CSJ - SL3898-2020

SCLAJPT-10 V.00

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL3898-2020 Radicación n.° 81676 Acta 36 Estudiado, discutido y aprobado en sala virtual Bogotá, D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veinte (2020). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por LUIS CAMILO CHURIO SALINA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el ocho (8) de noviembre dos mil diecisiete (2017), en el proceso ordinario laboral que instauró contra CARBONES DEL

CERREJÓN LIMITED.

Se acepta el impedimento manifestado por el Magistrado SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO, conforme al artículo 141 del Código General del proceso.Radicación n.° 81676

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I. ANTECEDENTES Luis Camilo Churio Salina llamó a juicio a Carbones del Cerrejón Limited, con el fin de que se declarara que estuvo vinculado a la empresa, mediante contrato de trabajo a término indefinido; que el salario devengado fue $5.222.540; que su vinculación terminó sin justa causa el 3 de abril de 2014, por lo que se le adeudaba la indemnización, conforme a la ley, en forma indexada.

Que, como consecuencia de lo anterior, se condenara a la demandada a cancelarle la indemnización por haber terminado su contrato de trabajo sin justa causa, el día 3 de abril de 2014, la cual ascendía a $197.411.256, más la indexación, lo que se probara ultra y extra petita y las costas del proceso (f.° 1 a 12, cuaderno principal). Fundamentó sus pretensiones en que laboró para la enjuiciada, mediante contrato de trabajo a término indefinido, desde el 22 de noviembre de 1986 hasta el 3 de abril de 2014, que la finalización del vínculo se dio unilateralmente por parte de la empresa demandada alegando una justa causa; que el último cargo desempeñado fue el operador 15; que devengaba un salario de $5.222.540 mensuales; que estaba afiliado al Sindicato Nacional de la Industria del Carbón; que el 11 de marzo de 2013, se suscribió una convención colectiva de trabajo de la cual era beneficiario al momento del despido; que el 7 de marzo de 2014 la accionada lo citó a descargos para ser escuchado el 14 del mismo mes y año, conforme al procedimiento acordado en el artículo 102 de la CCT; que de esa situación se informó al sindicato para que designara dosRadicación n.° 81676

SCLAJPT-10 V.00 3 representantes que lo asistieran; que se le endilgaba haberse beneficiado temporalmente de la «orden de embargo y retención de salario» proveniente del Juzgado Promiscuo del Circuito de Villanueva. Explicó que lo anterior, se debía a que la señora Gianna Inés Robles Amaya promovió en su contra proceso de alimentos y la medida cautelar se levantó en forma irregular producto del oficio 1181 del 8 de octubre de 2013, el cual fue presentado dos veces en la compañía; que en la citación a descargos se le señalaba que el oficio de desembargo era falso y que por esto incumplió con varias obligaciones legales contractuales y reglamentarias. Arguyó que la citada señora, con quien sostuvo una relación fuera del matrimonio le informó que era el padre de un niño y que la prueba de paternidad había salido positiva, pero que él nunca conoció dicha prueba; que, en vista de lo anterior, la mamá del menor decidió embargarlo por alimentos, que no utilizó abogado para defenderse, no contestó la demanda ni fue nunca por el juzgado. Relató, que en los descargos expresó que se encontró con Agustín Cuadrado a quien distinguía y sabía que trabaja en el Juzgado de Villanueva, por lo que le preguntó si tenía conocimiento de un embargo que él tenía en ese juzgado y le contestó que sí y que si quería lo ayudaba con unos abogados

