CSJ - SL417-2023

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Magistrado ponente SL417-2023 Radicación n.° 87753 Acta 04 Bogotá D.C., catorce (14) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala los recursos de casación interpuestos por ALEJANDRA MARÍA GUTIÉRREZ CLAVIJO en nombre propio y en representación de sus hijos JMLG y MALG; BIBIANA SEPÚLVEDA GIL como interviniente ad excludéndum en nombre propio y en representación de su hija CLS; y la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., contra la sentencia proferida por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 30 de abril de 2019, dentro del proceso que le siguen las dos primeras, a la mencionada administradora y a POSITIVA

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Téngase a la firma Profence S.A.S., con NIT 900.616.774-1, como apoderada de Positiva Compañía de Seguros S.A., en los términos y para los efectos del poder

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Radicación n.° 87753 conferido (visible en el cuaderno de casación obrante en el aplicativo Gestor Documental de la Rama Judicial).

I. ANTECEDENTES Accionó Alejandra María Gutiérrez Clavijo en nombre propio y en representación de sus hijos JMLG y MALG, contra la Administradora de Fondos de Pensiones y

Cesantías Protección S.A. (Protección S.A.) y Positiva

Compañía de Seguros S.A., (Positiva S.A.), para que se declarase que la muerte de su esposo y padre ocurrida el 22 de junio 2010, fue de origen profesional. Consecuentemente, pidió que se ordenase a la mencionada ARL a reconocerle y pagarle la pensión de sobrevivientes, con las mesadas adicionales de junio y diciembre, los intereses moratorios y la indexación. De manera subsidiaria solicitaron que se declarare que la muerte del causante fue de origen común, y en consecuencia, se condene a Protección S.A. a reconocer la prestación. En sustento de sus pretensiones sostuvieron que el señor Javier Alejandro Lopera Cartagena laboró como conductor de servicio público de taxi, de propiedad del señor Gustavo Matute Turizo, del 13 de mayo de 2010 al 22 de junio de ese año; quien estuvo afiliado en pensiones a la AFP Protección S.A., y en riesgos laborales a la ARL Positiva S.A., a través de la sociedad Lideramos Más Ltda.; que el 22 de junio de 2010 falleció a causa de disparos con arma de fuego durante horas laborales; que el 28 de julio de ese año

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Radicación n.° 87753 pidieron el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes ante Protección S.A., la cual le fue negada el 10 de septiembre de la misma anualidad, mediante comunicación n.º 201024875; que el 30 de octubre siguiente reclamó la prestación a Positiva S.A., la que también fue negada a través de memorando n.º TNT-263 del 5 de enero de 2011.

Al dar respuesta a la demanda, Protección S.A. y Positiva S.A, se opusieron a las pretensiones de los accionantes. La primera, en cuanto a los hechos, aceptó la fecha de nacimiento del señor Lopera, su afiliación a pensiones y riesgos laborales, y su muerte en las circunstancias y fecha indicada. Admitió que negó el derecho reclamado, toda vez que el fallecimiento ocurrió por causa o con ocasión del trabajo, de modo que solo le correspondería hacer la devolución de los saldos. Dijo que no le constaba nada más. Formuló las excepciones de falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe y prescripción. A su turno, Positiva S.A. aceptó la fecha de nacimiento del causante, que este trabajó como taxista entre las fechas indicadas, su afiliación por parte de la sociedad Lideramos Más Ltda., su muerte en la fecha y situación manifestada, la reclamación efectuada por la actora y su respuesta negativa. Aclaró que el accidente que ocasionó el fallecimiento nunca fue definido como de origen profesional, además de que fue radicado ante la aseguradora de forma extemporánea. Afirmó que no le constaban los demás enunciados fácticos. Propuso las excepciones de inexistencia del derecho y de la obligación, y prescripción.

