CSJ - SL4161-2022

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL4161-2022 Radicación n.° 87563 Acta 41 Bogotá, D. C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por LUZ ALBA GARCÍA GÓMEZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, el diecinueve (19) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), en el proceso que le instauró FLORENCIA

MUÑOZ DE RAMÍREZ a ella y a SEGUROS DE RIESGOS

LABORALES SURAMERICANA S. A. ARL SURA.

I. ANTECEDENTES Florencia Muñoz de Ramírez llamó a juicio a la ARL Sura y a Luz Alba García Gómez, para que se condenara a la primera a reconocerle con exclusión de la segunda, la pensión de sobrevivientes causada con el fallecimiento de su cónyuge, a partir del 15 de mayo de 2016, junto con los

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Radicación n.° 87563 intereses moratorios y las costas. Narró que contrajo matrimonio con Octavio César Ramírez Marín el 22 de diciembre de 1979; que procrearon dos hijas, nacidas en 1981 y 1988; que desde aquella fecha hasta el fallecimiento del citado señor, éste la mantuvo ante al sistema de seguridad social como su beneficiaria; que el deceso ocurrió el 15 de mayo de 2016, con ocasión de un accidente laboral, conforme lo calificó la ARL Sura a la que

se encontraba afiliado por cuenta de Mabe SAS. Dijo que el 9 de febrero de 2009 se separaron de cuerpos, pero no disolvieron la sociedad conyugal; que mediante Conciliación del 5 de abril de 2011, se fijó a cargo del afiliado y en su favor una cuota alimentaria de $300.000; que el 22 de julio de 2016 solicitó al Fondo del Pasivo Pensional de la Gobernación de Caldas, continuar con los aportes a seguridad social y a Mabe SAS tramitar la concesión de la pensión de sobrevivientes. Agregó que el 2 de septiembre del mismo año se negó el reconocimiento prestacional, porque también lo había reclamado Luz Alba García Gómez (f.° 3 a 10, cuaderno del juzgado). La ARL Sura se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó la condición de cónyuge supérstite de la accionante; su afiliación al sistema; la petición de reconocimiento pensional y su negativa. Precisó sobre los demás que no le constaban.

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Radicación n.° 87563 Formuló como excepciones de mérito las de inexistencia de la obligación demandada por inexistencia de causa jurídica; ausencia de prueba del requisito de convivencia de la señora Florencia Muñoz de Ramírez, como de la señora Luz Alba García Gómez; prescripción e improcedencia del reconocimiento de intereses moratorios (f.° 305 a 311, ibidem). Luz Alba García Gómez se resistió a las súplicas del

gestor, requiriendo para sí la pensión de sobrevivientes, por cuanto, aunque era cierto que el causante había sido cónyuge de la demandante y que tenía una obligación alimentaria en su favor, también lo era que desde el 2009, como se reconoce en la demanda, no convivían juntos y era con ella con quien hacía comunidad de vida. Propuso como excepciones de fondo las de carencia del derecho reclamado; cumplimiento de requisitos legales por parte de Luz Alba García Gómez para acceder a la sustitución pensional; mala fe y abuso del derecho (f.° 322 a 332, ib).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Manizales, el 9 de agosto de 2019, resolvió: PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones formuladas por las codemandadas, por lo dicho en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: DECLARAR que la señora FLORENCIA MUÑOZ DE

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Radicación n.° 87563 RAMÍREZ, tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge del afiliado fallecido OCTAVIO CÉSAR RAMÍREZ a partir del 15 de mayo de 2016, inclusive.

TERCERO: CONDENAR a la ARL SURAMERICANA absorbida por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S. A., a reconocer y pagar a favor de la señora FLORENCIA MUÑOZ DE RAMÍREZ una pensión de sobrevivientes a razón de un 75% del último IBL devengado por el afiliado fallecido OCTAVIO CÉSAR RAMÍREZ

[…] y a razón de 13 mesadas pensionales, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: CONDENAR a la ARL SURAMERICANA absorbida por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S. A. a costas procesales a favor de la demandante en 90 %.

QUINTO: ABSOLVER a la codemandada ARL SURAMERICANA absorbida por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S. A. de las demás pretensiones del gestor.

SEXTO: DECLARAR NO PROSPERA la tacha formulada contra la testigo Martha Lucia Betancur (f.° 422 a 425, en relación con CD f.° 427, ib).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, al desatar la apelación de las demandadas, el 19 de noviembre de 2019, confirmó la primera decisión.

