CSJ - SL3671-2018

RepúbdleCi oclao mbia conSeu prdeeJm uas ticia SadleaC asaLcaibóonr al SadleaD esconNg.°e3 s tión DONALJDO SDÉI XP ONNEFZ Magistproandeon te SL3671-2018 Radicanc.ºi6 ó0n2 13 Act2a9 BogoDtá.C, . v,e inti(n2u9ed)vea e g osdteod osm il dieci(o2c0h1o8 ). LaS aldae ciedlre e cudresc oa saciinótne rppuoers to HUMBERTSOAA VEDRAG UZMÁyN M ARÍAD ELP ILAR CALDERPÓRAND Ac ontlrasa e ntepnrcoifae proilrdaS a a la LabodreaD le scongedseTtlri ióbnu Snuaple rdieBo org otá D.C.e,l1 4d es eptiedmeb2 r0e1 2e,n e lp roceqsuoe instaucroanrtoCrnOa L MENRAI ESGPORSO FESIONALES

-ARCPO LMENA.

l. ANTECEDENTES HumbeSrataov eGdurzam áyMn a rdíeaPl i lCaarl derón Praldlaa maarj ouni acC iool meRniae sPgroosf esicoonna les elfi nd eq ues eo rdenealrr eac onociym piaegndote lo a pensidóesn o brevivpiorel nam tueesr dtees uh ijÓos car SaaveCdarlad ecroólnno ,rs e ajursetterso,a cmteisvaodsa,s

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Radicación n º 60213 adicionales, indexación, lo ultra y extra petita y las costas del proceso. Como fundamento de sus pedimentos, señalaron que Óscar Saavedra Calderón, se vinculó mediante un contrato de trabajo por duración de la obra o labor determinada, en la empresa Geofísica Sistemas y Soluciones S.A., en el oficio de Chequeador de Línea, el cual finalizó el 15 de agosto 2008, cuando falleció en el desempeño de sus funciones. Que según dictamen de la Sijín Tolima, del 14 de septiembre de la misma calenda, se concluyó que el occiso al tomar un camino alterno « a la línea de trabajo, la cual desconocía sufrió una caída en fa rma accidental, recibiendo un golpe en la región abdominal y partes genitales las cuales le produjeron un sangrado interno, causando el deceso». Indicaron que el 6 de enero de 2009, presentaron solicitud de pensión de sobrevivientes de origen profesional, pero esta se les negó, pues la ARP calificó el siniestro como de origen común, decisión que les ha causado perjuicios (f.º 18 a 23). Colmena Riesgos Profesionales-ARP Colmena, al dar respuesta a la demanda, se opuso a cada una de las pretensiones incoadas; enfatizó en que no existía sustento fáctico ni jurídico para la prestación que se reclama, máxime cuando se trató de un evento de origen común; que tampoco se acreditó la condición de beneficiarios por parte de los demandantes. Frente a los hechos admitió la causa del deceso y la calidad de padres de los accionantes; negó que al

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Radicnaºc6 i0ó2n1 3 momento de los hechos, el causante se encontrara laborando, pues se reportó como desaparecido; de los demás, dijo que no le constaban. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y falta de causa (f.º 30 - 40).

11. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Doce Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá D.C., en fallo del 29 de abril de 2011(fs. 138 - 147 ), absolvió 0 a la accionada de todas las pretensiones y gravó en costas a los demandantes.

111. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá D.C., en fallo del 14 de septiembre de 2012 (f.º 11 a 24 del cuaderno del Tribunal), al decidir el recurso de apelación de la parte actora, decidió confirmar la decisión del a qua y los gravó en costas. En lo que interesa al recurso extraordinario de casación, rechazó de plano la solicitud de nulidad presentada por el apoderado de los accionantes, en tanto que no se subsumía en las causales establecidas en el artículo 140 del CPC, al pretender la declaratoria de la extemporaneidad de la contestación del escrito inicial, que si bien podría ser una «irregularidad procesal, la misma se entendía subsanada al 3

