CSJ - SL374-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL374-2023 Radicación n.° 88006 Acta 06 Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ELÉCTRICOS INTERNACIONAL LTDA., contra la sentencia proferida el 25 de julio de 2019, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso que instauró en su contra

BEKER ALBERTO BARRERA SÁNCHEZ.

I. ANTECEDENTES

Beker Alberto Barrera Sánchez demandó a Eléctricos Internacional Ltda. (en adelante, Eléctricos Internacional), con el fin de que se declarara que el contrato de trabajo que existió entre ellos, terminó sin justa causa en ausencia de autorización del Ministerio del Trabajo y que, por tanto, fue ineficaz.

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Radicación n.° 88006 En consecuencia, solicitó su reintegro al mismo cargo o a uno similar; el pago de salarios, primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías y sus intereses y aportes al Sistema de Seguridad Social, dejados de devengar desde su retiro hasta la fecha efectiva de la reinstalación; además de las indemnizaciones moratorias de los artículos 65 del Código Sustantivo del Trabajo y 99 de la Ley 50 de 1990, todo debidamente indexado. De forma subsidiaria, pretendió la declaración de la nulidad del despido y el pago de las indemnizaciones por terminación sin justa causa, moratoria y la establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, también indexadas.

Fundamentó sus pretensiones, en que comenzó a laborar para la empresa Kerny Ltda. el 13 de septiembre de 1982; que el 1º de marzo de 2003 operó una sustitución patronal con Eléctricos Internacional Ltda., en virtud de la cual trabajó para esta última hasta el 12 de mayo de 2017, con un salario final de $3.412.500. Indicó que se le habían diagnosticado las patologías de «PTERIGION IZQUIERDO», «SINDROME (sic) DE COLON IRRITABLE», «HIPERLIPIDEMIA MIXTA», «HIPERPLASIA DE LA PROSTATA (sic)», «OTRAS COLELITIASIS», «BURSITIS DEL HOMBRO DERECHO», «HIPERGLICEMIA NO ESPECIFICADA», «OTRA HIPERLIPIDEMIA» y «ESPOLON (sic) CALCANEO (sic) IZQUIERDO», de las que tenía conocimiento el empleador al punto, que le otorgaba permisos para asistir a terapias ordenadas por su EPS.

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Radicación n.° 88006 Afirmó que pese a lo anterior, el 11 de mayo de 2017 fue citado a diligencia de descargos «[…] con tan sólo 15 minutos de anticipación» y se le entregó un dispositivo USB que supuestamente contenía el material probatorio; información a la que no pudo acceder por la premura del tiempo y porque el empleador no le facilitó un equipo electrónico para tal fin. Agregó que la demandada no le dio a conocer todas las pruebas; no pudo controvertir las que se pusieron en su conocimiento; el tiempo concedido para revisar dicho

material fue mínimo; no recibió copia del acta de la diligencia de descargos; no tuvo derecho a ejercer recurso alguno contra la decisión de la empresa, ya que en la carta de terminación del contrato «[…] no existió si quiera una mínima mención al respecto» y solicitó una ampliación de sus explicaciones pese a lo cual, Eléctricos Internacional decidió despedirlo con base en una justa causa infundada. Por último, afirmó que para la fecha de la desvinculación gozaba de la condición de prepensionado, quedándole 2 años «[…] para que le fuera reconocida su pensión de vejez»; que la demandada no solicitó autorización al Ministerio de Trabajo para efectos de su retiro y que la empleadora actuó de mala fe. Al dar respuesta a la demanda, Eléctricos Internacionales se opuso a todas las pretensiones, salvo la referida a la existencia del contrato de trabajo.

