CSJ - SL390-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL390-2023 Radicación n.° 86031 Acta 06 Bogotá, D. C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación que interpusieron

ISABEL IPUANA PUSHAINA, ANA RITA MENGUAL

MARULANDA, JUANA FREYLE URIANA, SOCORRO ROYS

DE RODRÍGUEZ, MARGARITA IPUANA, FELIX PUSHAINA,

ASCANIO URARIYU, JOSÉ GREGORIO CURVELO LOAIZA, MANUEL FAJARDO EPINAYU y REMEDIOS JOSEFINA IGUARÁN DE BARROS contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, profirió el 21 de febrero de 2019, en el proceso ordinario laboral que los recurrentes promueven contra la NACIÓN –

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.

I. ANTECEDENTES Los demandantes solicitaron que se condene a la parte pasiva a reanudarles el pago de los beneficios por extensión

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 86031 a que tienen derecho, tanto ellos como su grupo familiar, por ser pensionados del Instituto de Fomento Industrial, como lo son el auxilio de escolaridad, el plan complementario de salud, primas, auxilios y becas que venían disfrutando y que se les suspendió a partir del 21 de febrero de 2003. Como consecuencia de lo anterior, reclamaron que se les cancele desde ese día y hasta que recobren los beneficios,

los dineros correspondientes a: auxilio de escolaridad, el plan complementario de salud, primas, auxilios y becas, en la cuantía que se acredite en el proceso. Asimismo, el incremento equivalente al IPC desde la exigibilidad de esos montos hasta la fecha de pago; los intereses moratorios, los perjuicios materiales y morales previstos en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 debidamente indexados y las costas procesales. En respaldo de sus aspiraciones explicaron que el Instituto de Fomento Industrial (en adelante IFI) fue liquidado definitivamente el 31 de diciembre de 2009 y, a partir de ese momento, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo asumió las obligaciones derivadas del contrato denominado «Concesión Salinas» suscrito entre La Nación y el instituto ya mencionado. Manifestaron que, el IFI - Concesión Salinas, les reconoció y pagó pensión de jubilación, y ellos y sus familias, disfrutaron del plan complementario de salud, auxilio de escolaridad, primas, auxilios y becas, y demás prerrogativas a que tenían derecho de conformidad con las normas legales,

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 86031 convencionales y reglamentarias. Aclararon que, Juana Freyle Uriana concurre al proceso como cónyuge supérstite del pensionado Ricardo José Epieyú Uriana, quien falleció el 19 de noviembre de 2010; Socorro Roys de Rodríguez como esposa sobreviviente de Rafael Antonio Rodríguez Ortiz, quien murió el 17 de diciembre de 1985, y Remedios Josefina Iguarán de Barros en la misma

calidad, respecto del causante Roosevelt Antonio Barros Márquez, cuyo deceso ocurrió el 22 de agosto de 2004. Precisaron que las pensiones se les reconocieron mediante los actos administrativos y a partir de las fechas que se indican en el siguiente cuadro: Resolución que Resolución Nombre del reconoció la Nombre de la reconocimiento pensionado pensión de cónyuge pensión de jubilación sobreviviente Resolución 599 de 11 de febrero de Isabel Ipuana 1991, a partir del Pushaina 1 de enero de ese año (f.º 92, cuaderno Juzgado y Tribunal) Resolución 1428 Ana Rita Mengual de 29 de febrero Marulanda de 1996, a partir del 1 de enero de ese año (f.º 101, cuaderno Juzgado y Tribunal) Resolución 777 de Resolución 2144 7 de julio de 1992, de 14 de junio de Ricardo José a partir del 20 de Juana Freyle 2011 Epieyú Uriana mayo de esa Uriana anualidad (f.º 113, cuaderno Juzgado y Tribunal) (f.º 113, cuaderno Juzgado y Tribunal)