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Radicacniº 6ó 0n2 13 noi mpugnaorpsoer tunameenen stpee,c ainatled sep roferirse

las entendcepi rai mgerra d.o » Señaló como hechos fuera de controversia que, [. ]. . como consecuencia de un accidente de trabajo el señor Óscar Saavedra Calderón perdió la vida el 15 de agosto de 2008, que siendo éstaefil iado a la administradora de riesgporosf esionales COLMENA es la entidad encargada el (sipcag)o de la pensión de sobrevivientes que pueda surgir, como tampoco está en discusión que los demandantes señores Humberto Saavedra Guzmán y María del Pilar Calderón Prada son los padres legítimos del extrabajador fallecido, como quedó sentado en la sentencia primigenia y además se verifica con las siguientes pruebas: el registro de defunción y registro civil de nacimiento de ÓSCAR (sic) Saavedra Calderón, copia del contrato de trabajo por duración de la obra suscrito por éste y la empresa Geoftsica Sistemas y Soluciones S.A., copia del reporte de novedad de ingreso laboral expedido por la ARP COLMENA, resultados de casos dados por la Policía Nacional - SIJIN DETOL-, informe de accidente de trabajo del empleador la ARP y el testimonio rendido por Arlex góngora Carrillo. Hizo mención de los requisitos para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes y, con relación a la dependencia económica afirmó: En este caso, no se presentó prueba alguna de que los demandantes dependieran económicamente del señor ÓSCAR SAA VEDRA CALDERÓN. Es más, inexplicablemente, en la demanda que dio origen al presente proceso no sem encionó que los actores hubieran dependido económicamente de su hijo

fallecido, razón por la cual no demostraron ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes solicitada. Destacó que el punto de disenso del apelante, se concentró en el hecho que el juez de primera instancia, no acudió las facultades y para verificar que ultreax trpae tita los accionantes son adultos mayores, enfermos y desempleados que dependían económicamente de su hijo; se remitió a la teleología de la prestación reclamada para

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Radicación nº 60213 recordar que busca suplir la ausencia repentina del apoyo financiero causado por la muerte del pensionado o afiliado, de manera que su muerte, no signifique una variación importante en relación con las condiciones de vida del o de los beneficiarios. Sobre las normas que resultan aplicables, se refirió en un primer momento al artículo 177 del CPC, aplicable por remisión al procedimiento laboral, según el cual, le correspondía a la parte actora demostrar no sólo el vínculo familiar sino la dependencia económica, tal como lo preceptúa el artículo 11 de la Ley 776 de 2002 y el 4 7 de la Ley 100 de 1993. En cuanto la dependencia econom1ca de los padres respecto al hijo que fallece, precisó que según el desarrollo jurisprudencia!, no se requiere que sea total y absoluta e incluso hizo el análisis de dicha expresión conforme a la providencia CC C-111-2006 e iteró que era suficiente que la parte actora demostrara que no podían subsistir con sus

propios ingresos, dada la insuficiencia para asegurarse una vida en condiciones dignas, tema que de manera reiterada se ha analizado en providencias de esta Corporación CSJ SL, 21 abr. 2009, rad. 35351; 30 ag. 2005, rad. 25919. En esos términos, decidió mantener incólume la providencia de primer grado, en atención a que, en el escrito genitor, no se menciona siquiera, las circunstancias de dependencia económica respecto de su hijo, al momento del 5 SCLAJPT-10 V.DO Radicación nº6 0213 fallecimiento; que resultó nulo el esfuerzo probatorio relacionado con este requisito, en tanto que, ni las pruebas documentales ni las testimoniales dan cuenta de este; que no era factible hacer uso de las facultades previstas en el artículo 50 del CPTSS en la medida que los hechos no fueron debatidos ni probados en juicio; y, como apoyo de este razonamiento, hizo referencia a la decisión CC C-968-2003. Subrayó que no era dable dejar de lado el debate sobre la acreditación de la dependencia económica de los padres respecto del causante, pues como de manera adecuada lo expuso el a qua, el único hecho que se pusó de presente, fue el seriado con el número 10, que en su tenor literal discurría: El 6 de enero de 2009, mis poderdantes padres del fallecido, presentaron a COLMENA ADMINISTRADORA DE RIESGOS la solicitud de pensión de sobrevivientes de origen profesional, pero no se allegaron copia[ s] de tal solicitud para establecer si se había adjuntado alguna documental sobre el particular, en tanto que el

obrante a folio 11 y 12, del 1 O de septiembre de 2008, no se deduce que la accionada les niegue la prestación deprecada sino que el mismo, se dirigió a la sociedad Geofisica Sistemas y Soluciones y en esta solo se dice que la calificación del hecho fue común, no profesional. IV.R ECURDSEOC ASACIÓN Interpuesto por los demandantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANDCELE A I MPUGNACIÓN

