CSJ - SL436-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL436-2023 Radicación n.° 92512 Acta 007 Bogotá, D. C., siete (7) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por COLFONDOS SA PENSIONES Y CESANTÍAS y la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR SA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 17 de febrero 2020, en el proceso promovido por ELIZABETH DEL VILLAR QUINTO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES), al que fue vinculada la primera recurrente en calidad de litisconsorte necesario por pasiva y la segunda, como llamada en garantía; siendo además integrados LONY STEFANIE, YEINER ARMANDO y LUIS CARLOS MUÑOZ DEL VILLAR como litisconsortes de la parte activa.

I. ANTECEDENTES

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Radicación n.° 92512 Elizabeth del Villar Quinto demandó a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones (en adelante Colpensiones) con el fin de obtener la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su cónyuge. Para fundamentar sus peticiones señaló que el 8 de mayo del 2006, falleció Luis Carlos Muñoz Álvarez, con quien convivía y se encontraba casada, según registro civil de matrimonio; que el 13 de diciembre del mismo año, solicitó la prestación y le fue negada mediante Resolución 016920

del 2008, que, no obstante, en el acto administrativo se reconoció la calidad de esposa y se estableció que el causante cotizó un total de 413 semanas en toda su vida laboral, de las cuales 347 fueron antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. En el auto admisorio de la demanda, el juzgado ordenó: 3VINCULESE (sic) como Litis Consorte Necesario a LONY STEFANIE MUÑOZ DEL VILLAR, LUIS CARLOS MUÑOS (sic) DEL VILLAR y YEINER ARMANDO MUÑOZ DEL VILLAR en calidad de hijos del causante. En consecuencia, NOTIFIQUESELES (sic) de la demanda a la dirección que debe ser suministrada por la demandante, y CORRASELES (sic) el traslado respectivo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de éste proveído. No obstante, pese a que estos presentaron memorial otorgando poder especial el 25 de abril de 2018, guardaron silencio frente a la demanda. La entidad demandada, Colpensiones, al contestar, se opuso a las pretensiones; frente a los hechos aceptó la fecha de solicitud de la prestación y de los demás señaló que no

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Radicación n.° 92512 eran ciertos o que no le constaban; aclaró que el fallecimiento ocurrió el 9 de mayo del 2006, que el causante hizo cambio de régimen y que «al no quedar claro cuál es la entidad que debe estudiar la solicitud planteada por la hoy demandante esta se abstiene de hacer dicho estudio y por tanto niega la solicitud».

En su defensa interpuso como excepciones de fondo las de falta de causa para demandar, inexistencia de la obligación y prescripción; y, solicitó: «vincular al presente proceso a la empresa COMPAÑÍA COLOMBIANA

ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS

(sic) S.A - COLFONDOS., a fin de que esta aporte las pruebas conducentes que den constancia del traslado de régimen realizado por el causante señor LUIS CARLOS MUÑOZ ALVAREZ (sic).» Posteriormente, allegó memorial acompañado de «copia de la sentencia de fecha 23 de Diciembre de 2013, emitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla, radicado 479-2009: siendo la demandante la Sra. ELIZABETH DEL VILLAR QUINTO, con los mismos hechos y pretensiones que la demanda de la referencia», al que adicionó la sentencia confirmatoria de segunda instancia. Colfondos SA, quien fue vinculado mediante auto del 4 de octubre de 2016 (f.° 59), se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, señaló como fecha de la muerte del causante el 9 de mayo de 2006, e indicó que no le constaban las demás afirmaciones de la demanda y expuso que:

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Radicación n.° 92512

1. El día 16 de septiembre de 1996 el señor LUIS CARLOS MUÑOZ ALVAREZ (sic) suscribió Formulario de Vinculación No. 787565 (anexo) al Fondo de Pensiones Obligatorias

COLFONDOS S.A., teniendo la afiliación como fecha de efectividad el día 01 de noviembre de 1996.

2. El Instituto de Seguros Sociales hoy COLPENSIONES y COLFONDOS S.A. efectuaron un comité individual en fecha 12 de diciembre del 2007 con el fin de determinar a qué administradora le corresponde decidir y tramitar las prestaciones solicitadas por los afiliados y/o beneficiarios, estableciendo que el señor MUÑOZ ALVAREZ se encuentra válidamente vinculado al Régimen de Ahorro Individual con la Administradora de pensiones y cesantías COLFONDOS S.A. quien es responsable de administrar sus recursos pensionales.