Dijo que no se discutía que el deceso del afiliado ocurrió el 15 de mayo de 2016 (f.° 16, cuaderno del expediente); que este fue consecuencia de un accidente de trabajo y que, por tanto, la norma aplicable al caso era el artículo 11 de la Ley 776 de 2002, que sobre los beneficiarios remitía al 47 de la Ley 100 de 1993, con la modificación introducida por el 13 de la Ley 797 de 2003.

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Radicación n.° 87563 Expuso que, de acuerdo con lo adoctrinado en las sentencias CSJ SL, 24 en. 2012, rad. 41637, CSJ SL164192017, CSJ SL1399-2018, CSJ SL3505-2018, CSJ SL2182019, CSJ SL2010-2019 y CSJ SL 2232-2019, la cónyuge debía demostrar convivencia con el causante durante cinco años «en cualquier tiempo», esto es, sin necesidad de que existiere un «vínculo actuante» de esa relación a la fecha del deceso; mientras que, la compañera permanente requería acreditar igual requisito, pero, necesariamente, con anticipación a la muerte del afiliado. Precisó que tal jurisprudencia constituía precedente horizontal y doctrina legal probable de obligatorio acatamiento (CC C836-2001 y CSJ SL16967-2017), motivo por el cual no asistía la razón a la ARL impugnante, en rebatir el raciocinio de la instancia inicial. Apuntó que respecto de la convivencia de Florencia Muñoz de Ramírez (cónyuge) con Octavio César Ramírez, declararon i) Martha Lucía Betancur, ii) Jhon Harold Moreno y, iii) Bernarda Ramírez Gómez; que, sin embargo, la primera fue una testigo de oídas, porque, [...] sostuvo que los compañeros convivieron desde el 2009 «por la clínica la presentación» porque se lo contó García Gómez, así como también que pasaban juntos fechas especiales; además, refirió que labora en «San Juanitas» desde hace 4 años, lo que nos ubica en el 2015, por lo que el conocimiento directo que tiene de los hechos que narró en realidad se limita a lo sucedido hasta el 15 de mayo de 2016 cuando el afiliado falleció. El segundo, «[...] nada aportó [...] pues no le consta la

convivencia de los compañeros, ya que no visitó su hogar y

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Radicación n.° 87563 solo concluye que vivieron juntos porque asistían a eventos de patinaje» y, la tercera, no era creíble, en razón a que, [...] tuvo que ser requerida por la juez en más de una oportunidad para que respondiera las preguntas formuladas concretamente y fuera respetuosa al referirse a Florencia y sus hijas, a quienes señaló como “buitres”, y como “las arpías y pirañas de mis sobrinas” [que, por tanto] era notoria la animadversión que siente en contra de la [demandante] y ello explica su ánimo de favorecer con su declaración a Luz Alba [...] además dijo que cuando Octavio se separó de su esposa, se fue a vivir a la casa de su madre por 3 o 4 meses, sin embargo, Luz Alba en su interrogatorio aseguró que empezaron su convivencia en marzo del 2009, a pesar que Florencia Muñoz confesó que el rompimiento de la vida en común acaeció el 14 de febrero de esa anualidad; afirmó, que Octavio vivía con Luz Alba, pero cuando se le preguntó porque un compañero de trabajo adujo que lo recogía en la casa de su progenitora cada 8 días, trató de hacer ver que la empresa enviaba un carro por él a las 4:30 de la mañana, para luego indicar que ello no le constaba porque a esa hora estaba dormida. Adujo que los testigos citados por la accionante informaron lo siguiente: 1) Jhon Mauricio Montoya Zapata que conoció al

causante porque laboró con él; que supo que Florencia había sido su esposa y Luz Alba su novia desde 2013; que en el 2014 se fue a vivir con ésta; que convivieron en Villamaría y luego en Cristo Rey, hasta el 2015, cuando terminaron; que puede dar fe de esa circunstancia, porque en la fiesta que organizó en su casa y en la de los empleados de ese año, aquél asistió solo y le comentó que finalizó esa relación porque la mencionada «le robaba» y que, en consecuencia, regresó a la casa de su madre; que le visitó en el hospital cuando se enfermó y no vio a la compañera permanente y que ésta tampoco asistió a su funeral.

