CSJ - SL365-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL365-2023 Radicación n.° 93828 Acta 05 Bogotá D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A. -CI2

S.A.-, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 31 de agosto de 2021, en el proceso que instauró en su contra

SANDRA MARCELA CÁRDENAS PARDO.

I. ANTECEDENTES Sandra Marcela Cárdenas Pardo demandó a la Compañía Internacional de Integración S.A., con el fin de que se declarara la existencia de una relación laboral, a término indefinido, entre el 1º de febrero de 2011 y el 31 de diciembre de 2018; que el despido fue sin justa causa; que se le adeudan las prestaciones sociales de carácter legal y que

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Radicación n.° 93828 realizó los aportes a salud y pensión de su patrimonio durante la vigencia de dicha vinculación. En consecuencia, solicitó que se condenara a la demandada al reconocimiento y pago de las cesantías y sus intereses, las primas de servicio, las vacaciones, las indemnizaciones de que tratan los artículos 64 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo, junto con la indemnización del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por la no consignación de las cesantías; el valor de los aportes a la seguridad social,

junto con la devolución de los dineros por concepto de retención en la fuente. Como fundamento de sus pretensiones, señaló que se vinculó a la Compañía Internacional de Integración S.A. (antes ANDCOM Ltda.), desde el 1º de febrero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2018, fecha en la que se dio la terminación unilateral del contrato; que la prestación del servicio fue de manera personal, subordinada e ininterrumpida, durante los siguientes períodos: Número Fecha de Inicio Fecha Final 1 01/02/2011 31/01/2012 2 31/02/2012 31/01/2013 3 01/02/2013 31/01/2014 4 01/02/2014 31/12/2014 5 01/01/2015 31/12/2015 6 18/01/2016 19/01/2017 7 18/01/2017 17/01/2018 8 02/01/2018 02/01/2019 Informó que desempeñó el cargo de directora del sistema de gestión integral y seguridad de la información y, como tal, era enviada a cualquier parte del país como

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Radicación n.° 93828 comisionada; que cumplía de manera personal las órdenes dadas por la gerencia general y que realizó funciones propias del giro ordinario de la sociedad tales como «[…] la certificación y recertificación de la empresa en Sistemas de Gestión y (sic) requeridas para las licitaciones y contratación de servicios con el sector gobierno y petróleo». Manifestó que participó en la revisión y actualización del reglamento interno de trabajo y la definición de las

políticas y procedimientos de la accionada, y que se le otorgaron elementos de identificación propios de la compañía. También aseguró que era la representante de la sociedad demandada frente a las entidades de certificación, la administradora de riesgos profesionales, los proveedores de servicio y los trabajadores. Explicó que realizaba la evaluación y retroalimentación del desempeño de personal a su cargo; que tenía poder subordinante frente a los trabajadores y que realizaba el seguimiento del cumplimiento o realización de actividades delegadas por la gerencia general. Con respecto a la subordinación, agregó que ejecutaba sus labores cumpliendo las órdenes e instrucciones del gerente y presentando informes en todas las reuniones a las que asistía de forma obligatoria. Adicionó que participó en cursos de actualización financiados directamente por la convocada a juicio.

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Radicación n.° 93828 Comentó que debía estar disponible permanentemente para la atención y respuesta a accidentes de trabajo, consultas y/o realización de actividades en los tiempos definidos por la gerencia y que los documentos, al ser revisados y aprobados por esta, evidenciaban la ausencia de autonomía en el trabajo. Recalcó que revisaba y daba conceptos profesionales frente a los casos de enfermedad laboral, accidentalidad y demandas recibidas y que en el año 2017 se le asignó la revisión del cumplimiento legal, en gestión compartida con la dirección jurídica. Así mismo, indicó que emitió restricciones laborales y recomendaciones médicas a los trabajadores; que representaba a la demandada en las reuniones citadas por