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 86031 Oficio 00343 de 15 Resolución 228 de Rafael Antonio de octubre de Socorro Roys de 11 de julio de Rodríguez Ortiz 1965, a partir del Rodríguez 1986 17 de los mismos mes y año (f.º 127, cuaderno Juzgado y Tribunal) (f.º 126, cuaderno Juzgado y Tribunal) Resolución 1157

de 14 de marzo de Margarita Ipuana 1994, a parir del 1 de enero de ese año (f.º 136, cuaderno Juzgado y Tribunal) Alberto Félix Resolución 1744 Pushaina de 8 de junio de 2001, a partir del 1 de enero de ese año (f.º 148, cuaderno Juzgado y Tribunal) Resolución 334 de 5 de abril de 1988, Ascanio Urariyu a partir del 1 de diciembre de 1987 (f.º 159, cuaderno Juzgado y Tribunal) Resolución 348 de 27 de abril de José Gregorio 1988, a partir de 1 Curvelo Loaiza de los mismos mes y año (f.º 165, cuaderno Juzgado y Tribunal) Resolución 073 de 13 de julio de Manuel Fajardo 2005, a partir del Epinayu «1 de enero» de ese año (f.º 174, cuaderno Juzgado y Tribunal) Resolución 1250 Resolución 0016 de 14 de marzo de de 14 de febrero Roosevelt Antonio 1994, a partir del Remedios Josefina de 2005 Barros Márquez 1 de enero de ese Iguarán de Barros año (f.º 193, cuaderno Juzgado y Tribunal) (f.º 189, cuaderno Juzgado y Tribunal)

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 86031 Expusieron también que los derechos reconocidos en las convenciones colectivas de 19601, 19662, 19783, 19854 y 19985 les fueron suspendidos por el director del IFI, mediante

Circular 001 del 21 de febrero de 2003; y que, pese a que el Consejo de Estado declaró la nulidad de este acto, no se les reanudó el pago de aquellos ni tampoco les cancelaron los dineros dejados de percibir de manera retroactiva. Por último, aseveraron que, presentaron reclamación administrativa, en las siguientes fechas: Ana Rita Mengual Marulanda, Socorro Roys de Rodríguez, Juana Freyle Uriana y Margarita Ipuana, el 24 de junio de 2015. Isabel Ipuana, Félix Pushaina, Ascanio Urariyu, José Gregorio Curvelo Loaiza y Manuel Fajardo Epinayu, el 3 de noviembre de 2015, y Remedios Josefina Iguarán de Barros, el 17 de diciembre de 2014. 1 Artículo 9. A los pensionados de la empresa, sin perjuicio de la bonificación que vienen recibiendo en el mes de diciembre de cada año, el equivalente al valor de un mes de pensión, se les dará una bonificación en el mes de junio de cada año, en cuantía igual al 50% del valor de su pensión mensual. 2 Artículo 8.º A partir de 1966 la prima especial que se reconoce a los pensionados en el mes de junio de cada año, será equivalente a una mesada de pensión. Este beneficio solo lo recibirán quienes disfruten de pensión reconocida u ordenada por Salinas, directamente”. 3 La empresa garantizará la conservación y aplicación del régimen jurídico y prestacional existente en la actualidad para los pensionados de la concesión salinas. 4 Artículo 7.º, e). A partir de la vigencia de la presente convención la empresa

concederá a todos sus trabajadores un auxilio de escolaridad equivalente a 10 días de salario básico más el porcentaje correspondiente a la prima de ahorros. Dichos auxilios se pagará (sic) anualmente en los primeros quince días del mes de febrero y se tendrá en cuenta para la liquidación de prestaciones, así como se toman, para tal fin, las primas de ahorros. El auxilio correspondiente al presente año de 1985 se pagará a más tardar el 12 de abril del mencionado año. 5 De acuerdo con los demandantes, «El plan complementario que se le venía aplicando a los jubilados de Salinas consistía en servicios odontológicos; extracciones, curaciones calzas de amalgama, profilaxis, radiografías, exámenes generales e intervenciones quirúrgicas (art. 7 10 de julio de 1998)».

