CSJ - SL3926-2018

RepúbdleCi oclao mbia CorStuep rdeeJm uas ticia SaldaeC asacLiaóbno ral SaldaeD escongNe:1s· t ión ERNESTO FORERO VARGAS Magistrado ponente SL3926-2018 Radicación n. 52050 º Acta 31 Bogotá, D. C., doce ( 12) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por LUCY FERNÁNDEZ POLANÍA, contra la sentencia proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, el 14 de septiembre de 2010, en el proceso ordinario laboral que instauraron ORLANDO NIEVA PUENTES, RUBÉN DARÍO ROJAS y la recurrente contra el MUNICIPIO DE NEIVA y en calidad de llamada en garantía

las EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA ESP S.A.

l. ANTECEDENTES Orlando Nieva Puentes llamó a JU1c10 al Municipio de Neiva y en calidad de llamada en garantía por el Municipio, las Empresas Públicas de Neiva, con el fin de que se efectuaran las siguientes declaraciones y condenas: que SCLAJPT-10 V.DO Radicacni.ºó5 n2 050 entre él y el municipio demandado «se encuentra» vigente el contrato de trabajo celebrado a término indefinido; que el accionado debía cancelar el valor de los intereses de cesantías, junto con su correspondiente sanción por el no pago oportuno, liquidada desde que se afilió a Colfondos S.A. hasta que se verificara el pago total de la misma; el pago de

la indemnización moratoria contenida en la Ley 797 de 1949, «en virtud a la tardanza, omisión y negligencia al pago de dichas cesantías>>; igual sanc1on a la administración municipal por realizar de manera tardía la consignación a las cesantías; que se ordene la indexación y los intereses moratorias a la tasa máxima legal hasta cuando se verifique el pago, lo probado ultra y extra petita y las costas. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que prestó sus serv1c1os profesionales, sin solución de continuidad como trabajador oficial de las Empresas Públicas de Neiva; que oficializó el traslado de sus cesantías al Fondo Privado de Cesantías Colfondos S.A., y que el ente demandado consignó extemporáneamente el valor liquidado por ese concepto, superando el término contemplado en la Ley 797 de 1949, es decir, más de 90 días; añadió que el accionado, en el proceso de liquidación de las mismas, no incluyó el valor de los intereses; y refirió que adelantó la reclamación administrativa, sin que hasta la fecha en que presentó la demanda, hubiera pronunciamiento alguno. Al dar respuesta, el Municipio de Neiva se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, afirmó que, conforme a la Resolución 591 del 15 de mayo de 2007, Orlando Nieva

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Radicación n. º5 2050 Puentes laboró en las Empresas Públicas de Neiva ESP S.A., hasta el 30 de junio de 2007, fecha en que se acogió al plan de retiro voluntario bonificado; así mismo, confirmó que

según la Resolución 1164 del 19 de octubre de 2007, el demandante trasladó sus cesantías a Colfondos el 2 de febrero de 2001, pero explicó que para esa fecha, la vinculación se encontraba vigente y que por esta razón no se trataba de cesantías definitivas; para finalizar, dio por cierto que el demandante elevó reclamación ante el Municipio de Neiva, pero no agotó la vía gubernativa, puesto que para el 2 de octubre de 2008, el acto administrativo ya se encontraba en firme habida cuenta que el actor renunció a los recursos de ley el 26 de febrero de 2002, y que la acción prescribió en los términos de los artículos 151 del CPTSS y 488 del CST. Como argumentos de defensa dijo que no es posible declarar la existencia de un contrato de trabajo vigente entre las partes, porque en caso de existir sería con las Empresas Públicas de Neiva ESP, persona jurídica que es distinta al municipio demandado, toda vez que él se acogió al retiro voluntario el 1 O de junio de 2007 y que además el Municipio de N eiva le reconoció, liquidó y trasladó el fondo privado escogido por el actor sus cesantías «mediante la Resolución O 7 14 del 12 de febrero de 2007, notificada el 26 de febrero de motivo por el cual colige que a la presentación de la 2002», reclamación administrativa que lo fue el «2 de octubre de 2008 ya se encontraba consolidada la prescripción de la acción>!. Con relación a los intereses moratorias dijo que se

