CSJ - SL3498-2024

SCLAJPT-10 V.00

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA Magistrada ponente SL3498-2024 Radicación n.° 98618 Acta 28 Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) La Sala decide el recurso extraordinario de casación interpuesto por LUIS FERNANDO GIRALDO CAÑAS frente a la sentencia de 2 de febrero de 2023, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso que el recurrente instauró contra la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –

COLPENSIONES, la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN

DE INVALIDEZ y la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN

DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA.

AUTO Téngase a la sociedad Casación Laboral Estudio S.A.S., representada legalmente por Jorge Iván Palacio Palacio,Radicación n.° 98618 SCLAJPT-10 V.00 2 identificado con cédula de ciudadanía n.° 8.299.453, como apoderada general de Colpensiones en los términos y para los efectos del poder conferido.

Se reconoce personería a Linda Tatiana Vargas Ojeda, identificada con tarjeta profesional n.° 287.982 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada sustituta de Colpensiones, en los términos y para los efectos del poder conferido.

I. ANTECEDENTES El actor llamó a juicio a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y a la Junta Nacional

conferido.

I. ANTECEDENTES El actor llamó a juicio a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, para que, una vez anulados los dictámenes por ellas emitidos, se declare la validez del proferido por la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y, como consecuencia de ello, se condene a Colpensiones al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez desde la fecha de estructuración, 22 de diciembre de 2015, junto con las mesadas adicionales e incrementos de ley, los intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; o, en subsidio, la indexación y se impongan costas procesales.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que fue diagnosticado con «fibromalgia (sic), hipertensión arterial crónica, vitiligio (sic), neuritis herpética dermatoma C5Radicación n.° 98618 SCLAJPT-10 V.00 3 izquierdo, trastorno depresivo, tenosinovitis bicipital" e "hipoacusia neurosensorial"», razón por la cual solicitó a Colpensiones la calificación de su pérdida de capacidad laboral, procedimiento que se realizó el 5 de septiembre de 2014, estableciendo una pérdida de la capacidad laboral del 38.92%, con fecha de estructuración 22 de mayo de ese mismo año.

laboral, procedimiento que se realizó el 5 de septiembre de 2014, estableciendo una pérdida de la capacidad laboral del 38.92%, con fecha de estructuración 22 de mayo de ese mismo año. Comentó que contra dicha calificación interpuso recurso de apelación ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, entidad que emitió el dictamen n.° 52682 de 30 de enero de 2015, donde fijó una pérdida de la capacidad laboral del 38.97% quedando incólume la fecha de estructuración, dictamen que fue impugnado ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, que lo ratificó en su integridad. Afirmó que, ante el deterioro progresivo de su salud, solicitó un nuevo dictamen ante la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, institución que le dictaminó pérdida de capacidad laboral del 50.11% con estructuración de 22 de diciembre de 2015, dictamen en el cual se incluyeron las patologías de «fibromalgía (sic), hipertensión arterial crónica tenosinovitis bicipital y trastorno depresivo”» , omitidas en los experticios anteriores. Finalmente, señaló que por cumplir con los requisitos del artículo 1.° de la Ley 860 de 2003, esto es, una pérdida de capacidad laboral superior al 50% y 158.9 semanas

cotizadas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fechaRadicación n.° 98618 SCLAJPT-10 V.00 4 de estructuración de su invalidez, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, con lo cual agotó la reclamación administrativa de que trata el artículo 6.º del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

La Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia se opuso a la prosperidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó los relativos al recurso interpuesto por el convocante a juicio contra el dictamen de Colpensiones; el que emitió esa junta en virtud de la impugnación, que a su vez se rebatió y la ratificación de lo allí decidido por parte de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Frente a los demás, dijo no constarle o no ser ciertos. En su defensa propuso la excepción de «inexistencia de fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones». A su turno, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, a través de curadora ad litem designada, se opuso a las súplicas de la demanda, aceptó como cierta la confirmación del dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y respecto a los demás, dijo no constarle, sin proponer medios exceptivos. Por su parte, Colpensiones no contestó el escrito inaugural del proceso.Radicación n.° 98618

