CSJ - SL4083-2021

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL4083-2021 Radicación n.º 82114 Acta 031 Bogotá D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por BLANCA NEY PIRATOBA TORRES contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. el 19 de abril de 2018, en el proceso que le sigue a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA

DE PENSIONES COLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES Blanca Ney Piratoba Torres demandó a la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante, Colpensiones), para que se le reconociera y pagara la pensión de sobrevivientes, en su condición de cónyuge supérstite, junto con el retroactivo pensional a partir del 1º de noviembre de 2013, las mesadas adicionales, los aumentos anuales, la indexación y los intereses moratorios.

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Radicado n.º 82114 Respaldó sus pretensiones, señalando que su cónyuge, Bernardino Garnica, falleció el 1º de noviembre de 2013 y «[…] que disfrutaba de la pensión de vejez reconocida mediante resolución No 28120 del 1 de septiembre de 2012». Relató que contrajo matrimonio el 5 de enero de 1958 y «[…] convivió con el causante bajo el mismo techo y mesa»; que nunca se disolvió el vínculo conyugal, ni se liquidó la sociedad de bienes y que «[…] procrearon tres hijos de

nombres Luz Marlen Garnica Piratoba, Gloria Inés Garnica Piratoba y Bernardo Garnica Piratoba». Manifestó que elevó solicitud en dos ocasiones para el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes ante Colpensiones, las cuales fueron negadas. La primera, el 16 de septiembre de 2014, mediante la Resolución n.° 321520; y la segunda, el 19 de agosto de 2016, mediante la Resolución n.° 245734. Al dar respuesta, Colpensiones se opuso a las pretensiones, y en cuanto a los hechos, aceptó el reconocimiento de la pensión de vejez, la fecha de la muerte del causante y lo relativo al trámite administrativo, pero advirtió que la convivencia bajo el mismo techo entre la pareja no le constaba, ya que la demandante se encontraba viviendo en España hacía varios años. En su defensa, propuso las excepciones que denominó inexistencia del derecho, prescripción, carencia de causa 2

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Radicado n.º 82114 para demandar, presunción de legalidad de los actos administrativos, cobro de lo no debido y «no configuración del derecho al pago del I.P.C., ni de indexación o reajuste alguno» ni «[…] al pago de intereses moratorios ni indemnización moratoria».

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá D.C., mediante sentencia del 27 de febrero del 2018, resolvió: PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de inexistencia del derecho y de prescripción propuestas por la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES.

SEGUNDO: DECLARAR que la Sra. BLANCA NEY PIRATOBA TORRES, en calidad de cónyuge supérstite tiene derecho a la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de su esposo señor BERNARDINO GARNICA, desde el 1° de noviembre de 2013, y con una mesada inicial de $589.500

TERCERO: CONDENAR a COLPENSIONES a pagar a la demandante BLANCA NEY PIRATOBA TORRES en su calidad de cónyuge supérstite del causante, la suma de $37.487.515.oo por mesadas causadas entre el 1° de noviembre de 2013 y el 31 de enero de 2018 y a partir de febrero de este año, una mesada por valor de $781.242, y en adelante con los reajustes legales y la mesada adicional que se causen.

CUARTO: AUTORIZAR a COLPENSIONES para descontar de las mesadas referidas, el valor de los aportes que proceden con destino al sistema de seguridad social en salud.

QUINTO: CONDENAR A COLPENSIONES a reconocer a la demandante, los intereses moratorios a la tasa máxima de interés moratorio vigente, para el momento en que se efectúe el pago, liquidados mes a mes sobre cada una de las mesadas a partir del 1° de junio de 2014 y hasta cuando se efectúe el pago de la prestación pensional aquí ordenada.