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Radicación n. º 52050 opone porque el Municipio de Neiva, liquidó retroactivamente las cesantías con rendimientos financieros, maxime por cuanto «noe xi.sntoer maq uer eguellep agod ei ntereses moratorpioarsl ac onsignaecxitóenm porácnueaan,d eol y además, trabajaadnotri gsueoa cogae l aL ey5 0d e1 990» porque las cesantías fueron trasladadas por las empresas Públicas al Fondo de Cesantías del Municipio de Neiva, en consecuencia están reguladas por el Decreto 1176 de 1991 y no por la Ley 60 de 1990, pues en este caso el incumplimiento no sería del Municipio de Neiva toda vez que no funge como empleador por el hecho de la tardanza en traslado de las cesantías de un fondo municipal a uno privado como lo es Colfo ndos. Propuso las excepciones de falta de consorcio litis necesario,· de legitimación en la causa por pasiva, la prescripción, el cobro de lo no debido y la compensación y llamó en garantía a Empresas Públicas de Neiva ESP S.A. El demandante dentro de la oportunidad legal, presentó reforma a la demanda en la que incluyó como parte actora a Lucy Fernández Polanía y a Rubén Daría Rojas, y manifestó con relación a las pretensiones que son las mismas «peticioennal daad se mandpar imigednoinad es es olicita comedidamseens tier voar denya cro ndenaalMr u nicidpei o Neiv,aa lp agdoe lv alodrel odsi nerao lso nsu evoasc tores,

porc oncepdteo i ntereas elsa sc esantíjausn,tc oo nl a respectiva sanción moratoria por el no pago oportuno de las mismas,d ebidamenitned exadamsá;s losi ntereses moratohraisatsqa u es ev erifeilqp uaegt oo tdaell ao bligación, SCLAJPT-10 V.DO 4 u Radicación n. º 52050 con las respectivas costas procesales». Con relación a los hechos expuso: «Señora Juez, son exactamente los mismos respecto de la demanda inicial para los nuevos actores, debido a que han prestado su fuerza laboral a las Empresas Públicas de Neiva desempeñando diferentes cargos y a su vez fueron afiliados al Fondo Privado de Cesantías COLFONDOS S.A. de esta ciudad» Mediante auto adiado el 19 de noviembre de 2008 (f.º 90), el juzgado del conocimiento, ordenó el llamamiento en garantía a las Empresas Públicas Municipales de Neiva que presentó la entidad territorial y de igual manera, aceptó la reforma de la demanda, presentada por el apoderado del demandante (f.º 88). Al dar contestación a la demanda, la llamada en garantía, se opuso a las pretensiones y dio por ciertos los hechos referentes a: los serv1c1os prestados por los demandantes sin solución de continuidad, en calidad de trabajadores oficiales y que adelantaron reclamación administrativa. En su defensa propuso las excepciones de falta de legitimación por pasiva, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, improcedencia de las pretensiones, buena fe

y la genérica del artículo 306 del CPC. Expuso como razones de defensa que los fondos de cesantías están autorizados por la ley para administrarlas; 5 SCLAJPT-10 V.DO Radicación n. º 52050 que la Ley 344 de 1996 estableció un nuevo reg1men de liquidación de esta acreencia para los servidores públicos que se vincularan a órganos y entidades del Estado a partir del 1 º de enero de 1997 y para quienes lo hicieron con anterioridad, por medio del artículo 17 de la Ley 6 de 1945 y 1 º de la Ley 65 de 1946 a quienes se les aplica el régimen de retroactividad y no se les reconoce intereses a las mismas porque el estamento no los consagró, siendo aplicable para los actores las últimas normativas por cuanto se vincularon con antelación al 31 de diciembre de 1996 y el vínculo se encuentra vigente, razón por la que no procede la pretensión de la indemnización moratoria. Finalmente, agrego que las cesantías fueron consignadas por Empresas Públicas de Neiva ESP, al Fondo de Cesantías del Municipio de Neiva y, por lo tanto, por no ser el municipio demandado el administrador del fondo, se colige que las Empresas Públicas de Neiva en su calidad de empleador, cumplió con su deber de consignar conforme lo dispone la ley. De otra parte, el Municipio de Neiva, dio respuesta a la reforma de la demanda, reiteró lo manifestado en la contestación inicial, y sobre los demandantes agregados afirmó: que mediante «laRse solucinoº 2n7e2sd e6l d em arzo

y 1863d el2 7d ed iciemdber2 e0 00s,eo rdencóo nsigsnuasr cesanteínae slf ondpar ivaedsoc ogpiodroe llosseñ»a;ló que al señor Rojas Terrios se le notificó el acto citado el 1 de marzo de 2001, quien no hizo uso de los recursos de ley y sobre la señora Lucy Fernández, adujo que fue notificada el 6 SCLAJPT-10 V.DO Radicnaº.c5 i2ó0n5 0 27 de marzo del año 2000, motivo por el cual para la fecha de la presentación de la reforma a la demanda estaba prescrita la acción. Finalizó reiterando las excepciones propuestas en la contestación de la demanda primigenia.

11. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 15 de febrero de 2010, declaró probada la excepción de falta de legitimación por pasiva, formulada por las Empresas Públicas de Neiva, y la de cobro de lo no debido, propuesta por el Municipio de Neiva; absolvió al demandado y a la llamada en garantía de todas las pretensiones incoadas en su contra, condenó en costas a la parte actora y ordenó que el fallo se consultara en caso de no ser apelado.

111. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, mediante fallo del 14 de septiembre de 2010, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, confirmó la sentencia

impugnada, condenó en costas a la recurrente, fijando agencias en derecho por la suma de $600. 000. El Tribunal centró el debate en establecer si procedía o no la aplicación de la sanción moratoria prevista en el º numeral 2 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

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Radicacni.ºó 5 n2 050 A fin de dirimir la discusión planteada, transcribió en extenso fragmento la sentencia CSJ SL, 6 jul. 2006, rad. 27272 en que se resolvió un asunto de similares características al analizado y con fundamento en ella, razonó que, la Ley 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991, reglamentario del parágrafo del artículo 98 y 99 de la Ley 50 ibídem, desarrollaban disposiciones aplicables a los trabajadores particulares, y que sólo con la expedición de la Ley 346 de 1996 y su Decreto Reglamentario 1582 de 1998, el que reglamentó parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 º de 1996 y 5 de la Ley 442 de 1998, en relación con los servidores públicos a nivel territorial, extendió la aplicación de la Ley 50 de 1990, en lo referente al régimen de las cesantías a los trabajadores oficiales; con relación al depósito de las cesantías retroactivas de los servidores públicos vinculados antes de esa normatividad, dijo que se reguló en º º los artículos 2 y 3 del Decreto 1582 de 1998, que es la normatividad que rige el caso bajo estudio, la que no

contempla sanción al na por mora en la consignación de gu esta acreencia y por ello no era viable extender su aplicación a hechos diferentes o acudir a la analogía. IVR.E CURDSEOC ASACIÓN Interpuesto por los demandantes, concedido por el Tribunal únicamente respecto de la señora Lucy Fernández Pol anía y admitido por la Corte, se procede a resolver.

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8 Radicación n. º 52050 V.A LCANDCELE A I MPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque el fallo del a quay en su lugar acceda a las pretensiones de la demanda. Con tal propósito formula un cargo, que no fue replicado.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia de violación indirecta por aplicación indebida de los artículos « 1º , 1O , 181,9 y 2 1l,e 1y4 1d e19 61

CódiSguos tandteiTlvr oa bya ljaoS. S .e,n r elaccoilnóo ns artíc1uº, l2ºo , 4sº, 295,3 5,4 8,7 9,3 2,2 82,2 9y 2 30d e nuesEtsrtoa tMuatyooc ro ncorcdoaennl at re tí4c1ud lelo a le1y4 2d e1l1 d ej uldie1o 99(4D leo Sse rviPcúibolsi cos Domicilairatríic9ou8syl 9) o9,ds e l al e5y0d e1 99a0r,t ículos

516,1 y 15 1d eCló diPgroo cedseaTllr abya Sjeog uridad Sociaarlt,í cl2u,y l 8 oe s( sliacl )e1 y5 3d e1 88. 7» Manifiesta que a la violación impugnada se llegó por incurrir en los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado, estándola, que el demandado principal MUNICIPIO DE NEIVA , fue negligente, omisivo y dilató sin justificación alguna, la consignación al fondo privado de cesantías COLFONDOS S.A. los dineros correspondientes a las cesantías definitivas por anualidad, a favor del trabajador actor, conforme lo señala el numeral 1 del artículo 99 de la ley 50 de 1990.

