CSJ - SL3666-2019

RepúbdleCi oclao mbia CorStuep rdeeJm uas ticia SaldaeC asacLiaóbno ral SaldaeD escongNe:ts tión DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL3666-2019 Radicación n. 70706 º Acta 30 Bogotá, D. C., tres (3) de septiembre de dos mil diecinueve (2019). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por MERY ESTHER GALVÁN DE SOTO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, el 15 de diciembre de 2014 en el proceso ordinario laboral que instauró JANET MARÍA GUETE PACHECO y la recurrente contra LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN

SOCIAL -UGPP.

l. ANTECEDENTES

Janet María Guete Pacheco llamó a la Unidad JUICIO Administrativa Especial de Gestión Pensiona! y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP,

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n. º 70706 con el fin de que se condene a la demandada al pago ens u de la pensión de sobrevivientes, en calidad de totalidad compañera permanente del señor Heriberto Antonio Alvarado Orozco, a partir del 14 de noviembre de 2010; las mesadas pensionales adeudadas desde el 15 de noviembre de 2010 incluidas las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año hasta su pago efectivo, la indexación más los

incrementos y reajustes de ley; los intereses moratorias consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1 993; lo que resulte probado extra y ultra y las costas del proceso. petita Fundamentó sus peticiones, en que el señor Heriberto Antonio Alvarado Orozco, laboró en la liquidada Empresa Puertos de Colombia, Terminal Marítimo de Santa Marta durante 20 años y que mediante Resolución nº 133256 del 16 de septiembre de 1986 le reconoció pensión de jubilación a partir del 13 de julio de 1992, en cuantía mensual de $94.820.25, correspondiente al 80% promedio mensual del salario devengado en el último año de servicios. Señaló que convivió con Heriberto Antonio Alvarado Orozco durante más de 30 años, incluso a partir del momento en que le diagnosticaron cáncer de próstata a mediados del 2008, y hasta la fecha de su muerte (14 de noviembre de 2010). Indicó que acompañó al causante en la lucha por superar la enfermedad, y que junto con Yuliech Maria Alvarado Guete, hija en común, lo asistieron en la Clínica la Milagrosa en Santa Marta y cuando lo trasladaron a la Clínica General del Norte en Barranquilla, donde falleció.

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Radicación n.º 70706 Adujo que el causante estuvo en nomina de pensionados de Puertos de Colombia hasta el mes de noviembre de 2010, y que para el momento del deceso percibía una mesada mensual de $3 fi 458. 940. Precisó que

solicitó ante el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de la extinta Empresa Puertos de Colombia, el auxilio funerario por la muerte del pensionado, la cual fue resuelta favorablemente a través de Resolución n 001924 º del 31 de diciembre de 201 O. Del mismo modo, indicó que el 7 de diciembre de 2010, reclamó la pensión de sobrevivientes y su inclusión en nómina, en calidad de compañera permanente y «única beneficiaria del causante», así mismo, sostuvo que la señora Mery Esther Galván de Soto, solicitó igualmente el derecho pensiona! en la misma fecha, en condición de compañera permanente del causante, peticiones que fueron recibidas por la UGPP el 24 de mayo de 2012, bajo el radicado SOP 2012000018681. Indicó que el 6 de diciembre de 2012, se notificó de la resolución RDP 016034 del 19 de noviembre de 2012, en la que se le reconoció la pensión en un porcentaje del 44.5% y a Mery Esther Galván de Soto en un 55.5%, frente al cual, el 14 de diciembre de 2012, interpuso los recursos de ley, con el fin de obtener el reconocimiento total de la pensión, o en su defecto, que esta se dejara en suspenso hasta que la justicia ordinaria laboral resolviera a cuál de las dos campaneras le correspondía el derecho a percibir la prestación. 3

