CSJ - SL403-2023

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - SL403-2023
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Laboral
Año
2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL403-2023 Radicación n.° 93821 Acta 04 Bogotá, D. C., trece (13) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por RICAURTE DAZA ASTUDILLO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que le instauró a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONESy al cual se vinculó como litisconsorte necesario a CARTÓN

COLOMBIA S. A.

I. ANTECEDENTES Ricaurte Daza Astudillo llamó a juicio a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.- trámite al cual se vinculó a Cartón Colombia S. A., con el fin de que se condenara a reconocerle y pagarle la pensión de

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Radicación n.° 93821 vejez especial, a partir del 9 de abril de 2011, los reajustes de las mesadas causadas y las adicionales desde dicha data, los intereses moratorios y las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que cotizó al subsistema de pensiones del 11 de octubre de 1979 al 31 de agosto de 1982 con Seguridad Atlas Ltda; que entró a trabajar a «Smurfit Kappa Cartón Colombia S. A.» el 20 de septiembre de 1982, en el cargo de ayudante de calderas; que

el 14 de junio de 2011 fue despedido supuestamente por justa causa; que la labor que realizó durante 28 años, 8 meses y 20 días, consistía en actividades que implicaban exposición a altas temperaturas, por encima de los valores límites permisibles determinados por la norma de salud ocupacional; que las condiciones laborales con el trascurso de la relación variaron, pero siempre conservó las funciones del empleo. Adujo que al iniciar el vínculo laboral la referida empresa no pagó al sistema de seguridad social lo correspondiente por ser un trabajador de alto riesgo, porque el orden jurídico no lo exigía; que el gobierno expidió el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758, que en su artículo 15 establecía las pensiones de vejez especiales; que a pesar de lo allí dispuesto el ISS hoy Colpensiones no efectuó los estudios pertinentes que señalaba la norma. Afirmó que al advenimiento del Decreto 1281 de 1994 había laborado durante más de 500 semanas en el cargo mencionado para la demandada; que le solicitó a la

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Radicación n.° 93821 empleadora certificación de las cotizaciones que le realizó para alto riesgo, desde el 25 de junio de 1994 hasta el 14 de junio de 2011; que el 29 de marzo de 2012 recibió respuesta en la cual le manifestó que no le efectuó aportes para efectos de la pensión especial de vejez, puesto que la actividad que ejecutaba no se encontraba dentro de la calificación para tal fin. Indicó que el 28 de abril de 2014 solicitó a «Smurfit

Kappa Cartón Colombia S. A.», que le reconociera la mencionada prestación especial, a partir del 9 de abril de 2009, que el 8 de mayo siguiente se le dio contestación aduciendo la no obligación de cotizar por alto riesgo, debido a la actividad desarrollada. Agregó que, el 4 de septiembre de 2015, peticionó a la empleadora que se le expidiera certificación en la que se indicara las condiciones a que se vio expuesto en el sitio de trabajo y las labores que ejecutaba; que le respondió que estuvo vinculado a la empresa, desde el 20 de septiembre de 1982 al 14 de junio de 2011, en el cargo de segundo ayudante de calderas, omitiendo las labores de alto riesgo que ejercía. Por último, dijo que el 21 de febrero de 2014 le requirió a Colpensiones su pensión de vejez especial; que mediante la Resolución GNR 283050 del 12 de agosto de ese mismo año le negó la prestación deprecada y le reconoció 1637 semanas cotizadas de las cuales ninguna por alto riesgo; que el 19 de septiembre siguiente presentó revocatoria directa de esa decisión y por Acto Administrativo GNR 415072 del 1° de

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Radicación n.° 93821 diciembre de 2014 se negó nuevamente la petición (f.°39 a 47, cuaderno I del juzgado). Colpensiones se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó que el demandante le requirió el 21 de febrero de 2014 pensión especial de vejez, la cual le fue negada; que presentó revocatoria directa, pero también le fue

desfavorable; respecto de los demás dijo no ser ciertos o no constarle. En su defensa propuso como excepción previa la de falta de integración del contradictorio, pues no se integró el litisconsorcio necesario con «Smurfit Kappa Cartón Colombia

S. A.» y como medios exceptivos de mérito los de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, legalidad del acto administrativo, buena fe de la entidad demandada y prescripción (f.°60 a 77, cuaderno 1 del juzgado).

