CSJ - SL372-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL372-2023 Radicación n.° 92180 Acta 06 Bogotá, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por GERMÁN DARÍO MARÍN SEGURA contra la sentencia proferida el 30 de junio de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra

la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y

CESANTÍAS PORVENIR S.A., la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, trámite al que se vinculó como litisconsorte necesario a la

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y

CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

Se reconoce personería adjetiva al abogado Carlos Rafael Plata Mendoza identificado con la cédula de ciudadanía n°. 84.104.546 y portador de la tarjeta

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Radicación n.°92180 profesional n.° 107.775 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de Colpensiones, en los términos y para los efectos del poder que obra en el cuaderno de la Corte.

I. ANTECEDENTES El citado accionante convocó a juicio a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. y a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, con el propósito que se declare la «nulidad del contrato de administración de aportes pensionales» celebrado

con la primera de las demandadas el «1 de junio de 1998» (sic), por incumplimiento en el deber de entregarle una información oportuna y completa; que como consecuencia se ordene su «retorno» al Régimen de Prima Media con Prestación Definida - RPM y el traslado a Colpensiones de los aportes, rendimientos y demás sumas entregadas en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad - RAIS; que la AFP Porvenir S.A. asuma el pago de «cualquier diferencia económica que surja para asegurar la financiación de su pensión» y que cancele lo que resulte probado ultra o extra petita, más las costas del proceso. Como fundamento de sus pretensiones, manifestó que estuvo afiliado al RPM en el ISS, hoy Colpensiones; que a partir del «1 de julio de 1998» (sic) se trasladó al RAIS y se vinculó a la AFP Porvenir S.A.; que esa administradora en su trámite de traslado no le brindó una información completa y suficiente sobre las ventajas y desventajas de cada uno de

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Radicación n.°92180 los regímenes, pues no le mencionó que en ese modelo pensional la mesada dependía de las fluctuaciones económicas; que debía ahorrar por lo menos el 20% de su salario para obtener una pensión digna; y tampoco le presentó ninguna proyección. Insistió en que Porvenir S.A. incumplió su deber de información de manera permanente, al punto que no le dio una asesoría «exacta, oportuna, orientadora y en especial clara y sencilla»; pues ni siquiera le ilustraron sobre el valor

de la pensión que obtendría en el RAIS. Relató que el 4 de octubre de 2017 elevó una petición a la referida AFP para que le suministraran los datos de lo que sería su «realidad pensional», pues si bien recibió algunos extractos, lo cierto es que no era una información comprensible. Refirió que la respuesta que obtuvo «no le brindó tranquilidad ni estabilidad»; de manera que, ante tal omisión, se generó una afectación en su nivel de vida, pues el valor de su mesada pensional en el RAIS sería «ostensiblemente menor al salario que devenga actualmente». Finalmente, adujo que presentó una consulta a Colpensiones para conocer cuál sería el valor de su mesada pensional en el RPM, no obstante, le indicaron que ello no era posible pues no estaba afiliado a dicho régimen y, en todo caso, le faltaban menos de 10 años para optar por su pensión de vejez.

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Radicación n.°92180 Al dar respuesta a la demanda, Colpensiones se opuso a las pretensiones incoadas en su contra. En cuanto a los hechos, únicamente aceptó la petición que presentó el actor, respecto de los demás dijo que no le constaban. Como razones de defensa, expuso que el traslado del accionante al RAIS se efectuó de manera libre, espontánea y voluntaria y «no se ha probado que exista nulidad alguna que afecte la afiliación» por lo cual dicha vinculación deberá mantener su validez, ya que no procede el traslado de régimen pensional invocado en la demanda inicial. Propuso como excepciones de mérito las que denominó:

«validez de la afiliación al régimen de ahorro individual», buena fe, cobro de lo no debido, falta de causa para pedir, inexistencia del derecho reclamado, compensación, prescripción y la genérica. A su turno, la AFP Porvenir S.A. al contestar el escrito inaugural también se opuso a las pretensiones. Respecto a los hechos, dijo que eran ciertos las peticiones formuladas por el demandante a esa AFP y a Colpensiones; de los demás indicó que no eran ciertos o no le constaban. Como argumentos defensivos, expuso que el actor se trasladó al RAIS en el año «1996», a través de la AFP Protección S.A. y fue desde ese fondo que migró a la AFP Porvenir S.A. en «1998», afiliación esta última que se produjo con los lineamientos legales establecidos, dentro del plazo permitido y cumpliendo las formalidades del caso, ya que en

