CSJ - SL3951-2021

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL3951-2021 Radicación n.° 76053 Acta 27 Bogotá, D. C., nueve (9) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ambas partes contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el treinta (30) de octubre de dos mil quince (2015), en el proceso ordinario laboral que promovió CARLOS HERNANDO MONTOYA

MEDINA contra la UNIVERSIDAD EAFIT.

I. ANTECEDENTES Carlos Hernando Montoya Medina, llamó a juicio a la Universidad Eafit, con el fin de que se declarara que la terminación del contrato de trabajo entre las partes es ilegal y sin justa causa. Que, en consecuencia, se condenara a reconocer y pagar: i) la indemnización por despido sin razón legal justificable, teniendo en cuenta el salario integral que devengaba al momento de la desvinculación, esto es, la suma

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Radicación n.° 76053 $11. 571.313 o lo que se probare de más; ii) la indexación de lo adeudado; iii) los perjuicios morales derivados de la ilegal e injusta desvinculación y iv) las costas. Fundamentó sus pretensiones en que laboró para la demandada, desde el 19 de marzo de 1985 hasta el 5 de mayo de 2011, cuando se terminó el contrato de trabajo por decisión unilateral de la empleadora, mediante comunicación de la misma fecha suscrita por la directora de desarrollo humano;

que al momento de la desvinculación ejercía como jefe centro informática; que devengaba un salario integral de $11.571.313,oo, mensual. Afirmó que, a través de Misiva fechada el 4 de mayo de 2011, fue convocado por el secretario general de la universidad para que rindiera descargos por el supuesto conflicto de intereses y falta de transparencia en el proceso de contratación como jefe centro informática de la demandada con la empresa Dicosoft S. A. de la cual era socio, diligencia a la cual concurrió con los funcionarios designados y ofreció las explicaciones que le fueron exigidas. Adujo que, no obstante, en la citada comunicación se le anunció al demandante que una vez escuchada su versión se determinaría si se le abría investigación disciplinaria con la formulación de cargos. La universidad procedió el 5 de mayo de 2011 a notificarle la terminación del contrato de trabajo, privándolo de la oportunidad de probar y contradecir, como se le había anunciado en la carta del día anterior, es decir, violando el debido proceso y su derecho de defensa.

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Radicación n.° 76053 Alegó que el finiquito de la vinculación por parte Eafit fue ilegal e injusta por las siguientes razones: i) La condición de socio de una sociedad anónima como es Discosoft S. A. no determina legal, administrativa o contractualmente inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses con quien fuera su empleador. ii) La universidad durante la vigencia del contrato de trabajo no había adoptado un régimen de contratación que estableciera limitaciones, prohibiciones, incompatibilidades o

inhabilidades de sus servidores para actuar directa o indirectamente frente a sociedades anónimas o de cualquier otra modalidad de las que fueran socios. iii) Que existía una práctica común en el ente universitario que el personal administrativo celebrara para la institución contratos de prestación de servicios con familiares o empresas de las cuales eran socios, sin que ello se hubiera considerado como un acto inmoral o contrario a los deberes de fidelidad que se debían al patrono. iv) Que el personal administrativo, directivo y de diferentes dependencias conocía que era socio de Dicosoft S. A. y que durante los años 2006, 2007 y 2008 la sociedad realizó varios trabajos en el área informática figurando en los correspondientes certificados de existencia y representación legal como gerente y miembro de la junta directiva, por lo que era indiscutible el conocimiento que tenían los funcionarios

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Radicación n.° 76053 encargados de la legalización o formalización de la contratación; sin embargo, jamás se llegó a advertir sobre la inhabilidad o posible conflicto de intereses entre él como socio de Dicosoft S.

