CSJ - SL3735-2018

RepúbdleC ioclau mbia CoiteS upremdea J usticia S-a-•CasaclHlual GERARDO BOTERO ZULUAGA Magistrado ponente SL3735-2018 Radicación n. º 55889 Acta 29 Bogotá, D. C., nueve (9) de agosto de dos mil dieciocho (2018). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por el LA NACIÓN MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el veintisiete (27) de enero de dos mil doce (2012en) e,l proceso ordinario laboral que le

promovió MARÍA DEL CARMEN CHICA DE FERNÁNDEZ.

l. ANTECEDENTES Maria del Carmen Chica de Fernández, demandó la indexación de la pensión convencional que le fue reconocida, que la «actualizando el último salario promedio mensual devengado11, cuantía de dicha prerrogativa se establezca con «un monto del las diferencias de las mesadas causadas, los intereses 75%»,, Radicación n.º 55889 moratorios o en subsidio la actualización de la sumas dejadas de pagar, el reconocimiento de todo lo que tenga derecho conforme a la facultad ultra y extra petita; las costas procesales. En sustento de las aludidas pretensiones, expuso: que prestó sus servicios en favor del extinto Instituto de Mercadeo Agropecuario-Idema, en calidad de trabajadora oficial hasta el 18 de octubre de 1997; que al momento de la finalización

del vínculo contractual, era beneficiaria de la convención colectiva de trabajo 1996-1998, suscrita entre la referida entidad y Sintraidema; que cumplió 50 años de edad el 6 de junio de 2004; que mediante Resolución No 0320 de 2005, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Urbano, le reconoció pensión de jubilación con sustento en los artículos 25 y 98 del acuerdo convencional; que como ingreso base de liquidación se tuvo en cuenta un salario promedio de $619.645,42, al que se le aplicó una tasa de remplazo del 59.854%, lo que arrojó una mesada pensional equivalente a $370.884; que su estatus de pensionada lo obtuvo en vigencia de la Constitución Política de 1991; que el referido ministerio, no indexó el salario promedio base de liquidación; que presentó reclamación administrativa, mediante la cual solicitó la reliquidación de la pensión basada en la indexación « de su último salario promedio devengado y en un monto del 75%», la que se resolvió de forma negativa (fls.72-78). Al contestar la demanda, la entidad convocada ajuicio, solicitó desestimar la totalidad de las pretensiones, y respecto a sus hechos, señaló que la accionante prestó sus 2 Radicación n. º 55889 serv1c10s hasta el 18 de octubre de 1996, en calidad de servidora pública; que se acogió a un plan de retiro; que el ingreso base de liquidación de la pensión correspondió a $619.645,42, que corresponde al promedio de lo devengado

en el último año de servicios, para lo cual se tuvo en cuenta los factores salariales legales y extralegales; que la pensión reconocida tuvo como sustento la convención 1996-1998, por lo cual no se le aplica el régimen común de las pensiones legales; los demás supuestos fácticos los tuvo como ciertos o indicó no constarle. Propuso como excepción previa, la de falta de integración del litis consorcio necesario y de fondo las que denominó: cobro de lo no debido por inexistencia de las obligaciones, compensación, falta de título y causa del demandante, buena fe y prescripción (folios 87a 102). El juzgado de conocimiento, señaló que la excepción previa propuesta por la entidad demanda, no prosperaba, por cuanto no se evidenciaban argumentos que condujeran a una conclusión diferente (fl. l 04). 11.S ENTENCDIEAP RIMERA INSTANCIA El Juzgado Dieciséis (16) Laboral del Circuito de Bogotá, mediante pronunciamiento del treinta (30) de junio de dos mil diez (2010), condenó a la Nación-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a «reajustar y reliquidar la pensión sanción reconocida(. .. ) , en la suma de $838.311 Mete, a partir del 6 de junio de 2004, junto con los reajuste de todo tipo(. .. )», absolvió en lo demás e impuso las costas a cargo de la parte demandada (fls.108-125). 3 Radicación n. º 55889

111. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior

del Distrito Judicial de Bogotá, al resolver la apelación de la demandada, con fallo del veintisiete (27) de enero de dos mil doce (2012), modificó el numeral primero de la sentencia impugnada, para en su lugar 1•condenar al pago de las diferencias atrasadas, desde el 6d e junio de 200h4a sta el pago efectivo enl asu ma confirmó en lo demás y no impuso costas para de $669.015,92», esa instancia. Frente al tema de la indexación, el tribunal recordó que s1 bien las pensiones reconocidas con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993, así como las de aquellos trabajadores que obtuvieron su derecho de forma voluntaria o convencional, en principio no se les reconoció la posibilidad de indexar la primera mesada pensiona!, después de «una lucha juridica para ser beneficiados igual que a todos los pensionados, hasta que se pronunciaron por la Corte Constitucional, las sentencias C891 A del 1 de noviembre de 2006 C-862 del mismo año, las cuales zanjaron cualquier discusión y ordenaron la actualización del ingreso base cotización por así ordenarlo expresamente la nueva constitución que aboga por que la pensiones no pierdan su poder adquisitivo, ni que luego citó y transcribió el paso de los años envilezca su valoni, ampliamente la providencia de esta Corporación SL 31 jul. 2007, rad.29022, en la que se estableció por esta Sala de Casación, la procedencia de la indexación en todas las pensiones, legales o extralegales. En cuanto a la tasa de remplazo, refirió que conforme a los hechos de la demanda, la accionante solicitó

«la indexación 4 Radicación n. º 55889 de la primera mesada pensiona[ sobre un monto del 75%, y según la li,quidación realizada por el empleador en la resolución que concedió la pensión (folio 2), el salario promedio mensual era de $619.645,42 "de donde se tiene que el 59. 854%, equivale al porcentaje pensional sea igual a la suma de $370.883,60 en proporción a los 5746 días trabajados"». Con referencia en lo anterior, recordó que el juzgado luego de indexar el salario promedio antes señalado, le aplicó una tasa de remplazo del 75%, lo que arrojó la suma a la que fue condenada la entidad demandada, pero que esta en la apelación, señaló que dicho porcentaje «es exclusivo para los casos en que los trabajadores mueren en forma accidental». De esta manera y luego de revisar el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo, con sustento en la cual se le reconoció la pensión a la demandante, el tribunal concluyó: ..As.iste razón entonces al apelante, pues es un hecho cierto que la pensión consagrada convencionalmente y que se concedió a los trabajadores que se acogieron al plan de retiro voluntario, era fijada en el articulo 98 para el caso de pensión por retiro injusto, cuya reglamentación legal en lo atiente al monto, está fijada en el artículo 74 del Decreto 1848 de 1969 y el 8 de la Ley 171 de 1961, que concede este derecho a los trabajadores que sean despedidos deforma unilateral y sinjusta causa y cuyo monto es proporcional

al tiempo servido. Ahora como el monto no obedeció a la disposición convencional que reglamentaba la pensión sanción de carácter convencional, pues la misma no lo establecía, es necesario conforme lo dispuesto en el artículo 19 del CST, aplicar al cascoon trovertido normas que regulen casos o materias semejantes, esto es, la proporcionalidad en la pensíón fzjada en el artículo 8 de la Ley 171 de 1961, es decir, que no es el tope má.xi.mo establecido para la pensión de jubilación del 75% por 20 años de servicio, sino de acuerdo al tiempo laborado. .. (fl.13-23). 5 Radicancº.5i 5ó8n8 9

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la Nación-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Se solicita casar totalmente la sentencia impugnada y, en sede de instancia, que se revoque la proferida por el juzgado.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que fue objeto de réplica.

VI. CARGO ÚNICO Se tacha la decisión del tribunal <1 ( .•• ) por laV íA DIRECTA de ser VIOLATORIA DE LA LEY SUSTANCIAL, por la modidaaldde infracción directade l articulo5 5 de laC onstitución Nacional, art 467, 468, 469, 470, 477 del CódigoSu stnativod el Trabajo, artículo3 7 del Decretoley 2351 de 1 965».

