CSJ - SL395-2023

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala le Casaclia Laboral Sala 1 Descoogiatión N:3 DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ Magistrado ponente SL395-2023 Radicación n.°86369 Acta 6 Bogotá, D. C., primero (1) de marzo de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, contra la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha el 16 de julio de 2019, en el proceso instaurado por MYMAN AMPARO DAZA PELÁEZ, LILIANA LUCILA DE LA MILAGROSA PELÁEZ MOLINA y ENRIQUE JOSÉ CUJIA PERTÚZ contra la entidad recurrente, EDUVILIA

MARÍA FUENTES BERMÚDEZ, y el FONDO FINANCIERO

DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

I. ANTECEDENTES Radicación n.°86369

Myrian Amparo Daza Peláez, Liliana Lucila de la Milagrosa Peláez Molina y Enrique José Cujia Perú:1z, demandaron en procesos separados que posteriormente fueron acumulados, a Eduvilia María Fuentes Bermúdez y solidariamente al Ministerio de Educación Nacional y al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - Fonade, para que se declarara la existencia de un contrato de trabajo con la primera de las llamadas a juicio desde el 23 de agosto de 2011 hasta el 15 de diciembre de esa misma anualidad, la «ineficacia» de la terminación del vinculo y el pago de

salarios y acreencias laborales. También pretendieron que se dispusiera que el Ministerio de Educación Nacional y Fonade, son solidariamente responsables en el pago de lo pretendido y de las «indemnizaciones». Como pretensión subsidiaria, en caso de no ordenarse la ineficacia de la terminación del contrato, solicitaron el pago de la sanción moratoria prevista en el art. 65 del CST. Además, pidieron lo extra y ultra petita y las costas del proceso. Indicaron en sustento de sus pretensiones que, entre el Ministerio de Educación Nacional y Fonade, se celebró el convenio interadministrativo n.°212 (211012), con el objeto de gestionar el Programa de Atención Integral de la Primera Infancia - PAIPI; que, Fonade contrató a Eduvilia Fuentes Bermúdez, en «su calidad de propietaria y representante legal del establecimiento de comercio denominado Colegio Gabriela Mistral», para dar cumplimiento al convenio y llevar acabo la atención integral en educación inicial, 16 Radicación n.°86369 cuidado y nutrición a los niños y niñas menores de 5 arios en condiciones de vulnerabilidad y que estuvieran vinculados al PAIPI, «a través de propuestas de intervención oportunas, pertinentes y de calidad». Afirmaron que a fin de cumplir con lo anterior, Fuentes Bermúdez los vinculó con contrato de trabajo celebrado el 23 de agosto de 2011, como docentes y en el caso de Enrique José Cujia Pertuz como asistente general PAIPI, labor que realizaron de manera personal en la institución educativa Gabriela Mistral; que cumplieron horario de trabajo, recibieron órdenes y directrices de la

señora Eduvilia; que el salario pactado fue de $1.500.000, y de $1.200.000 el del señor Enrique José; que la vinculación finalizó el 15 de diciembre de 2011 sin justa causa y sin que se les reconocieran y pagaran las prestaciones sociales y vacaciones causadas por el tiempo servido, ni los aportes al sistema de seguridad social; que agotaron las reclamaciones administrativas correspondientes. Refirieron las funciones del Ministerio accionado y la naturaleza jurídica de las entidades convocadas a juicio (fs.°2 a 7 de los 3 cuadernos correspondientes a los procesos que se acumularon por orden del a quo). El Fondo Financiero de Proyectos de DesarrolloFonade, se resistió a la prosperidad de las pretensiones. Aceptó la suscripción del Convenio Interadministrativo de Gerencia 211012 con el Ministerio de Educación Nacional, así como de varios contratos «derivados de la prestación de servicios especializados» con el «operador» Eduvilia María Radicación n.°86369 Fuentes Bermúdez. Sostuvo que entre esta última y las demandantes se celebró un contrato de prestación de servicios, que no implica necesariamente el cumplimiento de horarios ni la existencia de subordinación. Que para la vigilancia contractual se vinculó al Consorcio C85R como interventor. De los demás hechos, indicó que no eran ciertos o que no le constaban. Propuso la excepción «previa» de falta de legitimación en la causa por pasiva, y de mérito, las de inexistencia de solidaridad, «PÓLIZA DE SEGUROS QUE AMPARA EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES», cobro de lo

