CSJ - SL39133(21-06-11)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia

SALA DE CASACIÓN LABORAL

DR. CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE

Magistrado Ponente Radicación N° 39133 Acta N° 19 Bogotá D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil once (2011). Decide la Corte el recurso de casación que interpuso la parte demandante, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de octubre de 2008, en el proceso ordinario adelantado por ORLANDO HORTA SEGURA contra el

BANCO CAFETERO – EN LIQUIDACIÓN-.

I. ANTECEDENTES Con la demanda inicial (folios 39 a 46) solicitó el actor, que se condene a la entidad demandada, a reajustar y pagar el salario mensual básico a partir del 1º de enero de 2001 en 8,75%, de 2002 en 7,65%, de 2003 en 6,99%, de 2004 en 6.49%, y de 2005 en 5.50%, de manera independiente al reajuste del 3% adicional correspondiente al aumento automático pactado convencionalmente, para cada anualidad; en consecuencia, que se ordene el reajuste de la indemnización convencional por despido injusto, primas legales y extralegales, vacaciones, cesantía e intereses sobre la misma; igualmente, solicitó la indemnización moratoria establecida en el Decreto 797 de 1949, o

República de Colombia Corte Suprema de Justicia EXP. 39133 en subsidio la indexación de las condenas, así como lo que resulte probado

ultra y extrapetita, y las costas del proceso. En sustento de sus pretensiones afirmó que prestó servicios al BANCO CAFETERO hoy en liquidación, desde el 12 de junio de 1979 hasta el 28 de febrero de 2005; que por medio de comunicado DRH N° 130 de 25 de febrero de 2005 la entidad bancaria, terminó la relación sin mediar justa causa, otorgándole la pertinente indemnización; que el contrato se mantuvo por 25 años 8 meses y 16 días, que ostentó la condición de trabajador oficial, en virtud de la Convención Colectiva suscrita entre el Banco Cafetero y el sindicato del día 4 de febrero de 1970; que el último cargo desempeñado fue el de Director de Proyectos en la Dirección de Ingeniería de la Dirección General en Bogotá; que a partir del 1º de enero de 2001 hasta la fecha de terminación del contrato, el llamado a juicio no realizó el ajuste salarial que le correspondía como servidor público; que el último incremento al salario se realizó en diciembre de 2000 con retroactividad al 1 de enero de 2000, sin que luego se le hiciera aumento alguno; que la asignación básica del demandante, con corte a 30 de noviembre de 2000, superaba el tope señalado en la convención para ser beneficiario del aumento establecido para todo el personal a partir del 1 de enero de 2001; que el demandado sólo realizó el aumento automático del 3% para los años 2001 a 2005; que conjuntamente con el aumento convencional y legal sobre el salario mensual, el Banco Cafetero, en Liquidación, de manera autónoma incrementaba el

ingreso mensual en un 3% conforme a la convención, teniendo en cuenta el semestre en el cual surgiera el vínculo contractual; que el accionado, entre el 1 de enero de 2001 y la fecha de su despido, fue sociedad de economía 2 República de Colombia Corte Suprema de Justicia EXP. 39133 mixta, en la que el Estado participaba con el 100% de su capital accionario; que la sociedad se encontraba vinculada al Ministerio de Hacienda, bajo el régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, y que de conformidad con el Decreto 3130 de 1968 y el capítulo X, artículo 38, de la Ley 489 de 1998, sus trabajadores tienen la calidad de trabajadores oficiales; que el demandado hasta el día en que finalizó el contrato de trabajo, lo benefició con todas las prerrogativas de la convención. Finalmente, expreso que agotó la reclamación administrativa.

II. RESPUESTA A LA DEMANDA La parte accionada al dar respuesta a la demanda, se opuso a las pretensiones. De sus hechos, aceptó los relacionados con la existencia de la relación laboral entre las partes, los extremos temporales de la misma y el último cargo desempeñado, los incrementos automáticos equivalentes al 3% realizados al actor, su calidad de beneficiario de la convención colectiva y el agotamiento de la reclamación administrativa. De los demás, dijo que no eran ciertos o que no correspondían a hechos. Propuso como excepciones las de prescripción, inexistencia de las obligaciones demandadas, cobro de lo no debido, compensación, buena fe, aceptación del demandante de los ajustes

efectuados, y pago.