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dijo no constarle, sin proponer medios exceptivos. Por su parte, Colpensiones no contestó el escrito inaugural del proceso.Radicación n.° 98618

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, que conoció del trámite de la primera instancia, mediante sentencia de 6 de diciembre de 2018, resolvió: PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los dictámenes periciales rendidos por la Junta Regional de Calificación de Invalidez y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, respecto a la determinación de la pérdida de capacidad laboral del señor Luis

Fernando Giraldo Cañas.

SEGUNDO: CONDENAR a COLPENSIONES a reconocer y pagar al señor LUIS FERNANDO GIRALDO CAÑAS, la pensión de invalidez, desde el 22 de diciembre de 2015, en cuantía de un salario mínimo mensual legal vigente.

TERCERO: CONDENAR a COLPENSIONES a reconocer y pagar un retroactivo pensional de invalidez por la suma de veintiocho millones ciento veintiún mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos ($28.121.445) al señor LUIS FERNADO GIRALDO CAÑAS, causado entre el 22 de diciembre de 2015 y el 30 de noviembre de 2018.

Y a continuar pagando a partir del 1 de diciembre de 2018 una mesada pensional que no podrá ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente y teniendo en cuenta trece mesadas pensionales al año.

de 2018. Y a continuar pagando a partir del 1 de diciembre de 2018 una mesada pensional que no podrá ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente y teniendo en cuenta trece mesadas pensionales al año.

CUARTO: ABSOLVER a COLPENSIONES de las demás pretensiones instauradas en su contra por el señor LUIS

FERNADO GIRALDO CAÑAS.

QUINTO: CONDENAR en costas procesales a COLPENSIONES y a favor de la parte demandante. Se fijan las agencias en derecho en el 15% del retroactivo liquidado en esta sentencia más un (1) salario mínimo mensual legal vigente.

SEXTO: Se ordena enviar el expediente, en el grado jurisdiccional de consulta, ante la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín. (Énfasis del texto original)Radicación n.° 98618

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al conocer del recurso de apelación interpuesto por Colpensiones y el grado jurisdiccional de consulta a su favor, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante providencia de 2 de febrero de 2023,

dispuso:

PRIMERO: Revocar en su integridad la sentencia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, el día seis (6) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018).

SEGUNDO: Absolver a Colpensiones de todas las pretensiones formuladas por el señor Luis Fernando Giralda Cañas.

TERCERO: Las costas en primera instancia corren en favor de las accionadas y a cargo del demandante, en esta instancia sin costas.

Para fundamentar su decisión, el Tribunal estimó como problema jurídico determinar la pertinencia del dictamen emitido por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y si, con fundamento en este, era viable dejar sin efecto los emitidos por Colpensiones, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Aunado a ello, si el demandante tenía o no derecho a la pensión de invalidez de origen común y al pago del retroactivo respectivo. En lo que interesa al recurso extraordinario, destacó que el estado de invalidez se establece con el Manual Único para la Calificación de la Invalidez, vigente al momento de tal evaluación, conforme al artículo 41 de la Ley 100 de 1993,Radicación n.° 98618 SCLAJPT-10 V.00 7 modificado por los artículos 52 de la Ley 962 de 2002 y 142 del Decreto 019 de 2012. Asimismo, que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala, los dictámenes de pérdida de capacidad laboral no son pruebas solemnes y pueden someterse al escrutinio de los jueces del trabajo para su valoración, en atención a lo dispuesto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, además de que dichas pruebas no

jueces del trabajo para su valoración, en atención a lo dispuesto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, además de que dichas pruebas no obligan al juez en el marco de la libertad probatoria, por lo que puede acudir a otros medios de convicción para establecer la fecha de estructuración. En apoyo de dicho raciocinio, citó las sentencias CSJ SL16374-2015, CSJ

SL2496-2018 y CSJ SL3117-2019.