Ecopetrol; que recibía, constantemente, la delegación de nuevas tareas y responsabilidades y que solicitaba autorización a su empleador para realizar nombramientos, otorgar permisos y controlar las ausencias del personal que se encontraba bajo su direccionamiento y subordinación. Narró que, en los desplazamientos a otras ciudades, la pasiva era la encargada de suministrar los tiquetes aéreos y/o terrestres y que le exigía la legalización de los viáticos, mediante el formato prestablecido. En lo referente al salario expresó que devengó los siguientes valores: Fecha de Inicio Fecha Final Valor mensual 01/02/2011 31/01/2012 $1.700.000,00 31/02/2012 31/01/2013 $2.000.000,00 01/02/2013 31/01/2014 $2.400.000,00

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Radicación n.° 93828 Y agregó que el 1º de febrero de 2014 firmó un otrosí al contrato, debido al cambio de razón social, por un valor de $2.500.000 y en lo sucesivo devengó las siguientes sumas: Fecha de Inicio Fecha Final Valor mensual 01/02/2014 31/12/2014 $2.500.000,00 01/01/2015 31/12/2015 $2.500.000,00 18/01/2016 19/01/2017 $2.900.000,00 18/01/2017 17/01/2018 $2.900.000,00 02/01/2018 02/01/2019 $3.500.000,00 Adujo que, durante la vigencia del vínculo laboral, la

empresa no incluyó todos los factores salariales para el pago de su remuneración; que recibía una bonificación anual por los resultados y que ella negociaba los ascensos, incrementos, solicitudes de permiso y vacaciones con el empleador. Respecto a la finalización del vínculo, sostuvo que el 19 de enero de 2019 se le informó lo siguiente: En cuanto al contrato de prestación de servicios, teniendo en cuenta la planeación estratégica y reestructuración para el presente año, se ha tomado la decisión de no hacer uso de sus servicios profesionales para el presente año 2019. Agregó que el día anterior presentó una carta de reclamación y pago de acreencias laborales, que surgieron con ocasión de la relación de trabajo a término indefinido, la cual fue resuelta por la empresa «el 12 de febrero de 2018» (sic) negando su pretensión y aduciendo que no se podía dar trámite por no adjuntar el poder firmado.

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Radicación n.° 93828 Indicó que el 4 de marzo siguiente fue radicada otra reclamación, con las mismas pretensiones, que fue resuelta negativamente el 22 del mismo mes. Aseveró que la empresa contrató a otra persona para desempeñar el cargo que ella ostentó durante varios años, y que hasta la fecha de radicación de la demanda no le había cancelado el valor real de las cesantías y sus intereses, primas de servicio y vacaciones. Al dar respuesta a la demanda, la compañía se opuso a la mayoría de las pretensiones salvo a las que mencionaban que la demandante, en calidad de contratista independiente,

tenía la obligación de realizar los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social. En cuanto a los hechos, admitió los referentes al cambio de razón social; el cargo ocupado por la actora; la dependencia de la gerencia general; la asignación de elementos de identificación; los informes presentados al comité del sistema de gestión integral y revisiones de la dirección así como la obligatoriedad de su asistencia; la aprobación del presupuesto para el control y desarrollo de las actividades requeridas por la empresa; la emisión de restricciones laborales y recomendaciones médicas; el suministro de tiquetes aéreos y/o terrestres; la finalización del contrato; las reclamaciones presentadas y su negativa. De los demás hechos, aseguró que no eran ciertos o que no le constaban.

