CSJ - SL349-2021

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL349-2021 Radicación n.° 81528 Acta 02 Estudiado, discutido y aprobado en sala virtual Bogotá, D. C., primero (1°) de febrero de dos mil veintiuno (2021). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por BENIGNO TOCUA CASTILLO, contra la sentencia proferida el dieciséis (16) de enero de dos mil dieciocho (2018), por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que instauró contra la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

- COLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES Benigno Tocua Castillo llamó a juicio a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, con el fin de que sea condenada al reconocimiento y pago de la pensión de vejez a partir del 1° de junio de 2015, junto con

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Radicación n.° 81528 los intereses moratorios e indexación (f.° 3 del cuaderno del Juzgado). Apoyó sus pretensiones, básicamente en los siguientes hechos: que nació el 20 de marzo de 1951; que es beneficiario del régimen de transición, el cual conservó, pues para la data en que entró a regir el Acto Legislativo 01 de 2005 contaba con las 750 semanas; que mediante Resolución n.° GNR294118 de 2015, la demandada le negó la pensión de vejez; que pidió al accionado la corrección de su historia laboral, toda vez que cotizó para el periodo comprendido

entre febrero a diciembre de 2004, como independiente, pero Colpensiones no lo tuvo en cuenta, por cuanto aparece en la casilla de observaciones «No registra relación laboral en afiliación para este pago»; que para el 31 de diciembre de 2014 contaba con 1017.19 de aportes; que sumadas al tiempo que prestó el servicio militar desde el 10 de mayo de 1970 al 30 de abril de 1972, que corresponde 101.57 semanas, tiene en su haber un total de 1118.76 (f.°4 ib.). La Administradora Colombiana de PensionesColpensiones, se opuso al éxito de las pretensiones y, respecto de los hechos, admitió los relacionados con la fecha de natalicio del actor, la reclamación de la pensión y su respuesta a través de la Resolución n.° GNR294118 de 2015, la solicitud de corrección de la historia laboral; la anotación que aparece en la casilla del ciclo febrero a diciembre de 2004, el contar en su haber con 970 y el agotamiento de la vía gubernativa. Sobre los restantes señaló no ser ciertos o no constarle.

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Radicación n.° 81528 En su defensa, formuló como medios exceptivos de mérito, los de inexistencia del derecho pretendido, cobro de lo no debido, prescripción, improcedencia de los intereses moratorios e indexación, imposibilidad jurídica del ISS para reconocer y la innominada (f.° 47 a 50 ib.).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá,

mediante fallo del 27 de junio de 2017, (f.° 65 a 68, Cd y acta del cuaderno del Juzgado), dispuso: PRIMERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes, esto es Ley 71 de 1988 a favor del señor BENIGNO TOCUA CASTILLO identificado con el N.° […], de condiciones civiles conocidas dentro del juicio, a partir del 01 de junio de 2015, en cuantía equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente para la época, junto con el pago de mesadas ordinarias y adicionales, así como los reajustes legales correspondientes, de conformidad a las motivaciones que anteceden.

SEGUNDO: ABSOLVER a la demandada de las demás pretensiones incoadas en su contra.

TERCERO: DECLARAR no probada la excepción de prescripción, relevándose del estudio de las restantes excepciones propuestas dado el resultado de la litis.

CUARTO: CONDENAR en costas a la parte demandada, señálense como agencias en derecho la suma de $ 750.000,oo.