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 86031 Agregaron que, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo negó las anteriores peticiones (f.os 22 a 43). Al dar respuesta al escrito inaugural, La Nación – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se opuso a las pretensiones. Frente a la mayoría de los supuestos fácticos en que se soportan, manifestó que no le constaban y que se atenía a lo que resultara probado en el proceso; igualmente dijo que se trataba de apreciaciones subjetivas de los accionantes. Admitió lo relativo a la nulidad de la Circular 001 de 21 de enero de 2003 y las reclamaciones administrativas y su respuesta negativa. Puso énfasis en que los reclamantes no tuvieron vínculo

laboral con el Ministerio. Asimismo, indicó que los derechos invocados por los demandantes, fruto de las convenciones colectivas suscritas entre la asociación sindical y el IFI, eran reconocidos a los pensionados de la entidad y sus grupos familiares; sin embargo correspondían a prerrogativas de los trabajadores activos con contrato de trabajo vigente, pero que «al desaparecer producto de la extinción de la Entidad, igualmente desaparecieron dichas prerrogativas y con ellos la extensión a los pensionados y su grupo familiar». En su defensa, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, prescripción, se desestime el pago de intereses moratorios según el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, aplicación del Acto Legislativo 01 de 2005,

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 86031 compensación y buena fe (f.os 242 a 254).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Sexto Laboral del Circuito Bogotá, D. C., al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 10 de abril de 2018 absolvió a la demandada de todos los cargos e impuso costas a los demandantes (f.° 269 y CD).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que conoció en virtud del grado jurisdiccional de consulta en favor de los promotores, mediante fallo de 21 de febrero de 2019, confirmó la decisión de primer grado en su integridad y se abstuvo de imponer costas en la alzada.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez plural determinó como problema jurídico, definir si los actores tenían derecho a continuar recibiendo los beneficios extralegales objeto de la demanda inaugural en los términos y condiciones que allí se alegaron. El colegiado se refirió a los artículos 1 del Decreto 2127 de 1945, relativo al contrato de trabajo en el sector público y al 467 del Código Sustantivo del Trabajo que define la convención colectiva de trabajo. Asimismo, citó el precepto 478 ibídem sobre la prórroga automática de los acuerdos

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 86031 convencionales. De la misma manera relacionó como fuente normativa, las CCT vigentes en el IFI para los años 1960, 1966 y 1971. Precisó que, no existía controversia respecto al estatus de pensionados del IFI de los demandantes y que, los derechos convencionales que disfrutaban en tal calidad se les suspendieron desde el 21 de febrero de 2003, de conformidad con la Circular 1 de esa fecha. Igualmente, dijo que la liquidación definitiva de la citada entidad se verificó el 30 de diciembre de 2009 y que, los promotores elevaron reclamación administrativa los días 17 de diciembre de 2014, 24 de junio y 3 de noviembre de 2015 a fin de conseguir la continuidad en el reconocimiento de las garantías extralegales. Después de analizar las fuentes normativas relacionadas y los medios demostrativos allegados a la actuación, concluyó que los beneficios por extensión, que se

otorgaron a los demandantes en razón a su condición de pensionados y no de trabajadores activos, quedaron derogados a partir del 30 de diciembre del 2009, cuando ocurrió la liquidación definitiva del IFI. Esto debido a que, tales garantías no se consagraron en favor de quienes disfrutaban de la prestación periódica prevista en el Sistema general de Pensiones implementado por la Ley 100 de 1993. Aclaró que, las garantías extralegales reclamadas no resultaban inherentes al derecho pensional del que eran

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 86031 titulares los reclamantes; por tanto, no eran de naturaleza vitalicia y desaparecieron del mundo jurídico cuando la convención colectiva cesó sus efectos al extinguirse de forma definitiva el IFI, lo que sucedió a partir del 30 de diciembre de 2009, para lo que se apoyó en el artículo 467 del CST. Añadió que, si bien la Circular 001 del 21 de febrero de 2003 no era el mecanismo idóneo para suspender los derechos convencionales de los demandantes, por ser una decisión unilateral del empleador, de todas maneras, los beneficios por extensión que se causaron con anterioridad al 30 de diciembre de 2009 estaban afectados por el fenómeno de la prescripción. Lo anterior, dado que, la interrupción del término prescriptivo respecto de las acreencias laborales objeto la presente acción, con arreglo al artículo 151 del CPTSS, se produjo con la presentación de la reclamación administrativa los días 17 de diciembre de 2014, 24 de junio y 3 de noviembre de 2015, respectivamente. Sin embargo,

para esas calendas, tales acreencias estaban prescritas, por cuanto el término para demandar venció el 30 de diciembre de 2012. Adicionó que la acción de nulidad contra la Circular 001 de 21 de febrero de 2003, incoada ante el Consejo de Estado, no tuvo la virtualidad de suspender el término prescriptivo según lo previsto en el artículo 6 del CPTSS, por cuanto esa actuación se ejerció para obtener la salvaguarda del orden jurídico abstracto y no el restablecimiento de derechos subjetivos; en su apoyó citó la sentencia de esa alta corporación de 1 de agosto de 2013, mediante la cual se