no debido, falta de causa para pedir, prescripción, buena fe y la «GENÉRICA». También las que denominó «INEXISTENCIA DE LA FIGURA JURÍDICA DE LA SOLIDARIDAD», inexistencia de la relación laboral y falta de causa para demandar (fs.°71 a 82, 75 a 88, y 73 a 82vto, de los cuadernos de primera instancia de cada demandante). Llamó en garantía a la Compañía Aseguradora de Finanzas Confianza SA, pero fue declarado ineficaz por el juez del caso (fs.°197, 206 y 267 de los cuadernos de primera instancia de cada demandante). La NaciónMinisterio de Educación Nacional también se opuso al éxito de lo pretendido por las demandantes. En cuanto a los hechos, aceptó la existencia del programa PAIPI, el convenio n.°212 suscrito con Fonade y el agotamiento de las reclamaciones administrativas. De los demás señaló que no le constaban. Destacó que la Jurisdicción Ordinaria Laboral no tenía competencia para conocer de este conflicto jurídico. 4 7 Radicación n.°86369 Formuló las excepciones previas de falta de

jurisdicción, «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR

PASIVA», «NO COMPRENDER LA DEMANDA TODOS LOS

LITISCONSORTES NECESARIOS YA QUE EN EL PRESENTE

PROCESO NO SE DEMANDÓ A LA INTERVENTORA C Y M

CONSULTORES QUIEN ERA EN ULTIMAS QUIEN EJERCÍA

CONTROL, VIGILANCIA, SUPERVISION E INDICABA COMO SE

ESTABA EJECUTANDO EL CONVENIO Y CONTRATO

DEMANDADOS». De fondo las de «SOBRE LA SOLIDARIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, cobro de lo no debido, inexistencia de un contrato laboral entre las partes y ese ministerio, inexistencia o falta de causa para demandar, buena fe, prescripción y la «GENÉRICA» (fs.°159 a178, 182 a 191 y 244 a 253 de los cuadernos de primera instancia de cada demandante). Se dio por no contestada la demanda por parte de Eduvilia María Fuentes Bermúdez (fs.°194, 203 y 263 cuadernos ídem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Laboral del Circuito de San Juan del Cesar, mediante fallo de 30 de mayo de 2019 (cd f.°215 2 cuaderno del proceso instaurado por Myrian Daza), resolvió:

Primero: Declarar que Myrian Amparo Daza Peláez, Liliana Lucila Peldez Molina y Enrique José Cujia Pertiaz, celebraron sendos contratos de trabajo con la señora Eduvilia María Fuentes Bermúdez, conforme lo manifestado en la parte considerativa de esta providencia.

5 Radicación n.°86369

Segundo: Condenar a la demandada Eduvilia María Fuentes Bermúdez, a cancelar a las (sic) demandantes, las siguientes

sumas de dinero por los siguientes conceptos: A Myrian Amparo Daza Peláez y Liliana Lucila Peláez Molina: a) Por cesantías $466.667 b) Por intereses a las cesantías $17.422 c) Por primas de servicios $466.667 d) Por vacaciones $222.333

A Enrique José Cujia Pertúz:

a) Por cesantías $376.667 b) Por intereses a las cesantías $14.187 c) Por primas de servicios $376.667 d) Por vacaciones $188.333 Declarar la ineficacia de la terminación de los contratos de trabajo y consecuencialmente condenar a la demandada Eduvilia María Fuentes Bermúdez, a pagar a cada una de las (sic) actoras un día de salario a partir del 16 de diciembre de 2011 hasta tanto se verifique la cancelación de los aportes por seguridad social y parafiscalidad, correspondientes a los últimos meses de labores de los trabajadores, así: a razón de $50.000 para Myrian Amparo Daza Peláez y Liliana Lucila Peláez Molina y $40.000 diarios a Enrique José Cujia Pertuz, todo de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

Tercero: Declarar que el Ministerio de Educación Nacional es solidariamente responsable de las obligaciones que la demandada Eduvilia María Fuentes Bermúdez tiene para con las demandantes, haciendo la salvedad que se limita solo a las causadas en el periodo comprendido entre el 29 de agosto y el 15 de diciembre de 2011, esto, en cuanto a las condenas por salarios, primas, intereses de cesantías y vacaciones, y plenamente solidario respecto a las cesantías e indemnización por ineficacia de la terminación de la relación laboral.