que trabajaban con él pagándoles por adelantado; que fue el funcionario del juzgado el que manifestó que le estaría avisando del asunto; que se contactaban por celular y de forma personal,Radicación n.° 81676 SCLAJPT-10 V.00 4 que este le informó que lo iban a desembargar, porque había mandado un oficio a la empresa con José Socarrás, quien también era trabajador del Cerrejón; que a pesar de haberse entregado ese oficio el descuento continuó, por lo que volvió a contactar a Agustín Cuadrado, para que a través de sus abogados le arreglaran su situación, quien le dio otro oficio en sobre cerrado el cual entregó en recursos humanos de la empresa. Aseguró que fue víctima de un engaño orquestado por parte del citado funcionario judicial, el cual lo indujo a creer que el oficio de desembargo de su salario y dictamen sobre el estudio genético de filiación en el que se determinó que no era el padre biológico del menor eran reales; que cuando la empresa lo llamó a rendir descargos fue que se enteró que los citados documentos eran falsos y que había sido engañado procediendo de inmediato a formular la denuncia penal y disciplinaria correspondiente, que por tanto, no existió causal alguna para ser despedido por la empresa demandada. Sostuvo que, a pesar de las explicaciones y exculpaciones rendidas en los descargos la demandada con fundamento en

esos hechos le dio por terminado unilateralmente el contrato de trabajo alegando una justa causa, la cual consideraba nunca se dio, por lo que el despido fue ilegal e injusto. (f.°1 a 12, cuaderno de la Corte) La parte accionada se opuso a las pretensiones, excepto a la declaratoria de existencia del vínculo y frente a los hechos, dijo que no eran ciertos los relativos al salario del actor, queRadicación n.° 81676 SCLAJPT-10 V.00 5 hubiera sido víctima de engaño, que no existiera causal para ser despedido; que la desvinculación haya sido ilegal e injusta, pues la terminación del vínculo fue legal, porque se cumplió con el procedimiento previsto en la convención y el demandante no actuó de buena fe al haber entregado a la empresa el Oficio n.º 1181 que el mismo Juzgado del Circuito de Villanueva calificó de falso siendo su conducta y la versión del acta de descargos contradictoria. En su defensa, formuló como excepciones de mérito las de inexistencia de la «obligación que se pretende deducir en juicio a cargo de mi representada», cobro de lo no debido y despido con justa (f.° 159 a 179, del cuaderno principal).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Uno Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 13 de febrero de 2017 (f.°450, acta y 449 CD, ibidem), resolvió: PRIMERO: DECLARAR la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre LUIS CAMILO CHURIO en calidad de

ibidem), resolvió: PRIMERO: DECLARAR la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre LUIS CAMILO CHURIO en calidad de trabajador y CARBONES DEL CERREJÓN LIMITED en calidad de empleador, contrato que empezó a regir el 22 de noviembre de 1986 y se dio por terminado el 3 de abril de 2014.

SEGUNDO: ABSOLVER a la demandada CARBONES EL CERREJON LIMITED de todas y cada una de las pretensiones incoadas por el

demandante LUIS CAMILO CHURIO.

TERCERO: CONDENAR en costas y agencias en derecho al demandante LUIS CAMILO CHURIO CORREAL, en cuantía de un salario mínimo mensual vigente.Radicación n.° 81676

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá al conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, a través de sentencia del 8 de noviembre de 2017 (f.° 461, acta y 460 CD cuaderno del Tribunal), confirmó la decisión de primera instancia y condenó en costas a la parte vencida en juicio.

Consideró como problemas jurídicos a resolver: i) si el a quo no valoró adecuadamente la carta de despido y, por ende, no advirtió que los hechos y normas aducidos en la misma no se encontraban probados en el proceso y, ii) si no apreció debidamente las pruebas documentales y testimoniales allegadas

advirtió que los hechos y normas aducidos en la misma no se encontraban probados en el proceso y, ii) si no apreció debidamente las pruebas documentales y testimoniales allegadas al plenario al no discurrir que el actor fue asaltado en su buena fe por un tercero. Señaló como fundamentos normativos y jurisprudenciales los artículos 58, 60, 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo y la sentencia CC C-594 – 1997. Indicó que, no existía discusión en cuanto a la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre las partes, desde el 22 de noviembre de 1986 hasta el 3 de abril del 2014, el cual terminó por decisión unilateral del empleador, tal como lo aceptó la demandada en la contestación de la demanda y se corroboró con las certificaciones expedidas por la empresa, la carta de terminación del contrato y la liquidación de prestaciones sociales. Respecto al primer problema jurídico razonó que conforme al «parágrafo del artículo 62, 63 del CST» la parte que terminaba unilateralmente el contrato debía manifestar a la otra, en elRadicación n.° 81676 SCLAJPT-10 V.00 7 momento de la extinción, la causal de esta determinación y, con posterioridad, no podía alegar válidamente motivos distintos; que este artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la sentencia CC C-594 -97, en la cual señaló que se entendía que no era suficiente con invocar genéricamente una de las causales, sino que era necesario precisar los hechos específicos que fundamentan tal decisión.

