CSJ - SL4224-2020

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL4224-2020 Radicación n.° 80762 Acta 041 Estudiado, discutido y aprobado en sala virtual Bogotá, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veinte (2020). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ANA BEATRIZ FIERRO CABRERA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 13 de septiembre de 2017, en el proceso que instauró contra el INSTITUTO DE LOS

SEGUROS SOCIALES, hoy FIDUCIARIA DE DESARROLLO

AGROPECUARIO SA, FIDUAGRARIA SA, y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES, en el que actuó, como litis consorte

necesario, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES

PARAFISCALES, UGPP.

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Radicación n.° 80762

I. ANTECEDENTES Ana Beatriz Fierro Cabrera demandó a las accionadas con el fin de que se declarara que era beneficiaria del régimen de transición, por lo que solicitó la reliquidación de su pensión teniendo en cuenta lo normado en los artículos 19 y 21 del Decreto 1653 de 1977; a partir del 30 de noviembre 2006, junto con la mesada adicional de diciembre y la prima convencional de servicios. Igualmente pidió la retroactividad de las cesantías, sus intereses y la indexación de las condenas.

De manera subsidiaria solicitó que se condenara a la

reliquidación de la pensión de jubilación convencional, el retroactivo de los intereses y la indemnización moratoria. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que nació el 14 de septiembre de 1956, que prestó sus servicios en la Empresa de Energía de Bogotá del 5 de abril de 1983 al 31 de diciembre de 1993, posteriormente trabajó en el Instituto de Seguros Sociales, desde el 31 de octubre de 1995 hasta el 29 de noviembre de 2006, donde su último cargo fue el de «SECRETARIA de la Dirección Jurídica Nacional», que hacía parte de los denominados «Funcionario de Seguridad Social» de acuerdo con los estatutos vigentes a 1 de abril de 1994, pero al momento de su retiro, el Decreto 416 de 1997 la clasificó como trabajadora oficial. Dijo que en el artículo 59 de la Convención Colectiva de Trabajo celebrada por el ISS, el 28 de agosto de 1997, se

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Radicación n.° 80762 consagró la liquidación retroactiva de las cesantías, y en el acuerdo colectivo del 31 de octubre de 2001 se congeló por 10 años tal prerrogativa, a la cual, ella no renunció, y a pesar de ello, no le fueron reconocidas así en la Resolución n.° 6601 de 2006, en donde tampoco le tuvieron en cuenta «los 15 días de salario por prima legal no reconocida», para la correcta liquidación. Señaló que cumplió 50 años de edad el 14 de septiembre de 2006, razón por la cual el 9 de noviembre del mismo año renunció a la entidad en virtud del reconocimiento de la

pensión de jubilación convencional, a partir del 30 de noviembre de 2006, mediante la Resolución n.° 6601 del 12 de diciembre de la misma anualidad, en donde, para su liquidación no se le aplicó el régimen de transición del cual era beneficiaria, por lo que se le debían tener en cuenta los artículos 19 y 21 del Decreto 1653 de 1977, por lo tanto, no fueron incluidos todos los factores salariales. Finalmente indicó que el 29 de octubre de 2007 solicitó ante el ISS la reliquidación y el pago de la retroactividad de cesantías que fue negada mediante el oficio n.° 21090; que el 26 de octubre de 2012 reclamó para que su pensión estuviera conforme al Decreto 1653 de 1977, sin obtener respuesta, por lo que acudió a Colpensiones el 6 de agosto de 2013, pues en virtud del Decreto 2013 de 2012, ella era la encargada de la administración del Régimen de Prima Media con Prestación Definida. El juzgado de conocimiento dio por no contestada la

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Radicación n.° 80762 demanda por parte de Colpensiones. Y en la primera audiencia de trámite, ordenó vincular a la UGPP como litis consorte necesario, porque era la encargada de las obligaciones del Instituto de Seguros Sociales como empleador. Al dar respuesta a la demanda, la UGPP se opuso a todas las pretensiones. En cuanto a los hechos, señaló que no le constaban porque eran situaciones ajenas a su conocimiento. En su defensa propuso las excepciones que

denominó buena fe, prescripción, «REGIMEN (SIC) DE TRANSICIÓN SEGÚN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIAFACTORES A TENER EN CUENTA», y «MI REPRESENTADA NO

ES LA COMPETENTE PARA RESOLVER LA PETICION (SIC)

SOBRE PRESTACIONES SOCIALES DE LA DEMANDANTE Y

POR LO TANTO NO TIENE LEGITIMACION (SIC) EN LA CAUSA

POR PASIVA».

