CSJ - SL3739-2019

RepúhdleiC coal omhia conSeu premdaeJ usticia SadleaC asaciLta■ll oral RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO Magistproandeon te SL3739-2019 61582 Radicanc.iºó n 32 Acta Bogotá, D. C., once (11) de septiembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por OFELIA BONELL MADIEDO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 31 de octubre de 2012, en el proceso que promov10 contra el DISTRITO

ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE

BARRANQ UILLA.

l. ANTECEDENTES OFELIA BONELL MADIEDO llamó a juicio al DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, con el fin de que fuera condenado a reconocerle y pagarle «el retroaccotmpiavroet nui ndp oo rceingtuaaajl1le 0 0d%e l a pensqiuódene venegnea lJ. S S.. d esedlem esd es eptiembre SCLAJPT-V1.0D O Radicación n. º 61582 de 2009»; la indexación de las sumas adeudadas; y los intereses moratorias. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que había laborado para las extintas Empresas Públicas Municipales de Barranquilla -EPMB-, entre el 1 de mayo de 1960 y el 21 de agosto de 1981, para un total de 21 años, 3 meses y 20 días;

que nació el 27 de marzo de 1943; que para la fecha de su retiro del servicio tenía 38 años de edad; que para esa época la empresa pensionaba a sus trabajadores con fundamento en el Acuerdo Municipal O 1O de 1958, que exigía 50 años de edad y 20 de servicios; que cuando dejó de prestar sus servicios para las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla tenía el tiempo de servicio para jubilarse, 20 años, pero no la edad, pues tenía apenas 38 años, de los 50 requeridos; que, posteriormente, en el año 1982, se suscribió la convención colectiva de trabajo 1982 - 1983, donde se pactó que la edad para pensionarse sería de 48 años; que el 27 de marzo de 1991, las EPMB le reconocieron la pensión de jubilación con 48 años de edad, «por favorabilidad de la convención por encima del acuerdo No. O 1 O de 1 958»; que cotizó al ISS, como trabajadora de EPMB, un total de 654 semanas, entre el 3 de febrero de 1969 y el 21 de agosto de 1981; que continuó laborando para otro empleador y cotizando al ISS, entidad que, mediante Resolución No. 000653 de 2001, le reconoció pensión de vejez, una vez cumplió los 55 años de edad, con base en 121O semanas cotizadas; que, por Resolución No. 031 del 17 de noviembre de 2008, el Distrito de Barranquilla «le aplicó la compartibilidad de la pensión, descontándole el 1 00% de la SCLAJPT·lVO. 00 2 Radicación n. º 61582

que, mediante Resolución No. pensión que el !.S.S. le cancela»; 02613 del 25 de mayo de 2010, la entidad territorial accionada, de manera oficiosa, modificó la anterior resolución «en el sentido de solo compartir la pensión en un y el otro 4 2% que el fundamento de 58%i> «se lo consignaron»; aquel acto administrativo para compartir la pensión de jubilación, fue el de que para cuando se retiró de las EPMB tenía el tiempo de servicios para acceder a la pensión de vejez, lo que no era cierto dado que para ese momento solo tenía 654 semanas cotizadas al ISS; que las EPMB no continuaron cotizando al ISS después de terminada la relación laboral; que agotó la vía gubernativa. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó los relacionados con el natalicio de la actora, su relación laboral con las EPMB, el reconocimiento de la pensión convencional, la decisión de compartirla y el agotamiento de la vía gubernativa. Lo demás dijo que no era cierto o no le constaba. En su defensa propuso las excepciones perentorias de prescripción y cobro de lo no debido.

11. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral Adjunto del Circuito de Barranquilla, mediante fallo del 31 de mayo de 2011, absolvió a la demandada de todas y cada una de las pretensiones de la demanda (fls. 75 a 81).

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111. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Apeló la demandante y la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante fallo del 31 de octubre de 2012, confirmó el de primera instancia (fls. 107 a 118).

