CSJ - SL4036-2019

RepúbdleCi oclao mbia cone de SupremJau sticia SadleaC asaLcaibóonr al SaldaeD esconNg.e3"s tión JORGE PRADA SÁNCHEZ Magistproandeon te SL4036-2019 Radicanc.i6 5ó2n68 º Act3a3 Bogotá D. C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecinueve (2019). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por MARÍA CARIDAD ROJAS CIFUENTES, contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 30 de septiembre de 2013, en el proceso que instauró contra el

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.

l. ANTECEDENTES María Caridad Rojas Cifuentes llamó a juicio al Sena, para que fuera condenada al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a partir del 10 de abril de 2006, y no desde su retiro del servicio, junto con el pago de los intereses moratyol raicsoo ssd teaplsr oc( eflss1o.a 3 ).

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Radicanc.6iº5ó 2n6 8 Señaló que mediante Resolución 03576 de 2008, la enjuiciada le reconoció la pensión de jubilación en cuantía inicial de $1.020.254, condicionando el pago al retiro efectivo del servicio, que se produjo el 1 de mayo de 2009; que a partir de esta fecha fue incluida en nómina de pensionados de la

enjuiciada, hasta cuando fue asumida por el ISS, dada la compartibilidad de la prestación. Afirmó que debido a que adquirió el estatus de pensionada el 10 de abril de 2006, debió pagársele la prestación desde dicha calenda, en la medida en que «como bielnoc onsaglrala e 1y0 0d e1 993A,r t.i1n7c l.ao, b ligación dec otizcaers ean e lm omenteon q ues ec umplceo nl os requispiatropase nsionarse». Sostuvo que a pesar de que el Sena es una entidad pública, asumió la cobertura de la prestación, con la posibilidad de subrogarla en el ISS, de suerte que «lodsi neros del aS eguriSdoacdi eanlp ensio(n. e.)ss. o np ropieddeald SistedmeaP ensioyn neo(s.. ) .p ropieddeal daN aciónnid, e razón por la cual resulta viable lae ntidqaudel oasd ministra», su pago junto con el salario. El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, se opuso a las pretensiones de la demanda y, en su defensa, propuso las excepciones de inexistencia de causa jurídica para pedir, falta de causa para pedir, enriquecimiento sin causa, cobro de lo no de bido , buena fe exenta de culpa, improcedencia de la solicitud de intereses de mora y prescripción (fls. 35 a 40).

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Radicación n.º 65268 Aceptó el reconocimiento de la pensión de jubilación en cuantía inicial de $1.189.872. Señaló que si bien, la

accionante fue incluida en nómina de pensionados a partir de mayo de 2009, con ocasión de su renuncia, mediante Resolución 00511 de 2009 el Instituto de Seguros Sociales le reconoció pensión de vejez por valor de $1.282.175, por manera que se relevó de la obligación de pago. 11.S ENTENCDIEAP RIMERIAN STANCIA Mediante proveído de 3 de junio de 2011, el Juez Primero Adjunto al Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, absolvió a la demandada, declaró probada la excepción de inexistencia de causa para pedir y condenó en costas a la demandante (fls. 71 a 78). 111S.E NTENCDIEAS EGUNDIAN STANCIA Se surtió por apelación de la actora y culminó con la sentencia gravada. El Tribunal confirmó la decisión de primer grado e impuso costas a la vencida en juicio (fls. 105 a 118). Dijo que no era materia de discusión que por los servicios prestados al Sena y al ser beneficiaria del régimen de transición, la demandante satisfizo los requisitos exigidos por la Ley 33 de 1985 el 1 O de abril de 2006; que el pago de la prestación fue condicionado al retiro del servicio de la entidad oficial y que, una vez finalizó el vínculo contractual con el Sena, el 1 de mayo de 2009, le fue reconocida la