Es propuesto de la siguiente forma:

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Radicación n º6 0213 Se pretende que la Corte Suprema de Justicia, case totalmente la sentencia dictada el 14 de septiembre de 2012 por la Sala de Casación Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá D. C. y convertida esa Corporación en sede de instancia, revoque la sentencia proferida el 29 de abril de 2011 por el Juzgado 12 Laboral Adjunto del Circuito de esta ciudad, y en su lugar ordene el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes junto con los reajustes, retroactivos y mesadas adicionales desde el 15 de agosto de 2008 más la respectiva indexación y costas. A taelf ecptroo potnreec sa rgpoosrl ac ausparli mera dec asacqiuóenf ueroobnj edteor épliSceaa .s umierlá estudcioon jundteol osm ismohsa,b idcau entdae l os argumenctoomsu neqsu el oss oporyt aenlo bjetqiuveo

persigaup eens,ad req ues ed iripgoevrní adsi ferentes. VI.C AROG PRIMEO R Sea cuslaas entenicmipau gndaed,a ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa y, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 275 del CSL (sic), subrogado por el art. 4 7 de la Ley 100 de 1993 modificado por el art. 13 de la Ley 797 de 2003, el art. 11 de la Ley 776 de 2002 y por aplicación indebida de los artículos 13, 29, 48 y 53 de la Constitución Nacional. Parlaad emostrdaecclia órnga ol,u dale o q uer azoenló Tribunsaolb,rl eao misieónnl aq uei ncurrieenrl oan demostradceli aód ne pendeenccoinaó mriecsap edcets ou hijaolm omendteos uf alleciimnicelndutesoso,d eele scrito iniciya dle,l q uec oligeilnó u loe sfuerpzroob atorio relaciocnoaned sot ree quistiatmob;i réens alctóóm,os e avallaód ecisdiepó rni mgerra dqou en oa plilcafósa cultades extrya u ltpreat ictoan foramlae r tíc5u0ld oe ClP TSSe,n tantqou ed ichsai tuacniofó uned iscutniipd rao baedna juicriaoc;i ocqiuneci oon llleava óp licaicnidóenb diedla

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Radicación n º 60213 artículo 4 7 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la

Ley 797 de 2003 y el 11 de la Ley 776 de 2002, que señala quiénes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, al no tener en cuenta que, (i) la ARP COLMENA no cuestionó en momento alguno la calidad de padres de los reclamantes (ii) que se les canceló a éstos los derechos laborales respectivos (iii) no se presentó ante dicha ARP beneficiario o persona con mejor derecho que los reclamantes (iv) no exigió prueba de la dependencia económica de éstos respecto del fallecido (v) acogiendo el llamado de aviso del art. 212 del

C. S.L. tuvo a los demandantes como los UNICOS reclamantes (vi) que la conclusión que tiene la ARP es que la muerte fue un evento de carácter común y no fue accidente de trabajo (vii) existió ACEPTACIÓN TACITA de la ARP respecto a la dependencia económica, la cual releva a los actores a probar dicha circunstancia o exigencia (ix) la ARP ha debido cuestionar y/ o desvirtuar si existía la dependencia económica en función del MINIMO VITAL CUALITATWO, esto es, era su obligación administrativa demostrar que los padres del fallecido percibían ingresos ó (sic) rentas propias que infirieren su autosuficiencia, ello en evidencia de la inversión de la carga de la prueba normada en el art. 177 del CPC.

Agrega que a la demandada le correspondía en desarrollo del trámite administrativo, exigir el elemento de la dependencia económica y al no haber actuado en esa dirección «diloa c onvicac ilóonsp adreqsu el ap ensisóen

negabsaó lpoo re lo rigdeenl am uertyeN O a otrcaa rendcei a requisaintotoa» q;u e no se apreciaron las documentales obrantes «af oli1o3s( comunicdaec2li8 ód ne e nerdoe2 009), ladse f oli1o1s,4 6y 1 00( cartdaefs e cha1Os d es eptiembre de2 008e xpedipdoarl aA RPs uscrpiotraJ uliaSnaan tos Ramíreenzc aliddaedA bogadaen) »ra,zó n a que la muerte del afiliado fue de origen común; recaba que si bien, en la contestación de la demanda se hace alusión a que no se

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Radicación n 60213 º probó el hecho de la dependencia económica, la accionada, no realizó actividad probatoria alguna para desvirtuarla, ya que frente al único testigo que compareció al litigio, el señor Arlex Góngora Carrillo ([olio 81) no se le cuestionó sobre la dependencia económica y la declaración se centró en debatir la muerte del trabajador, y el Tribunal al confirmar el fallo de instancia sorprendió a sus padres pues no fue controvertido el aspecto de lo económico ni siquiera lo referente al MINIMO VITAL

CUALITATWO.

