CSJ - SL4094-2018

RepúbdleCi oclao mbia conSeu prdeeJm uas ticia SaldaeC asacLiaóbonr al SaldaeD escongNe:3s tión JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente SL4094-2018 Radicación n. 57999 º Acta 32 Bogotá, D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por ESPERANZA GIRALDO LÓPEZ, contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior con sede en Bogotá, D.C., el 30 de abril de 2012, en el proceso que instauró en contra del INSTITUTO DE

SEGUROS SOCIALES hoy ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.

Acéptese como sucesora procesal del Instituto de Seguros Sociales a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, según la petición que obra a folios 56-57 del cuaderno de la Corte, en los términos del artículo 68 del CGP, aplicable a los procesos laborales y de la seguridad social, por expresa remisión del artículo 145 del CPTSS.

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Radicación n. º 57999 l. ANTECEDENTES Esperanza Giralda López llamó a juicio al Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones, con el fin de que fuera condenado a: reconocer y pagarle la pensión de vejez a partir del 8 de enero de 2009, junto con los intereses moratorias y en subsidio de estos, la indexación de las

mesadas adeudadas, lo que resulte probado extra o ultra petita y las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, en que cotizó a la entidad demandada un total de 780 semanas; nació el 8 de enero de 1954; solicitó el 9 de enero de 2009 el reconocimiento de su pensión de vejez, la que le fue negada mediante Resolución n.º 001275 de 27 de febrero de 2009 bajo el argumento de haber cotizado un total de 562 semanas. Indicó que es beneficiaria del reg1men de transición porque contaba con más de 35 años de edad a 1 de abril de 1994, por lo que su prestación pensional debe reconocerse de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 049 de 1990. La demandada dio respuesta a la demanda (f.º 22-26 cuaderno principal), oponiéndose a la prosperidad de los pedimentos. De los hechos, aceptó: la fecha de nacimiento y edad de la demandante, la solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez y, la negativa a su otorgamiento. Propuso en su defensa la excepción de prescripción, y las que denominó ausencia de requisitos para acceder al derecho reclamado y las «Declarables de oficio».

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11. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral Adjunto del Circuito de Manizales, concluyó el trámite y profirió fallo el 15 de noviembre de 2011 84-93 cuaderno principal), en el que

(f.º resolvió declarar probada la excepción de ausencia de

requisitos para acceder al derecho reclamado yn o probada la de prescripción propuesta por la entidad demandada; absolverla de la totalidad de las pretensiones incoadas en su contra por la demandante y, condenar a esta última en costas.

111. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior con sede en Bogotá, D.C ., para resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante, emitió fallo el 30 de abril de 2012 12-20 del cuaderno del Tribunal), en el que (f.º confirmó la decisión del aq uya c ondenó en costas a la accionant e. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal luego de remitirse a lo dispuesto en el parágrafo transitorio n. º 4 del Acto Legislativo 001 de 2005 así como a lo dispuesto por esta Corte en sentencia CSJ SL, 21 jul. 2010, rad. 37581, estableció: En ese orden de ideas, revisado el reporte de semanas cotizadas que corre en el dossier a folio 36, se registra como última fecha de cotización el 30 de junio de 2011, por lo que sumadas las semanas cotizadas hasta el 25 de julio de 2005, no alcanzó a tener las 750

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Radicación n. º 57999 semanas cotizadas que requiere el Acto Legislativo 001 de 2005, el cual es aplicable a la actora, por cuanto solo cumple la edad requerida el 8 de enero de 2009 cuando ya había entrado en vigencia el cuestionado Acto Legislativo.