SEXTO: ABSOLVER a la entidad accionada de las demás pretensiones incoadas en su contra por la demandante

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., mediante providencia del 19 de abril del 2018, al resolver el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones, revocó la sentencia de primera instancia y la absolvió. Indicó que no se discutía que la demandada le reconoció al causante la pensión de vejez en el año 2012 y que «[…] el pensionado falleció el 1° de noviembre del 2013 según el registro civil de defunción (f.° 26)». Señaló que el otorgamiento de la pensión de sobrevivientes suponía un análisis riguroso de los condicionamientos para acceder a dicha pensión establecidos en el artículo 13 de la Ley 797 del 2003. En ese sentido, manifestó que, […] hay límites personales y temporales para los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, establecidos en el artículo 13 de la ley 797 del 2003, dichos límites consisten en que el beneficiario a la muerte del causante tenga 30 o más años de edad y deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante o que haya convivido con el fallecido no menos de 5 años continuos a su muerte. Igualmente, que dicho artículo busca un fin legítimo al proteger a los miembros del grupo familiar del causante ante el reclamo ilegítimo de personas que no tendrían el derecho a recibirlo, por otra parte, la norma persigue favorecer a uniones que evidencien un compromiso de vida real con vocación de permanencia ello orientado a proteger el matrimonio de la familia del pensionado, ante eventuales maniobras fraudulentas de personas que solo

persiguen el beneficio económico de la pensión, es así que las exigencias de la ley son razonables y proporcionales. 4

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Radicado n.º 82114 Posteriormente, se refirió a la sentencia CSJ SL140052016 y sostuvo que «[…] ello es así por cuanto a la falta de cónyuge también puede ocurrir, por ejemplo y fuera de las anunciadas eventualidades por haberse perdido entre los cónyuges la cohabitación o convivencia, elemento esencial de tal clase de vínculo jurídico por circunstancias no atribuibles al pensionado fallecido». Es decir, «[…] lo que ha entendido la corte por fuente del derecho pensional de sobrevivencia no es la simple formalidad jurídica que ata al causante con su pareja, sino el hecho real de la convivencia y el apoyo mutuo que en vida se dispensaron por el término mínimo». Luego de citar cada una de las declaraciones testimoniales de Gloria Cristina Sepúlveda y de Guillermo Urrego Trujillo, concluyó que no existían los elementos de juicio ni claridad suficiente para acreditar la convivencia alegada por la demandante. En particular, se refirió al segundo de ellos, en el sentido que afirmó que cuando la actora se trasladó a España, el causante vivió solo en un hogar geriátrico hasta el momento de su deceso. Adicionalmente, aseguró que la demandante no asistió a las honras fúnebres ya que se encontraba enferma y que sus hijos trabajaban en España, razón por la cual tampoco estuvieron presentes. Agregó que, «[…] Si bien se mencionó sobre la ayuda económica que recibía el causante, el testigo

afirmó que dichas actuaciones no le constaban de manera directa». 5

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Radicado n.º 82114 Consideró que, ante la ausencia de prueba que acreditara la convivencia de la demandante con el causante al momento del fallecimiento, debía negarse el reconocimiento de la prestación. Concluyó manifestando que «[…] el objetivo de la pensión de sobrevivientes es impedir que ocurrida la muerte de un pensionado, quienes dependían de él se vean obligados a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales de su fallecimiento», circunstancia que no se configuraba en el caso bajo estudio.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver de acuerdo con los términos en que fue presentado y dentro de las competencias que otorga el recurso extraordinario.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Se pretende que la Corte case la sentencia, para que, en sede de instancia, confirme la decisión proferida por el juzgado, en cuanto accedió a las pretensiones de la demanda inicial.

Con tal propósito, formula un cargo, el cual es replicado y resuelto a continuación. 6

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VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia de violar indirectamente, por aplicación indebida, «[…] la ley 797 de 2003 artículo 12, artículo 13 literales a y b., antes de (sic) artículos 46, 47 y 74 de la ley 100 de 1993 y 141 de la ley 100 de 1993 artículo 21

C.S.T. principios de la buena fe y los preceptos superiores 13 y 53». Enumera como errores de hecho manifiestos, los siguientes:

1. No dar por demostrado, estándolo, que el señor BERNANDINO

(sic) GARNICA (q.e.p.d) convivio (sic) por más de 40 años con la

señora BLANCA NEY PIRATOBA TORRES.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la señora BLANCA NEY PIRATOBA TORRES y el señor BERNANDINO (sic) GARNICA

(q.e.p.d) nunca se divorciaron ni disolvieron el vínculo matrimonial, conforme obra en la prueba aportada a folio 27.