3. A la fecha el afiliado presenta vínculo laboral con deuda real del empleador COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN S.A. SERDAN NIT. 860068255. en los periodos correspondientes 199612199801.

4. Teniendo en cuenta el estado actual de la cuenta del afiliado se validan requisitos de la sentencia unificada SU062, evidenciándose lo siguiente: Semanas al 01 de abril de 1994: No cumple ya que cuenta con un total de 364 semanas.

Equivalencia financiera: No se valida rentabilidad ya que en la validación del primer requisito el señor MUÑOZ ALVAREZ

(sic) no lo cumple.

5. La señora ELIZABETH DEL VILLAR QUINTO NO ha

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Radicación n.° 92512 presentado oficialmente ante COLFONDOS S.A. solicitud de pensión de sobrevivientes, ni de ninguna otra índole, así como

tampoco ha aportado la documentación que se requiere anexar a dicha solicitud, para que mi representada realice el estudio correspondiente para determinar si le asiste o no el derecho a la pensión mencionada, por lo que mi mandante no ha emitido pronunciamiento alguno reconociendo ni negando el derecho a la demandante. Como excepciones de fondo interpuso las que denominó: falta de controversia, prescripción y caducidad, ausencia absoluta de responsabilidad, inexistencia de la obligación y de causa para pedir, cobro de lo no debido, buena fe y compensación. Además, en virtud de la póliza de seguro previsional de invalidez y sobrevivientes n.° 5030-0000002-02, con fecha de expedición 16 de enero del 2006 y vigencias correspondientes desde el 31 de diciembre del 2005 hasta el 31 de diciembre del 2006 y sus prórrogas, llamó en garantía a la Compañía de Seguros Bolívar SA, aceptado según auto del 28 de febrero de 2017. Seguros Bolívar SA, frente a los hechos de la demanda expuso que acogía «como propios las respuestas dadas por la llamante, siempre y cuando ellas estén acordes con la realidad de los hechos acaecidos, materia de la controversia», y agregó: es preciso traer a colación, que en lo referente a finado LUIS CARLOS MUÑOZ ALVAREZ (sic), mi mandante tiene conocimiento que con ocasión a su fallecimiento la señora ELIZABETH DEL VILLAR NO ha presentado solicitud de pensión ante COLFONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS y por lo tanto

dicho fondo de pensiones no ha puesto bajo estudio el caso en concreto para determinar si esta cumple o no con los requisitos para acceder al reconocimiento y pago de la pensión solicitada.

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Radicación n.° 92512 Propuso como excepciones de fondo las de inexistencia de la obligación, carencia de la acción, buena fe y prescripción. En lo que se refiere al llamamiento en garantía manifestó que: Nos oponemos en principio a las pretensiones del libelo y por ende del llamamiento en garantía en razón de que las pólizas convenidas tiene (sic) sus cláusulas pertinentes a la cual (sic) nos sometemos para que en lo que respecta a mi representada ésta pueda cumplir con la obligación convenida. No obstante en el supuesto de que la parte actora en el libelo principal llegase a tener razón tendríamos necesariamente que someternos a los parámetros establecidos en la póliza pactada. De lo contrario dejaría de tener razón tanto el demandante como la llamante. […]

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Once Laboral del Circuito de Barranquilla mediante sentencia del 26 de octubre de 2018, resolvió: PRIMERO DECLÁRESE probada la excepción de cosa juzgada propuesta por la demandada COLPENSIONES, y en consecuencia se ABSUELVE de las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: DECLÁRESE parcialmente la excepción de prescripción propuesta por la demandada AFP COLFONDOS S.A., respecto de las mesadas pensionales causadas del 1° de

marzo de 2013 hacia atrás. TERCERO CONDÉNESE a AFP COLFONDOS S.A., a pagar a la demandante ELIZABETH DEL VILLAR QUINTO pensión de sobreviviente, (sic) desde el día 1° de marzo de 2013, en virtud de los argumentos expuestos en esta providencia.

CUARTO: En consecuencia CONDÉNESE a COLFONDOS S. A. a reconocer y pagar a la demandante ELIZABETH DEL VILLAR QUINTO el retroactivo causado por concepto de mesadas pensionales desde el 1° de marzo de 2013 al 30 de septiembre de

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Radicación n.° 92512 2018 por valor de $52'511.714,00. Pagar una mesada pensional por valor de un salario mínimo.

QUINTO: AUTORÍCESE a COLFONDOS para que del valor de la condena se deduzcan las sumas que por concepto de aportes en el sistema de seguridad social en salud esté obligada a trasladar a la EPS de preferencia del (sic) demandante. Y que incluya en nómina de pensionadas.