Así mismo expone, que se el artículo 29 «inaplicó» constitucional, en cuanto a su juicio debía dárseles traslado en el que se les informara la carencia del requisito de la dependencia económica, pues al no manifestarlo se les creó

la confianza que el derecho se negaba sólo por el origen del deceso; es decir que no existía medio probatorio mediante el cual se les hubiere exigido este «aspecto de manera puntual», lo cual también desconoce la providencia CSJ SL, 6 sep. 2011, rad. 41966. Concluye que se inaplicó el, art. 48 constitucional ya que negó que la SEGURIDAD SOCIAL persigue garantizar dicho derecho a TODOS los habitantes del país conforme entre otros el principio de la SOLIDARIDAD, el que se negó al considerar no probada la dependencia económica y se inaplicó el art. 53 superior al negar la pensión de sobrevivientes puedsi cphrae cepltagi avraa ntiza. VIIC.A RGSOE GUNDO Es propuesto en los siguientes términos: acuso la sentencia de ser violatorias (sic) de la ley sustancial, por la vía indirecta y en la modalidad de aplicación indebida del artículo 47 de la Ley 100 de 2003 (sic) modificado por el art. 13 de la Ley 797 de 2003, el art. 11 de la Ley 776 de 2002 violaciones a las que se llegaron por la inobservancia de los artículos 1 77 y 213 del Código de Procedimiento Civil, normas aplicables por

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Radicancº i6ó0n2 13 mandato del art. 145 del Código de Procedimiento Laboral, como de artículos 51 y 60 del Estatuto. los mismo Las violaciones en que incurrió el Tribunal presentaron como se consecuencia de no haber apreciado el trámite administrativo ante la ARP COLMEA (sic) folios 11, 13, 46 y 100y el testimonio

obrante a folios 81 al 89 y que rindió el señor ARLEX GONGORA

(sic) CARRILLO.

Los errores en los que habría incurrido el sentenciador fuerporne sentaasdío:s NO dar por demostrado, estándola, que la ARP aceptó tácitamentfi que no se debía demostrar la dependencia económica esto es, que no tuvo en cuenta que: (i) La ARP COLMENA no cuestionó en se momento alguno la calidad de padres de reclamantes (ii) que los les canceló a derechos laborales respectivos (iii) no se estolso s se presentó ante dicha ARP beneficiario o persona con mejor derecho que reclamantes (iv) no exigió prueba de la dependencia los se económica de respecto del fallecido (v) acogiendo el llamado estos del aviso del art. 212 del C.S.L. tuvo a demandantes como los ÚNICOS reclamantes (vi) que la conclusión que tiene la ARP que es la muerte fue un evento de carácter común y no fue accidente de trabajo (vi) existió ACEPTACION TACITA (sic) de la ARP respecto a la dependencia económica, lo cual releva a actores a probar los dicha circunstancia o exigencia (ve) la ARP ha debido cuestionar y/ o desvirtuar si existía la dependencia económica en función del MINIMO VITAL CUALITATWO, esto es, era su obligación administrativa demostrar que padres del fallecido percibían los ingresos ó (sic) rentas propias que infirieren su autosuficiencia, ello en evidencia de la inversión de la carga de la prueba. Alega que también se incurrió en el yerro de:

No dar por demostrado, estándola, que ante la ARP COLMENA los demandantes surtieron el trámite administrativo con la convicción que cumplieron requisitos exigidos por para obtener los ést(as ic) la pensión de sobrevivientes toda vez que conforme comunicación fechada de enero de 2009, solicitan copia de la calificación 6 respecto al accidente de trabajo reportado por la empresa GSS S.A. {fi. 94); ante lo cual dicha ARP responde con comunicación del de 9 enero de 2008 que remitió comunicación el 1 O de septiembre de 2008 a la empresa GEOFISICA SISTEMAS Y SOLUCIONES {fi. 93) informando la calificación de origen frente al accidente de trabajo 100 y 101). {fis.

