclusiva de CBI Colombiana S. A., por lo que a juicio del apelante debe entenderse que la obra para la cual fue contratado, el demandante era por todo el tiempo que durase el proyecto de ampliación de la refinería que le fue encargado. En el marco jurídico que regula las relaciones laborales está previsto que el empleador goza de total libertad para escoger la modalidad contractual que más convenga a sus necesidades comerciales, de producción o de prestación de servicios siempre que se acoja a una de las variadas posibilidades que con tal fin otorgara la Ley.

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Radicación n.° 92209 En este orden de ideas, la honorable Corte Suprema de Justicia Sala Laboral ha indicado que los empleadores tienen la libre prerrogativa de acudir a contratar laboralmente a la estructura

legal que más le convenga a las particulares circunstancias que afronten. Esto lo dice la Sala Laboral en sentencia 64235 del

2019. Por tal razón la vinculación de trabajadores a través de contrato de trabajo a término fijo goza de plena validez y eficacia en nuestro ordenamiento jurídico, lo mismo que los contratos de trabajo por obra o labor contratada, a la vez que las formas a través de las cuales se estructuran, se desarrollan y se determinan conforme lo establecen las normas del CST correspondiente.

Pues bien, para la sala el reparo del apelante no está llamado a prosperar, por cuanto si bien es cierto el contrato de trabajo como todo negocio jurídico es bilateral, no es menos cierto que conforme al principio de libertad contractual y autonomía de la voluntad de las partes el empleador y el trabajador, de acuerdo a las necesidades del primero, podrá suscribir el contrato de trabajo conforme a la modalidad de trabajo que más le convenga, en este caso las partes optaron por un contrato por obra o labor determinada hasta el 55% de las obras de tubería de la refinería de Cartagena, el cual el principal contratista era la demandada, advirtiéndose que la suscripción de dicho contrato se cumplieron con todas las exigencias dispuestas por el artículo 1502 del código civil para la validez del mismo, esto es ambas partes son legalmente capaces, no se advierte ningún vicio del consentimiento, ya sea por error, fuerza o dolo, el objeto del contrato lícito, al igual que la causa, por lo tanto no se evidencia vicio de nulidad, de allí que se confirmará la decisión en este

aspecto y no está llamada a prosperar el reparo del apelante. Frente al reintegro, precisó: Este punto se contrae en determinar la justeza de la terminación del vínculo laboral que unía a las partes convocadas a juicio y el mismo debe ser estudiado desde el punto de vista del derecho laboral individual o si, por el contrario, a través de normas del derecho colectivo. Respecto a la acreditación del despido, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral tiene adoctrinado que al trabajador le basta con demostrar el hecho del despido y el patrono le corresponde probar su justificación. A folio 52 a 53 y 169 a 170 milita la carta de despido del actor o terminación del contrato de trabajo, mediante el cual se da por terminado el contrato de trabajo por parte del empleador, en la cual se dice como causal justa de despido la suspensión de manera intempestiva de la prestación del servicio los días 31 de octubre del 2012, lo cual según la demandada constituye una falta disciplinaria grave de

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Radicación n.° 92209 conformidad al reglamento de trabajo, el contrato trabajo y a la ley laboral colombiana. Alega el vocero judicial del demandante, que debe analizarse su despido a través del conflicto colectivo de trabajo y no como un problema de derecho individual, como así lo hizo la parte demandada y para ello se apoya en lo dispuesto en el decreto 2164 del 69 y en la sentencia SU 036 del 99, como quiera que había un cese actividad promovido por trabajadores de CBI

Colombiana S. A. y por ende un conflicto colectivo. Una vez analizado el acervo probatorio que obra en el plenario encuentra la sala el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de CBI Colombianas S. A. quien manifestó que el día 31 de octubre del 2012 por parte del Ministerio del trabajo se constató un cese parcial de actividades por un grupo minoritario de trabajadores de la empresa, pues para ese entonces CBI, el principal contratista del proyecto de expansión contaba con aproximadamente 8000 trabajadores y que, como consta en las actas expedidas por el Ministerio de trabajo un grupo aproximado de 150 a 250 trabajadores, lo que representaba un aproximado del 4% de los empleados no prestaron sus servicios, y los demás trabajadores prestaron sus servicios conforme a lo establecido. Así mismo en acta suscrita por el Ministerio de trabajo y por el representante de CBI el 31 de octubre del 2012 que reposa folio […] se señala un cese parcial de actividad y con participación alrededor de 150 a 250 trabajadores, también se indicó que correspondía a la demandada verificar qué empleados no se presentaron a sus puestos de trabajo o lo abandonaron, pues no podía hacer una identificación de los manifestantes, no obstante a lo anterior en dicha acta no se advirtió ni se certificó que existía un conflicto colectivo de trabajo, pues no sé configuraron las causales legales y tampoco lo pedido puede considerarse como que el empleador no cumplió con sus deberes como tampoco se acredita en el proceso que el 31 de octubre del 2012 en consecuencia no se puede colegir cómo lo pretende el apoderado