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró, como fundamento de su decisión, que el problema jurídico se contraía a determinar si la demandante tenía derecho al retroactivo pensiona! en un porcentaje igual al 100%, dado que el a qua había establecido que no tenía derecho a ello por virtud del compartibilidad pensiona!; que las pruebas allegadas al proceso evidenciaban que, mediante Resolución No. 050 del 5 de abril de 1991, las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla le habían reconocido a la demandante una pensión de jubilación, a partir del 27 de marzo de 1991, por haberle prestado sus servicios durante 21 años, 3 meses y 20 días; que el fundamento jurídico para el reconocimiento de tal prestación había sido el laudo arbitral proferido el 25 de octubre de 1979; que, en el numeral 3 de aquel acto administrativo se estableció que «el pensionado le cedería los derechos que el S. S. o la entidad J. que lo reemplazara pudiera concederle en cualquier tiempo por concepto de la misma prestación»; que el ISS le reconoció a la actora pensión de vejez, a partir del 26 de marzo de 1998, en cuantía inicial de $682.066; que, mediante Resolución No. 0391 del 27 de diciembre de 2008, la entidad territorial demandada dispuso compartir la pensión de jubilación de la

accionante con la de vejez reconocida por el ISS,

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Radicación n. º 61582 "descontándose de la mesada pensiona[ la suma de $1.4 16. 520, correspondiente a la mesada pensional que le cancelaba el !.S.S. en ese año»; que, mediante Resolución No. 0263 del 25 de mayo de 2010, el Distrito de Barranquilla, de manera oficiosa, revocó el anterior acto administrativo para disponer que se compartiría la pensión que venía pagando esa entidad territorial a la demandante, con la de vejez que le reconoció el ISS, en un 58%. A partir de las anteriores premisas fácticas, el Tribunal señaló que las pensiones compartidas habían sido reglamentadas por el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 del mismo año, que reiteraba lo dispuesto por el artículo 5 del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por Decreto 2879 de igual año. Seguidamente, reprodujo aquella disposición y el artículo 5 del Decreto 813 de 1994, para afirmar que esta Sala de la Corte, en sentencia CSJ SL, 17 jun. 2008, rad. 32654, había adoctrinado que el correcto entendimiento del mencionado artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990, era el de que: [. .. ] a partir de la asunción del riesgo de vejez para el ISS, desaparece la obligación de la empresa jubílante de continuar cubriendo las mesadas pensionales a su extrabajador, quedando a

su cuenta únicamente el mayor valor si lo hubiere entre las dos pensiones; pues si se continuó cancelando dicho valor fue para proteger al pensionado, pero ello no significa que ese valor le corresponda al trabaiador, sino que en realidad le corresponde es al empleador que jubiló. (Subrayas del texto) 5

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Radicación n.° 61582 En respaldo de sus afirmaciones, trajo a colación las sentencias CSJ SL, 15 jun. 2016, rad. 27311 y CSJ SL, 20 nov. 2007, rad. 31294. A continuación, estimó el colegiado que, de las normas y la jurisprudencia citadas, se concluía que las pensiones causadas con posterioridad al 1 7 de octubre de 1985 se entendían compartidas con la pensión de vejez que otorgara el ISS al trabajador, salvo que existiera un acuerdo entre éste y el empleador para que la prestación no fuera compartida; que, en este caso, no había evidencia de que la demandante y las EPMB hubieran acordado que la pensión de jubilación otorgada por el empleador no fuera compartida con el ISS, pues en la Resolución No. 050 del 5 de abril de 1991 se estableció, con claridad, que «la actora en su condición de pensionada cederla los derechos que le reconociera esa que la entidad por concepto de la misma prestación»; circunstancia de que las EPMB hubiera cotizado solo 654 semanas al ISS, «no es óbice para desconocer la compartibilidad de la pensión de jubilación, que se subrogó que el ISS no por las cotizaciones realizadas a esa entidad»;

desconoció dicha circunstancia, ya que, al momento de reconocerle la pensión de vejez a la demandante, dispuso que el retroactivo pensiona! generado se pagara en proporción a las semanas cotizadas por ella frente a las cotizadas por las EPMB; que, además, el Distrito de Barranquilla había ordenado la compartibilidad de la pensión a su cargo, precisamente atendiendo el hecho de que solo el 58% de las 121 O semanas con base en las cuales el ISS reconoció la 6

