CSJ - SL426-2023

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Sala de Descongestión N. 3 JORGE PRADA SÁNCHEZ Magistrado ponente SL426-2023 Radicación n.° 91291 Acta 07 Bogotá, D. C., ocho (08) de marzo de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS S.A., ICOLLANTAS S.A. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 27 de noviembre de 2020, en el proceso que en su contra instauró RICARDO MONTERO SÁNCHEZ, al que fue

vinculada UNO A PRODUCCIONES TELEVISIÓN E.U.

I. ANTECEDENTES Ricardo Montero Sánchez llamó ajuicio a Icollantas S.A., para que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a término fijo de un ario, terminado por despido. Pidió el pago indexado del auxilio de cesantía y sus intereses, primas de servicio, vacaciones, aportes a seguridad social en pensiones y salud, indemnización por despido injusto y .los intereses

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Radicación n.° 91291 moratorios por el no pago oportuno de dichas pretensiones». Reclamó costas procesales. Expuso que el 7 de enero de 1999, Icollantas S.A. lo vinculó como «asesor comercial», a través de un contrato de trabajo a término fijo de un ario, que se prorrogó hasta el 31 de julio de 2009. Que se desempeñó ininterrumpidamente

como camarógrafo y editor audiovisual, bajo supervisión de la gerencia de calidad de vida de la compañía y que su último salario fue de $1.540.000 mensuales. Informó que sus labores siempre fueron ejecutadas dentro de las instalaciones de la empresa, debía cumplir horario de lunes a viernes y, en ocasiones, laborar el sábado. Agregó que durante toda la relación contractual, la accionada no le pagó prestaciones sociales, ni vacaciones; tampoco, le comunicó dentro del plazo legal que su contrato no sería prorrogado. Relató que rechazó la propuesta que la empresa le hizo el 31 de julio de 2009, consistente en transigir la terminación del contrato por mutuo acuerdo. Que el 5 de junio de 2012 le fue respondida la petición que había elevado el 14 de mayo anterior, para interrumpir la prescripción (fls. 2 a 7). Icollantas S.A. se opuso al éxito de las pretensiones y formuló las excepciones de transacción, cosa juzgada, existencia de cláusula compromisoria, falta de jurisdicción y competencia, carencia de derecho, acción, causa e inexistencia de la obligación, pago, prescripción, caducidad, insuficiencia de poder e indebida representación de la parte

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Radicación n.° 91 29 1 actora, falta de integración del litisconsorcio necesario, compensación, improcedencia por falta de respaldo legal, improcedencia e ilegalidad de las pretensiones, cobro de lo no debido, falta de título y de causa para pedir y buena fe. Negó los hechos y aclaró que el actor nunca fue vinculado

como trabajador de la empresa, ni tuvo funciones relacionadas con cargos de la compañía. Adujo que contrató los servicios de medios audiovisuales a través de sendos contratos de prestación de servicios, suscritos con Uno A Producciones Televisión E.U. cuyo único dueño y representante legal era el demandante. Expuso que Montero Sánchez no estuvo sometido a horario, ni a órdenes de sus empleados; que mientras su actividad era la venta de llantas y neumáticos para automotores, la programadora se ocupaba de la producción audiovisual. Por ello, estas labores no pertenecían a su ámbito de explotación económica. Por tal razón, agregó, no estaba obligada a pagar prestaciones sociales, ni vacaciones, pues se trataba de un contrato firmado con una persona jurídica, que podía vincular un equipo de trabajo, a fin de cumplir el servicio contratado (fls.78 a 92). El 12 de septiembre de 2014, se ordenó vincular a Uno A Producciones Televisión E.U. (fl. 147) y el 16 de septiembre de 2016, se dio por no contestada la demanda (fl. 162)

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Radicación n.° 91291

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El 15 de diciembre de 2017, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Cali declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación. Negó las pretensiones y condenó en costas al demandante, quien apeló (fls. 170 Cd.).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

El Tribunal resolvió:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada, y en su lugar DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada, excepto la prescripción que se declara probada para las acreencias laborales causadas con antelación al 14 de mayo de 2009.

