CSJ - SL3456-2019

República de Colombia CortSeu prdeeJm uas ticia SadleCaa saLcaibóonr al SadleDa e sconNg:3e stión DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ Magistrado ponente SL3456-2019 Radicación n.º 71518 Acta 28 Bogotá, D. C., veintiuno (21) de agosto de dos mil diecinueve (2019). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 27 de febrero de 2015, en el proceso que adelantó en su contra MARÍA EUGENIA

CAÑAVERAL DE RUIZ y VÍCTOR HUGO RUIZ GONZÁLEZ.

l. ANTECEDENTES María Eugenia Cañaveral de Ruiz y Víctor Hugo Ruiz González demandaron a la AFP Protección S.A., con el fin de que les reconociera y pagara la pensión de sobrevivientes en calidad de padres del causante Yonatan Ruiz Cañaveral, las mesaaddaisc iolnoiasnl teesmr,oe rsaetsdo eralir 1at4s.d1 e SCLAJPT-10 V.DO Radicación n.º 71518 la Ley 100 de 1993 o la indexación. las costas del proceso y lo ultra y extra petita. Como fundamento de sus peticiones, manifestaron que Y onatan Ruiz Cañaveral murió por causas de origen común el 24 de enero de 2013; que por ser los únicos beneficiarios con derecho «al no tener ingresos propios para una vida digna>)

solicitaron a la AFP la pensión de sobrevivientes, pero les fue negada; que cumplen los requisitos para acceder a la prestación reclamada ya quede pendían económicamente de su hijo fallecido. (f.º 2 a 6). La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones; admitió los hechos aclarando que los padres no dependían económicamente del afiliado fallecido, pues de la investigación administrativa realizada, se observó que el padre del causante era quien generaba el ingreso para el mantenimiento de su hogar. Propuso como excepciones de fondo las de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y buena fe (f.º 42 a 53). 11.S ENTENCDIEAP RIMERIAN STANCIA El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 6 de junio de 2014 (f.º 53 CD), condenó a Protección S.A., a reconocer y pagar a los SCLAJPT-10 V.DO 2 e Radicación n. 71518 º demandantes en su condición de padres supérstites de Yonatan Ruiz Cañaveral, la pensión de sobrevivientes en cuantía de un salario mínimo mensual legal vigente, desde el 24 de enero de 2013, con los incrementos anuales y deducciones de ley, retroactivo e intereses moratorias. Declaró imprósperas las excepciones formuladas por la entidad demandada y la condenó en costas.

111. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al resolver la alzada interpuesta por la

sociedad demandada, en proveído del 27 de febrero de 2015 (f.º 93 CD), confirmó la decisión de primer grado, no impuso costas a la llamada a juicio. El Tribunal expuso que se encontraba plenamente demostrado y no era objeto de discusión alguna: i) que el afiliado había dejado causado el derecho pensiona! reclamado y ii) la calidad de padres del causante. Afirmó que según lo previsto en el art. 4 7 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art 13 de la Ley 797 de 2003, para que una entidad de previsión social reconozca la pensión de sobrevivientes sólo debe verificar el parentesco entre los reclamantes y el causante, así como la dependencia económica frente al mismo. 3

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Radicanc.7iº1ó 5n1 8 Al centrar la discusión en la dependencia económica, adujó que de los interrogatorios absueltos por los demandantes se sustraía que el causante junto con su padre eJerc1an labores como trabajadores independientes, circunstancia que generaba que ganaran un salario variable, y que hizo que se presentaran divergencias en los relatos de estos frente a este aspecto, y de la misma forma aconteció con lo expuesto por las deponentes Fabiola Quintero y Luz Elena Ocampo de Builes. Afirmó además, que aun cuando existieron algunas contradicciones, tanto los testigos como los demandantes coincidieron en que Y onatan Ruiz Cañaveral fue el encargado, dentro de ese núcleo familiar, de responder por los servicios públicos y que cuando el padre no podía cubrir los gastos por alimentación, era él quién se encargaba de los

mismos, situación que corroboró el testigo de la demandada José Mauricio Poveda Alba, quien realizó la respectiva investigación administrativa. Puntualizó que de la testimonial analizada se desprendía, «que el descendiente de los aquí demandantes colaboraba de una manera directa a sus padres sin contar que en ese mismo sitio vivía la abuela materna del mismo por lo y que se llega a la conclusión contrario a lo expuesto por la entidad demandada que en el presente caso si hubo dependencia económica».