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Radicación n. º 61582 pens10n de veJez a la actora, había sido cotizado por las EPMB. A continuación, consideró el adq uem: En consideración a lo anterior, esta Sala le da aplicación al articulo 18 del Decreto 758 de 1990, y considera asi que la demandante no tiene derecho al 1 00% del retroactivo pensiona(, dado que un porcentaje del mismo pertenece a la empresa que le concedió a la actora la pensión de jubilación hasta el día en que el

J. S. S. (asegurador) le concedió la pensión de vejez, lo que quiere decir que si se ordenara pagarle a la demandante, el retroactivo pensiona[, estarla recibiendo entonces esta última un doble pago y menguando el derecho legal de las EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BARRANQUILLA, en su condición de empleador a ser subrogado y pagar así el mayor valor si lo hubiera, a partir de que el Instituto de los Seguro (sic) Social, hace efectivo el derecho a la pensión de vejez.

De suerte que, en el sub-judice, contrario a lo manifestado por

el apelante, es claro que se cumplió la condición señalada por el empleador Empresas Públicas Municipales de Barranquilla, para quedar subrogado de dicha obligación parcialmente, y por consiguiente, debía corresponderle el porcentaje del valor del retroactivo que le reconoció esa entidad en proporción a las semanas cotizadas, ya que obrar en sentido contrario se estarla avalando un doble pago por concepto de una misma prestación, lo que conllevarla a un enriquecimiento sin causa. Finalmente, el Tribunal hizo énfasis en que tanto la pensión de jubilación extralegal reconocida por el empleador como la de vejez reconocida por el ISS cubrían el mismo riesgo, la vejez, y ambas prestaciones fueron establecidas 7

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Radcaición n.º 61582 «dado que el para proteger al trabajador de dicho nesgo, objetivo del Seguro Social como asegurador fue el de subrogar sustituir a las empresas empleadores en el pago de las o o obligaciones a cargo de y que corresponden a los riesgos éstos asumidos por él, y, es expresa la incompatibilidad entre las pensiones y la exclusión de la una por la otra hasta la dos concurrencia de sus respectivos valores»; que el punto relacionado con el valor de las cotizaciones realizadas por la demandante mientras prestó sus servicios para INTERCOR S.A. no fue planteado en la demanda inicial, por lo que no podía ser materia de pronunciamiento por parte de esa colegiatura. IV.R ECURSDOE C ASACIÓN Interpuesto por el apoderado de la demandante,

concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCED EL AI MPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y, en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que fue no fueron replicados y se estudiarán conjuntamente, por cuanto, a pesar de estar encaminados por vías diferentes, denuncian la violación de

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Radicación n.º 61582 similar elenco normativo, se sirven de argumentos complementarios y persiguen idéntico fin.

VI. PRIMERC ARGO Acusa la sentencia impugnada de violar directamente, por aplicación indebida, los artículos 177 y 195 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Se ridad Social, lo que, gu afirma, condujo a la aplicación indebida de los artículos 467, 468 y 469 del Código Sustantivo del Trabajo; 1757 del Código Civil; 60 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por Decreto 3041 del mismo año; «yl ai nfradcicrieópcnot fraa ldtea aplicadec ilosó anrt»ícu los 5 del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de igual año; 12 y 18 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 del mismo año; 54, 83 y 84 del Código Procesal del Trabajo y de la

Se ridad Social, en relación con los artículos 184y 361 del gu Código de Procedimiento Civil; y 2 de la Ley 71 de 1988. En la demostración, aduce el censor que dada la vía seleccionada para el ataque no controvierte los supuestos fácticos establecidos en la sentencia impugnada, tales como que la pensión convencional le fue reconocida a la actora el 27 de marzo de 1 991; que la demandada, por su parte, aceptó los si ientes hechos: ie)l r econocimiento de una pensión de gu carácter «convenecxitornaalvlei,gt aayllt ,ir cainos miisii)b le», y el reconocimiento de la pensión de vejez a la demandante por parte del ISS. Enseguida, argumenta que las partes no aportaron al proceso la Convención Colectiva de Trabajo 9

