CSJ - SL401-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL401-2023 Radicación n.° 93457 Acta 04 Bogotá, D. C., trece (13) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ANA ISABEL ECHEVERRY VAHOS, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que le instauró a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP y al que se integró como litis consortes necesarios a DORIS ELENA VERGARA FRANCO quien actuó en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad JPJV.

I. ANTECEDENTES Ana Isabel Echeverry Vahos llamó a juicio a la UGPP, con el fin de que se declarara que era beneficiaria de la

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Radicación n.° 93457 pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge supérstite de Bernardo de Jesús Jiménez Madrid, a partir del 28 de noviembre de 2016, data de su fallecimiento. En consecuencia, se condenara a la convocada a juicio por ser la entidad que asumió el pasivo pensional de la entonces Caprecom, al reconocimiento y pago de la aludida prestación de forma vitalicia en un «50 %» que debía incrementarse una vez el menor de edad JPJV perdiera la titularidad sobre la

misma, en 14 mesadas al año, más los intereses moratorios, así como las costas procesales y que se vinculara al juicio en condición de interviniente ad excludendum a Doris Elena Vergara Franco presunta compañera permanente del causante del derecho y a su descendiente JPJV. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que contrajo matrimonio católico con Bernardo de Jesús Jiménez Madrid el 21 de diciembre de 1974, unión en la que procrearon cuatro hijas; que aquel murió el 28 de noviembre de 2016; que la convivencia perduró hasta abril de 1997, calenda en la que «se separaron de cuerpos»; que si bien tuvo conocimiento que su cónyuge tuvo una relación con Doris Elena Vergara Franco, para cuando falleció, no convivían como tampoco en los cinco años anteriores a ese momento, pues para ese entonces «vivió en Medellín con sus hijas». Afirmó que por Resolución n.° 1602 del 11 de julio de 2005, Caprecom dio cumplimiento a la sentencia dictada por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín reconociéndole al occiso una pensión de jubilación a partir del 1º de abril de 1995; que el 5 de abril de 2017, reclamó la

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Radicación n.° 93457 prestación de sobrevivencia ante la UGPP; pero que la entidad por Acto Administrativo n.° RDP025792 de dicho año se la negó debido a que ya le había otorgado la prestación a

Doris Elena Vergara Franco y a su descendiente menor de edad; que controvirtió tal determinación siendo confirmada, pero adicionándola en el sentido de «ordenar la Subdirección de Nómina de la entidad, la suspensión de los pagos del 50 % de la pensión de sobrevivientes a la [aludida señora] hasta tanto la justicia ordinario laboral decidiera a quién le asis[tía] el derecho» (f.°2-8 del cuaderno principal). El juzgado de conocimiento mediante auto del 20 de noviembre de 2017 vinculó al proceso en calidad de litis consortes necesarios a Doris Elena Vergara Franco y a su hijo JPJV (f.°28-29, ibidem). la UGPP se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó el matrimonio católico entre la promotora del juicio y Bernardo de Jesús Jiménez Madrid; su fecha de muerte; el reconocimiento a este de una pensión de jubilación por parte de Caprecom; la solicitud presentada por aquella ante la entidad y las respuestas otorgadas; respecto de los demás, dijo que no le constaban. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y prescripción (f.° 41-44 ibidem). Doris Elena Vergara Franco en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad JPJV, interpuso demanda de reconvención en la que peticionó que se

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Radicación n.° 93457 declarara que la UGPP debía reconocerle y pagarle «la sustitución pensional» por el fallecimiento de Bernardo de Jesús Jiménez Madrid en un 50 % en calidad de compañera