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Radicación n.° 88006 En cuanto a los hechos, aceptó el vínculo contractual que sostuvieron las partes previa sustitución patronal con Kenry Ltda. y los extremos de la relación laboral. En cuanto al salario, aclaró que se componía de un sueldo básico de $2.625.000, más una bonificación salarial de $787.500. Negó que tuviera conocimiento de que el demandante hubiera sido diagnosticado con alguna enfermedad, que afectara la prestación de sus servicios. Por el contrario, adujo que nunca demostró que era merecedor de una estabilidad reforzada y que, según los documentos allegados con la demanda, la historia clínica del trabajador consignaba que

tenía un «Buen estado general» de salud; el motivo de consulta en la mayoría de casos fue de «control» y, no se evidenciaron incapacidades médicas, antes de la desvinculación, la existencia de enfermedades catastróficas, recomendaciones o restricciones médicas, ni procedimiento de calificación o dictamen de una pérdida de capacidad laboral. Añadió que al resolver una tutela interpuesta por el señor Barrera Sánchez, los juzgados Noveno Penal Municipal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías de Bogotá y Cincuenta y Uno «[…] del Circuito con Función de Conocimiento», concluyeron que el demandante no era sujeto de protección constitucional, al no contar con estabilidad laboral reforzada. En cuanto al procedimiento disciplinario, señaló que con la citación a descargos comunicó al trabajador los

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Radicación n.° 88006 hechos, las normas presuntamente violadas, los posibles incumplimientos laborales, le trasladó todas las pruebas que tenía en su poder y le informó que podía controvertirlas y allegar otras que considerara pertinentes. Precisó que hizo entrega de la citación a las 7 am del 11 de mayo de 2017, dentro del horario laboral; que la diligencia inició a las 8:32 am por solicitud expresa del demandante, pese a que se había programado a las 8:45 am y que aquel tenía asignado un computador con el cual podría haber consultado el contenido de la USB que se le proporcionó. Indicó que en la sesión nuevamente se pusieron de presente las evidencias, se trasladaron los testimonios

recaudados, se reprodujeron los videos que tenía la empresa en su poder y se dio la oportunidad al señor Barrera Sánchez de controvertir todo el material, sin que manifestara comentario alguno sobre aplazamiento o suspensión de los descargos o respecto del tiempo otorgado para atender la diligencia. Apuntó que el trámite disciplinario se llevó a cabo en observancia con lo dispuesto por el artículo 52 del Reglamento Interno de Trabajo y de la sentencia de la Corte Constitucional CC C-593 de 2014 y que en 2 oportunidades entregó copia del acta de descargos al trabajador, tanto así que este la allegó con la demanda. Aclaró que mediante misiva del 17 de mayo de 2017, otorgó el recurso de reposición, el cual fue interpuesto

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Radicación n.° 88006 extemporáneamente por el demandante el 25 del mismo mes y año, el que se estudió y resolvió a través de respuesta del 2 de junio de 2017. Negó la violación del debido proceso y derecho a la defensa, así como la existencia de una estabilidad laboral reforzada por salud o por la condición de prepensionado. En cuanto a esto último, sostuvo que el demandante era afiliado al Régimen de Ahorro Individual donde el requisito de pensión es el monto del capital ahorrado, información a la que no podía acceder el empleador por su carácter de reservada. Agregó que, en todo caso, los documentos allegados a la demanda daban cuenta de una suma de dinero ahorrada por el señor Barrera Sánchez, que bien podía financiar su

mesada pensional, de tal suerte que el despido no le frustró derecho alguno. Narró que la desvinculación se dio por la comprobación previa de una justa causa de despido, con ocasión de la orden que dio el trabajador a varios de sus dependientes de cargar un camión de la empresa, con material de su propiedad y sin su autorización. Adicionó que aquel tuvo la finalidad de vender el producto, estimado por un valor comercial de cerca de $1.500.000, recibiendo el dinero correspondiente a tal transacción. Por último, rechazó la necesidad de contar con autorización del Ministerio de Trabajo para el retiro, habida

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Radicación n.° 88006 cuenta de la justa causa demostrada, así como la mala fe del demandante. En su defensa propuso las excepciones de cobro de lo no debido por inexistencia de la obligación y de la indemnización moratoria, pago, compensación, buena fe y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 4 de julio de 2019, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre el demandante BEKER ALBERTO BARRERA SÁNCHEZ y la demandada ELÉCTRICOS INTERNACIONAL LTDA existió un contrato de trabajo a término indefinido, que inició el 13 de septiembre de 1982 y finalizó el 11 de mayo de 2017 por decisión unilateral de la demandada y sin justa causa, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la demandada ELÉCTRICOS