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Radicación n.° 87563 2) Valentina Gaviria Ríos, que era la compañera de Jhon Mauricio Montoya Zapata, dijo que el fallecido vivía en la casa de su mamá; que esto lo sabe, en particular, porque para la fiesta de la cooperativa en el 2015, lo llevaron hasta allá en un taxi. 3) Julio Roberto Ramírez Ospina, que era tío del causante; que éste había vivido con Florencia hasta hace 7 u 8 años; que se separaron cuando una de sus hijas lo vio con otra mujer; que él se fue a vivir con la mamá; que eso le consta porque semanalmente iba 2 o 3 veces a la casa a venderles alimento; que oyó decir que «tuvo viviendo» a Luz Alba en Villamaría, pero que no conoció que hubiere abandonado la casa de su madre y que la relación con

aquella terminó porque ella le robaba. Expuso que en el interrogatorio de parte Florencia Muñoz de Ramírez, contó que se separó de cuerpos de su cónyuge el 14 de febrero de 2009; que no volvieron a convivir, pero que él le colaboraba económicamente y la tenía afiliada como su beneficiaria en el sistema general de seguridad social en salud; que supo que él tuvo varias relaciones sentimentales, pero que siempre vivió con su madre. Mientras que, Luz Alba García Gómez aseguró que convivió con el finado desde marzo de 2009 en el barrio Sáenz; que luego estuvieron en Villamaría y, después, nuevamente, en Manizales; que no pudo acompañarlo en la clínica después que sufrió el accidente laboral porque la esposa y sus hijas le prohibieron la entrada; que ingresaba

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Radicación n.° 87563 con el documento de identidad de una compañera del trabajo; que está casada con Jairo Iván Hurtado Osorio y no han disuelto ni liquidado la sociedad conyugal, pero se separaron desde el 2008; que está afiliada al sistema de salud como cotizante, pero que cuando no tiene trabajo, su cónyuge la afilia como beneficiaria; que cuidó a la mamá del finado y la acompañó en sus citas médicas. Concluyó que, El ánimo de hacer ver que Luz Alba y Octavio convivieron desde el 2009 se opone a las deponencias de Julio Roberto Ramírez Ospina y Jhon Mauricio Montoya Zapata, quienes sin ningún tipo de apremio, fueron coherentes en manifestar que [el mencionado] vivió con su madre desde que se separó de Florencia, y que solo

a partir del 2014 convivió con Luz Alba. Planteó que esa aseveración aparecía corroborada con las pruebas documentales, pues: i) el contrato de arrendamiento fue suscrito por los compañeros permanentes el 15 de septiembre de 2014; ii) el causante no reportó las direcciones en las que presuntamente convivió con la señora García Gómez (f.° 244 y siguientes, cuaderno del juzgado), a tal punto que en las ataduras subordinadas que celebró entre 2009 y 2011 e, inclusive, en las de los años subsiguientes al 2014 y en la declaración notarial, se refirió a la misma dirección que indicaba su cónyuge como de ella (f.° 9, 277 a 279 y 339, ibidem). Razonó que, [...] Luz Alba García Gómez no demostró que convivió con el pensionado por el tiempo mínimo que exige la Ley, y es que si en gracia de discusión se aceptara que sostuvieron una relación sentimental, las pruebas recaudadas permiten concluir que solo

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Radicación n.° 87563 convivieron desde el 15 de septiembre del 2014, cuando firmaron el mencionado contrato de arrendamiento y en virtud a que Octavio falleció el 15 de mayo de 2016, su convivencia perduró por un año y medio. Agregó que esa valoración probatoria, no la rebatían los registros fotográficos aportados por la señora García Gómez, porque estos no eran [...] prueba fehaciente de la existencia de la convivencia en la forma en la que lo exige la jurisprudencia laboral, esto es, con el ánimo de formar una

familia»; así como tampoco, la desquiciaba la declaración judicial de unión marital de hecho, porque ese concepto es diferente del de compañeros permanentes en el ámbito de la seguridad social, en el que no se exigen dos años de convivencia, sino cinco; que en ese sentido se explicó en la sentencia CSJ SL347-2019. Aseveró, en relación con lo último, que según lo adoctrinado, entre otras, en las decisiones CSJ SL119702017 y CSJ SL2010-2019, las sentencias judiciales hacen prueba de la «naturaleza de la decisión, la clase de proceso, los intervinientes o la fecha en que fue dictada» ; pero que, si lo pretendido era que se tuvieran en cuenta los testimonios que se rindieron en el trámite que se llevó a cabo, por ejemplo, ante la jurisdicción de familia, la recurrente debió «solicitar su incorporación como prueba trasladada». Explicó que quedó demostrado que Florencia Muñoz de Ramírez convivió con su cónyuge por más de 30 años, porque no solo no se rebatió que permanecieron bajo el mismo techo desde el matrimonio (22 de diciembre de 1979), hasta la separación de cuerpos (febrero de 2009), sino que ello