A. y empleado de la Universidad. v) Al momento de la culminación de la relación laboral no se individualizaron los hechos que dieron lugar a la decisión patronal, toda vez que se argumentó que: «…intervino en múltiples ocasiones en la compra de servicios directamente relacionados con la labor que usted desempeñaba en la universidad…», sin precisar en cuáles de los múltiples contratos presentó el conflicto de intereses y de qué manera se configuró. vi) Su intervención en los contratos u órdenes de servicio

que se adjudicaron a la empresa Discosoft se hicieron teniendo en cuenta el interés de Eafit, procurando desde parámetros objetivos, la calidad, la eficiencia y el precio que son los derroteros naturales en cualquier adjudicación. vii) Se le atribuyó una conducta que no está tipificada como justa causa para la terminación del contrato de trabajo, en el reglamento ni en la ley. viii) Se le privó de la posibilidad de demostrar la ausencia de responsabilidad, la inexistencia de una conducta atípica, a través del proceso o de investigación disciplinaria. Aludió que durante la vigencia de la relación laboral ejecutó el contrato de trabajo con eficiencia, responsabilidad, lealtad, probidad y ajustado al reglamento interno de trabajo y

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Radicación n.° 76053 a la ley, sin que jamás haya sido objeto de requerimientos, amonestaciones o sanciones disciplinarias; que la finalización del vínculo ocasionó graves perjuicios materiales y morales (f.° 2 a 13, cuaderno del principal) La Universidad Eafit se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos los aceptó, excepto las razones que expuso el demandante para explicar que el despido por parte Eafit fue ilegal e injusto, indicó que se le garantizó al actor el debido proceso y el derecho de defensa. Formuló como excepciones de fondo las que denominó inexistencia de la obligación de pagar indemnización, perjuicios morales y materiales, pago de los no debido e imposibilidad de la condena en costas (f.° 26 a 46, cuaderno del principal).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Décimo Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín, mediante fallo del 31 de agosto de 2012 (f.° 883 a 890, cuaderno del principal), absolvió a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra y condenó en costas a la parte vencida.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín al conocer del recurso de apelación interpuesto por

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Radicación n.° 76053 la parte demandante, a través de sentencia del 30 de octubre de 2015 (f.° 914 a 917 vto, cuaderno principal), cuaderno del juzgado) decidió: PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada. Declarar injusto el despido del señor Carlos Hernando Montoya Medina.

SEGUNDO: CONDENAR a la UNIVERSIDAD EAFIT al pago de la suma de $153.094.900 por concepto de indemnización por despido injusto, la cual será indexada desde mayo 6 de 2011 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo con el IPC.

TERCERO: COSTAS en ambas instancias quedan a cargo de la demandada. En esta instancia las agencias en derecho se tasan en la suma de $4.592.287

CUARTO: DEVOLVER el expediente al juzgado de origen hechas las anotaciones de rigor.

Mediante proveído del 29 de abril de 2016, se niega la solicitud de aclaración y corrección de la sentencia, pero se adiciona en el sentido de absolver a Eafit del pago de perjuicios

morales (f.° 927 a 934, cuaderno principal). Consideró que el problema jurídico a resolver se contrae a determinar si el demandante tenía derecho a la indemnización por despido injusto, por estar acreditado el mismo. Adujo que no se discutían los siguientes hechos: i) la existencia de contrato de trabajo entre las partes; ii) que la vinculación se mantuvo desde el 19 de marzo de 1985 hasta el 5 de mayo de 2011; iii) el cargo desempeñado por el demandante; iv) que devengaba salario integral de $11.571.313; v) el hecho del despido; vi) que la demandada lo llamó a descargos el 4 de mayo 2011; vii) que el actor era socio de

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Radicación n.° 76053 Dicosoft S. A.; viii) que dicha empresa adelantó proceso de contratación con la demandada Universidad Eafit. Indicó que, según lo previsto en el artículo 64 del CST, la condición resolutoria va envuelta en todo contrato de trabajo, lo que significaba que cualquiera de las partes podía darlo por terminado injustificadamente con el pago de una indemnización. No obstante, dicho vínculo contractual también puede finalizar invocando una de las justas causas que consagraba en el artículo 62 del CST (modificado por el canon 7° del Decreto 2351 de 1965). Expuso que, la Sala de Casación Laboral respecto a la terminación del vínculo con justa causa ha sostenido, que el hecho del despido era un asunto cuya demostración compete al trabajador, mientras que las justas causas que se invoquen,