INTERNACIONAL LTDA a pagar en favor del demandante BEKER ALBERTO BARRERA SÁNCHEZ la suma de $158.283.125 por concepto de indemnización por despido sin justa causa, conforme a la parte motiva de esta providencia.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Interpuesto recurso de apelación por la demandada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 25 de julio de 2019, confirmó la sentencia de primera instancia.

Definió como problema jurídico de la apelación «[…] determinar si la demandada terminó el nexo contractual de

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Radicación n.° 88006 manera justificada, atendiendo el procedimiento plasmado en el Reglamento Interno de Trabajo». Dio por probado el vínculo laboral a término indefinido que unió a las partes entre el 13 de septiembre de 1982 y el 12 de mayo de 2017, así como el salario, aclarando su composición según lo especificó la empresa en la contestación y, el cargo desempeñado por el trabajador de jefe de producción. Reprodujo el texto de la carta de despido del 12 de mayo de 2017 y corroboró que la terminación contractual obedeció a una decisión unilateral del empleador, siendo la demandada a quien le incumbía acreditar la justa causa. Manifestó, Ahora, antes de dilucidar los reparos elevados por la parte pasiva, que se cimentaron únicamente en la realización del procedimiento disciplinario por estar, en su sentir, acreditada la justa causa; considera este Juez Colegiado necesario acotar que

si bien el A quo centró sus miramientos en la no realización del trámite impuesto dentro del Reglamento Interno de Trabajo, aduciendo no examinar la falta no aceptada «para evitar desgastes de la administración de justicia», lo cierto es que tal aspecto no emana como algo ajeno o superfluo a la causa judicial en debate, sino que es, precisamente, su consumación la que permitiría entrar a rebatir las actuaciones desplegadas por ELECTRICOS (sic) INTERNACIONAL LTDA antes de resolver con la finalización del nexo, bien como sanción disciplinaria ora por la facultad concedida en su condición de empleador. Lo anterior, no solo por la sensatez que requiere la observancia de una pretensión como el despido sin justa causa, que innegablemente demanda la determinación en su construcción, sino porque, aun sin aceptar su aplicabilidad, el artículo 52 del Reglamento Interno de Trabajo fue diáfano en establecer que ello se procuraría para «la terminación del contrato de trabajo con justa causa», siendo preciso establecer aquel último parámetro normativo. Fluyendo incuestionable la obligatoriedad de referirse esta

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Radicación n.° 88006 segunda instancia sobre ese tópico, en cumplimiento al literal 2º del artículo 287 del Código General del Proceso. Señaló que Eléctricos Internacional fundó el despido en el numeral 6 del literal a) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo y sostuvo que al juzgador laboral le estaba vedado calificar la gravedad de una justa causa establecida en reglamentos, contratos, pactos, convenciones y fallos arbitrales; no así en los casos en que no se encontrara

reglada, ocasión donde el operador jurisdiccional debía «[…] concretar bajo el análisis de las pruebas en conjunto, sí (sic) se constituye tal entidad en la falta para que fuera preciso desvincularlo». Como soporte citó la sentencia CSJ SL 14 de agosto de 2012, radicación 39518. Apuntó que en la cláusula 7ª del contrato de trabajo se plasmó como justa causa la comisión de las faltas graves prescritas en los reglamentos, encontrando que «[…] el numeral 1° del artículo 47» definió como tal la referida a la sustracción del establecimiento de trabajo de las materias primas o productos elaborados, sin permiso de la empresa. Revisó la diligencia de descargos del demandante, los interrogatorios de las partes, los testimonios de Claudia Liliana Montoya, Juan Camilo Rodríguez González, Jorge Henry Ospina Martínez, Eliécer Correa Montaña y César Augusto Palacio Guzmán y los videos de seguridad a folio 215 del expediente. Tras repasar su contenido, concluyó: Hasta este punto, no puede advertirse un desconocimiento de las funciones, obligaciones o prohibiciones asignadas, mucho menos un actuar inmoral o delictuoso, pues no se evidencia a Barrera