Mediante auto del 7 de diciembre de 2017 el juzgado de conocimiento procedió a vincular a Cartón de Colombia S. A. en la calidad peticionada anteriormente (f.°93, vto, ibidem). Al dar contestación esa última sociedad, se resistió a lo pretendido y en cuanto a los supuestos fácticos dijo que era cierto que el actor presentó Derecho de Petición el 20 de marzo de 2012, ante lo cual dio respuesta indicando que no realizó actividades de alto riesgo y que no era su obligación cotizar por este riesgo; que el 4 de septiembre de 2015 el actor pidió certificación de las condiciones en que se vio

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Radicación n.° 93821 expuesto en su puesto de trabajo. Con relación a los demás manifestó que no le constaban o no eran certeros. Formuló como excepciones de fondo inexistencia de la obligación, de la acción, del derecho, cobro de lo no debido, pago, prescripción, buena fe y la innominada (f.°115 a 132, cuaderno 1 del juzgado).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Cali, mediante fallo del 1° de octubre de 2019 (f.°1404, cuaderno 5 del juzgado), declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación, absolvió a las demandas de todas las pretensiones y condenó en costas a la parte vencida.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, al conocer del recurso de apelación de la parte demandante, mediante fallo del 30 de septiembre de 2021, confirmó la decisión de primer grado y condenó en costas al actor. (f.° 19 a 22, cuaderno del Tribunal) En lo que interesa al recurso extraordinario, consideró como problema jurídico determinar si el actor causó los requisitos para acceder a la pensión de vejez por exposición a altas temperaturas.

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Radicación n.° 93821 En cuanto a las pensiones de alto riesgo señaló que según normatividad que estaba vigente (Decreto 3041 de 1966, literal d) del artículo 15 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, Decretos 1281 de 1994 y 2090 de 2003, ampliada la vigencia por el Decreto 2655 de 2014), se colegía que para ingresar al ámbito de aplicación de la pensión especial de vejez, los trabajadores debían estar dedicados como mínimo a actividades que impliquen exposición a altas temperaturas, siendo necesario para ello superar los límites permisibles, según el índice WBGT tal

como lo estipuló el parágrafo del precepto 64 de la Resolución 2400 de 1979. Respecto al caso concreto indicó que se encontraba probado que el demandante laboró en «Smurfit Kappa Cartón Colombia S. A.», desde el 20 de septiembre de 1982 hasta el 14 de junio de 2011 desempeñándose como segundo ayudante de calderas; que se allegó dictamen pericial decretado y practicado por orden del juzgado del cual también se desprendía que trabajó para la empresa en la data mencionada, se relacionan los oficios desempeñados, destacando que sí hubo exposición al calor por encima de los límites que permitían las normas de salud ocupacional y seguridad industrial, tal y como lo justificó en tabla anexa a ese peritaje. Agregó que la prueba se puso a disposición de las partes y Cartón Colombia S. A. presentó escrito solicitando citar al perito y aportó experticia que concluía que no existió exposición a altas temperaturas.

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Radicación n.° 93821 Sostuvo que mediante auto 1814 del 13 de septiembre de 2019 se puso en conocimiento la aclaración o complementación de la experticia allegada; que en audiencia del 23 de agosto de 2019 se llevó a cabo interrogatorio del perito quien manifestó, entre otros aspectos, las actividades que realizó para presentar el estudio. Manifestó que se recepcionaron los testimonios de Walter Arturo Arcila Collazos, Hernán Alberto Zapata Gallo, Carlos Eduardo Rojas, Wilson Alejandro Milla Escudero, Víctor Hugo Ángel Villota y Luis Arbey Castro Echeverry, que