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Radicación n.° 93828 Sostuvo que no se dan los presupuestos suficientes para declarar la existencia de la subordinación, citando el principio «nemo auditur propiam turpitudinem allegans», «[…] el cual es la prohibición de abusar del derecho propio como forma de acceder a las ventajas indebidas e incluso inmerecidas dentro del ordenamiento jurídico». Lo anterior, pues la demandante pretendió que por la vía judicial se cancelaran sumas de dinero a las cuales no tenía derecho. Consideró que se cancelaron todas las obligaciones dinerarias de manera ajustada al contrato de prestación de servicios; que estos eran considerados «honorarios» y no salario, dada la naturaleza contractual y, adicionalmente, que la compañía siempre actuó con «[…] real y manifiesta buena fe», pues siempre cumplió de manera eficiente con los

deberes y obligaciones. Finalmente, propuso las excepciones que denominó inepta demanda, inexistencia de las obligaciones reclamadas, buena fe y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 24 de febrero de 2020, absolvió a la demandada.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

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Radicación n.° 93828 Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 31 de agosto de 2021, dispuso: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia, conforme la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción de las acreencias e indemnizaciones laborales causadas con anterioridad al 04 de marzo de 2016, salvo el auxilio de cesantías, aportes a pensión y vacaciones compensadas, aclarando que, respecto de éstas últimas, están prescritas las causadas con anterioridad al 04 de marzo de 2015.

TERCERO: DECLARAR que entre la demandada COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A. -CI2 S.A., como empleador y la demandante SANDRA MARCELA CÁRDENAS PARDO, como trabajadora, existió un contrato de trabajo a término indefinido entre 1° de abril de 2011 y el 16 de enero de 2019, en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, vinculo que finalizó el empleador de forma

unilateral sin justa causa, cuyo salario mensual durante la relación laboral se establece, así: abril de 2011 a enero de 2012 por la suma de $1.700.000; febrero de 2012 a enero de 2013 por la suma de $2.000.000; febrero de 2013 a enero de 2014 por la suma de $2.400.000; febrero de 2014 a diciembre de 2015 por la suma de $2.500.000; enero de 2016 a enero de 2018 por la suma de $2.900.000 y febrero de 2018 hasta la finalización de contrato por la suma de $3.500.000, conforme la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: CONDENAR a la demandada COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A. -CI2 S.A a pagar a favor de la demandante SANDRA MARCELA CÁRDENAS PARDO las siguientes sumas: a) $20.130.556 por auxilio de cesantías. b) $1.007.285 por intereses a la cesantía. c) $8.956.111 por prima de servicios. d) $5.762.500 por vacaciones Compensadas, valor que deberá indexarse al momento de su pago. e) $292.000 por diferencias en aportes a seguridad social pagados de más por la demandante. f) $1.007.285 por indemnización por no pago de intereses a la cesantía. g) $19.353.704 por indemnización por despido injusto, valor que deberá indexarse al momento de su pago.

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Radicación n.° 93828 h) $95.310.000 por indemnización por no consignación de

cesantías.

QUINTO: CONDENAR a la demandada COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A. - CI2 S.A. a pagar a favor de la demandante, SANDRA MARCELA CÁRDENAS PARDO, la indemnización moratoria del artículo 65 CST, en cuantía equivalente al valor de un (1) día de salario del último salario, por cada día de mora causado entre el 17 de enero de 2019 al 16 de enero de 2021, cuyo valor asciende a la suma de $84.000.000; y a los intereses moratorios causados sobre el saldo insoluto por prestaciones sociales ($30.093.952), liquidados a la tasa máxima certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, a partir del día 17 de enero de 2021 y hasta cuando se verifique su pago.

SEXTO: CONDENAR a la demandada COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A. - CI2 S.A. a pagar a favor de la demandante SANDRA MARCELA CÁRDENAS PARDO los aportes al Sistema General de Pensiones causados durante la vigencia de la relación laboral, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en que la demandante le informe la Administradora de pensiones donde está afiliada, conforme la parte motiva de esta providencia.