Luego de sintetizar los dictámenes obrantes en el expediente, resaltó que, en audiencia de ratificación del emitido por la Universidad, la profesional Gloria Isabel López Jaramillo, médica especialista en salud ocupacional, señaló: […] que el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral del accionante incrementó en el dictamen por ella emitido debido a la evolución en el tiempo, al ser una valoración posterior el paciente puede tener progresión de la enfermedad que varié [sic] la condición médica al momento de la evaluación, pues argumentó que el historial allegado al momento de la consulta, el actor presentaba unos diagnósticos que en el momento de las calificaciones previas no habían sido valoradas pues no se presentaban para dicho momento, específicamente se refería a la neuritis herpética y a otros dolores de tipo somático a nivel de hombros y rodillas, que no los padecía anteriormente, considerando que esas patologías aumentan el grado de

neuritis herpética y a otros dolores de tipo somático a nivel de hombros y rodillas, que no los padecía anteriormente, considerando que esas patologías aumentan el grado de deficiencia, y por ello, resulta diferente el porcentaje. Que la valoración de la neuritis herpética está referenciada en el historial por el médico tratante Clínica del Dolor donde se indica que el paciente tiene una neuritis herpética dermatoma C5,Radicación n.° 98618 SCLAJPT-10 V.00 8 valoración donde se perciben alteraciones de la sensibilidad en el territorio de este nervio, son calificables en el Decreto 917 y le asigna un porcentaje del 15%. Que lo que son las evaluaciones de los otros tipos de dolor, el manual como tal no tiene referencia a una tabla del dolor, pero el manual permite hacer homologaciones, por lo que fue asociado el dolor somatomorfo que finalmente es el dolor que mayor representación y limitaciones está en el paciente. Que los dolores que son de tipo somático no tienen una representación en una tabla específica como si [sic] la trae el nuevo manual. Que el manual permite la homologación de cualquier diagnóstico que no se encuentre especificado que se asemeje respecto de los síntomas o los hallazgos. Que el dolor somático es aquel dolor que se refiere a un hallazgo o aun trastorno orgánico específico, en tanto el somatomorfo refiere a únicamente al dolor

donde no se haya un órgano específico comprometido, solamente está el síntoma aparente, pero al no haber otra tabla que pueda homologar el dolor, se homologó de la forma explicada, donde el manual hace referencia al dolor. Explicó que no podía dejarse de lado que ese último dictamen fue elaborado tan solo cinco (5) meses y catorce (14) días después del realizado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, entidad que no tuvo en cuenta el diagnóstico «Neuritis Herpética Dermatoma C5 izquierdo», por no estar soportado en la historia clínica del paciente. De esa manera, resaltó que según el artículo 9.° del Decreto 917 de 1999, sólo es posible tener en cuenta la deficiencia cuando está documentada en la historia clínica, se tenga el diagnóstico definitivo y se determine el tratamiento con el concepto médico desfavorable de recuperación o mejoría, el cual no aparecía en dicha documental, contrario a lo afirmado por la doctora Gloria Isabel López Jaramillo. Indicó, además, que «la tabla utilizada para tal calificación, correspondiente a TABLA No.2.2 DEFICIENCIARadicación n.° 98618

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DEL PLEXO BRAQUIAL UNILATERAL, no representa deficiencia alguna narrada en la historia clínica aportada en la demanda, y por ende, no puede considerarse como determinante a razón de la calificación de pérdida de