(Mayúsculas y resaltado en el texto).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al atender la alzada de la parte pasiva y en grado jurisdiccional de consulta a su favor, la Sala Laboral del

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Radicación n.° 81528 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en providencia del 16 de enero de 2018 (f.° 75 a 77 en relación con el Cd y acta, del cuaderno del Tribunal), revocó la

decisión del juez singular, absolvió a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra y gravó al actor en costas procesales. Adujo, que en los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandada y en razón al grado jurisdiccional de consulta, los problemas jurídicos a resolver se circunscribiría a los siguientes puntos: i) si es viable computar semanas cotizadas en mora de un trabajador independientes; ii) si el actor es beneficiario del régimen de transición y, iii) que de ser así, se verificaría si se dan los requisitos para acceder a la pensión de vejez, bajo los lineamientos de la Ley 71 de 1988 (f.°75, Cd, 10:59 a 11:39). Al respecto halló que para el 1° de abril de 1994, el accionante tenías más de 43 años, pues su natalicio ocurrió el 20 de marzo de 1951 (f.° 22 ib.), lo que lo hacía en principio como beneficiario del régimen de transición, previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Empero, recalcó que dicho régimen no podía extenderse más allá del 31 de julio del 2010, por virtud del parágrafo transitorio cuarto del Acto Legislativo 01 de 2005, excepto para quienes hubieran cotizado al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios para cuando entró en vigor dicho mandato constitucional, en cuyo caso el régimen de transición se extendería hasta el 2014.

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Radicación n.° 81528 Advirtió, que la Ley 71 de 1988, en su artículo 7°, previó

el reconocimiento de la pensión de jubilación para quienes acrediten 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión y 60 años de edad en caso de los hombres, y que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia CSJ SL4457 de 2014, interpretó que también podrían acumularse tiempos de servicio público y cotizaciones al ISS para causar dicha prestación (f.°75, Cd, 11:39 a 12:59). Señaló que el actor cumplió con el requisito de la edad el 20 de marzo del 2011 y que para que pueda acceder a la pensión de la referida ley, en aplicación al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el Acto Legislativo 01 del 2005, debía acreditar al 29 de junio del 2005, un total de 750 semanas o más para extender el régimen de transición hasta el 31 de diciembre del 2014, el cual adujo el a quo lo dio por cumplido al tener en cuenta unas semanas que no fueron contabilizadas por Colpensiones de un período correspondiente al tiempo de servicio militar y otras semanas por estar en mora, por lo que estimó pertinente verificar sí había lugar o no a dicha imputación de semanas. Dijo, que el actor solicitó i) se tuviera en cuenta el periodo en el que prestó servicio militar y que de acuerdo al certificado de información laboral expedido por el Ministerio de Defensa, (f.° 32 a 34 ib.) se registra dicha labor como soldado, del 10 de mayo de 1970 el 30 de abril de 1972, que

equivalen a 23 meses y 20 días, es decir, 710 días o 101.42

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Radicación n.° 81528 semanas, de las que adujo fueron soslayadas por la demandada y debían contabilizarse para efectos de su pensión, conforme a lo establecido en el artículo 40 de la Ley 48 de 1993, y lo dicho por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias CSJ SL883, CSJSL 1586 y CSJSL 11241 de 2015; y ii) que al verificar la historia laboral aportada al expediente (f.° 55 a 57 ib.), se colige que sumando estas semanas tendría un total de 736.28 a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005. Consideró pertinente examinar el argumento del actor respecto del período que Colpensiones tampoco tuvo en cuenta, en razón a que en la casilla de observaciones no registra relación laboral en la afiliación de febrero a diciembre del 2004, pues afirma que sí las cotizó como independiente, las que el juez de instancia imputó, y qué constituía un punto de desacuerdo frente a la sentencia apelada por la demandada (f.° 75, Cd 12:57 a 15:24) Expuso frente al tema, que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en varios de sus pronunciamientos, señaló que las administradoras de pensiones deben cumplir puntualmente sus obligaciones legales, entre ellas, las de cobrar a los empleadores aquellas cotizaciones no satisfechas, pues aunque en principio dicha obligación es del

empleador antes de trasladar las consecuencias del incumplimiento de ese deber al afiliado o a sus beneficiarios, se debe examinar previamente si aquellas han cumplido con la obligación que les concierne en cuanto a llevar a cabo las acciones de cobro, pues si no lo hacen corren con las