deberá probarlas juicio el empleador. Afirmó que, en todo caso, las razones que motivan la finalización de la relación laboral debían ponerse en conocimiento del empleado en el instante mismo de la desvinculación, dado que no era posible, a posteriori incluir nuevas faltas o modificarlas, según lo disponía el parágrafo de la norma en comento; que el tema del despido quedó probado en autos, pues el rompimiento del vínculo contractual se dio por decisión unilateral de la nominadora, quien esgrimió justa causa para ello. Transcribió lo expuesto en la carta de despido. Explicó que, en síntesis, la causal que evocó la empleadora para dar por terminado el contrato de trabajo del accionante lo

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Radicación n.° 76053 fue el conflicto de intereses en la contratación que llevó a cabo como jefe de informática de la universidad siendo a la vez socio de la empresa contratista Dicosoft; que la prohibición que la institución le enrostra al actor no se encontraba tipificada en la legislación laboral como justa causa de despido como tampoco en el artículo 83 del RIT que contenía el catálogo de prohibiciones a los trabajadores. Manifestó que, la causal que invoca la empleadora para dar por terminado el contrato de trabajo era la prevista en los «numerales 5 y 5 del artículo 62» consistente en la perpetración de actos inmorales delictuosos y el incumplimiento grave de obligación de fidelidad para con el subordinante; pero razonó que a su juicio el comportamiento desplegado por el trabajador no encaja en ninguna de las

causales legales en comento, pues mal podría decirse que, por el hecho de que siendo jefe de informática de la Eafit hubiera contratado un servicio con una empresa de la cual era socio en un 20% quiso defraudarla, o que con ello cometió un acto inmoral o falto de lealtad a sus deberes y obligaciones laborales. Aludió que, tampoco observaba que el demandante con el comportamiento antes descrito hubiese actuado de mala fe para obtener un provecho personal en contra de los intereses de la universidad, en tanto tales aseveraciones que son el sustento de la finalización de la relación laboral, son producto de una mala fe infundada de la cual parte el patrono, pero sin prueba alguna que apoye sus sospechas; que en la carta de terminación del vínculo laboral, el

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Radicación n.° 76053 contratante no afirma que el supuesto conflicto de intereses en que se vio involucrado el accionante por la contratación de insumos le hubiese ocasionado un perjuicio de orden patrimonial. Razonó que, era un desatino decir que el demandante faltó a los mínimos deberes de fidelidad y buena fe para con su empleador, con ocasión del comportamiento desplegado, porque de la misma manera podría suponerse, que su calidad de socio de la empresa contratista la utilizó para beneficiar a su empleador. Dijo que, visto desde otra arista, no podía pensarse que en todos los casos como el aquí analizado el trabajador tenía la intención de defraudar a su patrón y si este fuera el caso, lo que debió invocarse como causal de despido y acreditarse

en el proceso era el perjuicio ocasionado a la universidad enjuiciada por esa doble condición (trabajador-contratista), pero, como ya se mencionó, esto no fue alegado en la carta de terminación del contrato. Coligió que lo que el empleador denomina «conflicto de intereses» no está prescrito como una causal legal o estatutaria de finalización del contrato de trabajo, como tampoco se podía concluir que el comportamiento del trabajador fuera prueba de una falta de probidad o de mala fe, que este un razonamiento subjetivo que no tenía ningún peso demostrativo de cara a los fines proceso.