permanente; que a Ana Isabel Echeverry Vahos no le asistía derecho alguno y que, por tanto, se condenara a la referida entidad a cancelarle las mesadas dejadas de percibir a partir del momento en que se efectuó la suspensión, debidamente indexadas o ajustadas conforme al IPC, los intereses moratorios y que se le impusiera las costas procesales. Basó sus pedimentos, esencialmente, en que el 28 de noviembre de 2016 falleció el causante del derecho reclamado en el juicio; quien era pensionado de Caprecom; que si bien este contrajo matrimonio católico con Ana Isabel Echeverry Vahos se separaron de hecho en el año de 1990; que disolvieron y liquidaron la sociedad conyugal mediante Escritura Pública n.° 2369 de 1995 de la Notaría Cuarta de Medellín. Anotó que inició la convivencia con Bernardo d Jesús Jiménez Madrid desde 1987, que se mantuvo hasta la fecha de su muerte; que tuvieron cinco hijos quienes para el momento de la presentación de la demanda eran mayores de edad con excepción del JPJV quien nació el 28 de abril de 2005. Sostuvo que, el 19 de diciembre de 2016, elevó reclamación ante la UGPP, motivo por el cual por Resolución n.° RDP13713 de 2017 se le reconoció el 50 % de la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente y, el

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Radicación n.° 93457 porcentaje restante a su descendiente; que ante la solicitud allegada por Ana Isabel Echeverry Vahos se le suspendió el

pago hasta tanto la administración de justica resolviera la controversia suscitada (f.° 5157 cuaderno principal). La convocante al proceso al dar respuesta al escrito de reconvención se opuso a lo pretendido; aceptó la mayoría de los hechos en él afirmados, pero indicó que no le constaban los extremos temporales de la convivencia (f.°107-111, ibidem). La UGPP solicitó que se negara lo requerido, frente a los supuestos fácticos reiteró lo señalado en la contestación de la demanda inicial y, propuso los mismos medios de defensa (f.°133-135, ib).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, en fallo del 8 de octubre de 2019 (f.°. 167-169 acta y 170 Cd

cuaderno principal) decidió:

PRIMERO: Condénese a LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIALUGPP […] a reconocer a favor de las señoras Ana Isabel Echeverri Vahos […] y a favor igualmente de la señora Doris Elena Vergara Franco […], una proporción del 25 % de la pensión que le venía siendo reconocida, en el 50 % que dejó pendiente la UGPP para el mes de junio del año 2018 a favor de las actoras y que el despacho liquidó hasta el mes de octubre de 2019, reconociéndole a cada una de las demandantes un valor de retroactivo igual o equivalente a $12.663.750 pesos, como quedó anotado y

demostrada la mesada pensional a favor de las actoras.

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SEGUNDO: Se ordenó igualmente a la UGPP que para el mes de nov. de 2019 sustituya esta pensión de sobrevivencia en los mismos términos que le fue reconocida al causante, en un equivalente al 25% de las mesadas pensionales a favor de las reclamantes Ana Isabel Echeverry Vahos y Doris Elena Vergara Franco, reconozca y pague una mesada pensional que no sea inferior a $642.093 pesos para cada una de ellas y sobre esta incorpore los reajustes que determine el gobierno en lo sucesivo para cada anualidad.

TERCERO: Se absuelve a la administradora accionada de los intereses moratorios y la indexación por las consideraciones anotadas en la parte motiva de la decisión.

CUARTO: No fueron prosperas las excepciones de prescripción y demás por las consideraciones orales.

QUINTO: Se autoriza a la UGPP, que, de los valores retroactivos a reconocer y cancelarle a las demandantes, descuente la proporción o fracción de ley y que sea debidamente trasladada a las EPS donde estén afiliadas estas actoras.

SEXTO: Ordenar a la UGPP que en los términos que le viene siendo reconocida la pensión sustitutiva al hijo del causante,

[JPJV] a quien se le reconoció el derecho de forma temporal hasta el momento que cumpla la mayoría de edad, que lo fuera hasta el 27 de Abril 2023 o hasta el 27 de abril del año 2030, fecha para la cual cumplirá los 25 años de edad, siempre y cuando acredite

la incapacidad para laboral por motivos escolares, esta proporción del 50 % sea acrecentada en forma igual a la demandante y a la interviniente […].