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Radicación n.° 81528 consecuencias de la omisión en el pago de los aportes, pero también se debe destacar que la pensión se edifica con las cotizaciones válidas que haya realizado el afiliado, bien sea como producto de una relación laboral subordinado o como trabajador independiente (f.° 75, Cd 15:24 a 16:15). Indicó, que en el caso bajo examine no existía una certificación laboral expedida por ese periodo que dé cuenta que el demandante estuvo prestando servicios a través de una contrato de trabajo que obligase a determinado empleador a pagar los respectivos aportes al sistema integral de seguridad social; que muy por el contrario se tiene que el actor informó desde el escrito de la demanda que cotizó como trabajador independiente en dicho lapso, por lo que estimó necesario clarificar que para que estos ciclos de febrero a diciembre del 2004, en los que el demandante cotizó en calidad independiente, tengan eficacia la cotización, debe pagarse de manera anticipada por cada mes y que según los certificados de pago de los mismos que obran a folios 28 a 31, todos ellos se efectuaron el 8 de abril de 2015, lo que le permitió hallarle la razón a la demandada cuando adujo que aquellos no podrían ser tenidos en cuenta para efectos de establecer si el accionante era o no beneficiario del régimen

de transición en los términos fijados por el Acto Legislativo 01 de 2005 como tampoco para el reconocimiento de los derechos prestacionales demandados, en la medida que los aportes no se realizaron en la forma establecida en los artículos 20 y 28 del Decreto 692 de 1994 modificado por el artículo 35 del Decreto 1406 de 1999, es decir, de manera anticipada al período reportado (f.° 75, Cd, 16:15 a 18:11).

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Radicación n.° 81528 Destacó, que el artículo 28 del Decreto 622 de 1994 que reglamentó la Ley 100 del 1993, reguló la mora en la cotización sin intereses en los siguientes términos: […] sin perjuicio de las demás sanciones que pueden imponerse por la demora en el cumplimiento de las obligaciones de retención y pago en aquellos casos en los cuales la entrega de las cotizaciones efectivo con posterioridad plazo señalado el empleador deberá cancelar interés de moral hace que se encuentre vigente por mora en el pago del impuesto sobre la renta y complementarios dichos intereses deberán ser autorizados por el empleador sin perjuicio de las acciones o cobros posteriores a que haya lugar. La liquidación de intereses de mora se hará por mes o fracción de mes en forma análoga o como se liquidan los intereses de mora para efectos de impuestos nacionales, las sumas canceladas a título de mora serán abonadas en el fondo de reparto correspondiente o en la cuenta de capitalización individual del respectivo afiliado. Tratándose de afiliados independientes no habrá lugar a liquidación de

intereses de mora toda vez que las cotizaciones se abonarán por mes anticipado y no por mes vencido (f.° 75, Cd, 18:11 a 19:22). Afirmó de lo anterior, que el pago realizado por el trabajador independiente solo será imputado al respectivo mes en que se realice su reporte y cancelación, nunca de manera retroactiva; adujo que lo precedente encuentra justificación en lo preceptuado en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993 que previó las acciones de cobro por aportes en mora, pero solo frente al empleador, es decir, respecto de relaciones laborales dependientes y no de trabajadores independientes. Sostuvo que en ese sentido no podía imputarse estas semanas a la historia laboral del demandante puesto que al haberse sufragado extemporáneamente y al ser el trabajador independiente, el pago es anticipado, pues este es el único

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Radicación n.° 81528 comprometido frente a las cotizaciones al Sistema Integral de Seguridad Social en materia pensional. Sobre el tema, trajo a colación lo dicho por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL, 5 dic. 2006, rad. 26728, cuando precisó, […] el pago extemporáneo efectuado por el empleador esto es aquel que realiza por fuera del plazo ordinario establecido legalmente, días antes de que se produzca el siniestro, es decir de que se concrete o materializa el riesgo, no es ineficaz; en ese caso se reitera, tratándose del empleador sencillamente se producirán las consecuencias jurídicas previstas en el artículo