2. No dar por demostrado, estándola, que le correspondía al MUNICIDEP NIENOA , encargado directo del pago de las como

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Radicación n. º5 2050 cesantías definitivas por anualidad al trabajador de las EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA (EE.PP.), según convenio interno entre éstas, según el numeral 1 del art. 99 Ley 50 de 1990.

3. No dar por demostrado, estándola, que el MUNICIPIO DE NEIVA debió haber presupuestado dichos dineros con anticipación y destinación propia y especifica para tal fin, conf arme a lo que contestó y excepcionó la llamada en garantía EMPRESAS

PÚBLICAS DE NEIVA (EE.PP.).

4. No dar por demostrado, estándola, que no se le puede hacer

gravosa la situación al trabajador accionante, de la omisión y negligencia en el pago de los dineros correspondientes a las cesantías, por culpa exclusiva del ente territorial demandado.

5. No dar por demostrando, estándola, que lo que se ha pretendido es el pago de cesantías definitivas de anualidad con las respectivas sanciones que generan el no pago oportuno de las mismas por parte del MUNICIPIO DE NEIVA y porque la actora haya dejado de laborar para las EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

(EE.PP.) sin habérsele cancelado dichos emolumentos.

6. No dar por demostrando, estándola, que el MUNICIPIO DE NEIVA, fue el que generó por su omisión, culpa y negligencia, la responsabilidad a reconocer y efectuar el pago a favor del aquí recurrente, los intereses de las cesantías, indemnización por el no pago oportuno de las mismas, la sanción moratoria y las costas procesales; conforme a las normas invocadas y favorables al accionan te.

7. No dar por demostrando, estándola, ya que carece de asidero jurídico, el argumento de que no se consignaron oportunamente cesantías parciales a favor del accionante, porque el MUNICIPIO DE NEIVA carecía de recursos y/ o presupuesto para tal fin, lo que conlleva a que sea una confesión judicial espontánea de la negligencia y omisión del ente accionado.

Frenat lea psr uebsaesñ,a cloam moa la precilaadsa s siguientes:

1. Las resoluciones y/ o actos administrativos Nos. 272 del 6 de marzo de 2000, 709 del 7 de Junio de 2007 y 1132 del 4 de

octubre de 2007 (folios del 63 al 68), que ordenó el traslado de las cesantías, expedidas por el MUNICIPIO DE NEIVA a favor de la actora LUCY FERNÁNDEZ POLANÍA, del cual nunca se cancelaron dichos dineros oportunamente como lo establece la ley.

2. El agotamiento de la vía gubernativa de la recurrente LUCY FERNÁNDEZ POLANÍA ante el demandado MUNICIPIO DE NEIVA, se efectúo oportunamente, tal y como consta a folio 90 y ss del cuaderno No. l.

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10 Radicación n. º 52050 Y como no apreciados los siguientes medios de convicción: 7.( siLca)s certificaciones expedidas por las EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA (EE.PP.) a nombre de la actora, en calidad de empleador de éste. 8. (siLcos) e xtractos emitidos por el fondo privado de cesantías COLFONDOS S.A., donde se puede apreciar tanto las fechas de consignación como el monto consignado. Como argumento demostrativo dice que el Tribunal no atendió los artículos 228 y 230 de la Constitución que disponen que los jueces están sometidos al imperio de la ley, y que la administración de justicia es una función pública en donde deb e prevalecer el derecho sustancial. Considera que el juez plural desconoció las leyes «142 de 1994, que en su art. 41 señala la normatividad a regir para los trabajadores que laboran en las empresas de servicios públicos domiciliarios, como es el actor y a su vez las

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA (EE.PP.) E.S.P., ley 797de

1949, artículos 98 y 99 de la ley 50 de 1990, ley 244 de 1995 y la ley 1071 de 2006, normas aplicadas como supletorias y por pnncipw de favorabilidad a favor del trabajador aquí recurrente)). Señala que el deber del ad quem era dar cumplimiento a las normas señaladas porque fue «la que entró a regir para los accionados, respecto del pago de los auxilios de cesantías, máxime si se tiene en cuenta que a la promotora Lucy Fernández Polanía, nunca se le canceló y a que tiene derecho por ministerio de la ley; del cual la Sala de lo Contencioso