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante sentencia del 28 de septiembre de 2021, al resolver el recurso de apelación propuesto por Ana Isabel Echeverry Vahos, así como el grado jurisdicción de consulta a favor de la UGPP, decidió (f.°177195 cuaderno principal): PRIMERO: Se REVOCA la sentencia de la primera instancia, en lo que respecta al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en favor de la señora ANA ISABEL ECHEVERRY VAHOS, y en

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Radicación n.° 93457 su lugar, se CONDENA a la UGPP a reactivar el pago de la pensión de sobrevivientes en favor de la señora DORIS ELENA VERGARA FRANCO, a partir del mes mayo de 2018, la misma cuantía y en los términos que se le venía reconociendo, conforme se dijo en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Se REVOCA la sentencia, en lo que respecta a la condena por costas procesales impuesta a UGPP en la primera instancia, y en su lugar se ABSUELVE a esta entidad por tal concepto.

TERCERO: En lo demás se CONFIRMA. […] Consideró como fundamento de su decisión, que los problemas jurídicos a resolver serían «[…]determinar: I) si las

señoras Ana Isabel Echeverry Vahos y Doris Elena Vergara

Franco [eran] beneficiarlas del derecho a la pensión de sobrevivientes en razón del fallecimiento del señor Bernardo de Jesús Jiménez Madrid; y II) la condena en costas impuestas a la UGPP». Respecto de la primera temática planteada que es la que interesa al recurso extraordinario, acotó que la normatividad aplicable al asunto controvertido era el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la 797 de 2003, cuyo texto transcribió, para resaltar que lo que analizaría era si «Ana Isabel Echeverry Vahos como cónyuge del pensionado fallecido, [era] beneficiaria o no de la pensión de sobrevivientes», para lo que dejó precisado que no era objeto de discusión que esta contrajo matrimonio católico con el causante el 21 de diciembre de 1974, así como que se presentó disolución y liquidación de la sociedad conyugal, el 2 de junio de 1995, motivo por el cual sostuvo que:

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Radicación n.° 93457 […] los cónyuges separados de hecho, que hayan efectuado disolución de la sociedad conyugal o realizado la separación de bienes, como sucede en el presente caso, no afecta en nada para acceder a la pensión de sobrevivientes, siempre y cuando, se cumpla el requisito del tiempo de convivencia exigido, debiéndose tan solo acreditar 5 años en cualquier tiempo. Lo previo lo soportó en las providencias CSJ SL35052018 y CSJ SL5141-2019. No obstante, anunció que, la norma atrás referida debía

leerse en armonía con lo establecido por la Corte Constitucional en fallo CC C515-2019, mediante el cual se declaró exequible la expresión «con la cual existe sociedad conyugal vigente» contenida en el inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó los cánones 47 y 74 de la Ley 100 de 1993. En tal virtud, no desconoció que esta Sala tenía adoctrinado que: […] no resulta[ba] relevante la clasificación o estatus que en el derecho de familia adopte la unión de la pareja, pues […], lo que quiso amparar el legislador, de cara a la prestación pensional de sobrevivientes, [era] la perdurabilidad, de manera patente, de la comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refle[jara] el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva[…] Pero que, lo cierto era que el Tribunal Constitucional había entendido que lo buscado por el legislador era que «[…]se recono[ciera] el derecho a la pensión de sobrevivientes a los cónyuges separados de hecho con efectos patrimoniales vigentes».

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Radicación n.° 93457 Memoró lo que dicha Corporación ha entendido por unión y sociedad conyugal, así como lo preceptuado por el numeral 2º del artículo 1781 del Código Civil, para luego afirmar que: […]la unión conyugal, hace referencia a la composición de dos