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Radicación n. º 61582 suscrita entre las EPMB y su sindicato de base, con vigencia 1982-1983, «sienqduoel am ismeas u ne lemendtejo u icio idónepou esc one llsaé (sidce)m uestrlaonsd erechos que al no haber consagraednoe slp actcoo nvencional>1; aportado la demandada la referida CCT, donde se plasmó el laudo arbitral de 1979, no es posible establecer los términos del acuerdo extra legal en relación con la compartibilidad o compatibilidad de la pensión otorgada a la demandante; que el primer error jurídico en que incurrió el entonces, adq uem, consistió en exigirle a la demandante la carga probatoria de demostrar que entre ella y las EPMB se había pactado que la

pensión de jubilación no sería compartida con la de vejez que reconociera el ISS; que no le correspondía a la accionante entrar a demostrar si la pensión era compartible o no, dado que la carga de la prueba sobre tal asunto le incumbía a la demandada, por ser la beneficiaria de la compartibilidad. Añade el censor que otro error jurídico cometido por el colegiado consistió en no haber exigido de oficio que se aportara la CCT que consagra la pensión de jubilación reconocida a la demandante, pues dicha prueba era indispensable para establecer el carácter convencional o extralegal de tal prestación; que, de todas maneras, al contestar la demanda la convocada a juicio aceptó que la pensión era convencional; que, en este caso, las partes estuvieron de acuerdo con el carácter convencional de la pensión reconocida por el empleador «yl aa usencdieea s a En prueban oe rau nar azónc oncluypeanrtdaee cildail ri t11i s. su respaldo, reproduce apartes de las sentencias CSJ SL, 4 jun. 2008, rad. 10658, CSJ SL, 28 jun. 1998, rad. 10475, SCLAJPT·lVO. 00 10 Radicación n. º 61582 CSJ SL, 16 mar. 2005, rad. 24258, y CSJ SL, 1 dic. 2005, rad. 26169. Enseguida, insiste el recurren te en que si estaba demostrado que la pensión reconocida a la actora por las EPMB era de naturaleza convencional, por así haberlo aceptado las partes, le correspondía a la demandada probar

que en la CCT que la consagraba se pactó la compartibilidad; que, con anterioridad al 18 de octubre de 1985, fecha de entrada en vigencia del Acuerdo 029 de 1985, la regla general era que las pensiones extralegales no eran compartidas con el ISS, a menos que las partes hubieran pactado lo contario y, además, dicho pacto [. ..] debía estar acreditado en el proceso con la Convención Colectiva de Trabajo para que elfallador hubiese tomado la decisión de declarar la Compartibilidad entre las pensiones otorgadas a la actora, pero, como no sé (sic) demostró con dicha Convención Colectiva de Trabajo que hubo una estipulación contraria a la norma citada sobre Compartibilidad, al momento de otorgar la prestación, ha debido negarse dicha compartibilidad y declararse la compatibilidad entre las dos pensiones como lo solicitó la parte demandante. Agrega que, antes de la vigencia del Acuerdo 029 de 1985, la compartibilidad solo era posible en tratándose de pensiones legales y, solo con posterioridad a la vigencia de dicho reglamento, «fue que se estipuló que toda pensión o convencional ext,ralegal, concedida por un empleador a partir del 18 de Octubre de 1. 985, sería compatible (sic) con la de vejez que otorgara el !SS, a menos que las partes 11

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Radicación n.º 61582 expresamehnubtiee rpaanc toaq duee sapse niosnenso s eiarn como se plasmó también el artículo 18 del compart»,i das Acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 del mismo

