CSJ - SL4278-2018

'U\""\ RepúbdleCi oclao mbia CoSrutper deeJm uas ticia SadleaC asaLcaibóonr al SadleaD esconNg.e2°s tión SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL4278-2018 Radicación n. º 57980 Acta 32 Bogotá, D. C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por GIOVANNA LAMPREA RUÍZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el treinta y uno ( 31) de mayo de dos mil doce (2012), en el proceso que instauró contra el INSTITUTO DE

SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN.

No se tiene como sucesor procesal del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES -, conforme al documento de folios 36 a 37 del cuaderno de la Corte, en la medida que fue convocado a este proceso en su condición de empleador y no como administradora del régimen de prima media con prestación definida. SCLAJPT-10 V.DO Radicanc.i5ºó7 n9 80 l. ANTECEDENTES GIOVANNA LAMPREA RUÍZ llamó a juicio al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN -ISS-, con el fin de declarar la existencia de un contrato de trabajo en los º º términos de los artículos 2 y 3 del Decreto Ley 2127 de º 1945, desde el 1 de octubre de 1999 hasta el 30 de junio de

2003; que era beneficiaria de la convención colectiva 20012004 y, que el salario devengado por un trabajador en el mismo cargo era de $1.130.612 mensuales. Como consecuencia de lo anterior, solicitó el pago de las siguientes prestaciones convencionales: cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios, prima extralegal y prima de navidad; así como los salarios y prestaciones por la diferencia entre lo que se cancelaba a ella y lo que le pagaba a otro trabajador en el mismo cargo, la prima técnica, los incrementos salariales, el auxilio de transporte, la dotación, las horas extras, la indemnización moratoria, los aportes a salud y pensión, la retención en la fuente, las pólizas que debió cancelar para º garantizar los contratos y la indexación (f. 3 a 14 del cuaderno del Juzgado). Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que se vinculó con la entidad accionada en la Clínica San Pedro º Claver en la ciudad de Bogotá, desde el 1 de octubre de 1999 hasta el 30 de junio de 2003; que realizó labores de técnico de servicios administrativos; que tuvo la categoría de º º trabajadora oficial, según el inciso 5 del artículo 5 de la

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Radicna.c5ºi7 ó9n8 0 convención colectiva de trabajo; que suscribió 12 contratos de prestación de serv1c1os simulados; que el cargo desempeñado existía igualmente de planta, cumpliendo las funciones de aquellos trabajadores; que laboraba de 7 a.m. a

5 p.m. de lunes a viernes y dos sábados al mes de 7 a.m. a 1 p.m., para un total de 206 horas mensuales; que su último salario fue de $825.740; que su trabajo estaba relacionado en los cuadros de turnos o agendas de trabajo; y, que cumplió sus funciones de manera personal, atendiendo a las instrucciones del empleador y atendiendo el horario de trabajo impuesto en las instalaciones de la Clínica San Pedro Claver de Bogotá, de manera permanente. Al dar respuesta a la demanda, el accionado se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, los negó todos, en razón a que la vinculación fue mediante contrato de prestación de servicios, regido por la Ley 80 de 1993. En su defensa, propuso las excepciones de fonda de, inexistencia del derecho, pago o compensación y prescripción (f.º 20 a 22 del cuaderno del Juzgado).

11. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Décimo Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 28 de mayo de 2009, absolvió al demandado y declaró probada la excepción de prescripción (f.º 187 a 194 del cuaderno del Juzgado).