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Radicación n 60213 º VI.ICI.A RGTOE RCERO Se estructura de la si iente manera, gu acuso la sentencia de ser violatorias (sic) de la ley sustancial, por la vía directa por interpretación errónea del artículo 4 7 de la Ley 100 de 1993 modificado por el art. 13 de la Ley 797 de 2003 (si c) el art. 11 de la Ley 776 de 2002 y por inaplicación de lo preceptuado en los arts. 21, 23, 43, 46, 55 del C.S.L.; arts. 13, 29, 48 y 53 de la Constitución Nacional. Insiste que la entidad accionada, les reconoc10 tácitamente la calidad de beneficiarios de la prestación pretendida, cuando se les negó, con fundamento en el origen de la muerte como evento común y no accidente de trabajo, situación que les creó confianza, lo que, en su sentir,

confi ra una errónea interpretación del art. 47 de la Ley 100 gu de 1993 y sus modificaciones. Asevera que en el trámite administrativo, se aceptó su dependencia económica así como la circunstancia de que la muerte tuvo como origen un accidente de trabajo, de modo que, al negarse la prestación pretendida, se desconocen los derechos al debido proceso y la i aldad ante la ley, al tiempo gu que se inaplica el artículo 53 de la Constitución Política. IX.R ÉPLICA Ase ra el opositor, que al analizar los cargos primero gu y tercero que se formulan por la vía directa, se debe acusar la sentencia impugnada con independencia de los supuestos fácticos que la soportan; que si bien se ha morigerado la técnica del recurso, es imperioso que al integrarse la proposición jurídica, el recurrente tiene el deber de señalar SCLAJTP-10V .00 11 Radicación nº 60213 con prec1s1on las disposiciones sustanciales mínimas que estima violadas, y cuando se trata de una de índole procesal, la cual fue la columna vertebral de la providencia, esta deb e acusarse como violación medio de aquellas; que en el sub lite, no se hizo alusión al artículo 177 del CPC. Sobre el segundo cargo, anota que cuando la infracción legal que se endilga ocurre como consecuencia de errores de hecho en la apreciación de las pruebas, en la demanda de casación, se deben citar y singularizar, por lo que en la demostración del cargo, se incurre en consideraciones jurídicas, como si se tratara de unos alegatos de instancia.

Argumenta que cuando se solicita una pens1on de sobrevivientes, el requisito de la dependencia económica debe demostrarse; no de manera absoluta y total, pues como lo esbozó la CC C-111-2006, es suficiente a la parte actora acreditar que «el hijo les contribuía económicamente, de manera que no pudieran subsistir con sus propios ingresos».

X. CONSIRADCEIONES La sentencia cuestionada fundó su negativa al reconocimiento prestacional, en la ausencia de prueba de la dependencia económica de los solicitantes en relación con el causante, situación que no se puso en el centro del debate por no haber sido planteada dentro del proceso.

El atacante se duele de la ignorancia por parte del Tribunal, del reconocimiento de su calidad de padres SCLAJTP-10V .00 12 Radicación nº 60213 benfieciiaoqrsu se eh abrdíaade ons edaed ministarsaít iva, comdoel ap rseunatcae pttaáccipiótonpar ar, t deel ap asiva, del ad ependeecnocnióam ica. Sonn otorliodosese f cstf oromalceosin ssteenntl eas mixteunrl aav sí adsea taeqy uaq ue,el r ecurerserngitmee argeunmtdoeso r dfecánt iecnlo o csa rsgp orimyet reor cero elveadspo olrav ídai reycc tosani ganraug mentjousr ídicos ene ls eguantdaoq duier ipgoilrdas o e nddeal ohse csh.o Auna s1e,s p osipbarlael aS aliane friqru el a

discnrceispaeac enternea lp rseunetror qoures ignificaría lae xigepnocpriar atd ee Clo liedagod,ep ruedbela ac alidad deb enfieciadreil oaps e nsdieós nor beviievnotreisg ienna da eld ecedseoÓ scarS aavedrCaa ldearúónnc ,u ansdeo tratdaebu an as ituaaccieópnte anvd íaaa d mitnriastoi,v a ens ud eefc,tc oorresapl oasn odecídiaa add ministdrea dora pensidoesnveisr dtiucachraa l idad. Compoar tdees ud emancdialt,asa e nteCnSJcS iLa6, se.p2 01,1r a.d4 9166,e nl aq uel aC otrel ibear lóa demnadandteel ac argdae p roblaarc ondicdieó n benfieciadreli apa e nsdieós no ebvrivsi,peno htrae bseird o unh ecahcoe pttaádcoi tampeonlrtap e as ivSaee. x puesno dicohpato urni:d ad De este modo aunque es cierto - como lo aduce el censor -, que no podía deducir el Tribunal la convivencia de la afirmación de la propia interesada, vertida en el interrogatorio que absolvió en el proceso, tal error no conduciría al quebranto del fallo acusado, como que en este particular caso, esa exigencia se encontraba fuera de todo debate, en cuanto la entidad llamada legalmente a 13 SCLAJPT-10 V.DO Radicación n º 60213 cubrir la prestación no la cuestionó, sino que aludió al incumplimiento de otros requisitos totalmente diferentes, como