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Radicación n.° 87753 Posteriormente fue vinculada la señora Bibiana Sepúlveda Gil como «interviniente ad excludéndum», quien presentó demanda en nombre propio y en representación de su hija CLS, contra la señora Alejandra María Gutiérrez

Clavijo y sus hijos JMLG y MALG, la ARL Positiva S.A. y la AFP Protección S.A. Sus pretensiones fueron idénticas a las de la demandante inicial. Como soporte fáctico de sus reclamos, esbozó los mismos hechos planteados por las demandantes iniciales, excepto, en lo atinente a los hijos. Además, agregó que a la fecha de la muerte del causante, ella convivía con él como compañeros permanentes, unión de la que nació CLS el 10 de abril de 2006. Las demandadas, frente a este nuevo libelo, se opusieron a los pedimentos de la interviniente excluyente. Al contestar los hechos, precisaron, en adición a lo que ya habían respondido, que no les constaba la convivencia alegada por aquella con el causante. Volvieron a presentar las mismas excepciones de fondo, pero Protección S.A. agregó las de no existe reclamación de la pensión de sobrevivientes previa ante ella y, petición antes de tiempo. Los demandantes iniciales, no contestaron la demanda de la señora Bibiana Sepúlveda Gil.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 5 de diciembre de 2018, decidió: Primero. Se absuelve a la Administradora de Riesgos Profesionales Positiva Compañía de Seguros S.A. de las pretensiones formuladas en su contra por las señoras Alejandra

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Radicación n.° 87753 María Gutiérrez Clavijo, en nombre propio y en representación de

sus hijos [JM] y [MALG], y por la señora Bibiana Sepúlveda Gil, en nombre propio y en representación de su hija CLS. Segundo. Se declara que la pensión de sobrevivientes causada por el fallecido es de origen común, en consecuencia, la prestación está a cargo de la Administradora de Fondos de Pensiones Protección S.A. en valor de un salario mínimo mensual vigente, con su mesada adicional de junio y noviembre de cada año, sin perjuicio de la deducción con destino al sistema de salud. Tercero. Se declara que los únicos beneficiarios de la pensión de sobrevivientes causada por la muerte del señor Javier Alejandro Lopera Cartagena, son sus hijos [JM] y [MALG] (sic) y CLG (sic); derecho que se mantendrá mientras subsistan las causas legales para ello, terminando el derecho de alguno de ellos acrece el porcentaje de la prestación a favor de los otros u otro. Cuarto. Se absuelve a la AFP Protección S.A. de las demás pretensiones de la demanda principal y de la intervención ad excludéndum. Quinto. Las excepciones propuestas contra la demanda quedan resultas implícitamente con las consideraciones para este proveído. […].

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la demandante, la interviniente excluyente y Protección S.A., la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante fallo del 30 de abril de 2019, resolvió: PRIMERO: ADICIONAR la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín en

el sentido de que el retroactivo por la pensión de sobrevivientes desde el 22/06/10 al 30 de abril de 2019, asciende a la suma de $79.286.346, de los cuales le corresponde a cada uno de los hijos JM Y MALC, y CLC (sic), la suma de $26.422.782 para cada uno de ellos. Se autoriza igualmente a que sobre dichas sumas se realicen los respectivos descuentos a salud al momento del pago total de la obligación.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín en lo relacionado con la absolución de la indexación de las condenas para en su lugar CONDENAR a la AFP PROTECCION S.A., para que reconozca y pague la indexación de cada una de las mesadas

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Radicación n.° 87753 pensionales adeudadas desde el momento de causación de cada una de estas, hasta el momento del pago efectivo de la obligación. En todo lo demás se CONFIRMA la sentencia. El Tribunal se propuso establecer si la muerte del afiliado fue de origen laboral o no, y si la demandante y la interviniente acreditaron el tiempo de convivencia necesario para beneficiarse de la prestación deprecada. Expuso que de los documentos aportados por la Fiscalía no era posible inferir que el deceso del señor Lopera Cartagena acaeciera dentro del vehículo en que trabajaba como taxista, y mucho menos que hubiera ocurrido con ocasión o en ejercicio de dicha labor. Entre tales documentos destacó la certificación de la investigación adelantada, en la cual el ente instructor archivó las diligencias porque no fue