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Radicación n.°92180 el documento suscrito el afiliado aceptó expresamente que su vinculación era libre y voluntaria «con conocimiento real acerca del acto jurídico que realizaba y sin presión por parte de ningún asesor». Formuló la excepción previa de falta de integración del contradictorio y como de fondo las llamadas: prescripción, falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe, enriquecimiento sin causa y la genérica. El juzgado de conocimiento, en audiencia celebrada el 6 de marzo de 2019 (f.° 151 y 152) declaró probada la excepción previa y ordenó vincular a la AFP Protección S.A.

como litisconsorte necesario. La mencionada AFP, al dar respuesta al escrito inicial, se opuso a las pretensiones. En relación con los hechos, únicamente admitió el referente a entregarle al demandante varios extractos de su cuenta individual, y de los demás dijo que no eran ciertos o no le constaban. En su defensa, precisó que el traslado del promotor del proceso al RAIS gozaba de plena validez y generó efectos jurídicos, habida cuenta que, contrario a lo relatado por el afiliado, sí estuvo precedido de una adecuada, veraz y completa información, cumpliendo así con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 692 de 1994.

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Radicación n.°92180 Propuso los medios exceptivos de inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, «aprovechamiento indebido de los recursos públicos del sistema general de pensiones» y la genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Dos Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió dirimir el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 23 de enero de 2019, resolvió: PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones formuladas por las demandadas conforme lo expuesto.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del traslado de régimen efectuado por el demandante el 5 de julio de 1996 a PROTECCIÓN S.A. y su posterior traslado el 18 de abril de 1998 a Colpatria hoy Porvenir S.A. y como consecuencia de ello tener

al demandante como afiliado al régimen de prima media con prestación definida sin solución de continuidad.

TERCERO: CONDENAR a la demandada PORVENIR S.A. a trasladar con destino a COLPENSIONES la totalidad de los recursos que obran en la cuenta de ahorro individual del demandante GERMAN DARIO MARIN SEGURA junto con sus rendimientos.

CUARTO: CONDENAR a la demandada PORVENIR S.A. y a la integrada PROTECCIÓN S.A. en costas y a favor del demandante […] QUINTO: En caso de no ser apelada la presente decisión y en lo desfavorable a la demandada COLPENSIONES remítase el expediente al superior para que se surta el grado jurisdiccional de consulta.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al resolver los recursos de apelación

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Radicación n.°92180 interpuestos por Porvenir S.A. y Colpensiones, así como al conocer en grado jurisdiccional de consulta a favor de la segunda entidad, con sentencia proferida el 30 de junio de 2020, revocó íntegramente la decisión del a quo y, en su lugar, absolvió a las demandadas de todas las pretensiones incoadas en su contra y se abstuvo de imponer costas en la alzada. La colegiatura señaló que el problema jurídico puesto a su consideración consistía en establecer si había lugar o no a declarar la «nulidad» de la vinculación al RAIS del promotor del litigio y, en consecuencia, ordenar el retorno al RPM.

Precisó que, si bien la sentencia de primera instancia fue cuestionada por los apelantes por la valoración de la prueba, la falta de acreditación de un vicio en el consentimiento para el momento de la suscripción del acto del traslado, la no declaración de la ocurrencia del fenómeno de la prescripción y, subsidiariamente, en caso de que se confirmara, si no era dable la devolución de los rendimientos; lo cierto era que el presente asunto debía conocerse, adicionalmente, en el grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones por virtud de lo dispuesto en el artículo 69 del CPTSS. Manifestó que, al valorar las pruebas documentales y el interrogatorio de parte absuelto por el demandante, de conformidad con los artículos 60 y 61 del CPTSS y bajo el principio de la comunidad de la prueba, era posible inferir que el demandante sí recibió asesoría sobre aspectos

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Radicación n.°92180 relativos a los regímenes vigentes que le permitieron elegir el fondo privado de pensiones. Lo anterior lo fundamentó en que del relato del interrogatorio de parte contrastado con los hechos de la demanda inicial se podía colegir que el accionante fue informado sobre aspectos del RAIS, tales como la pensión anticipada y la facultad de beneficiar a los hijos mayores de 25 años con los dineros aportados, lo que no se podían realizar en el RPM; que también se le precisó sobre la necesidad de contar con un capital específico para obtener la pensión equivalente al salario mínimo y que fue tal conocimiento lo que motivó su traslado al RAIS.

