CSJ - SL3658-2018

RepúbdleCi oclao mbia ConSeu prdeeJm uas ticia SadleCa a saLcaibóonr al SadleDa e sconNg:1e stión ERNESTFOO RERVOA RGAS Magistproandeon te SL3658-2018 Radicanc.iº5 ó4n8 74 Act2a9 BogotDá.C, . v,e intin(u2e9dv)eae g osdteod osm il dieci(o2c0h1o8 ). DecildaeS alealr ecurdseco a saciinótne rppuoers to MERCEDEOSS PINAAR ANGUREcNo ntlraas entencia profeproilrda Sa a lLaa bodreaD le scongedsetTlir óinb unal SuperdieoDlri stJruidtioc dieBa olg oetlá1 ,5d en oviembre de2 01 1,e ne lp roceosrod inlaarbiooqr uaeli nstaluar ó censucroan terlIa N STITUDTESO E GUROSSO CIALES. l.A NTECEDENTES MerceOdsepsi Anraa ngulrleanma jó u icailIo n stituto deS egurSoosc iacloense ,lfi nd eq ues el ec ondean e reliqyup iadgaalrra m esadpae nsiodneas!dd,ei ciemdberle 2006e,n cuantdíea $ 723.3a2c6t,u aliszeagdúaln a variacpioórnc endteulaI lP Cj,u ntcoo ne lr etroactivo corresponddeisedenel1t º ed eo ctubdre2e 0 0h6a stlaa

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Radicacni.ó5ºn4 874 fecha de cancelación, los intereses moratorias y las costas procesales. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que, mediante la Resolución O 15697 de 2007, el Instituto le concedió pensión de vejez en cuantía de $561.168 desde diciembre de 2006, liquidada con base en 1328 semanas de cotización, aplicando una tasa de reemplazo del 78,63%, sobre un IBL de $713.682; que conforme al salario base de cotización de los últimos diez años, el cual relaciona, actualizado al 2006, le corresponde un ingreso base de liquidación de $919.912, el cual, multiplicado por el 78,63%, arroja una mesada pensiona! de $723.326. Narró que nació el 20 de diciembre de 1949, que prestó servicios en el Hospital de Fontibón desde el 1 º de abril de 1992 hasta el 28 de mayo de 1998, entidad que no realizó aportes a ninguna caja desde el inicio de la relación laboral hasta el 31 de enero de 1995, razón por la cual emitió un bono pensiona! al Instituto por el tiempo laborado y no cotizado, pues de ahí en adelante sí realizó los aportes al fondo de pensiones hasta la terminación del contrato. Agregó que el 1 º de junio de 2009 radicó reclamación ante el ISS, sin recibir respuesta. Mediante providencia del 7 de diciembre de 2009 (f4.0) º el juzgado de conocimiento dio por no contestada la

demanda.

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Radicna.c5ºi4 ó8n7 4 11S.E NTENDCEPI RAI MEIRAN STANCIA El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 21 de mayo de 2010, absolvió al ISS de todas las pretensiones incoadas en su contra, condenó en costas a la actora y dispuso que en caso de no ser apelada la decisión se surtiera el grado jurisdiccional de consulta. 11S1E.N TENDCESI EAG UNIDNAS TANCIA La Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 15 de noviembre de 2011, al desatar el recurso de apelación interpuesto por la señora Mercedes Ospina Aranguren, confirmó la providencia apelada y no impuso costas en instancia. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró que el problema jurídico giraba en torno a establecer si el IBL determinado por el Instituto para liquidar la pensión era correcto o, si por el contrario, tal como lo alega la demandante, no tuvo en cuenta todos los factores salariales cancelados por el empleador cuando la actora laboró a su servicio. Precisó, luego de transcribir la Resolución ine xtenso 15697 de 2007, mediante la cual reconoció la pensión a la O demandante, que no existía duda en cuanto a que el ISS reconoció la pensión de vejez en los términos establecidos en