3. No dar por demostrado, estándolo, que la señora BLANCA NEY PIRATOBA TORRES y el señor BERNANDINO (sic) GARNICA

(q.e.p.d) no tuvieron otra pareja de conformidad al testimonio rendido por la señora Gloria Cristina Sepúlveda Gil y el señor Guillermo Urrego Trujillo.

4. No dar por demostrado, estándolo, que la señora BLANCA NEY PIRATOBA TORRES y el señor BERNANDINO (sic) GARNICA

(q.e.p.d) tuvieron tres hijos, de conformidad al testimonio rendido por la señora Gloria Cristina Sepúlveda Gil y el señor Guillermo Urrego Trujillo

5. No dar por demostrado, estándolo que los hijos de BLANCA NEY PIRATOBA TORRES y el señor BERNANDINO (sic) GARNICA (q.e.p.d) de conformidad al testimonio rendido por la señora Gloria Cristina Sepúlveda Gil, cada uno tenía su familia.

6. No dar por demostrado, estándolo, que la señora BLANCA NEY PIRATOBA TORRES cuando se fue para España, tenía 60 años de edad de conformidad al testimonio rendido por la señora

Gloria Cristina Sepúlveda Gil y el señor Guillermo Urrego Trujillo. 7

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7. No dar por demostrado, estándolo, de conformidad al testimonio rendido por la señora Gloria Cristina Sepúlveda Gil, el señor GARNICA (q.e.p.d), convino con su pareja que ella viajara a España.

8. No dar por demostrado, estándolo, que la señora BLANCA NEY PIRATOBA TORRES cuando se fue para España, se dio por la situación económica, de conformidad al testimonio rendido por la señora Gloria Cristina Sepúlveda Gil y el señor Guillermo

Urrego Trujillo.

9. No dar por demostrado, estándolo, que la señora BLANCA NEY PIRATOBA TORRES cuando se fue para España, fue por razones de trabajo, de conformidad con el testimonio rendido por la señora Gloria Cristina Sepúlveda Gil y el señor Guillermo Urrego

Trujillo.

10. No dar por demostrado, estándolo, que el BERNANDINO (sic) GARNICA (q.e.p.d) se pensiono (sic) solo hasta el 1 de septiembre de 2012, como lo menciona la prueba documental GNR 321520 que obra folio 11 y 12 del plenario.

11. No dar por demostrado, estándolo, que de conformidad al testimonio rendido por la señora Gloria Cristina Sepúlveda Gil,

el señor GARNICA (q.e.p.d), viajo (sic) en una ocasión a España.

12. No dar por demostrado, estándolo, que la señora BLANCA NEY PIRATOBA TORRES, siempre le brindo (sic) a su esposo ayuda y socorro y que los motivo (sic) de ir a otro sitio ajeno a su patria a pesar de su avanzada edad fueron laborales, precisamente para socorrer a su esposo de acuerdo con las pruebas recaudadas testimonialmente.

13. No dar por demostrado, estándolo, que de conformidad al testimonio rendido por la señora Gloria Cristina Sepúlveda Gil, la señora BLANCA NEY PIRATOBA TORRES venia (sic) acá a Colombia, pero que por motivos de salud no pudo venir para el sepelio de su esposo.

14. No dar por demostrado, estándolo, que la señora Gloria Sepúlveda Gil indicó que conoció al señor BERNARDINO (sic) GARNICA (q.e.p.d) y a la señora BLANCA NEY PIRATOBA TORRES, hacía más de 30 años, porque eran vecinos.

15. No dar por demostrado, estándolo, que la señora BLANCA NEY PIRATOBA TORRES desde España, mandaba dinero para los gastos del señor GARNICA (q.e.p.d), ya que el (sic) dejo (sic) de trabajar, esto de conformidad al testimonio rendido por la

señora Gloria Cristina Sepúlveda Gil. 8

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16. No dar por demostrado, estándolo, que la señora BLANCA NEY PIRATOBA TORRES desde España, mandaba dinero para el

señor GARNICA (q.e.p.d), con un muchacho de la familia de confianza, esto de conformidad con el testimonio rendido por la señora Gloria Cristina Sepúlveda Gil.