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Radicación n.° 87563 también se asentó en la audiencia de conciliación de fijación de cuota alimentaria (f.° 35, cuaderno del juzgado), razón suficiente para confirmar la primera decisión (cuaderno del Tribunal, expediente digital).

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por Luz Alba García Gómez, concedido por el Tribunal y admitido por la Corporación, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Sala case la sentencia recurrida «PARCIALMENTE», para que, «modifique la decisión de la Sala Laboral del Tribunal» y en sede de instancia, determine: PRIMERO: MODIFICAR el ordinal PRIMERO de la sentencia de primera instancia, y en su lugar, declarar probada parcialmente la excepción denominada "CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES POR PARTE DE LUZ ALBA GARCÍA GÓMEZ PARA ACCEDER A LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL formulada frente a la demanda, pero sólo en el periodo corrido desde el 15 de marzo de 2009 hasta el 15 de mayo de 2016.

SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal SEGUNDO de la sentencia de primera instancia, y en su lugar, DECLARAR que las señoras FLORENCIA MUNOZ y LUZ ALBA GARCÍA GÓMEZ son beneficiarias de la pensión de sobreviviente causada con el fallecimiento del señor OCTAVIO CÉSAR RAMÍREZ, en proporción al tiempo que cada una convivió con el causante, desde el 15 de mayo de 2016 hasta la fecha, a razón de 13 mesadas pensionales, así: Para la señora FLORENCIA MUÑOZ DE RAMÍREZ el 80,27 % y para la Señora LUZ ALBA GARCÍA GÓMEZ el 19,73 %.

TERCERO: MODIFICAR el ordinal TERCERO de la sentencia de primera instancia, y en su lugar, CONDENAR a SEGUROS DE

VIDA SURAMERICANA S. A. a pagar a la señora FLORENCIA MUNOZ DE RAMÍREZ el 80,27 % y a la Señora LUZ ALBA

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Radicación n.° 87563 GARCÍA GÓMEZ el 19,73 % del retroactivo pensional causado con la muerte del Señor OCTAVIO CÉSAR RAMÍREZ MARÍN, a razón de un 75 % del último IBL devengado por el afiliado fallecido. Frente a los pagos realizados a la fecha, la sociedad demandada podrá realizar las compensaciones a que haya lugar.

CUARTO: CONFIRMAR el ordinal CUARTO de la sentencia de primera instancia.

QUINTO: CONFIRMAR el ordinal QUINTO de la sentencia de primera instancia.

SEXTO: CONFIRMAR el ordinal SEXTO de la sentencia de primera instancia.

SÉPTIMO: Sin costas en la segunda instancia (demanda de casación, expediente digital).

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y se estudiarán conjuntamente por su afinidad temática y de propósito.

VI. CARGO PRIMERO Afirma que el Tribunal violó la ley por la interpretación errónea del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003.

Expone que el colegiado se equivocó al derivar de esa normativa, un privilegio del derecho de la cónyuge supérstite, al referir que ella debía demostrar, que hizo vida marital con el causante por cinco años en cualquier momento anterior a su muerte; mientras que, a la compañera permanente, le

exigió que ese período lo sea anteriormente al deceso. Asevera que la interpretación del juez de la apelación, «solo se aviene al texto legal cuando en los últimos cinco años

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Radicación n.° 87563 de vida del trabajador fallecido hubiera sostenido una convivencia simultánea con su esposa y una compañera, evento en el cual, la ley privilegia el derecho del cónyuge» o en aquellos en los que no hay una beneficiaria distinta. Plantea que el sentido que debió otorgarse al precepto es que, […] cuando se hubiera acreditado una separación de hecho entre los cónyuges y adicionalmente se haya demostrado una convivencia entre el causante y una compañera permanente durante los cinco años inmediatamente anteriores a su muerte, en ese evento debe ser garante del derecho de la compañera permanente a la pensión proporcional, el cual no puede ser desconocido para privilegiar el derecho que le corresponda al cónyuge sobreviviente (demanda de casación, expediente digital).