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Radicación n. º 70706 Señaló que dicha resolución fue confirmada en primera instancia a través de Resolución RDP 021130 del 27 de

diciembre de 2012, y revocada a través de Resolución nº 011273 del 7 de marzo de 2013, agotando así la vía gubernativa y «abriendo las puertas para que sea la justicia ordinaria laboral la que decida a cuál de las dos compañeras le corresponde la pensión del causante». Por último, afirmó que Heriberto Antonio Alvarado Orozco solo cohabitó con Mery Esther Galván de Soto durante 18 años, así mismo, precisó que el causante una vez terminó la relación con ésta en el año 1978, convivió única y exclusivamente con la demandante, Janet María Guete Pacheco. Mediante auto del 4 de diciembre de 2013, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta, resolvió acumular el proceso ordinario adelantado por Mery Esther Galván de Soto contra Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensiona! y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP, el cual cursaba en el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de la misma ciudad (f' 125 y 126, cuaderno principal). En este proceso, Mery Esther Galván de Soto llamó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión JUICIO Pensiona! y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, con el fin de que se condene al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes y en consecuencia al

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4 Radicación n.º 70706 pago de las mesadas pensionales dejadas de percibir desde la muerte del causante, las mesadas adicionales junto con sus respectivos ajustes, la indexación, los intereses

moratorias y las costas del proceso. Para sustentar sus pretensiones, sostuvo que el señor Heriberto Antonio Alvarado Orozco, fue pensionado por la extinta empresa Puertos de Colombia, recibiendo el pago de las mesadas a través del FOPEP y posteriormente a través de la UGPP. Precisó que convivió y dependió económicamente del pensionado fallecido, durante 40 años y hasta el día de su muerte, el 14 de noviembre de 2010, e indicó que en vida, el causante la tuvo como beneficiaria de los servicios médicos y que procreó con éste 5 hijos. Manifestó que el 6 de diciembre de 2012 se notificó de la Resolución RDP O 16034 del 19 de noviembre del mismo año, bajo el radicado SOP 201200018681, en la que se le reconoció el 55% de la pensión de sobrevivientes, que en vida disfrutaba su compañero permanente. Sostuvo que el 7 de diciembre de 2010, solicitó ante el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Pensiona! de Puertos de Colombia, ser incluida en nómina de pensionados, «luego de ser notificada de la resolución número RDP021130 del 27 de diciembre 2012». Adujo que en respuesta al recurso de reposición, en contra de la Resolución 16034 del 19 de noviembre de 2012, dicho acto se confirmó y señaló que el 1 O de abril de 2013 se notificó de la Resolución RDP0l 1273 del 7 de marzo de 2013,

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Radicación n. º 70706 la cual revocó la primera resolución, dejando en suspenso el

derecho pensiona!. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensiona! y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP, al contestar la demanda presentada por Mery Esther Galván de Soto, se opuso a las pretensiones al considerar que la demandan te no era beneficiaria de la pensión de sobrevivientes por no cumplir con los requisitos exigidos en la ley, especialmente la convivencia con el causante. Frente a los hechos, solo aceptó la fecha en la que murió el pensionado y en relación a los demás, dijo no constarle y atenerse a lo que resultare probado en el proceso. Afirmó que con el traslado de la demanda no se allegaron los soportes de las afirmaciones elevadas y en su defensa propuso las excepciones de inexistencia de las obligaciones, cobro de lo no debido, buena fe, prescripción y la genérica e innominada. Mediante auto del 23 de enero de 2014, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta, tuvo por no contestada la demanda formulada por Janet Maria Guete Pacheco.

11. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta, mediante fallo del 4 de febrero de 2014, resolvió:

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Radicación n.º 70706

PRIMERCOO:N DENALAR UNIDADA DMINISTRATIVA

ESPECIDAEGL E STIPÓENN SIOYN CAOLN TRIBUCIONES PARAFISCADLEE LSA P ROTECCSIOÓCNIA Lfi fiuGaP P" reconocer y pagar pensión de sobrevivientes a la señora YANET

MARIAG UETPEA CHE(sCic)O, en un 70. 45% y a MERY GAL VÁN DE SOTO en 2 9. 55% como compañeras permanentes del señor HERIBERTO AL VARADO OROZCO, en cuantía equivalente al valor que recibía el causante desde la fecha de fallecimiento, esto es desde el 14 de noviembre de 201O , y las mesadas que se sigan causando con los reajustes que establece la Ley.

SEGUNDCOO:N DENaA RL A UNIDADA DMINISTRATIVA

ESPECIADLEG ESTIPÓENN SIOYN CAOLNT RIBUCIONES PARAFISCADLELAE SP ROTECCSIOÓCNIA" LU GPa Ppa"ga r a la señora YANETMA RIA GUETPEA CHE(sCic)O, r etroactivo O pensiona[ del 14 de noviembre de 201 al 31 de enero de 2014 en la suma de $116. 7119.55 (sic).

