CSJ - SL4200-2017

60 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS

Magistrado Ponente SsL4200-2017 Radicación No. 53231 Acta 06 Bogotá D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017). Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de MARÍA DE JESÚS AGUDELO LONDOÑO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín el 15 de abril de 2011, en el proceso que promovido contra el INSTITUTO DE

SEGUROS SOCIALES, hoy ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES.

I1. ANTECEDENTES Ante el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellin, Maria de Jesús Agudelo Londoño demandó al ISS, para que fuera condenado a reconocerle y pagarle la pensión de sobrevivientes en su calidad de cónyuge de Carlos Alberto Berrío Dávila, junto con los reajustes legales, Radiación n.? 53231 | las mesadas ordinarias y adicionales desde el momento del fallecimiento de asegurado, y los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de 1993. | Fundamentó sus pretensiones en que el 13 de abril de 1971, contrajo matrimonio por el rito católico con Carlos Albierto Berrio Dávila, unión en la que procrearon dos hijos; qué para el 11 de noviembre de 2001, cuando falleció su cónyuge, aún estaban casados y con la sociedad conyugal

vigente; que su esposo cotizó a la entidad de seguridad demandada desde el 7 de abril de 1971 hasta el momento de Isu deceso 670 semanas, de las cuales 428 fueron antes de ¿entrar en vigencia la Ley 100 de 1993; que el 3 de enero de 2005 solicitó el reconocimiento de la pensión, a lo que se opuso el demandado mediante Resolución n.” 02691 del 15 de enero de 2007, con fundamento en que no reunía la den!sidad de cotizaciones exigidas en el numeral 2 del artículo 46 de la Ley 100, y porque en la declaración bajo juramento que había presentado ante dicho Instituto, mainifestó que vivía en España desde el año 1.998, de lo que infirió que no había cumplido el requisito de convivencia coh el causante por el término de dos años exigidos por la Ley 100 de 1993; que si bien para la fecha del fallecimiento de 5su esposo, ella no estaba fisicamente a su lado, fue por en¿ontrarse laborando en España desde 1998 como enfémera, no obstante lo cual el vínculo marital, formal y materialmente, se mantuvo vigente, ya que como pareja se comunicaban permanentemente y se reunían cada año l Radiación n.” 53231 durante sus vacaciones; que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, no exigia al cónyuge supérstite tiempo alguno de convivencia con el causante cuando se trataba de la muerte del afiliado y que aun cuando así se exigiera, igualmente satisfacia dicho requisito por haber procreado dos hijos con el causante, además de que asumió los gastos funerarios de su cónyuge, y que apeló la resolución del ISS

sin que hubiere sido resuelto. El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó el matrimonio celebrado entre la actora y el asegurado y la procreación de los dos hijos; la fecha de afiliación a dicha entidad desde la fecha indicada y la fecha del deceso del asegurado, haciendo énfasis en que para esa data contaba con 672 semanas; la expedición de la resolución por medio de la cual negó el reconocimiento de la pensión, así como los argumentos aducidos por la actora, la interposición del recurso de apelación y la falta de pronunciamiento sobre el mismo. Propuso las excepciones falta de causa para pedir, compensación, prescripción e imposibilidad de condena en costas. IL SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Fue proferida el 23 de octubre de 2009, y con ella el juzgado absolvió al ISS de todas las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora. Radiación n.” 53231

I. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la parte actora, el proceso subió al Tribunal Superior de Medellín, Corporación que mediante la sentencia recurrida en casación, confirmó la decisión del juzgado sin imponer costas por la alzada.