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el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, ni en que el ingreso base de liquidación fue determinado conf arme a lo dispuesto en el artículo 21 ibídem. Señaló que no se podía endilgar responsabilidad alguna al Instituto por los factores salariales que haya percibido la actora y sobre los cuales no cotizó su empleador, teniendo en cuenta que la pensión se liquidaba conforme a los salarios que se cotizó efectivamente y no lo que devengaba el trabajador, pues este último aspecto no es de la órbita del ente asegurador. . Resaltó que, la anterior precisión cobraba importancia, teniendo en cuenta que el hospital no fue vinculado al proceso, siendo la entidad que debía responder en caso de comprobarse que las cotizaciones se efectuaron por un monto inferior al que realmente devengaba la accionant e. Afirmó que no resultaba procedente ordenar a la ent ifiad demandada efectuar la reliquidación del monto de la pensión, pues de acuerdo con las documentales aportadas al proceso, el ISS reconoció inicialmente la prestación como correspondía, esto es, con base en lo cotizado, pues debía tenerse en cuenta que el IBL no se determina con fundamento en el salario que devengue el empleado, sino con base en el salario sobre el que realmente se cotizó. Precisó que la parte pasiva actuó conforme a la ley, al reconocer la pensión de acuerdo a las cotizaciones recibidas, pues si los aportes se hicieron por un monto menor al que

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Tv Radicación n.º 54874 correspnoinndgíuarn,ea s ponsalbeig leindeardta abla situaaclIi SóSn. Parfian alrieziatrle air móp ortdaenh caibiaen rt egrado la coenl h ospeimtpalle asdilo oqr u,se e p reteenrdaí a litis incremleancsto atri zaqcuieéo snteeefs e cptouerólh , e cho den oi ncleunie rl lfaasoc rtessa larisaelréeílsaq , u ien tendrreísap onsaebnli adl iifdeardde enl ocasip ao rtes.

IV. RECURSO DE CASACIÓN InterppuoeMrse troc eOdsepsiA nraa ngucroennc,e dido poerTl r ibuyan damli tpioldraCo o rsteep ,r ocaer dees olver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Preteenlrd eec urrqeunelt aCe o rctaes leas entencia impugnada parqau ee,ns ede «revocánednos luta o talidad», dei nstanocridaey,n ec ondean leo s oliceintl aadso pretendseil oadn eemsa nda. ·Cotna plr opófsoirtmouu lnca a rfrgeon taelq ues e presernétpal ica.

VI. CARGO ÚNICO Acuslaas entepnocvrií iaan dirpeocertr ard oehr e cho po «r c o ntempplrairm edreom anereaq uivocyas deag unpdoor

desconoclearsp ruebadso cumentaalpeosr tadeans e l

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Radicación n.º 54874 expediecnotnel,l evaa vnidoole alar r tíc3u6dl eoil n ci3s doe laL ey1 00d e1 993». Afirma que el Tribunal desconoció las siguientes º probanzas: historia laboral (f. 27); hoja de prueba i) ii) º versión 5.8 (f. 32). Como pruebas erróneamente apreciadas acusa las certificaciones de información laboral y de salario base, autorizados por parte el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, válidas para la emisión de bonos pensionales y/o para el reconocimiento de pensión (f. 66 a 72). 0s Argumenta que el colegiado desconoció la historia laboral en la que se reporta el salario sobre el que cotizó la demandante, la cual nunca fue observada, ni mucho menos analizada; que ese documento refleja las cotizaciones efectuadas por la actora desde mayo 19 de 1994 hasta el 31 de diciembre de 1994, lapso en el que cotizó 32.49 semanas, con la fundación Santa fe de Bogotá; que como trabajadora independiente aportó desde marzo de 1999 hasta noviembre de 2006; los meses de abril y mayo de 1995 como subordinada de la Fundación Cardio Infantil. Manifiesta que ese documento refleja el IBL sobre el que cotizó la demandante, cuyo contenido coincide con el plasmado en el hecho tres de la demanda inaugural; que el colegiado solo se refirió a los aportes del Hospital de Fontibón, pero dejó por fuera los que corresponden como

y trabajaidnodreap endileondste eo troesm pleadoqrueees l; error del Tribunal estriba en concluir que «sosleoe staba pidietnednoee rnc uenetnal ar eliquidealIc BiLró enp ortado

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Radicación n. 5487 4 º el HOSPITAL DE FONTIBÓN», lo cual no es así, ya el solo hecho de desconocer los aportes realizados por la actora desde 1999 a 2006 genera un yerro en la liquidación de la mesada pensiona!. Con relación a las certificaciones de información laboral y de salario base, autorizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, afirma que no fueron tenidas en cuenta a pesar de ser prueba idónea para determinar si el ingreso base plasmado en la demanda fue el que devengó la actora y sobre el que el Hospital de Fontibón cotizó. Agrega que con esa prueba el juzgador podía realizar la reliquidación de la mesada pensiona!, pues de lo contrario, no tenía forma de comparar si el IBL indicado en el escrito inaugural es igual al percibido por la actora y sobre el que cotizó el Hospital. Expone que la certificación suscrita por la coordinadora de talento humano del Hospital, con la que se adjuntan las certificaciones de información laboral y de salario base, autorizados por el Ministerio, junto con las que acreditan los salarios devengados en los años 1995, 1996, 1997 y 1998, demuestran que el IBL que se señaló en la demanda para los años 1996, 1997 y 1998, fue menor al que realmente devengó