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Radicación n. º 57980

111. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la demandante, la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, confirmó la de primer grado (f4.9 ºa 5 6 del cuaderno

del Tribunal). En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal como fundamento de su decisión, compartió las conclusiones del juez de primera instancia, pues aun cuando el aq ua encontró la existencia del vínculo laboral en los términos del Decreto Ley 2127 de 1945, razonó que los derechos pretendidos se encontraban prescritos, decisión que dijo, era acertada, toda vez que la solicitud elevada por la actora para el momento en que se presentó la demanda ya se encontraba afectada por ese fenómeno, de conformidad con el artículo 151 del CPTSS, pues dejó pasar más de tres años desde la terminación del último contrato celebrado (30 de junio de 2003), para elevar la reclamación administrativa ante la demandada (19 de octubre 2006), quien dio respuesta a la reclamación de los derechos reclamados (24 de noviembre de 2006). Seguidamente, manifestó, respecto a la aplicación del parágrafo segundo del artículo 1 º del Decreto 797 de 1949, modificatorio del artículo 52 del Decreto 2127 de 1945, que según los hechos y fundamentos del libelo introductorio, en virtud del principio de congruencia, no se advirtió que la actora hubiese basado su acción en dicha normativa y, que de haberse aplicado en ese momento, sería un hecho nuevo,

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Radicación n.º 57980 que no podía ser tenido en cuenta en segunda instancia, en razón al derecho de contradicción. IV.R ECURDSEOC ASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver (f.º 4

a 1 7 del cuaderno de la Corte).

V. ALCANDCELE A I MPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la del Juzgado y condene a la demandada al pago de las pretensiones incoadas en su contra.

Con tal propósito formula tres cargos, que fueron replicados, y de ellos, se estudiaran conjuntamente los dos primeros. VI.C ARGPOR IMERO Acusa la sentencia, por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo, en relación con el 1 º del Decreto 797 de 1949, modificatorio del 52 del Decreto 2127 de 1945; 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969.

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Radicación n.º 57980 En su desarrollo, dice que las normas aplicables son aquellas que integran a todos los trabajadores oficiales que trabajaron para el ISS, calidad de la que goza, por no haber sido desvirtuada por la accionada, siendo entonces el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, en concordancia con el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, en cuanto a que la entidad no efectuó el pago de las prestaciones sociales, por lo tanto el contrato de trabajo permaneció hasta el día 09 de noviembre de 2003, según lo dicho en el artículo 1 º del Decreto 797 de 1949, modificatorio del artículo 52 del Decreto 2127 de 1945, siendo esa fecha, la determinante para el conteo del término

prescriptivo, sin por ello, ser un hecho nuevo, sino como una circunstancia que atiende el principio de favorabilidad y progresividad. Afirma, que la decisión del Tribunal no puede ser aceptada, dado que la relación laboral terminó el 30 de junio de 2003, junto con la aplicación de los 90 días que señala la norma aludida y, en razón a que la entidad no efectuó el pago de las prestaciones sociales, se tiene que el contrato de trabajo permaneció hasta el 9 de noviembre de 2003, siendo dicha fecha desde la cual comienza a contarse los términos de la prescripción. En atención a lo anterior, informa que era deber del Tribunal, haber decidido que el derecho no se encontraba afectado por la prescripción, debido que al verificar la y terminadceiclóo nn traatpol icaenlAd rot1 º d eDle cre7t9o7 d l a e r 1 e 9 c 4 l 9 a m , e a s c t i a ó b n a s d e e n p t r r e o s d e n e l t ó t é e r m l d i n í a o , 1 c 9 o n d f e u n o c d t a u m b e r e n t d o e e n 2 0 q 0 u 6 e '

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Radicación n. º 57980 estando dentro de los 3 años siguientes al momento de la

culminación del contrato.

VII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia, por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el 1 º del Decreto 797 de 1949, modificatorio del 52 del Decreto 2127 de 1945; la Ley 80 de 1993 y el 53 de la Constitución Nacional.