año. A renglón seguido, afirma en el censor que el tercer error jurídico cometido por el Tribunal consistió en no haber determinado que la accionant e tenía derecho al 100% del retroactivo pensiona!, para lo cual se debe tener en cuenta que para la fecha de retiro de las EPMB, la actora devengaba un salario de $9.480 y, al ser jubilada en 1991, la pensión se reconoció en cuantía equivalente al salario mínimo mensual legal vigente para ese año; que es de justicia que la demandada devuelva y pague la totalidad del retroactivo recibido desde el 27 de marzo de 1998, debidamente indexado; que, según el artículo 2 de la Ley 71 de 1988, ningún trabajador en Colombia puede devengar una suma inferior al salario mínimo y, además, dicho salario mínimo «on puedes erCo mpartciodneol Di,stitrod eB arraunillqa por que al avalar la compartibilidad de efectsod ela mismlaey »; la pensión convencional de la actora, el violó el adq uem artículo 2 de la Ley 71 de 1988; que después del retiro del servicio de la demandante ni las EPMB, ni las entidades que la sucedieron continuaron cotizando al ISS, en los términos del artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990, de manera que el Distrito de Barranquilla no tiene legitimidad para subrogar el seguro de vejez a su favor y, por lo tanto, debe devolver a la accionante las sumas recibidas desde el 27 de marzo de 1998, como lo ha aceptado esta Sala de la Corte en casos similares.

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89 Radicación n. º 61582 VII.S EGUNDOC ARGO Acusa la sentencia impugnada de haber infringido directamente el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo y de haber interpretado erróneamente los artículos 5 del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por Decreto 2879 del mismo año; y 18 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado mediante Decreto 758 de la misma anualidad. En el desarrollo, sostiene el censor que el artículo 16 del estatuto sustantivo laboral dispone que las normas sobre trabajo son de orden público y producen efecto general inmediato, de manera que no afectan situaciones consumadas o definidas conforme a leyes anteriores, pero sí deben aplicarse a las situaciones en curso en el momento en que tales disposiciones empiecen a regir; que el efecto general lo que la jurisprudencia laboral inmediato de la ley «es denomina "retrospectividad" de la ley, fenómeno jurídico que es diferente al efecto retroactivo.» Después de explicar la diferencia que, en su concepto, existe entre retroactividad y retrospectividad o efecto general inmediato de la ley, aduce el censor: Dado que la pensión de jubilación por su misma naturaleza entraña una obligación de tracto sucesivo, es elemental concluir que la pensión que el Distrito de Barranquilla (Empresas Públicas Municipales de Barranquilla) le paga a Of elia Bonell Madiedo desde el 27 de Marzo de l. 991, conforme lo dio por establecido el Tribunal en su Jallo, constituía una situación vigente o en curso, debido a que

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Radicación n. º 61582 desde 1.9 85 entró en vigencia el Acuerdo 029 de 1.9 85, aprobado por el Decreto 2879 de 1. 985, razón por la cual su efecto general inmediato también debe aplicarse a las situaciones en curso relacionadas con dicha prestación social. Seguidamente, señala el censor que esta Sala de la Corte, en sentencia CSJ SL, 15 jul. 2003, rad. 19557, entre otras, ha explicado que la pensión de jubilación es una prestación social de tracto sucesivo; que, si ello es así, se impone concluir que la demandada violó la ley al compartir con el ISS la pensión de jubilación que le venía pagando a la demandante, por razón de los aportes que no hicieron las EPMB ni las entidades que la sucedieron; que si el Distrito de Barranquilla violó la ley también lo hizo el Tribunal, al desconocer que la pensión de jubilación convencional es compatible con la de vejez a cargo del ISS Bajo las anteriores premisas, concluye el censor: Si el Tribunal hubiera aplicado el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo hubiera concluido que al aplicarse a la situación pensiona[ de Ofelia Bonell Madiedo el reglamento que reguló la compartibilidad de las pensiones de jubilación otorgadas por patronos inscritos en el Instituto de los Seguros Socia.les (Empresas Públicas Municipales de Barranquilla) a sus trabajadores afiliados cuando la pensión fue reconocida en Convención Colectiva, laudo arbitral, voluntariamente, no (sic) o sé afecta una situación definida o consumada confa rme a leyes

anteriores, pues lo que en verdad ocurre es que se le reconoce a los Acuerdos 029 de 1.985 y 049 de 1.990 el efecto general inmediato que tienen por ser normas de orden público, lo que o es lo mismo, sé (sic) les da un efecto retrospectivo, en la medida en