Dijo que, si bien la jurisprudencia desarrollada por la Sala de Casación Laboral ha adoctrinado que «el formulario no es prueba del consentimiento informado», debe tenerse en cuenta que también se ha precisado que dicho formulario «acredita el consentimiento, esto es, no prueba la información otorgada, pero si prueba a lo sumo el consentimiento otorgado por el demandante» (CSJ SL19447-2017; CSJ SL1452-2019;

CSJ SL1688-2019 y CSJ SL1689-2019).

De tal manera que, en su decir, el aludido documento constituía un «indicio de que las partes, demandante y asesor del fondo, se reunieron», lo cual, unido a lo expuesto en el interrogatorio, permitía concluir que «la reunión fue para asesorarlo sobre los regímenes pensiónales y en ella valoró sus expectativas pensionales».

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Radicación n.°92180 Puntualizó que para el momento de cambio de modelo pensional no se había expedido la Ley 1328 de 2009, la cual consagró unas formas particulares de entregar la información a los posibles afiliados; de manera que no era dable realizar una «exigencia documental sobre la información específica y precisa entregada al interesado», lo que, en otras palabras, significaba que las normas vigentes para la época del traslado «no prohibían la asesoría de forma verbal como le fue entregada al demandante», como se deducía de lo expuesto en su interrogatorio de parte, el cual daba cuenta de la ilustración recibida y las razones que motivaron su traslado al RAIS. Aseveró que, conforme a lo anterior, les asistía razón a

los apelantes al señalar que de la valoración de las pruebas obrantes en el proceso «se acredita que el demandante si recibió información sobre aspectos de los regímenes que le permitieron valorar su situación personal y escoger de manera voluntaria e informada el Régimen de Ahorro Individual». Expuso que, aunque no era dable desconocer la obligación legal de las entidades que administran los recursos de asesorar a los afiliados desde la vigencia de la Ley 100 de 1993, no se podía pasar por alto que todos los aspectos que regulan el tema pensional se encuentran regulados en la ley, por lo que su desconocimiento no era excusa para afectar de vicios el consentimiento, «máxime que las consecuencias del traslado también operan en virtud de la ley», de ahí que en este asunto se descartaba un error de derecho.

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Radicación n.°92180 Reiteró que en el sub examine el actor suscribió de manera libre, espontánea y sin presiones la solicitud de cambio de régimen en un formulario que las normas que regulan la materia permiten que sea preimpreso, por ende, tampoco se encontraba prueba que indicara que «el accionante realizó o creyó que estaba realizando un trámite diferente»; que tampoco se demostró que el actor hubiera sido coaccionado o que existiera una actuación dolosa en el trámite de mutación de modelo pensional; por manera que le asistía razón al apelante respecto a que en el sub judice no se probó la existencia de un vicio en el consentimiento que diera lugar a declarar la nulidad del acto jurídico del

traslado. Afirmó que, si en gracia de discusión se analizara el motivo de inconformidad del demandante, respecto a que la AFP no le informó el monto de la mesada pensional a la que pudiere tener derecho, ello no configuraba una causal de nulidad, ya que el cálculo de la prestación no se podía realizar al momento de la afiliación, pues, si bien pueden existir proyecciones, éstas son operaciones que pueden o no coincidir con la realidad, en la medida que están elaboradas con unos supuestos futuros que son inciertos, que pueden cambiar por distintas circunstancias laborales, sociales y de vida del asegurado. Por último, aseveró que, aunque existían precedentes jurisprudenciales que habían accedido a las pretensiones incoadas, también se ha dicho que se deben valorar los elementos probatorios en cada caso en particular, desde el

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Radicación n.°92180 principio de la comunidad de la prueba; ejercicio que en este asunto permitió concluir que el demandante sí fue informado al momento de su traslado y ello «le permitió valorar su situación particular frente a cuál régimen le convenía en el momento del traslado». Conforme a esos razonamientos, revocó la sentencia de primer grado y, en su lugar, absolvió a las demandadas y a la litisconsorte de todas las pretensiones.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que esta corporación case totalmente la sentencia impugnada, para que en sede de

instancia confirme en su integridad la decisión condenatoria del a quo. Con tal propósito, por la causal primera de casación laboral, formula un cargo que obtiene réplica de Colpensiones, el cual se pasará a estudiar.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial por la vía «directa en la modalidad de aplicación