Definido por la Sala, que la actora no es beneficiaria del régimen de transición, corresponde el estudio de su pensión con la Ley 100 de 1993 y en su artículo 33 exige como requisito para el año 2009, un total de 1.150 semanas de cotización que salta a la vista que la actora no las cumple y por lo tanto, no tiene derecho a la pensión de vejez, por no ser de transición y no satisfacer el requisito de semanas cotizadas que requiere la Ley 100 de 1993.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurren te que la Corte case totalmente la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la proferida por el a q uay acceda a todas y cada una de las pretensiones de la demanda inicial.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal pnmera de casación, que fue replicado y enseguida se estudia.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia impugnada de violar por la v1a indirecta, «a causdae i naplicadce iloós nar»t ículos 36 de la

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Radicna.c5ºi7 ó9n9 9 Ley 100 de 1993, 1 del Acto Legislativo 001 de 2005, 12 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, 21 del CSTy 13, 25, 29, 48, 53, 58 y 230 de la CN, como

consecuencia de los siguientes errores de hecho manifiestos y evidentes: 1 No dar por demostrado, estándola, que la demandante es º. beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993. 2º. No dar por demostrado, estándola, que la demandante reúne a cabalidad los requisitos para acceder a la pensión de vejez, de conformidad con lo normado en el artículo 12 del acuerdo 049 de 1990, aprobado mediante Decreto 758 del mismo año. 3º. No dar por demostrado, estándola, que la demandante ha cotizado el número de semanas necesario para acceder a la pensión de vejez. Como pruebas no apreciadas denuncia la demanda inicial el registro civil de nacimiento de la 5-14), (f.º demandante historia laboral actualización 16), 33-36), (f.º (f.º de la historia laboral y comprobantes de pago de 44-69) (f.º aportes de folio 73 del cuaderno principal. Afirma que al examinar la disposición contenida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se establece «comne ridiana claridqaued la» d emandante es beneficiaria del régimen de transición, por lo que resulta inaplicable el artículo 33 de la misma norma, pues: El regimen de transición es un derecho adquirido, y por consiguiente, como se trata de un derecho adquirido, las modificaciones posteriores no afectan para nada los derechos que quedaron a salvo con el régimen de transición; y como se puede apreciar, el entendimiento que se ha hecho del acto legislativo

número 1 de 2005 tampoco altera los derechos de la demandante. Así se desprende de lo expuesto por el H. Corte Constitucional (sic) en la sentencia C 168 de 1995 (. . .).

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VI. IRÉPLICA Refiere la entidad demandada que, de los errores de hecho enrostrados al censor de segundo grado, tan solo el tercero constituye un yerro de tal naturaleza, ya que determinar si la demandante es beneficiaria del régimen de transición, así como si el régimen pensiona! que debe aplicársele es el del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1 990, son asuntos que corresponden a raciocinios meramente jurídicos por tratase de una cuestión de puro derecho, que no resultan procedentes por la vía de los hechos.

Añade que, incurre igualmente en un defecto de técnica, en cuanto como modalidad de violación de la ley señala la la que no se encuentra contemplada en los «inaplicación», términos de los artículos 87 y 90 del CPTSS que tan solo establecen como motivos o conceptos de casación la infracción directa, la aplicación indebida y la interpretación errónea de la Ley.

VI. ICIONSIDERACIONES Le asiste razón a la entidad opositora en cuanto a los defectos de técnica que le achaca a la demanda con la que se sustenta el recurso extraordinario, pues efectivamente cuando se acude a la vía indirecta, como sucede en el sub no existe modalidad de violación de la ley sustancial lite, denominada también es cierto que por la vía

«inaplicación»,

de los hechos no hay lugar a definir cuestiones puramente jurídicas o de derecho, por resultar extrañas a esta; no

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Radicna.c5ºi7 ó9n9 9 obstante, de la lectura integral del cargo resulta claro el querer de la censura por lo que la Sala abordará su estudio. Concluyó el Tribunal que a pesar de contar la demandante con más de 35 años de edad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, lo que, en principio, la haría beneficiaria del régimen de transición, [. ..} revisado el reporte de semanas cotizadas que corre en el dossier a folio 36, se registra como última fecha de cotización el 30 de junio de 2011, por lo que sumadas las semanas cotizadas hasta el 25 de julio de 2005, no alcanzó a tener las 750 semanas cotizadas que requiere el Acto Legislativo 001 de 2005, el cual es aplicable a la actora, por cuanto solo cumple la edad requerida el 8 de enero de 2009 cuando ya había entrado en vigencia el cuestionado Acto Legislativo. Definido por la Sala, que la actora no es beneficiaria del régimen de transición, corresponde el estudio de su pensión con la Ley 100 de 1993 y en su artículo 33 exige como requisito para el año 2009, un total de 1.150 semanas de cotización que salta a la vista que la actora no las cumple y por lo tanto, no tiene derecho a la pensión de vejez, por no ser de transición y no satisfacer el requisito de semanas cotizadas que requiere la Ley 100 de 1993.