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Catorce Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá, en sentencia del 30 de noviembre de 2007 (folios 378 a 386), absolvió al

3 República de Colombia Corte Suprema de Justicia EXP. 39133 BANCO CAFETERO S.A. -EN LIQUIDACIÓNde todas las pretensiones de la demanda e impuso costas al demandante.

IV. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 30 de octubre de 2008 (folios 285 a 293), confirmó la absolución impuesta por el a quo, y condenó al demandante al pago de las costas de la instancia.

Para esta decisión señaló que el reajuste salarial solicitado - que no es otro que el consagrado en la Ley 4ª de 1992 -, regula el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, miembros del Congreso y Fuerza Pública, y que el actor no poseía tales calidades para ser beneficiario del mismo; ni la de trabajador oficial, calidad para la cual tampoco existe normatividad que establezca un aumento salarial para los periodos y en los porcentajes solicitados en la demanda. Finalmente, reprodujo jurisprudencia de esta Sala.

V. EL RECURSO DE CASACIÓN Lo interpone la parte demandante con fundamento en la causal primera de casación laboral consagrada en el artículo 87 del C.P.L. y de la S.S., con el cual pretende, según lo dice en el alcance de la impugnación, que esta

Sala “CASE TOTALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal Superior de 4 República de Colombia Corte Suprema de Justicia EXP. 39133 Distrito Judicial de Bogotá D.C.- Sala Laboral con fecha 30 de octubre de 2008, que confirmó la sentencia de primera instancia en la cual se negaron todas las pretensiones de la demanda introductoria del proceso y que convertida en Tribunal de instancia revoque en su integridad la pronunciada por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá (sic) con fecha 30 de noviembre de 2007, para que en su lugar se concedan todas las suplicas de la demanda introductoria del proceso”, decidiendo en costas como corresponda. Para el efecto formula cuatro cargos, que la Corte los estudiará simultáneamente, junto con la réplica, tal y como lo permite el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, al perseguir un fin idéntico, y presentar para su demostración una argumentación que se complementa.

VI. PRIMER CARGO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida del " artículo 1º del Decreto 92 de 2000 habiendo dejado de aplicar las siguientes disposiciones de carácter sustancial: el artículo 8°del Decreto 1050 de 1968, el artículo 5° del Decreto 3135 de 1968, el artículo 3º del Decreto 3130 de 1968; artículos 2º y 3º del Decreto Ley 130 de 1976; art. 97 de la Ley 489 de 1996; y los artículos 461 y

464 del Código de Comercio y los artículos 6º, 1519, 1619, 1740, 1741 del Código Civil; el artículo 2º de la Ley 50 de 1936 que subrogó el 1742 del Código Civil; el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, los artículos 20 y 43 del 5 República de Colombia Corte Suprema de Justicia EXP. 39133 CST y SS.; y los artículos 53, 58 y 123 de la Constitución Política de Colombia de 1991.” Para demostrar el cargo señala que la naturaleza jurídica de la entidad no está dada por los estatutos sociales, sino por el grado de participación estatal; según lo establecen las disposiciones acusadas que a continuación reprodujo. Sostiene que la Asamblea de accionistas del Banco Cafetero no puede modificar el régimen aplicable a los trabajadores de la entidad y que al hacerlo acarrea una nulidad absoluta por tener objeto ilícito. Concluye manifestando que el ad quem no podía deducir que el actor era trabajador particular, por el simple hecho de que se le aplicara el Código Sustantivo del Trabajo, por disposición del Decreto 092 de 2000, pues ello no modifica su calidad de empleado oficial, tal como lo tiene definido la sentencia con radicado N° 19.108 del 30 de enero de 2003, emanada de la

H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral.