23 de la ley 100 de 1993; cosa distinta ocurre cuando el aportante no es el empleador sino al trabajador, pues sus cotizaciones se entenderán hechas para cada período de manera anticipada y no por mes vencido como lo anunciaba expresamente el artículo 20 del decreto 692 de 94, así como que no se especifica el período de cotización que debía tomarse como periodo cotización el mes siguiente al de la fecha de consignación del aporte, disposición que aun cuando fue expresamente derogada por el artículo 56 del Decreto 326 de 1996, posteriormente se insertó en el artículo 35 del Decreto 1406 del 28 de julio de 1999, en similares términos al precisar que los trabajadores independientes deberán presentar la declaración de novedades y realizar el pago y las respectivas cotizaciones por periodos mensuales y en forma anticipada las novedades que ocurren y si no se pueden reportar anticipadamente se reportaran en el mes siguiente. (f.° 75, Cd, 19:22 a 21:48). Concluyó, que las cotizaciones efectuadas por el trabajador independiente no dejan de serlo, ni pueden calificarse de nula o ineficaces como al parecer lo entiende el demandado, por un periodo que puede llamarse extemporáneo, dado que de lo establecido por el legislador se deduce, sin duda, que las cotizaciones realizadas por esta clase de afiliados no surte efectos retroactivos, por lo que, en consecuencia, no pueden tildarse de irregulares habida consideración de que siempre se harán para cada periodo en

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forma anticipada y como alude la última norma en cita, si no se pagan anticipadamente se reportaran al mes siguiente (f.° 75, Cd, 21:48 a 23:04). Refirió, que lo anotado explica, además, que los artículos 23 y 24 de la Ley 100 del 93 no hayan previsto la aplicación de sanciones moratorias ni la posibilidad de ejercer en su contra acciones de cobro por parte de las entidades administradoras del sistema, lo repite el artículo 28 del Decreto 692 de 1994, cuando dice, […] tratándose las primeras de independiente, no habrá lugar a la liquidación de intereses de mora toda vez que las cotizaciones se abonarán por mes anticipado y no por mes vencido; es que frente al criterio actual del legislador el efectuar las cotizaciones necesarias para acceder a la pensión de vejez constituye para el trabajador independiente un imperativo de su propio interés, de manera que el retardo en la aportación del mínimo de cotización exigido es por el sistema pensional lo que hace dilatar en el tiempo en reconocimiento de la prestación perseguida y en situaciones extremas el dejar de aportar al sistema el número mínimo, imposibilita el nacimiento del derecho« (f.° 75, Cd, 23:04 a 24:04). Reiteró que en ese orden de ideas y acuerdo al precedente jurisprudencial, que no era viable imputar esas semanas del año 2004, para verificar el presupuesto del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Acto Legislativo 01 de 2005, ya que fueron sufragados el 8 de abril del 2015, lo cual

hace que solo sean imputables para dicho período, es decir, abril del 2015 (f.° 75, Cd, 24:04 a 24:33). Precisó de lo precedente, que verificaría el número de semanas, en aras de establecer si el actor cumple con las requeridas para mantener el régimen de transición a la

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Radicación n.° 81528 entrada en vigencia del precitado acto legislativo; para ello dijo que teniendo en cuenta las semanas al servicio del Ejército Nacional de 101.42 y las semana registradas en la historia laboral, alcanza a un total de 736.28, de lo que dedujo que el accionante no cumple con los presupuestos para que su régimen de transición se extendiera hasta el 31 de diciembre del 2014, por lo que determinó que no era dable otorgar la pensión según los parámetros de la Ley 71 de 1988 ni menos como bien lo precisó el a quo la del Decreto 758 de 1990, tal como se solicitó en el escrito de demanda. (f.° 75, Cd, 24:34 a 25:19). En tales condiciones, en virtud de la apelación de la demandada y por vía jurisdiccional de consulta, revocó la decisión del juez de primer grado y absolvió a la demandada de las pretensiones propuestas en su contra por el demandante. (f.° 75, Cd, 25:19 a 25:43).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