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Radicación n.° 88006 Sánchez sustrayendo de manera indebida algún tipo de recurso de la compañía, ni se pudo colegir que aquel emitiera pronunciamiento en el sentido de remontar las tinas con retal a un automotor y su posterior retiro y venta sin autorización de la pasiva, como se señala de maneja (sic) tajante en el legajo de

terminación del contrato. Contrario aun (sic) lo señalado por el mismo representante legal al rendir interrogatorio de parte, al aducir con vehemencia que el accionante emitió orden de cargue y retiro del material, pues conforme el anterior recuento de pruebas, se itera, ello no se encuentra cumplido procesalmente, ni siquiera en grado de duda. Concluyéndose de los hechos antes relacionados, que no se descubre acreditada la justa causa que dio lugar a la terminación del contrato de trabajo y la grave falta en la que se alega incurrió el demandante conforme al parágrafo único del artículo 62 del CST, pues debiendo comprobar que BEKER ALBERTO BARRERA persiguió como autor la venta de los elementos de la compañía, traduciéndolo en las órdenes de incorporación de la viruta de latón en el vehículo y su comercialización sin autorización, ello no se corroboró. Aclarando que aquel debate dirigido por la pasiva en el desarrollo del asunto jurisdiccional, con el propósito de concretar la causal en la orden de movilizar el material a un sitio distinto al inicial, como lo fue la retaguardia de las instalaciones de la pasiva, no merecerá por esta instancia el reproche que persigue, pues ello en manera alguna fue reseñado en la carta de despido como fundamento para el cese, sino que lo comportó, se itera, la orden de cargue del camión, el retiro de los elementos de las instalaciones y la venta del material sin autorización, con el aprovechamiento indebido de una suma que no le atañía. Finalmente, en repuesta a la manifestación de la pasiva dentro del debate procesal en el sentido de indicar que conociendo los

videos se determinó lo ocurrido, ha de precisarse que adquirir conocimiento de un suceso no transforma lo acaecido en legal o contrario a derecho, pues para ello es indispensable demostrar que las mismas dieron lugar a la configuración de una justa causa. Para finalizar, indicó que sus consideraciones conducían a la confirmación del fallo de primera instancia, pero por las razones anotadas, […] y sin que resulte indispensable emitir pronunciamiento sobre la certeza y conformidad en el procedimiento disciplinario, pues al no corroborarse la consumación de la justa causa, el tópico del trámite para su retiro se abate por ausencia de fuerza.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Eléctricos Internacional, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver de acuerdo con los estrictos términos en que fue presentado y los límites propios del recurso extraordinario.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la entidad recurrente que la Corte case en su totalidad la sentencia atacada para que, en sede de instancia, revoque la del juzgado y en su lugar la absuelva de todas las pretensiones de la demanda inicial.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que son replicados y se estudian de forma conjunta dada la accesoriedad de los temas que allí se discuten.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia del Tribunal por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 32, 51,

66A y 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad

Social, modificado por el 11 de la Ley 1149 de 2007; 281 y 287 del Código General del Proceso, en relación con el 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, «[…] violación de normas adjetivas que fue el medio para el

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Radicación n.° 88006 quebranto, por aplicación indebida, de los artículos 58, 60, 62, 64 y 115 del Código Sustantivo del trabajo». Le atribuye al Tribunal la comisión de los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la existencia de una justa causa de despido formó parte de los hechos y de las pretensiones de la demanda con la cual se dio inicio al proceso.

2. Dar por probado, a pesar de que no lo está, que la indemnización del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo se fundó en que el actor fue despedido sin justa causa y no dar por acreditado, estándolo, que esa pretensión se basó exclusivamente en que al demandante le fue violado el derecho al debido proceso en el trámite disciplinario que se le siguió.

