CSJ - SL3952-2019

RepúbelleCi oclao mbia CoSrtuep rdeeJm uas ticia SadleaC asaLcaibóonr al SadleaD esconNg:e4 s tión ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL3952-2019 Radicación n. º 73664 Acta 32 Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil diecinueve (2019). Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por la sociedad HALLIBURTON LATIN AMÉRICA S.A., SUCURSAL COLOMBIA, contra la sentencia proferida por la Sala Séptima de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. el 5 de marzo de 2015, dentro del proceso que RODOLFO ARDILA LÓPEZ adelantó en su contra y en la del INSTITUTO DE SEGUROS

SOCIALES, hoy COLPENSIONES.

l. ANTECEDENTES Rodolfo Ardila López interpuso demanda en contra de Halliburton Latín América S.A., sucursal Colombia (en adelante Halliburton S.A.) y el Instituto de Seguros Sociales (ISS), con el fin de que se condenara a la primera de ellas al

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Radicacni.ó7ºn3 664 pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en pensiones, correspondientes al período laborado entre el 24 de julio de 1985 y el 1 º de mayo de 1993. Así mismo, solicitó que se ordenara al ISS a«.[]. l .i quliadssae rm andaesj adas dec otiyzp aarga oc tuadreisadllea,f ecehnaq ulee galmente

haylau gapro,cr o ncedpeta op oratleS si steGmean erdael SeguriSdoacdei naS la luPde,n siyoR nieess Pgroosf esionales conl acso rresponsdainecnitomenoser sa toyr eijaesrs zua cobproojr u risdciocaccitóPinorv úalt»im.o, requirió el pago de la indemnización moratoria prevista en el artículo 1 º de la Decreto 797 de 1 949 y la indexación de las sumas adeudadas. Como fundamento de sus pretensiones, indicó que trabajó al servicio de la empresa accionada entre el 24 de julio de 1985 y el 30 de abril de 1993, devengando como último salario la suma de $1.352.000; que dicha sociedad se llamaba inicialmente Geophysical Service Incorporated, pero luego de« .[]. v .a riraesf orfumsaiso,ny ec sa mbidoens o mbre, dea cuercdoone lc ertificdaeed xoi steynr ceipar esentación lego ailn scridpedc oicóunm enatctuoaslm»en,te se denomina Halliburton Latín América S.A., sucursal Colombia. Advirtió que nunca fue afiliado al 188 y que, por lo tanto, no se registraron aportes durante la vigencia de la relación laboral; con lo cual, alegó haber requerido a la accionada mediante derechos de petición, para que fueran cancelados los períodos de cotizaciones adeudados, los cuales fueron desestimados, entre otros, a través del Acta de Conciliación celebrada el 24 de agosto de 2009, en la que el empleador

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Radicna.7cº3i 6ó6n4 manifestó que no tenía ánimos de llegar a un arreglo y que cualquier reclamación debería surtirse ante la jurisdicción ordinaria laboral. Al contestar la demanda, Halliburton S.A. se opuso a la prosperidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos, afirmó que nunca hubo un vínculo laboral con el actor, pues de su certificación de existencia y representación no se evidenciaba una fusión o relación alguna con la empresa Geophysical Service Incorporated. Igualmente, desvirtuó que se hubiera llevado a cabo una audiencia conciliatoria entre las partes, en la que se hubiera negado la solicitud de transigir derechos pensionales. Dij o que, s1 en gracia de discusión se aceptara la existencia del contrato de trabajo dentro de los extremos temporales fijados por el demandante, lo cierto es que tal situación tampoco constituiría motivo suficiente para acceder a las pretensiones incoadas. Aseveró que, para las empresas del sector petrolero, la obligación de afiliar y realizar aportes por sus trabajadores al ISS surgió a partir del 1 º de octubre de 1993, en virtud de la Resolución n. º 4250 de 1993; y al discurrir la relación laboral con anterioridad a esa fecha, no había lugar a declarar que obró de forma negligente y omisiva, así como tampoco a condenar al pago de las cotizaciones incoadas. Por último, adujo que se subrogó completamente de los riesgos de invalidez, vejez y muerte a su cargo, pues de