posible acreditar los móviles del homicidio. Revisó el informe del accidente de trabajo, y lo valoró en estos términos: Ahora, en el documento de folio 40 contentivo del formato de informe para accidente de trabajo, se expresó en la casilla de “ocupación habitual” como conductor de taxi, y como descripción del accidente “persona baleada en horas labores (sic)”. Pero en momento alguno se conservó las especificaciones del hecho que dieran a entender que efectivamente la muerte ocurrió directamente con ocasión de dicha labor como taxista. Además de lo anterior, el hecho de que se haya consagrado en dicho informe como hora del accidente las 04:00 de la tarde, no puede inferirse por ese solo hecho, que en este caso específico, la sola descripción del horario implique que era que estaba actuando como taxista en horas laborales, pues como lo mencionaron los testigos practicados en el proceso, los turnos eran variados y a veces laboran de noche, razón por la cual no existe certeza que la muerte hubiera sido exclusivamente en el taxi que manejaba. Añadió que la prueba testimonial no era válida para comprobar el hecho demostrado, ya que ninguno de los deponentes lo presenció directamente. A partir de ello,

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Radicación n.° 87753 concluyó que no quedó demostrado que el accidente fuera de origen laboral, motivo por el cual confirmó la deducción del a quo en el sentido de que fue de carácter común. En lo relativo al cumplimiento del requisito de convivencia de la demandante y de la interviniente excluyente, resaltó que no fue posible demostrarlo en ambos

casos. Así, respecto a la señora Alejandra Gutiérrez, indicó que la convivencia no fue siquiera un argumento fáctico de la demanda. Dijo que si bien ella contrajo matrimonio con el señor Lopera Cartagena el 18 de abril de 2001, en su interrogatorio de parte expresó que la relación terminó en el año 2006, sin que fuera posible establecer la fecha exacta. Aunado a ello, que los testimonios rendidos dieron a entender la dificultad e inestabilidad de la relación, y la hermana del fallecido indicó que solo vivieron como matrimonio los primeros seis meses, porque después su hermano se fue a vivir con ella (con la testigo). De esta manera, coligió que no se comprobaron los cinco años de convivencia en cualquier tiempo. En relación con la señora Bibiana Sepúlveda, la hermana del occiso testificó que su convivencia empezó en el año 2005, sin tener certeza del mes exacto. Asimismo, de la constancia de afiliación del fallecido se tiene que este se vinculó a la EPS Sura el 26 de agosto de 2005, afilió a la interviniente excluyente como compañera permanente el 30 de septiembre de ese año, y a su hija desde su nacimiento el 10 de abril de 2006.

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Radicación n.° 87753 Igualmente, Bibiana Sepúlveda manifestó que comenzó a vivir con el señor Lopera desde que estaba embarazada, de lo que el juez plural dedujo que la convivencia inició a finales de 2005, como mínimo en el mes de agosto, en cuyo caso no

alcanzaba a acreditar que hubiera sido de cinco años antes del 22 de junio de 2010, fecha de la muerte. Frente a la excepción de inconstitucionalidad propuesta, explicó que la vida en común durante un lustro es un requisito establecido justamente para permitir el acceso a la pensión de sobrevivencia del cónyuge o compañero permanente, constituyéndose en una garantía de legalidad y legitimidad que la Corte Constitucional declaró exequible en la sentencia CC C-1094-2003. Finalmente, resaltó que no procedían los intereses moratorios, puesto que Protección S.A. tramitó la solicitud de forma oportuna desde el 17 de agosto de 2010, con una proyección pensional de reconocimiento de un salario mínimo legal, pero que si no se hizo efectiva fue por la controversia suscitada ante la discusión de si la contingencia era de origen laboral o no, de la cual solo tuvo claridad a través del presente proceso.

IV. RECURSOS DE CASACIÓN Interpuestos por Protección S.A., Alejandra María Gutiérrez Clavijo, y Bibiana Sepúlveda Gil, concedidos por el Tribunal y admitidos por la Corte, se procede a resolver.  Administradora de Fondos de Pensiones y

Cesantías Protección S.A.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Aspira a que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la del a quo, y en su lugar la absuelva de todas las pretensiones incoadas en su contra.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal

primera de casación, replicado por Positiva S.A., la demandante y la interviniente excluyente.