en la sentencia CC C-594 -97, en la cual señaló que se entendía que no era suficiente con invocar genéricamente una de las causales, sino que era necesario precisar los hechos específicos que fundamentan tal decisión. Adujo que, en el presente caso, aparecía la carta dirigida al accionante por la empresa, en la cual se lee que le dio por terminado su contrato de trabajo; que al analizar su contenido el a quo consideró, que los hechos motivo del despido consistían en aportar certificaciones catalogadas como falsas por autoridad judicial, que contenían una orden de desembargo de su salario, con el fin de obtener un provecho indebido, lo cual quedó acreditado, a través de la prueba testimonial; lo que, además implicaba la infracción de las normas aducidas por el empleador, particularmente, los literales h, q, z, del artículo 71 y 73 del RIT, en concordancia, con el numeral 6° literal a) del artículo 7° del Decreto 2351 de 1965. Aseveró que, sin embargo, el anterior, no era el único hecho descrito por la empresa demandada, pues como lo advirtió el recurrente también se indicó que estuvo involucrado directa o indirectamente en los hechos que dieron lugar a la elaboración del Oficio n.° 1181 del 8 de octubre de 2013, que en palabras del Juez Promiscuo del Circuito de Villanueva resultó siendo falso, de

manera que, si bien la falladora de primera instancia solo hizo mención expresa a uno de los hechos endilgados en la carta deRadicación n.° 81676 SCLAJPT-10 V.00 8 despido, lo cierto era que el presupuesto fáctico mencionado por ella, si se encontraba expresamente en la misiva en referencia. Añadió que, contrario a lo afirmado por el impugnante, los hechos materia de debate se encontraban probados en el proceso, pues en el escrito de demanda aceptó lo afirmado en su diligencia de descargos de la siguiente manera: […] en el hecho 20 en los descargos se puede leer que el demandante expresó que se encontró con el señor Agustín Cuadrado a quién distinguía y de quién sabía que trabajaba en el juzgado de Villanueva, por lo que le preguntó si sabía de un embargo que él tenía en ese juzgado y éste le dijo que sí y que si quería le ayudaba con el proceso con algunos abogados que trabajan con él, que los abogados trabajaban pagándoles por adelantado y así lo hizo que el funcionario del juzgado le dijo que le estaría avisando cómo iba al asunto y qué él arreglaba todo y que todo iba bien siempre se contactaban por celular y en forma personal que éste le dijo que ya lo iban a desembargar, porque habían mandado un oficio a la empresa con el compañero José Socarras, quien también es trabajador en el cerrejón», «21 asimismo, el demandante explicó en sus descargos que después que José Socarrás

entregó el documento oficio desembargo el descuento continuó, por ello, volvió a contactar al Señor Agustín Cuadrado, para que, a través de sus abogados, le arreglaran su situación fue cuando el funcionario del juzgado le entregó otro oficio en sobre cerrado, el cual lo entregó en recursos humano de la empresa. Manifestó que, de lo antes expuesto, se evidenciaba la aceptación expresa del accionante en el escrito de demanda, de lo dicho en su diligencia de descargos, por tanto, se demostró que, estuvo involucrado indirectamente en los hechos que le dieron lugar al Oficio n.°1181 del 8 de octubre de 2013, el cual fue calificado por el Juzgado Promiscuo de Villanueva como falso, carente de toda validez. Sostuvo, que el petente recibió del servidor judicial Agustín Cuadrado un segundo oficio el cual informaba la orden deRadicación n.° 81676 SCLAJPT-10 V.00 9 desembargo, que fue radicado por el mismo demandante en la oficina de recursos humanos de la entidad enjuiciada, en este orden de ideas, se equivocó el recurrente al afirmar que en el proceso se encontraba acreditada cosa distinta a lo dicho en precedencia. Analizadas las normas que se consideraban violadas por el actor se advertía que, en efecto el trabajador con los hechos