TERCERCOO: N DENAA RLA UNIDADA DMINISTRATIVA ESPECIDAEGL E STIPÓENN SIOYN CAOLNT RIBUCIONES PARAFISCADLELE ASP ROTECCSIOÓCNI" AULG PaP pa"ga r a la señora MERGYA LVDÁENS OTrOet,roa ctivo pensiona[ desde el 14 de noviembre de 201O al 31 de enero de 2014 en la suma de

$49.087.400.00.

CUARTDOE: C LARAR no probadas las excepciones de prescripción inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido y probada la de buena fe.

QUINTAOB:S OLVAE RL A UNIDADA DMINISTRATIVA

ESPECIDAEGL E STIPÓENN SIOYN CAOLNT RIBUCIONES PARAFISCADLELE ASP ROTECCSIOÓCNI" AULG PdPe "las, pretensiones de intereses moratorias y costas.

SEXTCOon: sú ltese esta providencia conforme lo dispone el código del trabajo y de la seguridad social ante la Sala Laboral del

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta.

SEPTISMin Ocos: ta s.

111. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación interpuesta por la demandante Janet Maria Guete Pacheco y en virtud del grado jurisdiccional de consulta, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito

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Radicación n. º 70706 Judicial de Santa Marta mediante fallo del 15 de diciembre de 2014, resolvió: PRIMERMOO:D IFICelA nuSmEer al primero de la sentencia de primer grado, en el sentido de que el 10 0% de la pensión de sobrevivientes le corresponde a la demandante Janet Guete Pacheco. Se absuelve a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensiona[ y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social de reconocer y pagar pensión de sobrevivientes a Mery Galván de Soto. Lo demás queda igual.

SEGUNDMOO: D IFÍCel AnuSmEera l segundo de la sentencia de primera instancia, en el sentido de que la totalidad del retroactivo a pagar a Janet Guete Pacheco asciende a $152. 979.249. 98, y el que se siga causando.

TERCERSOE: R EVOCelA n umeral tercero de la sentencia de primera instancia y, en su lugar, dispone absolver a la

se demandada del pago de retroactivo a Mery Galván de Soto.

CUARTSOe c: on firman las demás disposiciones.

QUINTSiOn : en instancia. costas esta En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal señaló que de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para tener derecho a la pensión de sobrevivientes por causa de muerte del afiliado o pensionado, la cónyuge o compañera permanente supérstite, deben acreditar vida marital con el causante, por lo menos durante los cinco años anteriores al fallecimiento, sin que este requisito pueda suplirse con la existencia de hijos comunes.

Sostuvo que la Corte Constitucional en sentencia C1035 de 2008, declaró condicionalmente exequible el último aparte de la disposición citada, en el entendido de que,

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8 Radicna.7cº0i 7ó0n6 además de la esposa o el esposo, son también beneficiarios la compañera o compañero permanente, y que la pensión se dividirá entre ellos en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido. Sobre el caso bajo de análisis, el Tribunal no discutió que Heriberto Alvarado Soto, a su muerte, ostentaba la calidad de pensionado de la entidad llamada a juicio, prestación que le fue reconocida mediante la Resolución 133256 de 1986, por lo tanto, centró como problema jurídico, determinar si las reclamantes Janet María Guete Pacheco y Mery Esther Galván de Soto, quienes aseguraron ser compañeras permanentes del causante y beneficiarias de la pensión de sobrevivientes, acreditaron el requisito de