judicial del actor que necesariamente el cese de actividades dentro de la empresa demandada conllevaba o implicaba un conflicto colectivo de trabajo, o de ser así en el sub examine en el hecho no sé probó en los términos del código sustantivo del trabajo. De lo anterior se impone aplicarlas a la situación de terminación unilateral del contrato de trabajo del actor los preceptos establecidos en la parte individual del código sustantivo del trabajo y no mediante normas de derecho colectivo como lo pretende el recurrente y en tal virtud se desestimará las pretensiones principales de reintegro e ineficacia del despido.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Dice esto: A los Honorables Magistrados de la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia imploro se sirvan CASAR TOTALMENTE la sentencia de fecha 02 de diciembre de 2019, dictada por la Sala Segunda de Decisión Laboral del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, a fin de que, constituida esta Corporación en Juez de 1° Instancia, REVOQUE TOTALMENTE la sentencia de primer grado en cuanto absolvió a las demandadas de las pretensiones de la demanda, a fin de que las mismas sean condenadas, in solidum, a satisfacer dichas pretensiones de la demanda en la forma pedida y ordenadas ella.

En costas provea como corresponda. Con tal propósito formula dos cargos, por la causal

primera de casación, que no fueron replicados y se estudiarán en el orden propuesto.

VI. CARGO PRIMERO Lo presenta así: En cuanto a la negativa de la pretensión principal hallamos que la sentencia impugnada en casación es violatoria de la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de infracción directa de la ley sustancial por falta de aplicación o inaplicabilidad de los artículos 450 y 451 del C.S.T. modificado, el primero, por el artículo 65 de la Ley 50 de 1990 y el segundo, por el artículo 2° de la Ley 1210 de 2008, en correspondencia con

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Radicación n.° 92209 los artículos 25, 53, 56 de la Constitución Nacional, artículo 8° de la Convención Americana. Al sustentarlo, cita la decisión cuestionada e indica que se está frente a una suspensión colectiva de trabajo, porque de esa forma quedó establecido. Advierte, que en el recurso de apelación se sostuvo que no era suficiente la constatación por parte de la autoridad administrativa del cese de actividades, ya que, era necesaria la declaratoria de su ilegalidad, para proceder al despido e indicó: Me permito mostrar, por su utilidad epistemológica, el origen del cambio de radicación de la competencia para calificar la ilegalidad de una suspensión colectiva del trabajo: A raíz del despido de 248 trabajadores en la Empresa Colombiana de Petróleo en el año 2002, dichos despidos terminaron siendo objeto de reclamación ante la Organización Internacional del Trabajo, y en cuyo trámite hallamos el informe provisional No.

337 de junio de 2005, dentro del caso No. 2355 (Colombia). En dicho informe encontramos en el punto b) de las conclusiones provisionales, que el Comité de Libertad Sindical le recuerda al Gobierno Colombiano “que la declaración de ilegalidad de la huelga no debería corresponder al Gobierno sino a un órgano independiente de las partes y que cuente con su confianza. El Comité pide al Gobierno que tome medidas para modificar el Art. 451 del C.S.T., de conformidad con el principio mencionado;”. Resultado de este recordaréis es la Ley 1210 de 2008, que radicalmente cambió la competencia acerca del poder para calificar la legalidad o la ilegalidad de una suspensión colectiva del trabajo; radicando esta competencia de manera excluyente en las Salas Laborares de los Tribunales en primera instancia y en la Sala Laboral de la Corte Suprema en segunda instancia. En el lenguaje del Comité el concepto de huelga incorpora el cese de actividades aún por fuera de la huelga reglada. Con todo respeto, me permito recordar que la huelga como suspensión reglada está regulada en el capítulo IV del título II de la parte colectiva del C.S.T., y va de los artículos 444 a 449; mientras que la suspensión colectiva ilegal del trabajo, de manera autónoma, y sin consideración a si es reglada o no, esto es, refiriéndose al paro propiamente dicho; además, está reglada en el capítulo V