VII. LA RÉPLICA Indica que para confirmar la decisión del a-quo, el Tribunal se apoyó en el criterio expuesto en una de las sentencias dictadas por esa corporación en la cual se afirmó que no existe norma para los trabajadores particulares ni

oficiales que establezca la obligación de aumentar el salario en los porcentajes solicitados y que lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia C-1433/00, se refiere al cumplimiento de una obligación legislativa y ejecutiva de incrementar el salario años tras año para los servidores públicos. 6 República de Colombia Corte Suprema de Justicia EXP. 39133 Transcribe apartes de la sentencia 1474-2006 de la Sección Segunda de la Sala Contencioso Administrativa en la que se sostuvo: “no fue el Decreto 092 de 2000 el que modificó el régimen laboral de los trabajadores del Banco como se analizó en los acápites anteriores, sino que, el sistema personal de empleados particulares – como regla general – viene desde que BANCAFE modificó su composición accionaria de capital social a partir del 4 de julio de 1994 …”, y señala que lo anterior significa que en efecto, el régimen laboral aplicable a los trabajadores de la demandada, es el de los particulares.

VIII. SEGUNDO CARGO Expresa: “ACUSO la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de violar DIRECTAMENTE el concepto de INTERPRETACIÓN ERRÓNEA de los artículos 53 y 123 de la Constitución Política de Colombia de 1991.” Aduce que la sentencia del Tribunal consideró que son servidores públicos los empleados públicos, dejando por fuera a los trabajadores oficiales, lo cual va en contravía de la Constitución Política y cita para el efecto, la sentencia del 19 de mayo de 2008 del Tribunal Superior de Bogotá, en la que se estipuló que a pesar de que los trabajadores del Banco Cafetero

se rigen por el régimen de derecho privado, no significa que la entidad deje de ser un ente de carácter público, ni que sus trabajadores pierdan la condición de trabajadores oficiales. 7 República de Colombia Corte Suprema de Justicia EXP. 39133 Estima que el Tribunal, además, desconoció la preceptiva constitucional que impone la movilidad del salario, el cual de conformidad con el Artículo 53 Superior, se torna en un derecho fundamental.

IX. LA RÉPLICA Acota que al recurrente no le asiste razón en su discurso como quiera que sustenta el yerro endilgado al Tribunal en el hecho de que, al no considerar a los trabajadores oficiales como empleados públicos, no les asiste el derecho al reajuste salarial dispuesto en la sentencia C1433 /00, cuando esa Magistratura no se refirió a las normas indicadas y por ello no pudo cometer el error que se le endilga y por que además las normas constitucionales denunciadas en el cargo no son susceptibles de casación por carecer de aplicación inmediata en las decisiones judiciales.

X. TERCER CARGO Textualmente reza: “por violar INDIRECTAMENTE en concepto de APLICACIÓN INDEBIDA las siguiente normas de derecho sustancial: el artículo 1º del Decreto 092 de 2000 en relación con las siguientes disposiciones de carácter sustancial: el artículo 3º del Decreto 3130 de 1968; artículos 2º y 3º del Decreto Ley 130 de 197;; art. 97 de la Ley 489 de 1996; y los artículos 461 y 464 del Código de Comercio y los artículos 6º, 1519,1619, 1740,

1741 del Código Civil; el artículo 2º de la Ley 50 de 1936 que subrogó el 1742 del Código Civil; el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, los artículos 20 y 43 del C.S.T. y S.S.; y los artículos 53, 58 y 123 de la Constitución Política de Colombia de 1991.” ALOS ERRORES DE HECHO A QUE ME REFIERO CONSISTIERON EN: 1°.- No dar por demostrado, estándolo que para los años 2000 al 2005, el capital estatal del Banco Cafetero era superior al 90% del total accionario, por ende, se le 8 República de Colombia Corte Suprema de Justicia EXP. 39133 aplican a sus trabajadores las normas del artículo 3° del decreto 3135 de 1968 y demás normas relacionadas en el cargo. 2º.- No dar por demostrado, estándolo que el régimen aplicable a los trabajadores del Banco Cafetero, a partir del 29 de septiembre de 1999 y en adelante, hasta la fecha, diferentes al Presidente y el Contralor de dicha Entidad, se rigen por las normas de los empleados oficiales, según el artículo 3° del Decreto 3135 y otras normas, en consideración al hecho de que el capital estatal del Banco Cafetero era superior al 90% del total accionario. 3º.- No dar por demostrado, estándolo que el Banco Cafetero no efectuó el aumento legal del salario del demandante a partir del año 2001; solo realizó los aumentos convencionales del 3% anual. 4º.-Dar por demostrado, sin estarlo, que el artículo 29 de la Escritura Pública No 3497 del 28 de Octubre de 1999, Notaría 31 de Bogotá, contentiva de la reforma