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Radicación n. º 65268 prestación, compartida con la pensión de vejez otorgada por el ISS. Ubicó la inconformidad de la accionada, en dilucidar si

le asistía derecho al pago de la mesada pensional a partir del 1 O de abril de 2006, dada la prohibición de percibir una dob le asignación proveniente del tesoro público de que tratan los artículos 128 de la Constitución Política y 19 de la Ley 4 de 1992. Luego de referirse a la naturaleza jurídica del Sena, y a su patrimonio y financiación de conformidad con el artículo 30 de la Ley 119 de 1994, estimó que los recursos de la entidad debían tenerse como públicos, en tanto se conformaban por «impuetsatsoacsso,,n tribyur ceicounresso s dec apiptaarclau mplladi ers tinparceivóeinnse t lra e spectivo presupuesto». Expuso que si en gracia de discusión, los recursos de la demandada no fueran de naturaleza . pública, las pretensiones de la demandante resultarían incompatibles, pues no era dable recibir de manera concomitante salario y mesada pensional, en tanto «etnr atánddeos seer vidores públiucnoavs e,rz e únlaonrs e quidseil teopysa raac cead er lap ensidóejn u bilacdievó enj seezg úenlc as(o. ,).n .o o empieazd ains frduelt apa rre stahcaisóttnaa n atcor edeilt en reteifreoc dteislve or vicio». Reprodujo apartes de la sentencia CSJ SL, 21 feb. 2012, rad. 48872 y memoró lo dicho por esta Corporación «eenl SCLAJPT-V1.00 0 4 Radicación n. º 65268

sentdiedq ou eu nad el afisn aliddaedl eaps e nseisó n reemplaezlsa arl areisot,eo s ,s uplliarp érdiddeag anancia delm ismoc,o nvirtiéenlrd eotsiedr eols erviecnic oo ndición para su disfrute, de suerte que resultan sinqeu an on» excluyentes al compartir idéntico fin. Luego, concluyó: (. ).a .c erdcela a m anifestdaecclie ónnse oncr u anqtuoee n e ste caspoa rtincopu uleadtrer aearc soel aeclDi eócnr 7e5td8oe 1 990 enc uanltaeo x igednecrlie at dierrloé gimteondv,ae qzu en o regullasa i tuadceli oóesnm pleaods oesr vidpoúrbelsid ceobse, deciqrusneeo l ea sisrtaez ópnu,es sib iesnet radteas ervidor públbiecnoe fipcoieralr d éog idmeet nr anssiect iióeqnnu,eée s te siemperset uavfiol iaald! oS Sy cotizaalnm dios maof ,i dne subrogealre smep leapdaorrc oi taolt alm• uennatv ee,zé ste reunileorrsea q uiesxiitgopisda orlsaap ensdieóv ne zp;u evsa le recorqducaeor n folroem set abellae rcteí 3c2ud lelo aL e1y0 d0e 199e3,ne lR égimdeePn r imMae dicao Pnr estaDceifiónni da,

apli"c ... adni sposivciigoennpetaser lsao sse gudreoi sn validez, vejyem zu eratc ea rdgeoIl n stidteSu etgou Sroocsi acloelnsa ,s adicimoondeisfi,c ayce ixocneepsc cioonnteesne ined satlsae y.". IV.R ECURSOD EC ASACIÓN Interpuesto por la demandante, fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, que procede a resolverlo.

V. ALCANCDEE L AI MPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, acoja las pretensiones de la demanda en cuanto a que

«LPAE NSISÓEDN E BREE CONOCyE R

PAGADRE SDLEA F ECHEAN Q UEC OMPLETALROOSRN E QUISITOS PARAP ENSIONARSE, independieqnutee s e encuentre laborando». 5

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Radicación n.º 65268 Con tal propósito formula un cargo, que no merec10 réplica.