Para demostrar el cargo, expresa que la convención colectiva de trabajo, si bien es un acto jurídico que implica la creación de un derecho, no puede ser considerado como una ley producto de la función legislativa del Estado; transcribe los artículos 467, 468,469 y 4 70 del CST, para con referencia en ellos aducir que en el acuerdo convencional con sustento en el cual se otorgó la pensión a la demandante, no se 6 'f'I Radicación n. º 55889 estipuló la obligación de indexarla; que como aquella es ley para las partes, no es posible extenderle normas que han consagrado la indexación, por cuanto no fue pactada, imponiéndosele a la entidad una carga económica que genera un detrimento en el patrimonio del estado, por cuanto el Idema al suscribir el acuerdo convencional «efectuó los estudios si necesarios para poder cumplir con lo pactado en la convención y por vía jurisprudencia!, sin estar regulado en las normas, ordenan un pago no suscritos, sev iola las nonnas que consagraron la tanta veces indicada convención». Agrega, que el pensionado convencional, no sufre ningún detrimento patrimonial, porque durante un periodo de tiempo sin prestar servicios en favor de su empleador, está recibiendo la pensión, debiendo el ministerio, asumir la carga prestacional por motivo de acuerdo entre las partes. Insiste, en que no existe norma legal que ordene indexar la primera mesada de una pensión de origen convencional, más aun cuando ello, no se previó en el acuerdo. Refiere, que el juez de conocimiento, no analizó correctamente la convención colectiva de trabajo y tampoco la apelación; cita

y trascribe el artículo 98 de aquella, para expresar: es ... no procedente aplicar la indexación de la primera mesada sus pensiona[, pues las nonnas convencionales, en ninguno de apartes establecen que dicho ''promedio del salario percibido por el trabajador, durantee l último año de servicio" deba ser actualizado con la variación del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE. 7 Radicación n. º 55889

VII. LA RÉPLICA Sostiene, que con el cargo planteado lo que se pretende es un cambio jurisprudencial sin exponer argumento alguno.

Agrega, que la acusación contiene deficiencias técnicas tales como: que se exponen alegatos de instancia; que el alcance de la impugnación esta deficientemente formulado; que siendo la base del fallo gravado la jurisprudencia de la Sala, el ataque debió dirigirse bajo la modalidad de interpretación errónea; que el censor no cumplió con su deber de demostrar cómo fue que el tribunal, incurrió en la violación de la ley sustancial que se le endilga; que en la proposiciónjurídica, se alega la infracción directa del artículo 55 de la Constitución Política, pero que dicha norma no puede ser invocada para efectos de acusar el tribunal de violar la ley sustancial, en la medida que no consagra derechos laborales específicos y que a pesar de orientarse la acusación por la vía directa, se hace referencia a supuestos fácticos, lo que es inadmisible por dicha senda.

VIII. CONSIDERACIONES No desconoce la Corte, lo errores de técnica en los que incurrió el censor al sustentar el recurso propuesto, tales

como que el alcance de la impugnación, fue planteado de manera inadecuada, toda vez que en él no se le indica a la Corte, una vez casada la sentencia del tribunal y revocada la del juzgado, cuál deberá ser su actuación, en sede de 8 Radicación n." 55889 instancia; sin embargo la descrita falencia es susceptible de superarse, en la medida en que la Sala entiende que lo que busca el recurrente es que, una vez quebrada la sentencia del adq uemse ,re voque la del juzgado y, en su lugar se absuelva de las pretensiones impetradas por la demandante. Por otra parte, no le asiste razón al opositor cuando señala que el cargo debió orientarse bajo el concepto de interpretación errónea, puesto que los argumentos planteados por la censura, aluden al quebrantamiento de unas normas de estirpe constitucional y legal, que no fueron consideradas en las sentencias que cita el juzgador de segundo grado, por lo que era posible que se indicara como modalidad de violación la de infracción directa. De igual forma, evidencia la Sala, que efectivamente el recurrente en la sustentación de la acusación hace referencia a supuestos fácticos, al señalar que el tribunal incurrió en un análisis indebido de la convención colectiva de trabajo, cuando la vía que propone es la del puro derecho; no obstante lo advertido, dicha falencia se torna superable, en la medida en que el desarrollo del cargo es preponderantemente jurídico y se dirige a cuestionar la procedencia de la actualización del ingreso base de liquidación de una pensión de jubilación, que tiene como