Cuarto: Absolver a Fonade de todas y cada una de las pretensiones formuladas por las demandantes.

Quinto: Declarar probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia de la solidaridad, presentadas por el apoderado de Fonade,

parcialmente probada la de prescripción y no probadas las interpuestas por el apoderado del Ministerio de Educación Nacional en la contestación de las demandas. 6 te Radicación n.°86369

Sexto: Costas a cargo de los demandados Eduvilia María

Fuentes Bermúdez y el Ministerio de Educación Nacional.

Séptimo: Se fijan agencias en derecho a favor de una de las demandantes y en contra de los demandados Eduvilia María Fuentes Bermúdez, y el Ministerio de Educación Nacional, en la suma de $13.538.408

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, al resolver la apelación que interpuso el Ministerio de Educación Nacional, como también el grado jurisdiccional de consulta, con sentencia de 16 de julio de 2019 (cd f.°20 cdno. Tribunal), confirmó la de primer grado; impuso las costas a la entidad recurrente.

En lo que estrictamente interesa al recurso extraordinario, esto es, si el Ministerio de Educación Nacional es solidariamente responsable de las acreencias laborales de las demandantes, señaló que era necesario referirse a los efectos y consecuencias entre el contratista independiente y el dueño de la obra, de acuerdo con lo establecido en el art. 34 del CST. Reseñó los fallos CSJ SL, 12 jun. 2002, rad. 17573, CSJ SL, 13 sep. 2017 rad. 45272, que desarrollaron los criterios para aplicar el art. 34 del CST y dar lugar a la solidaridad «del contratante inicial y los consecutivos en la cadena frente al trabajador, sea el primero: a) la cobertura de

Radicación n.°86369 una necesidad propia y directamente vinculada al objeto social. Indicó que por tratarse el Ministerio de Educación de una persona jurídica de derecho público, su objeto social debía entenderse por el encargo misional constitucional o legal. En ese orden, señaló que el Plan Sectorial de Educación 2006-2015 fue uno de los principales objetivos para fortalecer la capacidad de las entidades territoriales para planear y hacer seguimiento de la cobertura educativa, apoyadas en un proceso de matrícula organizado que garantizara la prestación oportuna del servicio, «convirtiéndose en la carta de navegación educativa» y siendo uno de los objetivos misionales del Ministerio: brindar educación inicial de calidad, en el marco de una atención integral desde un enfoque diferencial de inclusión social y con perspectiva de derechos a los niños y niñas, para lo que se creó el programa de atención integral a la primera infancia cuyo objeto fue el de aunar esfuerzos en recursos financieros, técnicos y humanos para la atención en cuidado, nutrición y educación inicial de los menores de 5 arios de población vulnerable y/o desplazada de niveles 1 y 2 del Sisbén, en los términos del art. 29 de la Ley 1098 de 2006. Se refirió al objeto del convenio interadministrativo n.°211012 suscrito entre el Ministerio de Educación y Fonade y de los contratos de 2111238 y 2111239 celebrados entre Fonade y Eduvilia Fuentes Bermúdez, de los cuales dedujo que: 8 Radicación n.°86369 [...] la labor desarrollada por las demandantes en favor de la