En su sustentación, precisa, que si bien el Tribunal comparte la decisión del aq uares,pe cto de declarar probada la excepción de prescripción, no se pronunció sobre la existencia del contrato de trabajo entre las partes aquí contendientes, ni sobre las pretensiones de la demanda, pues se circunscribe a la simple enunciación, sin avanzar en las consideraciones del aq ualim,itá ndose a resolver la figura de la prescripción. Dice, frente a la terminación del contrato, que el derecho no se encuentra afectado por ese fenómeno extintivo de las obligaciones, dado que, como lo expresó en el cargo primero, al aplicar el artículo 1 º del Decreto 797 de 1949, respecto de los 90 días, la terminación del contrato sería el 09 de noviembre de 2003 y, en virtud de que la reclamación se presentó el día 19 de octubre de 2006, es claro que estaba dentro los 3 años siguientes del término legal.

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Radicación n. º 57980 Indica, que el Tribunal comete un error protuberante, en razón de que la demanda está en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas, que no es un hecho nuevo la aplicación del artículo 1 Decreto 797 de 1949,

º modificatorio del artículo 52 del Decreto 2127 de 1945, cometiendo así, un error hermenéutico al declarar la prescripción, sin haber tenido en cuenta dicha norma. Concluye, que no existe un hecho nuevo, sino solo es la aplicación de un fundamento de derecho, buscando la aplicación de la norma más favorable, en lugar de agravar su situación.

VIII. CARGO TERCERO Acusa la sentencia, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, del artículo 52 del Decreto 2127 de 1945, modificado por el artículo 1 del Decreto 797 de 1949, º en relación del artículo 1 º Decreto 797 de 1949, modificatorio del artículo 52 del Decreto 2127 de 1945 y artículos 488 del CST y 151 del CPTSS.

Atribuye al Tribunal, la com1s1on de los siguientes errores de hecho: Darp orn oe stableucnih deoc hqou es ucedyi qóu,e e stá plenamepnrtoeb adqou,ee lS egurSoo cisaile mpnroeo brcóo n buenfae d uranltaee jecucyi tóenr minadceil óonvs í ncuqluoes tuvcoo ne ld emandante. Darp ore stableucnhi edcoh qou en os ucedliató e,r minación declo ntrdaett or abajo. SCLAJPT-10 V.00 8 1 • Radicnaº.c5 i7ó9n8 0 Dice, que en el proceso se demostró la existencia de un verdadero contrato de trabajo, como lo decidió el aq uape,ro que el Tribunal, no valoró las pruebas allegadas al plenario

y, por el contrario, sólo procedió a declarar la prescripción, afirmando que la terminación laboral fue el día 30 de junio de 2003. A renglón seguido, fundamenta la mala fe de la accionada en su actuar, por haberla mantenido bajo contrato de prestación de servicios, en vez de haberle realizado el cambio como trabajadora de planta, bajo la figura de contrato de trabajo, considerando la conducta como no indicativa de buena fe, al desconocerle sus derechos laborales y el pago de los mismos, abusando así la accionada, de otras formas de contratación como la aquí aplicada (Ley 80 de 1993), con el fin de evadir dichos reconocimientos. Es así como concluye que la demandada debe ser condenada a pagar la indemnización moratoria en un valor diario que corresponde a la suma de $27.500, hasta que se haga su pago, dado que su actitud no podía ser considerada como constitutiva de buena fe que la exonere de dicho pago, indicando además que en el caso se observa que la demandada adeuda el pago de las prestaciones sociales, que no fueron desvirtuadas con razones atendibles a su falta y, en su parecer, se deb e proceder con la condena.

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IX. RÉPLICA Afirma, respecto de los tres cargos, que resultan insubsistentes, en razón a que la demandante pretende en casación alterar lo pretendido en la demanda inicial, respecto a la fecha de terminación del vínculo laboral, para que a partir de este nuevo hito se cuente el término de prescripción, lo cual hace que los cargos formulados sean desestimables

(f3.8 ºa 39 del cuaderno de la Corte).

X. CONSIDERACIONES Tal como se anunció en el alcance de la impugnación, procede la Corte a estudiar, inicialmente, los dos primeros cargos, porque persiguen un mismo propósito.