deficiencia alguna narrada en la historia clínica aportada en la demanda, y por ende, no puede considerarse como determinante a razón de la calificación de pérdida de capacidad laboral»; que la calificación deja de lado el artículo 3.° del Decreto 917 de 1999, en la medida que tiene como fecha de estructuración el 22 de diciembre de 2015, sin soporte alguno en la historia clínica. Refirió que el dictamen de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia contiene apartes médicos posteriores a la fecha en que se realizaron los otros dictámenes, por lo que no fue posible que aquellos los tuvieran en cuenta; así, resaltó que «la valoración efectuada por Colpensiones, Junta Regional de Calificación de Invalidez y Junta Nacional de Calificación de Invalidez si guardan consonancia con la historia clínica que para el momento de cada una de las revisiones tenía el demandante de acuerdo a lo aportado en el proceso». Bajo ese escenario, concluyó que no le merecía veracidad y respaldo la experticia de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, por lo que aplicando los artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y con apoyo en la sentencia CSJ SL23492021, desestimó dicha valoración médica para darle validez a las otras y considerar que no se acreditó la condición de invalidez superior al 50% que permita acceder a la pensión de invalidez.Radicación n.° 98618

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se resuelve.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN El recurrente pretende que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, confirme en su integridad la decisión de primer grado.

Con tal propósito formuló dos cargos por la causal primera de casación, que fueron replicados por Colpensiones y que la Corte pasa a examinar.

VI. CARGO PRIMERO Señala el recurrente: Acuso la sentencia impugnada de violar indirectamente y por aplicación indebida del artículo 41 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 142 del decreto 019 de 2012 adicionado por el artículo 18 de la ley 1562 de 2012; literal c) del artículo 4º, 7º 8º, literal d) artículo 9º, 14, capítulo II Numeral 2.2.1.1 Tabla 2.2, capítulo XII, numeral 12.4.4 Tabla 12.4.5 del

decreto 917 de 1999; artículos 3º, 44 y 52 del decreto 1352 de 2013; el artículo 34 de la Ley 23 de 1981; parágrafo 2º artículo 31, 51, 60, 61 y 145 del C.P.T y de la S.S. los artículos 164, 176 240, 241 y 242 de la ley 1564 de 2012, que conllevo [sic] a la violación del artículo 1° de la ley 860 de 2003; el artículo 21 de la ley estatutaria 1618 de 2013; los artículos 1º, 2º, 4º de la ley 361 de 1997; los artículos 13, 47, 54 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 3º de la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad aprobada por la ley 762 de 2002; el artículo 4º, 13, y artículo 28 numerales 1 y 2 literal e) de la Convención sobre losRadicación n.° 98618 SCLAJPT-10 V.00 11 derechos de las personas con discapacidad ratificada por Colombia mediante la ley 1346 de 2009. Considera que tal violación se produjo como consecuencia de los siguientes errores de hecho: - No dar por demostrado, estándolo, que la patología de NEURITIS HERPÉTICA DERMATOMA C5 IZQUIERDA, tenía un diagnóstico definitivo, con un tratamiento determinado y con un proceso de rehabilitación integral superado y por tanto debía ser calificado como una deficiencia más, dentro de la suma ponderada. - No dar por demostrado, siendo evidente, que existía historia

diagnóstico definitivo, con un tratamiento determinado y con un proceso de rehabilitación integral superado y por tanto debía ser calificado como una deficiencia más, dentro de la suma ponderada. - No dar por demostrado, siendo evidente, que existía historia clínica que documentaba la NEURITIS HERPÉTICA DERMATOMA C5, la cual, encuentra su calificación en la tabla 2.2. del manual único de calificación, debiéndose considerar como determinante para calcular de manera integral la PCL. - Dar por demostrado, en contra de lo evidente, que no existía respaldo en las afirmaciones tendientes a acreditar las condiciones de inválido del actor, al no encontrar soporte en la historia clínica del paciente ni corresponder a la evolución de la enfermedad. - Dar por no demostrado, encontrándose plenamente acreditado, que las valoraciones efectuadas por Colpensiones, Junta Regional y Junta Nacional padecían del requisito y principio de integralidad en la valoración, conforme el material probatorio arribado en la historia clínica y por ende debían ser declaradas nulas. - No dar por demostrado, encontrándose probado, que los dictámenes atacados valoraron como una sola deficiencia dos diagnósticos independientes, ello es el trastorno de dolor persistente somatomorfo “fibromialgia EJE I) y el trastorno depresivo, errando con ello en la sumatoria combinada, conforme los parámetros legales. - No dar por demostrado, siendo evidente, la nulidad de las