origen un acuerdo convencional. Aclarados los anteriores puntos, y dada la senda directa escogida para el ataque, se tiene que los siguientes supuestos fácticos no son objeto de controversia: i)qu e el 9 Radicación n. º 55889 demandante trabajó para el IDEMA hasta el 18 de octubre de º 1997 y iiqu)e mediante Resolución N 00320 del 16 de junio de 2005, la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural le reconoció una pensión de origen convencional, a partir del 6 de junio de 2004, en cuantía de $370.884. En cuanto al fondo de la acusación, desde ya es preciso advertir que el cargo está llamado al fracaso, ya que la decisión atacada se ajustó, como lo recuerda la sentencia gravada,a la posición jurisprudencia! vigente para cuando se profirió la misma, en el sentido de pregonarse la indexación de la base salarial de las pensiones sin diferenciarlas por su origen, es decir, que cobija tanto a las pensiones legales y extralegales; tal orientación fue sentada no solo en los fallos que cita el tribunal, sino en otros anteriores y posteriores a ellos, sin que la Corte, encuentre elementos de juicio que justifiquen variarlo y, por el contrario, debe reiterarlo en este asunto, como se hizo en la sentencia SL12855-2016, en donde se resolvió un recurso de casación en el que los sustentos de hecho y derecho, como también lo pretendido, eran similares,p or no decir idénticos, a los de este litigio, por

lo que lo argumentado y puntualizado en dicha oportunidad sigue siendo plenamente válido y aplicable en este asunto, y en la que se memoró lo adoctrinado por esta Sala, en providencia CSJ SL3264-2014, 5 mar. 2014,r ad. 42399, en la que se señaló: Conforme a la vía directa por la que se endereza el cargo, no eso bjeto de disucsiónen el recurso ninguno de loss puuestos fácticosy p robatoriosq ue dio por demostradose l Tribunal en la sentencia fustigada, esto esq,ue la entiaddd emandada le reconoció al (sic) actora una pensiónd e jubilación, a partir del 10 Radicación n. º 55889 25 d ed icieed me2b 0r0,e5 nc uatnídae$ 1 7.17 0 .5 ,05 4,f echa enq uceu pmlliaóe dadde5 0a ñoysa ,r adíze l osse rvicios quper eshtaós etla1 0d ej undieo1 999;t apmocgoe nera controveehlre scirhaleo a nciaodcoo ensl a laqriusoee t uveon cuenptaaarl iiqdualrap r immeeras apdean sipoonpraa lr te del aC ajad emandquaedl afuo,e e ld evengaalmd omoe nto deflen eceinmtdioel arl eaccioónantc rtluaabl.o ral Aslía cso salsai, n cfoornmiddearldce uernrtceol nad esciión deTlrib un,sa elc enat,e rne le netndimiqeusneet l oed iaol a