Contrario a lo que se afirma en el recurso, el colegiado si apreció las documentales correspondientes a las historias laborales de la demandante, así se observa del párrafo anteriormente transcrito, en el que, a partir del análisis del citado medio de prueba, arriba a la conclusión de la ausencia de las 7 50 semanas exigidas en el Acto Legislativo O 1 de 2005 para la conservación del régimen de transición hasta el año 2014. Y no se equivoca, en principio, en la valoración que hace de la referida documental, pues revisada (f.º y 34-36 51-68

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Radicación n. º 57999 cuaderno de instancias), la Sala observa que la demandante, para la fecha de entrada en vigencia del citado Acto Legislativo, contaba 502.88 semanas. Ahora bien, la exigida densidad de cotizaciones no se extrae de la demanda inicial, ni del registro civil de nacimiento de la demandante que se denuncian como no apreciadas; no obstante, para efectos de determinar la inicial condición de beneficiaria del régimen de transición de la promotora del juicio, en razón a su edad a la entrada en vigencia del Régimen de Pensiones creado por la Ley 100 de 1993, ne ce sano era remitirse a su registro civil de nacimiento, el que fue debidamente apreciado por el Tribunal, en cuanto a partir de aquel estableció que contaba más de 35 años de edad al 1 de abril de 1994. Cierto es, que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 creó el beneficio solicitado en este trámite, para aquellas personas

que, a 1 de abril de 1994 tuvieran 15 o más años de servicios º prestados o cotizados, o 40 o más años de edad en el caso de los hombres, o 35 o más años de edad para las mujeres, no obstante, el Acto Legislativo n. º 1 de 2005, que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política, en su parte pertinente, dispuso: Artícu1ºl . oS e adicionloas ns iguienintceissos y parágraaflo s artíc4u8ld oe l aC onstituPcoilóínt ica: «.(.) . Paraa dquierlid re recah loa p ensisóenr náe cesacruimop lciornl a edade,l t iempdoe s ervicliaosse, m anas dec otizaco ieólcn a pital necesaraisoíc,o m o lasde más condicioqnueess e ñallaal eys,i n

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Radicación n. º 57999 per1uicw de lo dispuesto para las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez de sobrevivencia serán los o establecidos por las leyes del Sistema General de Pensiones. En materia pensiona[ se respetarán todos los derechos adquiridos)). (. .). º. Parágrafo transitorio 4 El régimen de transición establecido en la Ley 1 00 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 201 O; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan

cotizadas al menos 750 semanas su equivalente en tiempo de o servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014. ... ( ) Artículo 2 º. El presente acto legislativo rige a partir de la fecha de (Resalto fuera del original) su publicación. Sobre el entendimiento que debe darse a dicho precepto, la Sala de Casación Laboral de esta Corporación, entre otras, en sentencia con radicación CSJ SL 19568-201 7, señaló: Del texto reproducido puede observarse que se establecieron dos condiciones para que las personas beneficiarias del regimen transitorio pensiona[ del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 lo conservaran, a saber: La primera, quea 31d ej ulidoe2 010c umplalno rse quisitos dee dady tiempdoes ervicoi doecs o tizacicoonnefso ramle régimepne nsionaanlt ericoarso, contrario pierden los beneficios transitorios, y su régimen pensiona[ será el establecido en la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones que la complementan reforman. o Al respecto, ha dicho esta Corte que esta previsión es entendible en la medida que le estableció un límite de vigencia a un régimen que por su propia definición era de carácter transitorio, es decir, que debía tener una vigencia temporal. En consecuencia, en ningún yerro de aplicación incurrió el tribunal, pues esa fue la regla general constitucional y de ella nada distinto es posible 9