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Radicación n.° 76053 Aclaró que, contrario a lo manifestado por el a quo la razón por la cual el ente universitario dio por terminado la relación laboral fue un supuesto conflicto de intereses, pero de ninguna manera señaló el incumplimiento por parte de la sociedad Dicosoft S. A., de tal manera que lo dicho por los testigos, en ese sentido, no podía ser tomado en cuenta, pues constituía un hecho nuevo que no se puso de presente al momento del rompimiento del vínculo. Concluyó que no se requieren disquisiciones adicionales para inferir que el despido fue injusto y, por consiguiente, le correspondía la indemnización prevista en el artículo 64 CST literal b, numeral 2°, a razón de 20 días de salario por el primer año de servicios y 15 días adicionales por los años subsiguientes. Considerando que está demostrado que el actor tenía un salario de $11.571.313, desde el 19 de marzo de 1985 hasta 5 de mayo de 2011 la

indemnización quedaría de la siguiente manera: Salario primer año: $7.714.209 Salario 15 días: $5.785.657 Fracción (25 años, 1 mes, 16 días o 9046 días. Indemnización = $7.714.209 + (9.046 días x $5.785.657/360). Indemnización = $7.714.209 + $145.380.691 Indemnización = $153.094.900 El valor de la indemnización por despido injusto será indexado desde mayo 6 de 2011 hasta la fecha de su pago efectivo de acuerdo con el IPC.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN (DEMANDADA) Interpuesto por EAFIT, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Sala case la sentencia impugnada en cuanto «revocó la absolutoria del a quo para que, una vez constituida la Corte en Tribunal de instancia, confirme dicha sentencia» (f.° 8, cuaderno de la Corte).

Con tal propósito, por la causal primera de casación laboral, formula tres cargos, los cuales fueron objeto de réplica y se estudiaran de manera conjunta los dos primeros por perseguir el mismo fin.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 62 del CST, literal A, numerales 5.° y 6.°, en relación con los artículos 55, 56, 58 (numerales 1.°, 4.° y 5.°), 60, 64, 104 y 108

del CST. Para efectos de la vía escogida no se discuten los siguientes aspectos fácticos: i) que el demandante tenía el cargo de jefe de informática; ii) que es socio de Dicosoft S. A.; iii) que la Universidad Eafit contrató a dicha sociedad para la provisión

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Radicación n.° 76053 de servicios en informática; iv) que el actor nunca informó a la empleadora su condición de socio de Dicosoft S. A. Señala que el Tribunal consideró que no se demostró la existencia de la justa causa esgrimida en la carta de despido, por cuanto el conflicto de intereses originado en la doble condición de contratista y trabajador del demandante no está tipificada en la ley, por lo que el comportamiento desplegado por el trabajador no encaja en ninguna de las causales, es decir, no constituye ni acto inmoral ni violación al deber de fidelidad. Asegura que el ad quem se equivoca en la inteligencia que hace de la norma que contiene la justa causa por tres razones: i) Al exigir la tipificación del conflicto de intereses como prohibición especial a los trabajadores. ii) Al considerar que la conducta del actor no encuadra en ninguna causal de despido y menos las señaladas en la carta de despido. iii) Al imponer unas cargas probatorias adicionales a las que señala la ley para la causal exigiendo la prueba de la mala fe y la obtención de un provecho personal por parte del subordinado demandante y la acreditación de los perjuicios ocasionados patrono para que se materialice la causal endilgada. Menciona que el artículo 62 del CST literal a) numeral 5°

indica como justa causa de despido todo acto inmoral que

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Radicación n.° 76053 cometa el trabajador sin que la norma exija que deba estar complementado por mala fe, la intención de cometer daño o la efectiva causación de perjuicios ocasionados al empleador. Tampoco señala la norma que al acto inmoral debe corresponder a la violación del trabajador de una prohibición. Aduce que el juez de alzada distorsionó la claridad del texto legal cuando estimó que el comportamiento del demandante, al ocultar a la Universidad su condición de socio de la empresa con la cual contratarían servicios, no constituía un acto inmoral, por cuanto no se demostró mala fe o perjuicio al no exigir la norma esos elementos, por lo que no hay duda que el denominado conflicto de intereses en que incurrió el trabajador demandante encuadra dentro de las justas causas de despido que establece el artículo 62 del CST al materializar un acto inmoral ajeno a los deberes de fidelidad, lealtad y buena fe que debe ejecutarse en el contrato de trabajo, según los artículos 55 y 56 del CST. Dice que cuando el legislador señaló como justificada la finalización del vínculo por todo acto inmoral que el trabajador cometa en el desempeño de sus funciones, quiso establecer un tipo general para que dentro del mismo se pudieran acomodar muchas conductas sin que pueda aceptarse la tesis del ad quem según la cual debe establecerse expresamente la conducta reprochable como justa para que la misma sea eficaz, resultando también erróneo el exigir la prueba del ánimo de