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Uno Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 24 de mayo de 2016, absolvió a las demandadas de todas las pretensiones incoadas en su contra por la demandante, a quien condenó en costas.

Dijo que como había declarado probada la excepción de prescripción, no se debía pronunciar de fondo sobre el derecho reclamado.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante, mediante sentencia del 13 de septiembre de 2017, confirmó la decisión proferida por el a quo.

El Tribunal estableció como problema jurídico determinar si la demandante tiene derecho a la pensión consagrada en el Decreto 1653 de 1977, en virtud del régimen de transición, de ser así, si aquella está liquidada correctamente. Así como si se debe declarar que tenía derecho al reconocimiento y pago de las cesantías retroactivas y a la prima de navidad.

Frente a la pensión de vejez consideró como fundamento de su decisión el pronunciamiento de esta Corporación en la sentencia CSJ SL17783-2016, en donde se exigió que el denominado funcionario de la seguridad social, hubiera prestado 20 años de servicio en tal calidad, para que fueran beneficiarios del artículo 19 del Decreto 1653 de 1977. Recordó que el Decreto 2148 de 1992 estableció la naturaleza jurídica del ISS como empresa industrial y comercial del Estado, y que el artículo 1 del Decreto 1754 de 1994, que modificó el 33 del Acuerdo 03 de 1993, clasificó a los servidores de la entidad en empleados públicos, funcionarios de la seguridad social y trabajadores oficiales.

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Para el caso en concreto indicó: […] que de conformidad con la Resolución 6774 del 14 de diciembre de 2006, según el folio 128, la demandante prestó sus servicios al entonces Instituto de Seguros Sociales entre el 31 de octubre de 1995 y el 30 de noviembre de 2006, y que la demandante renunció desempeñando el cargo de secretaria grado 15, dirección jurídica nacional. Además, según los documentos de los folios 290 y 297, la demandante durante su relación laboral con el entonces ISS desempeñó este cargo. Por lo anterior como el cargo de la demandante no pertenecía a la calidad de empleados públicos o trabajadores oficiales del ISS se concluye que el cargo que la actora desempeñó lo hizo en calidad de funcionaria de la seguridad social y que lo ocupó entre el 31

de octubre de 1995 y el 19 de noviembre del 96, pues a partir del 20 de noviembre del 96 y hasta el 30 de noviembre 2006, de conformidad con la sentencia C-579 de 96 de la Corte Constitucional, lo fue en el cargo de trabajadora oficial como también lo señaló el entonces ISS en el documento del folio 128, por lo tanto se concluye que la demandante con anterior al 20 de noviembre del 96 no acreditó haber prestado sus servicios al ISS por espacio de 20 años en calidad de funcionaria de la seguridad social, por lo tanto no tiene derecho a pensión de jubilación de conformidad con el Decreto 1653 de 1977. Teniendo en cuenta lo anterior, dijo que no era posible aplicar el IBL establecido en el Decreto 1653 de 1977, pues no se podía tener en cuenta normas legales para la pensión convencional que disfrutaba la demandante. Frente al pago retroactivo de las cesantías argumentó que, el artículo 62 de la Convención Colectiva de Trabajo estableció: […] a partir del 1° de enero de 2002 se congela la retroactividad de las cesantías por 10 años, que el ISS procederá a liquidar al 31 de diciembre de 2001 en forma retroactiva las cesantías de la totalidad de los trabajadores, liquidará sobre dicho monto intereses en cuantía del 12% anual correspondiente al año 2001, los cuales serán cancelados durante el mes de enero del año 2002 y que al 31 de diciembre del 2002 y por los años subsiguientes, las cesantías se liquidarán anualmente por las mismas se reconocerá intereses a la tasa del 12% anual por el respectivo año