y pagó el Hospital; que el IBL que reportó y pagó el empleador, con autorización del Ministerio, fue mayor al de la demanda y al que se tuvo en cuenta al momento de liquidar la pensión, pues en la demanda, para el año de 1996, se estableció un IBL de $306.387, y en los certificados laborales «T IPOB ONO PENSIONAsDe >r efleja uno de 7

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Radicanc.i5ºó4 n8 74 $4 24. 215; que lo propio ocurre respecto del ingreso base de liquidación de los años 1997 y 1998. Arguye que el colegiado yerra al desconocer esta documental, la cual establece los factores salariales que el Hospital tuvo en cuenta y reportó al ISS para el reconocimiento de la pensión, previa autorización del Ministerio para la expedición del bono pensiona!; que si se hubieran valorado esos documentos, hubiese encontrado que el empleador, al momento de reportar los salarios base de cotización para pensión en los formatos 1 y 2, fueron superiores a los reportados en la demanda y a los plasmados por el ISS en la hoja de prueba versión 5.8. Con relación a la hoja de prueba, versión 5.8, manifiesta que el ad quem simplemente se limitó a consignar que el ISS, de acuerdo a las pruebas documentales aportadas, reconoció la pensión como correspondía. Manifiesta que si se mira el IBL que contiene la hoja, correspondiente al lapso transcurrido entre el 9 de abril de 1995 y el 1 º de noviembre de 2006, se comprueba que éste difiere totalmente del reportado por el Hospital, quien para el

año de 1997, de acuerdo a los f arma.tos 1 y 2 y las certificaciones salariales, registró un salario de $791.189, pero en la hoja de prueba se evidencia un IBL de $480. 142 , lo cual también ocurre con los de los años 1998, 1999, 2000, 2001 ,2002, 2003, 2004, 2005 y 2006.

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Radicna.c5ºi4 ó8n7 4 Señala que en la sentencia se desconocieron totalmente, tanto la historia laboral como las certificaciones, pues ni siquiera se mencionan de manera general o específica, ni mucho menos estableció su mérito probatorio; que si se hubiese observado de manera adecuada la hoja de versión 5.8, el colegiado habría concluido que el IBL sobre el cual el ISS realizó la liquidación de la pensión no fue el mismo que se encuentra reportado en la historia laboral y en los formatos 1 y 2 expedidos por el Hospital de Fontibón.

VII. RÉPLICA El Instituto opositor señala que la demanda adolece de desatinos que comprometen su prosperidad, como quiera que no reúne los presupuestos para ello, los cuales, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de racionalidad; que el recurso extraordinario no es una tercera instancia; que para la prosperidad del recurso es necesario atacar y destruir todos los soportes jurídicos y fácticos en que se base la sentencia del Tribunal, ya que con uno solo que se deje de controvertir es suficiente para que se mantenga la presunción de acierto y legalidad que cobija el

fallo recurrido. Señala que la censura no supo orientar la acusación, ya que basta con relacionar los términos en que se plantea con la argumentación que expuso el Tribunal para darse cuenta que no puede imputarse errónea valoración o la falta de apreciación de las pruebas que se citan, dado que la decisión « descanesnoa t rpolsa nteamiqeuneit mopso nísauan t aqyu,e 9 SCLAJPT-10 V.DO Radicación n.º 54874 pore ndes,ud esquiciapmoiroe tnrstaeo n,d ya c onr azones pues se dejan incólumes los argumentos diferentes», esenciales de la decisión.

VIII. CONSIDERACIONES Inicialmente, se recuerda que el recurso extraordinario de casación no le otorga competencia a la Sala para juzgar la controversia planteada en el proceso a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, habida cuenta que su labor, siempre que el recurrente plantee bien la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia acusada para establecer si el Tribunal atendió las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para solucionar correctamente la controversia sometida a su consideración y a mantener el imperio de la ley. Por lo anterior, se ha dicho que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia, no quienes actuaron como partes en las instancias.