demandada Eduvilia Fuentes Bermúdez para el cumplimiento de los contratos 2111238 y 2111239 celebrados con Fonade, se convierten imprescindibles y específicos para la consecución del fin propio y perseguido para el cumplimiento óptimo del servicio publico de educación como mandato constitucional, legal y misional del Ministerio de Educación Nacional. Por tanto, la contratación realizada por Eduvilia Fuentes Bermúdez para el desarrollo de actividades pedagógicas conforme al plan de atención integral de primera infancia, para atender protección vulnerable tendientes al cumplimiento del plan sectorial de Educación 2006-2015 no es ajena o extraña a los objetivos del Ministerio demandado. Siguió con el literal b), que citaba las características de la actividad específica desarrollada por el trabajador. Manifestó que este punto «fue descuidado por el fallador de primera instancia pues no hubo pronunciamiento expreso al respecto»; no obstante, señaló que era evidente que las actividades desarrolladas por las demandantes no constituían labores extrañas a las actividades normales del ministerio demandado, esto es, brindar educación inicial de calidad en el marco de una atención integral de la primera infancia en estado de vulnerabilidad. En cuanto al literal c) referente a la necesidad de demandar tanto al contratante beneficiario como al contratista independiente, destacó que en el sub examine se cumplía, pues se integró debidamente el litisconsorcio necesario dado que se demandó «toda la cadena» a Eduvilia María Fuentes Bermúdez, a Fonade y al Ministerio de Educación Nacional. 9 Radicación n.°86369 Afirmó que se cumplían todos los presupuestos para

declarar la solidaridad del recurrente y que compartía la decisión del a quo respecto de la no declaratoria de la solidaridad de Fonade.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por La Nación-Ministerio de Educación Nacional, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la entidad impugnante que esta Corporación, [...] CASE PARCIALMENTE la sentencia de segunda instancia recurrida y, en sede de instancia, se revoque el numeral tercero de la sentencia en el cual se declara que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL es, solidariamente responsable de las obligaciones que la demandada EDUVILIA MARÍA FUENTE BERMÚDEZ tiene para con las señoras [...], y en su lugar absuelva a mi representada Con tal propósito, formula dos cargos por la causal primera de casación, replicados de manera extemporánea

por La Empresa Nacional Promotora de Desarrollo Nacional (Enterritorio), antes Fonade.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia por g vía directa», por aplicación indebida de los arts. 34, 35 y 36 del CST.

10 Radicación n.°86369 Atribuye al ad quem la comisión de los siguientes errores de hecho:

10. Dar por demostrado, sin estarlo, que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL es solidariamente responsable, de los dineros adeudados por parte de la señora EDUVILIA FUENTES BERMÚDEZ, por considerar que se dan todos los elementos señalados en el articulo 34 del C.S.T. 2°. Dar por demostrado, sin estarlo, que por haber intervenido

el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL en el convenio interadministrativo de Gestión de Proyectos N° 212 (211012/11 FONADE) del 11 de mayo de 2011, y el contrato 2111304 (sic) Sostiene que los desaciertos del Tribunal se originaron por la apreciación equivocada del convenio interadministrativo de Gestión de Proyectos n.°212 (211012/11), suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo Fonade, y, «los contratos 2111238 y 2111239 del 27 de julio de 2011». Afirma que no es función de ese ente ministerial i<VELAR POR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA, ESA FUNCIÓN CORRESPONDE A UNA POLÍTICA PUBLICA». De cara a las razones que dio el Tribunal para confirmar la decisión de primer grado, trae a colación las funciones que recaen en el ente ministerial y que se correlacionan en el art. 2 del Decreto 5012 de diciembre 28 de 2009. Destaca que, como estrategia de esa política pública, suscribió con Fonade el convenio n.°212 (211012/11), cuyo objeto fue «La GESTION por parte de FONADE DEL PROGRAMA Radicación n.°86369 DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA-PAIPL en el marco de estrategia de atención a través de prestadores del servicio»; que en desarrollo de ese convenio, Fonade suscribió ocho contratos con Eduvilia María Fuentes Bermúdez, propietaria del establecimiento de comercio Colegio Gabriela Mistral.