El tribunal expresó que lo cuestionado en esa instancia «es la necesidad de la efectiva convivencia al | . momento de la muerte del pensionado o afiliado tal y como lo preiceptuaba el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de | 1993. Al respecto precisó que esta Sala de Casación había

inc£icado que la convivencia era un requisito esencial que debían cumplir tanto el cónyuge o compañero (a) permanente para ser beneficiarios de la pensión de sot%revivientes, y que por regla general, la carga de acreditar la vida marital por el periodo de dos años referido en la ley, le 'incumbia al cónyuge o compañero supérstite, en apliícación de lo dispuesto en el artículo 177 del CPC, para lo cual se apoyó en sentencias de esta Corporación que citó y de las cuales reprodujo algunos apartes. Seguidamente, precisó que debía la demandante acreditar la convivencia de por lo menos dos años 6Z Radiación n.” 53231 anteriores al fallecimiento de su esposo, lo que no fue demostrado, por las razones que se sintetizan a continuación: Desde la demanda inicial, la actora respaldó su pretensión en que al «momento de la muerte del afiliado estaba vigente el vínculo matrimonial y la sociedad conyugal pues por razones laborales residía en España desde el año 1998 y su cónyuge en Colombia», e igualmente en «que la pareja conservaba comunicación permanente y se reunía cada año como pareja, durante las vacaciones de la demandante», Las anteriores afirmaciones se quedaron en meras manifestaciones, dado que las declaraciones de los testigos María Eugenia Agudelo Londoño, Gilma de Jesús Osorio y Olga Lucía Peña Quintero, solicitados por la actora, nada dijeron sobre la «real comunidad de vida, en la que se evidenciara solidaridad, ayuda mutua o socorroa pesar de la distancia», pues solo se limitaban a decir «que se

comunicaban telefónicamente», sin exponer la razón de su dicho, ya que como se advirtió en la demanda introductoria, que «el causante vivía inicialmente con su hija Eliana y posteríormenté con su padre» lo que conducía automáticamente a colegir que lo declarado «es de oídas» y no de personas que percibieron directamente los hechos alos que se aluden, pues minguno de los testigos puede decir en forma precisa, que a pesar de la separación material de la Radiación n. 53231 pareja existía la vocación de convivencia, lazos de amor, apoyo mutuo, económico, y espiritual». Destacó también que las declaraciones omitieron otros detalles trascendentes, y que «asimismo de la prueba documental solo se extrae que del año 98 al 2001, la actora ingresó al país en el 2000, pero en bonjunto con las piezas testimoniales no se demuestra que haya permanecido con su cónyuge en ese período». l | Que si bien no se requería de una explicación exki1austiva de cada pormenor relativo a las razones de coñocimiento ni el relato minucioso de cada hecho, sí era necesario que las explicaciones, al menos, fueran atendibles y concretas sobre el origen de lo dicho. Ese orden, concluyó que con elementos tan precarios como la prueba documental y las declaraciones I _ mencionadas, no podía darse por demostrada la corívivencia aducida en la demanda y en la alzada, sin que se% válido argumentar como excusa para la falta de coúvivencia el tema de los emigrantes colombianos y los pr¿blemas que padecen, pues como lo mencionó el

Juzígado, «tampoco <e demostró que la falta de aco|mpañamiento físico de la actora en las honras fúnebres delí afitiado o en los días subsiguientes para estar con el resto de la familia haya obedecido a circunstancias de fuerza mayor o a las situaciones de movilidad que narra en cuanto | al hecho de ingresar o salir del país». E> Radiación n.” 53231

IV. RECURSO DE CASACIÓN Fue interpuesto por la parte actora, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la sentencia recurrida, para que en instancia, revoque la del a quo, y en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda inicial.

Con tal finalidad formuló dos cargos, no replicados, que se decidirán a continuación de manera conjunta, por la identidad de propósitos y argumentos que tienen.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la aplicación indebida de los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 256, 258 y 399 del Código Civil; 177, 178, 305, 306 del Código de Procedimiento Civil; 141 y 142 de la Ley 100 de 1993 y 48 y 53 de la Constitución Politica.