convivencia que exige la norma vigente al momento del fallecimiento. Frente a lo anterior, indicó que, para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, debía observarse la situación real de vida en común, entendiendo la convivencia como la efectiva vida de pareja, anclada en lazos de afecto y forjada en la solidaridad, la colaboración y el apoyo mutuo. Así pues, relacionó las declaraciones de los testigos, Mabel Alvarado de Pacheco, Teresita Alvarado Orozco y Julieth Alvarado Guete de las que evidenció, entre otras cosas, que: (iel) ca usante cohabitó con Mery Esther Galván de Soto y luego conoc10 a Ja net Guete con quién convivió hasta el día de su muerte, (iiqu)e le ayudaba económicamente a Mery Esther Galván de Soto; y (iii) que 9 SCLAJPT-10 V.DO Radicación n. º 70706 ésta era beneficiaria en salud del causante. Por otro lado, señaló que si bien el testigo Álvaro Viana Herrera manifestó que el causante mencionó que convivió con ambas mujeres, precisó que ello no le constaba, y que no conocía donde el causante residió durante su enfermedad. En ese orden de ideas, el ad quem concluyó que el testimonio de Álvaro Viana Herrera, resultaba insuficiente para dar credibilidad a convivencia del causante con Mery Esther Galván hasta el último momento de su vida, pues frente a ello dijo no constarle, así mismo, señaló que lo dicho por la testigo Julieth Alvarado Guete, no fue suficiente para

acreditar la convivencia con Mery Esther Galván, pues el hecho de que el pensionado le colaborara económicamente a su anterior pareja de forma mensual, no demostraba la convivencia real y efectiva. Por otro lado, relacionó el interrogatorio que absolvieron las reclamantes, así: Mery Esther Galván de Soto expresó que se comprometió con el causante desde el 23 de noviembre de 1966, que estuvo con él hasta que enfermó, y que éste le proporcionado sustento económico para ella y sus hijos. Por su parte, Janet Guete Pacheco dijo que conoció al causante en el año 1979 y que empezó a vivir con éste ese mismo año; que lo acompañó a Bogotá para tratar su enfermedad; que a los 6 años de convivir con ella dejó de residir con Mery Esther Galván de Soto, pero que seguía respondiendo por sus hijos. Así las cosas, el Tribunal determinó que Janet Guete Pacheco convivió con el causante por más de cinco años

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Radicación n.º 70706 anteriores a su muerte, por lo menos desde 1979, año en que nació la primera hija procreada por ambos; así mismo, sostuvo que no podía hablarse de convivencia simultánea con la señora Mery Esther Galván, pues al analizar la prueba testimonial y el interrogatorio de parte, entendió que el causante convivió primero con esta última y luego con Janet Guete Pacheco, es decir, que convivió con ambas en tiempos distintos y con quién mantuvo la convivencia hasta su muerte fue con ésta última. Por otro lado, señaló que si bien, el causante en vida

manifestó al Grupo Interno de Trabajo Para el Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, su voluntad de designar como beneficiarias de su pensión a J anet Guete Pacheco en un 60% y Mery Galván de Soto en un 40% (:í° 40) ello no tenía la vocación de reemplazar la exigencia de la ley, a saber, el requisito de convivencia. Al respecto mencionó la sentencia CSJ SL, 10 nov 2009, rad 35063. Aclaró que no era necesario examinar la dependencia económica de Janet Guete Pacheco respecto del causante, y afirmó que el hecho de que ésta recibiera una mesada pensiona! por la muerte de su hijo, no afectaba el derecho a percibir la pensión de sobrevivientes solicitada. De otro lado, indicó que en relación a la afiliación que hizo el causante de Mery Esther Galván de Soto a la seguridad social en salud y la copia del carné de afiliación (f° 141), no probaban la convivencia real y efectiva entre el causante y ésta; así mismo, indicó que no era posible pagar

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Radicancº.7i 0ó7n0 6 la pensión en proporcionalidad al tiempo convivido por cada una de las reclamantes, por cuanto el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 4 7 de la Ley 100 de 1993, no contempló la división proporcional entre dos compañeras o compañeros permanentes, cuando no hay simultaneidad de convivencia, la norma restringe esta posibilidad para cuando se presenta entre cónyuge y

compañera o compañero permanente. En ese orden de ideas, reconoció la pens1on de sobrevivientes a partir del fallecimiento del pensionado, el 14 de noviembre de 2010, en un 100% a favor de Janet Guete Pacheco, y en cuanto a la prescripción sostuvo que si bien la pens1on de sobrevivientes se causó el 14 de noviembre de 2010 y la demandante Janet Guete Pacheco solicitó el derecho el 7 de diciembre de 201 O (folios 30 y 31), para el momento en que se presentó la demanda, el 5 de junio de 2013, no habían transcurrido tres años para que operara el mencionado fenómeno.

IV.R ECURDSEOC ASACIÓN.