VI. CARGO ÚNICO Acusa violación directa, por interpretación er.rónea, de los artículos literal, y inciso y 3 de la 11,1 3 15,1 7,2 1 36 2

Ley 100 de 1993, lo que condujo a la aplicación indebida de los artículos 29 del Decreto 2400 de 1968, 68, 75, 76 y 78 del Decreto 1848 de 1969, 1 del Decreto 625 de 1988, 8 de la Ley 71 de 1988, 9 del Decreto 1660 de 1989, 2, 13 y 35 del

Decreto 75 8 de 1990. Refiere que con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, fueron derogados la Ley 71 de 1988 y el Decreto 75 8 de 19 90, excepto para las personas que gozaran del régimen de transición del artículo 36 de dicha normativa, a quienes se les respetaría la edad, el tiempo de servicio o semanas cotizadas y el monto de la pensión, tal cual se ha adoctrinado jurisprudencialmente. Solicita se aclare y rectifique la sentencia gravada, en punto a la exigencia del retiro del servicio para entrar a disfrutar de la mesada pensiona!, en tanto, sostiene, bajo los parámetros de la Ley 100 de 1993 ,,LCAE SACIDÓEN L A

OBLIGAC-IDÓECN O TIZLAARC ONSAGDREA MA NERAC LARYA

PRECILSAMA I SMAL EY,Q UEE ST ANTCOO MOU NAD ESAFILIACIÓN

AUTOMÁTICPAO RMA NDATOL EGALP,A RAR ESPETADREE SAF ORMA ELD ERECHAOD QUIRDIEDP OE RCILBAIM RE SADdAes>d>e el día siguiente a la fecha en la que se alcanzaron los requisitos.

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6 Radicación n. º 65268 Señala que es el propio estatuto de la seguridad social integral el que impone la solución que plantea, en la medida en que solo existe obligación de cotizar hasta cuando se completen los requisitos para pensionarse pues, una vez logrados, hacen parte del patrimonio del afiliado. Enseguida, discurre: Yp arrae afirlmoaa nrt esriiqnou ree,l gleon eurnme a eln tendido

oq usee v iecroamu on maa lpar ácetnic cuaa,na qt uose ee starian percibsiaelnaydrp oie on siDEJóOnM ,U YE NC LARQOU EE SOS

DINERCOOSN Q UES EP AGAPNE NSINÓONS ONN ID EL OS

PARTICULNAIDR EEL SA,E NTIDQAUDEL OSA DMINISNTIR A, DELE STADSOI,N QOU ES OND ELS ISTEGMAE NERDAEL PENSIOqNuEaeSl ,ap osetsre eol b liagr aedsop opnoderepl ra go dee samse sadpaesn sionales. Esq ues eñoMra gisterlah deoc,hq ou eu nap ersohnaay a alcanlzaea ddaond e cespaarrpiaea n sioEnNaN rAsDeIA,M PIDE QUES IGLAA BORANaDliO g,u qaulee l h ecqhuoue n ap ersona haycao mpleltaassd eom anoa esl t iemnpeoc espaarriao pensionLaOIr MsPeI,PD AER SAE GULIARB ORANpDeOrd,oe igufaolr mealh, e cqhuose e L LEGUAE P ENSIOENNAN RA,D A IMPIQDUEEP UEDSAE GULIARB ORANYDs Oiy. ac omplleotsó requipsairptaeo nss ioynt airedsneeer eacq huose el ree conozcan lobse nefipcoierol sle osN,oO P UEDSEE RO BICPEA RQAU EL A

PERSONQAU ES IGLAA BORANSDEOL ,E C ANCELSEUNS

DINERPOOSRL AE JECUCPIEÓRNS ONDAESL U T RABAJyO,a

suv ezp uedpae rceilbB iErN EFIQCUIEOL EO TORGLAA

CONSTITUYCL IALÓ ENYD ER ECIBSIUMR E SADPAE NSIONAL

PORE LC UMPLIMIDEENL TOOSR EQUISQIUTEOL SAL EYL E

IMPOPNAER EAS EB ENEFICIO.