estatutaria de la entidad demandada, permitió el cambio de Régimen aplicable a los trabajadores del Banco Cafetero en contravía con lo dispuesto por las normas que rigen las relaciones de los trabajadores oficiales; y no dar por demostrado, estándolo que el Banco Cafetero es una entidad oficial y sus trabajadores excepto el Presidente y el Contralor, son trabajadores oficiales, según las normas mencionadas en el cargo. 5º.- No dar por demostrado, estándolo, que en el contrato de trabajo que vinculó al demandante con el demandado, pactaron aplicar “todas las disposiciones legales que rigen para los trabajadores oficiales y las del reglamento de trabajo o estatuto de personal que regulen las relaciones entre el Banco Cafetero y sus trabajadores”. 6°.- No dar por demostrado, estándolo, que el BANCO CAFETERO HOY "EN LIQUIDACIÓN" desconoce el derecho a mantener el poder adquisitivo de los salarios de sus trabajadores cuando le niega al trabajador reclamante el aumento de salarios para los años 2000 a 2005. 6º.- No dar por demostrado, estándolo, que la devaluación que sufre el peso colombiano, otorga el derecho a la movilidad del salario de toda clase de remuneración, es decir, debe aumentarse e! salario a todo trabajador particular u oficial como mínimo el porcentaje certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior, tanto para servidores públicos como para trabajadores particulares PRUEBAS EQUIVOCADAMENTE APRECIADAS POR EL TRIBUNAL: 1.- La documental de folio 33 a 40 del cuaderno principal, correspondiente a la

certificación expedida por el Banco Cafetero en Liquidación sobre la composición accionaria del mencionado Banco, donde se aprecia claramente que desde su creación en 1953 hasta el 4 de junio de 1994, dicha composición accionaria del Estado en el mencionado Banco era del 100%; que solo transitoriamente la participación del Estado descendió para el año 1994 al 85,11%; para el año 1995 fue del 79.78%, para el año 1996 la participación fue de 79.78%; para el año 1997 la 9 República de Colombia Corte Suprema de Justicia EXP. 39133 participación fue de 81.04%; para el año 1998 la participación estatal fue del 81.96% y a partir del 28 de septiembre de 1999, hasta la fecha, la participación del Estado es de 99.9999948%. Estas certificaciones tienen el carácter de documento público según lo establece el artículo 260 del C.P.C. aplicable por remisión del artículo 145 del C.P.T. y S.S. PRUEBAS DEJADAS DE APRECIAR POR EL TRIBUNAL: 2.- Las documentales de folios 217 a 257 cuaderno principal, correspondiente a la copia de la Escritura Pública Nº 3497 del 28 de Octubre de 1999, Notaría 31 de Bogotá (Art. 29 de los estatutos, que reformó el régimen aplicable a los trabajadores del Banco Cafetero según determinación de la Asamblea General de Accionistas del Banco Cafetero del 28 de octubre de 1999, prueba aportada por la demandada y que