SEGUNDO: DECLARAR que entre el señor RICARDO MONTERO SÁNCHEZ e ICOLLANTAS SA, existió un contrato de trabajo a término fijo desde el 9 de enero de 1999, el cual se prorrogó hasta el 31 de julio de 2009.

TERCERO: CONDENAR a ICOLLANTAS SA, a pagar en favor del señor RICARDO MONTERO SÁNCHEZ, las siguientes acreencias laborales: a) Auxilio de Cesantías $18.994.671 b) Intereses de cesantías $62.833 c)Primas de servicios $898.333 d) Vacaciones $1.202.056

CUARTO: CONDENAR a ICOLLANTAS SA, a pagar los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud y pensiones, en el porcentaje que por ley corresponda, del 9 de enero de 1999 hasta el 31 de julio de 2009.

QUINTO: CONDENAR a ICOLLANTAS S.A. a pagar en favor del demandante, la suma de $51.333 diarios a partir del 1 de agosto de 2009 hasta el 31 de julio de 2011, lo que arroja la suma de $36.960.000 y a partir del mes 25, los intereses moratorios a la

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6 Radicación n.° 91291 tasa máxima de créditos de libre asignación certificado por la

Superintendencia Financiera, sobre la suma de $19.955.837.

SEXTO: COSTAS en ambas instancias a cargo de ICOLLANTAS

SA(...). Tras identificar el problema jurídico en definir la existencia de un contrato de trabajo y la obligación de pagar las acreencias laborales reclamadas, anticipó que revocaría el fallo del a quo. Estimó que la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo estaba llamada a operar, en la medida en que, del contenido de los contratos de prestación de servicios, se desprendía la actividad personal del accionante y la remuneración echada de menos por el juez de primer grado. Consideró que el material probatorio era insuficiente en perspectiva de desacreditar la presunción legal que corría en contra de la demandada. Que a pesar de que Icollantas S.A. basó su defensa en que entre enero de 2006 y julio de 2009 «la contratación de los servicios se hizo directamente con la empresa Uno A Producciones Televisión EU», de propiedad del actor, nada dijo sobre la existencia de los convenios suscritos entre enero de 1999 y diciembre de 2005, en donde el demandante reportó como persona natural. Encontró que los contratos civiles compartían objeto y obligaciones a cargo del contratista, por manera que no existía diferencia entre los primeros suscritos con la persona natural y los últimos con la jurídica. En todo caso, dijo, en ambos escritos se convino la realización de labores como ola s

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Radicación n.° 91291 grabación, edición y emisión de fotografia y audiovisuales, así como la producción del "Video Magazín Nosotros"

en las instalaciones de la demandada, además de archivar adecuadamente todo lo producido e informar de ello a la empresa», de donde podía colegirse ausencia de autonomía e independencia en la ejecución de las labores. Contrario a la tesis del a quo, de las declaraciones de Cielo Escrucería y Ana Lucía Gómez Villafarie, infirió imposible derivar la libertad de Montero Sánchez en el desarrollo de sus actividades como programador y, menos, declarar una relación contractual en los términos del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. Expuso que si bien, no podía desconocer que el objeto social de Icollantas radicaba en actividades comerciales de fabricación y venta de llantas y neumáticos (fl. 8), era evidente que la función del actor cubría una necesidad propia de la empresa pues, en la respuesta a la demanda, la encartada confesó la «necesidad de tomar unos videos y unas fotografías para motivar a su personal, especialmente, en lo atinente a la filmación y edición del magazín interno (...). Eran unos videos de uso exclusivo e interno de ICOLLANTAS S.A. que solían transmitirse en diversas áreas incluyendo en el casino comedor de los trabajadores (fl. 79)». Que lo mismo podía colegirse de los dichos de Ana Lucía Gómez Villafarie, en tanto declaró que las fotos y videos eran usados para la comunicación interna, como «cumpleaños, actividades de motivación, para apoyo de formaciones, para 6