conformidad con los artículos 60 y 61 del Acuerdo 224 de 3 SCLAJPT-10 V.DO Radicación n. º 73664 1966, reglamentado por el Decreto 3041 de la misma anualidad, dicho fenómeno se configuraba cuando el trabajador completaba menos de 10 años de servicio continuos; y que, al haber estado el señor Ardila López trabajando por un tiempo equivalente a 7 años, 9 meses y 6 días, no debía responder por el pago de ningún emolumento. En su defensa, propuso las excepciones de inexistencia de las obligaciones reclamadas, falta de legitimación en la causa, cobro de lo no debido, buena fe y prescripción. Por su parte, el ISS se opuso a la prosperidad de las pretensiones y, en cuanto a los hechos, planteó que no le constaba ninguno de ellos. Manifestó que nunca le fue informada la presunta deuda que Halliburton S.A. tenía para con el accionante relacionada con el pago de aportes a la seguridad social y que, en ese orden de ideas, no podía iniciar las respectivas gestiones de cobro. En su defensa, propuso las excepciones de carencia de causa para demandar, «Inexistencia de la obligación de pagar intereses mora torios», «Imposibilidad de indexación·» y prescripción. 11.S ENTENCDIEAP RIMERIAN STANCIA El Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá mediante sentencia del de febrero de ' D.C., 4 2014 absolvió a las demandadas de todas las pretensiones incoadas en su contra.

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111.S ENTENCIDAE SEGUNDAI NSTANCIA Tras surtirse el grado jurisdiccional de consulta en favor del demandante, la Sala Séptima de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., mediante providencia del 5 de marzo de 2015, revocó en su integridad la decisión proferida por el a quo y, en su lugar, condenó a la sociedad Halliburton S.A. en los siguientes términos: PRIMEROR:E VOCARí ntegramleans teen tendcei ap rimera instanPcoirla a.rs a zoneexsp uesetnae ss tpar ovidencia.

RODOLFO SEGUNDOD: E CLARARq uee ntreels eñor ARDILA LÓPEZy lae mpresHaA LLIBURTOLAN T INA MERICAS .A., exisutnic óo ntrdaett or abaaj toé rmiinnod efiniendtor,ee l2 4d e juldieo1 98a5l O 1 d em ayod e1 993.

TERCEROC: O NDENAaR l ad emandaHdAaL LIBURTLAOTNI N AMERICSA. A.a, r econoyc pearg alro asp ortae lsa s eguridad socieanpl e nsiopnoeres lp eriocdoom prendeindtore el2 4d ej ulio de1 985a l0 4d ea brdiel1 992a,l s eñoRrO DOLFOA RDILA LÓPEZd,e a cuercdoon e lc álcualcot uarqiuaep[ a rae le fecto elaboerlfe o ndaolq uep erteneelac cet otre,n iecnodmoo i ngreso based e cotizaclioeó xnp,u esetnol ap artceo nsiderdaetli va

presefnatlel o. Para fundamentar su decisión, adujo que,· de acuerdo con la certificación expedida por Halliburton S.A., el señor Ardila López prestó sus servicios mediante contrato de trabajo a término indefinido desde el 24 de julio de 1985 hasta el 1 de mayo de 1993. º Por otro lado, sobre la razón social de la demandada, aseguro que, s1 bien el certificado de existencia y representación legal no se registran anotaciones de absorción