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Radicación n.° 80762 objeto de liquidación Por lo que, como la demandante era beneficiaria de la Convención Colectiva de Trabajo, se acogió a todo lo que en ella se estableció, pues en el proceso no se acreditó expresa renuncia de los beneficios que en la misma se estipularon. Así las cosas, la liquidación de las cesantías de manera anualizada, efectuada por el ISS, fue correcta. Respecto de la prima de servicios, pretende su pago con la convención colectiva de trabajo, de la cual la demandante era beneficiaria, que en su artículo 50 consagra tal prestación, pues según sus dichos, […] los trabajadores oficiales tendrán derecho a dos primas adicionales, equivalentes cada una a 15 días de salario, pagaderos en junio y diciembre. Y la demandante consideró que hacía referencia a la prima de navidad consagrada en el artículo 32 del Decreto 1045 de 1978 que hace referencia a un mes de salario que se cancela en diciembre. Por lo que tendría derecho a 45 días de prima. Al respecto, indicó que la prestación a la que hacía referencia la norma convencional en cita era la prima legal de servicios, la cual no beneficia a los trabajadores oficiales por cuanto fue establecida únicamente para empleados públicos, de conformidad con el Decreto Ley 1042 de 1978, razón por la que no había lugar a atender esta pretensión de la demandante.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el

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Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque en su integridad la de primera instancia.

Con tal propósito formuló cuatro cargos, por la causal primera de casación, los cuales fueron replicados, y serán estudiados de manera conjunta el segundo y el tercero por perseguir el mismo fin.

VI. CARGO PRIMERO Acusó la sentencia de violar la ley nacional por la vía directa en la modalidad de aplicación indebida de «la Ley 50 de 1990, y no aplicó los artículos 17 y 49 de la Ley 6 de 1945, el 13 de la ley (sic) 344 de 1996, los artículos 16, 21, 43, 467 y 468 del CST., y 53 de la Constitución Política; por dejar de aplicar los artículos 1 y 2 de la Ley 244 de 1995».

Dijo que no discutía los términos de la Convención Colectiva de Trabajo, y que era beneficiaria de ella, pero que el ad quem desconoció todo el marco normativo de las cesantías retroactivas a los servidores del Estado, pues aplicó normas convencionales que eran contrarias a la Constitución y a la Ley, y que desmejoraban las condiciones prestacionales.

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Radicación n.° 80762 Dijo que era ajeno al procedimiento laboral, exigirle al trabajar, la renuncia de los beneficios convencionales, para aplicarle la ley, que es más favorable, pese a que en la

sentencia de la Corte Constitucional CC C428-1997, que analizó el artículo 13 de la Ley 344 de 1990, se puntualizó que el único que podía incorporarse al nuevo régimen de cesantías era el trabajador. Por lo que concluyó, que en virtud de los artículos 21 y 43 del CST y 49 de la Ley 6 de 1945, que tratan sobre la norma más favorable al trabajador, se debió aplicar el Decreto 1252 de 2000, y no las convencionales, sin que fuera exigible la renuncia expresa a las mismas.

VII. RÉPLICA Colpensiones indicó que la demanda de casación adolecía de errores técnicos que impedían su prosperidad, en razón a que afirmó que se aplicaron indebidamente la Ley 50 de 1990, pero no puntualizó el precepto vulnerado. Pero que en todo caso, dijo que no era la llamada a reconocer las pretensiones de la demandante, pues correspondía al ISS como empleador.

El Patrimonio Autónomo de Remanentes de Instituto de Seguros Sociales liquidado y administrado por Fiduagraria SA argumentó que la presente demanda correspondía al sistema pensional de Régimen de Prima Media con prestación Definida, respecto al cual, tomó competencia en el año 2012, solo sobre los remanentes que fueron reclamados durante la

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Radicación n.° 80762 liquidación y no sobre asuntos pensionales que recaen exclusivamente sobre Colpensiones y la UGPP. La UGPP expresó que la demanda de casación contiene yerros técnicos, cuando señaló la indebida aplicación de la

Ley 50 de 1990, los artículos 17 y 49 de la Ley 6 de 1945 y el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, normatividad que el Tribunal no tuvo en cuenta para tomar la decisión. Por otra parte, mencionó que no existió error al concluir que la recurrente debía renunciar expresamente a los beneficios de la convención.