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4 Radicación n.º 71518 Señalóq ue« epla drdeeh lij foa llescuifddreoea sma enfermedad está que requiere de muchos cuidados y medicamentos de ahí que sea entendible que la labor desempeñada por el mismo también sea de manera temporal y sus ingresos sean variables». IV.R ECURSOD E CASACIÓN Interppuoelrsae t not iddeamda ndcaodnac,e pdoierdl o Tribuyna adlm,i tpiodlroaC ortseep, r ocaer dees olver.

V. ALCANCDEE LAI MPUGNACIÓN Soliacl iaCt oar ltace a sacdieló asn e nternecciuar rida, parqau een s eddeei sntansceir ae,v olqadu eep rimgerra do, y ens ul ugasre,a bsueal vPar otecSc.iAód.ne, l as prteensiionnceosa ednsa usc ontyrs aep roveenca o stas.

Ens ubsidio, [ ... ] se impetra que case parcialmente la decisión del juez

colegiado en cuanto no autorizó a la Administradora a descontar los aportes correspondientes al sistema de seguridad social en salud y a cargo exclusivo de los beneficiarios de la pensión; después, se depreca que revoque en fa rma parcial la sentencia del juez de primer grado en lo que atañe a no haber fa cuitado a la entidad para retener los dineros correspondientes al pago de aportes al sistema de seguridad social en salud y, en sede de instancia, imponga a Protección S.A. la obligación de realizar tales deducciones y trasladarlas a la EPS pertinente. Cont aplr opófsoirtmout lraec sa rgpoosrl, a c ausal primdeerc aa sacqiuóefn u,e roopno rtunarmeepnltiec ados, del ocsu alleosds o sp rimesreorsáe ns tudidaedf oorsm a 5

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Radicacni.ó7ºn1 518 conjunta al perseguir el mismo fin y denunciar similar elenco normativo.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia, [ ... ] por la vía del derecho, por la aplicación indebida del artículo 13 literal d) de la Ley 797 de 2003 y por la infracción directa de los artículos 31 de la Ley 75 de 1968, 145 del Código Sustantivo del Trabajo, 19 de la Ley 50 de 1990, 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil, 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo, 7 ° de la Ley 1149 de 2007 y 29 y 230 de la Constitución Política.

Transcribe apartes de las sentencias CSJ SL, 21 abr.

2009, rad. 35351; CSJ SL, 22 en.2 013 rad. 37989 y CSJ SL15116-2014 para concluir que el Tribunal aplicó de manera indebida el art.1 3 literal d) de la Ley 797 de 2003, pues, aunque la Corte Constitucional en sentencia C-1112016 expuso que la subordinación monetaria no debe ser total ni absoluta, no es posible afirmar que para que esta se dé « el aporte del causante debe ser esencial para que los papás puedan garantizar una congrua existencia». Estima que de acuerdo con los parámetros previstos en la sentencia CSJ SL15116-2014, el ad quem pasó por alto vericfiar si la ayuda recibida por el causante cumplía con las condiciones para que se pudiera tener como subordinante, esto es, que la contribución sea cierta y no presunta, regular y periódica; y signicfiativas, [. .. ] respecto al total de ingresos de beneficiarios de manera que se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de éste; por lo que, tales asignaciones deben ser proporcionalmente 6