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Radicación n. º 73664 y fusión con Geophysical Service Incorporated, en el acervo probatorio encontró paz y salvo donde figuraba el sello de Halliburton S.A., y una comunicación por ella emitida el 26 de julio de 2010. En lo atinente a los aportes al Sistema de Seguridad Social, señaló que no fue probado que la demandada cumpliera con sus obligaciones de afiliación y pago de aportes a pensiones, salud y riesgos laborales. Sobre las dos últimas, precisó que las acreencias económicas generadas ya estaban extintas. Acerca de la obligatoriedad de la afiliación al ISS, refirió que tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como la de la de esta Corporación, han establecido que desde antes de la Ley 100 de 1993 los empleadores debían hacer los aprovisionamientos de capital necesarios para efectuar las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social, incluso cuando la afiliación de las empresas que se dedicaban a la actividad petrolera, como en este caso, se hubiera instaurado con posterioridad. Sobre el ingreso base de cotización para efectuar el

cálculo actuaria!, expresó lo siguiente: [..]. d ebet omaresles alarmiíon imdoe l aé pocae,x cepptaor ae l periocdoom prendeindtore el2 4d eJ uliao s eptiemdber1 e9 85. Puesd ea cuercdoonl oq ues er egisetnre alc ontrdaett or abaejlo , salardieov engapdoore ld emandanfutee l as umad e$ 600.0 0y; a partdiero ctubdreelm ismaoñ oa lm enosh astnao viembdree 19 85d,e venlgaós umad e$ 650.00 comoc onsetnal ac ertificación visftoal 1i5od epll enayrei not;er lep rimedreeo n eraol3 0a bril de1 993s ed ebet eneern c uenteals alardie$o 1.352.p0u0e0s, dea cuercdoon e lr ecidbeop azy salvqou eo brfao l1i7 o e stfeu e

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Radicación n. º 73664 elm onqtuose i rdvebi aós pea rlai quaildgaurdn eal saa sc reencias labordaeallce tseo nrte rpler imdeere on earl3o 0 d ea bridle1 993. Señaló que, si bien el demandante aportó una relación de salarios devengados mes a mes, el documento no estaba firmado por quien lo elaboró, por lo que la prueba no cumplió con los requisitos del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil. Finalmente, agrego que no era procedente la sanción del artículo 1 º del Decreto 797 de

1949, pues el actor laboraba en el sector particular y esta tan solo procede para los trabajadores oficiales.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Halliburton S.A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente la «CASACtoItalÓ» Nde la sentencia proferida por el Tribunal, para que, en sede de instancia, lo resuelto en el fallo de primer grado. «confirme» Con tal propósito, formuló un cargo por la causal primera de casación, el cual fue replicado.

VI. ÚNICO CARGO Manifestó que la sentencia acusada fue violatoria, [. ].p.o lrav ídai reycp toaar p liciancdieóbndi eadlra t í7c2ud leo la Ley 90 de 1946; 33 de la ley 100 de 1993 modificada por el

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Radicación n. º 73664 artículo 9 de la ley 797 de 2003; 59, 60 y 61 del Decreto 3041 de 1966; que derivó en la infracción directa de los artículos 16 y 267 del Código Sustantivo del Trabajo subrogado este último por el artículo 8 de la Ley 171 de 1961, el artículo 37 de la ley 50 de 1990 y el artículo 133 de la ley 100 de 1993. En la demostración del cargo, la censura mencionó que no sería objeto de discusión: (i) la existencia de un contrato de trabajo suscrito con el de:rnandante entre el 24 de julio de 1985 y el 1 ° de mayo de 1993; y (ii) que la sociedad accionada

realiza actividades relacionadas con la explotación petrolera. Así las cosas, para la recurrente, no es adecuada la intelección dada por el juez colegiado a las providencias tanto de esta Corporación como de la Corte Constitucional sobre las cuales fundó su decisión, pues a su juicio, los supuestos fácticos allí esgrimidos eran diametralmente opuestos a los que tuvieron lugar en el suebx amilo nquee ,ha cía imposible aplicar dicho precedente jurisprudencia! de forma analógica. Frente a los fallos de esta Corte, dijo que en ellas los accionantes habían trabajado para sus respectivos empleadores por un término superior a 10 años. Con lo cual, para estos últimos se había generado la obligación tanto de reconocer derechos pensionales, como de hacer cotizaciones al Sistema de Seguridad Social con miras a obtener la compartibilidad prestacional, en los términos del artículo 61 del Decreto 3041 de 1966. De igual forma, advirtió que, en las sentencias referidas, los contratos de trabajo de los demandantes se encontraban vigentes a la expedición de la Ley 100 de 1993, lo que legitimaba la aplicación del literal c, parágrafo 1 º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993.