Por último, insiste en que no es razonable que luego de acreditar las prerrogativas para acceder a la pensión, se le exija uno adicional, cual es el retiro del servicio, pues al tratarse de un derecho adquirido ya forma parte de su patrimonio.

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Radicacni.ºó6 n5 268 VIIC.O NSIDERACIOENS Dadoq uel ac ensuerdai fiscuaa taqau pea rtdielr a afirmacdieóq nu el ea sisdteer ecahlpo a gdoe l ap ensión desdeelc umplimideeln otrsoe quiseil1t 0od se a brdiel 2006q,u en od esdleaf echdaer etidresole rvipceiroso,e abstideenc eu estieolna arrg umednetjlou eczo legieand o tornaol an aturalpeúzbal idcela o rse curdseoSlse nyal a consecuiemnptoes ibidlepi edracdi sbiimru ltánealmae nte pensidóenj ubilaac ciaórng doe l ae ntidya edls alario provenideeln atm ei smat,o dvae qzu ev iollaap rohibición estableecne ilda ar tíc1u2l8do e l aC onstitPuocliíótni ca;

pardae spacdheasrf avorabelleú mneincctoae r gboa,s ta memoralro q uel aC orttei enaed octrienna cdaos os similanroe ssi,na nterse feqruiere n sentenCcSiJa SL7l6 93-20r1e6i,t ereanld aaC SJS L925-2l0a1S 8a,l a sostuvo: Así las cosas, al dejar libre de ataque algunos pilares fundantes de la sentencia gravada, el impugnante no se aproxima al objetivo que se propuso en la formulación del alcance de la impugnación, en la medida en que las premisas inatacadas permaneces enhiestas en apoyo de la decisión del ad quem, con lo cual desatiende la carga de socavar los cimientos del fallo que viene precedido de la presunción de legalidad y acierto, propia de los que dicta un funcionario judicial en ejercicio de la potestad de juzgamiento que le confieren la Constitución Política y la Ley. Conviene no olvidar que el recurso extraordinario de casación no es una tercera instancia en la que la misión del juzgador consista en examinar de nuevo el expediente en perspectiva de decidir cuál de las partes está asistida de razón, sino que su concepción y naturaleza extraordinaria, imponen que la labor de la Corte se limite a la confrontación de la sentencia del Tribunal con el ordenamiento jurídico, siempre que el censor sepa encauzar su inconformidad, lo que no sucede en esta ocasión, por lo que se dejó explicado.

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8 Radicación n. º 65268 Así pues, la decisión de no acceder al pago de la pensión

de jubilación a partir del momento en que la actora causó los requisitos para acceder a la prestación (1 O de abril de 2006), se debió a que, para dicha fecha, aquella se encontraba al servicio del Sena, el cual es un establecimiento público del orden nacional, de conformidad con el artículo 1 de la Ley 119 de 1994, por manera que la percepción de un salario proveniente de una entidad oficial, genera la incompatibilidad de que trata la norma constitucional mencionada, de suerte que no era dable proceder a su reconocimiento. Sobre el punto, esta Corte en sentencia CSJ SL, 9 feb. 2010, rad. 32514, enseftó: En efectboa,s taac ár ecoreld aarrt loí 1c2u8 dela Cartqau,e repudyi par oscerl irbeec idbeom ásd eu naa signaqcuieó n provendgela T esoPúrobli cod ee mpresdaesi nstituecni ones o o lasq uet engpaa rmtaey orietl Easrtiaadb oa,je lo e ntenddied o correspaol ncdoenrc edpetd oih oc tesolorsod el a Nación, entidtaedrersil etsyo d relia asd escelinztardayaq su,eel H ospli ta demandeasdu on ae mpressoacl ideal Estadpoo,r qcuoefn,orm e al aríctulo3 8 dela L ey48 9 de1 998,n umel r2,ali tel er,aha ce pardtele s ecteosrtl a dteascelinztarpdaoosr e rvipcoilrooq su,lea prhoibiccioónns titl ruicgeienos nuáa mbi. At souv ezel, a ríctulo