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Radicación n.º 71518 representativas, en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de " dependencia. Señala que, de conformidad con la ley y los argumentos transcritos, no bastaba con el simple aporte que hubiese hecho el causante para socorrer a sus padres, sino que debía demostrar que, sin este, les era imposible sufragar su« modus

vivendi». VIIR.É PLICA Aducen que al haberse presentado el cargo por la vía directa, la censura acepta las conclusiones fácticas a las que arribó el adq uemp ,or tanto no tiene sentido establecer que no se acreditó la dependencia económica por este medio, debiéndose desestimar el cargo. VIICIA.R GSOE GUNDO Denuncia la sentencia de segundo grado como violatoria de la ley sustancial, por cuanto: [ ... ] aplicó indebidamente el artículo 13 literal d) de la Ley 797 de 2003 y se infringieron en forma directa los artículos 27, 28 y 31 del Código Civil, 174, 177, 194 y 195 del Código de Procedimiento 60 Civil, y 61 del Código Procesal del Trabajo y 29 y 230 de la Carta Magna. (Como lo enseña desde antiguo la H. Sala, cuando un cargo se intenta por la vía de los hechos, como ahora, la infracción directa se equipará a la aplicación indebida).

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Radicación n.º 71518 Afirma que se cometieron los si ientes yerros fácticos: gu 1-Dar por demostrado, sin estarlo, que señores Ruiz­ los Cañaveral estaban sometidos en materia económica a su hijo en la época de su óbito cuando al expediente no se allegó prueba del importe de sus gastos, o de la disponibilidad de recursos por parte del difunto para cubrirlos, o que haga claridad sobre el monto del supuesto socorro del occiso. 2-No dar por demostrado, estándola, que los demandantes Ruiz Cañaveral podían sufragar su sustento con los recursos

obtenidos por el señor Ruiz González y, por supuesto, sin recibir ayuda del causante y, por tanto, contaban con una autonomía en materia monetaria que les impedía acceder a la pensión reclamada. 3-Dar por demostrado, sin estarlo, que lo que eventualmente diera el fallecido a sus padres era lo que les permitía sufragar su manutención. 4-Dar por demostrado, sin estarlo, que los señores Ruiz­ Cañaveral podían ser tenidos como acreedores legítimos de la pensión rogada. 5-Dar por cierto, sin serlo, que Protección S.A. podía ser condenada a cancelar la prestación de sobrevivientes. Señala que dichos errores se derivaron de la falta de «Registro civil de nacimiento 15, 1 apreciación del (f. c. )», y de la errónea valoración de las si ientes pruebas: gu a)C ertificación expedida por EPS Sura {fs . 12 y 13, c.1) b)D ocumento "Formato para Investigación de Dependencia Económica" {fs.59 a 63, c. 1) e)H istorial de aportes de Yonatan Ruiz Cañaveral en Protección S.A. {fs. 74 a 76, c. 1, que el Tribunal cita como fs.32 a 34) d)C onfesiones contenidas en los interrogatorios de parte rendidos por María Eugenia Cañaveral de Ruiz y Víctor Hugo Ruiz González {f.83, c. 1, disco compacto) SCLAJPT-V1.00 0 8 Radicación n.º 71518 e) Testimodnei oYse icJio hanMaa yorgGaó mezF,a biola

Quintero Ospina, Luz Elena Campo de Builes y José Mauricio Poveda Alba (f.83, c. 1, disco compacto) En la demostración del cargo, la recurrente cita apartes de las sentencias CSJ SL, 4 may. 2010, rad. 37233 y CSJ SL, 22 en. 2013, rad. 37989, para que sean tenidos en cuenta por la Sala. Manifiesta que el punto de partida de la dependencia económica radica en que se cuente con los recursos suficientes para poder soportar los gastos que se presenten. Sin embargo, que en el presente proceso no se logró establecer el ingreso real del causante, y el ad quem lo determinó en un salario mínimo, de conformidad con su historial de aportes (f.º 74 a 76). Afirma que los padres del causante, al absolver los interrogatorios de parte, incurrieron en falacias sobre los emolumentos que devengaba Ruiz Cañaveral, pues manifestaron que oscilaban entre un $1.000.000 y $1.200.000 mensuales, y que solo al ser confrontados con los datos suministrados en el ,ifo rmato para investigación de dependencia económica» (f. º59 a 63) por el apoderado de la demandada, aceptaron que el promedio devengado era de $600.000; que en dicho documento también aceptaron que su hijo solamente contribuía a solventar el pago de los servicios públicos, y luego en el interrogatorio agregaron la alimentación. Concluye que,