SÉPTIMO: ABSOLVER a la demandada COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A. - CI2 S.A. de las demás pretensiones interpuestas en su contra por la demandante SANDRA MARCELA CÁRDENAS PARDO, conforme la parte considerativa de esta providencia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, consideró

como problema jurídico decidir si «[…] le asiste derecho a la demandante a declarar que entre las partes existió un contrato de trabajo y a las demás pretensiones reclamadas, conforme los requisitos sustanciales previstos en la ley y la jurisprudencia para ello». Aseguró que no fueron objeto de discusión las siguientes situaciones fácticas: i) que en diciembre de 2013 la demandada cambió su razón social de ANDCOM Ltda. por Compañía Internacional de Integración S.A. -CI2 S.A.; ii) que Sandra Marcela Cárdenas Pardo desempeñó el cargo de

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Radicación n.° 93828 directora del SGISI; iii) que la pasiva finalizó el 16 de enero de 2019 el contrato entre las partes, tal y como aceptó al contestar como cierto el hecho 63 de la demanda. Frente al principio de primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones laborales, explicó que, conforme al artículo 53 de la Constitución Política y al artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, este tipo de contrato es aquel por el cual una «[…] persona natural se obliga a prestar su servicio personal a otra persona bajo su continua dependencia o subordinación a cambio de un salario». De igual forma, citó el artículo 23 del mismo estatuto para recordar los elementos esenciales del contrato de trabajo siendo estos la actividad personal, la continuada subordinación y el salario, como retribución del servicio. Adicionalmente, recordó que no deja de serlo por el nombre que se le dé ni por las condiciones o modalidades que se le agreguen. A su vez, comentó que será empleador quien «[…]

ejerza la facultad de subordinación sobre el trabajador, al poderle exigir el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos». Respecto del asunto probatorio, manifestó que el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo consagró la presunción legal de que todo servicio personal lo rige un contrato laboral conforme lo ha explicado esta Sala en las sentencias «CSJ SL2480 de 2018, CSJ SL2608 de 2019, CSJ

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Radicación n.° 93828 SL3616 de 2020, CSJ SL2775 de 2021 y CSJ SL3345 de 2021», entre otras. Citó la Recomendación 198 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para explicar, en conjunto con la sentencia CSJ SL4479-2020, los indicios que se debían tener en cuenta y ser analizados, en especial «i) la integración del trabajador en la organización de la empresa y; ii) que el trabajo sea efectuado únicamente o principalmente en beneficio del contratante». Aludió a los distintos elementos utilizados, en casos donde se reclama la existencia de un contrato de trabajo, y citó algunos de ellos. Posteriormente, acudió a la sentencia CSJ SL3436 de 2021, para explicar que la Corte desarrolló el criterio de «integración en la organización de la empresa», argumentando que este es un indicador complejo, pues parte de considerarla como una actividad que combina factores humanos, materiales e inmateriales al mando de un titular. Tras lo anterior, procedió al análisis del caso en

concreto, indicando que al proceso fueron allegados copia de los contratos de prestación de servicios profesionales, cuya revisión permitió concluir que la demandante prestó su servicio personal desde el 1º de abril de 2011 hasta el 16 de enero de 2019, hechos reconocidos en la contestación de la demanda y en los interrogatorios de parte. Afirmó que la «[…] promotora del litigio se beneficia de la presunción de existencia de contrato de trabajo del artículo 24

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Radicación n.° 93828 CST y le corresponde a la demandada el desvirtuarla» demostrando que no se cumplen los elementos restantes, conforme lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corte. Indicó que, entre las partes, no hubo discusión de que la demandante prestó su servicio tanto de forma remota como personal, siendo precisamente la predominancia de la prestación de servicio a distancia, junto con la falta de un puesto permanente de trabajo en las instalaciones de la organización demandada, y la ausencia de horario y días específicos para asistir a la empresa, razones que fundaron la decisión absolutoria de primera instancia, sin embargo, adujo que esto no era suficiente para desvirtuar la existencia de la subordinación laboral. Citó las normas que fueron usadas por el Ministerio de Trabajo, durante la pandemia del COVID-19, para el uso de las tecnologías de la información y comunicación TICs, para la implementación de condiciones de trabajo de forma remota y distante, tales como el teletrabajo, el trabajo en casa y el trabajo remoto como nueva forma de ejecución del contrato