depresivo, errando con ello en la sumatoria combinada, conforme los parámetros legales. - No dar por demostrado, siendo evidente, la nulidad de las valoraciones médicas atacadas, al no considerar que, como consecuencia de las deficiencias padecidas, estas generaban grandes esfuerzos, fatigas e inseguridades en el desplazamiento del actor y por tanto debía considerarse con una minusvalía de desplazamiento deficiente (num 32) conforme las pruebas arribadas. - No dar por demostrado, siendo palmario, la nulidad de las valoraciones médicas atacadas, al no considerar que comoRadicación n.° 98618 SCLAJPT-10 V.00 12 consecuencia de las deficiencias padecidas, el actor no podía desempeñarse en su labor habitual y mucho menos en condiciones competitivas y durante una jornada laboral completa, y por tanto debía considerarse con una minusvalía ocupacional de cambio de ocupación (num 43), conforme lo indicaba su historial clínico. - No dar por demostrado, encontrandose [sic] acreditado, la nulidad de las valoraciones médicas atacadas, al no considerar que, como consecuencia de las deficiencias padecidas, debía considerarse que el actor era precariamente autosuficiente (num 63) al encontrarse severamente afectada su situación económica a raiz [sic] de sus patologías.

que, como consecuencia de las deficiencias padecidas, debía considerarse que el actor era precariamente autosuficiente (num 63) al encontrarse severamente afectada su situación económica a raiz [sic] de sus patologías. - Dar por demostrado, en contra de lo probado, que el actor padece de una pérdida de capacidad laboral superior al 50% como requisito sine qua non para acceder a la pensión de invalidez de origen común pretendida. Afirma que los yerros fácticos enrostrados fueron consecuencia de la apreciación errónea o falta de apreciación de las siguientes pruebas: - La apreciación equivocada de la historia clínica aportada en la demanda contentiva de atenciones médicas, ayudas diagnósticas y exámenes de laboratorio, obrantes en el expediente primera instancia (fls. 65 a 169 PDF.exp.1ra.inst). - La apreciación errada de las documentales contentivas de las valoraciones médicas expedidas por COLPENSIONES, Junta Regional de Calificación de Invalidez y Junta Nacional de Calificación de Invalidez (Fls. 19 a 22, 29 a 36 y 44 a 54 PDF.exp.1ra.inst. - La falta de apreciación del indicio grave por la no contestación de la demanda por parte de COLPENSIONES conforme el parágrafo 2º del artículo 31 del CPT y de la S.S. impuesto

• La falta de apreciación del indicio grave por la no contestación de la demanda por parte de COLPENSIONES conforme el parágrafo 2º del artículo 31 del CPT y de la S.S. impuesto mediante auto fechado 23 de mayo de 2017 (fls. 226 y 227

PDF.Exp.1ª.inst). (Subrayas del texto original) Para fundamentar el ataque, sostiene que es equivocado considerar que las valoraciones efectuadas por Colpensiones, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez guardanRadicación n.° 98618 SCLAJPT-10 V.00 13 consonancia con la historia clínica, por cuanto existe prueba para determinar una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%. Aduce que, producto de la apreciación errada de la historia clínica «(fls. 65 a 169 PDF.exp.1ra.inst)» , el Tribunal erró al estimar que la patología de «NEURITIS HERPÉTICA DERMATOMA C5 IZQUIERDA» no tenía diagnóstico definitivo, ni tratamiento terminado y, por tanto, no contaba con un proceso de rehabilitación integral superado, razón por la cual no era una deficiencia calificable, en la medida que, en la historia clínica expedida por la IPS Clínica Vida, apreció que el 13 de enero de 2014 le fue diagnosticado «HERPES ZOSTER [sic] EN EL HOMBRO IZQUIERDO» con la aparición de una