17. No dar por demostrado, estándolo, que la señora BLANCA NEY PIRATOBA TORRES se encontraba en España por situación económica. (sic) Ya que ellos estaban en una situación económica mala esto de conformidad al testimonio rendido por Guillermo

Urrego Trujillo.

18. No dar por demostrado, estándolo, que la señora BLANCA NEY PIRATOBA TORRES desde España, que el dinero que mandaba para el señor GARNICA (q.e.p.d) porque él no tenía ningún ingreso y doña Blanca mandaba la plata, esto de conformidad al testimonio rendido por la señora Gloria Cristina

Sepúlveda Gil.

19. No dar por demostrado, estándolo, que la señora BLANCA NEY PIRATOBA TORRES y el señor BERNANDINO (sic) sí tenían contacto seguían compartiendo así fuera a la distancia, esto es de conformidad al testimonio rendido por el señor Guillermo

Urrego Trujillo.

20. No dar por demostrado, estándolo, que la señora BLANCA NEY PIRATOBA TORRES y el señor BERNANDINO (sic) se hablaban y se comunicaban por teléfono, esto de conformidad al testimonio rendido por señor Guillermo Urrego Trujillo.

21. No dar por demostrado, estándolo, que quien aportaba para sus gastos fue la señora BLANCA NEY PIRATOBA TORRES y que precisamente ese fue el motivo de su viaje a España, motivos laborales y por la situación difícil de conformidad al testimonio

rendido por el señor Guillermo Urrego Trujillo. Indica como pruebas no valoradas:

1. La prueba documental que obra a folio 11,12 del plenario, que da cuenta de la prueba documental GNR 321520 del 16 de septiembre de 2014.

2. La prueba documental que obra a folio 15 y 16 del plenario, referente al Escrito de Nuevo estudio presentado ante la Administradora Colombiana de Pensiones, el 06 de junio de 2016, con número de radicado 2016-4631471, donde se adjuntan nuevamente todos los documentos requeridos para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, incluyendo las declaraciones extrajuicio solicitados con la resolución GNR 321520 de septiembre de 2014.

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Radicado n.º 82114 Señala como pruebas indebidamente apreciadas:

1. Valorar de manera inadecuada la testimonial recepcionada directamente por el A quo en diligencia del día 20 de noviembre de 2017 y de la cual obra en el expediente de la referencia, grabación magnetofónica de la señora GLORIA CRISTINA SEPÚLVEDA GIL (minuto 8:43 al min 28:02).

2. Valorar de manera inadecuada la testimonial recepcionada directamente por el A quo en diligencia del día 20 de noviembre de 2017 y de la cual obra en el expediente de la referencia, grabación magnetofónica de los señores GUILLERMO URREGO TRUJILLO (minuto 28:03 al min 47:30).

3. La prueba documental que obra a folio 27 del plenario, referente al registro del matrimonio del causante, Registro civil

de matrimonio entre el causante Bernandino (sic) Garnica y mi representada Blanca Ney Piratoba Torres, donde se desprende que no existe ninguna nota marginal de disolución del matrimonio, por lo cual el vínculo matrimonial perduro (sic) hasta el fallecimiento del causante. Aduce que el Tribunal incurrió en error de hecho, al no considerar las pruebas de folios 11, 12, 15 y 16 del expediente, que fueron recaudadas y válidamente incorporadas. Sostiene que hubo una indebida valoración de las pruebas testimoniales rendidas por Gloria Cristina Sepúlveda Gil y Guillermo Urrego Trujillo, referente al registro de matrimonio y que no existió ninguna nota marginal de disolución del matrimonio. Pone de presente que dichas pruebas indebidamente valoradas llevaron al Tribunal a una conclusión contraria, ya que ellas son contundentes y dan certeza de la convivencia y el apoyo mutuo entre la pareja. 10

