CSJ - SL419-2023

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Magistrado ponente SL419-2023 Radicación n.° 93981 Acta 2 Bogotá, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala la revisión interpuesta por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP), contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral No. 4, de la Corte Suprema de Justicia CSJ SL1394-2020, de 14 de abril de 2020, dentro del proceso ordinario laboral promovido por ANASTASIO CARRILLO HERRERA contra la misma entidad recurrente. Dada la actual conformación de la Sala de Casación Laboral se cuenta con el quórum para resolver el presente asunto, por ello se prescinde de la intervención de los conjueces previamente designados. Se reconoce personería para actuar dentro del proceso

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Radicación n.° 93981 de la referencia a la doctora Teresita Ciendúa Tangarife, identificada con tarjeta profesional número 116.558 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada del demandado, en los términos y para los efectos del memorial allegado vía correo electrónico con la contestación de la demanda. (PDF Anotación 11 Contestación demanda Cno. digital Corte).

I. ANTECEDENTES La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), interpuso revisión contra la sentencia referida

en precedencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral No. 4 de la Corte Suprema de Justicia que casó la decisión de segundo grado que confirmó la absolución de la primera instancia, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por Anastasio Carrillo Herrera contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). Lo anterior por configurarse la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la cual pretende la accionante que se invalide la decisión judicial antes señalada y se confirme la determinación de segundo grado, para en su lugar declarar que el demandado no tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación establecida en el artículo 41 de la convención colectiva de trabajo 1998-1999 de la extinguida Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero. En consecuencia, se ordene al

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Radicación n.° 93981 demandado a restituir los dineros percibidos y recibidos como consecuencia de la orden impartida en la sentencia objeto de revisión debidamente indexadas por no haber lugar a pago alguno. En forma subsidiaria, pretende se declare (i) que la pensión convencional de jubilación pagada por la UGPP, es compartible con la legal reconocida por la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones; (ii) se ordene al demandado a restituir a la Unidad demandante la diferencia pensional causada y pagada en exceso desde el «28 de febrero de 2012» entre la pensión convencional ordenada en la sentencia objeto de revisión, y la pensión legal reconocida por

Colpensiones, hasta la fecha en que se haga el debido ajuste pensional y efectivo pago, incluyendo cada uno de los ajustes e incrementos anuales, debidamente indexada. Como sustento de sus pretensiones señaló, en síntesis, que el ahora demandado Anastasio Carrillo Herrera nació el 28 de febrero de 1957; que prestó sus servicios a la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero entre el 11 de junio 1976 y el 27 de junio de 1999; que desempeñó como último cargo el de Director III, grado 9 en la ciudad de Villavicencio – Meta; que el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia a través de la Resolución No. 2534 de 2 de agosto de 2012, negó la solicitud de pensión convencional por no cumplir con la edad requerida con anterioridad al 31 de julio de 2010, con el mismo argumento pero esta vez la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales, por Resolución No. RDP 005099 de 6 de febrero de 2015, negó

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Radicación n.° 93981 idéntica petición del señor Carrillo Herrera. Ante la decisión adversa a la solicitud de pensión convencional, el señor Carrillo Herrera, inició proceso ordinario laboral para el reconocimiento de la pensión convencional, el cual correspondió al Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, con sentencia de 16 de septiembre de 2015, puso fin a la primera instancia y absolvió a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) de

todas las pretensiones de la demanda. Decisión que confirmó el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá mediante sentencia de 7 de junio de 2016. Así mismo, indicó que la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) mediante Resolución No. GNR 35012 de 14 de febrero de 2015 reconoció la pensión de vejez a favor de Anastasio Carrillo Herrera cuantía de $1.343.539, tras resolver la reposición interpuesta contra el acto administrativo de igual naturaleza y de No. 8777 de 14 de enero de 2014; posteriormente a través de la Resolución No. VPB 20343 de 3 de mayo de 2016 reliquidó la pensión de vejez en cuantía de $1.257.917, efectiva a partir del 28 de febrero de 2012. Por virtud del recurso de casación que formuló el allí accionante frente a la anterior determinación del juez plural, la Sala Cuarta de Descongestión de esta Corporación, en sentencia de 14 de abril de 2020, dispuso:

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Radicación n.° 93981 […] CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el siete (7) de junio de dos mil dieciséis (2016) en el proceso que instauró ANASTASIO CARRILLO

HERRERA contra la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,

UGPP.” En sede de instancia, RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral de Oralidad del Circuito de Bogotá, DC, el 16 de

septiembre de 2015. En su lugar, CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de La Protección Social – UGPP, a reconocer y pagar en favor de Anastasio Carrillo Herrera, la pensión de jubilación convencional prevista en el artículo 41 de la convención colectiva de trabajo 1998 – 1999, suscrita entre la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero y Sintracreditario, a partir del 28 de febrero de 2012, en cuantía de $2.753.192, que corresponde a la primera mesada actualizada, la cual para el año 2020, asciende al valor $3.751.401.

SEGUNDO: CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de La Protección Social – UGPP, a reconocer y pagar en favor de Anastasio Carrillo Herrera, por concepto de retroactivo pensional, a razón de 13 mesadas anuales, comprendido entre el 28 de febrero de 2012 y el 31 de marzo de 2020, la suma de trecientos treinta y dos millones cuarenta y seis mil cuatrocientos noventa pesos ($332.046.490), y por concepto de indexación, la suma de cincuenta y tres millones seiscientos cincuenta mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos ($53.650.465).

TERCERO: La UGPP deberá reflejar en las obligaciones pensionales a su cargo, vía cálculo actuarial si a ello hubiere lugar, la carga pensional aquí impuesta tal como lo prevé el artículo 9° del Decreto 255 de 2000, previa presentación del mismo al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de

conformidad con el artículo 1° del Decreto 2721 de 2008 y una vez se cumplan las exigencias legales y técnicas previstas para ello.

CUARTO: AUTORIZAR a la UGPP para que descuente los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud.

QUINTO: Declarar no probadas las excepciones de mérito incoadas.

La anterior sentencia, quedó debidamente ejecutoriada

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Radicación n.° 93981 el 24 de junio de 2020, y la UGPP en cumplimiento de la orden judicial expidió la Resolución RDP 030721 de 11 de noviembre de 2021 y reconoció la pensión de jubilación convencional efectiva a partir de 28 de febrero de 2012 en cuantía inicial de $2.753.192 y de $3.751.401 para el año 2020. Sin embargo, la entidad recurrente considera que en la señalada sentencia se configura la causal de revisión invocada pues la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le era legalmente aplicable como quiera que se ordenó el pago en favor del señor Anastasio Carrillo Herrera una pensión de origen convencional sin tener en cuenta que el aquí demandado no acreditó los requisitos de tiempo de servicios y edad en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005. Por lo anterior, estima que resulta procedente la revisión interpuesta dado que al ordenar en favor del señor Carrillo Herrera el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, a la cual no tiene derecho, por no cumplir los requisitos para ello. Aseguró la entidad recurrente que de acuerdo a la

causal contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, procede la revisión de pensiones: b) cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables, debido a la trasgresión del Preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 48 (A.L. 1 de 2005), 53, 121,123 inciso

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Radicación n.° 93981 2º, 124 y 128 de la Constitución Política de Colombia, Acuerdo 029 de 1985, y Decreto 2879 de 1985; Acuerdo 049 de 1990 y Decreto 758 de 1990; Decreto 2721 de 2008, Decreto 2842 de 2013, Convención Colectiva de Trabajo 1998-1999 de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, por lo que es pertinente el trámite del presente asunto. Lo anterior por cuanto Anastasio Carrillo Herrera no tiene derecho a la pensión de jubilación convencional, en la medida que, no consolidó éste, ni antes, ni en la fecha límite de la vigencia estipulada por la ley, es decir, anterior al 31 de julio de 2010, ya que se debía cumplir los dos requisitos para ser beneficiario de la mencionada prestación, esto es, 20 años de servicios y 55 años de edad, antes de la referida calenda, pues se reitera, que el requisito de la edad lo cumplió con posterioridad al 31 de julio de 2010, motivo por

el cual, solicita la invalidación de la sentencia reprochada y, en su lugar, se declare: (i) que aquel no tenía un derecho adquirido al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación estipulada convencionalmente ante la falta de acreditación «de los dos elementos de causación concomitantes»; (ii) la restitución de la totalidad de los dineros percibidos en virtud de la orden judicial que otorgó la pensión convencional de jubilación, de forma inmediata y debidamente indexados. En subsidio de las anteriores, solicitó declarar (i) que la pensión convencional de jubilación pagada por la UGPP, es incompatible con la legal de vejez reconocida por Colpensiones; (ii) se declare que la pensión convencional de