personas, unidas por un vínculo sentimental, que generan un conjunto de bienes que harán parte del patrimonio conyugal, que darán origen a la sociedad conyugal, el cual debe entenderse como un régimen en donde se establecen normas que regulan las relaciones de orden patrimonial, que ha de corresponderle a cada uno de los cónyuges a la hora de disolverse la sociedad, siendo accesorio a la unión conyugal (negrilla y subrayado propio del texto). Bajo ese contexto, sostuvo que lo pretendido por el ordenamiento jurídico era «[…] la protección al cónyuge supérstite que ayudó a la construcción del proyecto de vida», pero que no podía perderse de vista que lo que se discutía en el sub judice era la «trasmisión de un derecho, en donde uno de los cónyuges, de cierta manera configuró o ayudó a crear el derecho para sustituirlo», motivo por el cual resultaba conforme a derecho concluir que «si esa persona renuncia[ba] a todos los efectos patrimoniales o bienes, también abandona[ba] lo que el causante siguió edificando para el futuro, como sucedió en el presente caso». Adicionó que las circunstancias atrás descritas podían ser interpretadas desde una perspectiva por fuera de lo económico y en armonía con el principio de solidaridad, lo que acaecía cuando «persistía la comunidad de vida […] aunado a la conformación de un proyecto de vida conjunto», pero que, ello no se avizoraba en las pruebas allegadas al plenario por parte de Ana Isabel Echeverry Vahos, en la

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Radicación n.° 93457 medida que esta señaló claramente que la separación de hecho se dio desde «la década de los 90» y «la disolución y liquidación de bienes en el año 1995», lo que fue ratificado por los testigos. En lo que respecta a la convivencia de Doris Elena Vergara Franco con el pensionado fallecido en condición de compañera permanente, concluyó que ésta se dio desde el 26 de junio del año 1986 hasta el momento de su muerte, lo que tuvo soporte en:

1. El interrogatorio de parte rendido por la referida demandante, conforme al cual adujo que, aquella conoció a Bernardo de Jesús Jiménez Madrid en la citada anualidad; que «duraron siendo novios seis meses» y luego a «empezaron a convivir»; que tuvieron cinco descendencias de los cuales uno era menor de edad; que el pensionado trabajó en Telecom hasta 1995 «debido a que lo jubilaron y en el año 2005 le reconocieron la pensión»; que habitaron en la ciudad de Medellín luego se trasladaron a Yarumal – Antioquia; que en el 2005, su compañero se fue a vivir al barrio castilla, con algunos de sus hijos, «pero que se la pasaba yendo y viniendo de Yarumal a Medellín».

2. La prueba documental y los testimonios de «LUÍS FELIPE JIMÉNEZ VERGARA (hijo) y JULIÁN ALBERTO LOPERA VERGARA (sobrino); y las señoras MARTA CECILIA

ÁLVAREZ ORTEGA (vecina) y DIANA CAROLINA JIMÉNEZ

VERGARA (hija)», siendo ésta última quien «convivió más con el causante los últimos años de vida», informando la testigo

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Radicación n.° 93457 que si bien, su padre habitaba su morada, también explicó que, ello se debía a que le ayudaba con el cuidado de sus descendientes, pero enfatizando que su progenitor «cada vez que éste podía, a raíz de su situación económica iba a Yarumal […]una o dos veces al mes» y que eso no impedía que mantuvieran comunicación «todo el tiempo»; que «quince días antes del fallecimiento, Doris Elena estuvo con él en Medellín». Apuntó que tales aseveraciones fueron corroboradas así: […] por «MARTA CECILIA ÁLVAREZ ORTEGA», al manifestar que DORIS VERGARA FRANCO nunca le expresó que la relación se haya roto, afirmando, además, que tanto DORIS VERGARA como BERNARDO JIMÉNEZ MADRID iban y venían entre Yarumal y Medellín. Por otra parte, el testigo LUÍS FELIPE JIMÉNEZ VERGARA, quien es hijo de la pareja, y vivió también con su padre en Medellín, señaló que la convivencia entre éstos, fue permanente, pero no bajo el mismo techo debido a cuestiones laborales de su padre, pero es enfático en indicar que éste viajaban frecuentemente a visitar a su madre y viceversa; la anterior información la corrobora el señor JULIÁN ALBERTO LOPERA VERGARA, expresando que había lapsos en los cuales estaban bajo el mismo techo y otros, pero afirma que estaban en

constantes visitas. En tal virtud, concluyó que la referida demandante lograba acreditar «más de los 5 años continuos que exige la norma previos al fallecimiento de Bernardo de Jesús Jiménez Madrid», ya que si bien no se pasaba por alto que en algunos interregnos no «convivían bajo un mismo techo, se evidenciaba que «nunca existió una separación», pues, por el contrario, «pese a la difícil situación económica de la familia, procuraban visitarse cada vez que podían», lo que conducía a colegir que la petente cumplió con el requisito temporal exigido por el