es nula de nulidad absoluta por causa y objeto ilícito, que el Régimen laboral de una entidad no la determina la Asamblea General de Accionista, sino la Ley, como lo disponen los artículos el artículo (sic) 3º del Decreto 3130 de 1968; artículos 2º y 3º del Decreto Ley 130 de 1976; art. 97 de la Ley 489 de 1996; y los artículos 461 y 464 del Código de Comercio y demás normas aplicables para el presente caso. 1.- Las documentales obrantes a folios 42 a 46 correspondiente a la devaluación de los años 2001 a 2005, corresponden a hechos notorios en los términos del artículo 191 del C.P.C: 3.- Las documentales del folio 32 del expediente, correspondiente a la CARTA DE PRESIDENCIA por la cual se informa a los funcionarios de BANCAFE que Fogafin CAPITALIZO a BANCAFE en 587.598.836.593,37 adquirió a partir del 28 de Septiembre de 1999.” Manifiesta que la documental obrante a folio 48 a 56 del expediente, correspondiente a la certificación de la composición accionaria expedida por el Banco Cafetero, hoy en liquidación, determinó que desde la creación del banco en 1953, hasta el 4 de junio de 1994, ésta fue del Estado en un 100%; que sólo transitoriamente la participación del Estado descendió para el año 1994 en 85.11%; para el año de 1995 fue del 79.78%; para el año 1996 fue de 79.78%; para 1997 fue de 81.04%; para el año 1998 fue de 81.96%; y a

partir del 28 de septiembre de 1999, la participación del Estado fue de 99.99%, y concluyó que el enjuiciado tiene una participación estatal del 90% y, por ende, su naturaleza es pública y sus trabajadores oficiales. 10 República de Colombia Corte Suprema de Justicia EXP. 39133 Reitera lo expuesto en los cargos anteriores en el sentido de que, el Tribunal se equivocó al considerar que, por el simple hecho de que al trabajador se le deba aplicar el CST, por disposición del Decreto 092 de 2000 que se remite al artículo 29 de los estatutos del banco, se modifique la calidad de empleado oficial que él tenía. Finalmente, expone que el Tribunal no tuvo en cuenta los folios 42 a 46 del cuaderno principal, correspondientes a las certificaciones del DANE para efectos de aumento de sueldos a partir del año 2000.

XI. LA RÉPLICA Refiere que la censura no logra demostrar los supuestos errores de hecho en que incurrió el ad quem; así mismo, expresa que no le asiste razón en lo afirmado en el cargo, toda vez que el artículo 1 del Decreto 092 del 2000 no es una norma sustancial en los términos del artículo 87 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social.

Menciona que el Tribunal no se refirió en su sentencia a la documental de folio 207, luego no puede ser acusado, como lo hace el recurrente, de apreciarla erróneamente. Reitera planteamientos esgrimidos en la réplica a los cargos anteriores y finaliza al sostener que en materia de aumentos salariales, el accionado y sus trabajadores se sometieron a lo dispuesto en la convención colectiva de

trabajo. 11 República de Colombia Corte Suprema de Justicia EXP. 39133

XII. CUARTO CARGO Por la vía directa, por el sub-motivo de violación directa de las siguientes normas de derecho sustancial: “el artículo 21 del Decreto 2067 de 1991; el artículo 4º de la Ley 4ª de 1992, el artículo 2º de la Ley 547 de 2000; el artículo 2º de la Ley 628 de 2000; artículo 2º de la Ley 780 de 2002; el artículo 2º de la Ley 848 de 2003; el artículo 13, 20 y 43 del Código Sustantivo del Trabajo y la Seguridad Social; el artículo 3º del Decreto 3130 de 1968; artículos 2º y 3º del Decreto Ley 130 de 1976; art. 97 de la Ley 489 de 1996; y artículo 461 del Código de Comercio; los artículos 13, 53, 123, 187, 241 y 243 Constitucionales; y por último, el Art. 2 del Decreto 2316 de 1953 y artículo 1° del Decreto 663 de 1993 por el cual se reformó el Banco Cafetero.” El censor reitera los mismos argumentos expuestos en los cargos precedentes, con relación, a la naturaleza del banco y la calidad de trabajador oficial del demandante. Invoca el derecho a mantener el poder adquisitivo de los salarios de los servidores públicos, para lo cual cita y transcribe algunas sentencias de la Corte Constitucional, entre ellas la C-710 de 1999; expone el derecho la movilidad del salario tanto de los servidores