El recurso fue interpuesto por la parte demandante Mery Esther Galván de Soto, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se procede a resolver.

V. ALCANDCEEL AI MPUGNACIÓN La recurren te pretende que la Corte case la sentencia impugnada, « mediante la cual revocó la sentencia proferida

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Radicación n.º 70706 por el Juzgado 2 Laboral del Circuito de Santa Marta de fecha 4 de febrero de 2014, la cual condenó a la pensión de sobrevivientes, compartida a la señora Mery Esther Galván de Soto y a Janet María Guette Pacheco, junto con los reajustes, mesadas adicionales, debidamente indexadas más los intereses moratorias, más las costas y agencias en derecho» (í° 16 del cuaderno de la Corte). Con tal propósito formula un cargo, por la causal

primera de casación, el que es replicado por la demandante Janet Guete Pacheco y por la demandada UGPP, dentro del término legal. VI.C ARGÚON ICO Acusa la sentencia impugnada por violación indirecta, en la modalidad de_ aplicación indebida, de las siguientes normas: Artílcou4s6y 4 7 del aL e1y 00d e1 993m,o dfiicaednso uso rden polro asr tlíoc1su2 y 1 3d el aL ey79 7 de2 030,4 85,3 y 2 28d e laC onstiPtoluíctieiónrcn lea a ccioólnno asr tíc1ºu 1,l ,8o1 s9y 2 1 deClS. .d eTl;1 77d eClP. C.;y 6 06,1 y 1 54d eClP. d eTly d el a SS., e nc onsoncaonlnca issae t nencuinaásmn eisd el aH .C orte Surpmead eJ usitcyiC ao rCtoen stitucional. En la demostración del cargo, precisa que el Tribunal no se detuvo a analizar si hubo convivencia simultánea del señor Heriberto Antonio Alvarado Orozco con la recurrente y la señora Janet Maria Guete Pacheco, lo cual se encuentra acreditado con las pruebas allegadas.

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Radicación n. º 70706 Señala que el ad quem erró al apreciar los siguientes medios demostrativos; (iel) c arné médico de la recurrente

(f' 141), expedido por el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia Programa Puertos de Colombia, el cual la cataloga como beneficiaria del causante; y (ii) la declaración rendida por el señor Álvaro Antonio Viana Herrera, quien manifestó que conoció al causante por más de 40 años, y que éste le había indicado que tenía otro hogar, pero que siempre lo veía en la residencia de la recurrente. Precisó que el Tribunal dio por demostrado que no hubo simultaneidad de convivencia, e indica que no apreció las siguientes pruebas: (i) «documento no registrado causante 14pdf, en CD obrante entre los folios 270 y2 71 del cuaderno principal, en la carpeta de nombre EXP», formato Censo Nacional de Pensionados y Beneficiarios de fecha 2 de agosto de 1994, donde el causante relacionó a la recurrente y a sus hijos como beneficiarios; (ii) «documento no registrado causante 26pdf», Foncolpuertos Documentación Pensionado de fecha junio de 1996, en el cual señala igualmente a la recurren te y a sus hijos como beneficiarios del causan te. Del mismo modo, asegura que el Tribunal no califica la prueba contenida en el CD y en la «carpeta de nombre RAD, archivo 2.PDF», Unión de Pensionados Portuariuos de Santa Marta La Unión, en la cual el causante solicitó, de acuerdo con la Ley 44 de 1980, se tuviera como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, a la recurrente en un 60% y a Janet Guete Pacheco en un 40% (:F40), declu als eal legó

no copia del anverso y en el cual se evidencia que el causante lo

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14 Radicación n. º 70706 autenticó el 28 de septiembre de 2010, confirmando con ello quee nl aJe chac ontianbuas iencdoopm añearp ermnaente. Sostiene que de las pruebas referidas se acredita que era compañera permanente del pensionado y que por motivo de salud no pudo acompañarlo hasta los últimos días de su vida, así mismo afirma que su compañero compartía el tiempo entre los dos hogares, y que sobre esa declaración no y mucho menos sep ronnucieól T ribuneanll as entencia apreció la declaración realizada por la recurrente en el interrogatorio de parte. Así pues, afirma que si el Tribunal hubiese apreciado correctamente las pruebas, no habría incurrido en los errores y, por último, solicita que se case la deh echeov idteens sentencia, declarando que tiene pleno derecho a obtener la pens1on compartida, junto con los reajustes legales, debidamente indexados. VIIR.É PILCAD EL AP ARTDEE MANDANTE El apoderado de J anet Guete Pacheco, señala que el Tribunal acertó al proferir la sentencia con las normas aplicables al caso, centrándose en los puntos de la demanda, ajustado al material probatorio allegado y a los principios de la sana critica. Señala que el concluyó ad quem correctamente que el causante convivió exclusivamente con Janet Guete Pacheco, más aún cuando la recurrente no cumplió con los requisitos exigidos en el artículo 13 de la Ley