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 86031 dirimió la demanda de nulidad contra el referido acto administrativo emitido por el director del IFI.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por los demandantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Sala, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden los recurrentes que la Corte case totalmente la decisión recurrida, para que, en sede de instancia, revoque el fallo de primer grado y en su lugar condene a La Nación – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a reanudar el reconocimiento y pago de los beneficios por extensión del plan complementario de salud y auxilio de escolaridad a que tienen derecho ellos y sus grupos familiares como pensionados del IFI y que les fueron suspendidos desde el 21 de febrero de 2003, así como a cancelar las garantías convencionales que no estén afectadas por el fenómeno de la

prescripción y que provean en costas en su favor. Con tal propósito formulan cuatro ataques, por la causal primera de casación, que se replican, y que se resolverán en forma conjunta dado que denuncian similar elenco normativo, presentan argumentos que se complementan entre sí y persiguen idéntica finalidad.

VI. CARGO PRIMERO Acusan la sentencia, por la vía directa, en la modalidad

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 86031 de aplicación indebida: […] del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo que conllevó a la vulneración de los artículos 25, 38, 39, 48, 53, 55, 58 y 93 de la Carta Política, los Convenios 87 de 1948 y 98 de 1949 de la Organización Internacional del Trabajo aprobados por las leyes 26 y 27 de 1976; 19, 20, 67, 68, 69, 70, 353, 373, 374, 400, 467, 469, 471 (subrogado por el art. 38 del decreto 2351 de 1965), 474 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo consagratorios de la validez de las convenciones colectivas de trabajo; 1º y 3º de la Ley 33 de 1985; 16, 17, 27, 31 y 32 del Código Civil; 1 y 16 de la Ley 6 de 1945; 1, 2, 3, 4, 12, 18, 19, 26, 27, 40, 51 y 54 del Decreto 2127 de 1945; 11, 14, 36, 141,

272, 273, 283 de la Ley 100 de 1993; 1º de la Ley 62 de 1985; 7 y 9 de la Ley 4 de 1976; 7 del Decreto 539 de 2000 (modificado por el artículo 4 del Decreto 2883 de 2001) y 21 del Decreto 2590 de 2003. Para sustentar la acusación sostienen que, los derechos acordados en la convención colectiva ingresan al patrimonio del trabajador durante la vigencia del contrato subordinado y los pactados hacia el futuro no se extinguen por su terminación, sino que se convierten en adquiridos que ya no se regulan por el artículo 467 del CST. Por tanto, erró el colegiado al acudir a dicho precepto, para resolver la controversia, dado que los beneficios extralegales en vigor al extinguirse la relación laboral se consolidan con independencia de lo que suceda después con el instrumento colectivo o con la empresa pactante, máxime cuando se trata de la sustitución legal de una entidad del Estado. Arguyen que, al existir sustitución patronal del extinto IFI – Concesión Salinas con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo verificada mediante los artículos 7 del Decreto 539 de 2000 (modificado por el artículo 4 del Decreto 2883 de 2001) y 21 del Decreto 2590 de 2003, los derechos adquiridos de los pensionados continuaron existiendo aún

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 86031 después de la liquidación de la entidad. En ese orden, dijeron, el juez plural no podía concluir que la convención colectiva perdió su vigencia al desaparecer el IFI y se refirió

en apoyo de sus alegaciones a las sentencias CSJ SL, 11 ago. 2009, rad. 35057 y CC C-903-2003. Aducen que, las prerrogativas y garantías convencionales adquiridas por los trabajadores jubilados son inherentes a la prestación pensional, tienen carácter de ley y sólo pueden ser derogadas por otra norma de carácter superior, porque en nuestro ordenamiento jurídico prima el principio de conservación del derecho.