para aclarar el tema de la exposición o no del actor a altas temperaturas hizo un análisis conjunto de la prueba. Explicó que del dictamen pericial (f.° 688 a 1019; 1106 a 1396), decretado y practicado por orden del Juzgado (fl.618 vto), se desprendía, […] que el actor laboró para la empresa "Smurfit Kappa Cartón de Colombia", desde el 20 de septiembre de 1982 hasta el 14 de junio de 2011, ocupando los oficios de "Ayudante General de Planta II; Ayudante General Blanqueo II; Ayudante General Recuperación; Segundo Ayudante Calderas Recuperación", en el cual, se concluyó que en el desempeño de todos los cargos, "SI HUBO" exposición al calor (fi. 707, 709,713,714). Cabe destacar que, en dicho dictamen se realizó un estudio a los puestos de trabajo, los cuales se observan detallados a folio 714, describiendo inicialmente, los cargos desempeñados por el actor, Ja carga en kcal/hora, tipo de trabajo, WBTG Empresa °C, WBTG Permitido "O, y exposición: […] Además, de la visita física que realizó a la empresa, tuvo en cuenta la documentación que ésta le entregó, relacionada con "las evaluaciones de estrés térmico área Caldera de Recuperación UR2" (fl. 836 a 840) e informe de evaluaciones de estrés térmico

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Radicación n.° 93821 calor de septiembre' de 2007 (fi.841 a 857) y, el estudio de áreas

y tiempos de trabajo del Segundó Ayudante de la Caldera de Recuperación (fl. 859 a 860) Encontrándose que, en cada cargo evaluado inicialmente obtuvo la "carga térmica promedio", en la cual se determina si es moderado, pesado o liviano; luego, determinó la WBGT (promedio) y, para determinar si hubo o no exposición al calor, se valoró el "grado de riesgo", calculando la carga térmica soportada en WBGT sobre la carga máxima permisible (706 a 707). Encontrando la Sala que, el Perito cuenta con una gran trayectoria, experiencia en la actividad que desarrolla, y tiene los conocimientos especializados para realizar este tipo de experticia. En el caso en particular, asistió a las instalaciones de la empresa y obtuvo el material que ésta le facilitó, relacionado con (fl. 543 a 547). • "El informe de evaluaciones de estrés térmico "calor" septiembre de 2007" realizado por Suratep S.A. (fl.523).

  • Tabla No. 5 "criterios de protección y límites de acción para exposición a estrés térmico WBGT valores en C" año 2007
  • Tabla No. 3 "informe evaluación ambiental de estrés WBGT 2006 Caldera de recuperación y pulpapei Segundo Ayudante" • Evaluación de estrés térmico. • Tiempos de trabajo del Segundo Ayudante de: la Recuperación de Calderas (fl.859).

Adujo que se resaltó en el peritaje que desde que el demandante finalizó su contrato en el año 2011, se han presentado cambios en las maquinarias y condiciones iniciales en que aquél ejecutó sus labores y estimó que no

encuentra claridad en el análisis que realizó el perito en algunas situaciones que se reflejan de dicho documento, toda vez que, en los cargos que desempeñó el actor, entre el 20 de septiembre de 1982 al 31 de diciembre de 1991, si bien indicó que sí hubo exposición, del material descrito no se observó soporte de los puestos de trabajo que allí se describían, para tomar las mediciones solicitadas; que se evidenciaba que para realizar el respectivo estudio, aunque tuvo como punto

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Radicación n.° 93821 de partida los valores referenciados por la empresa en los documentos de los años 2006 y 2007, en estos, solo se relacionaba el cargo de segundo ayudante de la caldera de recuperación. Razonó que, no se advertía en el plenario una explicación por parte del experto de cómo pudo realizar las comparaciones del WBGT determinado en la tabla referenciada, ni cómo arribó a la conclusión de la exposición a altas temperaturas del actor para el periodo de 1982 a 1991, sabiendo que, para dicha calenda, no se tenían valores anotados por la empleadora. Aludió que, al continuar con el estudio de los puestos de trabajo, se indicó que el único cargo que seguía igual en la compañía vinculada, al momento de realizar su visita a la planta física, era el de ayudante de caldera, el cual ejecutó desde el 1º de diciembre de 1992 hasta el 14 de junio de 2011 y concluyó que si hubo exposición, que si bien la compañía le proporcionó al perito los documentos antes mencionados, los mismos correspondían a los valores que referenció la