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Radicación n.° 93981 jubilación, pagada por la UGPP, es compartible con la pensión de vejez legal reconocida por la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones; (iii) se ordene restituir a la UGPP la diferencia pensional causada y pagada en exceso desde el 28 de febrero de 2012 entre la pensión convencional ordenada en la sentencia objeto de revisión, y la legal reconocida por Colpensiones, y hasta la fecha en que se haga el debido ajuste pensional y efectivo pago, incluyendo cada uno de los ajustes e incrementos anuales e intereses moratorios. Admitida la revisión por esta Sala de la Corte, mediante providencia CSJ AL3631-2022, de 29 de junio de 2022, y notificada al demandado señor Anastasio Carrillo Herrera el 1º de septiembre de la misma anualidad, en los términos del

artículo 8 de la Ley 2213 de 2022. Cumplido el trámite de rigor, la parte convocada, mediante vocera judicial, dentro del término legal, se opuso a todas las pretensiones; solicitó declarar infundada la acción invocada por la UGPP contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral No. 4 de la Corte Suprema de Justicia, CSJ SL1394-2020, de 14 de abril de 2020 y, en consecuencia, sea condenada en costas. En cuanto a los hechos relacionados con el tiempo de servicio, la reclamación del derecho pensional convencional y la respuesta negativa; así como el trámite judicial para obtener el reconocimiento y pago de la referida pensión de jubilación convencional, con los resultados descritos en

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Radicación n.° 93981 precedencia, no fueron refutados en la contestación a la demanda. Luego de reproducir los artículos 4º y 41 de la Convención Colectiva de Trabajo 1998-1999, precisó que al demandado le eran aplicables las normas convencionales y, además cumplió con los presupuestos del parágrafo 1° de dicha preceptiva para causar la pensión de jubilación allí prevista, antes de que entrara en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005, consolidándose en su favor un derecho adquirido, por cuanto la norma distinguió dos situaciones «(i) la de los trabajadores activos» y (ii) la de los trabajadores retirados sin cumplir la edad», para estos últimos solo exige

haber prestado servicios a la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero por espacio de 20 años y haber sido retirado del servicio, sin haber arribado a los 55 años de edad, el que tuvo lugar el 27 de junio de 1999 y cumplió la edad requerida el 28 de febrero de 2012, momento en el que se hizo exigible la prestación, en la medida que no se trata de un requisito de estructuración o nacimiento del derecho pensional convencional, sino que la edad es «únicamente una condición positiva para la exigibilidad de la esa prestación», tal como lo ha reiterado esta Corporación en casos similares, entre otras sentencias: CSJ SL526-2018, CSJ SL4550-2018,

CSJ SL1098-2019, CSJ SL1046-2020, CSJ SL4138-2020.

Sin proponer medio exceptivo alguno. Surtido el trámite de rigor, procede la Sala a emitir la respectiva sentencia que en derecho corresponda, previas las siguientes:

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Radicación n.° 93981

II. CONSIDERACIONES Las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 pueden ser invocadas, por la accionante la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), de conformidad con lo establecido en el Decreto 575 del 22 de marzo de 2013, artículo 6, la autorizada para «adelantar o asumir cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adicionen o modifiquen», de manera que existe

plena legitimación para el ejercicio de la acción. Igualmente, esta corporación es competente para conocer el asunto, en virtud a que se invocan las causales especiales de revisión del citado artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Resulta pertinente memorar que como mecanismo excepcional al principio de la cosa juzgada y con el propósito de proteger el erario cuando aquel se viera afectado por una decisión judicial o administrativa, que le imponga el reconocimiento de una prestación en monto superior al valor que legal o convencionalmente le correspondiera al titular, o sin el respeto al debido proceso, el legislador consagró la revisión como mecanismo extraordinario, a efecto de evitar el llamado abuso del derecho y a la par proteger el bien común

(CSJ SL351-2018).