La plantea, de la siguiente manera, Pretende la parte demandante que con este recurso de casación, la Honorable Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral, CASE TOTALMENTE la sentencia proferida por el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de BOGOTÁ, Sala Laboral, la providencia del 16 de enero del 2018, en cuanto

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Radicación n.° 81528 que: PRIMERO: REVOCÓ la sentencia del 27 de junio del 2017, proferida por el Juzgado Dieciocho laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso de BENIGNO TOCUA CASTILLO contra COLPENSIONES, y como consecuencia de lo anterior ABSOLVER a COLPENSIONES de todas las pretensiones, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: COSTAS en la primera instancia a cargo de la parte actora. SIN COSTAS en esta instancia, para que en sede de instancia la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, CONFIRME el fallo de primer grado y en su lugar CASE la sentencia, ordenando el RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR APORTES, a favor del señor BENIGNO TOCUA CASTILLO, a partir del 1 de junio de 2015 hasta que su pago se realice, al pago de la indexación de la primera mesada desde el 1 de junio de 2015 hasta que su pago se realice, el pago de los intereses moratorios desde el 1 de junio del 2015 hasta que su pago se realice, que se fije la condena en costas en las instancias a la entidad demandada, proveyendo lo

que corresponda por costas en sede de casación (f.° 6 del cuaderno de la Corte) (mayúsculas en el texto) Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, los cuales fueros replicados y se pasan a estudiar en forma conjunta, en tanto persiguen el mismo fin y denuncia la violación del mismo conjunto normativo.

VI. CARGO PRIMERO Acusa, La sentencia proferida por el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala Laboral, incurrió en su providencia del 16 de enero del 2018, como violatoria directa de la ley sustancial, concretamente, violación directa de la norma POR INDEBIDA APLICACIÓN DE LA NORMA, de los artículos, 23, 24, 25, 26, 29 de la Ley 100 de 1993, los artículos 20 y 28 del Decreto 692 de 1994, modificado por el artículo 35 del Decreto 1406 de 1999, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, Decreto 326 de 1996 artículo 56, Ley 71 de 1998 artículo 7, el inciso segundo del literal c) del artículo 16 del Decreto 1406 de 1999, y del inciso tercero del artículo 19 del Decreto 3771 del 2007, el artículo 9 del Decreto 510 del 2003, Ley 797 del 2003, artículo 1 del Decreto 1748 de 1995, artículo 29 de la Ley 100 de 1993, concordado con el parágrafo 2 del artículo 24 del Decreto 3771 del 2007, reglamentario del artículo 29 de la Ley 100 de

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Radicación n.° 81528 1993 y 53 de la Carta Política, Acto Legislativo No. 1 del 2005 ", y la ley 797 del 2003. Para la demostración del cargo, recopila lo dicho por el Tribunal en punto a la forma como se deben efectuar los pagos de las cotizaciones tratándose de trabajadores de independientes, en forma anticipada, en los términos de los artículos 20 y 28 del Decreto 692 de 1994, modificado por el Decreto 1406 de 1999 y que el pago que realizó en dicha calidad en abril de 2015, es válido para ese ciclo y no para el que pretendía cubrir el periodo de febrero a diciembre de 2004, pues debió efectuarlo como lo dice la norma. Señala, que el ad quem no tuvo en cuenta que es un trabajador independiente del régimen subsidiado, puesto que únicamente se limitó a revisar la observación de "No registra relación laboral en afiliación para este pago” desconociendo la referencia de pago 84C20018579585, que es para el pago de dicho régimen y en tal condición; que la cotización para febrero del 2004 era de $51.910, y si se otea que tal consignación se sufragó la suma de $206.410, toda vez que en el régimen de los trabajadores independientes del régimen subsidiado, se cancela el total del aporte, que liquidó PILA, que es el operador pensional. Agrega, que el ad quem supuso que el demandante cotizó como trabajador independiente del régimen general de Colpensiones, cuando en verdad lo hizo pero como independiente del régimen subsidiado, en el programa de