perjudicar, defraudar o la mala fe del trabajador o el efectivo perjuicio causado al empleador para que exista acto inmoral, pues la norma no lo señala así.

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Radicación n.° 76053 Añade que, el correcto entendimiento del artículo 62 del CST al establecer en el numeral 5.° del literal a) el acto inmoral como justa causa de despido del trabajador indica que basta la comisión de la conducta que resulte reprochable a la luz de lo dispuesto en las normas laborales sin que sea necesario que se demuestre una mala fe, un ánimo de engañar o defraudar o la causación de un perjuicio al empleador. Cita las sentencias CSJ SL 18 jun. 1997 rad.9017 y CSJ SL 10137 – 2015. Arguye que, en aplicación de las anteriores jurisprudencias, el hecho demostrado de la doble condición del demandante como socio de una empresa contratista y empleado de la universidad y el silencio guardado por este respecto de esa condición -asuntos facticos que no se discutenencajan perfectamente como acto inmoral y como violación grave de los deberes que tiene el trabajador, especialmente, el de fidelidad, lo que no advirtió el ad quem al exigir la prueba de circunstancias no establecidas en la ley para que la causal se materialice Concluye que la violación fue trascedente en la decisión impugnada, pues de haber interpretado correctamente las normas denunciadas el Colegiado no hubiera exigido la prueba de la mala fe del trabajador o de los perjuicios ocasionados al

empleador con la conducta reprochada para encontrar configurada la justa causa de despido, siendo suficientes el conflicto de intereses como acto inmoral y la violación al deber de fidelidad para confirmar la sentencia de primera instancia.

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VII. RÉPLICA Advierte que se parte de una premisa falsa que el Tribunal dio por probada la existencia de un conflicto de intereses cuando no es así, por el contrario, el juez plural tuvo cuidado en no aceptar la tipificación de dicho conflicto; que por tanto dejó incólume el verdadero fundamento de la sentencia que consistía precisamente en que no se configuró dicha figura.

VIII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa en la modalidad de aplicación indebida de del artículo 62 del CST, literal A, numerales 5.° y 6.°, en relación con los artículos 55, 56, 58 (numerales 1, 4 y 5) 60, 64, 104 y 108 del CST (f.°12 a 16, cuaderno de la Corte) Para sustentar esta acusación esgrimió las mismas razones del cargo anterior.

IX. RÉPLICA Dice que en este cargo la demostración es exacta al anterior, por lo que entiende reproducida la oposición; que en lo único que cambia es el concepto de violación que alega, que por cierto es equivocado, porque invoca la aplicación indebida

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Radicación n.° 76053 de normas que son las llamadas a regular el asunto.

X. CARGO TERCERO Le atribuye a la sentencia impugnada la violación de la ley sustancial por vía indirecta por aplicación indebida del artículo 62 del CST literal a) numerales 5.° y 6.° en relación con los artículos 55, 56, 58 (numerales 1.°, 4.° y 5.°) 60, 64, 104 y 108 del CST.

Señala como errores de hecho:

1. No dar por demostrado estándolo que la falta endilgada en la carta de despido si tiene consagración en la ley y en el RIT

2. No dar demostrado estándolo que el demandante nunca le informó a la Universidad EAFIT sobre su condición de socio de

Dicosoft S. A.

3. No dar por demostrado estándolo que el demandante en calidad de jefe de informática de EAFIT era el ordenador del gasto en dicha dependencia

4. No dar por demostrado estándolo que el demandante beneficio a la empresa Dicosoft S. A. con decisiones tomadas en desempeño del cargo como trabajador de EAFIT.