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Radicación n.° 93457 ordenamiento jurídico para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes (f.°177-195 cuaderno principal).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Ana Isabel Echeverry Vahos concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la providencia impugnada, para que, en sede de instancia, «modifique la sentencia de primer grado y, en su lugar, acoja la totalidad de [sus] pretensiones» (f.° 6 recurso extraordinario, demanda de casación expediente digital).

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron objeto de réplica por los interesados y que pasa la Sala a estudiar por cuestiones de método inicialmente el segundo y, en caso de ser necesario, el primero.

VI. CARGO SEGUNDO Afirma que la decisión del juez de la alzada transgrede el ordenamiento jurídico por la vía indirecta en la modalidad

de aplicación indebida de «los artículos 13 de la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, los artículos 50, 141,142 de la Ley 100 de 1993, artículos 42 y 48

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Radicación n.° 93457 de la Constitución Nacional. Artículos 152 y 176 del Código Civil». Señala que lo previo se debió a que el Tribunal cometió siguientes errores de hecho respecto a su condición de beneficiaria:

1. No dar por demostrado, estándolo, que durante el vínculo matrimonial que tuvo lugar entre el señor BERNARDO DE JESÚS JIMÉNEZ MADRID y la señora ANA ISABEL ECHEVERRY VAHOS se le reconoció la pensión de vejez al señor JIMÉNEZ MADRID.

2. No dar por demostrado, estándolo que, al no aparecer nota marginal de divorcio o cesación de efectos civiles del matrimonio católico, en el registro civil de matrimonio, el vínculo matrimonial nunca se disolvió y se mantuvo hasta la muerte del causante.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que en el acto de la liquidación de sociedad conyugal, se hace una renuncia implícita a los derechos pensionales

4. No dar por demostrado, estándolo, que la separación de hecho entre los cónyuges tuvo lugar en el mes de abril de 1997, y no como se dijo de manera abierta, “en la década de los 90”, pues con esa afirmación, queda indeterminado el lapso de convivencia entre los cónyuges.

Y en cuanto a la titularidad del derecho deprecado por parte de Doris Elena Vergara Franco:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que entre la señora DORIS ELENA VERGARA FRANCO y el señor BERNARDO DE JESÚS JIMÉNEZ MADRID existió una convivencia que tuvo lugar desde el 26 de junio de 1986 hasta el 28 de noviembre de 2016.

2. No dar por demostrado, estándolo, que el señor JIMÉNEZ MADRID durante los últimos cinco (5) años anteriores a su muerte vivió en la ciudad de Medellín, en compañía de sus hijos, nietos y yerno y no con la señora VERGARA FRANCO quien tenía domicilio en el municipio de Yarumal, Antioquia.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que la convivencia entre la señora VERGARA FRANCO y el señor JIMÉNEZ MADRID en los

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Radicación n.° 93457 últimos cinco (5) años anteriores al deceso del pensionado, fue permanente, continua y bajo el mismo techo. Asevera que las falencias fácticas en las que incurrió el operador judicial se debieron a que apreció equivocadamente las siguientes pruebas: • […] confesión que se desprende del interrogatorio de parte rendido por la interviniente Doris Elena Vergara Franco • Registro civil de matrimonio de los cónyuges Bernardo de Jesús Jiménez Madrid y la señora Ana Isabel Echeverri Vahos. • Escritura pública n.° 2.369 de la Notaria Cuarta de Medellín del