VI. CARGO ÚNICO Por la senda indirecta, acusa la aplicación indebida del artículo 13 literal c) de la Ley 797 de 2003, y la infracción directa del 255 de la Ley 100 de 1993; 1º y 2 literal c), 7 literal d), 8 y 34 del Decreto 1295 de 1994; 1º, 11 y 12 de la Ley 776 de 2002; 1º literal n) de la Decisión 584 de 2004 en el instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad Andina de Naciones CAN; 3 de la Ley 1562 de 2012; 164, 167 y 191 del CGP; 29 y 230 de la Constitución Política; y 1º del Acto Legislativo 01 de 2005.

Menciona que el yerro fáctico del Tribunal consistió en no dar por demostrado, estándolo, que la muerte del señor Lopera Cartagena derivó de un siniestro de carácter profesional, y por lo tanto, la entidad responsable de sufragar la pensión de sobrevivientes es la ARL Positiva. Como prueba no apreciada por el colegiado, refiere la carta dirigida por Positiva S.A. a Lideramos Más Ltda. Y como medios de convicción mal apreciados, singulariza los siguientes:

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Radicación n.° 87753 a) Demanda inicial, en particular hechos 2º a 9º (fs.1 a 11 en especial 1 y 2, c.1)

b) Documento “FORMATO DE INFORME PARA ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE” (f.120, c.1) c) Confesiones contenidas en el interrogatorio de parte rendido por la señora Alejandra María Gutiérrez (grabación de audiencia de primera instancia) Explica que en el formato de informe para accidente de trabajo del empleador o contratante, se anotó que su ocupación habitual consistía en ser conductor de taxi, y su jornada usual de trabajo era diurna. Asimismo, en la casilla que indica si estaba realizando su labor habitual se marcó que sí. Afirma que en la demanda inicial se manifestó que el causante murió en el taxi en el que laboraba, mientras que la señora Alejandra Gutiérrez en su interrogatorio de parte dijo que su esposo murió mientras trabajaba, a pesar de no haber presenciado los hechos. Advierte que en la carta dirigida por Positiva S.A. a Lideramos Más Ltda., consta que la primera nunca negó la existencia del hecho, con lo cual aceptó implícitamente que el infortunio fue de origen laboral, sumado a que no se adjuntó prueba de que el de cujus hubiese muerto en desarrollo de una función que no le era propia, sino que, por el contrario, fue acreditado que perdió la vida cuando conducía el vehículo en que laboraba. Para soportar sus argumentos cita las sentencias CSJ SL 28 abr. 2009, rad. 35164 y CSJ SL 9, may. 2018, rad. 48767.

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VII. RÉPLICA

Bibiana Sepúlveda Gil coadyuva parcialmente el recurso de Protección S.A., en lo referente a que se debe declarar que la muerte del causante fue de origen profesional, y en ese sentido erró el Tribunal al no valorar la carta de Porvenir S.A., a Lideramos Más Ltda. Seguidamente, presenta réplica parcial, en el sentido de que si la pensión debe ser reconocida por la ARL Positiva S.A., entonces Protección S.A. debe realizar la devolución de los saldos de la cuenta de ahorro individual del causante. Alejandra María Gutiérrez Clavijo sostiene que no erró el juez plural en el estudio de las pruebas recaudadas, en especial de las aportadas por la Fiscalía, de las que no hace mención la empresa recurrente. Apunta que la demanda, y las declaraciones de la actora en el interrogatorio de parte no constituyen medios de prueba idóneos para extraer confesión respecto del origen de la muerte del afiliado. De la misma manera, aduce que el informe de accidente de trabajo no es un documento auténtico, en la medida en que no fue aportado por alguna de las convocadas a juicio. En todo caso, defiende el análisis realizado por el Tribunal sobre este documento, pues del mismo no es posible extraer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se produjo el siniestro. Por último, destaca que la comunicación de Positiva S.A. a Lideramos Más Ltda. no demuestra que la muerte fue ocasionada por un accidente laboral, ya que solo registra que