3. Dar por probado, sin que lo esté, que entre los argumentos de la sustentación del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la demandada contra la sentencia de segunda instancia se incluyó lo relativo a la justa causa de terminación del contrato de trabajo del demandante.

4. Dar por probado, aunque no lo está, que en la sentencia de segunda instancia se hizo referencia a la existencia de una justa causa de despido.

Afirma que tales yerros se dieron como consecuencia de

la indebida valoración de la demanda, la sustentación del recurso de apelación y la sentencia de primera instancia. Como fundamento del cargo, sostiene que el Tribunal estudió un asunto que no fue el realmente debatido en el proceso, dejó de lado el análisis de los planteamientos del juez y no se ocupó de la verdadera materia del recurso de apelación, en el que no se incluyó la existencia de una justa causa como motivo de la inconformidad.

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Radicación n.° 88006 Señala que, al haber decidido sobre un tema distinto, con razones y argumentos divergentes a los de la primera instancia, se afectó su derecho a la defensa, ya que le impidió pronunciarse sobre tales hechos. Alega que basta revisar el resumen que hizo el propio Tribunal respecto de la demanda, para comprobar que el señor Barrera Sánchez no incluyó en ella pretensiones, hechos o argumentos relacionados con la inexistencia de la justa causa de despido, sino que la fundamentó en la violación al debido proceso y en una presunta estabilidad laboral reforzada por razones de salud. Añade que el demandante sustentó la pretensión subsidiaria de la indemnización por terminación sin justa causa en la violación al debido proceso, no en la controversia sobre el motivo de la desvinculación. Dice que el recurso de apelación se centró en defender la validez del trámite disciplinario y en acreditar la ausencia de vulneración del derecho al debido proceso del trabajador, por lo que erró el Tribunal al extraer, de dicho memorial, un debate sobre la justeza o no de la causa alegada para el

rompimiento contractual. Sobre la sentencia de primera instancia, advierte que fue mal apreciada toda vez que en ella consta que el debate gravitó en si se había vulnerado el derecho a la defensa y si aquel gozaba, al momento del retiro, de una estabilidad

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Radicación n.° 88006 laboral reforzada, tal como consta en el minuto 9 del audio de lectura de dicha providencia. Para terminar, afirma que se violaron los principios de congruencia y consonancia de la sentencia, al dictar un fallo sobre una cuestión que no formaba parte del proceso, de la decisión del juzgado y del recurso de apelación.

VII. CARGO SEGUNDO Por la vía indirecta, denuncia la aplicación indebida de los artículos 58, 60, 62, 64 y 115 del Código Sustantivo del Trabajo y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la

Seguridad Social. Le imputa los siguientes errores de hecho:

1. No dar por probado, estándolo, que el demandante presenció cuando se cargaba el camión con la tina contentiva de la viruta de latón que posteriormente fue vendida sin autorización de la empresa.

2. No dar por demostrado, estándolo, que el actor fue quien dio la orden para que la tina con la viruta de latón fuera llevada a la zona de cargue y descargue.

3. No dar por demostrado, estándolo, que fue el actor quien ordenó cargar la viruta de metal en el camión.

4. No dar por demostrado, a pesar de que lo está, que el

demandante no contaba con autorización para retirar la viruta de latón de las instalaciones de la empresa.

5. No dar por demostrado, a pesar de que lo está, que el actor recibió la suma de $200.000 de parte del señor Mario Contreras, Jefe de Compras, fruto de la venta de la viruta de latón.

6. No dar por probado, aunque lo está, que el promotor del pleito utilizó los $200.000 que recibió de Mario Contreras para gastos personales.

7. Dar por demostrado, sin estarlo, que el actor no conocía el procedimiento de manejo de materiales.

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Radicación n.° 88006 Arguye que esas equivocaciones se dieron por la indebida gestión probatoria del Tribunal, así,

5.2.2.- PRUEBAS EQUIVOCADAMENTE APRECIADAS.