naurtaleyzc ao ntedneli adi on dexaaclei sótni,qm uapero r tartsaerd eu nap ensicóonn vienonacdle breep setsaelr a voludnetla apdsart ecso nattraen,sqt uiennode isps usielroan correnc cmioóneitada ersla loap riaar taslaarp rimigenia mesapdean sailyo,p n oern dneo,e sp osiibpmloenr eluen a oblgiaciqóunneo fu ea cdoardpar eviamente. Paral aC orteesc lraoq,u lepa é driddaep lo daedqur isidtei vo lam oneedsua n fe nómeqnupoeu edafeec taat ro dloostps io s dep ensipoonirgeu sa, le sote s, tanltaols gea lecso mloa s voluinaotsc a ornvenecssi,io ntnoaa mlbail éacnsa usacdoans anterioorp iodsatde rialo acr oindsatdi dte1u 99c1ip,óun es si bieensc ielraCt oopr oracvieónlníi am itdaetn idpeooma trás lav iabidleia dplaidcl aacr o errccimóonn etsaoriloaa las penosnieqsu see causceonan n terioaril daCa odn sctiidótneu 1991a,p artdierl as enteCnSJci SaL 7 36021,3s e amplió dicchroi tate oridloaa psse r stacieocnoensó mdiecuc aalsq uier naratulezjau íridcsai inpm otralraf e chdae c ausóance,in

cuantaols lepí r eóc:i s Det odlooe pxue,sl taSo alcao nclquuyelea p édriddae l podaedqur isidteil vamo o needsua n f enómequneop uede afectaat ro dloostps io dse p ensipoonireg asu;l q ueexi tsen fundamenntoorsm atviávloisdy ossfiu cienptaears dipsoneurnr meedicoo mloa i ndexaac pieónns,i ones causacdoaansn e triorail dava indgc eidael aC onstitución Polítdie1c a99 ;1q uaes líoh aa ceptadloja ur irsupdencia constointaaullc d ifeendeurnd erecuhneois rvaal la inxdaeciyóa nlr eocnocqeurde i chpaesno sniepsro ducen eefctoesn vgiencidae losn uevopsr ipnicois constilte;us qcuieo ensaap osidbaidnl uinchaa s ido prohiboin deaagd eax rpesamepnoterell egliasd;yo q rue, polrom ismnooc, a bhea crde ifeernciacfu inodnaedesan s lfae chdaer cenoocimdieel napt eros tacquieór nse,u ltan arbityrc aorinatsar saa plrir ipnicdoie i gaudlad. Todol oa ntercioonrl lae quveal aS alrace onsei sdue r orientayc riteóonms euj uprirsudieand,ce sarrocloln ada anteriao 1r9i99dy,a a dce pteq uela i ndexapcoriceódne rsepectdoet odtpoio d ep ensi,oc naeussaadúansc on

antieodrraida lavg iencdiela a C onstiPtoluíctidióecn a 199.1 .. 11 Radicacni.ºó5 n58 89 Luego entonces, aplicando los anteriores argumentos al caso bajo estudio, que hoy la Sala reitera, son suficientes para concluir que no erró el tribunal al confirmar la actualización del ingreso base de liquidación de la pensión convencional, ordenada por el juez de primera instancia, toda vez que la demandante se desvinculó del Idema el 18 de octubre de 1997 y su pensión le fue reconocida, a partir del 6 de junio de 2004, por lo que el tiempo comprendido entre estas dos fechas le trajo necesariamente consecuencias nocivas a su prestación, que deben corregirse a través de la indexación de su base salarial, como bien lo asentó el juez de apelaciones en la sentencia impugnada. En consecuencia, el cargo no prospera. Como el recurso extraordinario se pierde, las costas por mismo se le impondrán a la parte demandada y recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de ($7.500.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia efectúe, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. DECISIÓN' En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA, la sentencia por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el veintisiete (27) de

12 Radicación n. º 55889

enerdoe d osm ild oc(e20 1)2e,n e lp roceosrod inarliaob oral que le promovióM .ARÍA DEL CARMEN CHICA DE

FERNÁNDE,Z a LA NACIÓN MINISTERIOD E

AGRICULTURAY DESARROLLROU RAL.

Costapso re lr ecurdseoc asaciaó cna rgdoe l ap arte demanddaac,o mos ed ejóv isetnol ap artmeo tiva. Cópisee, notifiqsue,e publuíeqs,e cúmplasye devuélveales xep edieanltt rei budneao lr iegn. Pres1 -"fi.k.r..,,.,,-;.«, (a

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13 Radicación n. º 55889 1,1,-,...... .,-,,..

LUIGSA BRIEMLI RANDA BUELVAS

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