misma para los años 2006 y 2007, sin que sea posible aplicarlos para el estudio de los años 1982; a 1991, ni mucho menos en toda la vida laboral del petente, en atención a las modificaciones y factores que se presentan en el lugar de trabajo. Precisó que llamaba la atención que la conclusión se basó en las mediciones que realizó la sociedad vinculada en el año 2006 y 2007, sin que se reflejara relación de los

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Radicación n.° 93821 cambios y las situaciones que se presentaron para cada año ni mucho menos se expresó que esos valores se conservaron sin ninguna variación; que, aunque se recepcionaron los testimonios de algunos compañeros de trabajo del actor, de los mismos no se podía determinar lo que se pretendía en el presente asunto. Agregó que, […] los valores reflejados en el cuadro relacionado por el perito, destaca como valores "WBTG PERMITIDO °c" un I tope del 25%, el cual se encuentra determinado en la tabla No. 5 "Criterios de protección y límites de acción para exposición a estrés térmico (WBGT valores °c 2007)". Sin embargo, es de indicar que dicho porcentaje está relacionado al límite de acción "moderado" entre el 75% a 100%, sin que se hayan indicado las razones de elegir el topo del 25%, máxime, cuando se logra evidenciar que para el oficio de Segundo Ayudante Calderas Recuperación, el actor no tenía una exposición constante, según las tablas y tiempos que desarrollaba por actividad. En segundo lugar, utilizó los valores máximos de exposición

presentados en las tablas No. 1 "Valores de las temperaturas WBGT Admisibles", No. 2 "Gasto energético por la posición y movimiento del cuerpo" y No. 3 "Gasto energético por tipo de trabajo", que se encuentran en la American Conference of Govermmental Industrial Hyguienists (ACGIH) (fl. Q97); la tabla No. 4 "Gasto energético según la actividad metabólica" (Norma ISO 8996). Aunado a lo anterior, en la audiencia resaltó el Perito que "la Ley 2400 de 1979, plantea las posibles mediciones, pero no define cómo se iban a hacer esas mediciones, aplicando el Decreto 2222 dé 1993, desde que se empieza a calcular el estudio del stress térmico con la formula WG7V". Es de resaltar que, el índice de Estrés Térmico WBGT (Índice de temperatura de globo y bulbo húmedo), permite valorar la exposición al calor durante largos periodos de jornadas de trabajo a partir del Índice WGBT (Wet Bulbe Globe 40 Temperature), cuyos valores adopta la ACGIH como valores de TLV de estrés térmico, es el recomendado para evaluar exposición ocupacional a altas temperaturas en Colombia y a nivel internacional. Este índice relaciona las variables

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Radicación n.° 93821 ambientales con el estrés térmico que padecen las personas en función de la actividad que realizan. Se tiene determinado desde 1979 por la Resolución 2400, artículos 63 y 64, Titulo III "Normas generales sobre riesgos físicos, químicos y biológicos en los establecimientos de

trabajo". Capítulo I "De la temperatura, humedad y calefacción", con base de lo determinado por la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales o los TLV que expide el Ministerio de Salud. Se adopta estos TLV cada vez que la ACGIH emite decisión acerca de ellos. Indicándose en el parágrafo del artículo 64 ibídem, la descripción de la evaluación del ambiente término y, los factores que se deben tener en cuenta para realizar respectivo cálculo. […] Destacó que, la anterior se trata de una norma general para la aplicación de análisis del caso; que, el perito señaló que para el estudio asignado y el respectivo cálculo de las operaciones que realizó, utilizó una norma específica, esto es el Decreto 2222 de 1993, la cual hace relación al reglamento de higiene y seguridad en minerías a cielo abierto; lo que significa que, en el presente asunto se empleó un precepto específico para otra actividad diferente a la desempeñada por el demandante, concluyéndose que, el referido dictamen no da claridad en cuanto a si el actor estuvo o no expuesto a altas temperaturas, pues no hubo una debida aplicación de del precepto para el caso concreto; en consecuencia confirmó la decisión de primera instancia.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Ricaurte Daza Astudillo, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corporación case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la de