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Radicación n.° 91291 mostrarle a la gente la información que dictaba elf ormador de la empresa, imágenes de soporte y para comunicar a todo el

personal actividades especiales»; así mismo, cuando se fabricaba alguna llanta especial. En punto a la permanencia de la actividad del accionante, respondió que «había comunicaciones periódicas y comunicaciones esporádicas dependiendo de lo que sef uera dando». Estimó que de las órdenes de servicio presentadas por el actor a la encausada, afloraba la presencia de órdenes y horario de trabajo, en la medida en que relacionaban la entrega de 04 videos semanales, tres para Cali y uno para Bogotá», el tiempo de filmación, edición y entrega del material, como parte de la política motivacional. Consideró que el hecho de que el demandante constituyera una empresa unipersonal con la que Icollantas S.A, suscribió contratos de prestación de servicios desde enero de 2006 hasta julio de 2009, no desvanecía el poder subordinante del contratante, toda vez que nunca varió el objeto, las obligaciones, ni la modalidad contractual. Coligió, entonces, que de ahí afloraba evidente Runa contratación irregular para suplir necesidades permanentes». Dado que la relación contractual finalizó el 31 de julio de 2009, el actor reclamó el 14 de mayo de 2012 y la demanda se presentó el 13 de diciembre de 2013, dedujo prescritos los derechos causados antes del 14 de mayo de 2009, según los términos de los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del adjetivo de la misma

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Radicación n.° 91291 materia. Sin embargo, acotó, estaban a salvo el auxilio de

cesantía y los aportes a seguridad social en salud y pensión, que dispuso solucionar conforme al porcentaje legal. Luego de calcular el monto de las acreencias laborales, impuso la indemnización moratoria 4..4 en cuantía de $51.333 diarios a partir del 1 de agosto de 2009 hasta el 31 de julio de 2011, lo que arroja la suma de $36.960.000». A partir del mes 25, intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificado por la Superintendencia Financiera, «sobre la suma de $19.955.837 -adeudada al trabajador, excluida las vacaciones-».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. Se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Formula 4 cargos, que no merecieron réplica. Pretende que la Corte case la sentencia gravada, para que, en sede de instancia, confirme la decisión del juez de primer grado.

En subsidio, pide que «en caso de proferirse alguna condena en la sentencia de instancia (...), se absuelva de la sanción moratoria del artículo 65 del CST o que en caso de mantenerse tales condenas se liquiden de conformidad con lo establecido por la ley». 8 SCLAJPT-10 V.00 e Radicación n.° 91 29 1

VI. CARGO PRIMERO Por vía directa, denuncia aplicación indebida del artículo 66 A del Código de Procedimiento Laboral, como medio que generó aplicación indebida de los artículos 23, 24,

26 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo y 29 de la Constitución Política. Luego de copiar el alcance que el Tribunal dio al recurso de apelación, sostiene que de su contenido lo único que se desprende es la inconformidad porque «los guiones o libretos de los videos grabados por el demandante eran efectuados por la empresa demandada y el demandante debía mantenerse apegado al contenido de esos libretos o guiones, lo que en opinión del apoderado de la parte demandante acredita la existencia de una relación contractual subordinada». Afirma que, a pesar de lo claro y específico del alcance del recurso, el Tribunal excedió su ámbito de competencia, en tanto analizó los contratos de prestación de servicios suscritos entre Uno A Producciones Televisión E.U. y la demandada, y de allí derivó una verdadera relación laboral; que lo mismo ocurrió con la prueba sobre la propiedad de los elementos de trabajo y los recursos para las actividades gestionadas por el demandante. Sostiene que como la impugnación se limitó al estudio de los guiones, no se abría paso el análisis de lo concerniente a la calidad de contratista independiente. Tampoco, haber colegido que Icollantas S.A. no desvirtuó la existencia del