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Radicación n.º 71518 Y como corolario, si en gracia de discusión se admitiera que el finado concurría con sus medios para atender las erogaciones

Jamiliares es palmario que su ayuda sólo tendría un carácter o suntuario (hacer más cómoda la vida a sus padres) compensatorio (resarcir con su dinero sus propios consumos de o bienes que eran adquiridos suministrados por otros miembros de su grupo familiar como, por ejemplo, la alimentación que o garantizaba el papá -f 62, C.Ila vivienda que proveía la abuela) y, por tanto, impropios para con.figurar un sometimiento .financiero. Aduce que no quedó debidamente acreditado en el proceso, que el afiliado fallecido era quien aseguraba a los actores el acceso a la seguridad social, pues bastaba verificar la certificación expedida por la EPS Sura (f. 12 y 13), para encontrar que el vínculo con esta entidad es de 1995, año en el cual el causante contaba con tan solo 10 años. Asevera que los testimonios de Y eici J ohana Mayorga Gómez y José Mauricio Poveda Alba (f.º 83 cd), no provienen de una percepción directa de la situación económica de los demandantes, sino de conversaciones sostenidas con estos o de la información recopilada en la investigación administrativa realizada por Protección S. A. Respecto de lo atestiguado por Fabiola Quintero Ospina y Luz Elena Campo de Builes, aduce que son claras las discrepancias en sus argumentos y, que además, [... ] ambas reportaron unos datos que no sólo son ajenos a la verdad de las cosas sino que, también, coinciden con las falsas menciones que hicieron los señores Ruiz-Cañaveral en lo referente a los ingresos del causante y que ellos mismos tuvieron que

reconocer como distorsionadas cuando aceptaron que lo recibido por su hijo promediaba los $600.000 mensuales (f.83, c. 1, disco compacto, momentos 34:07 y s.s. y 1 :04:36 y s.s.), lo que cieme un grueso manto de duda sobre la veracidad y la espontaneidad de los comentarios de las testigos y lo que más bien comprueba es que sus relatos son acomodadas recitaciones, totalmente alejadas

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10 Radicación n.º 71518 de una constatación personal de las circunstancias que repudiablemente dijeron conocer y lo cual las hace desestimables o, al menos, ineptas para obrar como soporte sólido de una condena contra la Administradora.

IX. RÉPLICA Afirman que el cargo se debe desestimar, al no haberse atacado los pilares fundamentales de la decisión, los cuales consistieron en el apoyo que brindaba a sus padres que se desprende del informe de investigación, la afiliación como beneficiarios de los demandantes por el causante a la EPS aunado a que la enfermedad del padre desestabilizó la calidad socioeconómica del hogar.

X. CONSIDERACIONES No son objeto de cuestionamiento los siguientes supuestos fácticos: i)qu e Yonatan Ruiz Cañaveral falleció el 24 de enero de 2013; iiel) p arentesco de consanguinidad con los actores iiiq)ue el causante al momento de su fallecimiento, se encontraba afiliado para los riesgos de vejez, invalidez y muerte en Protección S.A. ivq)u e contaba con la

densidad de semanas para acceder a la prestación pensional reclamada; y v) que para la fecha de su muerte, no se encontraba casado o en unión libre ni tenía hijos. Propone la censura desde el punto jurídico que el ad quem aplicó de forma indebida el art. 13 de la Ley 797 de 2003, pues en su criterio la dependencia económica, s9 bien no debe ser total ni absoluta, si tiene que ser esencial para

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Radicación n.º 71518 que los padres sobrevivientes lleven una vida congrua o digna, sin pretender que sea cualquier ayuda, ya que ese aporte debe ser significativo, necesario y periódico. Se advierte que el juzgador de segundo grado, no basó su decisión como lo afirma el recurrente en «que lo aportado por el causante era simplemente para socorrer a sus padres», pues en el fallo se consideró que si bien el padre recibía algunas sumas por salario, el mismo era variable;que padecía una enfermedad que podría afectar sus ingresos, lo que hacía que fueran insuficientes para garantizar un nivel de vida digno, siendo indispensable y fundamental a fin de satisfacer las necesidades básicas de los demandantes, el aporte que efectuaba su hijo fallecido; conclusión a la que arribó luego de examinar algunas de las pruebas documentales, las declaraciones que rindieron los testigos traídos a juicio y los interrogatorios de parte absueltos. Tal lectura no se rebela contra la interpretación fijada por esta Corporación en muchas, entre estas en sentencia CSJ SL2800-2014 reiterada en CSJ SL6558-2017, según la