Asimismo, se ha mantenido que para la consecución del objeto de la casación la demanda debe reunir no solo los requisitos formales previstos en el artículo 90 del CPTSS, sino que la acusación debe ser lógica, ajustada a los

requisitos m1n1mos de orden técnico, clara en su planteamiento, completa en su desarrollo y eficaz en el objetivo perseguido (CSJ SL5268-2017). Precisado lo anterior, encuentra la Sala que la sustentación del recurso adolece de algunos desatinos que comprometen su prosperidad, los cuales no son susceptibles 10

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T'Q Radicación n. º 54874 de corregir por virtud del carácter dispositivo que nge al recurso extraordinario, tal como se señala en seguida: 1.- En el alcance de la impugnación, la censura incurre en la impropiedad de solicitarle a la Sala casar la sentencia del Tribunal, revocándola en su totalidad, lo cual no es posible, en razón a que una vez quebrantada la decisión del ad quem, ésta desaparece del mundo jurídico y no es posible revocar lo que no existe. 2.- El literal a) del artículo 90 de CPTSS establece que la demanda de casación debe indicar el precepto legal sustantivo de orden nacional que se estime vulnerado y el concepto de violación de la ley. Revisado el texto de la acusación se observa que carece de manera absoluta de proposición jurídica, pues no se indica al na norma legal gu de orden sustantivo que consagre el derecho reclamado o que constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente, haya sido trasgredida. Ahora, si bien la censura señala que el desconocimiento de las pruebas adosadas al expediente condujo al colegiado «violar el artículo 36 del inciso 3 de la Ley 1 00 de 1 993», esta

norma no permite a la Sala dar cumplido el presupuesto de la proposición jurídica, como quiera esa disposición no consagra el derecho que acá se pretende ni en ella se basó el juez de se nda instancia para emitir la decisión. gu Se afirma lo anterior por cuant o el ad quem fundamentó la sentencia en que en el subj udisec deeb atía la 11 SCLAJPT-10 V.DO Radicación n.º 54874 reliquiddaec liaóp ne ns1doen v eJerze conocai ldaa demandaennlt oets é rmiensotsa bleecnei lad rotsí c3u3dl eo laL e1y0 0d e1 993m,o dificpaoderol a rtíc9du ell oaL ey7 97 de2 003y quee li ngrebsaos ed el iquidadceibóína ibidem, determincaornasfre m ea la rtíc2u1l o loc uanlo estaebnad iscuspioótrna ;n teola, r tíc3u6dl eol am enciona lenyo l ep ermiatl eaS aldaa pro rs upleildp or esupudees to lap roposijcuiróíndp iuceans,o s et radteau nap restación reconoccoinfd uan dameennet lor égimdeetn r ansiaclilóín consignado. 3.-Igualmenetle r,e curreonmtiet es eñalar expresameenlct oen cedpetv oi oladceil óaln eq yu el ea chaca alc olegieasdd oe,c inro,i ndiscias ei mputian fracción direacptlai,c aicnidóenbo ii dnat erpreetrarcóinfóeonar ,m as

dev ioladceil óalnse ydeestl r abyad jeol as egurisdoacdi al. 4-.C onstictruiyteie nrvieot edrela aSd aol qau,ec uando sea cuslaai nfracciinódni rdeecl tala e ye,sa bsolutamente indispensseañballeeas rp ecíficalmoeesnr treod reeh se cho enq uep udhoa beirn curreilTd roi bunsailn,g ulalraisz ar pruebqauses upuestamfeunetraeop nr ecidaedm aasn era erróynl eaads e jaddaevs a loprraerc,i sraensdpoed cect aod a unac,o nt otcalla rildoqa udee, l laacsr edyic tóamneo l j uez extracjoon clusifoáncetsi ccaosn trarai also que objetivacmaednmate ed ipor obataocrrieod eistd ae,c ierl, impugnafrnetneta ec aduan ad el apsr obanqzuaees n lista, debeex plilcoqa urec aduan ad iclea,e quivoceancq iuóen incurerlif óa llayd olra i ncidedneclie ar roern las conclusfiáocnteifscu ansd amendteal lase esn tencia.