19 dela L ey4ª de1 992 prescqruienb aed pieo drdáe semñapre simltuáneammeánstd eeu ne mlpeopú blicnoir, e cimbáisdre u na asignaqcuiepó rno vednelg Tae soPúrboli cod,e e mpresdaes o o instituecnil aosnq euset engpaa rtmea yorietl aEsrtiaad yo, aunq.fuzjaeu naesxc epcioenneel lasn ,os ec ontleame l pcasdoel accio.n Eanne l tmeismsoe ntriedgloaut la aspeecl atroíct ulo8 de laL ey71 de1 988; y el Decre11t6o0 d e1 989 ens ua trículo9 ordepnaar,laa e fectdiadv yip agdoel a p ensqiuó"enL apse nsiones dej ubilaicnivóanly,i d deev ze jeuzn,av erze conocsiehd aarsá,n efectyid veabse rpáang amresnes ualmdeenstdleeaf ecehnaq uee l empleoat droa bajeanfod romrad efinisteri evtadi erslee rvois cei o desafidleli oess e gudreoi sn valviedjemezuz,e, r yt aec cidednet es trabyae jnof ermperdoafde sPiaorneaale l f.e cltaro e,s peecnttiivdaa d pagadcoormau niaclare ám plealdafo erc ah paa rtdielr a c uasle incluirá en nómina al pensionado para que proceda a su retiro del servi.c".i .o

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Radicanc.ºi6 ó5n2 68 Pomra nerqau el ai ncompatisbeiñlaildpaaoddera l T ribusnea l avieand·ee recahuonc, u anfudeo e rróenxepor ecsoamrlo,oh izo, queu np ensionnoatd ioe dneer ecah poe rciablmi irs mtoi empo puesqtuoes ie lp ensionado unar etribupcoirós nu labor, o jubillaadboo ernae ,lm ismsoe cteosrt aetsao lb,v qiuoe d eberá remunerlaalr asbepo ure sd,en oh acerhsaeb,rq áu ebradnet o derecfuhnodsa mentaCloessda.i stiensqt uaen op odrráe cibir simultánelaapm eennstipeóú nb liccoama,oc áa conteció Enc oncludsaidóqonu ,ee lj uzgaddeao lrz aaddav irtió quel as uspensdieólpn a gdoe l ap ensidóenj ubilación convencdieol naaal c tofruape,r odudcetl oai mposibilidad juríddiedc eav enmgáasrd eu nae rogapcrioóvne ndieeln te erarniopo u,d ion cuernre iqru ivocadceti aoelnn etsi qduaed llevaarlqa une brantadmeli ase ennttoe npcomiraa n,e qruae , elc arngoop rospera. Sinc osteanse lr ecuresxot raorddiandaqoru ieno o, hubroé plica. VIIDIE.C ISIÓN Enm éridtelo oe xpuelsaCt oor,St uep redmeJa u sticia,

SaldaeC asacLiaóbno raadlm,i nistjruasntdeioncn ioam bre del aR epúblyi pcoara utoriddela adl eyN,O CASAl a sentedniccitaea l3d 0ad es eptiedme2b 0r1ep3 o,lr a S aldae DescongeLsatbioórdnae llT ribuSnuaple rdieolDr i strito JudicdieaM le deldleínnt,dr eopl r oceosrod inlaarbioor al segupiodMroA RÍCAA RIDADR OJACSI FUENTcEoSn terla

SERVICNIAOC IONDAELA PRENDIZSAEJNEA .

Costcaosm,so e d ijo.

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Radicación n. 65268 º Cópisee, notfiiques, e publíuqes,e cúmpales devuélavsee lex pedinetea lT rbiuna]d eo rieng. y

DONALD

JOSÉ DIXP ONNEFZ

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