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Radicación n.° 87753 la afiliación fue realizada por una persona que no era la

verdadera empleadora del causante. Positiva S.A. expone que el cargo no demuestra errores groseros en la apreciación de pruebas dentro del proceso. Señala que la demandante no podría realizar confesión alguna sobre las circunstancias de la contingencia que ocasionó la muerte del señor Lopera, sumado a que al juicio se allegaron las investigaciones emitidas por las autoridades competentes, que determinaron la no laboralidad del accidente. Igualmente, destaca que la comunicación realizada por Positiva S.A. y el reporte del accidente elaborado por el empleador, no pueden establecer su origen. Puntualiza que la recurrente omitió referirse a las pruebas en las que el fallador plural fundó su decisión, esto es, los dictámenes e investigaciones de la Fiscalía, organismo competente para ello.

VIII. CONSIDERACIONES Pese a que el cargo está dirigido por la senda de los hechos, no existe discusión en que el señor Javier Alejandro Lopera Cartagena falleció el 22 de junio de 2010 de forma violenta, fecha en la que ostentaba la calidad de afiliado al sistema de seguridad social integral, y dejó causada la pensión de sobrevivientes para sus beneficiarios.

Dicho esto, le corresponde a la Corte definir si erró el juez plural al considerar que la muerte del causante fue de origen común y no laboral.

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Radicación n.° 87753 Al examinar los medios de convicción singularizados por la censura, se observa lo siguiente: En la carta dirigida por Positiva S.A. a Lideramos Más Ltda. (f.º 123-126), aquella objetó la reclamación realizada, y

expresamente manifestó que «las prestaciones que se deriven no serán reconocidas por esta ARP […]» El fundamento de su negativa estribó en que, para la fecha del infortunio, el empleador de Lopera Cartagena era el señor Gustavo Matute Turizo, es decir, una persona diferente a la empresa que lo tenía afiliado, y «de quien no se acredita afiliación alguna al Sistema de riesgos Profesionales con esta Aseguradora». En ese marco no le asiste razón a la recurrente al aducir que Positiva S.A. aceptó implícitamente su responsabilidad en la asunción de las prestaciones de la seguridad social a favor de los beneficiarios del finado, pues fue todo lo contrario, en la medida en que la ARL fue enfática en sostener que no tenía que asumir el pago de prestación alguna. A su vez, al analizar el informe del accidente de trabajo (f.º 120), la Sala no advierte ningún yerro con el sello de ostensible en la valoración que hizo el ad quem, pues es verdad que en la casilla de «ocupación habitual» se escribió «conductor taxi», y en la descripción se plasmó: «persona abaleada en horario laboral», anotaciones que por sí solas no demuestran que en el momento del fatídico accidente el señor Lopera Cartagena hubiera estado ejecutando sus servicios que aportes a Positiva S.A. a través de Lideramos Más Ltda., que era la que lo tenía afiliado a aquella.

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Radicación n.° 87753 Del mismo modo, lo manifestado por la accionante en la demanda inicial y en su interrogatorio de parte en modo alguno representa una confesión con arreglo al artículo 191

del CGP, por la sencilla razón de que tales declaraciones no fueron realizadas por Positiva S.A., tendrían, pues, naturaleza puramente testimonial, pero esta es inhábil para estructurar un error de hecho en casación capaz de derrumbar la providencia definitiva de instancia. Finalmente, no puede perderse de vista que el colegiado examinó los testimonios y coligió que ellos no ofrecían certeza de que el causante muriera en el vehículo en que laboraba, pues ninguno de los testigos estuvo presente durante el hecho. El ad quem también revisó los certificados e investigaciones adelantadas por la Fiscalía (f.º 121, 277-280), conforme a los cuales arribó a la conclusión de que no era posible deducir que la muerte ocurrió dentro del taxi en el que laboraba, o que fuese con ocasión o en función de su ocupación como taxista. A juicio de la Sala, la decisión del Tribunal no se ofrece arbitraria, antojadiza o simplemente desprovista de motivación, sino que, por el contrario, fue soportada en razonamientos lógicos, y en la facultad de la libre formación del convencimiento que le otorga el artículo 61 CPTSS, por lo que no se vislumbra que de ella se desprenda un error protuberante y manifiesto. Sin más consideraciones, el cargo no prospera.