VII. CARGO SEGUNDO Denuncia la «infracción directa» de los artículos 42 de la CP; ordinal 1° del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 y 1° de la Ley 54 de 1990.

Argumenta que el Tribunal no tuvo en cuenta la obligación del Estado de proteger a la familia con independencia de la forma en la que se constituye; que también pasó por alto que la pensión de sobrevivientes corresponde a los miembros de ese núcleo, sin importar la

manera en la que se conforma y que, de haber acudido a esas normas, le habría concedido el amparo pretendido. Recuerda que,

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Radicación n.° 87563 [...] hace más de 70 años la legislación laboral fue pionera en el reconocimiento de los derechos de la compañera permanente frente a la pensión de su marido, tal como sucedió en la Ley 90 de 1946, que estableció el seguro social obligatorio y creó el Instituto Colombiano de Seguros Sociales. El artículo 55 de dicha Ley 90 de 1946 preceptuaba que a falta de viuda, recibiera la pensión de sobreviviente la mujer que haya hecho vida marital con el pensionado durante los tres años inmediatamente anteriores a la muerte. Esta normativa constituye un notable antecedente del desarrollo normativo hoy vigente a través del cual se regula la institución de los compañeros permanentes en el derecho civil, en el constitucional y en el laboral, tal como quedó plasmado en la Ley 54 de 1990, en la Constitución Nacional de 1991 en la Ley 100 de 1993 (demanda de casación, expediente digital).

VIII. CARGO TERCERO Señala que el Tribunal vulneró la ley, […] debido a (la) interpretación errónea del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y a la infracción directa de los artículos 2° de la Ley 979 de 2005; 1° y 2° del Decreto 1260 de 1970; 145 del CPTSS; 188 y 243 del CGP.

Refiere que el juzgador arribó a esa trasgresión por «la falta de apreciación de varias pruebas que lo llevaron a

incurrir en error de hecho», por cuanto, no dio por demostrado, estándolo, que «[…] hizo vida marital con el pensionado […] de manera continua, durante un periodo superior a los siete años anteriores a la muerte de dicho señor y que perduró hasta la muerte de este». Expone que el colegiado dejó de apreciar: A folios 35 y 36 del cuaderno 1 obra copia auténtica de audiencia de conciliación de cuota alimentaria celebrada el 05 de abril de 2011 entre los Señores FLORENCIA MUNOZ DE RAMÍREZ Y OCTAVIO CÉSAR RAMIREZ MARÍN ante la Comisaria Primera de Familia de Manizales.

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Radicación n.° 87563 A folio 334 del cuaderno 1, obra copia del registro civil de nacimiento de la Señora LUZ ALBA GARCÍA GÓMEZ. A folio 339 del cuaderno 1, obra documento suscrito el por el Señor OCTAVIO CÉSAR RAMÍREZ MARÍN, ya fallecido, reconocido ante notario el día 19 de abril de 2010. A folios 335 al 338 del cuaderno 1, obra contrato de arrendamiento suscrito por los Señores LUZ ALBA GARCIA

GÓMEZ, LINA MARCELA HURTADO GARCÍA Y OCTAVIO CÉSAR

RAMÍREZ MARÍN.

A folio 340 del cuaderno 1, obra declaración extraprocesal rendida por el Señor RIGOBERTO MARTÍNEZ OCAMPO. A folio 417 del cuaderno 1, obra CD contentivo del interrogatorio

de parte absuelto por la Señora FLORENCIA MUNOZ DE

RAMÍREZ.

A folios 354 al 366 del cuaderno 1 obran fotografías correspondientes a actividades compartidas entre los Señores LUZ ALBA GARCÍA GÓMEZ OCTAVIO CÉSAR RAMÍREZ MARÍN y sus familiares y amigos. A folios 346 al 353, del cuaderno 1, obra copia de la demanda formulada por la Señora LUZ ALBA GARCÍA GÓMEZ, contra los herederos del Señor OCTAVIO CÉSAR RAMÍREZ MARÍN, para que se declare la unión marital de hecho entre compañeros, cuyo trámite correspondió al Juzgado Quinto de Familia de Manizales. A folios 412 al 416 del cuaderno 1, obran copias auténticas de sentencias dictadas por el Juzgado Quinto de Familia de Manizales y por la Sala CivilFamilia del Tribunal de Manizales, donde declaran la unión marital de hecho entre los Señores LUZ

ALBA GARCÍA GÓMEZ Y OCTAVIO CÉSAR RAMÍREZ MARÍN.