1. Acta de la diligencia de descargos efectuada al demandante.

Folios 157 a 160.

2. Interrogatorio de parte del actor.

3. Diligencia de descargos de Mario Contreras Forero. Folios 153 a 156.

4. Testimonios de Claudia Liliana Montoya, Juan Camilo

Rodríguez González, Jorge Henry Ospina, Eliecer Correa Montaña y César Augusto Guzmán.

5.2.3.- PRUEBAS DEJADAS DE VALORAR

1. Declaración libre y espontánea de Jorge Henry Ospina

Martínez. Folio 152.

2. Declaración libre y espontánea de Eliécer Correa Montaña.

Folios 148 y 149.

3. Procedimiento para manejo de residuos metálicos GEAP006.

Sostiene que, en la diligencia de descargos, el señor Barrera Sánchez aceptó que estuvo al tanto del cargue del camión con el material, a tal punto que lo estaba vigilando y que recibió dinero de Mario Contreras Forero, quien vendió la viruta sustraída y afirmó que correspondía al valor de la transacción, cuestiones omitidas por el fallador. Asegura que, con los descargos del mencionado trabajador, se prueba que el demandante ordenó y participó en la sustracción de la viruta de latón, conocía de la venta que se haría de ella y se benefició de la misma. Añade que dicha responsabilidad se respalda también con las declaraciones libres y espontáneas de Jorge Henry Ospina Martínez, quien aseguró que el señor Barrera Sánchez dio la orden de llevar el material a la zona de cargue

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Radicación n.° 88006 y descargue y no cumplió con el procedimiento aplicable para el traslado y acopio de la viruta de latón, el cual establecía que eran los inspectores los encargados de movilizarla a efectos de su depósito en el almacén; Eliécer Correa Montaña, que dio fe de la orden de traslado del producto por parte del demandante; y César Augusto Palacio Guzmán, quien manifestó que la terminación del contrato se dio por el robo de un material, que los señores Barrera Sánchez y Mario Contreras, cargaron residuos en un camión sin cumplir el procedimiento aplicable y que este último le informó que el producto iba a ser destinado a la venta. Para finalizar, manifiesta, En conclusión, incurrió el fallador en varios yerros de valoración

probatoria que lo condujeron a no tener probado, pese a estarlo: (i) que el actor participó en la salida del material de residuos o viruta de latón, pues dio la orden para su traslado a la zona de cargue y descargue y para que se cargara en el camión; (ii) que tuvo conocimiento de la venta del material; (iii) que recibió dinero por la venta de ese material.

VIII. RÉPLICA Beker Alberto Barrera Sánchez se opone a los cargos y aduce que está plenamente demostrado que la finalización de su contrato de trabajo se dio con violación de sus derechos a la defensa y contradicción, pues no se cumplieron los términos previstos en la sentencia de la Corte Constitucional CC C-593 de 2014.

Recuerda los diferentes incumplimientos procedimentales que imputó a la empresa y afirma que,

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Radicación n.° 88006 De acuerdo con la información remitida al Juzgado 3 Laboral del Circuito de Bogotá y con las pruebas que se han incorporado y recaudado es evidente que el proceso disciplinario presentó irregularidades por parte de ELÉCTRICOS INTERNACIONAL LTDA., generando con ellos que el despido se tornare injusto.

IX. CONSIDERACIONES Pese al contenido de los dos cargos formulados, para la Sala, el principal problema jurídico que le corresponde resolver es si el Tribunal se equivocó en la apreciación de los medios probatorios, de tal suerte que decidió sobre una cuestión distinta a la debatida en la demanda, vulnerando con ello los principios de congruencia y consonancia procesales.