5. No dar por demostrado estándolo que el demandante actuó de mala fe

6. No dar por demostrado estándolo que el trabajador cometió un acto inmoral.

7. No dar por demostrado estándolo que el trabajador faltó al deber de fidelidad.

8. No dar por dar por demostrado estándolo que el trabajador demandante incurrió en justa causa de despido

9. Dar por demostrado sin estarlo que el despacho del trabajador demandante fue sin justa causa.

Indica como pruebas mal apreciadas:

• Carta de despido fechada en mayo 5 de 2011 de folio 15 - RIT folios 482 - Declaración de los testigos Juan Fernando Ruíz a folios 851 vuelto, Adriana García Grasso a folios 858 y Diana Patricia

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Radicación n.° 76053 Ramírez Pineda a folios 868

Y como no apreciadas: -Documento de folios 63 y 64 -Constancias de pagos de efectuadas a la empresa Discosoft S. A. de folios 516 a 781 -Informe de Auditoría de folios 505 -Interrogatorio de parte del demandante de folios 844

Refiere que el yerro en la apreciación probatoria consistió en que el Tribunal no encontró demostrada ninguna causal de despido a pesar de haber aceptado expresamente que el demandante siendo trabajador de Eafit y en ejercicio de sus funciones, había contratado los servicios de la empresa de la cual era socio para suplir las necesidades tecnológicas de esa universidad. Respecto de las pruebas denunciadas dijo:

1. Carta de despido, la apreciación de este documento fue errónea, por cuanto de manera expresa se anotó que el demandante cometió un acto inmoral y además faltó a sus deberes de lealtad y fidelidad con el empleador al no haberle advertido que era dueño del 20 % de las acciones de Discosoft

S. A. con quien se venían realizando contratos sugeridos y recomendados por el señor Montoya Medina, faltando a la obligación de buena fe en la ejecución contractual. Que esa conducta objetivamente analizada, materializa un acto

fraudulento en contra del empleador por ser inmoral y violatoria

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Radicación n.° 76053 del principio de buena fe. Que por las mismas razones se apreció de manera desatinada el RIT al considerar que la conducta realizada por el demandante no se encuentra establecida en dicho estatuto como justa causa de despido cuando en los numerales 5.° y 6.° del artículo 91 (folio 495 vto) se señalan de manera expresa las mismas conductas descritas en la carta de despido.

2. Comprobantes de egreso y facturas, documentos no analizados por el juzgador de segundo grado que informan que Montoya Medina, en calidad de jefe de informática aprobaba los pagos para la empresa de la cual era socio; además los documentos demuestran que desde el 2009, fecha en la cual el demandante adquirió el 20 % de la sociedad Dicosoft S. A. la facturación y los pagos efectuados a ella se incrementaron de manera ostensible, lo que coincide con el informe de auditoría que se analiza a continuación. Ello es muestra del favorecimiento a esa sociedad por parte del demandante sugiriendo y aprobando la contratación de los servicios.

3. Informe de Auditoría: documento no estudiado por el fallador colegiado, que contiene la verificación de los servicios prestados por Discosoft S. A., y entre otros, el valor de pagos, donde se resalta que a partir del 2009 data en la cual el demandante adquirió el 20 % de acciones de la citada sociedad, se incrementaron de manera astronómica los pagos efectuados,

pues hasta el 2008 se habían cancelado $99.730.910,oo y del 2009 al 2011 se facturaron $683.352.251,oo. Expone que no se necesita mayor esfuerzo para deducir el favorecimiento del

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Radicación n.° 76053 trabajador a dicha sociedad

4. Documental de folios 63 y 64 no apreciado por el ad quem informa sobre los valores que rigen al interior de la Universidad, que de haberlo analizado habría concluido que en Eafit existen normas sobre comportamiento que obligan al demandante lo que demuestra los errores 4.° y 5.°.