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8 Radicación n.º 73664 Sin embargo, llamó la atención que tales hechos aquí no se configuraban, comoquiera que el señor Ardila López trabajó menos de 10 años para ella, así como que la relación laboral había fenecido antes del 1 º de abril de 1994. Para finalizar, esgrimió que la obligación de subrogar los riesgos

de invalidez, vejez y muerte para las empresas del sector petrolero surgió a partir del 1 º de octubre de 1993, de acuerdo con la Resolución n.º 4250 de 1993, fecha en la cual el actor ya no prestaba sus servicios en favor de la accionada. En lo que atañe a la providencia de la Corte Constitucional, afirmó que esta tampoco era vinculante, pues en ella se desarrolló el alcance del artículo 72 de la Ley 90 de 1 946, el cual nada refería acerca del aprovisionamiento de capital que debían hacer las empresas para emitir títulos pensionales y remitirlos a las administradoras de fondos de pensiones con el propósito de subrogar los riesgos a su cargo. En ese orden de ideas, la casacionista concluyó que, [..]. l as entenqcuieaa qusíe a tacrae sulvtiao latdoerl iala e y sustanacliv ailo ldaerm anerdai recltaasn ormaqsu es irvdeen sustenat od ichdae cisidóen a,c uerdcoo nl oss iguientes argumentos: a)N o hayd uday asís ea cepteanl as entenqcuieaa qusíe discuqtueel, a o bligapcairórane alizaapro rteensp ensiones partar abajaddoelr aeI sn dustdreiplae trónlaecoia óp artdier octub1ºr dee 1 993d,ec onformciodnla daR esoluIcSiSó4 n2 50 de1 993t;a mpohcaoy d udad ea cuercdoonl ohse choqsu es e dierpoonrp robadoesnl as entenqcuieea lc ontrdaett or abajo

dealc tfionra liezl1ó º dem ayod e1 9 93c,u andaoú nn oh abía lugaar r ealiazpaorr teens p ensionaenst ee ls istedmea seguridsaodc ipaalr al ost rabajaddoerl easi ndustdreila petróleo. 9 SCLAJPT-10 V.DO Radicación n. º 73664 º Lo anterior supone que hasta el 1 de octubre de 1993 el riesgo pensiona[ de los trabajadores de la industria del petróleo era asumido directamente por los empleadores bajo el régimen tradicional de pensiones contemplado por los artículos 260 y siguientes del C. S. T. en la medida en que cada trabajador cumpliera los requisitos de tiempo de servicios establecidos en dichas normas para acceder a tales pensiones (1 O, 15 o 20 años de servicio según el caso). Para casos como el del aquí demandante en el que el tiempo de servicios era inferior a 1 O años no se generaba ninguna obligación de pago de pensiones directamente a cargo del empleador dentro del régimen pensiona[ que establecía originalmente el C. S. T. b) Ahora bien, el artículo 33 de la ley 100 de 1993, subrogado por el artículo 9 de la ley 797 de 2003 estableció en el literal c) de º su parágrafo 1 contempla que serán tomados en cuenta para efectos del reconocimiento de pensión de vejez y previo pago del cálculo actuaria[ correspondiente "El tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre y cuando la