Asevera que por haber apreciado con error la demanda (folios. 1 a 10); el reporte de semanas cotizadas del causante (folios 19 a 24); el registro civil de matrimonio (folios 16 y vuelto); la factura de venta del osario donde Radiación n.” 53231 reposaban los restos del causante (folios 33 a 34); la

fotocopia de la cédula de ciudanía Colombiana y Española, f.48; el volante de empadronamiento, expedido por el Ayuntamiento de A Coruña, donde se registra. la imposibilidad de viajar al país hasta el 14 de febrero de 20Ó9 (folios 41 y vuelto), y el recurso de apelación (folios 77 a 81), el tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho:

¡ NO DAR POR DEMOSTRADO, ESTÁNDOLO, QUE ENTRE EL

- CAUSANTE Y LA DEMANDANTE, EXISTÍA UNA VIDA REAL EN

. COMÚN QUE ERA UNA AUTÉNTICA FAMILIA, CON VOCACIÓN DE

— ESTABILIDAD, SOLIDARIDAD Y RESPONSABILIDAD ENTRE LOS

CÓNYUGES, QUE LLEVÓ A LA ACCIONANTE A BUSCAR OTROS

INGRESOS ECONÓMICOS, A TRAVÉS DE SU TRABAJO COMO

ENFERMERA, EN OTRO PAÍS COMO ESPAÑA, PORQUE EN SU

TERRUÑO COLOMBIA, NO ENCONTRÓ TRABAJO COMO

- ENFERMERA.

'

DAR POR DEMOSTRADO, SIN ESTARLO, QUE EXISTIÓ LA

INTENCIÓN Y ANIMUS DE LOS CÓNYUGES BERRÍO - AGUDELO

DE SEPARARSE POR EL HECHO DE HABER BUSCADO LA

ACCIONANTE NUEVAS FUENTES DE INGRESO, COMO EL

- EJERCICIO DE SU PROFESIÓN DE ENFERMERA EN OTRO PAÍS.

NO DAR POR DEMOSTRADO, ESTÁNDOLO, QUE ENTRE LA

ACCIONANTE Y EL CAUSANTE NUNCA EXISTIÓ LA INTENCIÓN

DE SEPARARSE, QUE LA ÚNICA INTENCIÓN DE LA SEÑORA

AGUDELO LONDOÑO EN RESIDENCIARSE EN ESPAÑA ERA

OBTENER UN INGRESO ECONÓMICO A TRAVÉS DE SU TRABAJO

COMO ENFERMERA, QUE NO LO HUBIERA OBTENIDO, SI

. HUBIERA PERMANECIDO EN COLOMBIA.

. NO DAR POR DEMOSTRADO, ESTÁNDOLO, QUE CON EL

. SALARIO MÍNIMO LEGAL QUE GANABA EL CAUSANTE EN VIDA,

— SEGÚN SE ACREDITA DE SU HISTORIA LABORAL, SE HACÍA

IMPOSIBLE CONSOLIDAR LOS INGRESOS NECESARIOS PARA

SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA FAMILIA BERRIO —

- AGUDELO.

NO DAR POR DEMOSTRADO, ESTÁNDOLO, QUE SI EXISTIERON

CIRCUNSTANCIAS DE FUERZA MAYOR QUE LE IMPIDIERON A LA

ACCIONANTE TRASLADARSE DE ESPAÑA A COLOMBIA, PARA LA A Radiación n.” 53231

FECHA DEL FALLECIMIENTO DE SU CÓNYUGE, CUAL ERA LA

OBTENCIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA QUE LE PERMITÍA

LABORAR LEGALMENTE EN DICHO PAÍS, SIN NINGÚN TIPO DE

RESTRICCIÓN LEGAL Y PODER ASÍ PROCURARLE A SU FAMILIA

CONFORMADA CON EL CAUSANTE, LOS INGRESOS

ECONÓMICOS NECESARIOS PARA SUBVENIR LAS NECESIDADES

BÁSICAS Y CÓNGRUAS DE DICHO HOGAR.