Aun cuando los dos primeros cargos no son, en esencia, lo suficientemente claros, de ellos se extrae que el reproche que se hace a la sentencia del Tribunal, no es otro sino el relativo a la forma como debe contabilizarse el término prescriptivo, pues a juicio del censor, a esta causa no le son aplicables los artículos 151 y 488 del Código Sustantivo del Trabajo y del Procesal de la misma especialidad, respectivamente, sino que debe tenerse en cuenta lo previsto en el 1 del Decreto 797 de 1949, a efectos de contabilizar el º termino extintivo de las obligaciones, sin que constituya un hecho nuevo; situación está, que descarta los reproches del opositor, pues con la misma se busca mostrar que la prescripción debe iniciar a correr, una vez venza el plazo al que alude la disposición atrás relacionada.

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Radicación n.º 57980 Superado lo anterior, se recuerda que el Tribunal, para no hacerle producir efectos al artículo 1 º del Decreto 797 de 1949, precisó que la demandante no cimentó su acción en esa normativa, siendo un supuesto nuevo, que no podía entrar a considerar. Con esa inferencia, el Juez de apelaciones pasó por alto, que conforme al principio es decir, que el iurnao vicutr ia, Juez conoce el derecho, debía decidir el asunto sometido a

su conocimiento, con los preceptos pertinentes del caso, para lo cual, era de su carga realizar un juicio normativo a efectos de determinar cuál era el que gobernaba el pleito, en conformidad con los supuestos de hecho alegados por las partes, posición adoptada por esta Corporación, entre otras, en las sentencias de casación CSJ SL, 21 ag. 2003, rad. 19643 y CSJ SL, 14 oct. 2009, rad. 33352. Dicho principio, entonces, le imponía al Juez de apelaciones, el haber decidido sobre el fenómeno extintivo de las obligaciones, con sujeción a lo dispuesto en el parágrafo º º 2 del artículo 1 del Decreto 797 de 1949, pues conforme a reiterada y pacifica jurisprudencia de esta Sala, el término de prescripción de las acciones laborales de los trabajadores oficiales, no inicia desde el momento de la finalización de la relación laboral, sino a partir del día 91 de la terminación del contrato de trabajo, los cuales son hábiles conforme a lo dicho en la sentencia de casación CSJ SL, 8 nov. 1984, rad. 8248 y en la CSJ SL1012-2015. 11 SCLAJPT-10 V.DO 1 ' • Radicación n.º 57980 Es así, como en la sentencia de casación CSJ SL964 l20 l 4, se anotó: Elp arág2rºad feaolr 1tº d eDl. 79 7/ 194e9,nl ap arpteer tinente estatuye: [. }.L .o cso ntrdaett orsa beanjtoer lEe s tayds ou sse rvideonr es,

locsa soesnq uee xisttaalnre esl acijounreísdc iocanarfsm ael artí4c°u dleoe stDee crestools,oe c onsidesruasrpáenn didos hasptoaer lt érmdienn oo ven(t9a0d )í aasp ,a rdteil raf echean ques eh ageaf ecetlid veos pioed lor etdiertlor abajDaednotrr.o deé stteé rmlionfuson cionaore inotsi draedsepse cdteibvearsá n efectluala irq uidya pcaigódone l ocso rresponsdaileanrtieoss , prestacei oinnedse mnizacqiuoens eesa deudae nd icho trabajf.a.}.d or Sit ranscuerltr éirdmodi enn oo ven(t9a0d )í asse ñaleande ol incpirsiom deere os tpea rágnroas feho u bieprueensa tó or denes detlr abajoafdioclrios asa ll arpiroess,t aceii nodneemsn izaciones ques el ea deudoen no,s eh ubieefreec teulad deop ósainttoe autorciodmapde tleoncsto en,t rdaett roasb raejcoo brtaordsáaun vigenecnli oats é rmidnelo als e y Nóteqsueee lp receepnpt roe cedceonncsiaaug nrp ae rídoed o gracdie9a 0 d íaesnf avdoerdl e ud-oard ministprúabcliiócna -, coqnu eel cluae nutnaav, e tze rminelav díon cjuulroí ldaibcoor al cone lt rabajoafdiocpria arlla,i quiyd paarg alra asc reencias