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Radicación n.° 92209 del mismo título, artículos 450 y 451 del C.S.T. Esta última

disposición consagra: “la legalidad o ilegalidad de una suspensión por paro colectivo del trabajo será declarada judicialmente mediante tramite preferente”. El Tribunal llena de un contenido distinto el término “conflicto colectivo” del uso que se le debe dar en el contexto al término. Por esa razón demanda, erróneamente, prueba o certificación de la existencia del conflicto. Se refiere al conflicto reglado; pliego, etapas y declaración de huelga o Tribunal de Arbitramento. Sin embargo, debe precisarse que la idea de conflicto laboral en un sentido lato, existe como tal a partir de la existencia de intereses en pugna, que tiene como origen una inconformidad en los trabajadores, sujetos, que deciden, mancomunadamente, suspender labores al margen de una envoltura Sindical. De modo que estando en presencia de una suspensión colectiva del trabajo, no bastaba la mera constatación por parte del Ministerio del Trabajo de la mencionada suspensión, sino que debía implementarse la garantía judicial de declaración judicial previa (art. 8° de la Convención Americana de Derechos) acerca de la legalidad o ilegalidad de la suspensión. Luego se equivoca el Tribunal al exigir la prueba de la existencia de un conflicto colectivo regular, como la condición única que daría lugar a que haya calificación judicial previa de la legalidad o ilegalidad de una suspensión colectiva del trabajo. En otras palabras, lo que el Tribunal ha dicho es: La única suspensión colectiva de trabajo cuya legalidad o ilegalidad debe ser revisada por la jurisdicción laboral es la que ha estado precedida de las etapas reglamentarias de una negociación colectiva. Este

entendimiento equivocado del sustrato del asunto, llevó al Tribunal a inobservar, a inaplicar, el artículo 451 del C.S.T., que claramente consagra como garantía judicial, el derecho que tienen los participantes en una suspensión colectiva de trabajo a que se le verifique previamente y por los jueces, a través del procedimiento preferente consagrado en esa misma disposición, que la misma es legal o ilegal. En la sentencia SL 2541 de 2018 la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al desatar un recurso de apelación en esta especial clase de trámites, dejó sentada la idea fundamental sobre el tema que vengo exponiendo, y en el que sostengo que el Tribunal se equivocó y que lo condujo a olvidarse de la existencia del artículo 451 del C.S.T.

VII. CARGO SEGUNDO

Lo formula en los siguientes términos:

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Radicación n.° 92209 En cuanto a la negativa de declarar la nulidad de la cláusula calificada como meramente potestativa acuso la sentencia del Tribunal de infringir, por la vía indirecta y en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 22, 45 y 61 literal c) del C.S.T., en correspondencia con los artículos 1502, 1534 y 1535 del Código Civil; 25 y 53 de la Constitución política; artículos 22, 46, 61 literal c) del C.S.T. Le atribuye al Tribunal, los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, estando demostrado lo contrario, que el trabajador suscribió libremente la condición extintiva contenida

en el ítem “obra o labor contratada” del punto B. de las “CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO” que se refiere a la expresión "y hasta el momento en que el 55% de las obras de tubería en el proyecto de expansión de la refinería de Cartagena esté terminado".

2. No dar por demostrado, estándolo, que , dada la complejidad de la obra contratada, el empleador no suministró al trabajador los elementos de juicio necesarios y suficientes para participar, activamente, en la confección del conocimiento de avance de la obra a efectos de saber éste, el trabajador en qué momento realmente habían llegado al porcentaje de avance de obra pactado.

3. Dar por demostrado, no estándolo, que el punto B. de las “CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO” que se refiere a la expresión "y hasta el momento en que el 55% de las obras de tubería en el proyecto de expansión de la refinería de Cartagena esté terminado", hace parte de la libertad que tiene el empleador de escoger la modalidad contractual laboral que más le convenga para la explotación de sus negocios.

Expone, que esos yerros se originaron en la apreciación errada del contrato de trabajo de folios 38 a 52. Al desarrollarlo, trascribe el fallo del Tribunal y expone: Decir que el empleador tiene libertad para escoger entre las distintas formas contractuales laborales, con base en la prueba aludida, el contrato de trabajo, no es lo mismo que decir, como dijimos en nuestra demanda:

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“2. ACERCA DE LA NULIDAD O INEXISTENCIA DE LA

CLAUSULA CONTENIDA en el ítem "OBRA O LABOR CONTRATADA" del punto B. de las" CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO" y sólo en cuanto se. refiere a la expresión " Y HASTA EL MOMENTO EN QUE EL 55 % DE LAS OBRAS DE TUBERÍA EN EL PROYECTO DE EXPANSIÓN DE LA REFINERÍA DE CARTAGENA ESTÉ TERMINADO" Luego, se refiere a las condiciones generales del negocio jurídico, a su existencia, a los requisitos para su validez, a las sanciones por la ausencia de estos, a la buena fe contractual, a las tratativas previas de toda contratación, citando los artículos del Código Civil que tratan sobre esa materia, e indica, con sustento en esos textos legales, lo que a continuación se cita: En consecuencia, Honorables Magistrados, las cláusulas relativas a las condiciones generales del contrato, que dicen "obra o labor contratada" del punto B. de las CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO" y sólo en cuanto se refiere a la expresión "y hasta el momento en que el 55% de las obras de tubería en el proyecto de expansión de la refinería de Cartagena esté terminado", son nulas por ser meramente potestativas. Reproduce los artículos 1534 y 1535 del CC, con una sentencia de la Sala Civil de esta Corporación del 27 de junio de 1930, sin identificar su radicación y sostiene: Al centro de la impugnación del negocio jurídico celebrado entre el actor y las demandadas, a efectos de perseguir la nulidad o inexistencia de la estipulación referida a las condiciones de