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concluir, pues su tenor literal no deja asomo de duda sobre su contenido. La segunda, quea lm omenot dee ntradeanv igenceilAa c ot Legisloa ttuivviecrotai zad7a5s0 s emanaos s ue quivalente en tiemop de servoisc;ie n este caso continuarían siendo beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hasteal3 1d ed iciemdber2 e0 14E.st a condición se dio a manera de excepción, justamente para salvaguardar las expectativas de quienes podían pensionarse conforme con el régimen pensiona[ anterior a la Ley 100 de 1993. De lo anteriormente transcrito, se deriva la extinción del régimen de transición en dos etapas, para las personas que eran sus beneficiarias por edad; la primera, cobijó a quienes - sin importar el número de semanas de cotización acreditadas a la fecha de vigencia del acto de reforma constitucional - no lograron reunir los requisitos para causar el derecho a la pensión de vejez antes del 31 de julio de 201 O, para quienes se extinguió en esta fecha; y la segunda, corresponde a quienes, contaban con 750 semanas de cotización o tiempo de servicios equivalente, a la fecha de vigencia del acto legislativo, y por ello gozaron de la extensión del plazo de vigencia adicional hasta el año 2014, pero no consolidaron su derecho pensiona! hasta el 31 de diciembre de esta anualidad, para quienes se extinguió en la última data. De lo que viene de decirse, se observa que no analizó el Tribunal, la primera de las condiciones que se derivan del

Acto Legislativo O 1 de 2005 y que, de acuerdo a la jurisprudencia citada permite la aplicación del régimen de transición a aquellas personas que a 31 de julio de 201 O cumplan los requisitos de edad y tiempo de servicios o de cotizaciones conforme al régimen anterior, presupuesto

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Radicación n. º 57999 dentro del que se encuentra la demandante como pasa a verse. De acuerdo con el registro civil de nacimiento del folio 1 7 del cuaderno principal, se tiene que la demandante nació el 8 de enero de 1954, por lo que a la entrada en vigencia del régimen general de pensiones creado por la Ley 100 de 1993 -1 de abril de 1994contaba 40 años de edad, por ende cumplió los 55 años requeridos el 8 de enero de 2009; de otra parte, de conformidad con la historia laboral del folio 36, dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima7 de enero de 1989 al 7 de enero de 2009, cotizó 674.28 semanas, con lo cual reunió los requisitos mínimos exigidos en el régimen que le correspondía, que era el del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el art. 1 del Decreto 758 del mismo año, para causar la pensión de vejez, en cuyo art. 12 exigía: ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE LA PENSIÓN POR VEJEZ. Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos: a) Sesenta (60) más años de edad se es varón cincuenta

o si o y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y, b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, haber acreditad un o número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo. Por lo anterior, al ser la demandante beneficiaria del régimen de transición y cumplir los requisitos establecidos en el régimen anterior que le era aplicable, antes del 31 de julio de 201 O, le asiste razón a la censura y el cargo prospera.

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Radicación n. º 5 7999 Sin costas en el recurso extraordinario.

IX. SENTENCIA DE INSTANCIA Resultan suficientes las consideraciones esgrimidas en sede de casación, para disponer el reconocimiento y pago de la pensión de vejez solicitada por la demandante, ap arirtd el 1 de juilo de 2011, teniendo en cuenta que la última cotización, de conformidad con la historia laboral del folio 36, se realizó el 30 de junio de 2011, de conformidad con lo previsto en los arts. 13 y 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el art. 1 del Decreto 758 del mismo año, según los cuales, de una parte, la pensión de vejez se reconoce reunidos los requisitos mínimos establecidos, persoe ár neceisaal rad esfilaiiaócna lré gimepna rqau es ep ueda entraa dris frutader l am isma. Para su liquidación se

tednrá enc uenhtaas tlaaú l itmas emanefeac ivtamente coiztadap oers triee sgo.» De otra parte, dado el número de semanas de cotización acreditadas, 674.28 semanas, le corresponderá un monto del 54% del IBL, por lo que dada la limitación establecida en el art. 35 de la Ley 100 de 1993, la cuantía de la pensión será el equivalente al salario mínimo mensual legal vigente en dicha anualidad ($535.600.oo), y deberá pagarse junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre y los reajustes anuales dispuestos legalmente. Por concepto de retroactivo de las mesadas pensionales causadas entre el 1 de julio de 2011 y el 30 de agosto de 2018