labordaelé esst ees;d eciernp, a labdreaalsr tí1c5u5ld1oe l CódiCgiov dili,c hpol az«oe sl aé pocqau es e. fzjpaa real cumplimdiele aon btloi g1.a1 ción Peraon tdeesa vanzeaner la nálpirsoipsu easqtuyoía , h obriae n valleap enmae morlaares n señaenxzpause psoteras stS aa lean sentednecplia as a1d4od em arzCoS,JS L3169-r2a0d41.44 0,6 9, ent omaoq uleo psl azdoels o tsé rminporse scripetmivpoise zan ac orrceorml,oo d iceex preesxap,l íeic nietqau ívoclaalm eeyn,t e desdceu anldaoso bligacisoenh easc eenx igib(lveesr bigracia, artíc4u1ld oeslD ecre3t1o3 5d e1 9681,0 2d elD ecreto Reglame1n8t4adr8ei 1 o9 694,8 8C ódiSguos tandteTilrv aob ajo y1 51d eCló diPgroo cedseTalrl a byad jeol aS eguriSdoacdiy a l) lae xigibdiell iadosab dl igacsiepo rneedsdi ecsad ceu ando, estansdoom etidaa psl azooc ondicitóenr,m inaaq uéol s e cumplées tae,sd ecidre,s dceu andsoe anp urayss imples. Asíp uesy, a nod udartlaom,b iréens uplrtoav ecthroasaeo r

colaeclpi róinn cciopnisoa gernea lad rot í1c5u5ld3oe C ló diCgiov il segúenlc ua«lq uietni enpel azon,a dad ebee»,sd eciqru,e duranltoes9 0d íadse g racqiuae l al eyl eo torag al a administprúabcliiópcnaa r ac umplciorns uso bligaciones labor-aplleasqz uoev ,a lgdae cicro,n stiutnuh yeec hfuot uro, 12 SCLAJPT-10 V.DO Radicación n. º 57980 determyic niaedrolt aco a-n,c eldaeec sitónanosp uedeex igyi rse potra netloa creendopo ure deec hmara ndoe s ud erecdhe o crédeistteoos,s , es uspesnude ej ercsiaclicvolo,a,e r sote ánl, o s caseonsl oqsu es ep reselnoqt ueel ad octrhiadn ean ominado decadednecblie an eficio. Entonccoemsyo,a s ed ijvoe,n ciedlpo l azdoe9 0d íalsa, obligsaech iacóeenx igpirbelcei,s apmoernqvtueeer ,i faiqcuaedlo, éstmau tsaun aturaaul neoazb al igpaucriyasó inm pyla ep ,a rtir dea lelltí r abajyaapd uoerdh ea cuesrdo edle redceha oc ción consagernal daCo o nstiytl uacl ieópynu, e sqtuoee l e mpleador oficaip aalrd,te ie rsm eo menqtuoe,dc ao nstietnmu oirdao.

Comos íntesseit si,eq nuee e lh ittoe mpoqruaedl e bsee r considpearraqadu soee i nieclci oen tdeelo ap rescrsioplscoei ón, presetnrtaan sculro9rs0i d díoasssi guiael natt eersm indaecli ón contdreat troa bvaajldoee, c aip ra,r dteidlrí 9a1 n,o a ntes. Puestlaascs o seansl aa ntedriimoern seimóenrq,gu ele aS ala sentenciinacduoerrnera ldi iós lqautleeai mpugnaldeao crhaa ca, enc uanctoon siqdueeerlt ó é rmdiepn roe scrdielp acasic ócni ones labordaell oetssr abajaodfoirceeimsap lieeascz oan tabial izarse pardteil rad ateanq ulea r elalcaibóonsr eea xlt intgoudveae, z ques,ei teprrai,n caip pairadt eidlrí 9a1 d el a. finaldiezla ción contdreat troa bajo. Por manera, que no hay duda de los yerros cometidos por el Tribunal, pues ciertamente, no se atuvo al contenido de la norma aplicable a este asunto, lo que condujo a la vulneración de las normas denunciadas, pues debía fallar con la norma que gobernaba el caso controvertido, con independencia de la calificación jurídica realizada por las partes o las disposiciones que estas hubieran invocado, a lo que de be agregarse, que el acudir al artículo 1 del Decreto º 797 de 1949, no era un hecho nuevo, por cuanto era