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14 90 Radicación n. º 61582 que sólo desde ese momento y únicamente hacia el futuro lo dispuesto por el artículo º del Acuerdo 029 de 1. 985, aprobado 5 por el Decreto 2879 de 1.985, pero sin afectar para nada las mesadas de la pensión, que vienen a ser las únicas obligaciones que deben tenerse como situaciones definidas o consumadas confo nne a leyes anteriores. VIIIT.E RCECRA RGO Acusa la sentencia del Tribunal de violar indirectamente, por aplicación indebida, los artículos 177 y 195 del Código de Procedimiento Civil; 467, 468, 469 y 478 del Código Sustantivo del Trabajo; 5 del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de igual año; 18 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 del mismo año; 60 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por Decreto 3041 del mismo año; y 29 de la Constitución Política. Dice que la anterior infracción de la ley se produjo como consecuencia de los siguientes errores de hecho: 1).- No dar por demostrado, estándolo, el carácter convencional de la pensión de jubilación reconocida a la

demandante por el Distrito de Barranquilla. 2).- No dar por demostrado, estándolo, que la pensión convencional que recibe la demandante del Distrito de Barranquilla es la consagrada en la Convención Colectiva de Trabajo 1. 9821983, dónde (sic) se plasmó lo decidido en el Laudo Arbitral del 25 de Octubre de 1. 979, Homologado por la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, laudo al cual se adhirió

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Radicación n. º 61582 el Tribunal para fallo. su 3).- No dar por demostrado, estándola, que en el mencionado Laudo Arbitral del 25 de Octubre de 1.979, Homologado por la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, no (sic) estipuló en ninguna de cláusulas la Compartibilidad con sé sus el ISS, de las Pensiones Extralegales a cargo de las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla. 4).- No haber dado por demostrado estándola, que el Distrito de Barranquilla (Empresas Públicas Municipales de Barranquilla), le compartió a la demandante el valor de pensión de jubilación su la cual tiene un valor de un (1) salario mínimo legal mensual vigente. 5). - No dar por demostrado estándola, que al compartirle el Distrito de Barranquilla la pensión de jubilación de la demandante y cuyo valor esd e un (1) salario mínimo legal mensual vigente, al aceptarlo, el Jallador colegiado violó la ley sustancial.

Asimismo, sostiene que el colegiado 1ncurno en el siguiente error de derecho: La infracción legal se debió al error de derecho en que incurrió la sentencia por haber dejado de apreciar la convención colectiva de trabajo, siendo el de hacerlo, pues mediante ella caso sé (sic) prueba el régimen convencional aplicable, el retroactivo, la compartibilidad y la compatibilidad de la pensión de jubilación otorgada a la actora, con la que le reconoció el Instituto de los Seguros Sociales. Denuncia como pruebas y piezas procesales no valoradas ni apreciadas por el Tribunal: i) la convención colectiva de trabajo 1982 - 1983, ii) la demanda y su 16 SCLAJPT-10 V.DO q \ Radicación n.º 61582 contestación, escrito de alegaciones presentado por el iii) apoderado de la demandada, Resolución No. 0391 del 27 i)v de diciembre de 2008, recurso de reposición interpuesto v) por la demandante contra la Resolución No. 0391 del 27 de diciembre de 2008, Resolución No. 0263 del 25 de mayo vi) de 2010 y Resolución No. 04491 del 6 de agosto de 2010. vii) En la demostración, aduce el censor que el Tribunal no exigió de oficio que se aportara en la segunda instancia un ejemplar autenticado y con constancia de depósito de la CCT 1982 1983, necesaria para determinar la compartibilidad o compatibilidad de la pensión reconocida por el empleador, a quien le incumbía la carga de la prueba, por ser el beneficiario del carácter compartido de la prestación; que,

en tonc es, no se demostró el carácter convencional de la pensión de jubilación reconocida a la actora por parte de las EPMB; que en este proceso no era «ipmerioasceord itlaar connvceiócno lecctoimvsoaé ( iscd)ij oa ntedsa dqou en oe ra En su apoyo, reproduce pasajes de las una sundteoll i gti»io . sentencias CSJ SL, 4 jun. 1998, rad. 10658, y CSJ SL, 1 dic. 2005, rad. 26169. Seguidamente, aduce el censor que si ... el tribunal no hubiera dejado de apreciar y valorar la convención colectiva de trabajo no hubiera incurrido en el error de derecho que lo llevó a dar por establecido que la pensión otorgada por el distrito de barranquilla (empresas públicas municipales de barranquilla) y la del instituto de los seguros sociales, eran compatibles entre sí, cuando ciertamente no se pactó la compartibilidad ni la compatibilidad en el convenio convencional 17