o vinculación laboral se encontrara vigente se haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993". La disposición citada no aplica para el caso del aquí demandante en la medida en que si bien las empresas del sector petrolero tenían a su cargo el reconocimiento de pensión antes de la ley 100 de 1993, para el caso puntual del actor su contrato de trabajo no se encontraba vigente ni se inició con º posterioridad al 1 de abril de 1994, fecha en que entró en vigencia la ley 100 de 1993. Tampoco resulta aplicable al caso del literal d) del mismo parágrafo 1 del artículo 33 de la ley 100 de 1993 y que hace referencia a tener en cuenta tiempos servidos con empleadores que por omisión no hubiesen afiliados en pensiones a su trabajador, pues para el caso del demandante la obligación de afiliación de trabajadores de la industria del petróleo nació aproximadamente 6 meses después de haber terminado la relación laboral, lo que supone que no existió una omisión de mi representada frente al cumplimiento de una obligación que aún no existía. .. [. ] c) El artículo 72 de la ley 90 de 1946 tampoco resulta aplicable al caso, en la medida en que por los cerca de 8 años de servicios prestados por el demandante no se generó o causó algún tipo de prestación pensiona[ a cargo del empleador y de hecho para elm omendteto e rmindaeccloi nótndr eta rtaob naisj ioq uiera había nacido la obligación de afiliar al demandante al ISS, en ese orden de ideas, no hubo en vigencia del contrato de trabajo

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Radican0c. 7i 3ó6n6 4 ninguna prestación pensiona[ o siquiera riesgo pensiona[ que fuera susceptible de ser subrogado mediante el pago de aportes en cabeza del sistema de seguridad social. Lo que establece el artículo 72 es la posibilidad de subrogar prestaciones pensionales originalmente a cargo del empleador mediante el pago de aportes al sistema de pensiones; sin embargo, y como ya se ha reiterado en este escrito nacían únicamente en el sistema pensiona[ a cargo del empleador tras 1 O, 15 o 20 años de servicio según el caso. Ahora bien, la posibilidad de subrogación de prestaciones pensionales a cargo del empleador fue regulada en los artículos 60 y 61 del Decreto 3041 de 1966, normas que no resultan aplicables al demandante en la medida en que su tiempo de servicios fue inferior a 1 O años.

VI. IRÉPLICAS Rodolfo Ar dila López señaló que el fallo recurrido estuvo ajustado a lo adoctrinado tanto por esta Corporación como por la Corte Constitucional, motivo por el cual no se acreditó el error en el que presuntamente incurrió el Tribunal.

Sostuvo que ha sido criterio reiterado el hecho de que las empresas están en la obligación legal de realizar las correspondientes reservas de capital o aprovisionamiento, a efectos de responder por las prestaciones pensionales que tenían a su cargo antes de que el ISS asumiera la cobertura de los riesgos de invalidez, vejez y muerte. Con lo cual, luego de traer a colación distintos extractos

jurisprudenciales, enfatizó: [. ..J haciendo un recuento y análisis jurídico-legal y jurisprudencia[ de la evolución del sistema de seguridad social integral, citando entre otras: la ley 6 de 1945, la ley 90 de 1946, decretos Nos. 1993 de 1967, 064 de 1968, Acuerdos !SS Nos. 267 de 1967, 264 de 1967, resoluciones ISS Nos. 267/ 67, 264/ 67, resoluciones ISS Nos. 3540/ 82, 5043/ 82, 4250/ 1993, Decreto ley 65087/, 3 063 11

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Radicación n.º 73664 de1 989l,e1 y0 0d e1 99; 3todaesl l(aoes n m ayortíaam)b ién citayd aasn alizpaodjrau sr isprudaenntceiraislo lreegsa,n do todaau sn as olyam ismcao ncl:u lsaiesóm nprepseatsr oslíe ras estaboabnl igdaedsad1s9e 4 5a p agapre nsyid óens d19e 4 6ha realliozasap ro rptreesv oi aopsr ovisiondaecm aideuann todo es sust rajabdaorpeasr,ta r asladaalsr ilsotsed mesa e guriedna d pensiodne!elSs Sc uanédsot aes umieelrc au bimriendteoe ste rie. sExgiostiefinnn idadded ecisidoeln aeAssl tCaosr teensl as cualceosr robeosrtaoanss pecetnoe ss,p ecliasa eln tenT-cia