públicos como de los trabajadores particulares, así como los derechos a la igualdad y de asociación. Finalmente, menciona que las sentencias, tanto del a quo como del ad quem, desatienden e irrespetan la cosa juzgada constitucional, debido a que existe una ratio decidendi, para efectos de aumentar la remuneración del 12 República de Colombia Corte Suprema de Justicia EXP. 39133 trabajador, y que las sentencias de instancia son violatorias del debido proceso, pues no aplican el principio de favorabilidad contenido en el artículo 53 Constitucional. XIII LA RÉPLICA Insiste en los argumentos esgrimidos en las oposiciones que anteceden y señala que el fallo impugnado se encuentra acorde con la sentencia del 27 de enero de 2009, proferida por esta Corporación la cual transcribe in extenso. XIV SE CONSIDERA Como ya quedó dicho, los cargos esbozados por la censura tienen un propósito común, cual es, demostrar que el demandante era merecedor de los incrementos salariales por su condición de trabajador oficial. Por su parte, el Tribunal, para confirmar la absolución dispuesta por el Juez de primera instancia, concluyó que el actor no tenía derecho a los incrementos salariales solicitados, valga decir, los consagrados en la Ley 4ª de 1992, dada la naturaleza jurídica de la entidad al momento de la terminación del vínculo, pues de acuerdo a ella, no tenía la calidad de empleado público; ni tampoco la de trabajador oficial debido, a la transformación del demandado en sociedad de economía mixta del orden nacional, conforme el Decreto 1748 del 4 de julio de 1991.

13 República de Colombia Corte Suprema de Justicia EXP. 39133 Acerca de la naturaleza jurídica de la entidad accionada, en lo que tiene que ver con la normatividad aplicable para la época que interesa, en sentencia del 17 de febrero de 2009, radicado 33644, en asunto similar al que nos ocupa, esta Sala, por mayoría, asentó: “A través del Decreto 1748 de 1991 que modificó el 2055 del mismo año, la entidad demandada se transformó de Empresa Industrial y Comercial del Estado en Empresa de Economía Mixta, de la especie de las anónimas, vinculada al Ministerio de Agricultura, la que ratificaron los artículos 264 del Decreto 663 de 1993 y 78 de la Ley 510 de 1999; mediante Decreto 092 de 2000 fue vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y sometida nuevamente al régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, pero se dispuso, expresamente, que el régimen de su personal sería el previsto en sus estatutos; los que valga resaltar, ya habían sido autorizados y protocolizados mediante Escritura Pública 3497 del 28 de octubre de 1999, y en su artículo 29 había dispuesto al respecto, que el Presidente y el Contador del Banco tenían la calidad de empleados públicos y el resto del personal vinculado se sujetaría al régimen laboral aplicable a los trabajadores particulares. “Sin embargo, debe recordarse, porque resulta importante en el estudio de este asunto, que en materia del régimen aplicable a sus servidores, se ha de observar lo siguiente: a partir del 5 de julio de 1994 el Banco Cafetero cambió su naturaleza

jurídica de Empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter oficial que hasta entonces tuvo, para transformarse en sociedad de economía mixta sometida al régimen de las empresas privadas, al haber reducido el capital que el Estado tenía en ella, a menos del 90%; lo que quiere decir, que sus trabajadores quedaron sometidos al régimen general de los trabajadores particulares hasta el 28 de septiembre de 1999, momento en el cual sobreviene una variación en el capital social, producido por la inyección económica introducida por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras –FOGAFIN-, entidad de naturaleza pública, que llevó a sobrepasar el 90% del capital estatal, por lo que quedó nuevamente sometido al régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, y por tanto sus trabajadores con el carácter de oficiales. “En ese sentido, debe precisarse que, aun cuando en el artículo 28 del Decreto 2331 de 1998, que modificó y adicionó el numeral 4 del Decreto 663 de 1993 o Estatuto Financiero indica que: “Cuando quiera que el Fondo de Garantías de Instituciones Financiera adquiera acciones, o en general, realice ampliación de capital en entidades financieras, que de acuerdo con la ley cambien de naturaleza por dicha adquisición de acciones o ampliación de capital, los trabajadores de tales entidades no verán afectados sus derechos laborales, legales o convencionales, por razón de la participación del Fondo, por lo cual seguirán sujetos al régimen laboral que les era aplicable antes de dicha participación.” para esta Sala, no existe duda de que, frente al caso bajo estudio, los trabajadores del Banco, luego de la