En la demostración del cargo, luego de reproducir los apartes de las sentencias de primera y segunda instancia,

en las que se aludió a la ausencia de la actora a las honras fúnebres del causante, y en los días subsiguientes a la ocurrencia de su deceso, para estar con la familia, indicó que la referida inasistencia obedeció a una fuerza mayor o causa justificada, ante la imposibilidad de poder viajar de España a Colombia solo hasta el 14 de noviembre de 2009, pues estaba en proceso el trámite de la nacionalidad, tal como lo demostraba el Volante de Empadronamiento, expedido por el «Ayuntamiento de A Coruña» visible a f.” 41 (sic), impedimento de salida de dicho país que se corroboraba con la expedición de la cédula de ciudadanía española, donde con mucho esfuerzo y sacrificio, como alejarse temporalmente de su familia, logró obtener la mencionada nacionalidad. En ese orden, que de haber tenido en cuenta esa circunstancia habría determinado que «SÍ EXISTIÓ UNA FUERZA MAYOR, que le imposibilitó a la accionante regresar al país en el 2001, cuando apenas había salido a finales de 1998, no había completado ni sigquiera los cinco años de permanencia en España, para poder decir que podía salir del Radiación n, 53231 país sin perder su tiempo permanencia en dicho país, en pos deladquirír su nacionalidad Española, y poder ya ahí sí contlrsi buir. de una mejo. r manera a los gastos del hogar conformado con su finado esposo». Resalta que el hecho de residenciarse la actora en España, no implicaba el rompimiento del vínculo conyugal de ¡los consortes, pues a pesar de no haberse indicado

de$de el inicio del litigio, la demandante enviaba desde el extierior a su cónyuge parte de su sueldo para efectos de sol?entar las necesidades familiares, dado que con el salario minimo que devengaba, según se desprendía de su historia laboral, le era imposible, desde el campo económico, atender las necesidades congruas de su hogar. Expresa que el requisito de la convivencia no puede mifarse solamente desde la óptica material o sexual, pues losi cónyuges en este caso específico mantuvieron viva y actualmente su unión mediante el acompañamiento espiritual permanente, la indisolubilidad y singularidad del vínculo familiar, el apoyo económico y el reencuentro familiar en la medida de lo posible, al punto de que aun pucííiendo la actora contraer nupcias con un nacional es1:?añol, para obviar los trámites de permanencia y estábilidad que se le exigía para adquirir dicho estatus, no lo áhizo, y prefirió esperar prudencialmente el tiempo necesario, para adquirir la nacionalidad y poder tener así 65 Radiación n. 53231 un ingreso estable que contribuyera a la paupérrima economía familiar. Manifiesta que tan evidente era la «VOCACIÓN DE ESTABILIDAD ESPIRITUAL Y ECONÓMICA,, entre los consortes, que de no haber sido así el mismo causante en vida o la actora, hubieren iniciado los trámites de cesación de efectos civiles del matrimonio religioso, separación de cuerpos, separación de hecho, o la disolución y posterior liquidación de su sociedad conyugal, lo cual no sucedió, y

así se demostraba con el registro civil de matrimonio de fols. 16 y vuelto, en el que no aparecía ningún registro, ni nota marginal, que declarara la existencia de un acto jurídico como los referidos, pues para los consortes era claro que su unidad de vida familiar continuaba vigente, a presar de aquella separación, que solo obedeció a motivos económicos de carácter laboral. Insiste en que lo que motivó a la actora a buscar nuevos horizontes en otro país, fue procurarse un mayor ingreso, que le permitirá a la exigua economía familiar, un mejor nivel de vida, con su trabajo como enfermera, lo cual si era una realidad incontrastable con la experiencia de las personas inmigrantes colombianas en otros países, que por medio de las remesas, envían a su pais de origen parte de su salario a esta pobre economía colombiana, con el fin de forjar un patrimonio para comprar una casa, un vehíiculo, o algún otro tipo de bien que les permita solventar de una 11 Radiación n.” 53231 mejor manera las necesidades del grupo familiar, tal como ind¿efectiblemente sucedió en el caso de marras, ya que a pesfar de un olvido del apoderado inicial de acreditar dentro deli plenario él envió de esas remesas, de no haber sido de esá manera, los cónyuges en mención hubieran optado por legalizar la misma, de haber existido una ruptura conyugal, lo Cual no sucedió como quedó demostrado con el referido registro. | i Aduce que el tema de la convivencia, implicaba el acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y