En caso de que tal cuestión sea resuelta de forma favorable a la casacionista, la Sala deberá resolver el problema jurídico secundario, correspondiente a si existió o no una justa causa de despido en el presente caso. Respecto de lo primero, argumenta la recurrente que el debate siempre giró en torno a si existió o no violación del debido proceso y el derecho a la defensa en el trámite disciplinario, tanto así que a ello se refirieron la demanda, la sentencia de primera instancia y el recurso de apelación; mientras que el Tribunal analizó un tema ajeno, pues se dedicó a revisar la justeza de la causal alegada. Sobre el particular, parte la Sala por recordar que el artículo 281 del Código General del Proceso, aplicable al trámite laboral por expresa remisión del 145 del Código

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Radicación n.° 88006 Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, regula lo atinente a la congruencia procesal, principio según el cual (CSJ SL5290-2021): […] el juez tiene la obligación de adecuarse a las pretensiones y hechos planteados en la demanda inicial, a las excepciones y circunstancias fácticas presentadas por la contraparte, así como a lo alegado por las partes en las oportunidades procesales pertinentes (CSJ SL3443-2021, CSJ SL440-2021). De esta forma, supone un límite a la autonomía judicial a efectos de que el fallador actúe dentro del marco trazado por las partes «[…] dado que es lo que edifica la relación jurídica sustancial y procesal de estas en el espacio

jurisdiccional» (CSJ SL2604-2021, CSJ SL440-2021). De otra parte, la consonancia procesal, que se halla consagrada en el artículo 66A del estatuto laboral, precisa que la sentencia de segunda instancia, así como la decisión de los autos apelados, deberá corresponderse con las materias objeto del recurso de apelación. Al respecto, esta Corporación anotó (CSJ SL5290-2021): De tal manera que [según el principio de consonancia] el juez de segunda instancia debe sujetarse a las materias específicas y debidamente sustentadas en la apelación que se haga contra la decisión primigenia. Bajo esta lógica, el juzgador no tiene competencia para resolver otros aspectos ajenos a la relación jurídico procesal, sino estrictamente aquellos controvertidos por las partes en el recurso vertical (CSJSL 440-2021). En el caso bajo examen, a folios 3 al 19 del escrito de la demanda, se advierte que los hechos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 se refieren al procedimiento disciplinario que se le siguió al señor Barrera Sánchez por parte de Eléctricos Internacional, aspectos relacionados

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Radicación n.° 88006 claramente con la presunta vulneración de su derecho a la defensa. En los hechos 7, 8, 21, 22, 24, 25, 26 y 28, el demandante se enfocó en alegar una supuesta estabilidad laboral reforzada por salud y por la condición de

prepensionado que, si bien tienen relación con la forma de terminación del vínculo contractual, es claro que no pretendían discutir los hechos que fueron materia de investigación disciplinaria, sino alegar un fuero que le otorgaba garantías laborales frente el despido. Los demás hechos de la demanda (1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 27, 29 y 30) exponen cuestiones informativas del demandante, como los extremos de la relación laboral, la sustitución patronal que se verificó y el último salario devengado; así mismo, plantean afirmaciones personales, como los supuestos traumatismos que sufrió por la desvinculación, la mala fe de la empresa y la condición de despido sin justa causa que le atribuye al rompimiento contractual. Sin embargo, tampoco en ellos el demandante precisó una controversia respecto de los hechos que investigó la empresa. Por último, se observa que las pretensiones declarativas principales y subsidiarias, de folios 7 al 10, se encaminaron a obtener, además de la verificación del contrato de trabajo, la ineficacia del despido por dos razones: (i) la existencia de una estabilidad laboral reforzada por salud (pretensiones principales 4, 5, 11 y 12 y subsidiaria 3 y, prevalentemente,

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Radicación n.° 88006 (ii) la acreditación de la violación del debido proceso y el derecho a la defensa por parte de Eléctricos Internacional (pretensiones principales 6, 7, 9, 10, 11 y 12 y subsidiaria 1).

Sobre esto último, es diciente como el señor Barrera Sánchez enfatizó en sus pretensiones que «[…] ELÉCTRICOS INTERNACIONAL LTDA., violó sus derechos fundamentales de defensa, debido proceso y especialmente el derecho de contradicción y controversia de la prueba […]» (folios 8 y 9), «[…] pasando por alto las disposiciones previstas en sentada jurisprudencia de la Corte Con