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Radicanc.i5ºó4 n8 74 Se dice lo anterior por cuanto en el cargo no se o especificealn l oesr rodreehs e cheon l oqsu ep udoh aber incurrido el colegiado, pues si bien se ocupa de estudiar algunas de las pruebas documentales, ello no le permite a la

Sala establecer con absoluta claridad los yerros que se imputan al ad quem, máxime que el desarrollo del cargo no se puede inferir con claridad el o los yerros de hecho que se imputan. 5.- El Tribunal fundamentó su decisión en lo siguiente: i) al Instituto no se le puede imputar responsabilidad alguna por los factores salariales que haya percibido la actora y sobre los cuales no cotizó su empleador; ii) la pensión se liquidó conforme a los salarios sobre los que se cotizó efectivamente y no sobre lo que devengaba la demandante; y iii) que el Hospital de Fontibón, como empleador, debió vincularse al proceso porque era la entidad que debía responder en caso de comprobarse que las cotizaciones se efectuaron por un monto inferior al que realmente devengaba la actora. En el cargo no se atacan los argumentos 1 y 3, los cuales constituyen puntos esenciales de la decisión que conllevó la absolución de la entidad demandada, omisión que impide el quiebre de la sentencia impugnada, pues es sabido que es deber imperativo del recurrente en casac1on desquiciar todos los sustentos fácticos y jurídicos del fallo, ya que basta con que uno solo de ellos quede incólume para mantener la decisión, por virtud de la doble presunción de acierto y legalidad que abriga la sentencia.

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Radicación n.º 54874 En efecto, revisada la demanda de casac1on, el recurrente centra su inconformidad principalmente en imputar al ad quem el desconocimiento de algunas pruebas, según las cuales el ingreso base de liquidación que se tuvo

en cuenta por parte del ISS al momento de liquidar la pensión es inferior al que realmente le correspondía, pero, en manera alguna, se ocupa de intentar demoler los otros fundamentos de la decisión del Tribunal. Es decir, el ataque está orientado a derruir uno solo de los argumentos que soportan la decisión recurrida, pero deja incólumes los demás. Así las cosas, al recurrente le correspondía atacar y desvirtuar todos y cada uno de los argumentos esenciales de la sentencia acusada. Recuérdese que las acusaciones exiguas, precarias o parciales carecen de la virtualidad suficiente en el horizonte de la aniquilación de una sentencia en el ámbito de la casación del trabajo y de la seguridad social, en cuanto dejen subsistiendo sus fundamentos sustanciales, pues nada conseguirá el impugnante si no combate todas las razones aducidas por el ad quem al fundamentar su decisión , porque, en tal caso, así tenga razón en la crítica que formula, la decisión seguirá apoyada en las restantes que dejó libres de ataque. Lo anterior comporta que lo decidido, con independencia del acierto del recurrente y de que la Sala comparta o no sus deducciones, se mantenga incólume por estar abrigada por la presunción de legalidad y acierto, propia de las sentencias judiciales. 6.- Ahora, en cuanto a la inconformidad de la censura relacionada con que el ad quem solo se refirió a los aportes

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Radicación n.º 54874 del Hospital de Fontibón, pero dejó por fuera los que

corresponden como trabajadora independiente y los de otros empleadores; por tanto, el error del Tribunal estriba en concluir que «oslsoee satbpai dietnedneoen rc uenetnla a reqluiidaecIliBL ór npe otradeoHl O SPIALTD EF ONTBIÓNlo, cual no es así, basta con revisar el contenido del escrito contentivo del recurso de apelación impetrado por la actora, para darse cuenta que ese puntual aspecto no fue planteado en el recurso de la alzada, ni se adujo como cauaspetenend i el escrito inaugural; de manera que ello constituye un hecho nuevo, el cual no puede ser considerado en sede casación, puesto que ello implicaría variar la relación jurídica procesal. Por las razones expuestas el cargo se desestima. Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrent e. Las agencias en derecho se fijan en la suma de tres millones setecientos cincuenta mil pesos ($3.750.000,oo), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lq dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 15 de noviembre de 2011, en el proceso ordinario laboral que

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Radicanc.i5ºó4 n8 74

instauró MERCEDES OSPINA ARANGUREN contra el

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

Costas como se indicó en la parte motiva. Notifiquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. ••• fi

MILIO BELTRÁN QUINTERO

$ ERO VARGAS f,p►Y•l;fifi;•., n,1,:::;Ui;\fifi\ '\;>\Mlft..,_,fififi Jl.Y.t"'• ,:¡;fififi • RepblliidceCa o mlboia Repubd1eC1 oclao mbia Cor.tSeu mrarLe eiJ :i.c1isat _C __o _t _S tu ,,..,.fi ,...o ,, m r _: "eo ....,rfiJ ,, 1 _s 1.:c1i; s";;7'fit/fi;;;;fi !;L-- :;¡; Salar fGo ñsa::L1a0b1o!r al fi:::'fi:.:j:: :.:\:fi, ,!l !fi,i':' S:fi!ttellf;!fili( itiJrltó