primer grado y resuelva condenar a las demandadas a pagar la pensión de vejez especial, a partir del 9 de abril de 2011, junto con las mesadas retroactivas, adicionales y los intereses moratorios. Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, los cuales fueron objeto de réplica y se estudiarán de manera conjunta por perseguir el mismo fin.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia por violación directa de la ley sustancial, por infringir directamente: […] los artículos 51 y 54 del Código Procesal del Trabajo, en armonía con el artículo 227, 228, 229, 230 y 231 del Código General del Proceso, normas aplicables en el procedimiento del trabajo, en virtud del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, violación de medio de estas normas procesales cuya consecuencia final fue la aplicación indebida del artículo 15 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en concordancia con los artículos 12 y 13 del mismo Acuerdo; 36 de la Ley 100 de 1993; 5 y 6 del Decreto 1281 de 1994 y articulo 29 de la Constitución Nacional (folios 1020, 1021,1024 a 1060,1106 a 1396).

Para la demostración del cargo argumentó que el Tribunal incurrió en errores de derecho, al tener por probado dentro del proceso algo que no lo está, debido a que, según su apelación, no se debió de aportar por la demandada

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Radicación n.° 93821 peritaje, para controvertir el primer dictamen de oficio, que

fue solicitado por la parte actora y que fue decretado por el a-quo, violando la producción, aducción y validez del medio probatorio; señala que así quedó manifestado en el recurso de apelación: “El A-quo incurre en error al tener en cuenta el dictamen presentado por la parte demandada, pues este no tenía por qué ser admitido dentro del proceso y mucho menos servir de soporte para la solución del proceso, pues es preciso resaltar que en cuanto al dictamen y su contradicción según lo establecido en el Código General del Proceso artículos 227, 228, 229, 230 y 231 se tienen dos escenarios; el primero es aquel en el que el dictamen pericial es allegado por la parte demandante como prueba al presentar la demanda, del cual la parte demandada podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o realizar ambas actuaciones. El segundo escenario es aquel en el que el dictamen es decretado de oficio, en el cual la norma ya referenciada es clara en establecer que el escrito permanecerá a disposición de las partes hasta la fecha de la audiencia, sin que se evidencie facultad a la parte demandada de presentar otro dictamen para efectos de contradicción, pues para tal efecto tan solo se tiene en cuenta la audiencia en la que deberá asistir el perito. Por lo anterior, el Juez de instancia al admitir el dictamen presentado por la demandada vulnera el debido proceso...” “(…) Además, no es de recibo, que se traiga al proceso un estudio realizado por la ARL SURA en el año 2006 únicamente sobre la UR3, pues es irracional querer asegurar que un trabajador no ha

estado expuesto a altas temperaturas durante 1982 a 2006, con una medición que se realiza 24 años después y donde se ha cambiado las condiciones de las calderas y los elementos de protección personal, un examen de puesto del trabajo en los últimos 6 o 7 años cuando este ha variado a través del tiempo, y es que la norma le exigía en ese entonces al ISS a que se hiciera un estudio detallado de trabajo con el Decreto 758 de 1990....” Sostiene que, de acuerdo con la contestación de la demanda no se observa que se haya solicitado y mucho menos acompañado la experticia como medio probatorio. Alega que el ad quem se abstuvo de resolver su apelación con respecto a su inconformidad sobre la manera