A folio 417 del cuaderno 1, obra copia del video contentivo de la audiencia donde se dictó la sentencia del Juzgado Quinto de Familia de Manizales, que declaró la unión marital de hecho entre

los Señores LUZ ALBA GARCÍA GÓMEZ Y OCTAVIO CÉSAR

RAMÍREZ MARÍN.

Arguye que con el interrogatorio de parte de Florencia Muñoz de Ramírez quedó establecido que se separó del causante el 14 de febrero de 2009; que ello también se

confesó en el hecho sexto de la demanda; que, inclusive, en la audiencia de conciliación del 5 de abril de 2011, se señaló

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Radicación n.° 87563 que los cónyuges no conformaban una comunidad de vida. Indica que el documento suscrito por Octavio César Ramírez Marín, presentado ante notario el 19 de abril de 2010, denota su intención de reconocer la unión marital de hecho con ella; que igual suceso se corrobora con la declaración extraprocesal de los compañeros permanentes, en la que se dijeron que convivieron en Villamaría del 12 de marzo de 2012 hasta el 12 de septiembre de 2014; que esa prueba, aunque es sumaria, tiene pleno valor, porque no fue controvertida, ni infirmada. Manifiesta que sobre las circunstancias de dicha unión declararon Julio Roberto Ramírez Ospina, John Mauricio Montoya Zapata, Bernarda Ramírez Marín, Martha Lucía Betancur Ortiz y Jhon Jarol Moreno Gómez, las cuales también quedaron develadas con el material fotográfico anexo a la réplica. Refiere que la falta de valoración de todas esas probanzas conllevó la infracción directa del artículo 145 del CPTSS, que remite al 188 y al 243 del CGP, como medio para la interpretación errónea del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, porque si se hubieran tenido en cuenta se habría reconocido su convivencia con el pensionado por más de siete años. Resalta que la sentencia del Juzgado Quinto de Familia de Manizales, confirmada por el Tribunal de ese distrito,

enseña la existencia de unión marital desde mediados de

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Radicación n.° 87563 marzo de 2009 hasta el 15 de mayo de 2016; que esas documentales fueron decretadas como pruebas y se pusieron en conocimiento de las partes en diligencia del 8 de agosto de 2019; que, sin embargo, Debido a que la Sala Laboral […] no le dio valor a dichos medios de prueba, incurrió en infracción directa del artículo 2 de la Ley 979 de 2005, de los artículos 1° y 2° del Decreto 1260 de 1970, pues inaplicó las normas que regulan la unión marital de hecho entre compañeros y las consecuencias que implica en el estado civil de las personas, situación que dio lugar a una interpretación errónea al artículo 47 de la Ley 100 de 1993. Si […], le hubiera dado aplicación a la sentencia dictada por el Juzgado Quinto de Familia de Manizales, hubiera acatado dichas normas regulatorias de la unión marital de hecho y, por tanto, hubiera reconocido el derecho que tiene […] (demanda de casación, expediente digital).

IX. RÉPLICA Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S. A. ARL SURA solicita que se desestime el recurso extraordinario, porque el alcance de la impugnación es deficiente y la censura no demuestra las equivocaciones jurídicas y fácticas que adjudica, en razón a que, de un lado, el Tribunal se atuvo a la línea jurisprudencial vigente, reiterada, entre otras, en la sentencia CSJ SL1869-2020, relacionada con el deber de la cónyuge supérstite de acreditar convivencia con

el causante durante cinco años, en cualquier tiempo. Mientras que, de otro, en el cargo enderezado por la vía indirecta no cuestiona la totalidad de valoraciones probatorias de la segunda sentencia, por lo que el razonamiento fáctico, según el cual, la impugnante no demostró los requisitos mínimos para concurrir a la pensión