VII. RÉPLICA La Nación – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo esgrime que, el fundamento del Tribunal estribó en que los derechos convencionales reclamados no eran inherentes a la pensión sino accesorios máxime que, se trató de prebendas del personal activo que se extendieron a quienes disfrutaban de una prestación periódica. En ese orden, son procedentes mientras subsista el contrato de trabajo o en su lugar, la convención colectiva correspondiente.

Señala que, en este caso al operar la liquidación del IFI, es claro que los convenios colectivos acordados con los trabajadores dejaron de regir. En esa medida, los pensionados no pueden invocarlos como derechos adquiridos.

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 86031 Adiciona que, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005, la vigencia de esas prerrogativas accesorias no podía extenderse más allá del año 2010.

VIII. CARGO SEGUNDO Acusan la sentencia, por la vía indirecta, […] en la modalidad de infracción directa (falta de aplicación) de

los artículos 58 de la Constitución Política; 11 y 273 de la ley 100 de 1993; 468 y 474 del Código Sustantivo del Trabajo; 1621 y 1622 del Código Civil y los artículos 7 y 9 de la Ley 4 de 1976, que conllevó a la vulneración de los artículos 25, 38, 39, 48, 53, 55 y 93 de la Carta Política, los Convenios 87 de 1948 y 98 de 1949 de la Organización Internacional del Trabajo aprobados por las leyes 26 y 27 de 1976; 19, 20, 353, 373, 374, 400, 467, 471 (subrogado por el art. 38 del decreto 2351 de 1965) y 476 del Código Sustantivo del Trabajo consagratorios de la validez de las convenciones colectivas de trabajo; 1º y 3º de la Ley 33 de 1985; 16, 17, 27, 31 y 32 del Código Civil; 1 y 16 de la Ley 6ª de 1945; 1, 2, 3, 4, 12, 18, 19, 26, 27, 40 y 51 del Decreto 2127 de 1945; 11, 14, 36, 141, 272, 273, 283 de la Ley 100 de 1993 y 1º de la Ley 62 de 1985. Denuncian como errores evidentes de hecho, los siguientes:

1. No dar por demostrado, estándolo, que los beneficios convencionales por extensión de auxilio de escolaridad, plan complementario de salud, que venían disfrutando los demandantes y sus grupos familiares, tenían el carácter de

derechos adquiridos desde el momento en que salieron pensionados los actores.

2. No dar por demostrado estándolo que la conservación y aplicación del régimen jurídico y prestacional existente en el IFIConcesión de Salinas y pactado en las convenciones colectivas para los pensionados de esa entidad no perdió su vigencia con la liquidación.

3. No dar por demostrado, siéndolo, que desde la contestación de la demanda La Nación – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reconoció que debía asumir las obligaciones laborales y pensionales del extinto Instituto de Fomento Industrial.

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 86031 Esgrimen que, los citados yerros fácticos son consecuencia de la errónea apreciación de las convenciones colectivas de trabajo de los años 1960, 1966 y 1971 obrantes en el CD aportado con el escrito inicial y la contestación de la demanda (f.os 242 a 259). Asimismo, por haber omitido el laudo arbitral de 1956; las CCT de los años 1958, 1962, 1963, 1964, 1967, 1968, 1970, 1972, 1975, 1977, 1978, 1980, 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1990 y 1991, visibles en el CD aportado con la demanda introductoria; el laudo arbitral de 1993 obrante en el mismo CD; la respuesta de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado a la consulta enviada por la antigua cartera ministerial de Desarrollo Económico del año

1998 (f.os 44 a 51 vto.); el oficio del IFI – Concesión Salinas respecto de los beneficios convencionales de sanidad para 1998 (f.os 52 a 55); la Circular 01 de 21 de febrero de 2003 (f.o 56); la sentencia del 1 de agosto de 2013 proferida por el Consejo de Estado. En la sustentación argumentan que, el colegiado erró en la apreciación del contenido de las convenciones colectivas en las cuales se pactaron los derechos reclamados, al no observar que se trataba de cláusulas normativas que ingresaron al patrimonio de los trabajadores y que continúan vigentes mientras no sean reformadas o suprimidas en otra negociación. Exponen que, la colegiatura apreció erróneamente la Circular 021 del 29 de febrero de 2003 al considerarla inane