VIII. CONSIDERACIONES Empieza la Sala por advertir que si el ad quem consideró que resultaba aplicable la Convención Colectiva de Trabajo, y, a su turno, la recurrente reclama la aplicación de normas legales por ser más favorables al trabajador, la vía directa o de puro derecho no era la que convenía para orientar el ataque a la sentencia de segunda instancia, porque necesariamente habría que cotejar esas dos fuentes de derecho, con el propósito de establecer cuál de ellas, apreciadas en su integridad, es más beneficiosa a los intereses del empleado, de suerte que al involucrarse una prueba, como lo es la convención colectiva en el estado actual de la jurisprudencia del trabajo, la senda correcta era la indirecta o de los hechos.

Pero, si con criterio amplio, se diera por superada esa

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Radicación n.° 80762 impropiedad, el ataque tampoco estaría llamado a prosperar, pues de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala, el ad quem no cometió yerro alguno al exigir la renuncia expresa a los beneficios convencionales. De acuerdo con lo anterior, el problema jurídico en esta sede se centra en determinar si el ad quem erró al exigir la

renuncia expresa de los beneficios convencionales, para que así a la demandante se le cancelen de manera retroactiva las cesantías. De entrada la Sala encuentra que el cargo no está llamado a prosperar, pues de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, la señora Fierro Cabrera debió expresar su deseo de no ser beneficiaria de los derechos convencionales y así, renunciar a la liquidación y pago de las cesantías de manera retroactiva. Al respecto puede verse la sentencia CSJ SL1247-2020, la que rememoró la SL8252020, en donde se dijo:

2. Naturaleza y fuerza normativa de las convenciones colectivas de trabajo Esta Corporación ha sido enfática en señalar que las convenciones colectivas de trabajo constituyen un derecho objetivo originado a partir de las negociaciones y los acuerdos a los que llegan sindicatos y empleadores, con el fin de regular las condiciones laborales para el beneficio de las partes.

Así mismo, se ha advertido que las mismas se incorporan dentro de los contratos individuales de trabajo y representan una fuente de derechos y obligaciones para todos aquellos que directa o indirectamente se ven por ellas cobijados. […]

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Radicación n.° 80762 En consecuencia, no debe desconocerse la fuerza normativa y vinculante que tienen las convenciones colectivas de trabajo, en condiciones de igualdad para las partes, las cuales configuran en sí mismas la voluntad de las partes en condiciones de igualdad (sindicatos y empleadores), para regular las relaciones laborales sin que se desconozcan derechos mínimos e irrenunciables.

3. Modificación del régimen de cesantías a través del artículo

62 de la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2004. La convención Colectiva de Trabajo 2001-2004 (folios 47 a 88 del cuaderno principal) suscrita entre el ISS y Sintraseguridad Social, le es aplicable no solo a aquellos vinculados a la organización sindical, sino también a todos los que ostenten la condición de trabajadores oficiales vinculados al ISS, salvo que hubieran renunciado a su aplicación. […] Por lo tanto, en el sub examine se tiene que el es aplicable a la señora Hernández Liñan la Convención Colectiva de Trabajo, dado que tuvo la condición de trabajadora oficial (hecho que no fue discutido durante las instancias), y que Sintraseguridad Social fungió como el sindicato mayoritario. Así fue igualmente concluido en el fallo CSJ SL825-2020, donde en un caso de idénticos contornos se resolvió frente a la vinculatoriedad de la referida convención colectiva lo siguiente: Pues bien, se tiene que en el artículo primero del acuerdo colectivo (folio 298-343), tal y como lo advirtió el Tribunal, el ISS reconoció a Sintraseguridadsocial como «SINDICATO MAYORITARIO», lo que fue reiterado en su tercer precepto, el que consagró: Serán beneficiarios de la presente Convención Colectiva de Trabajo los trabajadores oficiales vinculados a la planta de personal del Instituto de Seguros Sociales, de acuerdo con lo establecido en las normas legales vigentes y los que por futuras modificaciones de estas normas asuman tal categoría que sean afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social, o que sin serlo no renuncien expresamente a los

beneficios de esta convención, según lo previsto en los artículos 37, 38 y subsiguientes del Decreto Ley 2351 de 1965 (Código Sustantivo del Trabajo). Para efectos de la aplicación de lo establecido en el presente artículo, el ISS le reconoce su representación mayoritaria. […]