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Radicación n.° 93821 como fue incorporada la prueba pericial por la demandada durante traslado del dictamen que fue rendido por el perito de oficio, pues allegó al despacho otro peritaje sin que tuviera validez, el cual el a quo incorporó y le dio valor probatorio, vulnerando el derecho a la producción, aducción, validez y decreto de pruebas, dado que los jueces de instancia tienen el deber de apreciación conjunta de los medios de convicción y facultad de valorarlas libremente, lo que les permite conferir mérito a los que le brinden una mayor convicción; libertad que de ninguna manera puede invadir la Corte en sede de casación, pues no están sujetos a tarifa legal alguna, salvo cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, por tanto, el juez de alzada consideró que: […]no se encuentra claridad en el análisis que realizó el perito en

algunas situaciones que se reflejan de dicho dictamen, toda vez que, en los cargos que desempeñó el actor, entre el 20 de septiembre de 1982 al 31 de diciembre de 1991, si bien indica que “SI HUBO EXPOSICIÓN “, del material antes descrito no se observa soporte de los puestos de trabajo que allí se describen, para tomar las mediciones solicitadas. Luego de referirse a la sentencia CSJ SL, 28 mar. 2009 rad. 32948 en relación con la valoración que debe hacer el juez sobre el dictamen pericial; aduce que el Tribunal dio por probado que laboró en Smurfit Kappa Cartón de Colombia S.A., desde el 20 de septiembre de 1982 hasta el 14 de junio de 2011, desempeñándose como segundo ayudante de calderas; que igualmente, se allegó dictamen pericial (f.°693 a 717 del expediente), decretado y practicado por orden del juzgado (f.°618 del expediente), del que se desprendía lo ya expuesto y relacionaba los oficios ocupados, destacando que, sí hubo exposición al calor por encima de los límites que

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Radicación n.° 93821 permiten las normas de salud ocupacional y seguridad industrial, tal y como lo justifica en la tabla anexa a dicho dictamen. Enseguida cita la sentencia CSJ SL, 30 ago. 2005, rad. 25505 y concluye que estando demostrado el cargo se debe proceder en sede instancia como se señaló en el alcance de la impugnación (cuaderno digital de la Corte).

VII. RÉPLICA Cartón de Colombia S. A. sostiene que el cargo contiene

falencias de técnica, pues ventila aspectos fácticos; que se refiere a un error de derecho, por lo que debió dirigirse por la vía indirecta; que el recurso de casación no es un medio idóneo para corregir defectos procesales; que no discutió el argumento basilar de la sentencia. En cuanto a la contradicción del dictamen indicó que en los términos del artículo 228 del CGP solicitó citar al perito a audiencia para interrogarlo y aportó Dictamen Técnico del 25 de enero de 2019, concluyendo que no existe exposición a altas temperaturas del cual se corrió traslado e igualmente se citó al perito, lo que en suma evidencia el cumplimiento estricto del procedimiento descrito en la norma; que además no es cierto que la experticia se tuviera que haber solicitado y acompañado en su escrito de contestación de la demanda, porque tal acto obedeció a la contradicción aportada por la parte demandante (cuaderno digital de la Corte). Colpensiones arguye que el fallador de instancia no incurrió en la violación denunciada, toda vez que sí aplicó la

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Radicación n.° 93821 norma al caso concreto; que de prosperar el pedimento del actor la sentencia expedida por el ad quem obligaría a la entidad al reconocimiento de una pensión sin la debida financiación; que es necesario que se demuestre la existencia del riesgo y la realización de la cotización especial según el artículo 5° del Decreto 2090 de 2003, por tanto, la normatividad establecida y vigente se empleó de manera

correcta (Cuaderno digital de la Corte).

VIII. CARGO SEGUNDO Le atribuye al fallo impugnado la violación directa de la ley sustancial: […] por infringir directamente los artículos 35 de la Ley 712 de 2001, que modificó el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo, en relación con artículo 15 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en concordancia con los artículos 12 y 13 del mismo Acuerdo; 36 de la Ley 100 de 1993; 5° y 6° del Decreto 1281 de 1994, articulo 29, 48 y 53 de

la Constitución Nacional. Manifiesta que el Tribunal debió pronunciarse no solo sobre los temas planteados en el recurso de apelación, sino también sobre los derechos mínimos e irrenunciables del trabajador y cita el mismo aparte que indicó en el anterior cargo con el que afirma sustentó oportunamente el recurso de apelación. Esgrime, que le corresponde al juez resolver el litigio, a partir de los hechos acreditados en el plenario, subsumirlos en la norma que consagra el derecho en discusión, dado que conforme al mandato superior del artículo 230 constitucional