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Radicación n. º 52050 AdministrSaetcicnvi soóe gnudaS ubseccBi dóenlH o norable y a continuación transcribe Conjsoed e Estadsoe ñlaó> > apartes que de la sentencia que no identifica. A continuación, cita el artículo 98 de la Ley 50 de 1990, y manifiesta que el numeral primero continúa rigiendo para los contratos de trabajo celebrados con anterioridad de esta ley y que el parágrafo «dal ap osibilqiudela odts ar bjaadoers vinculamdeodsi anctonet artod e trajboa celeabdroc on anteiroridaa lda v igencdiea e stlae yp,o dárn acogseer medianctoemn uicaceisócinrt as,e ñaldaoln af echad ei nicio, comaoc noteceinóe lc asdoe e studio». Seguidamente, se remite al artículo 99 de la misma ley, para señalar que es de estricto cumplimiento y que fue

declarada exequible por la Corte Constitucional y que el Tribunal «poru ne rror invuonltairop aso( iscp)o ra ltloa, aplicacdieló onas r tílcuo4s1 d el aL ey1 42 del1 1d ej uldieo y 1 994( del osse vricipoúsbl icdoosmi cirliioasd)e l oasr tílcuos 99 50 y al señalar 98y de laL ey de 1 990» «osber la reotarctivdiedl aadcs e asnítasn,un cas eh ap retendeisdtoo , y se tal como puedev efrciiare nl asp retensiodnee lsa se demandoar diinaac;ru andoc omo ha reiterqaudeoe l recrurnetea ún continlúaab aondro para lasE mpresas Públicadse N eiva». Agrega que el juez plural nunca dio aplicación a los artículos 98y 99d e la Ley 50d e 1990 «yt egriverdsióc ha normativailsd eañdaa rl:(Q( uel an ormnao p uedaep licsaer elátsimceantaet odalsa ssi atcuiondeens o p agdoe c esanítas

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Radicación n. º 52050 y que en el presente asunto lo que se presentó fue la tardanza en el traslado de la liquidación de cesantías con corte a la fecha de solicitud de afiliación al nuevo fondo y no una mora de las definitivas por finalización de la vinculación laboral, por ende, a diferencia de cómo lo decidió el A-qua, no puede

aplicarse la sanción establecida por las leyes 244 de 1 995 y 297 de 1949 (sic)/). Reitera que el juez plural se contradijo en la aplicación de los fundamentos de derecho que no eran aplicables, porque el numeral 1 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 alude a la liquidación definitiva del auxilio de cesantías, por anualidad y que el numeral 3 del citado precepto dispone la sanción por la tardanza o mora en el pago de esta acreencia al empleador incumplido «sin tener en cuenta que se hace responsable al pago del 12% anual a título de interés, conforme al numeral 2 de dicha ley)). Señala que el Tribunal erró al apoyarse en la sentencia CSJ SL, 6 jul. 2006, rad. 27272, por cuanto existe norma sustancial prevalente como lo es el artículo 41 de la Ley 142 del 11 de julio de 1994 (De los Servicios Públicos Domiciliarios) concordante con los artículos 98 y 99 de la Ley 50 de 1990, normatividad que rige para el promotor judicial y finaliza con la transcripción de la sentencia del consejo de Estado del 22 de julio de 2005 con radicación «44001-23-31000-2001-00042-01 (90-03))), para derivar de ella que «para el caso de los trabajadores oficiales adscritos a las empresas de servzcws públicos domiciliarios, tendrán carácter de TRABAJADORES PARTICULARES, según el art. 41 de la ley

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Radicación n. º 52050 142 deju lio1 1 de1 994,y por lot antloosa ctroest enrádn el

benfiecioco mpletod el osa rtcíulos9 8 y 99 del a ley 50 de 1 990, debénidosee ntcoens reconcoer las sacnwnes impuesteansd cihan ormatviida)). d VIIC.O NSIDRAECIONES La Sala de be precisar una vez más que el recurso de casación debe cumplir con las exigencias contenidas en los artículos 87, 90 y 91 del CPTSS, y en adición con el artículo 7 de la Ley 16 de 1990, si se encamina la acusación de la sentencia por la vía indirecta como en este caso, reglas estas a las que debe sujetarse el casacionista para que el ataque pueda ser analizado por la Corte. Debe precisarse que los preceptos antes citados no responden al cumplimiento de un requisito formal, sino al propósito de verificación para establecer si en efecto, el sentenciador de segundo grado cumplió o no con la observación de las normas y análisis que ordena la ley, ello por cuanto es sabido que toda sentencia goza de la presunción de acierto y legalidad y quien la impugna tiene el deber de indicar en qué consisten los dislates para poder llevar a cabo tal confrontación a fin de determinar si hay lugar o no a su quebrantamiento. Frente a lo reseñado, la Sala a través de la sentencia CSJ SL4281-2017, dijo: AlJ uezd el ac asacliecó onpm,e teeejr ceurnc ontdrelo gela lidad SCLAJP T 10 V. 00 14 Radicación n. º 52050 sobre la decisión de segundo grado, siempre que el escrito con el que se sustenta el recurso extraordinario satisfaga las exigencias