historia clínica expedida por la IPS Clínica Vida, apreció que el 13 de enero de 2014 le fue diagnosticado «HERPES ZOSTER [sic] EN EL HOMBRO IZQUIERDO» con la aparición de una «NEURITIS HERPÉTICA DERMATOMA C5 IZQUIERDA» con el respectivo tratamiento, que indicaba que «no hay ningún tratamiento curativo por ofrecer, los tratamientos son paliativos y están encaminados a mejorar el dolor», afirmando que éste era el concepto médico de recuperación. Agrega que el 18 de enero de 2014, la IPS Uba Promedan Itagüí, reiteró que el 7 de enero de ese año le fue diagnosticado herpes zóster en el hombro izquierdo, patología que también ratificó la IPS Art Médica S.A.S. y, por ello considera que contrario a lo afirmado por el sentenciador de alzada, tenía un diagnóstico de la referida patología, contaba con un tratamiento y un concepto médico de que no era curativo sino de manejo paliativo, razón por la cual el Colegiado desacertó al no tenerlo como una deficiencia calificable de acuerdo con la «Tabla 2.2.» del Manual Único deRadicación n.° 98618

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Calificación, acreditando así los tres primeros errores endilgados y la existencia de una patología ignorada que resultaba trascedente para la calificación de las deficiencias, omisión que vulnera el principio de integralidad y pone en evidencia el cuarto error.

endilgados y la existencia de una patología ignorada que resultaba trascedente para la calificación de las deficiencias, omisión que vulnera el principio de integralidad y pone en evidencia el cuarto error. Señala la apreciación desatinada de los documentos que contienen las valoraciones médicas realizadas por Colpensiones y las Juntas Regional y Nacional, «Fls. 19 a 22, 29 a 36 y 44 a 54 PDF.exp.1ra.inst» , así como la falta de un análisis detenido de los dictámenes, que impidió ver el error que presentaban en las deficiencias y minusvalías del actor. Refiere que las patologías «TRASTORNO DE DOLOR SOMATOMORFO (FIBROMIALGIA) CLASE II, y el TRASTORNO DEPRESIVO CLASE I» , corresponden a enfermedades diferentes, cada una con su propio tratamiento y especialidad médica; sin embargo, que en el dictamen de las juntas se registró como una sola, para lo cual transcribe apartes del dictamen de la Universidad, resaltando que dicha diferencia también se evidencia en la historia clínica, (f.os 110, 118, 123, 126, 136, 137 y 162 a 164), demostrando el quinto error. Alega que el ad quem a la hora de valorar las calificaciones de pérdida de capacidad laboral expedidas por las plurimentadas entidades, no se percató de las inconsistencias en cuanto a la valoración de las minusvalías de desplazamiento ocupacional y «autosuficiencia económica».Radicación n.° 98618

las plurimentadas entidades, no se percató de las inconsistencias en cuanto a la valoración de las minusvalías de desplazamiento ocupacional y «autosuficiencia económica».Radicación n.° 98618

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Así, para demostrar tal yerro, transcribe apartes de los artículos 7.° y 14 del Libro III «De las minusvalías», capítulos III, IV y VI del Decreto 917 de 1999, para resaltar que las deficiencias y discapacidades se incluyeron en una categoría que no era la acertada, en la medida que, en la casilla de «DESPLAZAMIENTO», se consignó la «restricción intermitente de desplazamiento» del numeral 31 del punto 3.°, cuando en realidad era la del numeral 32 del mismo, «desplazamiento deficiente». La categoría «OCUPACIONAL» fue considerada con «ocupación adaptada», numeral 42 del punto 4.°, pero debía ser el 43, «cambio de ocupación» y en la de «AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA», se tuvo el numeral 62 del punto 6.°, «autosuficiencia reajustada» y era el 63 «precariamente autosuficiente»; valoraciones que reitera son desafortunadas, pues la historia clínica (f.os 66, 71, 76 a 79, 80, 82 a 85, 92, 93, 100, 101, 107, 108, 136, 137, 153, 154, 126, 139, 159 y 164) desvirtuaba la afirmación del Tribunal de que las calificaciones «gua[r]dan consonancia con la historia clínica».