2 de junio de 1995 • Testimonio de la señora Diana Carolina Jiménez Vergara, testigo común de las partes Y, por la no valoración de los testimonios de Rodrigo, Jaime Emilio Madrid Jiménez y Lina Marcela Jiménez. Para desarrollar el cargo, alega que el administrador de justicia se equivocó cuando concluyó que Doris Elena Vergara Franco demostró con el causante de la pensión la convivencia en los últimos cinco años antes de su fallecimiento, pues ello no es lo que se desprende del interrogatorio de parte que aquella rindió, ya que de este lo que se infiere es todo lo contrario, esto es, que fue intermitente e interrumpida. Bajo ese escenario, estima que al haberse acreditado error en una prueba calificada (confesión), resulta procedente el análisis de la testimonial, especialmente de lo afirmado por Diana Carolina Jiménez Vergara, quien expuso:

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Radicación n.° 93457 - Que el señor BERNARDO DE JESÚS JIMÉNEZ al momento de su fallecimiento se encontraba viviendo en el barrio Castilla, dirección Carera 69 No, 97 – 68 con [ella] y su [hermano] Luis Felipe Jiménez Vergara […], su yerno Johnny Hincapié y sus dos nietos […]. - Que el señor BERNARDO DE JESÚS JIMÉNEZ MADRID, vivió con ella en los años previos a su fallecimiento, debido a que el cuidada de sus hijos, que la señora VERGARA FRANCO, y que su padre fallecido, se veían una o dos veces al mes dependiendo de

la situación económica. -[…]que sus padres se hablaban todo el tiempo, se llamaban por internet, lo cual se corrobora con la prueba documental anexada al expediente y se hacían videollamadas, incluso señaló que quince días antes del fallecimiento, la señora DORIS VERGARA estuvo con él en Medellín. - […que convivió con su papá, el causante y pensionado señor BERNARDO JIMÉNEZ por los años 2010 al 2016, fecha de la muerte e con un intervalo de tiempo de 1 año y menos de 9 meses en los que él se fue a vivir a YARUMAL. - En efecto se le preguntó que, si se tomaba el intervalo entre la fecha del fallecimiento 28 de noviembre de 2016 al 28 de noviembre de 2011, qué tiempo había convivido con su señor PADRE y manifiesta que por los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, hasta 2016, menos entre el 1 de enero de 2013 a septiembre de 2014, que su señor padre, BERNARDO había vivido en YARUMAL y que recuerda bien, porque según manifiesta estuvo separada de su hijo por ese tiempo. - Para esta última fecha septiembre de 2014 nace su segundo hijo y su PADRE REGRESA a MEDELLIN a vivir con ella, su yerno y nietos, De tal manera que a lo sumo la convivencia en YARUMAL en esos 5 últimos años antes de la muerte del PENSIONADO se dio por espacio de 1 uno y menos de 9 meses. En tal virtud, aduce que la compañera permanente no acreditó una «convivencia […], continua, bajo el mismo techo,

compartiendo techo, mesa y cama en los términos que se exige por la ley, pues la pareja se comportaban a la sumo como novios, que eventualmente se veían y se escribían, pero no como compañeros permanente» y que de lo expresado tanto por aquella como por los testigos resulta diáfano que «la convivencia no fue permanente, ni continua, bajo el mismo

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Radicación n.° 93457 techo sino por espacio de un año y menos de 9 meses, dentro de esos últimos cinco (5) años que se evalúan a la fecha de deceso, número insuficiente de cara a la norma aplicable», por lo que el Tribunal se equivocó al determinar que se había acreditado el requisitos temporal que se exige para estos casos, pues insiste en que no está probada «[…] la conformación de un núcleo familiar con ánimo de permanencia entre ella y el pensionado fallecido, al momento de la muerte». Por otro lado, alega que con el proveído confutado se pasó por alto que la pensión de vejez se le reconoció a Bernardo de Jesús Jiménez Madrid a partir del 1º de julio de 1995 (Resolución n.°1602 del 11 de junio de 2005), momento para el cual no había acaecido la separación de hecho y que además «no se divorciaron» (registro civil de matrimonio), razones por las que afirma que el juez de segunda instancia «le da un alcance diferentes a la disolución de la sociedad conyugal equiparándola con una renuncia a los derechos pensionales» lo que lo condujo a «dar por demostrado, no estándolo que la Escritura Pública n.° 2.369 de la Notaria

Cuarta de Medellín del 2 de junio de 1995, mediante la cual se disolvió y liquidó la sociedad conyugal resolvería lo referente a los efectos pensionales futuros cuando en ninguna parte de dicho documento se hace referencia a ello» (f.° 1117 recurso extraordinario, demanda de casación, expediente digital).