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Radicación n.° 91291 contrato de trabajo, pues «desde el punto de vista legal (...) el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo establece el denominado principio de consonancia que limita el ámbito de competencia delj uez (...) a aquellos aspectos quef ueron objeto del recurso de apelación». Asevera que lo anterior, engendró violación de los

artículos 23, 24 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo, toda vez que dichos puntos no fueron materia de inconformidad

VII. CONSIDERACIONES La inconformidad de la censura radica puntualmente en el alcance que dio el juzgador de segundo grado al artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo. Le reprocha haber incursionado en materias que no fueron objeto de debate en el recurso de apelación del demandante, de suerte que rebasó los límites de su competencia.

Sostiene que no debió referirse a la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, ni descender al estudio de las pruebas incorporadas al proceso, en búsqueda de verificar si la presunción legal había sido infirmada; menos, analizar la regla 34 ibídem, pues dichos tópicos no fueron mencionados en la impugnación. Dado que el ataque se endereza por la senda estrictamente jurídica, el análisis debe partir de la certeza de que en la sustentación del recurso de apelación, el demandante expuso lo que enseguida se transcribe: 10 SCLAJPT-10 V.00 ci Radicación n.° 9 129 1 Si bien es cierto el demandante afirmó que él editaba el video, creo que la sentencia no tiene en cuenta el aspecto central que es, quién le daba el libreto al actor, y efectivamente aquí quedó bien claro para entrar en el mismo razonamiento del despacho y no irnos más lejos, quien le daba el libreto, que es la autoría intelectual, es la empresa, y él no podía, aquí lo dijo también, no podía salirse del libreto, él lo que hacía básicamente era cotejar

las imágenes que había tomado para que se adecuaran a ese libreto, por lo tanto la decisión de la edición en tal o cual forma no era de él, entonces eso desvirtúa totalmente el razonamiento del despacho y hasta allí dejo mi alegato, porque me parece que es supremamente clara esta parte, lo que hace que se afirme por mi parte que no había ningún tipo de autonomía por parte del señor porque el libreto ya estaba hecho. Previo a resolver, el Tribunal fijó el ámbito de su competencia, en lo siguiente: El problema jurídico en esta instancia consiste en determinar i) si la vinculación del demandante obedeció a una verdadera relación laboral, o si se trató de un contrato de prestación de servicios profesionales; de ser viable, establecer ii) si el demandante tiene derecho a las acreencias laborales que reclama. La Sala sólo se referirá a los puntos de inconformidad relacionados en la impugnación, en cumplimiento del principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del CPTSS.

1. DE LA PRESUNCIÓN IURIS TANTUM DEL ART. 24 DEL CST.

El artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo, modificado por el 35 de la Ley 712 de 2001, dispone que la sentencia de segundo grado, así como las decisiones de autos apelados «deberán estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación», de suerte que la norma limita la competencia del fallador de alzada, a los puntos materia de inconformidad. En ese orden, es criterio pacífico y

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Radicación n.° 91291 reiterado que quien apela, está en la obligación de sustentar

de manera clara y suficiente el recurso, «sin que ello implique el establecimiento def órmulas sacramentales». Por ello, el ad quem no puede asumir, de manera oficiosa, el estudio de materias no propuestas. En un caso de similares contornos al que se resuelve, en sentencia CSJ SL2627-2021, la Sala consideró: Revisado el cargo, se debe advertir que, aunque en el desarrollo del cargo se concentra el recurrente en la transgresión del artículo 66 A del CPTSS, entiende la Sala que el reproche va encaminado por violación medio, consistente en la infracción de normas de derecho procesal a través de las cuales se viola la ley sustancial, como en este caso específico, los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión de invalidez contemplados en los artículos 38 a 41 de la Ley 100 de 1993, y bajo ese entendimiento se abordará el estudio por parte de la Corte. A efecto de zanjar esta controversia, debe recordarse que el artículo 66 A del CPTSS, prevé que «fija sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación». Dicha disposición fue declarada exequible condicionadamente por la Corte Constitucional mediante sentencia C-968 de 2003, en el entendido que las materias objeto del recurso de apelación incluyen siempre los derechos laborales mínimos irrenunciables del trabajador. Es necesario advertir que no existe una fórmula ritual que deba seguir el recurrente para interponer el recurso de apelación,