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Radicación n.° 93821 los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley; que así mismo, es deber estudiar la demanda y las pretensiones, la contestación de la misma y excepciones propuestas y decidir de forma imparcial, de acuerdo a las pruebas legalmente aportadas al plenario. Arguye que esta Sala ha dicho que el operador judicial

debe buscar la norma que resultara aplicable al caso concreto, con independencia de que el interesado la hubiese invocado en su demanda (CSJ SL1371-2017). Colige que el fallador de segundo grado incurrió en dislate al no resolver su apelación en la que se manifiesta, entre otros, los derechos mínimos del trabajador, dejando indemne el principio de la consonancia; que, por tanto, se vulneró la norma acusada, ya que su inconformidad es por la manera en que se aportó la prueba pericial de la demandada y que contribuyó para absolverla, pues se concluyó que en dicho dictamen pericial los valores que referenció corresponden a la accionada para los años 2006 y 2007, sin que sea posible aplicarlos para el estudio de los años 1982 a 1991, ni mucho menos en toda la vida laboral del actor, en atención a las modificaciones y factores bajo altas temperaturas con Cartón de Colombia S. A. (Cuaderno digital de la Corte).

IX. RÉPLICA Cartón Colombia S. A. manifestó que no se acudió a violación de medio para plantear la acusación de normas

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Radicación n.° 93821 adjetivas; que por lo demás reitera los argumentos de oposición al cargo anterior (Carpeta digital de la Corte) Colpensiones alega que se cometen falencias de técnica al no formular violación de medio en relación con las disposiciones de orden procesal; que si se decide flexibilizar el recurso para conocer de fondo se debe tener en cuenta que el recurrente no cumple con los requisitos para acceder a la pensión especial de vejez por alto riesgo como lo dictaminó el

juez de alzada (Cuaderno digital de la Corte).

X. CARGO TERCERO Imputa a la sentencia del Tribunal de violar por la vía indirecta: […] por yerros facticos en la errada valoración de las pruebas en relación con los artículos 51, 61, 165 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, en armonía con el artículo 165, 221 del Código General del Proceso, normas aplicables en el procedimiento del trabajo, en virtud del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que conllevo a la aplicación indebida del artículo 15 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en concordancia con los artículos 12 y 13 del mismo Acuerdo; 36 de la Ley 100 de 1993; 5° y 6° del Decreto 1281 de 1994 y articulo 29 , 48 y 53 de la Constitución.

ERRORES DE HECHO (folios 60 al 71 115, 132, 523, 543, 547,706, 836, 841, 857 y 859) Interrogatorio del perito, HELMER CASTILLO VERGARA, de fecha 23 de agosto de 2019 a las 9:35 am desde el minuto 05:04 y terminó en las 2hrs :16min :12ss y la declaración extrajuicio del señor Ricaurte Daza Astudillo. 1) Dar por demostrado sin estarlo, que RICAURTE DAZA ASTUDILLO, no trabajó expuesto a altas temperaturas en el cargo de ayudante de Calderas desde septiembre 20 de 1982 hasta el 14 de junio de 2011 con la empresa CARTÓN DE

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Radicación n.° 93821 COLOMBIA. 2) Dar por demostrado sin estarlo, que, según la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES, el actor no cumple con los requisitos establecidos por el Decreto 2090 de 2003 y Decreto 1281 de 1994. 3) No dar por demostrado, estándolo, que la empresa CARTÓN DE COLOMBIA S.A., desde que se notificó la demanda interpuesta por el actor contra dicha empresa, y su apoderada actuó con deslealtad procesal. 4) Dar por demostrado sin estarlo, que no existe obligación de CARTÓN DE COLOMBIA y solidariamente de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES, en el pago de la pensión de vejez especial, a favor del actor, desde septiembre 20 de 1982 h

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