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Radicación n.° 80762 Así las cosas, en el sub examine no existe discusión de que Ana Beatriz Fierro Cabrera es beneficiaria de la Convención Colectiva de Trabajo, que en el artículo 62 se pactó congelar por un término de diez años la retroactividad de las cesantías que se venían reconociendo y, a partir del 1º de enero de 2002, liquidarlas de manera anualizada.

Al respecto dijo: ARTICULO 62. CESANTIA E INTERESES A LA CESANTIA: A partir del primero de enero del año 2002 se congela la retroactividad delas cesantías por diez (10) años.

El Instituto procederá a liquidar a 31 de diciembre de 2001, en forma retroactiva, las cesantías de la totalidad de los trabajadores, y liquidará sobre dicho monto intereses en cuantía del doce por ciento (12%) anual correspondientes al año 2001, los cuales serán cancelados durante el mes de enero del año 2002. A 31 de diciembre del año 2002, y por los años subsiguientes, las cesantías se liquidarán anualmente y por las mismas se reconocerán intereses a la tasa del doce por ciento (12%) anual por el respectivo año objeto de liquidación, los cuales serán cancelados durante el mes de enero del año siguiente.

Sobre el monto de las cesantías liquidadas a 31 de diciembre del año 2001, el Instituto reconocerá a partir del primero de enero del año 2002, intereses equivalentes al 15% anual. En el caso de los trabajadores que no gocen de prima técnica, esta tasa de interés se incrementará en un punto. Los intereses aquí señalados se pagarán en el mes de enero del año siguiente, esto es, enero de 2003. En los años subsiguientes, el saldo de dichas cesantías acrecentado con las cesantías anuales liquidadas por el año inmediatamente anterior, y disminuido en el monto de las cesantías parciales pagadas durante la vigencia, causarán intereses a las mismas tasas y para los mismos grupos de trabajadores, antes señalados. A partir del año 2002 y para efectos del pago de cesantías parciales, se destinará una partida con recursos anuales equivalentes, como mínimo, al 18% del valor de la deuda por concepto de cesantías liquidadas a 31 de diciembre de 2001. La distribución y asignación de estos recursos se realizará

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Radicación n.° 80762 conjuntamente por la empresa y el sindicato. Para efectos de la liquidación de cesantía se tendrán en cuenta los siguientes factores: Asignación básica mensual Prima de vacaciones y de servicio legal o extralegal Horas extras Recargos nocturnos. Dominicales y feriados Auxilio de alimentación y transporte Viáticos. No existe dentro del plenario elemento alguno para no tener como válido el acuerdo: […] en primer término, porque efectivamente surgió en el marco

de las negociaciones colectivas que tuvieron lugar entre Sintraseguridad Social y el ISS, por lo que su contenido es vinculante para todos los trabajadores oficiales pertenecientes a dicha entidad, entre ellos la actora; y, en segundo lugar, porque la sentencia de exequibilidad CC C-428 de 1997, legitimó la posibilidad de que se cambiara el régimen de cesantías retroactivas a anuales, siempre que mediara autorización del trabajador, la cual en el presente caso se encuentra configurada a través de la Convención Colectiva de Trabajo en la que se pactaron nuevas condiciones laborales bajo la potestad que concede el artículo 435 del Código Sustantivo de Trabajo (CSJ SL1247-2020). En este asunto los negociadores que representaban la organización sindical estaban investidos de plenas facultades para dialogar y cerrar acuerdos en nombre de los trabajadores; por tanto, en ejercicio de tales facultades, libres de coacción y con la anuencia expresa y enteramente voluntaria de ellos, convinieron acogerse por algunos años temporalmente al régimen anualizado de cesantías, por lo que no es dable, ahora pretender desconocer los términos del pacto convencional.