cual, la dependencia económica que exige la norma citada, no puede comprenderse en términos absolutos, de modo que el hecho de que existan otras contribuciones o rentas en favor de los padres del afiliado fallecido, no excluye el derecho de estos de obtener una pensión de sobrevivientes, siendo la única condición que debe cumplirse es que esos ingresos no sean suficientes para garantizar su supervivencia en condiciones dignas

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12 Radicna.7cº51i 1ó8n Frente a los cuestionamientos de orden fáctico, que se le enrostran al ad quem, al encontrar demostrada la dependencia económica alegada por los demandantes para hacerse acreedores de la pensión de sobrevivientes, se procede con el estudio de los medios de prueba acusados, para establecer si se cometieron los errores de hecho que se le atribuyen. l. La «certificación expedida de por la EPS Sura» (ºf . 12 y 13), de la cual sostuvo existió una mala apreciación pues se evidenciaba que los demandantes se encontraban afiliados a esta entidad desde 1995, época para la cual el causante contaba con apenas 10 años de edad, según se desprende del Registro civil de nacimiento (ºf 1.5), dejado de apreciar. Cumple advertir que de dicha documental si bien se desprende que los demandantes estaban afiliados desde 1995, también que eran beneficiarios del causante al momento del deceso, que fue lo que encontró probado el ad quem y de cual no se evidencia ningún desacierto.

2. Del «Formato para investigación de dependencia económica» (f. º59 a 63, c. l), este documento constituye un

elemento integrante de la investigación administrativa adelantada por un empleado de la demandada, en perspectiva de establecer si los actores cumplían el requisito de la dependencia económica para a la pensión de sobrevivientes. Así las cosas, dicho formato constituye un documento declarativo proveniente de un tercero, desprovisto de la calidad de prueba idónea para estructurar

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Radicación n.º 71518 error de hecho suficiente para desquiciar la sentencia gravada, en los términos en que lo precisó la Corte, en sentencia CSJ SL, 15, may. 2012, rad. 43212, en la cual se enseno: Referente a los elementos de juicio a que alude el cargo, se ha de precisar en primer término que la jurisprudencia de la Sala tiene definido el criterio de que los informes que recogen las investigaciones efectuadas por los funcionarios de las administradoras de pensiones para efectos de determinar la convivencia o la dependencia económica para discernir la condición de beneficiario de un derecho pensional, deben tenerse como "documento declarativo emanado de terceros", cuya valoración se hace en forma similar al testimonio y en esa medida no son prueba calificada en casación, salvo que previamente se demostrara esa clase de error en prueba idónea lo que aquí no J acontece. 3. Confesionceosn teniednla osis n treorgatodreip oastre de los demandantes (f.º 83 el CD), debe anotarse que tales medios de convicción no son prueba calificada en casación, pues de conformidad con el artículo 7. º de la Ley 16 de 1969, solo tienen dicha connotación si se estructura la confesión

judicial. Así las cosas, de lo expuesto por la recurrente se evidencia que no existió confesión de los demandantes en la diligencia de interrogatorio de parte, pues para que la misma se produjera, conforme al artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, era condición que versara sinqeu an o,n sobre hechos que produjeran consecuencias negativas para ellos, o que favorecieran a la demandada y, la argumentación de la censura no se dirige a demostrar los términos en que

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14 Radicación n.º 71518 sep rdoujol ac oenisfó,ns inao c usetiro enlad ichdoe l demadannteene li ntgeartroodreip oar t,ep oprr enstear inconsisetnre enlcaiccaoiosnót nr moesd idoeps r ueba. Ene tsep untsoeh acnee csaeraidov erqtuei ers ta Coproarcieónrn e itoespr raoudnnciatmsoih,ea en tsbalecido quel ad ependeecnocnióadm eil csopa a drreess pdeecs tuo hjiofl alcdeio,n ot ieqnuees etro tyaa lb solquutesa ib; i en debeex isutniarr e ladceis ójunei códne a quelelnor se lación colna a yduad ehlji ot,as li tuancoei xócnl quuypeeu edan pecribriern toa isn gsroeasd incaislo,es iemyp cruena d,o étsonsol ocsno vieernat utao sufic(iCeJSnS tL3e6s3 00-412,

CSJS L66901-42C,0SJ S L419231-42C,0SJ S L6309-2106y

CSJS Ll1 515-21)07.