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 86031 porque los derechos a que aludió ya estaban suprimidos desde la liquidación del IFI, lo que implica que también se equivocó al valorar la sentencia del Consejo de Estado que la anuló, ya que ese acto sí produjo efectos al suspender los servicios a los pensionados, los que fueron restituidos por la alta corporación de lo contencioso administrativo. Manifiestan que, si la colegiatura «hubiera apreciado correctamente las pruebas obrantes en el expediente» habría concluido que los beneficios deprecados estaban vigentes porque las CCT no fueron denunciadas ni derogadas y, por el contrario, tales garantías se incluyeron en cada uno de los instrumentos colectivos y laudos arbitrales por lo que eran

derechos adquiridos.

IX. RÉPLICA La entidad opositora expresa que, no se equivocó el colegiado, al estimar que los presuntos derechos reclamados estaban afectados por el fenómeno prescriptivo, toda vez que el término respectivo debía contabilizarse a partir de la reclamación.

Adicionó que, al haber operado la liquidación del IFI, el convenio colectivo dejó de regir ante la ausencia de trabajadores activos y, en esa medida, los pensionados no podían invocar dicho instrumento para atribuirle la connotación de adquiridos a los beneficios reclamados.

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 86031

X. CARGO TERCERO Acusan la sentencia por el sendero indirecto, […] en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 303 del Código General del Proceso; 6 y 151 del Código Procesal del Trabajo, aplicable por analogía a este proceso por mandado del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social como violación de medio que condujo a la vulneración de los artículos 25, 38, 39, 48, 53, 55, 58 y 93 de la Carta Política, los Convenios 87 de 1948 y 98 de 1949 de la Organización Internacional del Trabajo aprobados por las leyes 26 y 27 de 1976; 19, 20, 353, 373, 374, 400, 467, 468, 471 (subrogado por el art. 38 del Decreto 2351 de 1965), 474 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo; 1º y 3º de la Ley 33 de 1985; 16, 17, 27,

31, 32, 1621 y 1622 del Código Civil; 1 y 16 de la Ley 6a de 1945; 7 y 9 de la Ley 4 de 1976, 1, 2, 3, 4, 12, 18, 19, 26, 27, 40 y 51 del Decreto 2127 de 1945; 11, 14, 36, 141, 272, 273, 283 de la Ley 100 de 1993, 1º de la Ley 62 de 1985 y 303 del Código General del Proceso. Indican como errores fáticos los siguientes:

1. No dar por demostrado, estándolo, que la sentencia proferida el 1º de agosto de 2013 por la Sección Segunda del Consejo de Estado se constituyó en cosa juzgada respecto de la reanudación de los beneficios convencionales por extensión de sanidad y auxilio de escolaridad de los pensionados del IFIConcesión Salinas.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que los beneficios convencionales de plan complementario de salud y auxilio de escolaridad deprecados en la demanda prescribieron el 31 de diciembre de 2012.

3. No dar por demostrado, estándolo, que el beneficio deprecado al ser de tracto sucesivo no prescribe el derecho a reclamarlos, sino los beneficios causados en cada periodo.

4. No dar por demostrado, estándolo, que las reclamaciones administrativas interpuestas por los actores en 2014 y 2015 suspendieron el término de prescripción de los derechos deprecados.

Enlistan como pruebas mal apreciadas: la Circular 021

del 21 de febrero de 2003 proferida por el Director del extinto

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 86031 IFI - Concesión Salinas (f.o 56); la sentencia del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda, de 1 de agosto de 2013 (f.os 57 a 75 vto.) y las reclamaciones administrativas de los accionantes (f.os 88, 89, 98, 99, 110, 111, 123, 124, 133, 134, 144, 145, 155, 156, 161, 162, 171, 172, 185 y 186). En desarrollo del ataque, sostienen que, si el ad quem hubiera examinado la sentencia del Consejo de Estado referida, habría aplicado adecuadamente el artículo 303 del CGP y concluido que, esa providencia judicial se constituyó en cosa juzgada formal y material respecto de la obligación a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como sucesor del IFI – Concesión Salinas, de restablecer los beneficios convencionales de sanidad que venían disfrutando como pensionados de esa entidad. Adicionan que, los efectos de la declaración de nulidad de la Circular 01 de 2003 son ex tunc y, por tanto, las cosas deben volver al estado anterior a la expedición del acto ilegal.