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Radicación n.° 80762 De forma similar, en la sentencia CSJ SL816-2018 se adujo que, Por todo lo anterior, únicamente resta la reliquidación de la cesantía y de sus intereses, como consecuencia de los dominicales y festivos. Para tales efectos, la Sala tiene en cuenta que, en los términos de la convención colectiva de trabajo (fol. 64

vto.), la retroactividad de la cesantía quedó congelada a partir del 1 de enero de 2002 y que, por lo mismo, la entidad demandada realizó una liquidación retroactiva a 31 de diciembre de 2001 (fol. 18) y otra por la fracción del año 2002 (fol. 17), que le dieron como resultado las sumas de $15.265.577 – descontando los anticipos – y $2.486.690, respectivamente, que, a su vez, determinaron un total de $17.752.267, reconocidos a través de la Resolución No. 000102 de 2003 (fol. 14) (Subrayas fuera del texto). Por lo tanto, el cargo no prospera porque no se encuentra probado el error de Tribunal al concluir que las cesantías de Ana Beatriz Fierro Cabrera no se debían liquidar de manera retroactiva, y el cargo no prospera.

IX. CARGO SEGUNDO Acusó la sentencia de violar la ley sustancial por la vía directa «por cuanto aplicó indebidamente el artículo 19 y no aplico (sic) el artículo 21 del Decreto 1653 de 1977, que lo llevaron a aplicar indebidamente el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en cuanto no aplico (sic) los artículos 4°, 53 y 58 de la Constitución Política, 272 de Ley 200 de 1993, y 21 del C.S del T».

Para la argumentación del caso explicó que el ad quem, para negar la pensión, se basó en la sentencia de esta Sala CSJ SL17783-2016, la cual no se asemejaba jurídica ni fácticamente al sub lite, toda vez que en esa ocasión se

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Radicación n.° 80762 estudió el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977, y lo que acá se solicitó fue la aplicación del artículo 21 ibidem, que permitía la acumulación del tiempo de servicios en entidades públicas para obtener la pensión de jubilación. En este sentido, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permitía que su pensión fuera reconocida y liquidada de acuerdo al régimen anterior al que se encontraba afiliada, esto es, el artículo 21 del Decreto 1653 de 1977, incluido el IBL, y no aplicar el consagrado en el Sistema General de Pensiones, pues además se violaría el principio de inescindibilidad de la norma. Finalizó diciendo que como había duda sobre qué disposición jurídica emplear, se debía hacer uso de los artículos 53 de la Constitución Política y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, los cuales consagraban el principio de favorabilidad en situaciones como esta, es decir, si se tenía en cuenta dicho precepto, se daba aplicación íntegra de lo establecido en el artículo 21 del mencionado decreto.

X. CARGO TERCERO Acusa la sentencia por la vía indirecta: […] por haber incurrido en errores de hecho manifiestos que condujeron a la errónea interpretación del artículo 19 y la no aplicación del artículo 21 del decreto 1653 de 1977, en relación con el (sic) artículos 36 y 272 de la Ley 100 de 1993; los artículos 4°, 13, 53 y 58 de la Constitución Política, debido a evidentes y

protuberantes errores de hecho al no apreciar unas pruebas y al apreciar erróneamente otras.

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Radicación n.° 80762 4.3.1 ERRORES DE HECHO: En virtud a dichas infracciones, el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo, que el Artículo 21 del Decreto 1653 de 1977, permitió la acumulación del tiempo de servicios prestados al ISS sucesivamente o alternativamente en las demás entidades de derecho público.

2. No dar por demostrado, estándolo, que los 20 años de servicio la demandante los acredito (sic) sucesiva o alternativamente

entre el IDD y la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ.

3. No dar por demostrado, estándolo, que la pensión de jubilación de jubilación convencional de la Demandante se liquidó sin incluir todos los factores salariales que indica la Convención Colectiva de Trabajo y que fueron devengados por la accionante.

4. No dar por demostrado, estándolo, que el IDD y la Procuraduría General de la Nación, atendiendo los diferentes pronunciamientos jurisprudenciales y en aplicación de los principios de favorabilidad, o de la inescindibilidad, fijaron las condiciones y los requisitos para aplicar el régimen de transición en su integridad que le asista al peticionario, el régimen pensional a que viene afiliado el peticionario, en cuanto a aplicar todos los factores salariales e incluso aquellos sobre los cuales no se ha cotizado durante el último año de servicios, para determinar el IBL.