basta que se presente el motivo del disentimiento para abordar el estudio a partir de inferencias lógicas derivadas del mismo; al respecto vale la pena memorar lo asentado por esta Corporación en sentencia CSJ SL13226-2014, del 27 de ago. 2014, rad. 36949, en cuanto a que ola expresividad de un cuestionamiento a través de un acto procesal no requiere def rases sacramentales, fórmulas literales o enunciados rituales o inflexibles, pues ello,f uera de traducir un excesivo rigorismo propio de teorías procedimentalistas desuetas, va en desmedro del derecho de acceso a la administración de justicia y de la tutela efectiva del derecho». 12

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IC? Radicación n.° 91291 Al revisar el escrito de apelación, se observa que la parte demandada pretendió «revocar lots] artículos, primero y segundo, de la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla, el día 9 de diciembre de 2011»; asimismo, expresó, como fundamento de la alzada, lo siguiente: Es evidente y notorio que el ISS le negó al demandante la prestación económica de vejez[sic] mediante Resolución No. 9522 del 4 de junio de 2010, debido a que el demandante solo había cotizado un total de 333 semanas hasta el 16 de septiembre de 2009,f echa en la cual se produce la estructuración, aclarando que las cotizaciones efectuadas con posterioridad no pueden ser tenidas en cuenta para el reconocimiento de dicha pensión. De este modo notamos que el demandante no cumple con lo preceptuado

en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1° de la Ley 860 que prescribe de la siguiente manera: 1-1 Razones por las cuales el Instituto de Seguros Sociales mediante Resolución No. 9522 del 4 de junio del 2010, le negó al demandante la prestación económica de pensión de invalidez, la cual se ajusta a derecho El Tribunal consideró que la apelación dejó «enhiestos» los planteamientos y razones que sirvieron de soporte a la decisión del juez de primera instancia y que: [...] la parte demandada se redujo a esgrimir que el derecho reclamado por el actor fue negado en la Resolución No. 0009522 del 4 de junio de 2010, por cuanto, el demandante había cotizado un total de 333 semanas hasta la fecha en que se produjo la estructuración del estado de invalidez, previniendo que las cotizaciones efectuadas con posterioridad no pueden ser tenidas en cuenta para el momento de la estructuración. Es patente que la apelación, en sí misma, exhibe languidez argumentativa, habida cuenta, que la sentencia de primera instancia no realizó disquisición respecto de semana cotizadas (sic) con ulterioridad a la estructuración del estado de invalidez del actor. El Aguo esgrimió que el interesado en las resultas del juicio cotizó 333 semanas ininterrumpidas hasta el día de la estructuración del estado de invalidez, conclusión absolutamente incontrovertida en la alzada. De tal manera, que independientemente que la misma consulte lo revelado en el plexo probatorio, no le es dable al Ad quem entrar a elucidar sobre tal

particularidad, pues, de hacerlo, trastocaría el Art. 35 de la Ley 712 de 2001. Si bien es cierto, el escrito de apelación no es precisamente un modelo, lo cierto es que era viable establecer de su atenta revisión, que la demandada cuestionó que el actor no reunía los requisitos previstos en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 860 de 2003 y se remitió a las razones esgrimidas por la entidad en la Resolución 9522 de 2014, mediante la cual negó la prestación económica al demandante en sede administrativa, lo que permite inferir que no había