aducidos y probados desconoció su deber establecido en el RIT de ajustar sus actuaciones a la verdad y que también, incurrió en la falta calificada como grave en su artículo 15 numeral 7°, citado por la demandada en la carta despido que establecía lo siguiente: […] faltas graves se considera que el trabajador incurre en falta grave para los efectos previstos en el artículo 7º literal a) numeral 6° del decreto 2351 del 65 y serán justas causas de terminación del contrato de trabajo sin previo aviso los siguientes hechos 7 si el trabajador ejecutare un algún acto inmoral o cualquier otro hecho que demuestre falta de probidad u honradez, en este caso, no es necesario que el acto o hecho se denuncie ante las autoridades judiciales ni la debida comprobación se surta ante ellas si no basta que la prueba o demostración del hecho en investigación administrativa interna sea suficiente al prudente criterio de la empresa Coligió que, de lo anterior, quedaba claro que el juzgado no valoró de manera inadecuada como lo señaló el apelante el contenido de la carta de despido encontrando, además acreditada la ocurrencia de los hechos y la violación de los supuestos normativos allí mencionados. Con relación al segundo problema jurídico, explicó que la denuncia vista a folio 215 a 219 del expediente, contrario a lo afirmado por el recurrente no fue desconocida por el juzgado, pues éste dijo que la misma no constituía un medio para exculpar la conducta del actor, en tanto cualquier persona podía formularla y, no por ello, se convertía en víctima del hecho informado,Radicación n.° 81676

éste dijo que la misma no constituía un medio para exculpar la conducta del actor, en tanto cualquier persona podía formularla y, no por ello, se convertía en víctima del hecho informado,Radicación n.° 81676 SCLAJPT-10 V.00 10 posición que compartía, porque la denuncia contenía la versión del demandante y no podía ser tenido como cierto hasta que ello sea confirmado por la investigación penal, lo cual se echa de menos en este proceso en la medida que, ello no fue allegado al expediente, por tanto, se quedó solamente como unas circunstancias relatados por él, pero que no tenían una corroboración dentro del proceso. Agregó, que revisado minuciosamente los argumentos expuestos por el a quo no se advirtió que este haya afirmado, de manera expresa, que el actor buscó al servidor judicial, Agustín Cuadrado, para solicitar sus servicios, según lo refirió el recurrente, pues lo único que indicó el juzgado fue que entre ambos, medio un convenio previo a la expedición del Oficio 1118 y, en todo caso, tampoco era procedente concluir lo que el recurrente propone, esto es, que fue el servidor en mención quien lo localizó para prestarle sus servicios, pues lo cierto es que ninguna prueba documental ni testimonial daba cuenta de las conversaciones y los acuerdos celebrados entre el actor y el señor Cuadrado; que los testimonios rendidos por Carlos Pineda, Eduardo Cadavid, Marlon Enrique Gómez, Aldo Raúl Amaya y

conversaciones y los acuerdos celebrados entre el actor y el señor Cuadrado; que los testimonios rendidos por Carlos Pineda, Eduardo Cadavid, Marlon Enrique Gómez, Aldo Raúl Amaya y Margarita Mendoza Aragón, no informaban del contacto que pudieron tener el actor y el señor Agustín, pues cada testigo mencionó lo que sabía en relación con la diligencia de descargos realizada al accionante y el conocimiento que tuvieron de los oficios enviados por el juzgado a la empresa demandada. Aseguró que, a folio 29 del expediente, obra un dictamen en el cual se indicó que el accionante no era el padre del menor Sebastián y que según su dicho fue entregado por el servidor delRadicación n.° 81676