4.3.2 PRUEBAS APRECIADAS ERRÓNEAMENTE.

El error manifiesto obedece a que el Tribunal aprecio (sic) erradamente las siguientes pruebas:

1. La Constancia de la Coordinadora de Nominas de la Empresa de energía de Bogotá. (Folios 120 a 122), cuaderno el Tribunal.

2. Resolución 6774 de 2016, expedida por el ISS, mediante la cual reconoce y ordena el pago de la cesantía total y demás prestaciones sociales. (Folios 128 a 131), cuaderno del Tribunal.

3. Los 19 Comprobantes de pago de nómina o desprendibles de sueldo del último año de servicios, obrantes a folios 198 a 113 del cuaderno del Tribunal.

4. Los Certificados de información laboral, factores salariales, y acumulados obrantes en los folios 22 y 156 del cuaderno del

Tribunal.

4.3.3 PRUEBAS NO APRECIADAS:

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Radicación n.° 80762 El error manifiesto obedece a que el Tribunal no aprecio (sic) las siguientes pruebas.

1. Circular de la Procuraduría General de la Nación, No. 054 (Fls. 135 a 143), cuaderno del Tribunal.

2. Memorando de la Dirección Jurídica del ISS, (folios 143 y 144), cuaderno del Tribunal.

3. El Concepto del director jurídico del ISS 2670) Folios 159 y 160), del cuaderno del Tribunal.

Para la demostración del cargo dijo que el Tribunal erró al no aplicar el artículo 21 del Decreto 1653 de 1997, el cual

permitía la acumulación del tiempo de servicios prestados al ISS y a otras entidades del Estado, por lo que sí tendría derecho al reajuste en la pensión convencional. Así mismo señaló que el ad quem no apreció la circular n.° 054 del 3 de noviembre de 2010 emitida por la Procuraduría General de la Nación, donde estableció las medidas para el cálculo del IBL y la forma en que el ISS debía liquidarla, teniendo en cuenta todos los factores salariales, incluso sobre los cuales no cotizó el trabajador afiliado.

XI. RÉPLICA Colpensiones, frente a estos cargos, dijo que la argumentación no era suficiente para demostrar la existencia de los supuestos yerros en que incurrió el Tribunal.

El Patrimonio Autónomo de Remanentes de Instituto de Seguros Sociales liquidado y administrado por Fiduagraria

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Radicación n.° 80762 SA, reiteró que ella no debía responder por la condena, pues le correspondía a la UGPP. La UGPP dijo que el ad quem no cometió ningún error al indicar que la pensión de la demandante fue correctamente liquidada por el ISS.

XII. CONSIDERACIONES Sea lo primero decir, que se encuentran por fuera de cualquier discusión los siguiente supuestos fácticos: i) la vinculación de la demandante al ISS del 31 de octubre de 1995 al 29 de noviembre de 2006, desempeñando como último cargo el de secretaria de la dirección jurídica nacional; ii) que hacía parte de los denominados «Funcionario de Seguridad Social», pero el Decreto 416 de 1997 la clasificó

como trabajadora oficial; iii) que mediante Resolución n.° 6601 del 12 de diciembre de 2006, le fue reconocida la pensión de jubilación a partir del día siguiente a su desvinculación; y (iv) que antes de laborar en el Seguro Social, trabajó para la Empresa de Energía de Bogotá del 5 de abril de 1983 al 29 de noviembre de 1993. No es cierto, como lo afirma la recurrente, que la pensión solicitada no fuera la consagrada en el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977, pues así la indicó en los hechos 31 y 32 y en la pretensión segunda de la demanda, en la que también incluyó el 21 ibidem. El mencionado decreto reguló el régimen especial de los

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Radicación n.° 80762 funcionarios de la seguridad social que prestan sus servicios al Instituto de Seguros Sociales, limitando de manera expresa a aquellos funcionarios que ostenten esa calidad. Así pues, pierde de vista la recurrente que la categoría de funcionarios de la seg