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Radicación n.° 87753 Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la recurrente, y a favor de las opositoras. Se fijan como agencias en derecho la suma de diez millones seiscientos mil pesos ($10.600.000), que se incluirán en la liquidación que

el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.  Alejandra María Gutiérrez Clavijo

IX. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la «casación PARCIAL» de la sentencia impugnada, en cuanto confirmó la decisión del juzgado que le negó el derecho pensional, para que, en sede de instancia, revoque la del a quo, «CONDENANDO a PROTECCIÓN S.A. al derecho a la pensión de sobrevivientes a favor de mi poderdante, en los términos pedidos en la demanda inicial y para que conceda los intereses moratorios a favor de [JM] y

[MALG]» Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, objeto de réplica. Se examinan en conjunto los dos primeros, pues se basan en idéntica argumentación.

X. CARGO PRIMERO Por la vía directa, acusa la interpretación errónea de los artículos 11, 12, 13, 25, 46, 47, 48, 50, 141 y 142 de la Ley 100 de 1993; 13 de la Ley 797 de 2003; 18, 19, 20 y 21 del CST; 27 del CC; 10 del Decreto 1889 de 1994; 40, 42, 48, 53, 83 y 230 de la CP; 60 y 61 del CPTSS.

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Radicación n.° 87753 Arguye que de la literalidad del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el 47 de la Ley 100 de 1993, se extrae

que el requisito de convivencia mínima únicamente se estableció para cuando el causante posee la calidad de pensionado, mas no de afiliado. Asimismo, que la norma no calificó la mencionada convivencia con los adjetivos de continua e ininterrumpida. En ese orden de ideas, erró el ad quem al exigir cinco años de convivencia mínima continua e ininterrumpida en cualquier momento, toda vez que bastaba con acreditar la condición de cónyuge, con sociedad conyugal vigente. Invoca los fundamentos de la sentencia CSJ SL17302020.

XI. CARGO SEGUNDO Acusa la providencia del Tribunal de transgredir, por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida, el mismo elenco normativo relacionado en el embate anterior.

En la demostración, reitera los argumentos vertidos en el primer cargo.

XII. RÉPLICA Protección S.A., al pronunciarse sobre los dos primeros cargos, recuerda que el Tribunal concluyó que la recurrente solo vivió con el causante los primeros seis meses de su matrimonio y que nunca más volvieron a vivir juntos, pues incluso el finado residía en la casa de su hermana. Recuerda que ello se constató con los testimonios y el documento

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Radicación n.° 87753 denominado «Investigación Causal del Fallecimiento Pensión Obligatoria», en el que aquella confesó que al momento del fallecimiento, llevaba un año alejada de su marido, y que solo se enteró de su muerte un día después. De todo lo expuesto

concluye que la señora Gutiérrez Clavijo no cumplía con el requisito de mantener su convivencia con el señor Lopera Cartagena al momento de su defunción. Considera que de la apreciación de las pruebas por parte del ad quem no emerge un yerro protuberante, y resalta que la providencia definitiva de instancia se cimentó en aspectos eminentemente fácticos, los cuales permanecen incólumes, debido al sendero por el cual se enderezan los ataques.

XIII. CONSIDERACIONES Dada la senda directa escogida por la censura, fuerza indicar que no existe discusión sobre los siguientes aspectos fácticos: i) Alejandra María Gutiérrez Clavijo y Javier Alejandro Lopera Cartagena contrajeron matrimonio el 3 de marzo de 2001 (f.º 13), vínculo que estaba vigente a la fecha de la muerte del causante; ii) el consorte falleció de forma violenta el 22 de junio de 2010 (f.º 16) y dejó causada la pensión de sobrevivientes; iii) al momento del deceso, el causante tenía la calidad de afiliado al sistema.