78/4010c itapdoaer lH onoraTbrlieb udneBa olg oatláe mistui r Jallroe,c iduorer nc asación. Por su parte el ISS indicó que no era de su competencia debatir si, en efecto, la sociedad accionada adeudaba el título pensiona! por concepto del período en el que el actor prestó sus serv1c1os. VIIIC.O NSIDERACIONES Habiendo analizado el cargo presentado y teniendo en cuenta que el mismo fue dirigido por la vía directa, entiende la Sala que los reparos de la recurrente son de orden estrictamente jurídico y que, por el contrario, no han sido objeto de controversia los siguientes supuestos fácticos: (i) que Rodolfo Ardila López laboró al servicio de Geophysical Service Incorporated, hoy Halliburton S.A., entre el 24 de julio de 1985 y el 30 de abril de 1993; (ii) que no fue afiliado al ISS para que le fueron cubiertos por dicha entidad los riesgos de invalidez, vejez y muerte; y (iii) que la empresa demandada no realizó aportes, cálculo actuaria! o emitió título pensiona! alguno por concepto del referido período en el existió la prestación personal del servicio.

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Radicación n.0 73664 Al respecto, la recurrente sostuvo que no había lugar al pago de cotizaciones por el período ya señalado, comoquiera que, en el caso de las empresas del sector petrolero, dicha obligación surgió solamente a partir del 1 º de octubre de

1993. Adicionalmente, porque el vínculo laboral finalizó con

anterioridad al 1 º de abril de 1994, lo que suponía que no era dable dar aplicación a los postulados de los literales c) y d), parágrafo 1 º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, esta Corporación encuentra que el problema jurídico a resolver se circunscribe a determinar, si se equivocó el adq ueaml definir que Halliburton S.A. Colombia debía realizar las cotizaciones correspondientes al tiempo que el señor Ardila López prestó sus servicios. Así pues, conviene precisar que la actual línea de criterio de esta Corte sobre este tema está plenamente definida, en el sentido que todos aquellos tiempos trabajados y no cotizados, independientemente de si ello ocurrió por la ausencia de cobertura del Sistema General de Pensiones según los términos del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo año, o con ocasión de la negligencia u omisión del empleador, deben ser asumidos y financiados por este último a través de los correspondientes títulos pensionales. Lo anterior, puesto que el objetivo fundamental es que el trabajador no vea menoscabado su eventual derecho pensiona! mediante la negativa del reconocimiento, por ausencia del requisito de semanas necesarias para acceder a

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Radicanc.iº7ó 3n6 64 dicha prestación. Ello es así, porque el empleador tenía a su cargo garantizar los riesgos de invalidez, vejez y muerte, por lo que, al momento en que los mismos fueron subrogados en cabeza del ISS, este continuaba con la obligación de trasladar los respectivos aportes correspondientes a los tiempos en que

el afiliado desarrolló la prestación personal del servicio en favor de la empresa o entidad. Sobre este punto, recientemente la providencia CSJ SL1356-2019, resolviendo un caso de similares contornos y donde medió como parte también una empresa del sector petrolero, adujo concretamente que, Elp robljeumraií cdqou ed ebdee satlaaSr a la en consiste establelcaee mprr esdae mandaddeaba es umeilr del si costo cálcaucltou adrepilea rli coodpmor endeindtoer l1e 9 de d icmibeer de1 797y el2 0d ed icmibeer de1 897,p esae q uen oe stuvo obilagdaaa filiaalar c cniaonatleIS Sd uarntdei clhpaos o. Con ojbetoc,o nviseenñea qluaera p atridre alñ o2 041,l a ese jurpirsudendcei aS aldaje ód el adloat eoqruídeafie endlea esta rceurreennt e derlce uresxot orradinEanre ifeoc.t o, la sede desde senteCnScJSi La4 14 51,6 ju 2l0.1 ,4l pao staqu uraed potó 7 esta Coproarciónq,u el aosbl igacdieo neesmp leaedsco orn es los sus trajbadaoredse rivaddeal sas egurisdoacdie anpl e nsnieos, subsisatuencn u anldfaoa l tdaea filiacailó n noo bezdcea sistema a cuplao n eggleincia.