vida en común cuando se comparten los recursos que se tienen, aun existiendo separación física temporal por fuerzas de las circunstancias, por limitación de medios u opo|rtunídades laborales, el cimiento de la familia sigue vigente, porque la razón de ser, es la unidad familiar, y así lo había entendido esta Corporación en sentencia con n. de radiación CSJ SL 36448, 8 sep. 2009, por lo que haber analizado el tribunal de forma integral y sistemática la prq.eba documental allegada al proceso, habría detérminado que sí «existió una fuerza mayor o motivo justificable» para que la accionante no asistiera a las honras fánebres de su cónyuge, y que siempre tuvieron vocación de l estabilidad y se prodigaron mutuamente ayuda espíritual y económica por más de 30 años, y que era total el «AMOR y GRATITUD de estos que NUNCA SE SEPARARON

HASTA QUE DIOS EN SU REAL Y SABIA SABIDURÍA LA

TERMINÓ».

12 Radiación n.? 53231 VIIL CARGO SEGUNDO Acusa la interpretación errónea de los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 256, 258, 396 y 399 del Código Civil; 141 y 142 de la Ley 100 de 1993, y 42, 48 y 59 de la Constitución Política. Sustenta el cargo en los siguientes términos: [.] Lo que no se acepta es que el Ad quem, no haya observado que los motivos por los cuales no pude asistir la accionante a las honras fúnebres de su esposo se debe a motivos de fuerza mayor ajenos a

su voluntad, como era precisamente la permanencia fiísica en el lugar del país receptor durante un tiempo, que le imposibilitaba regresar a Colombia aún bajo circunstancias apremiantes como la muerte de su cónyuge, según se demuestra con el documento de “VOLANTE DE ñEMPADRONAMIENTO” donde <e indica expresamente que ese caso específico no podía salir del (si) hasta determinada fecha, como de hecho ocurrió en el caso de marras. Desconoció el Ad-quem la jurisprudencia que sobre el tema de la convivencia ha trazado esa Honorable Sala, en el atendido de queuna separación física de carácter temporal de los consortes, no desvirtúa pese la convivencia exigida por la ley para dejar causada la pensión de sobrevivientes, como quiera que es necesario analizar voluntad de los cónyuges, la forma como queda uno de éstos atendida sus responsabilidades conyugales; pues como lo señala textualmente esa Honorables Sala de la Corte. “...aún en la separación cuando así se inpone por fuerza de las circunstancias, ora por limitación de medios, ora por oportunidades laborales, el cimiento del concepto de familia no se extingue, para la vocación de ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por muerte del afiliado o pensionado...” (Expediente 36448). ' Se demuestra así la errada interpretación que le dio el Adquem a los Artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 256, 258, 396 y 399 del Código Civil; 141 y 142 de la Ley 100 de 1993, y 42, 48 y 59 de la Constitución Política, pues de

haber analizado la hermenéutica de las citadas normas como de antaño lo ha realizado esa H. Sala, la decisión no podía ser 13 Radiación n.” 53231 - diferente a la REVOCATORIA INTEGRAL del fallo apelado, para n . su lugar acceder a cada una de las súplicas del escrito genitor. | Las consideraciones que se preceden, son suficientes para . demostrar que el cargo resulta próspero, lo que implica que esa H. | Sala ha de proceder conforme el alcance de la inpugnación. | VII. CONSIDERACIONES | El primer cargo será rechazado por la Corte, por las siguientes razones: El tribunal se apoyó en las pruebas documentales y tes?imoniales para fundar su convicción. A cada una de dichas probanzas les dio su valoración y concluyó de ellas lo ¿que está reseñado en el resumen de su sentencia. Sin emiaargo, la censura solamente se ocupa de controvertir la prueba documental, pero deja de lado la crítica a la prueba tes|timonial, que por sí sola, permite mantener la sentencia, en itantó de ella el Tribunal sostuvo que no acreditaba la co¿vivencía requerida por la ley. En otras palabras, la acQsacíón dejó intacto uno de los soportes esenciales de la deéísión recurrida, que viene amparada por la presunción de Íacierto y legalidad. El Tribunal no apreció con error la demanda inicial, en tahto de dicha pieza procesal extrajo lo que dijo, sin alterar su texto ni tergiversarlo. Allí se afirmó que la actora no estlaba fisicamente al lado de su cónyuge cuando este