de trabajo. Afirmó que la ejecución de actividades remuneradas y la prestación de los servicios, usando como soporte las tecnologías TICs para el contacto entre las partes, sin requerirse de la presencia física, no «[…] descarta por sí sola la ausencia de subordinación, por cuanto es posible que a través de medios tecnológicos el empleador ejerza subordinación sobre la persona natural que presta el servicio».

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Radicación n.° 93828 Lo anterior, pues se trata de un medio «[…] eficaz e idóneo para ejercer subordinación, por cuanto a través de las mismas es posible el control de la actividad y comportamiento del trabajador, así como la vigilancia de su conducta». En esta misma línea expresó que, si bien el período de prestación del servicio fue previo a la pandemia por COVID19, resultaba relevante considerar que el desarrollo de dicha relación contractual se sirvió en gran medida de las TICs y la demandante afirmó que usó su computador personal para el desempeño del servicio y que la empresa instaló en su equipo varios programas para el desarrollo de su actividad, permitiendo a esta acceder al sistema de gestión documental, actividades y solicitudes de la organización junto con información «[…] encriptada y el uso de firma digital de la demandante para suscribir documentos en nombre y representación de la sociedad». Por lo tanto, afirmó que esto permitía concluir que la plataforma tecnológica para la prestación del servicio era suministrada por la demandada. Con respecto a los contratos aportados por la demandante, aseguró que contenían cláusulas cuya interpretación razonable y conforme el «[…] uso general de las

palabras, aplicando el artículo 1622 CC, permite concluir que la demandada reservó para si la fuerza productiva de la demandante al ir más allá de la simple contratación del servicio». Ejemplo de esto es que, desde el primer contrato de prestación de servicios suscrito entre las partes, se acordó que la demandante «[…] tendría responsabilidades en el área

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Radicación n.° 93828 de recursos humanos, área de estratégica y calidad y Área de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial». Aludió al contrato de prestación de servicios del 2017 para indicar que a la demandante le fueron impuestas un total de 24 obligaciones específicas y en el de 2018, aumentaron a 26, las cuales fueron reducidas a 22 mediante otrosí del contrato suscrito en dicha anualidad. Sin embargo, manifestó que llamaba la atención que en el último de ellos, se evidenció que la demandante estaba obligada a: i) verificar el cumplimiento y adecuación de procesos, procedimiento y directrices del Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Medio Ambiente (MA) mediante auditorías internas; ii) informar a la alta Dirección de la compañía sobre el desempeño del Sistema de Gestión Integral y Seguridad de la Información (SGISI) y de toda oportunidad de mejora; iii) planear, corregir y subsanar las observaciones de la SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTES al Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESVI); iv) coordinar con la dirección del SGISI las actividades de los recursos humanos asignados por la ARL para alcanzar los objetivos propuestos en los programas de la compañía; v) coordinar con la dirección del SGISI la asignación

de recursos por la ARL; vi) hacer seguimiento hasta resolución de los casos de medicina laboral; vii) diseñar e implementar el plan de auditorías internas y asegurar el proceso de auditorías externas; viii) realizar el acompañamiento en la fase de auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Calidad; ix) liderar la revisión del avance del plan de trabajo definido para la seguridad de la información; x) cumplir el plan de intervención del riesgos psicolaboral; xi) implementar la evaluación de desempeño; xii) asegurar que los contratistas, subcontratistas y demás partes interesadas cumplan con los requisitos de ley y estándares de calidad, SST, SI y MA con auditorias; xiii) cumplir los horarios hábiles del contratante para entregar y emitir toda la información que deban conocer (archivo "OTRO SI CONTRATO 2018' cd fl. 787). Por lo anterior, afirmó que la demandante no se limitó a cumplir una función de asesora, como lo indicó el testigo Christian Zamora, sino que era responsable directa de