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Juzgado Promiscuo de Villanueva, lo cual lo llevó a creer que el documento entregado en recursos humanos de la demandada era legítimo, lo cierto es que no se encontraba acreditado que dicho documento fue recibido por Luis Camilo por entrega directa de Agustín Cuadrado, por tanto, a partir del medio de convicción en mención, no era posible tener por probado que la conducta del actor aducida en la carta de terminación provino de un engaño generado por un tercero. Finalmente, concluyó que llamaba la atención que el demandante no hubiera seguido el conducto regular para obtener una solución frente a la medida cautelar impuesta sobre su salario cuál era recurrir a un abogado que lo orientara respecto el tema, en vez de ello aceptó la orientación de un servidor judicial,

una solución frente a la medida cautelar impuesta sobre su salario cuál era recurrir a un abogado que lo orientara respecto el tema, en vez de ello aceptó la orientación de un servidor judicial, quien no era la persona idónea para solucionar un litigio por tratarse de un trabajador directo de un despacho judicial que tenía conocimiento de su caso.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Sala case la sentencia de segunda instancia, (f.°9, cuaderno de la Corte) […] en cuanto CONFIRMÓ la sentencia proferida por el Juzgado 31

Laboral del Circuito de Bogotá, Sala Laboral (sic), el 13 de febrero de 2017, para que convertida esa Corporación en sede de Instancia se disponga proferir sentencia revocando los numerales segundo yRadicación n.° 81676 SCLAJPT-10 V.00 12 tercero de la sentencia de primera y en consecuencia se condene a la parte demandada, así: 1.- Se declare que el último salario devengado por el actor fue de $5.222.540, oo. 2.- Que la terminación del contrato de trabajo por parte de la demandada se produjo sin justa causa el 3 de abril de 2014. 3.- Que la demandada le adeuda al demandante la indemnización por despido injustificado debidamente indexada. 4.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene a la demandada pagar al actor la suma de $197.411.256,00, más la

3.- Que la demandada le adeuda al demandante la indemnización por despido injustificado debidamente indexada. 4.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene a la demandada pagar al actor la suma de $197.411.256,00, más la indexación, por despido injustificado, más las costas del proceso. Con tal propósito, por la causal primera de casación laboral, formula un cargo, el cual fue replicado y se estudiara a continuación.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia de segunda instancia, de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, debido a errores manifiestos de hecho en que incurrió el ad quem como consecuencia apreciación errónea de pruebas documentales auténticas y falta de apreciación de otras de la misma índole lo cual condujo al tribunal la aplicación indebida del D 2351 de 1965 en su artículo 7, numeral 6, artículos 5 ,56 y 58, núm.1., resultado de lo cual dejó de aplicar el artículo 64 del CST. modificado por el artículo 28 de la ley 789 de 2002 y normas concordantes Señala como errores de hecho manifiestos: 1.Dar por demostrado sin estarlo, que la carta de despido fue apreciada adecuadamente. 2.No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que la prueba de los hechos señalados en la carta despido no constituyen violación grave de las obligaciones y prohibiciones del trabajador. 3.No dar por demostrado, a pasar de estarlo, que el actor fue víctimaRadicación n.° 81676

SCLAJPT-10 V.00 13 de un engaño y asaltado en su buena fe confió que un tercero,

SCLAJPT-10 V.00 13 de un engaño y asaltado en su buena fe confió que un tercero, funcionario judicial, le ayudaría resolver su problema jurídico. 4.No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que no hay prueba alguna que demuestre que el actor fue quien cometió, directa o indirectamente, la falsificación del oficio que dio lugar al levantamiento de la orden de embargo. 5.Dar por demostrado, sin estarlo, que el levantamiento temporal de la medida de embargo, que por otra parte fue restablecida al mes siguiente con la aplicación de los descuentos dejados de hacer, constituye por sí misma violación grave de las obligaciones y deberes del actor. 6.Dar por demostrado, sin estarlo, que el relacionamiento del demandante con el señor AGUSTÍN CUADRADO prueban que el actor estuvo involucrado directa o indirectamente, en los hechos que dieron lugar a la elaboración del oficio que resultó ser falso. 7.Dar por demostrado, sin estarlo, que el envío del oficio 1181 por parte del funcionario del juzgado con el señor José Socarras sea una conducta reprochable del actor. 8.Dar por demostrado, sin estarlo, que por haber llevado el actor el oficio que le entregó el funcionario del juzgado por segunda vez para que lo desembargaran sea prueba de una conducta reprochable. 9.Dar por demostrado, sin estarlo, que el actor violó en forma grave sus obligaciones legales, contractuales o reglamentarias. 10.No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que al no haber

9.Dar por demostrado, sin estarlo, que el actor violó en forma grave sus obligaciones legales, contractuales o reglamentarias. 10.No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que al no haber cometido las conductas endilgadas, el despido fue injustificado. Indica como pruebas no apreciadas.