De otra parte, resulta pertinente señalar que con fundamento en el artículo 32 de la Ley 712 de 2001 la revisión instaurada en ejercicio de las facultades otorgadas

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Radicación n.° 93981 para el recurso extraordinario de revisión se debe presentar dentro de los 5 años siguientes a la ejecutoria de la sentencia, lo cual se cumple a cabalidad como quiera que la revisión se presentó ante esta Corporación vía correo electrónico el 2 de mayo de 2022, en los términos del artículo 8 del Decreto 806 de 2020 y se dirige contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión No. 4 de la Corte Suprema de Justicia, el 14 de abril de 2020 (CSJ SL1394-2020), esto es, dentro del término previsto para el efecto.

En el marco de este escenario, la entidad recurrente aduce que la pensión convencional de jubilación otorgada judicialmente al señor Anastasio Carrillo Herrera se reconoció en cuantía que excede lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva, pues, en su sentir, contrario a lo ordenado en la decisión confutada, no es procedente el reconocimiento de la referida prestación «por no haber acreditado de manera concurrente los requisitos necesarios para dicha prestación tiempo de servicios y edad en vigencia de la convención colectiva o en su defecto antes de 31 de julio de 2010», lo cual constituye una trasgresión normativa y conlleva un reconocimiento de forma irregular. De conformidad con los argumentos expuestos por las partes, corresponde a esta Sala de la Corte establecer: (i) la finalidad de la acción extraordinaria de revisión consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003; y (ii) si se configura o no la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 alegada por la entidad recurrente en el reconocimiento de la pensión convencional de jubilación

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Radicación n.° 93981 del demandado en cuantía que excede lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le son aplicables. i.) Finalidad de la revisión Resulta pertinente memorar que como mecanismo excepcional al principio de la inmutabilidad de la sentencia y con el propósito de proteger el erario cuando aquel se viera afectado por una decisión judicial o administrativa, que le imponga el reconocimiento de una prestación por encima del

valor que legal o convencionalmente le correspondiera al titular, o sin el respeto al debido proceso, el legislador consagró la revisión en los siguientes términos:

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS

PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

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Radicación n.° 93981 Ha adoctrinado esta Sala de la Corte que la revisión

constituye un instrumento judicial, cuyo ejercicio busca introducir una excepción a la cosa juzgada para reivindicar y defender un interés superior: la protección del patrimonio público (CSJ SL351-2018), el cual es un bien sagrado de todos los colombianos que con el esfuerzo, trabajo y cumplimiento de los deberes se contribuye a su formación. Ahora, en atención a la conexión que existe entre este trámite judicial y la salvaguarda de los recursos públicos, la revisión es un instrumento que a su vez desarrolla tres principios constitucionales: «el de moralidad pública, la prevalencia del interés general sobre el particular y el respeto al debido proceso». Respecto al principio de moralidad pública, en su acepción constitucional «no se circunscribe al fuero interno de los servidores públicos sino que abarca toda la gama del comportamiento que la sociedad en un momento dado espera de quienes manejan los recursos de la comunidad y que no puede ser otro que el de absoluta pulcritud y honestidad», pues los ciudadanos confían en que los servidores públicos que administran recursos de la seguridad social sean respetuosos de sus deberes y se ciñan a altos estándares éticos, de pulcritud y honestidad y que actúen con apego en la Constitución y la ley. Así mismo, la revisión no es solo un instrumento para combatir la corrupción, sino que paralelamente hace prevalecer el interés de la colectividad por encima del