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Radicación n.° 91291 impedimento alguno para que el juzgador de segundo grado se remitiera a tales argumentos para decidir la alzada, concretamente le correspondía verificar si el actor realmente cumplía los requisitos para acceder a la pensión de invalidez. Lo anterior encuentra mayor razón en que el colegiado hizo referencia a: la afirmación consignada en el recurso de apelación, según la cual, el demandante cotizó 333 semanas hasta el 16 de septiembre de 2009[ ..] afianza el patrocinio de la prestación, pues, a partir de esa premisa se concluye que cumplió con las exigencias de las 50 semanas cotizadas dentro de los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración exigida en el Art. 10 de la Ley 860 de 2003, siendo indiferente la fidelidad al sistema, en atención a la inexequibilidad que esa condición dispuso la Corte Constitucional en la sentencia C-428 del 10 de julio de

2009. En ese orden, encuentra la Sala que se transgredió el artículo 66 A del CPTSS por cuanto, del soporte del recurso de apelación, se advierte que el apoderado de la entidad demandada efectivamente expresó los motivos de inconformidad con la sentencia de primera instancia, concretamente el no cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 39 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1° de la Ley 860 de 2003 y, en ese orden, debió proceder a decidir la alzada, pues, valga reiterar, no existen fórmulas sacramentales que se deban seguir para expresar las inconformidades con la decisión recurrida. Por lo anotado el cargo sale avante. De lo transcrito, claramente se desprende que el criterio de la Sala pasa por considerar que al momento de resolver, el juzgador de segundo nivel no está atado en forma estricta a las palabras utilizadas por el impugnante, sino que puede interpretar el querer de dicho sujeto procesal, con el fin de delimitar con amplitud los problemas jurídicos que debe dirimir. Aunque pudiera entenderse desbordado el cauce que impone una acusación por la senda jurídica, no es gravemente desatinado asumir que la expresión «lo que hace que se afirme por mi parte que no había ningún tipo de autonomía por parte del señor (...) 0, evidentemente traduce un 14

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'11 Radicación n.° 91291 descontento del apelante en torno a la independencia que dio por probada el a quo. De esta suerte, aunque la apelación interpuesta por el

apoderado del demandante no se destaca por su prolijidad, a juicio de la Sala el breve argumento que desplegó permite entrever que su inconformidad radicó en la demostración de la libertad y autonomía en el ejercicio de las labores como programador, que el a quo halló acreditadas. En ese orden, no era necesario desplegar un esfuerzo interpretativo mayúsculo, para que el ad quem delimitara el problema jurídico a definir la existencia de una relación laboral subordinada; a su vez, esto implicaba descartar la calidad de contratista independiente (art. 34 CST). De esta suerte, como el Tribunal no incurrió en el error achacado por la censura, el cargo no prospera.

VIII. CARGO SEGUNDO Denuncia violación indirecta, por aplicación indebida de los artículos 23,24 y 26 del Código Sustantivo del Trabajo.

Enlista como errores manifiestos de hecho, los siguientes:

1. Dar por demostrado sin estarlo que los contratos suscritos entre el demandante y mi representada acreditan la prestación de un servicio personal.

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2. No dar por demostrado estándolo que la (sic) demandante ejecutaba las actividades contratadas de manera autónoma e independiente.

Relaciona como pruebas mal valoradas: los contratos de prestación de servicios suscritos entre Icollantas S.A y el demandante (fls. 12 a 17 y 8 a 22)j unto con los otrosíes (fls. 23 a 25); los contratos de prestación de servicios suscritos

entre la encausada y Uno A Producciones Tv E.U. (fls. 26 a 32, 36, 45 a 51 100 y 106 a 124); el contrato de transacción y el acta de terminación del contrato (fls. 33 a 35, 54, 55, 56, 125 a 127), las cotizaciones de servicios (fls. 95 a 99), la confesión del actor en su interrogatorio de parte. Como mal apreciadas: los testimonios de Hernán Cabezas Bolarios, Carlos Arturo Solano Herrera, Cielo Escrucería Clavijo y Ana Lucía Gómez Villafarie. Recuerda que la columna vertebral del fallo gravado, corresponde a la aplicación del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, «en el sentido de que tal servicio es subordinado y remunerado». Dice que la conclusión que extrajo de la valoración de los contratos de prestación de servicios (fls. 12 a 17), consistente en la prestación personal del servicio por parte del accionante, es equivocada, en tanto ignoró que según las cláusulas, Ricardo Montero era un contratista independiente, sin subordinación jurídica; que ejecutaba las actividades de programación y edición con sus propios medios y tenía un equipo de trabajadores, a quienes sufragaba salarios y prestaciones sociales, en tanto Icollantas S.A. no tenía relación directa con aquellos. 16 SCLAJPT-10 V.00 a Radicación n.° 91291 Dice que lo mismo se deduce del contenido de los demás contratos; especialmente, los suscritos con la empresa Uno A Producciones Televisión E.U., dado que no fueron firmados por el actor a título personal, sino como representante legal