desvirtuaba la afirmación del Tribunal de que las calificaciones «gua[r]dan consonancia con la historia clínica». En esa medida, considera que la mencionada historia clínica evidencia que el demandante es limitado funcionalmente, en reposo y en movimiento y de carácter constante; que debe hacer grandes esfuerzos y, por ello, en la calificación del numeral 32 se le asignó un (1) punto. Igualmente, dicho documento pone de manifiesto que «presenta fatiga “durante el día todos los días”, disfuncion (sic) laboral, impotencia al no poder trabajar, numerosas incapacidades, empeoramiento de síntomas cuando ejecutaRadicación n.° 98618 SCLAJPT-10 V.00 16 actividades o labora, cansancio muscular y pérdida de fuerza», por eso, no es capaz de desempeñar su actividad habitual, aspectos que por el impacto que generan en su calidad de vida, debieron ser tenidos en cuenta como «precariamente autosuficiente». Finalmente, agrega que el sentenciador de apelaciones pasó por alto el indicio grave en contra de Colpensiones, decretado en auto de 23 de mayo de 2017, por no contestar la demanda y que da cuenta la demostración del yerro en el dictamen que daba lugar a su anulación.

VII. RÉPLICA La opositora, Colpensiones, señala que no existe un documento médico que evidencie la inexistencia de un

dictamen que daba lugar a su anulación.

VII. RÉPLICA La opositora, Colpensiones, señala que no existe un documento médico que evidencie la inexistencia de un tratamiento curativo para la patología de «NEURITIS HERPÉTICA DERMATOMA C-5», ya que, lo transcrito en la demanda de casación corresponde al diagnóstico de «REUMATISMO NO ESPECIFICADO» , considerado por las juntas calificadores al ponderar la pérdida de capacidad laboral.

Por tal razón, aduce que como lo concluyó el Tribunal, no puede determinarse el concepto desfavorable de dichas enfermedades y que, la «Depresión mayor – neuritis herpética dermatoma izquierdo», solo fue mencionada como recuento clínico que, en ese momento, «estaba cursando» y pudo ser pasajera, pues en la epicrisis solo aparece en los meses de enero y febrero de 2014; por tanto, no es determinante paraRadicación n.° 98618 SCLAJPT-10 V.00 17 calcular de manera integral la pérdida de capacidad laboral -PCL-. De las demás patologías dice que fueron consideradas en los dictámenes acogidos por el juzgador de alzada, de donde obtuvo que la PCL no supera el 50%. Frente al indicio grave por la no contestación de la demanda, considera que no es prueba calificada en casación y que, por tratarse de una consecuencia de índole jurídica, debió atacarse por la vía directa. Precisa, de todos modos, que los aspectos que se

no es prueba calificada en casación y que, por tratarse de una consecuencia de índole jurídica, debió atacarse por la vía directa. Precisa, de todos modos, que los aspectos que se debaten son objeto de prueba técnica, médica y científica y, en ese orden, los efectos jurídicos no pueden repercutir en los dictámenes.

Por último, afirma que para el Tribunal la calificación elaborada por la Universidad de Antioquia, que determinó como fecha de estructuración el 22 de diciembre de 2015, no tenía soporte en la historia clínica del paciente, tópico que no fue atacado, quedando incólumes los pilares fundamentales de la sentencia recurrida. Además, que ante la pluralidad de experticios, el juez estaba facultado para formar libremente su convencimiento. En apoyo, cita la sentencia CSJ SL20822022.

VIII. CONSIDERACIONES Corresponde a la Corte definir si el Tribunal apreció de manera equivocada la historia clínica del demandante y los dictámenes de calificación de su pérdida de capacidad laboral -PCLy si dejó de apreciar el indicio grave porRadicación n.° 98618

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