CSJ - SL3504-2018

RepúbdleCi oclao mbia CoSrtuep rdeeJm uas ticia SadleCaa saLcaib6onr al SadleDa e sconNg:3e stión JORGE PRADA SÁNCHEZ Magistproandeon te SL3504-2018 º 52977 Radicanc.i ón 28 Acta Bogotá, D. C., veintidós (22) de agosto de dos mil dieciocho (2018). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 30 de noviembre de 2010, en el proceso que promovió OTILIO ÁLVAREZ AMAYA contra el

INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACIÓN DE TIERRASINAT, EN LIQUIDACIÓN.

Se admite a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensiona! y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, como sucesor procesal del demandado, de acuerdo con el memorial que obra a folio 32 del cuaderno de la Corte y en los términos del Decreto 885 de 2014.

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Radicación n. º 52977 Se reconoce a la abogada Lucía Arbeláez de Tobón, con cédula de ciudadanía No. 32.412.769 y tarjeta profesional 10.254 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada general de la sucesora procesal, según escritura pública 361 del 16 de febrero de 2015, de la Notaría 39 del Círculo de Bogotá D.C. (fls. 37-64 cdno de la Corte).

Se admite la renuncia presentada por la apoderada judicial del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, obrante de folios 66 a 67 del cuaderno de la Corte. l. ANTECEDENTES Otilio Álvarez Amaya (fls. 1-4) llamó a juicio al Instituto Nacional de Tierras -INATen Liquidación, con el fin de obtener el pago de la pensión restringida de jubilación, desde el 25 de agosto de 1993, junto con la indexación de las mesadas causadas, los intereses «corriye nmotreast orpioars y las costas del proceso. laf alotpao rtudneapl a go» Informó que fue trabajador oficial al serv1c10 del Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras -HIMAT-, luego Instituto Nacional de Adecuación de Tierras -INAT, en Liquidación, entre el 1 de marzo de 1977 y el 26 de agosto de 1993, fecha en la que fue despedido sin justa causa. El ente demandado (fls. 18-20) adujo que una eventual condena por pensión sanción, solo sería procedente «desde se laf echdae s uc ausachiaósnt qau el am isma finiqpuoirt e

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Radicnaº.c5 i2ó9n7 7 o causdae termiennal daLa e y hastqau ee lI nstidteuS teog uro o En Sociallac ajrae spectrievcao,no lzapc ean sidóenv ejez». su defensa, formuló la excepción de prescripción de las

mesadas y aclaró que el despido del actor se produjo por «mandaitmop eradteil vaoC onstitPuocliíótdnie Cc oal ombia, por manera que la consagreande ola rtíc2u0lt or ansitorio», terminación del vínculo Agregó que «fuaej ustaad laaL ey». mediante Acuerdo 53 de 9 de agosto de 1993, aprobado mediante Decreto 1616 de 1993, «laj untdai rectdievla HIMAT ,d etermlianp ól antdaep ersondaell ae ntidya d suprilmait óo talidedl aodcs a rgdoest rabajadoofriecsi ales>>. 11.S ENTENCDIEAP RIMERAI NSTANCIA El Juzgado Primero Laboral de Descongestión del Circuito de Barranquilla, mediante fallo de 31 de enero de 2008 (fls. 173-180), declaró probada la excepción de prescripción sobre las mesadas pensionales anteriores al 19 de marzo de 2003, condenó al demandado al pago de la pensión restringida de jubilación a favor del actor a partir de esa fecha, «debiénednoe sfee catlom omentdoe l iquidarse indexealsr a ladreivoe ngaedneo lú ltiamñood es ervicsiions , quee nn ingúcna ssoe ai nferailso arl armiíon immoe nsual y le impuso las legvailg enptaerl aaf echdaer le conocimiento», costas del proceso. 111S.E NTENCDIEAS EGUNDIAN STANCIA El demandado apeló; mediante la sentencia atacada en sede extraordinaria, el juez colegiado confirmó la de primer

grado, sin costas para las partes. 3 SCLAJPT-10 V.DO Radicanc.ºi5 ó2n9 77 Asentó que «cuanedlod espisdeop roduccoen fundameenntl oas uprefussiióónon,r eestrucdteul roasc ión cargdoeqs u ter aetlaa r 2t0.t ransdietl oaCr airoPt oal ítica, sec onsiqdueeer lda e sppiedsoae o bedeacu enmr a ndato o Como constiteulcplieoosr ne na oll ,ot orennal egajlu sto>>. sustento de su reflexión, transcribió apartes de las sentencias CSJ SL, 11 jul. 1995, sin precisar radicación, CSJ SL, 16 ago. 2005, rad. 24380 y CSJ SL, 8 feb. 2006, rad. 25698. Con apego a esa postura, concluyó que «la desvincdueldalec miaónnd asnept reo,d puojiron icidaetli va INSTITUNTAOC IONADLE ADECUACIDÓEN TIERRA-SI NAT-, Agregó que mediaanutteo rizlaecgipaóelnrs oij nu sctaau sa». su decisión tenía respaldo en el artículo 53 Constitucional, en particular, en la irrenunciabilidad de los beneficios m1n1mos laborales y la prohibición de menoscabo de la libertad, dignidad humana y los derechos de los trabajadores. Advirtió que «lpae tisceir óena lciuzmóp leilrd eoq uisito