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Radicación n.° 93981 particular al detener o armonizar con la ley el pago de pensiones reconocidas en exceso, bien sea por error, ignorancia o desconocimiento del funcionario judicial o

administrativo de las disposiciones reguladoras de la pensión, o ya sea por adoptarse una interpretación indefendible o desconectada de la jurisprudencia consolidada de los máximos tribunales de cierre. Por último, la revisión es una garantía del derecho al debido proceso de las entidades públicas, cuando quiera que en el curso del proceso se incurra en graves omisiones o conductas que desequilibren la relación procesal, en detrimento de la igualdad de oportunidades y la defensa técnica que deben tener las partes en contienda. En los tres casos, el objetivo es idéntico: la defensa del patrimonio público, propender por erradicar la corrupción, la redefinición del monto de las pensiones según lo consagrado en la ley y los estatutos colectivos, o la garantía del derecho fundamental al debido proceso. ii.) De la causal de revisión invocada. El reconocimiento de la pensión convencional de jubilación del demandado en cuantía que excede lo debido de acuerdo a la ley, pacto o convención.

Pretensiones principales: Ahora bien, para elucidar si le asiste razón a la

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Radicación n.° 93981 accionante en el primer reproche es menester memorar que no están sometidos a discusión los siguientes supuestos: i) que señor Anastasio Carrillo Herrera laboró al servicio de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero entre el 11 de junio de 1976 y el 27 de junio de 1999, esto es, 23 años y 17 días; que nació el 28 de febrero de 1957, luego cumplió 55 años de edad en la misma data del año 2012, por lo que al

momento de su retiro de la entidad, no contaba con la edad requerida por la norma convencional; iii) que ante la negativa del reconocimiento pensional inició proceso ordinario que culminó con la sentencia aquí confutada que casó la decisión del colegiado para en sede extraordinaria, revocar el fallo de primer grado que absolvió de la pensión reclamada y en su lugar, condenar al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación convencional a favor señor Carrillo Herrera, a partir del 28 de febrero de 2012, en cuantía de $2.753.192 para el año 2012, de acuerdo con la liquidación de la norma convencional, con la debida indexación, los reajustes anuales legales correspondientes y por 13 mesadas. Corresponde, entonces, a la Corte dilucidar si el señor Anastasio Carrillo Herrera, al 31 de julio de 2010, cuando por fuerza del Parágrafo Transitorio 3º del Acto Legislativo 01 de 2005, perdieron vigencia las reglas de carácter pensional que regían contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, entre ellas, las que aquí se tratan, tenía una expectativa legítima o un derecho adquirido. A los propósitos de la presente decisión, resulta

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Radicación n.° 93981 necesario precisar lo acordado convencionalmente en el artículo 41 de la Convención Colectiva de Trabajo 19981999, para obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación allí estipulada, dado que la recurrente sostuvo que

el demandado no cumplía uno de los requisitos previstos en acuerdo convencional fuente del derecho pensional, esto es, haber cumplido la edad requerida en vigencia del señalado convenio colectivo. En ese orden, se tiene que en lo que interesa a la presente decisión, la citada preceptiva convencional estableció:

ARTÍCULO 41o. PENSIÓN DE JUBILACIÓN-REQUISITOS.

A partir del dieciséis de enero de 1992, los trabajadores de la Caja Agraria, cuando cumplan Veinte (20) años de servicio a la Caja, continuos o discontinuos, y lleguen a la edad de cincuenta (50) años las mujeres y cincuenta y cinco (55) años los varones, tendrán derecho a que la caja les pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicios. Con todo, quienes el dieciséis (16) de marzo de 1992 tuvieren Dieciocho (18) o más años de servicio a la Caja, continuos o discontinuos, tendrán derecho a la pensión cuando cumplan cuarenta y siete (47) años de edad y (20) años de servicio. Quienes hayan cumplido los requisitos anteriores para el ejercicio o disfrute de la pensión de jubilación deberán solicitar el reconocimiento de la respectiva prestación dentro de un término no superior a un (1) año contado a partir de la fecha de la firma de la presente Convención. Para quienes no hayan adquirido este derecho y cumplan los requisitos de edad y tiempo de servicio, igualmente deberán solicitar el reconocimiento de la respectiva

prestación dentro de un término no superior a un (1) año, contado a partir de la fecha en que cumplan los requisitos. Si el trabajador no hace la expresa solicitud aquí prevista dentro de los términos señalados, su pensión se regirá de la siguiente manera: a) Para las personas con cuarenta y siete (47) años de edad y veinte (20) años de servicios su pensión se regirá por las normas