previstas en el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo, las cuales no constituyen un culto a la formalidad, en tanto son parte esencial de un debido proceso preexistente y conocido por las partes, según los términos del artículo 29 de la Constitución Política. En el presente caso, el recurso propuesto por la casacionista contiene graves deficiencias técnicas que hace inviable el pronunciamiento de fondo, tales como las que se precisan a continuación: 1. - Endereza la acusación por la vía fáctica y señala que el Tribunal incurrió en siete errores de hecho acusando unas pruebas como no apreciadas y otras como mal estimadas, no obstante, la argumentación en la demostración se centra en un tema eminentemente jurídico que es propio de la vía directa, y concretamente en la prevalencia de las normas que regulan el régimen laboral de los trabajadores de la empresas de servicios públicos domiciliarios, y la extensión del artículo 98 de la Ley 50 de 1990 a los contratos de trabajo celebrados con antelación a la vigencia de esa ley. La Corte ha adoctrinado en diferentes pronunciamientos, como la sentencia CSJ SL, 30 oct. 2012, rad. 39668 respecto a esta clase de dislate, que: Tiene razón el opositor en varios de los reparos que hace a la demanda de casación. Para empezar, efectivamente en el cargo se entremezclan indebidamente cuestiones de hecho y de derecho, como quiera que el cuestionamiento acerca de si es requisito necesario para suspender el contrato de trabajo por fuerza mayor caso fortuito, la información al Ministerio de la Protección Social,

o es un asunto eminentemente jurídico en tanto tiene que ver con el alcance de la disposición legal que regula el asunto, que por lo 15 SCLAJPT·lO V.DO Radicancº.i5 ó2n0 50 mismo no puede ser planteado por la vía indirecta. No cabe duda para la Corte que los recurrentes entremezclan argumentos fácticos con jurídicos, lo que demuestra el grave error de no presentar en forma separada e independiente las vías de impugnación propias de la causal primera, esto es, la indirecta y la directa, lo cual es técnicamente inaceptable, en vista de que cada una es autónoma e independiente. Al respecto, la Sala precisó lo siguiente en la sentencia CSJ SL, 22 feb. 2011, rad. 36684, que fue reiterada en la CSJ SL15802-2017: f. ..] la directa y la indirecta, por su naturaleza, son dos modalidades irreconciliables de ofensa al derecho sustancial, de suerte que el recurrente en casación no puede achacar al juzgador de instancia, de manera simultánea, el quebranto de la ley sustancial por la vía directa, esto es, con prescindencia de toda cuestión probatoria, y la incorrecta estimación del torrente probatorio. 2.- De otra parte, observa la Corte que el recurrente alegó en el cargo modalidades de violación incompatibles, puesto que en la proposición jurídica atribuyó al fallo la aplicación indebida de las normas que enlistó (f.º 11), mientras que en la demostración destacó el desconocimiento de los artículos 41 de la Ley 14 2 de 1994, 98 y 99 de la Ley

50 de 1990 (f.º 14, 17) y, a su vez, la contradicción de estos últimos al manifestar: «El Tribunal erradamente nunca le dio aplicación a los artículos 98 y 99 de la ley (sic) 50 de 1990 y tergiversó dicha normatividad al señalar: Que la norma no puede aplicarse drásticamente a todas las situaciones de no