Loa ntearuinoarad qou el ad ependeecnocmni1oac a tiecnoem roa sfgunod amenetlha elc hdoeq ue,u nav ez flaelciedlcoa usayne txet inlguair deal adceic óonn tribución ecnoómihcaac eiplar seunbteon eifiaicrol,as l ovendceei seat últismevo e a menazeandi amo prtannitevela ,lp untdoe poneenrr iessugv oi deanc ondicdiinogan.se s Cumpalneo r,ta adem,qá usep areano cntraacrr editada lad ependeecnocnióam niosc ear ,qeu iedreem sotreanre l porcoee slo rigdeeln o rse curcsoolnso q sue e lai flioa do penosniafdlaol ecayidudaob aas;lí eo x psuoe tsaC orapcoirón ens enteCnSJcS iLa2 0o c2t0.1 0r,a d3.8 3,9e 9nl aq ues e djio: 15 SCLAPJT1-0V .DO Radicación n.º 71518 La premisa central del fa llador de segundo grado, radicó en que a pesar de que los demandantes contaban con un ingreso proveniente de su actividad en un predio rural de su propiedad, que no superaba los $86. 000.oo mensuales, ello no los convertía en económicamente autosujicientes, de manera que no los inhabilitaba para acceder a la pensión de sobrevivientes, debido a

la interpretación que del precepto legal ha enseñado la Corte Suprema de Justicia, aún antes de la inexequibilidad del literal d) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003. El Tribunal no se ocupó de examinar si el fallecido señor Tirado Agudelo contaba con ingresos que le permitieran sostener económicamente a sus progenitores, por manera que no pudo haber cometido el segundo de los yerros fácticos que le endilga la censura, entre otras cosas porque, a la norma jurídica que gobierna el caso litigado, no le interesa si el causante demuestra ó no el origen de los recursos que invierte en la manutención de aquellas personas a las que por razones simplemente naturales les debe agradecimiento. Para el legislador lo importante es la prueba de que el hijo proveía en un porcentaje más o menos importante para el sostenimiento de sus padres, signo inequívoco de un natural sentimiento afectivo, que no la acreditación de si el afiliado, para la fecha de su deceso, tenía una relación laboral de orden formal, porque esos recursos bien pueden provenir de otra fuente no necesariamente dependiente. En cuanto a los testimonios rendidos por Yeici Johana Mayorga, Fabiola Quintero Ospina, Luz Elena Campo de Builes y José Mauricio Poveda Alba que se denuncian como mal valorados, y al no acreditarse un error de aprec1ac1on frente a las pruebas calificadas, no es posible abordar su estudio, conforme a la restricción legal contenida en el º artículo 7 de la Ley 16 de 1969. Así las cosas, no se acreditaron los yerros fácticos n1 jurídicos que se le atribuyeron al Tribunal y, en

consecuencia, los cargos no prosperan. SCLAJPT-10 V.00 16 e Radicación n.º 71518

XI. CARGOT ERCERO Lo presenta así: Acuos la sentae pnorcla i vaí dedle roe, pcohrla inafcrcónid irae ct delo s artíosc 1u4l, 315, 215, 716, 016, 117, 8182y 204

(modificado pore l1 00d e1a Le1y1 2d2e 2 00d7e)la Le1y0 0d e 199, 432d eDle cro 6e9t2d e1 99y42 6y 6 5 deDle cro 8e0t6d e