Después añaden que: La violación del artículo 303 del Código General del Proceso, por parte de los jueces de instancia, es más que evidente, por cuanto la vigencia y exigibilidad de los servicios convencionales ya fue objeto de fallo ejecutoriado emitido por el Consejo de Estado, que hizo tránsito a cosa juzgada formal y material, tal como lo

reconoció el Tribunal en su sentencia, luego si el ad quem hubiera aplicado correctamente la norma del Código General del proceso y no hubiera cercenado sus efectos, hubiera concluido que lo procedente era la reanudación de los beneficios convencionales deprecados.

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 86031 Referente al tema de la prescripción argumentan que, la colegiatura erró en la aplicación de los artículos 6 y 151 del CPTSS al estimar que, los derechos deprecados habían prescrito dado que no interpusieron reclamación administrativa, pese a que se trata de beneficios de tracto sucesivo que no se afectan por ese fenómeno jurídico sino que se van causando «en el momento en que se van haciendo necesarios -como es el caso de los servicios médicos deprecados-», que en el alcance de la impugnación no se está solicitando el pago retroactivo de sumas de dinero sino la reanudación de los beneficios ilegalmente suspendidos a ellos y sus grupos familiares. Manifiestan que, a lo sumo, la reanudación en el reconocimiento de los derechos se hizo exigible a partir de la notificación de la sentencia del Consejo de Estado de 1 de agosto de 2013, en la cual se declaró la nulidad de la Circular 01 de 21 de febrero de 2003, de conformidad con el artículo 2535 del Código Civil y la aplicación adecuada del artículo 488 del CST. Aseveran que, al haberse efectuado las reclamaciones administrativas entre los años 2014 y 2015 se colige que los beneficios convencionales no están prescritos.

XI. RÉPLICA

La opositora reitera los argumentos defensivos que expuso con ocasión del primer ataque, y añade que, es intrascendente acusar al Tribunal de omitir la sentencia de

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 86031 Consejo de Estado, porque esa decisión fue de simple nulidad por falta de competencia del funcionario que suscribió el acto administrativo, pero no se dirimió nada en relación con el restablecimiento del derecho, lo que además no va implícito en esa suerte de providencias judiciales.

XII. CARGO CUARTO Acusan la sentencia por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, de las mismas disposiciones enlistadas en el primer ataque, por lo que se hace innecesaria su transcripción.

Como errores de hecho formulan los siguientes:

1. No dar por demostrado estándolo que la conservación y aplicación del régimen jurídico y prestacional existente en el IFI – Concesión Salinas y pactado en las convenciones colectivas para los pensionados de esa entidad no perdió su vigencia con la liquidación.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que los beneficios convencionales de plan complementario de salud y auxilio de escolaridad deprecados en la demanda prescribieron el 31 de diciembre de 2012.

3. No dar por demostrado, estándolo, que los beneficios del plan complementario de salud sólo se reclaman cuando se den los eventos que cubren y no están sujetos a prescripción.

4. No dar por demostrado, estándolo, que el derecho de los actores al auxilio de escolaridad no prescribe por ser de tracto sucesivo.

5. No dar por demostrado, estándolo, que las reclamaciones administrativas interpuestas por los actores en 2014 y 2015 suspendieron cualquier término de prescripción de los derechos deprecados.

Refieren como pruebas mal apreciadas: la Circular 021

SCLAJPT-10 V.00 19

Radicación n.° 86031 del 21 de febrero de 2003 proferida por el director del extinto IFI - Concesión Salinas (f.o 56); la sentencia del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda, de 1 de agosto de 2013 (f.os 57 a 75 vto.) y las reclamaciones administrativas de los accionantes (f.os 88, 89, 98, 99, 110, 111, 123, 124, 133, 134, 144, 145, 155, 156, 161, 162, 171, 172, 185 y 186). Para sustentar la acusación, reproducen argumentos similares expuestos con ocasión del cargo primero, sobre la condición de derechos adquiridos de las prerrogativas extralegales reclamadas, y la indebida aplicación del artículo 467