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Radicación n.° 93828 sistemas de importancia estratégica de la compañía, como lo eran el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), medio ambiente (MA), seguridad de la información (SGISI), plan estratégico de seguridad vial (PESVI), sistema de gestión integral y seguridad de la información (SGISI), a la vez del seguimiento que realizaba a los recursos de la ARL, los casos de medicina laboral, las auditorías internas y externas, los avances de los planes de trabajo, la evaluación del desempeño, entre otras funciones;

lo que concuerda con el cargo directivo que desarrollaba. Cita las diversas pruebas documentales que respaldaron dicha afirmación: […] el oficio de asignación de responsabilidades por gerencia general del 30 de septiembre de 2016 (fl. 32); formalización de restricciones laborales del 15 de febrero de 2018 (fl. 54 a 56); comunicación de restricciones y recomendaciones de SST del 30 de agosto de 2017 (fl. 57 a 58); formalización de restricciones y medidas de SST del 11 de agosto de 2017 (fl. 59 a 60), comunicación control médico de recomendaciones médicas del 20 de julio de 2017 (fl. 61), así como por su asistencia a las reuniones de revisión de la Dirección por su alto cargo, en las cuales se evaluaban indicadores de alta importancia corporativa, se fijaban presupuestos y se adoptaban planes de trabajo e intervención trasversales a toda la organización, tal y como se observa del acta de reunión del 08 de febrero de 2011, del 24 y 27 de febrero de 2012, del 12 de diciembre de 2012 y 31 de enero de 2013, del 23 de enero de 2014, del 25 de febrero de 2017, del 26 de octubre de 2017, del 31 de enero de 2018 (fl. 127 a 406). De igual forma, manifestó que dada la importancia del rol directivo y de las responsabilidades gerenciales que la demandante tenía a su cargo, era considerado como un cargo de nivel estratégico, únicamente por debajo del asesor jurídico y el gerente general, además de tener bajo su control

directo el personal del nivel coordinador.

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Radicación n.° 93828 También, conforme los documentos, evidenció que, debido al rol directivo, la demandante fungió como representante de la compañía en procesos de certificación de contratistas del sector de hidrocarburos y tenía a su cargo distintas auditorías, inclusive fue relacionada en las actas de modificación del reglamento interno de trabajo. Afirmó que todos los elementos descritos llevaban al convencimiento de que la demandada no logró desvirtuar la presunción de subordinación, ya que se configuraron varios indicios de determinación de relación subordinada, conforme a la Recomendación 198 de la OIT y la regla jurisprudencial adoptada por la Corte en sentencias CSJ SL4479 de 2019, CSJ SL5042 de 2020, CSJ SL1439 de 2021, CSJ SL2955 de 2021, CSJ SL2960 de 2021, CSJ SL3345 de 2021 y CSJ SL3436 de 2021. Agregó que la actora no fungió como una asesora con sus propios medios de producción, capital, personal y asumiendo su propio riesgo, sino que carecía de una estructura propia en el aparato productivo especializado de la empresa y su labor era controlada por esta, pues se le encargó el cumplimiento de importantes funciones empresariales, cumpliendo al momento de finalización del contrato 22 obligaciones que la hacían «[…] responsable directa de sistemas estratégicos como el SG-SST, MA, PESVI, SGISl, auditorías internas y extrenas (sic), evaluación del desempeño, seguimiento a los recursos de la ARL y casos de

medicina laboral, participando en reuniones de nivel estratégico».