necesaria su observancia a efectos de determinar sobre la procedencia o no de la excepción de prescripción. De lo dicho se sigue, que los dos primeros cargos prosperan y, en consecuencia, se hace innecesario estudiar el tercero.

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Radicación n.º 57980 Ens eddeei nstayn,pc airama ej rop rovseeoe rr deanla demandqauede,on u nt érmmiáxniom od e1 5d í,ac sondtoas a partidrel an otificdaece itsóans entenaclilae,cg oune destiane ots aS alcae,r tifidceaatldload delo o cso ntrdaet os prestadcesi eórncv iioqsue suscrciobnli aód emanndt,ae inofrmansdoob lrafec e hdae i nidceil oal b aoraesscí o mloa finalizdaelc oimsóin ms os,co lna r emunerqauecs iepó anc tó parac aduan od ee lsl,eoi gualmienndutiee,qs ie tsáp restó susse rvaia clinoa E MPRESSAOC IADLE LE STADO-ESE. gu Sicnos taesne lre cuerxstor aorodp,io nsrala riairv atne elr ecuerxstor aoir.od inar XI.D ECISIÓN Enm éridtelo oe xupes,tl oaC otreS upredmeJa u sticia, SaldaeC asaciLóabnor a,al dminisjtrusatniedcnoin ao mbre del aR epúbylp iocarau tordiedl aald e CyA,S Al as entencia

dictealtd rae iynu tnao( 13)de m ayod ed omsi dlo c(e21 0)2 polraS alLaa bodreaTllr ibuSnuaple rdieDolir ts riJtuod icial deB ogodteán,t dreopl r oecsoor dinlaarbioosr eaglu piodro

GIOVANNLAA MPRERAU ÍZc onterlaI NTSITUTDOE

SEGUROSSOC IALEESNL IQUIDIAÓCN.

En SEDED E INTSANICA, seo rdeqnuae porl a Sercetasrerí eauq iearlda e mandpaadroqau ,ee nu nt érmino máximdoe1 5d í,ac sontaadp oarst dierl an otificdaec ión etsas entenacliluaeec,g o nd eisntao e tsaS alcae,r tificado detaldleal doocs o ntrdaetp orse stadceis óenr viqcuieo s sucsricboiólna d emandta,eni nofrmansdoob lraef ce had e

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14 '\ 1 Radicación n.º 57980 1n1c10 de la labores, así como la finalización de los mismos, con la remuneración que se pactó para cada uno de ellos, e igualmente indique, si está prestó sus servicio a alguna

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO-ESE.

Costas como se dijo en la parte motiva. Cópiese, notifique se, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

FAELB RIT

CECILMIAAR GARIDTU RÁUNJ UETA

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ARIJNU RADO

RepúbdleCi oc!ao mbta RepubdneCc oal ombia .C orStuep reamtJa fi st1c1a CorStuep redmeJa u sticia SadleaC asalca,boonr al Secretaria Adt1,mtí::t SalllCaea soLca,bco,rna l fietr•fitda¡ru,nat a Se deja constancia que sn la fecha se fijó edicto, Sed eajc onsta.;;1,:ia rpfieent afo chas ed esfijeadi cto. f!?R re tp fiú eub pdf rtlC eco dmal e ao mbia Justicia SadleCa a sfiLca,boorria l SectraeArdi¡au nta

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