SEXTO: CONDENAR a la aseguradora de seguros bolívar (sic) reconozca la suma adicional a que haya lugar para cubrir la pensión de sobreviviente (sic).

SÉPTIMO: ABSOLVER a COLFONDOS de las demás pretensiones.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, al resolver el recurso de apelación interpuesto por Colfondos SA y Seguros Bolívar, en sentencia del 17 de febrero 2020, confirmó la de primera instancia.

Argumentó que la pensión de sobrevivientes, por regla general, debía examinarse a la luz de la norma vigente al momento del deceso; que, según el acta de defunción ocurrió el 9 de mayo de 2006, siendo la norma aplicable la Ley 797 del 2003, la cual exige haber cotizado 50 semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores al fallecimiento, requisito que no cumplía el causante pues: […] el cantante cotizó al Seguro Social hoy Colpensiones 370.73 semanas, en un periodo comprendido entre el 17 de octubre de 1985 hasta 31 de mayo de 1995, luego se trasladó al Régimen de Ahorro Individual con la Administradora de Pensiones y Cesantías Colfondos SA, (folio 148) vinculación a partir del 1.° de noviembre (sic) (folios 149) entidad que es responsable de administrar sus recursos personales y donde cotizó 78.64 semanas, de las cuales 6.15 corresponden al trienio anterior al 9 de mayo del 2006.

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Radicación n.° 92512 Así, y luego de determinar que tampoco se llenaban las exigencias del parágrafo del artículo 12 de la Ley 797 ibidem, consideró que, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, según la postura de la Corte Constitucional vertida en las sentencias CC T593-2014 y CC SU005-2018: […] era aplicable no solo la norma inmediatamente anterior sino también el acuerdo 049 de 1990, aprobado por el decreto 758 del mismo año, entendiéndose con lo anterior que, solo hasta esta

sentencia de unificación es cuando se trazan las directrices específicas para la pensión de sobrevivientes, encontrando en la misma varias particularidades […] Puntualizó las condiciones de la sentencia SU referida y concluyó que era posible aplicar el artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, «si en vigor de este se cumplió con el requisito mínimo de densidad de semanas cotizadas para obtener la atención cuando el deceso ocurre bajo la vigencia de la ley 797 2003», siempre que se compruebe que se trata de «personas consideradas en estado de vulnerabilidad planteando el test de procedencia que lo componen 5 condiciones»; así, abordó la tarea de evidenciar si la accionante cumplía las exigencias para su aplicación y concluyó del acervo probatorio, especialmente de los testimonios recaudados, que aquella: pertenecía «a un grupo especial de protección constitucional»; se encontraba en «uno o varios supuestos de riesgo»; tenía una «afectación directa de la satisfacción de necesidades básicas, esto es, su mínimo vital y en consecuencia, vivir una vida en condiciones dignas», y dependía económicamente del causante. Agregó que, frente a la «imposibilidad de cotizar, en el caso particular se infiere, del dicho de los testigos, que el

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Radicación n.° 92512 causante laboró aproximadamente 10 años en una empresa, cuando cotizó, pero luego se dedicó a trabajos informales y no fue posible cumplir con dicha exigencia»; y que, la interesada mostró una «actuación diligente en adelantar las solicitudes

administrativas y judiciales para solicitar el reconocimiento de la pensión». Cumplido lo anterior, y al considerar satisfechas la totalidad de las exigencias de la SU referida, así como probada la calidad de beneficiaria de la demandante, según los testimonios recaudados; concluyó que: […] en este asunto se observa en el reporte de semanas cotizadas obrante a folio 29, el que el causante en vida, para el primero de abril de 1994, tenía cotizadas, como ya se dijo, 366.29 semanas, más de 300 semanas, es decir, tenía las semanas requeridas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, cumpliendo con los requisitos estipulados en el artículo 6 del Acuerdo 049 1990, y en virtud del principio de la condición más beneficiosa, entonces tiene derecho a reconocimiento de la pensión de sobrevivientes deprecada, en aplicación de la sentencia referenciada de la Corte Constitucional.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuestos por Colfondos SA y la Compañía de Seguros Bolívar SA, concedidos por el Tribunal y admitidos por la Corte, se procede a resolver de manera conjunta los recursos y los cargos, por estar sustentados en similares argumentos y merecer idéntica solución.