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Radicado n.º 82114 Manifiesta que el Tribunal no tuvo en cuenta los principios de favorabilidad ni de in dubio pro laborare, debido a que se allegaron pruebas suficientes para solucionar el conflicto en su favor. También agrega que fue vulnerado el principio de igualdad, al aplicar la Ley 797 de 2003 el artículo 13 literales a y b, refiriéndose a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Concluye que, a partir del error en que incurrió el Tribunal, por la aplicación indebida de las normas y las pruebas indebidamente valoradas, llegó a una conclusión desacertada, pues de hacerlo correctamente, habría

reconocido su derecho a la pensión de sobrevivientes.

VII. RÉPLICA Colpensiones advierte que la recurrente erró al invocar la indebida valoración de testimonios, por cuanto ellos no son prueba hábil en casación y a su vez continúa reforzando argumentos que han sido utilizados desde el inicio del debate jurídico, cuestión que tiene más semejanza con un alegato de instancia que con un recurso extraordinario de casación.

Señala que el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes requiere que se establezcan los requisitos consagrados en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, bajo el cual es necesario que, «[…] pese haber existido una relación de cónyuges, se mantuvieran reales los lazos de solidaridad y de ayuda mutua del causante y la accionante». 11

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Radicado n.º 82114 Aclara que el objetivo principal de este tipo de prestaciones, «[…] es salvaguardar los derechos de los miembros cercanos del núcleo familiar del afiliado o pensionado que fallece y que lo apoyaron en sus últimos años de vida». Sostiene que, de las pruebas aportadas, no se puede extraer con certeza que se hubieran mantenido los lazos de ayuda mutua y solidaridad hasta el fallecimiento, y que, por el contrario, quedó debidamente probado que la accionante vivía en España y que abandonó a su pareja. Por último, estima que la decisión del Tribunal fue acertada en atención al principio de la libre apreciación probatoria, insistiendo en que no se demostraron los lazos de apoyo, solidaridad y colaboración entre la pareja, razón por

la cual no se puede pretender que se acceda al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes solicitada.

VIII. CONSIDERACIONES Contrario a lo indicado por la oposición, la Sala puede comprender los argumentos presentados por la impugnante en contra de la sentencia de segunda instancia, de manera que se procederá a su estudio.

Se encuentra que no existe controversia frente a los siguientes supuestos de hecho: (i) que Bernardino Garnica disfrutaba de una pensión de vejez reconocida mediante la 12

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Radicado n.º 82114 Resolución n.° 28120 del 1º de septiembre de 2012; (ii) que el causante falleció el 1º de noviembre de 2013; (iii) que contrajo matrimonio con la demandante el 5 de enero de 1958, el que se encontraba vigente al momento del deceso y (iv) que los cónyuges procrearon tres hijos durante su relación conyugal. El problema jurídico que se plantea a la Corte para su estudio consiste en determinar si erró el Tribunal al establecer que Blanca Ney Piratoba Torres no era beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, al no existir prueba de su convivencia con Bernardino Garnica. Esta Corte ha señalado que la norma que rige los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes es la vigente al momento del fallecimiento del causante. En ese contexto, la disposición aplicable al caso objeto de estudio es el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el 47 de la ley 100 de 1993, por encontrarse vigente al 1º de noviembre

de 2013.

La mencionada normativa dispone: Artículo 13: Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte.

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Radicado n.º 82114 En este sentido, la Sala ha señalado el correcto entendimiento que se le debe dar a esta norma, indicando que el o la cónyuge que pretende acreditar la calidad de beneficiaria/o debe demostrar una convivencia mínima de cinco años con el causante en cualquier tiempo. Entre otras, en la sentencia CSJ SL1399-2018 la Corte indicó: Por otra parte, la Corte ha clarificado que el referente que le permite al cónyuge separado de hecho o de cuerpos acceder a la pensión de sobrevivientes es la vigencia o subsistencia del vínculo matrimonial. Por lo tanto, otras figuras del derecho de familia, tales como la separación de bienes o la disolución y liquidación de la sociedad conyugal no son relevantes en clave a la adquisición del derecho. [...] Así mismo, la separación de hecho tampoco frustra este derecho,