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Radicación n.º 57999 se condenará a la demandada a pagar a la demandante, la suma de $64.592.486.oo, así: AÑO VALOR DE LA No. DE TOTAL MESADA MESADAS 2011 $535.600.oo 7 $3.749.200.oo 2012 $566. 700.oo 14 $7.933.800.oo 2013 $589.500.oo 14 $8.253.000.oo 2014 $616.000.oo 14 $8.624.000.oo 2015 $644.350.oo 14 $9.020.900.oo 2016 $689.455.oo 14 $9.652.370.oo 2017 $737.717.oo 14 $10.328.038.oo 2018 $781.242.oo 9 $7.031.178.oo $64.592.486.oo

También deberá pagar las mensualidades que se sigan causando en adelante y de manera vitalicia. En lo que atañe a la pretensión de los intereses morat orios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta que la demandante elevó reclamación administrativa el 9 de enero de 2009 16 (f.º cuaderno principal) pero continuó cotizando hasta el 30 de junio de 2011, se ordenará que se paguen a partir del 1 de agosto de 2011, sobre cada una de las mesadas pensionales adeudadas, desde que cada una se hizo exigible, hasta la fecha en que realice el pago, los que se liquidarán a la tasa

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Radicación n.º 57999 máxima de interés moratoria vigente en el momento en que se efectúe el pago. Ante la prosperidad de la precedente pretensión, que en el libelo inicial se solicitó en forma principal, esta Sala se releva del estudio de la indexación pretendida en forma subsidiaria. No hay lugar a declarar probada la excepc1on de prescripción sobre ninguna de las mesadas pensionales, en atención a que, como antes se indicó, la demandante elevó solicitud de reconocimiento pensional el 9 de enero de 2009 16 cuaderno principal), la que le fue resuelta a través de la (f.º Resolución 001275 de 2009 de 27 de febrero de la misma anualidad y, la demanda se presentó el 24 de mayo de 2011 1 cuaderno principal), es decir, dentro de los tres años que (f.º establece el artículo 151 del CPTSS. Dadas las resultas del

juicio las restantes excepciones tampoco se declararán probadas. Las costas de las instancias estarán a cargo de la entidad demandada.

X. DECIÓNS I En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre CASA de la República de Colombia y por autoridad de la ley, la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión

del Tribunal Superior con sede en Bogotá D.C., el 30 de abril SCLAPJT1-0V .00 14 Radicacni.º5ó 7n9 99 de 2012, dentro del proceso que promovió ESPERANZA

GIRALDO LÓPEZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS

SOCIALES hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE

PENSIONES - COLPENSIONES.

En sede de instancia, RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 15 de noviembre de 201 1 por el juzgado Tercero Laboral Adjunto del Circuito de Manizales y, en su lugar, CONDENAR a la entidad demandada INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES a reconocer a la demandante ESPERANZA GIRALDO LÓPEZ la pensión de vejez a partir del 1 de julio de 201 1 y de forma vitalicia, en cuantía de $535.600.oo, a la que deberá aplicar los reajustes legales anuales, tal como se indicó en la parte considerativa.

SEGUNDO: CONDENAR a la entidad demandada

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

COLPENSIONES a pagar a la demandante ESPERANZA GIRALDO LÓPEZ, la suma de $64.592.486.oo por concepto de retroactivo de las mesadas pensionales causadas desde el 1 de julio de 201 1, hasta el 30 de agosto de 2018. También deberá pagar las mensualidades que se sigan causando en adelante de manera vitalicia.

TERCERO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS

SOCIALES hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE SCALJP1T-0V .DO 15

Radicacni.ºó5 n7 999 PENSIONES COLPENSIONES a pagar a la demandante ESPERANZA GIRALDO LÓPEZ, los intereses moratorias consagrados en el art.1 41 de la ley 100 de 1993, a partir del 1 de agosto de 201 1, sobre cada una de las mesadas pensionales adeudadas, desde que cada una se hizo exigible, hasta la fecha en que realice el pago, los que se liquidarán a la tasa máxima de interés moratoria vigente en el momento en que se efectúe el pago.

CUARTO QUINTO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones propuestas por la parte demandada. cargo de la parte accionada.

Cópiese, notifiques e, cúmplase y expediente al tribunal de origen.

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ l ¿n ..e:.!!! :_;:-, l CL : '- '(.; i· J ! LLl (/) í 1

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