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Radicación n. º 52050 pagdoec easnítaysq ueen e plr esaesnutnelt qouo pe r esentó fueu nat arndzaae ne lt rasldaeld alo i iqduacdieóc nea snítas>> (f.º 18), haciendo ininteligible la comprens1on de su acusac1on, pues no se puede aplicar indebidamente una misma norma y a su vez contradecirse con su falta de aplicación, equivalente a la infracción directa; submotivos que se oponen si se formulan en un mismo cargo y respecto de las mismas normativas. La Corte ha emitido pronunciamientos en los que se ha referido a estos desatinos, como lo señalan las sentencias CSJ SL, 13 mar. 2007, rad. 30538, cuya regla se reitera en las sentencias CSJ SL, 7 may. 2008, rad. 3001 7 y CSJ SL, 5 ag. 2008, rad. 31183 en las que ha precisado: De las normas transcritas se colige sin dificultad que son tres las modalidades en que puede infringirse directamente la ley sustancial, cada una de las cuales presenta sus propias caracteristicas y peculiaridades. Así, se ha dicho que la infracción directa ocurre cuando el juzgador

desconoce el texto legal y, por rebeldía o ignorancia o por no tener en cuenta los efectos de la ley en el tiempo, deja de aplicarlo a un caso que lo reclama. Es según lo ha dicho la doctrina un típico error de omisión. La interpretación errónea, en cambio, significa que el juez aplica la norma que reclama el caso, pero al fijar su alcance distorsiona su contenido, ampliándolo o restringiéndolo, agregándole o suprimiéndole supuestos o consecuencias. Este último dislate es conocido doctrinariamente como error por comisión en tanto el yerro se comete no por omitir la norma, sino por aplicar la que corresponde, pero dándolo un alcance diferente. Los tres motivos son autónomos y excluyentes, lo que quiere decir que no es posible que un cargo acuse la misma norma legal por modalidades diferentes de violación porque obviamente no resulta lógico suponer que el juez infrinja directamente, aplique indebidamente e interprete erróneamente de manera simultánea un texto legal concreto y específico. De suerte que el censor incurre

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Radiicóanncº. 5 2050 en el dislate que le enrostra la réplica y solo error suficiente ese es para desestimarlo pues no le permitido a la Corte elegir por cuál es de las dos modalidades señaladas emprende su estudio De lo expuesto, queda en evidencia que la recurren te acusa dos submotivos de la vía directa respecto de la misma normatividad, lo que impide establecer si se presentó una aplicación indebida o si se ignoró la norma señalada,

quedando establecida otra falencia técnica que imposibilita a la Sala desarrollar alguna confrontación a la sentencia acusada.

3. Por último hay que referir que tampoco la Sala puede abordar el estudio del cargo por la senda indirecta, pues la censura a pesar que señala pruebas como mal apreciadas y dejadas de apreciar, no presenta ningún fundamento o explicación del porqué de su acusac1on o en que radica la deficiente valoración de las pruebas enlistadas, o que incidencia tiene la ausencia de estimación probatoria frente a la decisión tomada, requisitos indispensables para que la Corte pudiera cumplir con su deber de verificación y análisis, exigencia está contenida en el artículo 7 de la Ley 16 de 1969, tema que también ha sido abordado por la Corte como se puede observar en la sentencia CSJ SL, 23 mar. 2001, rad. 15148, en la que dijo: f. ..} cuando la acusación enderece formalmente por la vía se indirecta, le corresponde al censor cumplir los siguientes requisitos elementales: precisar los errores fácticos, que deben ser evidentes; mencionar cuáles elementos de convicción no fueron apreciados por el juzgador y en cuáles cometió errónea estimación, demostrando en qué consistió ésta última; explicar cómo la falta o la defectuosa valoración probatoria, lo condujo a los desatinos que

SCLAJPT-10 V.00

18 - · Radicación n. º 52050 tienen esa calidad y determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita. Dicho en otras palabras, cuando de error de hecho se trata, ha

dicho la jurisprudencia, es deber del censor en primer lugar precisar o determinar los errores y posteriormente demostrar la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal, sirviéndose para ello de las pruebas que considere dejadas de valorar oe rróneamente apreciadas. Es decir, en el cargo ha debido quedar claro qué es lo que la prueba acredita, cuál es el mérito que le reconoce la ley y cuál hubiese sido la decisión del juzgador si la hubiera apreciado, aspectos que no tuvo en cuenta el recurrente y que compromete la técnica propia del recurso extraordinario.

4. Además de lo expuesto, no atacó la recurrente el argumento primordial del Tribunal cual fue que la norma que rige en el caso bajo estudio era el Decreto 16582 de 1998 que no consagra sanción por mora en retardo de consignación de las cesantías y, en consecuencia, no es aplicable la Ley 50 de

1990. De tal modo que, al no impugnar la censura los fundamentos esenciales de la decisión, la mism