1. Convención colectiva de trabajo (folios 38 a 114), aplicable al artículo 5 de la misma (folio 45).

2. Constancia expedida por el titular del despacho Promiscuo el Circuito de Villanueva, donde consta que el por requerimiento del actor se ordenó compulsar copia a la fiscalía general de la nación para que investigara los autores del oficio 1181 de noviembre 6 de 2013. (fol 329).

3. Constancia autógrafa del señor JOSÉ A SOCARRAS (fol 130) quien recibió del señor AGUSTÍN CUADRADO el primer oficio 1181 que se radicó por error en las instalaciones del CIS, pero que aparece a folio 226 del expediente.

4. Comunicación a folio 133, donde la Procuraduría General d la Nación le comunica al actor que la queja por el presentada contra AGUSTÍN CUADRADO fue remitida al Juzgado Promiscuo del

Circuito de Villanueva.

5. Comunicación de la Procuraduría General de la Nación donde consta la decisión de dicha procuraduría de no despojar al Juzgado

Y como pruebas erróneamente apreciadas:

A. Oficio 1181 calendado octubre 8 de 2013 (folio 226 y 227) recibidos el 6 de noviembre de 2013 y el 23 de enero de 2014Radicación n.° 81676

A. Oficio 1181 calendado octubre 8 de 2013 (folio 226 y 227) recibidos el 6 de noviembre de 2013 y el 23 de enero de 2014Radicación n.° 81676

SCLAJPT-10 V.00 14 respectivamente.

B. La Carta de despido (folios 34 a 35 y 198 a 201).

C. La demanda (folios 1 a 11).

D. La diligencia de descargos (folios 206 a 208).

E. La denuncia penal (folios 214 a 219).

F. Dictamen - estudio genético de filiación (folio 220

Plantea que la controversia gira alrededor de si fue el autor de las conductas que se le endilgan y si dicha circunstancia puede constituir violación grave de las obligaciones consagradas en la ley. Alude que los primeros ocho errores de hecho se demuestran así: la carta de despido erróneamente apreciada constituye una decisión basada en el resultado de un proceso de cargos y descargos, al final del cual la empresa concluye que el trabajador violó en forma grave las obligaciones legales, contractuales y reglamentarias; que la apreciación errónea de dicho documento se basa en desconocer que «se fundamenta primero una citación a descargos, efectuada con base en la convención colectiva, no apreciada, donde se determina un procedimiento obligatorio para el despido, mediante la formulación de cargos, que fueron motivo de descargos y en las conclusiones que toma la empresa después de dichos descargos».

convención colectiva, no apreciada, donde se determina un procedimiento obligatorio para el despido, mediante la formulación de cargos, que fueron motivo de descargos y en las conclusiones que toma la empresa después de dichos descargos». Se refiere a las consideraciones del Tribunal, para decir que este coligió que los hechos materia de debate se encuentran probados, porque en «los hechos 20 y 21 de la demanda» el actor aceptó lo que expuso en la diligencia de descargos, pero esas circunstancias no son demostrativas de la conclusión a la que llega el ad quem sino exculpatorias de su conducta, donde honradamente cuenta lo que ocurrió como lo expresó en losRadicación n.° 81676 SCLAJPT-10 V.00 15 descargos rendidos; que lo aceptado no es incriminatorio, ni de ello puede inferirse responsabilidad en la actuación fraudulenta realizada por un tercero, eso lo que demuestra es que estaba convencido de que la actuación que se desarrollaba en el juzgado donde cursaba el proceso de familia se adelantaba con base en hechos reales. Propone que la valoración de la carta despido, debe confrontarse con los elementos de juicio allegados en el plenario para determinar si incurrió o no en las conductas endilgadas y, por ende, si el despido es justo o por el contrario debe considerarse sin justa causa; que si se examinan algunas de las pruebas no apreciadas (folio 130) y otras erróneamente apreciadas (folios 1 a 11, 206 a 208, 226 y 227) se encuentra absoluta coherencia y ausencia de contradicciones en lo dicho