de la persona jurídica. Allí se convino que Icollantas S.A. no respondería solidariamente en caso de que la empresa contratista fuera demandada por no cubrir las acreencias laborales de sus trabajadores. Aduce que el juez de apelaciones también ignoró la confesión del demandante, vertida en el documento denominado transacción (fls. 33 y 34). Dice que en dicho legajo el contratista manifestó su carácter independiente y autónomo, la ausencia de subordinación con Icollantas S.A. y la libertad técnica y administrativa con que contaba para ejecutar labores especializadas de servicios audiovisuales. Que lo mismo ocurrió con la valoración del interrogatorio de parte, pues Montero Sánchez narró la forma en que se «grababa y editaba el noticiero», de donde se desprende que era quien decidía las imágenes que se iban a transmitir, de suerte que no estaba sometido a supervisión alguna. Aduce que de haber valorado los testimonios de Hernán Darío Cabezas, Carlos Arturo Solano y Cielo Escrucería, habría colegido que el actor no cumplía horario de trabajo, nunca recibió órdenes de algún superior, trabajaba con sus equipos personales y participaba en eventos particulares; además, por su profesionalismo, seleccionaba las imágenes que se iban a transmitir en el magazin matutino.

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Radicación n.° 91291 Por último, arguye que la testigo Ana Lucía Gómez Villafalie, fue clara en revelar la autonomía e independencia del demandante para prestar el servicio de filmación, edición y producción pues, además de haber depuesto que su obligación era entregar el producto terminado a la empresa,

aquel prestaba servicios particulares a algunos trabajadores de Icollantas y que Montero Sánchez había elaborado la filmación de su matrimonio.

IX. CONSIDERACIONES A pesar de la vía seleccionada para el ataque, no se discute en el recurso extraordinario que Ricardo Montero Sánchez firmó contratos de prestación de servicios con Icollantas S.A; primero, como persona natural, entre enero de 1999 a diciembre de 2005 y luego, a través de la empresa de su propiedad, Uno A Producciones Televisión EU, desde enero de 2006 hasta julio de 2009, en la labor de programación y edición de medios audiovisuales.

Como se indicó en el recuento del proceso, el sentenciador de alzada halló acreditada la prestación personal del servicio del actor, a partir de la identidad de objeto y obligaciones incorporados en los convenios, por manera que llamó a operar la presunción de existencia del contrato de trabajo. A dicha conclusión arribó también, de la lectura de la contestación a la demanda y los testimonios de Cielo Escrucería y Ana Lucía Gómez Villafarie, dedujo que la actividad era Runa necesidad» de la empresa, y que su SCLAJPT-10 V.00 18 4$ Radicación n.° 91291 ejecución no se caracterizó por su autonomía y libertad, sino que fue subordinada. La censura reprocha la valoración de los contratos de prestación de servicios firmados con Montero Sánchez como persona natural y luego como representante legal de la empresa unipersonal. Asegura que, en los primeros, se plasmó que se trataba de un contratista independiente, con

facultades para contratar personal que ejecutara la labor, y en el último, de una empresa de prestación de servicios audiovisuales, de donde no podía colegirse una relación distinta a la comercial. De la valoración de los medios de prueba se desprende: Al contrastar los contratos de prestación de