extinción del mismo, se encuentra el tema relacionado con la formación del consentimiento, la cual debe basarse-la formaciónen un proceso de formación libre de mediaciones fraudulentas y de mediaciones omisivas. El negocio jurídico es consecuencia, como se ha dicho, de unos tratos preliminares útiles para determinar y definir los alcances del conjunto de las obligaciones contenidas en la convención y cuyo cumplimiento está a cargo de los celebrantes.

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Radicación n.° 92209 En este caso, sostengo, que la cláusula cuya nulidad o inexistencia se invocó, su efectivización está íntimamente ligada al conocimiento por parte de cada uno de los contrayentes alrededor del proyecto de ampliación de la refinería de Cartagena en su conjunto, de las metas a cumplir en el tiempo de ejecución teniendo como referente el término del contrato pactado entre las demandadas para entrega de la obra, así como el cronograma de cumplimiento de metas. En su conjunto, esos componentes que debieron ser dados a conocer al trabajador, constituyen parte esencial del objeto del contrato, nada menos que la parte relacionada con las condiciones de terminación del contrato de trabajo celebrado. La cláusula muchas veces aludidas, es una cláusula imperial, quiero decir de fuerza. Es claro, qué la terminación de la obra la fecha pendía de la voluntad de una sola de las partes quién era la que en un momento dado tenía el poder para manifestar la voluntad de terminación. la particularidad de esta forma de contratación, dada también la envergadura de la obra, implicaba el derecho del trabajador a contar con las herramientas necesarias y suficientes para él formar su propio conocimiento

de cuánto había avanzado la obra en relación con el 55% pactado. El Tribunal, que como dije prometió decidir con base en el principio de consonancia, desvío, como dije, la dialéctica del asunto y simplemente se limitó afirmar que el empleador lo que hizo fue optar por una de las distintas formas previstas en el código para contratar laboralmente. La mala apreciación de la cláusula dicha llegó al Tribunal a esa desafortunada conclusión, pues la mencionada cláusula no está relacionada con el tipo de elección señalada por el Tribunal Sino con una condición extintiva del contrato de trabajo, que como he dicho, al depender su cumplimiento B la voluntad del empleador deviene en una cláusula meramente potestativa, la cual a la luz de los artículos 1534 y 1535 del Código Civil colombiano es nula e inexistente. Al ser nula, la consecuencia legal y obvia es que el contrato se entiende celebrado por toda la duración de la obra, Lo cual quiere decir que no se invalida el contrato de obra o labor celebrado entre las partes sí no una cláusula que resulta ilegal en el marco de dicho contrato, o en palabras del Tribunal, en el contexto de la elección libre hecha por el empleador. Excluida la mencionada clausula lo que queda es el contrato, pero sin fecha anterior a la conclusión final de la obra. Ese era el tema del debate desde la prueba mal apreciada, prueba que era el insumo para resolver el problema jurídico planteado, pero que el Tribunal desvivo hacia otro asunto.

VIII. CONSIDERACIONES

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Conforme al primer cargo, a la Sala le corresponde definir si el Tribunal obvió que cuando existe una suspensión colectiva, es necesario, previo al despido, verificar, por conducto de la justicia laboral, su legalidad o ilegalidad. Antes de definir sobre esa cuestión y como la acusación se formula por la senda directa, es necesario fijar que el ad quem, para decidir el asunto sometido a su escrutinio, analizó las actas suscritas por el Ministerio del Trabajo y, con ellas concluyó, que no se certificó la existencia de un conflicto colectivo e indicó, igualmente, que tampoco daban cuenta que el empleador hubiera incumplido sus deberes. Lo anterior, lo llevó a precisar lo siguiente: […] en consecuencia no se puede colegir como lo pretende el apoderado judicial del actor que necesariamente el cese de actividades dentro de la empresa demandada conllevaba o implicaba un conflicto colectivo de trabajo, o de ser así en el sub examine en el hecho no sé probó en los términos del código sustantivo del trabajo. Dicho esto, el derecho a la huelga tiene fundamentos internacionales y nacionales, como lo son los artículos 3° y 10° del Convenio número 87 de la OIT1. Es más, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recome