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Radicación n. º 61582 entre las empresas públicas municipales de barranquilla y su sindicato de base, surgido del laudo arbitral de 1.9 79 homologado por la corte suprema de justicia-sala laboral, ello no reposa en autos. Añade que, por lo demás, el ad quem no valoró n1 apreció las pruebas y piezas procesales ya relacionadas; que el artículo 29 de la Constitución Política le confiere al legislador la facultad de diseñar las reglas del debido proceso y la estructura probatoria de los procesos, con el deber de

observar y regular ciertas garantías mínimas en materia probatoria; que, como algo consustancial al derecho de defensa, el legislador debe prever que en los procesos se reconocen los siguientes derechos sobre pruebas: i)d e presentarlas y solicitarlas, iid)e controvertidas, i)ia i la publicidad, i)v a la regularidad, v)a que de oficio se practiquen las que resulten necesarias para garantizar la efectividad de los derechos, v)iy a que se evalúen por el juzgador; que, entonces, le corresponde al juez evaluar s1 hace uso de la facultad de decretar pruebas de oficio. Para respaldar sus afirmaciones trae a colación la sentencia CC

C-1270-2000.

IX. CONSIDERACIONES Para justificar su decisión de confirmar la sentencia de primer grado, en cuanto concluyó que la pensión de jubilación que las EPMB le reconocieron a la demandante era compartible con la de vejez que posteriormente le reconoció el ISS, el Tribunal explicó que el fundamento jurídico para el

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Radiaccóinn º.6 1582 reconocimiento de esa prestación había sido el laudo arbitral proferido el 25 de octubre de 1979 y que, en el numeral 3 de aquel acto administrativo, se estableció que «el pensionado le cedería los derechos que el l. S. S. o la entidad que lo reemplazara pudiera concederle en cualquier tiempo por concepto de la misma prestación», lo que demostraba la compartibilidad. Como argumento adicional, el colegiado señaló que las pensiones causadas con posterioridad al 17 de octubre de 1985 se entendían compartidas con la de vejez que otorgara

el ISS al trabajador, salvo que existiera un acuerdo entre éste y el empleador para que la prestación no fuera compartida; y que en este caso no había evidencia de que las partes hubieran acordado que la pensión de jubilación otorgada por el empleador no fuera compartida con el ISS. La censura controvierte tales reflexiones por cuanto, afirma, desde el punto de vista jurídico el ad quem se equivocó al exigirle a la demandante que demostrara que entre ella y las EPMB se acordó que la pensión de jubilación no sería compartida con la de vejez que reconociera el ISS, dado que no le correspondía a la parte actora la carga de demostrar si la pensión era compartible o no. Además de ello, le reprocha al colegiado que no hubiera tenido en cuenta que antes del 18 de octubre de 1985, la regla general era la de que las pensiones convencionales eran compatibles con la de vejez que reconociera el ISS, a menos que el empleador y el trabajador hubieran pactado lo contrario, de manera que si la demandada no demostró que la pensión a su cargo era

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Radicación n.º 61582 compartible, se debía concluir que la prestación era compatible. De igual forma, desde el punto de vista fáctico, el censor le reprocha al Tribunal que no hubiera dado por demostrado que la pensión de jubilación reconocida por las EPMB a la demandante, lo fue con fundamento en la CCT 1982 - 1983, pues ello había sido aceptado por las partes. También se duele el recurrente de que el no hubiera solicitado ad quem de oficio que se incorporara al proceso copia de dicho acuerdo colectivo, con su respectiva constancia de depósito, a efectos

de determinar si la prestación era compatible o compartible. Plantead