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Radicación n.° 93981 convencionales, es decir, a la edad de cincuenta (50) años las mujeres y cincuenta y cinco (55) años los varones. b) Para los que se rijan por el régimen convencional, veinte (20) años de servicio, y cincuenta (50) años de edad las mujeres y cincuenta y cinco (55) años de edad los varones, su pensión se regirá por las normas legales vigentes. El pago de las pensiones de jubilación de carácter convencional que la Caja haya reconocido o reconozca en el futuro, continuará haciéndose directamente por la Entidad al Beneficiario. Así mismo, la Caja se compromete a reconocer a los pensionados, de acuerdo con la ley 4a. de 1966, los beneficios establecidos en dicha Ley. PARÁGRAFO 1o. El trabajador que se retire o sea retirado del servicio sin haber cumplido la edad de 55 años si es hombre y de 50 si es mujer, tiene derecho a la pensión al llegar a dicha edad, siempre que haya cumplido el requisito de veinte (20) años de servicios a la institución. PARÁGRAFO 2o. El trabajador que el dieciséis (16) de marzo de

1992 haya cumplido 18 años o más de servicios continuos o discontinuos, que se retire o sea retirado del servicio sin haber cumplido la edad de los 47 años, tiene derecho a la pensión al llegar a dicha edad, siempre que haya cumplido el requisito de veinte (20) años de servicios a la Institución. Así, a efecto de resolver los cuestionamientos planteados, se debe resaltar que esta Corporación, tal como lo advierte la parte accionada, ya tuvo la oportunidad de dilucidar los problemas aquí propuestos, a través de la sentencia CSJ SL3113-2020, la que constituye su posición actual, según la cual, ya había sido decantada una única interpretación o entendimiento del parágrafo 1°, reproducido en precedencia, cuando de aplicar la disposición convencional se trate, criterio que a su vez fue reiterado en la sentencia CSJ SL3587-2020, en esta última decisión, así razonó la Sala: […] Ahora bien, aunque esta Sala de la Corte había considerado que la disposición convencional bajo estudio «parágrafos primero y segundo», que alude a la situación pensional de los servidores

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Radicación n.° 93981 desvinculados de la Caja, admitía más de una interpretación razonable (rads. 22415 de 2004 y 36955 de 2010), siendo una de ellas la que acogió el Tribunal, lo cierto es que mediante las sentencias SL526-2018 y SL289-2018, rectificó el anterior criterio para sostener que el único entendimiento que admite el «Parágrafo 1» del artículo en cita, es el de que la pensión de jubilación allí prevista se causa o adquiere con el agotamiento de

dos requisitos: i) la desvinculación voluntaria o forzosa del trabajador y ii) la prestación del tiempo mínimo de servicio, de modo que el cumplimiento de la edad constituye una mera condición para su exigibilidad. En efecto, así reflexionó la Sala en la primera de las mencionadas providencias (SL526-2018): “[…] la redacción del artículo 41 convencional en estudio, particularmente en su Parágrafo 1, desde su vista gramatical, sistemática y teleológica o finalística no tiene más que una lectura: 1) que se aplica a ex trabajadores de la disuelta y liquidada Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, esto es, a quienes a partir de la vigencia de la convención colectiva de trabajo de marras perdieron la condición de trabajadores activos; 2) que para la estructuración del derecho pensional se exige haberse prestado cuando menos veinte (20) años de servicio a la citada empresa; y 3) que el disfrute o goce de la prestación se producirse cuando se arriba por el ex trabajador a la edad de cincuenta (50) años, si se es mujer, y de cincuenta (55) años, si se es hombre. […] Ante tal situación lo que fuerza concluir es que los requisitos de la pensión así prevista se reducen a dos: la prestación de servicios durante un determinado tiempo, para este caso 20 años, y la desvinculación del trabajador por cuenta propia o por causa imputable a la empresa; y la edad indicada en la norma deviene en una condición personal o individual que lo que permite es la exigibilidad del derecho pensional. […] Nótese a ese respecto que la disposición convencional parte del

presupuesto de que el trabajador ya ha cumplido la materialidad laboral que le da causa a la prestación pensional: el tiempo de servicios, pero considera la