subsidio al aporte en pensión (PSAP) previsto en el artículo

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Radicación n.° 81528 25 y 26 de la Ley 100 de 1993, que es un régimen subsidiado, donde el actor cumplió a cabalidad las premisas, que señala; [...] cuyo objeto es subsidiar los aportes al régimen general de Pensiones de los trabajadores asalariados o independientes del sector rural y urbano que carezcan de recursos para pagar la totalidad del aporte [...]. El subsidio se concederá parcialmente para reemplazar los aportes del empleador y del trabajador, o de este último en caso de que tenga la calidad de trabajador independiente, hasta por un salario mínimo como base de cotización [...]. Refiere, que tal afirmación es cierta, ante la cancelación que realizó el accionante a los aportes del régimen subsidiado en pensiones como trabajador independiente, tal como se observa en las consignaciones elaboradas por el demandante, pago de aportes que está previsto en el inciso segundo del literal c) del artículo 16 del Decreto 1406 de 1999 y el inciso 3° del artículo 19 del Decreto 3771 de 2007, para la población del régimen subsidiado del SGP que se asimilan a los trabajadores independientes. Insiste, que el operador PILA fue el que liquidó los aportes para el periodo de febrero a diciembre del 2004 y, por ello, se encuentran los 11 recibos de pago y lo hizo porque no es un pago irregular, es una imputación de pago al régimen subsidiado como trabajador independiente. Aduce que, […] cuando se refiere a la aplicación del procedimiento de

imputación de pagos en pensiones, respecto de trabajadores independientes, debe aclararse que aun cuando el pago de aportes al sistema General de Seguridad Social en Salud y pensiones, realizado por los independientes se efectúa anticipadamente, no por ello se eximen del procedimiento de

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Radicación n.° 81528 imputación de pagos establecido en la ley, como se advierte de lo dispuesto en el artículo 9° del Decreto 510 del 2003, antes bien, dicha norma señala expresamente que solo los afiliados voluntarios al sistema, se exceptúan de la aplicación de dicho procedimiento, recordando que con la entrada en vigencia de la Ley 797 del 2003 y el reglamento contenido en el citado Decreto 510 del 2003, los trabajadores independientes son afiliados obligatorios al Sistema, el pago se realizó con el cumplimiento de los requisitos que señala la norma, articulo 9, numerales 2, 4, y 5, del decreto 510 del 2003. Manifiesta, que los aportes efectuados en el régimen subsidiado en pensiones a través del archivo laboral masivo, debe tenerse en cuenta de conformidad con el artículo 1° del Decreto 1748 de 1995. Que el archivo laboral masivo del ISS se encuentra definido como aquel archivo informático que contiene la historia laboral de todos los trabajadores que están o estuvieron afiliados al seguro de IVM, o seguro de pensiones del ISS, con cualquier empleador y en cualquier lugar del país, desde el año 1967, norma de la que aduce no hace distinción respecto del tipo de afiliación ni el modo de pago de aportes en el SGP, lo que permite afirmar que es

jurídicamente admisible la incorporación de los ciclos cotizados a través del Fondo de Solidaridad Pensional del archivo laboral masivo. Expone, que lo anterior cobra fortaleza teniendo en cuenta lo señalado en el inciso final del artículo 29 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el párrafo 2 del artículo 24 del Decreto 3371 del 2007, el cual prevé que aun cuando las entidades administradoras de pensiones deben organizar contabilidad diferente para los recursos que reciban por concepto de subsidio del fondo, en esa misma medida, deben mantener vigente la historia laboral de los trabajadores, lo

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Radicación n.° 81528 cual implica para la administradora de pensiones, no solo tener actualizados los periodos cotizados dentro del "Sistema Contributivo", sino aquellos aportados a través del Fondo de Solidaridad Pensional, tal como lo hizo y que se refleja en la historia laboral, cuando se señala en la casilla de observaciones que pagó como régimen subsidiado. Revela, que el pago efectuado el 8 de abril del 2015, correspondiente a los periodos de cotizaciones de los meses de febrero a diciembre del 2004, sufragó a través del Fondo de Solidaridad Pensional se cargaba al archivo laboral masivo, el cual recopila en su totalidad la historia laboral del trabajador, cuya actualización y vigencia se encuentra a cargo de la Administradora Colombiana de PensionesColpensiones, por mandato del parágrafo 2° del artículo 24 del Decreto 3771 del 2007, reglamentario del artículo 29 de la Ley 100 de 1993.