Dicho esto, el problema jurídico que deberá resolver la Sala consiste en establecer si el Tribunal se equivocó al exigir un tiempo mínimo de cinco años de convivencia para que la demandante accediese a la pensión de sobrevivientes

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Radicación n.° 87753 generada por la muerte de un afiliado al Sistema General de Pensiones. De entrada se avizora la errada intelección que el colegiado le imprimió al artículo 47 de la Ley 100 de 1993,

modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, pues no se aviene al actual criterio jurisprudencial de la Sala, conforme al cual, cuando la pensión de sobrevivientes se causa por la muerte de un afiliado al Sistema, el cónyuge o compañero o compañera permanente supérstite será beneficiario de la prestación sin que sea necesario acreditar un tiempo de convivencia específico, sino únicamente la existencia de un vínculo de comunidad de pareja con vocación de permanencia real, efectiva y vigente al momento del óbito del asegurado (CSJ SL1905-2021 y CSJ SL2820-2021). Empero, el desvío interpretativo del ad quem no es sustancialmente suficiente para quebrar su providencia, pues lo cierto es que después de que examinó las pruebas recopiladas en el juicio, concluyó que la demandante y el afiliado no vivían juntos para la época en la que este falleció, exigencias que, por más, traen los precedentes citados. Recuérdese, que así lo dedujo del interrogatorio de la propia actora, quien dijo que dejó de vivir con su marido en el año 2006, y de los testimonios de Astrid Janeth Zapata y Liliana Torres Uribe, quienes declararon acerca de la dificultad e inestabilidad de la relación, al punto que aquel después se fue a vivir a la casa de su hermana.

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Radicación n.° 87753 Tales inferencias fácticas a las que arribó el colegiado de instancia no fueron atacadas por la censura, habida cuenta de que los cargos fueron enderezados por la senda del

derecho, lo que supone una plena conformidad con los hallazgos que le sirvieron de báculo al fallador plural de la alzada para proferir su decisión. En las condiciones descritas, aunque es cierto que la cónyuge no tenía que probar que convivió con el causante al menos cinco años, sí debía demostrar la existencia de un vínculo de comunidad de pareja con vocación de permanencia real, efectiva y vigente. Es por lo expuesto que, en el punto examinado, no hay lugar a derruir la providencia impugnada.

XIV. CARGO TERCERO Por la vía directa, denuncia la «falta de aplicación» del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en relación con el 272 ibidem, y con las mismas preceptivas relacionadas en los ataques anteriores.

Asegura que debió aplicarse la primera de las disposiciones mencionadas, toda vez que Protección S.A. incurrió en mora al no reconocer oportunamente el derecho a sus hijos, a pesar de que no hubo controversia sobre su calidad de beneficiarios, al menos en la proporción que por ley les correspondía.

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XV. RÉPLICA Arguye la AFP demandada, que, aunque desde un inicio hubo conocimiento de la existencia de diferentes personas con derecho a acceder a la pensión de sobrevivientes, algunas de ellas no se presentaron a reclamar su hipotético derecho hasta que fueron convocadas a este juicio. De este modo se generó una duda razonable, ya que, al no estar completo el grupo de potenciales beneficiarios «[…] no era

posible distribuir la mesada sin caer en el error de que de pronto apareciera alguien con mejor derecho a impetrar la parte que le correspondiera, lo que obligaba a dejar en manos de la justicia ordinaria el que dirimiera la controversia […]».

1. CONSIDERACIONES Le corresponde ahora a la Corte definir si se equivocó el fallador plural de la alzada al descartar la condena deprecada a título de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Aunque Protección S.A. no reconoció la pensión de sobrevivientes a los hijos de la recurrente dentro de los dos meses siguientes a la solicitud, lo cierto es que en el presente asunto se configura una situación fáctica que impide calificar como moroso su comportamiento. En efecto, desde los albores del juicio, e incluso desde antes, se verificó la existencia de una controversia en torno al origen del accidente que produjo la muerte del afiliado, pues estaba en discusión si aquel ocurrió por causa o con ocasión del trabajo, o si fue de carácter común. Solo en este