pues esta circunstancia fáctica no extingue de suyo los deberes recíprocos de los cónyuges de entrega mutua, apoyo incondicional y solidaridad, los cuales perviven hasta tanto se disuelva el vínculo matrimonial. Ello explica por qué, para el legislador del 2003 a pesar de la separación de hecho de los cónyuges, es decir, de la cesación de la comunidad de vida, si alcanzan a convivir al menos 5 años, el supérstite puede adquirir la pensión de sobrevivientes mientras ese vínculo no se disuelva, ya que los deberes de la pareja subsisten, al margen de si se allanaron a ellos o no (subraya la Sala). Así mismo, antes de que la Corte realice el análisis de las pruebas denunciadas como no valoradas y erróneamente apreciadas, conviene recordar que, si bien el artículo 60 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social impone a los jueces la obligación de analizar todas las pruebas oportunamente allegadas, también están facultados para darle mayor valor a cualquiera de ellas sin sujeción a la tarifa legal, salvo cuando la ley exija determinada solemnidad ad 14

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Radicado n.º 82114 substantiam actus, pues en esa eventualidad «[…] no se podrá admitir su prueba por otro medio», como lo señala la norma citada. Sobre el particular, la Sala en sentencia CSJ SL, 5 noviembre 1998, radicado 11111, reiterada en la sentencia CSJ SL4514-2017, señaló: El artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral les concede a

los falladores de instancia la potestad de apreciar libremente las pruebas aducidas al juicio, para formar su convencimiento acerca de los hechos debatidos con base en aquellas que los persuadan mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso. Todo ello, claro está, sin dejar de lado los principios científicos relativos a la crítica de la prueba, las circunstancias relevantes del litigio y el examen de la conducta de las partes durante su desarrollo. Pueden, pues, los jueces de las instancias al evaluar las pruebas fundar su decisión en lo que resulte de algunas de ellas en forma prevalente o excluyente de lo que surja de otras, sin que el simple hecho de esa escogencia permita predicar en contra de lo resuelto así la existencia de errores por falta de apreciación probatoria y, menos aún, con la vehemencia necesaria para que esos errores tengan eficacia en el recurso extraordinario de casación como fuente del quebranto indirecto que conduzca a dejar sin efecto la decisión que así estuviera viciada. La eficiencia de tales errores en la evaluación probatoria para que lleven a la necesidad jurídica de casar un fallo no depende pues simplemente de que se le haya concedido mayor fuerza de persuasión a unas pruebas con respecto de otras sino de que, aun de las mismas pruebas acogidas por el sentenciador o de otras que no tuvo en cuenta, surja con evidencia incontrastable que la verdad real del proceso es radicalmente distinta de la que creyó establecer dicho sentenciador, con extravío en su criterio acerca del verdadero e inequívoco contenido de las pruebas que

evaluó o dejó de analizar por defectuosa persuasión que sea configurante de lo que la ley llama el error de hecho. Ahora bien, para desvirtuar la doble presunción de legalidad y acierto que asiste a las sentencias de instancia, es necesario demostrar que el Tribunal cometió errores 15

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Radicado n.º 82114 ostensibles. Así, la Sala en sentencia CSJ SL4326-2017, explicó, que el error de hecho en materia laboral: […] se presenta, según el caso, cuando el sentenciador hace decir al medio probatorio algo que ostensiblemente no indica o le niega la evidencia que tiene, o cuando deja de apreciarlo, y por cualquiera de esos medios da por demostrado un hecho sin estarlo, o no lo da por demostrado estándolo, con incidencia de ese yerro en la ley sustancial que de ese modo resulta infringida» (sentencia CSJ, 11 feb. 1994, rad. 6043), además, para que se configure, es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran, y a más de esto, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta (CSJ SL118982017). También se tiene dicho, que el recurso de casación no es una tercera instancia en donde libremente puedan discutirse las pruebas del proceso, pues el análisis de la Corte se limita a los medios de prueba calificados legalmente, y ello, siempre y cuando, de cuyo examen por el Tribunal sea posible concluir un error manifiesto, protuberante u ostensible, pues también se tiene establecido que sólo en la medida en que el juez de segunda instancia incurra en

errores manifiestos de hecho que tengan trascendencia en su decisión, es que resulta posible el quebrantamiento del fallo

(CSJ SL8833-2017).