Infiere, que no comparte el criterio del Tribunal, que considera que no se puede cancelar los periodos en mora del trabajador independiente del régimen subsidiado, porque está desconociendo las normas del recaudo de aportes del inciso segundo del literal c) del artículo 16 del Decreto 1406 de 1999 y el inciso tercero del artículo 19 del Decreto 3771 del 2007, sobre los grupos de población subsidiados dentro del SGP, pues en todos los casos se asimila a trabajadores independientes, pero no lo son, ya que está dirigida a una población de escasos recursos económicos, tal como lo es el actor.

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Radicación n.° 81528 Sostiene, que al estar afiliado al ISS, que como canceló la imputación de pago, por el ciclo febrero a diciembre del 2004, en su condición de trabajador independientes, estos tiempos cotizados se deben sumar, que corresponde a 47.19 semanas, y las certificadas por el Ministerio de Defensa, (del 10 de mayo de 1970 al 30 de abril de 1972), nos dan como resultado 101,57 semanas, y para la entrada en vigencia del Acto Legislativo No.1 del 2005, esto es el 22 de julio del 2005, tenía cotizadas, 783 semanas, por lo que superó las 750 semanas que exige la norma, luego el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se prorrogó hasta el 31 de diciembre del 2014, y que como cotizó los 20 años que exige el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, que permite

computar tiempos públicos y privados, puede obtener la pensión de jubilación por aportes, pues cotizó1118,76 semanas. En tales condiciones considera que se debe acceder a la prestación deprecada, desde el 1° de junio del 2015, al pago de los intereses moratorios y a la indexación de la primera mesada (f.° 6 a 10 del cuaderno de la Corte).

VII. RÉPLICA Soporta que la demanda adolece de errores de técnica que impiden abordar la discusión de fondo.

A efecto, dice que el primer yerro se evidencia en el alcance de la impugnación, puesto que se pide casar en su totalidad la sentencia del ad quem y a reglón seguido solicita

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Radicación n.° 81528 que, constituida en Tribunal de instancia confirme la sentencia de primer grado y simultáneamente que en su lugar «CASE LA SENTENCIA» ordenando el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes, lo cual es un contrasentido considerando que en el recurso extraordinario de casación solo es posible anular las sentencias de segunda instancia, siendo jurídicamente improcedente casar la decisión del Juzgado La segunda equivocación se desprende del desarrollo del cargo, pues el recurrente combina inapropiadamente argumentos de orden jurídico propios de la vía directa, con expresiones y reflexiones relacionadas con los medios de prueba inherentes a la vía indirecta, utilizando simultáneamente dos senderos de ataque en el mismo cargo, los cuales además de ser excluyentes e independientes entre sí, resulta ser un error de técnica manifiesto.

El tercero, se advierte cuando acusa la sentencia de haber incurrido en aplicación indebida de la ley sustancial, cuando varias de las normas ahí denunciadas no fueron utilizadas por el Colegiado. Agrega, que de todas maneras el ad quem no incurrió en los desaciertos que se le endilgan pues si bien determinó la posibilidad para efectos de reconocer la pensión por aportes la sumatoria de todos los tiempos cotizados, no podía contabilizarse para dar por superado el requisitos de las 750 semanas exigidas por el Acto Legislativo 01 de 2005 los periodos reportados en mora como independiente entre

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Radicación n.° 81528 febrero a diciembre de 2014 y sufragados en el mes de abril de 2015, por expresa negativa del artículo 28 del Decreto de 1994 (f.° 17 a 19 del cuaderno de la Corte).

VIII. CARGO