5. Interrogatorio de parte del demandante, prueba no valorada, alegó que el actor al responder la pregunta 8.° aceptó que nunca informó a la empleadora sobre su condición de socio circunstancia que mantuvo hasta su retiro: ¿Para la fecha en la cual usted decidió hacer parte de la sociedad Dicosoft S. A. informó este hecho a su superior jerárquico? Respuesta: No, porque el proceso nunca se terminó, el proceso de ser socio de la sociedad. Además, en la respuesta a la pregunta 10 reconoció que era el ordenador del gasto del centro de costos de su dependencia y en la 18 admitió su firma en los comprobantes y facturadas mencionadas y, en la respuesta 17 consintió que conocía los valores de la universidad; que de haber analizado esta prueba habría encontrado el intencional ocultamiento por parte del actor de la condición de socio y la potestad que tenía de definir a quien se contrataba en el centro de informática de

Eafit.

6. Declaración de testigos prueba apreciada de manera errónea, pues Juan Fernando Ruiz apuntó que era el accionante el que definía a quiénes se contrataba para prestar servicios de informática a la universidad; recomendaba a Dicosoft S. A. y ejercía la supervisión técnica de los contratos ejecutados. Adriana García Grasso dijo que fue el reclamante

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Radicación n.° 76053 quien recomendó la contratación con la citada sociedad y daba el visto bueno para el pago de las facturas, que le hizo requerimientos para que efectuara desembolsos a favor Dicosoft a pesar no cumplir con los requisitos; que además ella le informó sobre el cumplimiento de ese proveedor y la posibilidad de cambiarlo, pero nunca se adoptaron las medidas necesarias. Diana Patricia Ramírez Pineda a folios 868 dijo que el señor Montoya fue quien tomó la decisión contratar a esa sociedad y también informó que la abordó para que solventara unas facturas que tenía pendientes por incumplimiento, que el actor estaba enterado de la degradación en la calidad de Discosoft y no hizo para evitarlo.

XI. RÉPLICA La acusación presenta graves deficiencias, consistentes en que a través de los supuestos errores de hecho denunciados se pretende destruir un fundamento medular del fallo que es de estirpe jurídica como es que las conductas del actor aducidas como motivo del despido no se encuentran tipificadas o consagradas como causal de terminación y además, se sustenta en unos hechos que el Tribunal no dio por demostrados, consistentes en que el petente en ejercicio de sus funciones era

ordenador del gasto.

XII. CONSIDERACIONES Los tres cargos como ya se anunció se conocerán de manera conjunta, pues a pesar de estar encaminados por diferente vía persiguen el mismo fin. Desde el punto de vista

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Radicación n.° 76053 jurídico hay que decir que la recurrente se duele de la interpretación errónea que efectuó el Tribunal del artículo 62 literal A numerales 5.° y 6.°, modificado por el artículo 7.° del Decreto 2351 de 1965, que consagra las justas causas de despido en relación con los artículos 55, 56, 58 (numerales 1.°, 4.° y 5.°) 60, 64, 104 y 108 del CST, a pesar de que el segundo cargo se anuncia la aplicación indebida de esta normativa la sustentación que se hace está encaminada a alegar la hermenéutica equivocada, por lo que en ese sentido se entrará a conocer. En relación con los aspectos fácticos, en suma, pretende demostrar que el juzgador se equivocó al no dar demostrado que el actor incurrió en un motivo justificado para dar por finalizado el vínculo. En síntesis, el recurrente en los cargos enderezados por la vía directa, desde el punto de vista jurídico señala que el ad quem se equivocó en el entendimiento de la norma, básicamente por tres aspectos: i) al exigir la tipificación del conflicto de intereses como prohibición especial a los trabajadores, ii) al considerar que la conducta del demandante no tipifica o no encuadra en ninguna causal de despido y menos las señaladas

en la carta de finiquito, cuando se considera un acto inmoral; iii) al imponer unas cargas probatorias adicionales a las que señala la ley para la causal exigiendo la prueba de la mala fe y la obtención de un provecho personal por parte del trabajador y la prueba de los perjuicios causados al empleador. El Tribunal para resolver