Realizadas las anteriores aclaraciones, se procederá a analizar las pruebas acusadas como erróneamente apreciadas y no valoradas. Pruebas no valoradas Resolución n.º GNR 321520 del 16 de septiembre de 2014 ( f.° 11 y 12) y el escrito de nuevo estudio n.° 16

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Radicado n.º 82114 4631471: La recurrente alega que no hubo apreciación de la Resolución n.º GNR 321520 por parte del Tribunal, la que fue expedida el 16 de septiembre de 2014 por de Colpensiones y niega la pensión de sobrevivientes a la impugnante. Dado que se refiere al resultado del estudio de la solicitud pensional, no determina si hubo convivencia entre la accionante y el causante, por ende, de haber sido valorada dicha prueba la decisión no hubiese sido contraria a la proferida. Ahora, en lo referente al escrito de nuevo estudio n.° 4631471 indica la impugnante en su acusación: [...] se hace derivar del evidente y protuberante error de hecho del sentenciador de segunda instancia al no apreciar las pruebas recaudadas y válidamente incorporadas en el proceso, ya que en la menciona (sic) prueba se demuestra que el señor BERNARDINO GARNICA (q.e.p.d) fue pensionado solo hasta el primero de septiembre de 2012, escasos meses antes de morir, y que en la misma le se exige (sic) Colpensiones a mi poderdante

que aporte 2 extrajuicios, los mismos fueron arrimados a Colpensiones como obra dentro del expediente admirativo (sic) del causante y en el nuevo estudio folio 15 y 16 y todo el acervo documental arrimado al proceso. En este sentido, la recurrente alega error del Tribunal al no valorar los documentos y las declaraciones extrajuicio solicitadas por la entidad para efectuar el nuevo estudio de la solicitud prestacional. Sin embargo, lo cierto es que no se observa error alguno, en la medida en que dicha prueba documental tampoco demuestra la convivencia exigida por la ley. 17

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Radicado n.º 82114 En lo referente a las declaraciones extrajuicio aportadas por la accionante a la entidad para el nuevo estudio, se recuerda que dichos documentos son de naturaleza declarativa, por tanto a la luz del artículo 7 de la ley 1969, no es posible la apreciación de pruebas no calificadas en el recurso extraordinario de casación (CSJ SL2644-2016). Dicho lo anterior, la no apreciación de ninguna de estas pruebas documentales constituye un error de hecho manifiesto que conlleve a la casación de la sentencia impugnada, como quiera que su apreciación no habría sido determinante para la acreditación de la convivencia y en últimas al referirse a las declaraciones extrajuicio lo que hace la censura es cuestionar el ejercicio de valoración que realizó el Tribunal sobre pruebas no calificadas en la casación del trabajo. Pruebas erróneamente apreciadas a. Registro civil de matrimonio (folio 27): Para la recurrente, se considera que fue erróneamente

apreciado este documento, ya que bastaba con acreditar que al momento del fallecimiento del causante se encontraba vigente el vínculo matrimonial. Conviene aclarar que, para acceder a la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge, no basta con acreditar que el vínculo matrimonial se encontraba vigente al momento del deceso, pues también es necesario demostrar una 18

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Radicado n.º 82114 convivencia por un lapso mínimo de cinco años en cualquier tiempo con el pensionado. Al respecto, la Sala en sentencia CSJ SL868-2018, dispuso: Referente al tema de la convivencia para efectos de la pensión de sobrevivientes, se ha de señalar que para aquellos eventos en que el derecho debe dirimirse a la luz de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, como es aquí el caso por haber ocurrido el fallecimiento en vigencia de dicha normatividad, la jurisprudencia de la Sala ha preci