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Radicación n.°92180 indebida» de los artículos 12 literal b) y 271 de la Ley 100 de 1993; 97 del Decreto 663 de 1993; 1502, 1508, 1509, 1512, 1740, 1741, 1742, 1743, 1750 y 1604 del CC, así como por interpretación errónea de los artículos 4, 14 y 15 del Decreto 656 de 1994; 1, 2, 3, 11, 12, 13, 36, 50, 76, 90, 97, 141, 142 y 281 de la Ley 100 de 1993; 3 de la Ley 1382 de 2009; 12 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año; 12 del Decreto 720 de 1994; 48, 228 y 230 de la CP; 10 de la Ley 797 de 2003; 4 y 5 del Decreto 1229 de 1994 y 3 del Decreto 1161 de 1994. Refirió que tal quebranto normativo tuvo lugar por la comisión de los siguientes evidentes y manifiestos errores de hecho: a) Dar por demostrado sin estarlo que las administradoras de

fondos pensionales no tenían el deber legal para el año 1998 de informar a los potenciales afiliados sobre las implicaciones que tenía el traslado de régimen (ventajas y desventajas) dado que las mismas sólo surgieron a partir de la expedición de la Ley 1328 de 2009. b) No dar por demostrado, estándolo, que la demanda AFP PORVENIR S.A. estaba obligada a informar a del (sic) demandante, no sólo los beneficios o ventajas del régimen al que se iba a trasladar, sino las desventajas e implicaciones de tal decisión. c) No dar por demostrado, estándolo, que la AFP PORVENIR S.A. estaba obligada a informarle al demandante que podía retornar al régimen de prima media sin afectar algún derecho antes de incurrir en la prohibición legal contemplada en la Ley 797 de 2003, dado que a juicio del ad quem: “norma que fue ampliamente publicitada por las entidades de seguridad social cómo se puede constatar en los comunicados de prensa que obran en el expediente folio 148 a 149 tampoco se acredita la ineficacia del acto de traslado señalado en el artículo 171 de la Ley 100 de 1993”. d) Dar por demostrado, sin estarlo, que la calidad de beneficiario del régimen de transición solo se determina por la

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Radicación n.°92180 densidad de semanas cotizadas al 1 de abril de 1994, dado que el beneficio del régimen de transición, también se predica de la edad de 35 años si se es mujer o 40 años si se es hombre al primero de abril de 1994 como en el sub-judice.

e) Dar por demostrado sin estarlo que a la demandante la única razón que la llevó a promover la acción judicial fue la inconformidad sobre el monto de la posible mesada pensional. f) No dar por demostrado, estándolo, que el demandante sufrió un perjuicio dado que es beneficiario del régimen de transición y que tal circunstancia debió ser advertida por la AFP PROTECCIÓN y en este sentido, si se le hubiese informado al demandado de todas las implicaciones del cambio de régimen pensional, entre ellas el perder el régimen de transición, muy seguramente, no se hubiese traslado (sic) y estaría gozando del disfrute de una mesada pensional desde sus 55 años, esto es, desde el año 2008. Denuncia como «prueba calificada» erróneamente apreciada, la documental referente al formulario de traslado al RAIS suscrito el «7 de febrero de 1995» (sic) (f.° 35 y 137). En el desarrollo de la acusación, la censura pone de presente que la jurisprudencia desarrollada por esta corporación ha sido reiterativa en admitir la posibilidad de «anular o declarar ineficaz» los traslados de régimen del RPM al RAIS, la cual inició desde la sentencia CSJ SL, con radicado «31989 de 2008» y ha sido reiterada en múltiples decisiones. Resalta que el juez plural no podía concluir que la firma del formulario constituía plena prueba del consentimiento informado, pues el libre albedrío exigido por el Sistema de Seguridad Social no se restringe a una manifestación de voluntad de quien decida trasladarse de régimen, sino que

debe estar ajustado a los parámetros de libertad informada,

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Radicación n.°92180 la cual, itera, no se configura con el simple diligenciamiento de dicho documento de adhesión respecto de una cláusula genérica. Expone que el artículo 12 del Decreto 720 de 1994, norma vigente para la fecha del traslado, consagra que cuando se produzca un traslado de régimen pensional la AFP debe suministrar de manera suficiente, amplia y oportuna la información pertinente al afiliado y que, en caso de no hacerlo, se vulnera por omisión la obligación legal y termina siendo dicho cambio de régimen ineficaz para el afiliado migrante. Aduce que se equivoca el fallador de alzada al imponerle al demandante la carga probatoria de acreditar un vicio del consentimiento como error, fuerza o dolo, pues ello constituye un «despropósito jurídico» que contradice la línea de pensamiento trazada por la Sala de Casación Laboral, respecto a que cuando se trata de un traslado de régimen lo que se debe verificar es si existió consentimiento informado. Precisa que el precedente jurisprudencial de esta corporación ha definido en forma meridiana unos criterios jurídicos sobre los conflictos suscitados en traslados de régimen pensional, los cuales, se identifican así:

1. El deber de información está establecido en la ley, a cargo de los fondos privados y debe demostrarse en el proceso con los documentos y demás pruebas que deben reposar en los archivos del fondo.

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2. La información debe comprender los aspectos favorables y los desfavorables de cambio de régimen, informando las perspectivas pensionales y el capital necesario para poder obtener una pensión mínima llegando incluso a desanimar al posible afiliado si el cambio de régimen le perjudica y debe comprender todas las etapas del proceso, desde la anestesia de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional.

3. El consentimiento informado, no se prueba con la simple firma de formulario de afiliación.

4. La carga de la prueba está a cargo de los fondos y deben allegar las pruebas, que demuestran la información clara y veraz brindada al afiliado pues este último es la parte débil que merece protección del Estado.

5. La actuación viciada del traslado al régimen de ahorro individual, no se convalida por los traslados de administradoras dentro de este último régimen.

6. El derecho a solicitar la ineficiencia del traslado o afiliación no prescribe, siendo solo susceptibles de prescripción las eventuales mesadas.

7. No es necesario que el afiliado demuestre estar en transición, o estar ad portas de causar el derecho, o tener un derecho consolidado para solicitar la ineficacia del traslado o la afiliación.

8. La afiliación al sistema de seguridad social en pensiones está regulada por los artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional, la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios y por ser de un servicio público esencial con garantía estatal, no se pueden aplicar normas civiles o comerciales que rigen entre particulares, en la consolidación y eficacia del derecho.

Refiere que tales consideraciones desarrolladas por la Sala de Casación Laboral se encuentran en consonancia con los pronunciamientos emitidos por la Corte Constitucional, para quien el deber de información en materia pensional se convierte en un presupuesto necesario para el ejercicio y acceso a la pensión de vejez en una mesada pensional digna, ilustración que exige una actuación proba, sincera, diligente

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Radicación n.°92180 y ágil por parte de las administradoras de pensiones que intervienen en el proceso de traslado. Enfatiza en que el deber jurídico de información estaba en cabeza de la AFP frente a su afiliado, lo que significa que la obligación de acreditar dicho presupuesto probatoriamente en el litigio también era responsabilidad de dicha administradora, al tenor del artículo 1604 del CC, que consagra que la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearla; aspecto que se incumplió en la medida que no se allegó ningún elemento de convicción que demostrara suficientemente que Protección S.A. cumplió con el deber de información al que estaba obligado.

VII. LA RÉPLICA La opositora Colpensiones aduce que, tal como lo expuso el ad quem, Germán Darío Marín Segura decidió trasladarse al RAIS, conforme al formulario de afiliación suscrito por el actor, en el cual expresó de manera libre y espontánea su voluntad de mutar de régimen pensional.

Destaca que para la fecha en que se efectuó el traslado al RAIS el accionante contaba con un número de semanas de cotización al Sistema General de Pensiones bastante inferior al requerido para acceder a la pensión de vejez, motivo por el

cual no existió una expectativa legítima frente a la posibilidad de pensionarse en el RPM, hoy administrado por Colpensiones.

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VIII. CONSIDERACIONES Previamente, es de precisar que, aunque el censor en el único cargo orientado por la senda directa relaciona algunos yerros fácticos presuntamente cometidos por el juez de alzada y denuncia como prueba erróneamente apreciada el formulario de traslado, la Sala hará abstracción de tal impropiedad, porque, de una parte, la mayoría de esos desatinos en realidad son jurídicos y, en segundo lugar, la sustentación de la acusación es de puro derecho, y bajo esta perspectiva es que se despachará la acusación.