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VII. RÉPLICA La UGPP califica de equivocado el hecho de que la censura hubiese escogido a la modalidad de aplicación indebida en un ataque que se dirigió por la vía indirecta «porque por un lado refiere el accionante que se dio una aplicación equivocada de normas y en la demostración del cargo alude pruebas erróneamente valoradas o que no fueron valoradas»; que acudió a la prueba testimonial cuando esta no es calificada lo que conduce a que la denuncia constituya un alegato de instancia (f.°4-5 recurso extraordinario, escrito de oposición, expediente digital).

Doris Elena Vergara Franco actuando en nombre propio y, en representación de su hijo menor de edad JPJV, solicita que la acusación sea desestimada habida cuenta que el interrogatorio de parte no contiene confesión, pues lo asegurado por ella no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 191 del CGP para tener tal connotación; pero que, en todo caso, si bien es cierto que no existió una cohabitación permanente, ello en nada incide, pues tal como lo concluyó el Tribunal permaneció la «intención de ambos de mantener vigente su unión marital, que en últimas, es lo que da viabilidad al reconocimiento del derecho pensional que

reclama», acorde con lo adoctrinado por esta Corporación

(CSJ SL6519-2017).

Igualmente, señala que los testimonios tampoco son prueba hábil en el recurso extraordinario lo que impide su estudio por parte de la Sala en la medida en que no se

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Radicación n.° 93457 configuró un error de hecho respecto de algún medio probatorio que sí tenga dicha calidad, pero que, en todo caso, su valoración conduciría a ratificar la decisión del colegiado. Finalmente, pone de presente que el embate no establece los yerros fácticos frente al registro civil de matrimonio y la Escritura Pública n.° 2369 de la Notaria Cuarta de Medellín del 2 de junio de 1995 (f.°12-17 recurso extraordinario, escrito de oposición, expediente digital).

VIII. CONSIDERACIONES Lo primero que debe advertir la Sala es que no le asiste razón a la UGPP en su réplica cuando afirma que la modalidad de violación de la ley denunciada en el cargo es equivocada, puesto que, conforme lo ha enseñado reiteradamente la Corte, el sub motivo de aplicación indebida de la norma es por antonomasia propio de la vía indirecta, tan es así que, en aquellos casos en los que la denuncia se encauza por la senda de los hechos y no se especifica la forma a través de la cual se transgredió el precepto legal, la Corporación ha sostenido que ha de entenderse que se acudió a aquella (CSJ SL4323-2022).

Aclarada tal situación, se tiene que el distanciamiento

de la censura con el fallo dictado por el Tribunal radica fundamentalmente en dos aspectos, a saber; el primero, relativo a que dicho juzgador hubiese determinado que Doris Elena Vergara Franco acreditó la convivencia con Bernardo de Jesús Jiménez Madrid durante los últimos cinco años

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Radicación n.° 93457 anteriores a su fallecimiento, a pesar de que aquella en el interrogatorio de parte afirmó que vivieron en lugares diferentes gran parte de este interregno temporal lo que, además, fue ratificado por los testimonios y el segundo, referente a que se hubiese demostrado sin estarlo que se había divorciado de aquel. Así las cosas, en relación con la temática inicialmente planteada debe advertir la Sala que las aseveraciones de Doris Elena Vergara Franco durante el interrogatorio de parte pueden tenerse como confesión en la medida que, contrario a lo afirmado por ella en la oposición cumplen con los requisitos previstos en el artículo 191 del CGP, como lo son:

1. Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado.

2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria.

3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba.

4. Que sea expresa, consciente y libre.

5. Que verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener conocimiento (subrayado añadido).

Y, frente a la situaciones por ella confesadas,

especialmente en cuanto a que por circunstancias familiares desde aproximadamente el año 2005 no habitó