79d7e 2 0,0q 3uem odiefilac rót í4c7 du ell oaL e1y0 0d e

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Radicación n. º 70706 1993. Indica que la recurrente no controvirtió las premisas fácticas de la decisión atacada dada la senda elegida, sino que discrepa de la apreciación y el razonamiento jurídico del Tribunal, y afirma que la decisión impugnada se encuentra dentro de los parámetros de la demanda y de su contestación. Señala que los testimonios no son pruebas calificadas en casación, y alega que la recurrente en la demostración del cargo, no enunció en que consistió el error en el que incurrió el Tribunal en la apreciación de las mismas como tampoco mencionó los errores de hecho.

VIII. RÉPLICA DE LA PARTE DEMANDADA El apoderado de la UGPP, señala que el Tribunal concluyó que quien acreditó los requisitos para disfrutar la pensión fue la señora Ja net Guete Pacheco, de modo que, no era posible acceder a lo pretendido por la recurrente. Afirma que el Tribunal no apreció erróneamente ni dejó de valorar las pruebas, y procedió decidió de conformidad con el recto y sano entendimiento de las normas que regulan la materia.

IX. CONSIDERACIONES Sea lo primero, señalar que acorde con las normas procesales y a efectos de que sea susceptible de un estudio de fondo, la demanda de casación debe cumplir con las

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16 Radicación n.º 70706 ex1genc1as de forma y técnica, de estirpe legal y

jurisprudencia!, que su planteamiento y demostración requieren. De esta manera, en razón al carácter extraordinario y nguroso que ostenta el recurso, éste no le otorga competencia a la Corte para resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el recurrente planté la acusación de manera adecuada, se limita a enjuiciar la sentencia censurada, y determinar si el juez que la profirió, se sometió a las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para solucionar el conflicto. Así pues, la Sala observa que la recurrente desconoce algunos aspectos técnicos del recurso extraordinario, como se pasa a explicar: l .En el alcance de la impugnación, la censura pide que la Corte case la decisión del Tribunal « mediante la cual revocó la sentencia proferida por el Juzgado 2 Laboral del Circuito de Santa Marta de fecha 4 de febrero de 2014, la cual condenó a la pensión de sobrevivientes, compartida a la señora Mery Esther Galván de Soto y a Janeth María Guette Pacheco, junto con los reajustes, mesadas adicionales, debidamente indexado más los intereses moratorias, más las costas y (f' 16 del cuaderno de la Corte). agencias en derecho» Frente a lo cual se evidencia que la formulación del de la casación, desconoce el numeral 4 º del artículo petitum 90 del Código Procesal del Trabajo que establece que la

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Radicación n. º 70706

demanda debe contener la declaración del alcance de la impugnación, que consiste en solicitar la casación de la decisión de segundo grado e indicar la actividad de la Corte en sede de instancia, es decir, señalar si el fallo de primera instancia debe confirmarse, revocarse o modificarse; y en estos dos últimos casos, que debe disponerse como reemplazo (CSJ SL, 20 oct. 2005, rad. 24440). En ese orden de ideas, la recurrente pretende que se case la sentencia de segunda instancia, sin indicar con precisión cómo debe actuar la Corte en sede de instancia frente a la sentencia del a qua, esto es, si debe revocarla, modificarla o confirmarla y si es del caso que hacer en su reemplazo. Sobre este punto la Corte en la sentencia CSJ SL, 6 dic. 2006, rad. 16515, reiterada, entre otras, en sentencia CSJ SL4426-2017, explicó: Insiste la Corte en recalcar la importancia del alcance de la impugnación como elemento de la estructura de la demanda de casación, pues es en él donde el censor debe plantearle, con precisión y claridad, pretensiones, que de tipos, sus son dos ciertamente relacionados, pero independientes: el primero, frente a la sentencia de segunda instancia, respecto a la que el recurrente puede deprecar casación total o parcial, y el segundo, en su perspectiva del proveído de primera instancia, del que puede solicitar a la Sala que, en función de ad quem, según corresponda, lo revoque, lo modifique o lo confirme. Al margen de lo anterior, esta Corporación puede entender que lo que la recurrente pretende es que se case la