Puntualizado lo anterior, cumple decir que el juez plural basó su decisión fundamentalmente en que en el sub judice no procedía la «nulidad» del traslado, por cuanto el formulario de vinculación al RAIS suscrito por el actor y lo dicho por este al absolver el interrogatorio de parte, acreditaban que tomó la decisión de cambio de régimen de manera libre, voluntaria y sin presiones; que además para el momento del traslado no se había expedido la Ley 1328 de 2009, de manera que no era dable realizar una «exigencia documental sobre la información específica y precisa entregada al interesado»; que tampoco se había acreditado la existencia de un vicio en el consentimiento que diera lugar a declarar la «nulidad» de ese acto jurídico. La censura, por su parte, reprocha desde el punto de vista jurídico la decisión del Tribunal, porque no advirtió que

el libre albedrío exigido por el Sistema de Seguridad Social no se restringe a una simple manifestación de voluntad,

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Radicación n.°92180 plasmada en un formato preimpreso, de quien decida cambiar de modelo pensional, sino que debe estar ajustado a los parámetros de libertad informada, la cual se satisface cuando se recibe una ilustración suficiente, amplia y oportuna sobre las ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes; que la imposición de la carga probatoria de acreditar un vicio del consentimiento como error, fuerza o dolo, contradice la línea jurisprudencial relativa a que cuando se trata de un traslado de régimen lo que se debe verificar es si existió un consentimiento informado. Bajo ese contexto, la Corte debe dilucidar si la colegiatura se equivocó jurídicamente al colegir que para la época en que ocurrió el traslado del accionante al RAIS era suficiente la firma del formulario donde constara que el mismo se dio de manera libre voluntaria y sin presiones, porque para ese entonces la ley no exigía una información documentada, así mismo, si el demandante en esta clase de contiendas estaba obligado a probar un vicio en el consentimiento para efectos de obtener la «nulidad» del cambio de modelo pensional o si están dados los presupuestos normativos para declarar la ineficacia de la afiliación o vinculación a un fondo privado. Pues bien, respecto del deber de información, de entrada la Corte advierte que le asiste razón a la censura al afirmar que sólo cuando con antelación al cambio de modelo pensional ha existido una verdadera asesoría sobre las

ventajas y desventajas de cada régimen puede considerarse que la mutación fue libre y voluntaria, es así que en la sentencia CSJ SL1442-2021, que memoró la decisión CSJ

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Radicación n.°92180 SL12136-2014, esta corporación asentó que la «información» veraz, clara, completa y suficiente es un elemento esencial para pregonar que hubo libertad en la toma de la decisión de traslado, lo cual supone, necesariamente, el conocimiento de las consecuencias positivas y negativas de ese cambio. En aquella oportunidad se indicó: A juicio de esta Sala no podría argüirse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica; de allí que desde el inicio haya correspondido a las Administradoras de Fondos de Pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito. […] Realizar dicha tarea debe partir de elementos objetivos, esto es que la libertad en la toma de una decisión de esa índole, solo puede justificarse cuando está acompañada de la información precisa, en la que se delimiten los alcances positivos y negativos en su adopción. […] Es evidente que cualquier determinación personal de la índole que aquí se discute, es eficaz, cuando existe un consentimiento informado; en materia de seguridad social, el juez no puede ignorar que, por la trascendencia de los derechos pensionales, la

información, en este caso, del traslado de régimen, debe ser de transparencia máxima. Y en cuanto a la evolución que el deber de información ha tenido en su devenir legislativo, la sentencia CSJ SL16882019, efectuó una reseña histórico-normativa, enfatizando que desde el comienzo mismo del funcionamiento del Sistema General de Pensiones las administradoras han tenido el deber de informar con transparencia a los afiliados y a quienes potencialmente puedan serlo, respecto de todos los aspectos técnicos inherentes a los regímenes pensionales

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Radicación n.°92180 existentes, como una expresión de responsabilidad en una actividad profesional que se ejecuta en el marco regulatorio del servicio público de seguridad social, bajo la dirección, coordinación y control del Estado, según lo dispone el artículo 48 de la CP, siendo las dos primeras actividades mencionadas una manifestación típica de política pública y, la última, una materialización de la inspección y vigilancia que corresponde ejercer a través del ente especializado para el efecto. En la referida decisión se presenta un cuadro-resumen de la evolución que ha tenido el deber de información por parte de las AFP, que resulta útil para comprender, se itera, que desde el comienzo del funcionamiento del Sistema tal obligación existió y que se ha ido detallando y acrecentando, con el paso del tiempo, según la sucesión normativa que se muestra: Etapa Normas que obligan a las Contenido mínimo y alcance acumulativa administradoras de del deber de información pensiones a d