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Radicación n.° 87563 de sobrevivientes debe permanecer indemne. Estima que, ese último ataque, inclusive, adolece de múltiples falencias técnicas, a tal punto, que denuncia la interpretación errónea de las normas, aunque su cuestionamiento debió ser eminentemente fáctico; funda sus críticas en pruebas no calificadas, como una declaración extraprocesal y las testimoniales y, en todo caso, las últimas se limita a referirlas, sin realizar el correspondiente juicio de confrontación entre lo que de ellas debía deducir el sentenciador y lo que dio por demostrado. Agrega que, analizados objetivamente los medios de prueba valorados por el juez de la apelación, se avizora que su razonamiento está protegido por el fuero de libertad probatoria de que trata el artículo 61 del CPTSS (oposición SURA ARL, expediente digital). Florencia Muñoz de Ramírez afirma, respecto del primer cargo, que la promotora del recurso desconoce la doctrina expuesta, entre otras, en las sentencias «CSJ SL22322019, en la que se rememoró la CSJ SL, 24 en. 2012, rad. 41637 [...] CSJ SL18692020 [...] y SL3976-2020», pues, en perspectiva

de ella, el colegiado no incurrió en la interpretación errónea que se le adjudica. Explica, en punto del segundo, que la impugnante, también, pasó por alto que el derecho de la cónyuge supérstite separada de hecho, tiene su «[...] su origen en la figura del matrimonio, generando unas obligaciones tales

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Radicación n.° 87563 como el deber de socorro y ayuda mutua (artículo 113 del Código Civil), las cuales no se extinguen con la separación de hecho, sino solo con la nulidad, divorcio o muerte de uno de los cónyuges»; allende a que, buscan proteger es a quien ayudó a la construcción del beneficio pensional del causante. Asevera, en relación con el último ataque que adolece de técnica, pues, entremezcla aspectos jurídicos y fácticos; no demuestra error de apreciación en las pruebas de fuente calificada y, justifica sus cuestionamientos, principalmente, en medios de convicción que no participan de esa naturaleza (oposición Florencia Muñoz de Ramírez, expediente digital).

X. CONSIDERACIONES El recurso extraordinario de casación no puede ser utilizado para plantear debates que atañen con el conflicto que dirimen los jueces de instancia, debido a que, al tenor de los artículos 35 de la CP; 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7° de la Ley 1285 de 2009 y 87 del CPTSS, no le corresponde a la Sala, como juzgador no ordinario, establecer desde el mérito de las pruebas o de la

verosimilitud de su argumentación, a cuál de los contendientes les asiste la razón. En efecto, la misión que le ha sido asignada a la Corte como tribunal de casación, consiste en realizar el control de legalidad del pronunciamiento jurisdiccional que se recurre, lo que significa que el cuestionamiento que debe realizar el promotor de la impugnación, es abstracto, en el que

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Radicación n.° 87563 contraponga lo decidido por la segunda instancia o el de primera, en los casos del artículo 89 del CPTSS, esto es, cuando se ha convenido saltar aquella, con la aplicación objetiva del ordenamiento jurídico, de ninguna manera, por ende, respecto de su particular visión del conflicto. Por tanto, es imperativo para el censor, i) cuestionar los verdaderos soportes cardinales del pronunciamiento judicial cuyo quiebre pretende, ii) confrontar todas las premisas jurídicas y fácticas de la sentencia, pero, especialmente, iii) realizar ese ejercicio, demostrando la interpretación errónea, infracción directa o aplicación indebida de las normas sustantivas que fueron o han debido ser el insumo fundamental de la decisión, por contener el derecho que se busca reivindicar. Lo anterior debido a que, por fuerza de lo adoctrinado, sólo en perspectiva de esos lineamientos, la Sala podría cumplir su labor de unificación de la jurisprudencia, motivo por el cual, el incumplimiento de aquellas condiciones mínimas de interposición del recurso, impiden a la Corporación ejercer esa labor, en tanto que, se insiste, su función se ve desnaturalizada si se ocupa de solventar,

principalmente, la pugna entre dos visiones particulares del conflicto jurídico que inicialmente se colocó bajo el escrutinio de los jueces ordinarios. En tal sentido lo ha explicado la jurisprudencia Constitucional y la especializada en la materia, por ejemplo, en las sentencias CC C058-1996, CC C596-2000, CC C1065SCLAJPT-10 V.00 19 Radicación n.° 87563 2000, CC C372-2011, CC C213-2017, CSJ SL925-2018, CSJ SL1980-2019 y CSJ SL643-2020, al diferenciar la misión de las instancias de la de esta Corte como juez de casación. Realiza la Sala esas precisiones, porque de la manera en que lo refieren las oposiciones, la acusación no cum