sentencia de segunda instancia, en cuanto le negó el derecho a percibir la pensión de sobrevivientes en calidad de

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Radicación n. º7 0706 compañera permanente, y en su lugar confirme la proferida por el aq uaen, l a medida en que esta última reconoció el derecho pensiona! a ambas demandantes.

2. De otra parte, al analizar el cargo formulado, se advierte que la recurrente acusa la sentencia impugnada por v1a indirecta, por violación de la ley sustancial de normas de carácter nacional, las que en su criterio fueron indebidamente aplicadas, producto de la falta de valoración y apreciación errónea de algunas pruebas.

Así pues, tratándose de la vía indirecta, en la que se reprochan falencias fácticas, la censura estaba obligada a indicar cuáles fueron los errores de hecho, en los que incurrió el sentenciador, señalando de manera detallada qué elementos fueron desconocidos o apreciados con error por ad quemex,p licando lo que acreditaban tales medios de convicción, si el Tribunal estableció lo contrario, y cómo tal situación afectó de forma trascendente la decisión. De esta manera, la Sala advierte que la censura si bien, enunció algunos medios de convicción como no apreciados y erróneamente valorados, no explicó lo dicho por eljuez plural frente a ellos, y lo que emergía de los mismos, esto es, omitió el deber de controvertir lo que derivó el Tribunal de las pruebas frente a lo que de ellas se evidencia. Pese a lo anterior, la Sala observa que la acusación formulada en

relación a las pruebas del proceso está dirigida a demostrar que la recurrente convivió con el causante. 19

SCLAJPT-10 V.00

Radicanc.ºi7 ó0n7 06 Sobrleor se quisqiuetd oesbc eu mplliaar c usacpioórn lav íain direecnst ean, tenCcSJi 2a3 m arzo2 001r,a .d 15148l,aS alpar ec:i só En lo que tiene que ver con los errores fácticos y con la apreciación probatoria, debe recordarse que el hecho de no compartir la censura la razonable estimación efectuada por el fa llador a las pruebas existentes en el expediente no constituye necesariamente un yerro ostensible. En efecto, cuando la acusación se enderece formalmente por la vía indirecta, le corresponde al censor cumplir los siguientes requisitos elementales: precisar los errores fácticos, que deben ser evidentes; mencionar cuáles elementos de convicción no fueron apreciados por el juzgador y en cuáles cometió errónea estimación, demostrando en qué consistió ésta última; explicar cómo la falta o la defectuosa valoración probatoria, lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad y determinar en f arma clara lo que la prueba en verdad acredita. Dicho en otras palabras, cuando, de error de hecho se trata, ha dicho la jurisprudencia, es deber del censor en primer lugar precisar determinar los errores y posteriormente demostrar la o ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal, sirviéndose para ello de las pruebas que considere dejadas de valorar erróneamente apreciadas. Es decir,

o en el cargo ha debido quedar claro qué es lo que la prueba acredita, cuál es el mérito que le reconoce la ley y cuál hubiese sido la decisión del juzgador si la hubiera apreciado, aspectos que no tuvo en cuenta el recurrente y que compromete la técnica propia del recurso extraordinario Aclarlaoad not ieo,rer ne lp rsee tnea sunetlTo r ibunal indiqcueód ea cuercdoone la rtíc1u3dl eol aL ey7 97d e 2003,p artae ndeerr ecalh aop enisódne s obevriievntpeosr causad em uertdee alfi liaod poe nisona,dl oac óynugoe compñaerpae mranentseu pér,s dteibtíeaac rdeitavri da marictoaenl lc ausnat,ep olrom enodsu ranltocesi nacñoo s anteriaolfrl aelse cnitm.oi e Luego de analizar la prueba testimonial y el inter