14 República de Colombia Corte Suprema de Justicia EXP. 39133 reinversión económica realizada por Fogafin, continuaron con el carácter de trabajadores oficiales, dado que la naturaleza jurídica de la empresa, desde el 28 de septiembre de 1999, es oficial. A ello se llega porque la adición introducida al artículo 28 del Decreto 2331 de 1998 por el artículo 32 de la Ley 510 de 1999, dispuso que: “Para estos efectos el Fondo podrá suscribir la porción de capital que considere necesario. En tal evento si la inversión del Fondo llegare a representar más del cincuenta por ciento del capital de la institución inscrita, ésta adquirirá el carácter de oficial…”. Lo precedente, lleva a concluir, que el ad quem incurrió en el error jurídico que le enrostra la censura, al haber colegido que el accionante no tenía la calidad de trabajador oficial para la época en que se solicitan los incrementos salariales, por lo tanto, los cargos resultan fundados en este aspecto. Sin embargo, la sentencia no se casará, pues en sede de instancia la Corte llegaría a la misma conclusión del ad quem, con relación a no conceder los incrementos salariales solicitados, como quiera que al tener el actor, el carácter de trabajadora oficial, no le eran aplicables los reajustes invocados, dado que la Ley 4ª de 1992, fijó régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y en su artículo 1º estableció el campo de aplicación, y señaló que el

Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en ella, fijaría el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional - cualquiera que fuera su sector, denominación o régimen jurídico-, del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la República, los miembros del Congreso Nacional, y los de la Fuerza Pública, calidad que el demandante no tuvo. 15 República de Colombia Corte Suprema de Justicia EXP. 39133 Aunado a lo anterior, no existe otra disposición de tipo legal que ampare los reajustes demandados distinta de la negociación colectiva, que las partes eventualmente pactaran conforme a lo dispuesto por el artículo 55 de la Constitución Política y 467 del Código Sustantivo del Trabajo. De ahí que no es dable al juez ordenar un incremento salarial que no tiene ningún respaldo en el ordenamiento jurídico vigente. Tales criterios se fundan en lo ya razonado por la Sala en sentencia de 27 de enero de 2009, radicación 33.420 - ratificada posteriormente en varios fallos, entre ellos el del 10 de febrero de 2010, radicación 33.825 -, proferida dentro de un asunto similar al puesto bajo escrutinio, en la cual, se expresó:

“1. APLICACIÓN DE LA LEY 4ª DE 1992.

La Ley 4ª de 1992 tiene como fines, entre otros, el de señalar las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso

Nacional y de la Fuerza Pública y el de fijar las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales. Por su parte el artículo 1º, ibídem, claramente determina el campo de aplicación del régimen salarial y prestacional para los empleados públicos, los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública. Dice textualmente: “ARTÍCULO 1o. El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de: a) Los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, cualquiera que sea su sector, denominación o régimen jurídico; b) Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la República; c) Los miembros del Congreso Nacional, y d) Los miembros de la Fuerza Pública. Y el artículo 4º, estatuye que “Con base en los criterios y objetivos contenidos en el artículo 2º el Gobierno Nacional, dentro de los primeros diez días del mes de enero de cada año, modificará el sistema salarial correspondiente a los empleados 16 República de Colombia Corte Suprema de Justicia EXP. 39133 enumerados en el artículo 1º literal a), b) y d), aumentando sus remuneraciones. Igualmente, el Gobierno Nacional podrá modificar el régimen de viáticos, gastos de representación y comisiones de los mismos empleados.” Las expresiones resaltadas fueran declaradas inexequibles a través del fallo C710 de 1999, dictado por la Corte Constitucional. Pues bien, para la Corte Suprema de Justicia, los artículos 1º y 4º, báculos del

ataque, no cobijan al demandante, porque no fue empleado