199. 8

Indica que el juzgador de segunda instancia «soslayó que la Administradora debía practicar sobre las mesadas pensionales los descuentos relativos a los aportes al régimen de seguridad social en salud», a cargo de los demandantes, lo cual tiene soporte en el art. 143 inc. 2 de la Ley 100 de 1993 y en el art. 42 inc. 3 de Decreto 692 de 1994; que las entidades pagadoras deberán hacer los descuentos por concepto de salud y transferirlos a la EPS correspondiente, incluido el dinero correspondiente al Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud si a ello hubiere lugar. Asevera que las Administradoras de Fondos de pensiones, no pueden disponer de esos recursos «a su arbitrio», por cuanto al causarse adquieren la categoría de contribuciones parafiscales, como se adoctrinó en la sentencia CC SU-480-1997; que una vez se otorgue una pensión resulta «consustancial a los descuentos por salud a

cargo del pensionado» y por tanto, indiscutible que tales descuentos se ordenen de manera simultánea con la condena judicial, «facultando al ente que haya de sufragarla a que realice las retenciones pertinentes y las traslade a la E.P.S. con la que esté vinculado el beneficiario de la pensión».

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Radicanc.i7ºó1 n5 18 Reproduce apartes de la providencia CSJ SL, 20 feb. 2013, rad. 48875. XIIC.O NSDIERACIONES Plantea la recurrente por la senda jurídica que el sentenciador plural en su condena, ordenar a «osslayó» . fi Protección S.A., que descontara de la pens1on de sobrevivientes, los aportes en salud los cuales resultan consustanciales una vez se otorgue la prestación. El tema traído por la censura ha sido objeto de pronunciamiento por esta Corporación, y ha enseñado que en virtud del principio de sostenibilidad financiera los pensionados en su condición de afiliados obligatorios al régimen contributivo del Sistema de Seguridad Social en Salud, deben asumir en su totalidad dicha cotización. Así se expresó en la sentencia CSJ SLl 169-2019 reiterada en CSJ SL1913-2019, en la que se dijo: Sea lo primero indicar que los pensionados en su condición de afiliados obligatorios al régimen contributivo del Sistema de Seguridad Social en Salud, deben asumir en su totalidad la cotización, pues solo así se garantiza la sostenibilidad financiera del sistema y, al mismo tiempo, el otorgamiento de las diferentes prestaciones asistenciales y económicas de que trata la Ley 1 00

de 1993 y sus decretos reglamentarios. En esa dirección, resulta menester recordar que, por ministerio de la ley, las entidades pagadoras de pensiones se encuentran en la obligación de descontar la cotización para salud, y transferirlo a la EPS o entidad a la cual este afiliado el pensionado en salud. Así se deriva expresamente del mandato contenido en el inciso 3. del º artículo 42 del Decreto 692 de 1994, que señala: Las entidades pagadoras deberán descontar la cotización para salud y transferirlo a la EPS o entidad a la cual esté afiliado el

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Radicación n.º 71518 pensioennas daol uIdug.al mendteeb ergáinr uanrp unto pocreunatdlel ac otizaacfliaónndd oes lodiairdaydg aranetní a salud. Por tal razón, en atención a que los descuentos en salud son obligatorios y de carácter legal, no es necesario que el juzgador emita pronunciamiento respecto a estos, pues operan de plena derecho de conformidad al actual criterio de la Sala. Corolario, el cargo no sale avante. Las costas del recurso extraordinario, estarán a cargo de la recurrente y a favor de los actores que presentaron oposición. Se fija como agencias ·en derecho la suma de $8. . 000.000, que se incluirán en la liquidación que se practique conforme lo dispuesto en.el art. 366 del CGP.

XIII. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,

. . Sala de Casación Laboral, administrando justicia en. nombre

de la República y por autoridad· de··1a ley, NO CASA la . ' . . sentencia proferida por la Sala Laboral dfil.Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el27 defebrero de 2015, en . •. . . fi el proceso que instauraron MARÍA EUGfiNIA CAÑAVERAL DE RUIZ: y VÍCTOR HUGO 'RUIZ GONZÁLEZ contra la ,,

ADMINISTRADORA DE . FQNPOS DE , PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A: Costas como se señaló.

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Radicación n.º 71518 Cópiese, notifique se, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ

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