del ae dacdo,ln o q ues ec onclquuyene oe xilsatp ee tición también, que antedse t iempo»; «lpae nsisóann ciaó n diferednelc aip ae nsidóejn u bilalcaei dóannd,o e su n por último, concluyó así: elemecnotnos titutivo»; Det amla neqruaea crediltoatsdi oesm mpíonsi mdoess e rvyi cio elh echdoed le spisdijonu sctaau soae lr etviorlou nteansr ui o, casoy,a e lt rabajnaode osrt eán p resendceiu an am era expectsaitndioevu and, e recciheoqr utceoo nstuintasu iyteu ación

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Radicación n. º 52977 jurícdoinccar ceotnca a,r ácdtede err ecahdoq uiqruiend ooe s suscepetnsiu sb elxet redmesoe rs m odificapdoolrse pyo sterior.

IV. RECURSO DEC ASAICÓN Interpuesto por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, que procede a resolverlo.

V. ALCANCDEE L AI MPUGNAICÓN Pretende que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, «roeqvuee lJ aol dlel ap rimera isntanc. ia» Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que no mereció réplica.

VI. CARGO ÚNICO

Denuncia violación directa, por interpretación errónea, de los artículos 90 y 150-7 de la Constitución Política, 4 7, 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945 «yd el aL ey6 d e1 9 45a,l a cuarle glamenta». La acusación se resume en el siguiente aparte, que se transcribe textualmente: Ens umaa, d iferednecli oea n tenpdoierdlo T ribu(.n. .a) el,l entendiqmuieed netbohe a cerdsele a n ormatitvriadnasdg redida, atieanl dose i guiente:

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Radicación n. º 52977 1.N oe sr azonlaibmlioe et natre ncdoemtroa xatliacvsaa uss ales señaladdema asn eerxap reensl ao asr tíc4u8yl 4o9sd el Decr2e1t72od e19 45, 2.N oe sr azoneanbtleen qdueeur n m otilveogn aold ebsae r concecboimdmooo tijvuosp taort ae rmiunnca orn tcroauntn o trabaojfaidcoyir,a l, 3.L as upredseci aórngr oesa liczoandfooa rl mopser ocedimientos legaelsue nsm otijvuosd teto e rmindaelc oivsóí nn cduell ooss servidcoolrnae e sn tidpaosdre, ur n m oticvoon stityu cional legeasdl e,c qiuree,m erdgele aC onstiytl uaLc eiyó.n VIIC.O NSIDERACIONES En razón a la senda escogida, no se discute la calidad

de trabajador oficial del demandante, ni la terminación del vínculo el 25 de agosto de 1993, debido a la supresión del cargo que desempeñaba; tampoco, que reunía «lotsi empos en palabras del fallador de segundo mínimdoess ervicio», grado, que pueden entenderse referidos a los requeridos para acceder a la prestación reclamada. En ese orden, el reproche en sede extraordinaria se limita a que el Tribunal equivocó el entendimiento de las disposiciones que regulan las justas causas de terminación de los contratos laborales de los trabajadores oficiales. El propuesto por la entidad recurrente, consiste en que tales causales no son taxativas, por manera que es razonable colegir que la supres1on del cargo, por razones constitucionales o legales, debe ser concebida como «un motijvuosp taor tae rmiunnca orn trato>>. Para denegar la tesis de la censura, basta recordar que si bien, el despido de trabajadores oficiales por la clausura o 6

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Radicacni.ºó5 n2 977 liquidación de una entidad estatal tiene sustento legal, ello no implica que la desvinculación así efectuada se encuentre cobijada por una justa causa, pues «tamlo tinvoos e contedmepnltódr elo a csa usaelsetsa bleecnei lad ratsí culo 48d eDle cr2e1t72o d e1 9 45c,o m<0ous tas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo» (CSJ SL18513-2017). Así lo ha enseñado la Sala de Casación Laboral, de