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Radicación n.° 93828 En lo referente a la excepción de prescripción, reiteró que las sentencias que reconocen la existencia de un contrato de trabajo son de naturaleza declarativa y no constitutiva de derechos, por lo que era sobre esta premisa que se resolvería dicha excepción y citó las sentencias CSJ SL1084 de 2021 y la CSJ SL1230 de 2021. Narró que la demandada terminó la relación laboral el 16 de enero de 2019, reconociendo que el 18 de enero de 2019 la demandante presentó reclamación escrita, a través de apoderado judicial, solicitando el pago de «[…] prestaciones sociales, vacaciones, indemnización por consignación de cesantías, despido y moratoria y reliquidación y pago de aportes a seguridad social», petición que no tramitó por falta de poder, lo que hizo nuevamente el 4 de marzo de 2019. Adujo que de esta manera interrumpió el término trienal, conforme los artículos 489 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y como la demanda fue radicada, el 23 de mayo de 2019, ocurrió antes del vencimiento del término prescriptivo. Por lo anterior, estableció que los derechos laborales causados con anterioridad del 4 de marzo de 2016 estaban prescritos, salvo aquellos con reglas especiales como las cesantías cuyo término de prescripción iniciaba a la terminación del contrato (CSJ SL3284 de 2021, CSJ SL3296 de 2021 y CSJ SL2625 de 2021), vacaciones al año siguiente

de la prestación del servicio (CSJ SL1701 de 2021, CSJ

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Radicación n.° 93828 SL1702 de 2021 y CSJ SL3345 de 2021) y los aportes a seguridad social que son imprescriptibles (CSJ SL 6 de mayo de 2010, radicación 35083, CSJ SL13900 de 2017 y CSJ SL1375 de 2018). Con respecto al pago de los aportes al sistema de seguridad social, indicó que estos si bien son imprescriptibles y deben ser pagados sobre el valor del salario por parte de la demandada a la entidad administradora de pensiones; dado que la demandante solicita su reembolso, implicaba una petición de indemnización del perjuicio económico por asumir su pago en un porcentaje mayor al exigido, consideró que no se trataba de un asunto relacionado intrínsecamente con la construcción del derecho pensional y en consecuencia esto fue afectado por el fenómeno prescriptivo, estando prescritas todas las diferencias anteriores al 4 de marzo de 2016. En lo referente a la indemnización por despido injusto, manifestó que la pasiva, al aceptar como hecho cierto que la terminación de la relación laboral fue por «[…] decisión de la empresa en razón a su planeación estratégica y reestructuración», lo hizo de manera unilateral y sin justa causa por lo que esta era procedente. Respecto del no pago de intereses a las cesantías, indicó que la llamada a juicio, al afirmar que no pagó dicho concepto, debía reconocer y pagar este emolumento conforme el numeral 3º del artículo 1º de la Ley 52 de 1975.

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Radicación n.° 93828 En cuanto a la solicitud del pago por no consignación de cesantías y la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, consideró que al haber determinado esta Corte el carácter sancionatorio de dichas figuras si se acreditaba la mala fe del empleador, que en el presente caso no se advertían elementos de prueba que demostraran razones objetivas de la conducta omisiva de la demandada, siendo relevante la celebración de diversos contratos de prestación de servicios junto con las demás funciones que le eran atribuibles a la demandante. No resultaban aceptables, dijo, los argumentos de la sociedad demandada sumado al hecho que una vez fue despedida la demandante, su reemplazo fue vinculado mediante contrato de trabajo, sin que existiera razón objetiva para la diferencia de trato. Por lo tanto, manifestó que la conducta del empleador estuvo orientada a evadir la aplicación de la ley laboral, pues las actividades ejercidas por la demandante estuvieron condicionadas al ejercicio permanente del poder subordinante de la demandada, quien hizo caso omiso de dicha circunstancia al encubrir durante siete años y nueve meses la relación laboral mediante contratos de prestación de servicios. Por lo tanto, al dar por acreditada la mala fe de la enjuiciada, impartió condena por indemnización por falta de consignación de las cesantías por el tiempo no prescrito y la moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver en los términos propuestos y dentro de las limitaciones del recurso extraordinario.