Relata que con esa misma finalidad, a fin de garantizar el proceso de tránsito de la atención integral a la primera infancia, operado por el ente ministerial en el marco del citado programa PAIPI, firmó con Fonade, el Contrato Interadministrativo de Gerencia n.°2111304/ 11, cuyo objeto también reproduce. Sostiene que en el contrato de prestación de servicios suscrito por Fonade y Eduvilia Fuentes Bermúdez, se estableció en la cláusula 8 que la interventoría sería realizada por el Consorcio C&R Zona Norte; que en atención a lo pactado, Fuentes Bermúdez contrató a varias personas de manera autónoma, entre estos a las demandantes. Asegura que el ad guem se equivocó al dar por demostrada la responsabilidad solidaria del Ministerio de Educación, por haber intervenido en los convenios, cuando es claro que estos se suscribieron en desarrollo de una política pública, que no de una función de esa entidad. Advierte que de acuerdo con el art. 2 del Decreto 5012 de 2009, no presta directamente el servicio de educación por ser un ente «ASESOR Y GENERADOR DE POLÍTICA 12 ti Radicación n.°86369 PUBLICA» y, por consiguiente, «nada tiene que ven con el objeto del contrato de prestación de servicios, cuya finalidad es la atención directa de la educación inicial y nutrición de los niños menores de 5 años. Con lo expuesto, asevera que se «interpreta de manera equivocada» el art. 34 del CST, pues «el simple hecho» de tener la entidad ministerial la política nacional de educación, no conlleva responder

solidariamente por los salarios y prestaciones que se dejen de pagar a «los maestros» a nivel nacional. Resalta que no presta ningún servicio educativo, sino que lo evalúa y vigila; que el art. 34 del CST consagra la responsabilidad solidaria por el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, pero que 4. excepciona dicha responsabilidad», cuando se trata de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, que «en esa excepción está la situación del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, pues a este no le corresponde la prestación del servicio de educación, le corresponde vigilar y evaluar su prestación Alude a la sentencia CSJ SL7789-2016 y acota que, para que opere la solidaridad no basta que la actividad desarrollada por el contratista independiente cubra una necesidad propia del beneficiario, sino que «la labor constituya una función normalmente desarrollada por él, directamente vinculada con la ordinaria explotación de su objeto económico». 13 Radicación n.°86369 Alega que el convenio celebrado entre el ente recurrente y Fonade tuvo como finalidad constituir un Fondo de Administración con cimiento en la Ley 30 de 1992, contrato que se enmarcó en lo previsto en el art. 2142 del CC. Insiste en que se omitió realizar una correcta valoración del contrato 2111239.

VII. CONSIDERACIONES Para efectos de verificar si el ad quem incurrió en los dislates que le imputó el Ministerio de Educación Nacional, la Sala desciende a los documentos que se acusan como erróneamente valorados, no sin antes puntualizar que esta Corporación resolvió la problemática planteada por el ente

recurrente, en un caso de contornos muy similares al sub examine, sentencia CSJ SL3774-2021, que ya se ha reiterado en otras decisiones. En ese fallo se indicó que pese a que en el convenio interadministrativo n.°212 de 2011 con sus distintas prórrogas y los contratos celebrados entre otra entidad (en aquella controversia Icetex, mientras que acá fue entre Fonade y Eduvilia María Fuentes Bermúdez), se podía extraer que las actividades desarrolladas por las demandantes guardaban relación con el objeto de dichos acuerdos, cierto es que la ejecución del servicio de atención integral a la primera infancia era ajena a las competencias de La Nación-Ministerio de Educación Nacional en el marco de sus facultades reglamentarias, legales o constitucionales, 14 Radicación n.°86369 de manera que no procedía la solidaridad deprecada en relación con el Ministerio de Educación Nacional. Al efecto en la providencia aludida, se señaló: En esa medida, es dable colegir que el objeto del convenio se enmarca en las competencias generales a cargo de la NaciónMinisterio de Educación Nacional, toda vez que pretende ejecutar una política pública del ramo, lo cual le compete en los términos el artículo 208 de la Constitución Política, que establece: En este caso, las políticas públicas que le competen a la recurrente guardan relación con el servicio de educación que es regulado por el Estado, sobre el cual ejerce la inspección y vigilancia y en cuya dirección, financiación y administración participan la Nación y las entidades territoriales, según lo establezca la ley, como lo señala el artículo 67 superior:

De manera más especifica, el artículo 2.° del Decreto 5012 de 2009 le asigna a este Ministerio algunas funciones frente a la labor que aquí se discute: ARTÍCULO 20. Funciones. Corresponde al Ministerio de Educación Nacional cumplir, además de las funciones señaladas por la ley, las siguientes: 2.1. Formular la política nacional de educación, regular y establecer los criterios y parámetros técnicos cualitativos que contribuyan al mejoramiento del acceso, calidad y equidad de la educación, en la atención integral a la primera infancia y en todos sus niveles y modalidades. 2.2. Preparar y proponer los planes de desarrollo del Sector, en especial el Plan Nacional de Desarrollo Educativo, convocando los entes territoriales, las instituciones educativas y la sociedad en general, de manera que se atiendan las necesidades del desarrollo económico y social del país. 2.3. Dictar las normas para la organización y los criterios pedagógicos y técnicos para la atención integral a la primera infancia y las diferentes modalidades de prestación del servicio educativo, que orienten la educación en los niveles de preescolar, IS Radicación n.°86369 básica, media, superior y en la atención integral a la primera infancia. 2.4. Asesorar a los Departamentos, Municipios y Distritos en los aspectos relacionados con la educación, de conformidad con los principios de subsidiaridad, en los términos que defina la ley. 2.5. Impulsar, coordinar u financiar programas nacionales de mejoramiento educativo que se determinen en el Plan Nacional de Desarrollo. 2.6. Velar por el cumplimiento de la ley y los reglamentos que rigen al Sector y sus actividades.

2.7. Evaluar, en forma permanente, la prestación del servicio educativo y divulgar sus resultados para mantener informada a la comunidad sobre la calidad de la educación. [...] (Subrayas y cursivas de la Sala) Pues bien, el Decreto 5012 de 2009, «por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Educación Nacional», y se determinan las funciones de sus dependencias, que fue uno de los preceptos invocados por la censura como contexto del Convenio n.° 929 de 2008, en tanto éste pretendía desarrollar una meta del Plan Nacional de Desarrollo (num. 2.5 art. 2.° Dec. 5012 de 2009), consistente en la atención integral de un número determinado de niños (num. 2.1 art. 2.° Dec. 5012 de 2009,) no es más que un reflejo de otras normas de superior jerarquía que delimitan claramente la competencia entre la Nación, los Departamentos y los Municipios, tal como lo señaló el art. 67 Superior. En efecto, la Ley 115 de 1994, »Por la cual se expide la ley general de educación», establece la distribución de competencias entre el Congreso, la Nación y las entidades territoriales en materia educativa y, en su artículo 148, indica cuatro macrofunciones del Ministerio de Educación: 1. De Política y Planeación; 2. De Inspección y Vigilancia; 3. De Administración y

4. Normativas.

Es importante tener en cuenta que desde la vigencia de esta ley quedó claro que la prestación del servicio de educación es competencia del nivel municipal, como pasa a verse.

ARTÍCULO 151. FUNCIONES DE LAS SECRETARIAS

DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES DE EDUCACIÓN. Las secretarias de educación departamentales y distritales o los organismos que hagan sus veces, ejercerán dentro del territorio de su jurisdicción, en coordinación con las autoridades nacionales y de conformidad con las políticas y metas fijadas para el servicio educativo, las siguientesf unciones: 16 Radicación n.°86369 c) Organizar el servicio educativo estatal de acuerdo con las prescripciones legales y reglamentarias sobre la materia y supervisar el servicio educativo prestado por entidades oficiales u particulares; 1.• . 1 ARTÍCULO 152. FUNCIONES DE LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN MUNICIPALES. Las secretarías de educación municipales ejercerán las funciones necesarias para dar cumplimiento a las competencias atribuidas por la Ley 60 de 1993, la presente ley y las que le delegue el respectivo departamento. En los municipios donde no exista secretaría de educación municipal, estas funciones serán ejercidas por el alcalde, asesorado por el Director del Núcleo respectivo. ARTICULO 153. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA EDUCACIÓN. Administrar la educación en los municipios es organizar, ejecutar, vigilar u evaluar el servicio educativo; nombrar, remover, trasladar, sancionar, estimular, dar licencias u permisos a los docentes, directivos docentes y personal administrativo; orientar, asesorar y en general dirigir la educación en el municipio; todo ello de acuerdo con lo establecido en la presente Ley, el Estatuto Docente y en la Ley 60 de 1993. (Subrayas y cursiva de la Sala) Es evidente, como se manifestó en precedencia, que de las voces