manera reiterada y pacífica, como fluye de la sentencia CSJ SL, 20 jun. 2012, rad. 43897, reiterada en la decisión mencionada en el párrafo anterior y en las providencias CSJ SL10992-2014, SL5052-2014 y CSJ SL9951-2014, en los siguientes términos: Ciertaemlet netmdeae l as upredseic óanr gcooson c asdieól na denominmaoddae rnizadceiElós nt adcoo,ml oo a cotlaap arte replichaasn itddeoe, f inpioldraCo o retnee ls entdiedc oo nsiderar quel ad esvincucloanctiróadnce ttlur aalb ajpaudeodsree lre gal pernoo constijtuusytceaa usAas.í s ee ncuendtircah o: Frenat leoa ntersieot ri,eq nueen oo bstaqnuteee l a d-quem admiqtuieeó l c ontrdaett roa bqaujeuo n iaó l apsa rtfeisn alizó 'poru nac auslae gya lq'u e' neos j usctaau scao'n,c lquuyeó, dadalsa sc ondicisounige ésn ercirse adpaosrl as eñalada dispostircainósni dteol raCi oan stityu lcainsóo nr maqsu el a desarrnoold leabnía,ap nl iceaner sstece a sloop sr ecelpetgoasl es yc onvenciroengaulleadsde ol rade ess vincuslijanuc sictóaanu sa. Soberset fao rdmeafi nalizdaecvlií ónncc uolnot ralcatbuoayrlaa l,

hat eniodpoo rtulnaiCd oarddte em anifesatlea xrasmei ontarro s casaonsá lopgaorsca,u ydae finhiacm ieómno raidnon umerables pronunciaemnli oecsnu taolhsea hs e cchloa drifae renceinatcrieó n eld espiaduot orilzeagdaol mye enldt ees picdoonj usctaau sa, hacievnedqrou en os iemperlpe r imoebreod eac uen od ee sos determimnoatdioevsso pse cífqiuceeo,nse lo rdednel aj usticia, sirvdeefn u ndamael nate ox tinucniiólna dteeclro anlt ryaq tuoe sed enomi'jnuasnt caasu sacso'm,os one,n t ratánddeols e trabajoafidcoilraa lqs,u ees tablleoacsre tní c1u6l4,o8 ys 4 9d el Decr2e1t72o d e1 9 45y n oo trapso,r qaul eo dse mámso dodse

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Radicación n. º 52977 terminadceiclóo nnt roa dtet rabo anoj ledsa l al eeys afa rmad e deonminación. Como enlo sc aossa nteorreisd eblea S alaad versteigrú,lon q ue viendeee xpresaqrusece u,a no dseh acree fereanldc eisap oi sdin causjau stnoa s,e e xcluaylqe u eop erpaor d ecisuinóinl atdeerla l empleoarcd on auotrizaclieógnad li,s to ianlpt revoi psortu nad e

lasj ustcaasu sadsed espoi,pd orquneo sep uedeeq uipalraa r legaliddela atd e rminadceivlóí nn co cuolne ld espoi pdreceod died justcaa usDae.t aslu erqtueea unc uano,dp areal s ecorto ficial, ela rtío c4u7 ldelD ecro e2t127 de1 9 45e stablloesc meod os de finalizdaecvlií ónnco lualobralyp, a reals ub-exálmosiD neec rose t 2138d e1 99y2 619d e1 99p3e rmiotni leasr upresdieóclna ro gy consiguideenstvei nculúanciicóanm,ec onntset itujyuesnct aau sa, como yas ee xprelsaócs,o n sagradeanlo ss a rtíosc1 u6 l, 48y 4 9 demli som decro e2t127, aluditdaamsb ieénne ll itegr)da elcl i toa d artío c4u7 . l Ya laC ortee,n proceoss similahrae si,n terpor eqtuaeed l propósoi,et ntorter odse,al r tío cturlanosroii 2t0d el aC onstitución Naconiale,s eld e reestrucltausre anrt idaddee sl aR ama Ejecutilovsa ,E stablecoism iPeúnbtlosi,c las Empresas Industryi Caomleersc iayll easEs m presdaesE conomíaM ixtad el OrdenN aconialp,e roe lo lno significqau el an ormatividad producidpaa reas ee feoc htayad eorgado,p arlaos t rabaojraeds

vincuolsa ad laco rreosnpdienatcet iviedcoandó micealr, é gimen comúnd ei ndemnizonaecsil aobraldeesn ot dreclu aslee ncuentra, inclo,ul sap ensipóronpo rconiadle j ubilación. El razonamiento transcrito es suficiente para comprender que el Tribunal no incurrió en el yerro jurídico endilgado, pues sus inferencias se ajustan a los lineamientos jurisprudenciales suficientemente decantados por la Corporación, sin que el cargo que se estudia suministre razón novedosa o adicional que de lugar a la revisión de este criterio. En consecuencia, la acusación no prospera. Sin costas en el recurso extraordinario, dado que no hubo réplica.

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I V Radicanc.iº5 ó 2n9 77

VIII. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 30 de noviembre de 2010, por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral seguido por OTILIO ÁLVAREZ AMAYA contra el INSTITUTO

NACIONAL DE ADECUACIÓN DE TIERRAS -INAT, EN

LIQUIDACIÓN, hoy UGPP.

Sin costas. Cópiese, notifique se, publíquese, cum lase devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ JIMENA ISABEL GODOY FAJARD fifi,.,....,., fi,afi&·