pruebas no apreciadas (folio 130) y otras erróneamente apreciadas (folios 1 a 11, 206 a 208, 226 y 227) se encuentra absoluta coherencia y ausencia de contradicciones en lo dicho sobre la ocurrencia de los hechos señalados inicialmente en los descargos, de lo cual no puede inferirse que haya cometido la falsificación o haya participado así fuera indirectamente en el fraude. Advierte, que la carta de despido se basa en los motivos aducidos en el escrito de citación a descargos en el cual nunca se dijo que hubiera cometido el acto fraudulento, sino que se señalaron los hechos que enumera y que no pueden cambiarse por disposición expresa del artículo 102 de la CCT.

Primero: que el Cerrejón recibió el 27 de febrero el oficio de 0116 23 de enero 23 de 2014 procedente del Juzgado Promiscuo del Circuito de Villanueva en razón al proceso de alimentos Promovido contra el actor donde se les informó que se ordenó oficiarles para que se reactivara el embargo y retención ordenada con el oficio 2789 de 29 de agosto de 2013, para lo cual deberáRadicación n.° 81676

SCLAJPT-10 V.00 16 poner a disposición del juzgado los dineros por los descuentos dejados de consignar en razón del oficio 1181 de 6 de noviembre de 2013, el cual carece de validez por ser falso.

Este hecho del recibo del oficio ocurrió tal y como se indica en la citación a descargos, referida en la carta de despido, (…). Eso lo que prueba es que internamente el Juzgado estableció la existencia de un fraude dentro el proceso, pero no prueba que el demandante haya sido el causante del mismo.

Segundo: De acuerdo con lo anterior y conforme al oficio 2789 está demostrado que el actor es la parte demandada en el proceso de alimentos por lo que es obvio que la orden de desembargo contenida en el oficio 1181, que el juzgado califica como falso y que el cerrejón aplicó en la nómina de diciembre de 2013 le afectó de manera favorable; así mismo dicho oficio volvió a ser presentado al cerrejón el 22 de enero de 2014En este párrafo, no hay controversia respecto de la primera parte (…), si la hay respecto el juicio de valor, que la empresa hace, sin que corresponda a prueba alguna allegada, al aseverar que el actor resultó favorecido o le afectó de manera favorable la orden de desembargo. Es ahí donde las pruebas recopiladas muestran todo lo contrario a lo afirmado en la carta: de dicho oficio que resultó ser falso se derivaron perjuicios enormes para el actor, pues tanto de la versión de descargos insertada en la demanda como del dictamen de medicina legal que el actor afirma le entregó el funcionario del

Juzgado para soportar lo que el mismo entendió, que no era el padre del niño titular de los alimentos que habían originado el embargo, y si bien es cierto es la versión del actor, no hay prueba que indique lo contrario y ante la duda esta debe resolverse a favor del demandante y no en su contra como se deriva de la sentencia del ad quem en violación del principio del in dubio pro operario.

Tercero: en razón al oficio falsificado que lo benefició temporalmente, el cerrejón dejó de dar cumplimiento a una orden judicial, lo cual al expuso a los funcionarios de la empresa al presunto delito de fraude a resolución judicial a un incidente de desacato.

Esta afirmación es cierta en cuanto el cerrejón dejo de dar cumplimiento a la orden judicial de embargo; pero no es cierta en cuanto a la afirmación del beneficio temporal, pues en realidad no derivo beneficio alguno, tampoco respecto de las consecuencias para los funcionarios de la misma, porque el hecho de haber resultado falso el oficio existe una causal que les exime de toda responsabil