su Elol implicaq uee nl opse riodnoosc otizapdoosrf altad e cobetruras,o ne lolsloesmp leadorqeusi-eneassu mena travédse un cálcluoa ctuarli laasc ontingenqcuieas se orgiinaenn l av jeezi,n vlaideoz m uerted,e t aflor maq uceo n dichrocesu rsogsa ranetfilin caen ciamdiele anpstr oe staciones se que encuternaanc ardgeoIl S hSo yC oelpnsiones. se [. ..] Asíl,o esm pleadorqesu en oh abíarnec ibiedlol almadoa la afiliacidóens ust rabjaadoreesn v irtuddel as uborgaicón paulatidneal osri egoas cargdoe lI SS,n os ee ncotnraban exentodse r epsonsalbiidaddec araa ls istedmeap ensieosn, puese nc asocso moe lp reseen,et nl osq uen os ea lcanzaó completarl ad ensiddadec oticziaonepsa raa ccedear l a

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Radicación n.º 73664 pensidóevn je eze,se lt ralsaddoe clá lcaucltou iaaerllq ue permiltace o nlsiodacdieódlne recah coa grod eeln tdee seguridasdo ciIancllus.o, así la densidad de semanas sea insuficiente para acceder una prestación periódica de jubilación, el aludido cálculo actuarial tiene que incorporarse en aras del cómputo de la pensión, dado que es parte de los derechos irrenunciables del trabajador derivados de la seguridad social

(negrillas fuera del texto). Las razones expuestas en precedente son suficientes para estimar que el cargo no ha de prosperar en los términos en que fue sustentado. Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo del recurrente, pues el recurso no salió avante y fueron replicado oportunamente. Se fijan como agencias en derecho la suma de ocho millones de pesos ($8.000.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA • la sentencia proferida el cinco (5) de marzo de dos mil quince (2015) por la Sala Séptima de Decisión Laboral del Tribunal

Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en el proceso que instauró RODOLFO ARDILA LÓPEZ contra la sociedad

HALLIBURTON LATIN AMÉRICA S.A., SUCURSAL

COLOMBIA y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy

COPLENSI.O NES SCLAJTP-1V0. 00 15

Radicacni.ºó7 n3 664 Costas como se indica en la parte motiva. Notifiquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. fiaúJJrJfi .

ANAiJi ARIA MUNOSZE GURA \L o

ÜM A--

SÚRSE STRECPHOO A

OR ODRÍGJUIEMZÉ NEZ @ R-epúhl--dúf'C olm'lb-ia ReoiúubdltC olombt. -­ Cct'Stne nrTP.\ní:i'e:h 1fit•1 ri: •e o·!>rutper dee!"J au sucie SaldafiC aseLcao,,;oiain Salfia c.sac:lfiar0<>a 1, SecreAtda¡ruiqat ¡¡ fiec1&1AaOnJau nt, 8e dejcao nstaµqcuieea n l af cehas efi jeód ic.t o 27 S E2P10 9-; Bogotá,D .C ., 1)9:ocH,A.. Se d e a j c o n s t a q n u c ee i i a1 . f a ec h as d e e s fi e j d a i c t o . c.2,7 S EP2 109 __..;:.fi.•_<:•fi_-fi.Boao_tá,2"D- . _fi J @ llepiidebC loiltoam bia CorStuep rde.Jmeufi st icia .._ __ Sa:taeC a5l:oWLna boral' SecretAaar;i:.ai nta fied jeac onstaqnufieei nla af ecyhh ao i:sae ñaladu, quecleaej cutorliapa rdeas epnrtoev idencia BogotáD,.c .O,2 O C2T0 1Hora9:f) fir:;d).J.f.

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