fallieció, por encontrarse laborando en España desde 1998 como enfermera, no obstante lo cual el vínculo marital, 14 61 Radiación n.? 53231 formal y materialmente, se mantuvo vigente, ya que como pareja se comunicaban permanentemente y se reunían cada año durante sus vacaciones. Y justamente, esa vocación de permanencia del vínculo conyugal cimentada en el apoyo mutuo, afecto, apoyo económico, etc., que acreditaran que efectivamente la convivencia entre los cónyuges no se rompió, fue lo que echó de menos el tribunal, sin que esté de más recordar que la demanda inicial, en ese punto, no contiene una confesión judicial, en tanto sus manifestaciones ni perjudican a la demandante ni favorecen a su contraparte. La censura controvierte, únicamente, la aserción del Tribunal, prohijando a su inferior, que resultaba extraño que la actora no hubiera asistido a las honras fúnebres de su esposo. Sin embargo, ese razonamiento fue uno, entre otros, de los que esbozó el juez de la alzada para encontrar desvirtuada la convivencia, de los que cabe destacar, la no permanente comunicación de los cónyuges y la no reunión de ellos durante las vacaciones de fin de año, presupuestos, que como ya se dijo, no fueron acreditados. Tampoco apreció con error el Tribunal la éopia del Registro Civil de Matrimonio de la demandante y el causante, pues nunca desconoció la calidad de cónyuges. Lo que echó de menos, se reitera, fue la falta de convivencia, que no logró acreditar la actora en las

instancias, ni derruir esa aserción del tribunal en casación. 15 Radiación n. 53231 | ¡ Finalmente, tampoco fue apreciada con error la factura de los gastos de ventas del osario en donde entjerraron al causante y que fueron cancelados por la acc;íonante, pues a lo sumo, lo que indicarían es justamente el Epago de tales conceptos, pero no necesariamente la convivencia entre los cónyuges. l - Y en cuanto al segundo cargo concierne, es dable advertir, que por el resultado del primero, tampoco incurrió el Tribunal en el yerro jurídico que le enrostra la censura, pu?s el Tribunal jamás desconoció que una separación fisica temporal de los cónyuges mno implicaba necesariamente que mno existiera convivencia entre los esposos, pues como se observa, fue con fundamento en las pru¡1€bas aportadas que concluyó que esa convivencia, en la for1?na precisada por la jurisprudencia en los casos de señaracíones temporales, no se había mantenido en el asu¡mto bajo examen. | — No prosperan los cargos, sin que haya lugar a costas por' no haber sido replicada la demanda extraordinaria. | IX. DECISIÓN - En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en ;nombre de la República de Colombia y por autoridad de Radiación n.” 53231 la Ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín el 15 de abril de 2011, en el proceso ordinario que promovió MARÍA DE JESÚS

AGUDELO LONDOÑO contra el INSTITUTO DE SEGUROS

SOCIALES, hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE

PENSIONES.

Costas como se indicó en la parte motiva. Cópiese, mnoti publíquese y devuélvase al Tribunal de orige 17 Radiación n.” 53231 (u ».

RIGOBERTO ECH RRI BUENO

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

1P LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS M.P. LUIS CABR¡£L MIRANDA BUELVAS ———Jf"—'—”CsREET A RI ASA LA DE CA SACÍÓN LABORAL

SECRETARÍA SALA DE CASACIÓN LABORAL

¡?€. Se deja constanc 2i a 9 qu Me ARe n la f 0e Ich Xa se fijo edicto Se dejaj constanc 72i ai 9 qu Me ARen n lt 2aa 0f 1e 7d ha sa desfija edicto Bogolá, D.C. — Bogotá, D.C.

DINORA DURAN NORIEG

SECRETARIA

Secretario VA L A A N ZP A E P ]]—D < y $

M.P. LUIS CASRIEL VIEANDA BUELVAS eECRETARÍA SALA DE CASACIÓN LABORAL ul

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