fundamento de su negativa. (Subraya la Sala) Lo descrito no encuentra similitud con el caso sub pues la exigencia de la dependencia económica exmaine, aquí, no es asunto fuera de todo debate, máxime cuando entidad llamada legalmente a cubrir la prestación cuestionó, desde la contestación de la demanda, la existencia de dicho requisito. En efecto, la respuesta a la pretensión primera de la demanda (f.º 30) señala: PRIMERO: No existe sustento fáctico ni jurídico para esta pretensión respecto de mi representada, en razón a que tratándose de un riesgo común, no corresponde al Sistema de Riesgos Profesionales el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes. Además no se acredita que los demandantes dependían económicamente del causante OSCAR SAA VEDRA CALDERÓN (Q.E.P.D.). (Subraya la Sala) En similar sentido se pronuncia frente a la pretensión primera condenatoria (f.º 30) y, en el capítulo que intitula como «hecyhr ozaso nedsed eredchelo ad feens, adi »scurre en torno a la necesidad de prueba de la dependencia económica, al tiempo que desconoce que la misma se haya acreditado (f.º 37 - 39). Si bien, a de los recurrentes, era deber de la JUICIO pasiva realizar alguna actividad probatoria para desvirtuarla; parten de un supuesto errado pues, en lo que respecta al tema de la carga de la prueba de la dependencia económica, la jurisprudencia ha señalado que corresponde a los padres - actores asumirla. De ese modo se pronunció la Corte en

providencia CSJ SL, 24 de nov. 2009, rad. 36026:

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Radicación n º 60213 f..]. Es importante precisar que a la demandante que pretende obtener la pensión de sobreviviente en su calidad de madre del causante, es a la que, en principio, le corresponde probar, por cualquier medio de los legalmente autorizados, su dependencia económica occiso, del y cumplido lo anterior, será el demandado quien deberá demostrar dentro de la contienda ;udicial, la existencia de ingresos o rentas propias de la ascendiente que le permitan ser autosufi_ciente. En las condiciones que anteceden, como la demandante no cumplió con la carga probatoria que a ella le correspondía, se impone concluir, que no le asiste el derecho para acceder a la pensión de sobrevivientes pretendida. Por ello, se confirmará la sentencia del juez de primer grado, aun cuando por razones diferentes a las que allí expuso. (Subraya la Sala) De lo anterior se colige, que la sentencia enjuiciada no desatendió los preceptos acusados; tampoco se equivocó en su hermenéutica, habida consideración que fue enfática en establecer que no se probó que los padres fueran subordinados en el aspecto económico de su hijo fallecido. En punto a los yerros fácticos que se atribuyen al fallo impugnado, tampoco se verifican, al no aparecer una aceptación tácita, por reconocimiento de otros derechos ni por conducta similar de la accionada a los demandantes, ya sea en sede administrativa o al interior del proceso; pues se itera, desde un inicio, se les negó la calidad de beneficiarios.

En ese sentido, ningún dislate es atribuible al fallador, por lo que, aunado a los motivos anteriores, los cargos no prosperan. Costas en el recurso extraordinario a cargo de los recurrentes. Como agencias en derecho se fija la suma de tres millones setecientos cincuenta mil pesos $3. 750.000, SCLAJPT-10 V.00 .1 5 Radicación n º 60213 que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

XI. DECISIÓN Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión

del Tribunal Superior de Bogotá D.C., el 14 de septiembre de 2012, en el proceso que instauró HUMBERTO SAAVEDRA

GUZMÁN y MARÍA DEL PILAR CALDERÓN PRADA contra

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES -ARP COLMENA.

Costas como se indicó. Cópiese, notifiquese, publíquese, cúmplase devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