de los artículos 148 y siguientes de la Ley 115 de 1994, se deduce sin dificultad alguna que hay una distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales, que va de lo macro (Nación) a lo micro (municipio) y que ésta última entidad es la que organiza, ejecuta y vigila el servicio educativo, no lo es el Ministerio de Educación Nacional. Importa destacar la remisión que se hace en estas normas a la Ley 60 de 1993, ya derogada, por cuanto dicha preceptiva fue reemplazada por la Ley 715 de 2001, «Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros« (subrayas de la Sala), porque esta ley, de carácter orgánico, es decir, jerárquicamente superior a las leyes ordinarias, como su epígrafe lo indica, efectúa una distribución de competencias en materia de prestación del servicio de educación, entre la Nación y las 17 r Radicación n.°86369 entidades territoriales de la manera que a continuación se explica. Las competencias de la Nación están señaladas en el artículo 5.°, el cual tiene 23 numerales y, en ninguno de ellos figura la prestación del servicio, por cuanto tales funciones están armonizadas con las de la Ley 115 de 1994 y, de conformidad con lo establecido en los artículos 6.° y 7.° de la Ley 715 de

2001, tal actividad se encuentra en cabeza de los Departamentos y los Municipios así: ARTICULO 6o. COMPETENCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS. Sin perjuicio de lo establecido en otras normas, corresponde a los departamentos en el sector de educación las siguientes competencias: 6.2. Competenciasf rente a los municipios no certificados. 6.2.1. Dirigir, planificar; ti prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica, media en sus distintas modalidades, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad, en los términos definidos en la presente ley. 6.2.12. Organizar la prestación y administración del servicio educativo en su jurisdicción. ARTÍCULO 7o. COMPETENCIAS DE LOS DISTRITOS Y LOS MUNICIPIOS CERTIFICADOS. 7.1. Dirigir, planificar u prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad, en los términos definidos en la presente ley. 7.12. Organizar la prestación del servicio educativo en su jurisdicción. Visto lo anterior, en el contexto expuesto se debe entender e interpretar el Convenio n.° 0929 de 2008 en cuanto a su objeto, que ya se mencionó párrafos atrás, y sus cláusulas, como por ejemplo, la cuarta del documento analizado, en la cual se estableció que los recursos para atender el objeto de este contrato provienen del presupuesto de inversión del Ministerio de Educación Nacional, así como de los dineros que giren otras entidades públicas nacionales o territoriales que se lleguen a

asociar al referido convenio, así como de donaciones, herencias, legados y aportes que puedan efectuar otras personas. Es decir, principalmente, y mientras no se adhieran otras entidades, quien asume la financiación total del proyecto de atención integral a la primera infancia a través del fondo de administración creado para tal fin, es La Nación - Ministerio de 18 2,(1 Radicación n.°86369 Educación Nacional, lo que concuerda con la responsabilidad prevista en el artículo 14 de la Ley 1295 de 2009, vigente para la época, y la función que le fue asignada en el numeral 5° del artículo 2° del Decreto 5012 de 2009: «Impulsar, coordinar y financiar programas nacionales de mejoramiento educativo que se determinen en el Plan Nacional de Desarrollo.. Recuérdese, que el Plan de Atención Integral a la Primera Infancia -PAIPIsurge, precisamente, como una política pública en el Plan Nacional de Desarrollo, como se explicó en el convenio analizado. Además de lo anterior, en el parágrafo de la cláusula quinta sobre sostenibilidad del convenio, se estableció que «En todo caso, la responsabilidad con los beneficiarios por los compromisos del Fondo, corresponderá exclusivamente al Ministerio» 1...], obligación que se entiende a cargo de esta cart