 COLFONDOS SA PENSIONES Y CESANTÍAS

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

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Radicación n.° 92512 Pretende la recurrente que se case la decisión acusada para que, en sede de instancia, se proceda a revocar la de primer grado. Con tal propósito formula dos cargos, por la causal

primera, que no son objeto de réplica.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de ser «violatoria por la vía directa en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 6°, 25 y 26 del Acuerdo 049 de 1990 aprobados por el Decreto 750 de 1990, en relación y como violación de medio, con los artículos 48 y 53 de la Constitución Política» Para argumentarlo sostiene que no se discuten los aspectos fácticos de la decisión, y se queja de que el juzgador, pese a tener en cuenta que la norma bajo la que debía estudiarse la prestación era el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por 12 de la Ley 797 de 2003, que exige 50 semanas en los 3 años anteriores a la muerte del afiliado, y encontrar el causante no cumplió con los requisitos legales; «procedió a definir el proceso con base en las normas enlistadas en la proposición jurídica, lo que conlleva a dar una aplicación indebida de las mismas».

Agrega que la decisión se apoyó «en antecedentes jurisprudenciales y en criterios que llevan a la interpretación de una condición más beneficiosa derivada del principio de favorabilidad constitucional, permitiendo que con apoyo en

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Radicación n.° 92512 tales preceptos se podía dar un entendimiento diferente, a la forma como se deben contabilizar las semanas de cotización […]. Transcribe el contenido de las normas citadas y apartes de las sentencias CC C1094-2003 y CC C556-2009 y sostiene

que: Se evidencia entonces una aplicación indebida de las normas enlistadas por parte del Tribunal, que toma en cuenta unas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, que permiten aplicar un sistema de conteo de las semanas de cotización, apoyada en normas anteriores al fallecimiento de afiliado, tales como los artículos 6°, 25 y 26 del Acuerdo 049 de 1990 aprobados por el Decreto 750 de 1990 (sic). Es por ello que el Ad quem accedió a las declaraciones de la demanda, tomando en cuenta los requisitos que exigían éstas normas, que debe señalarse, no eran anteriores a las que estaban vigentes. El Tribunal debió aplicar al caso sub análisis, el requisito de la exigencia de cotización de cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento del afiliado y que, al no estar demostrado, la decisión tenía que ser absolutoria. No debió darse cabida por vía de excepción, a la condición más beneficiosa y al principio de favorabilidad, pues con ello también se aplicaban indebidamente los artículos 48 y 53 de la Constitución Política, pues para este caso impera es el principio general según el cual el derecho a la pensión de sobrevivientes lo gobiernan las normas vigentes al momento de la muerte del afiliado que era otra que la Ley 797 de 2003 entra en vigor desde su publicación, que lo fue el 29 de enero de esa anualidad. A continuación, refiere las decisiones de la Corte Suprema de Justicia que identifica como «el fallo de 3 de diciembre de 2007, radicado 28.876, sentencia de 22 de julio

de 2008, radicado 35120, sentencia de 20 de febrero de 2008 radicado 32.649» y explica, en esencia, que: […] no podía el Ad quem decidir el caso del señor LUIS CARLOS MUÑOZ ÁLVAREZ, dando aplicación al artículo 6º del Acuerdo No. 049 de 1990, que establecía como requisito para la pensión de invalidez, el contar con 300 semanas de cotización en

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Radicación n.° 92512 cualquier época, sin importar que tales aportes hayan sido en vigencia de tal norma o una vez derogada con la expedición de la Ley 100 de 1993. Tal postura es a todas luces desacertada por las siguientes razones fundamentales: Por cuanto el principio de la condición más beneficiosa permite la aplicación del sistema normativo inmediatamente anterior que le resulte más favorable, más no es dable acudir a todas las disposiciones previas que existían para determinar si bajo alguna de ella se reunían los requisitos para el otorgamiento de una pensión de sobrevivencia, como se hizo por el Tribunal. […] Así las cosas, no es posible, es sobrepasar los límites del principio de la condición más beneficiosa e ir hasta la norma anterior de la anterior, pasando de la aplicación de la Ley 797 de 2003 al Acuerdo No. 049 de 1990, como si la redacción original de la Ley 100 de 1993, nunca hubiera existido.

VII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia de ser violatoria «por la vía directa en la modalidad de infracción directa del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 12 de la Ley 797

de 2003, concretamente su numeral 2°, asimismo del artículo 27 del Código Civil y del artículo 230 de la Constitución Política, como violación de medio». Refiere en su sustentación que, el fallador fue consciente de que la muerte del asegurado ocurrió el 9 de mayo de 2006 y que para efecto de la pensión de sobrevivientes «debía tomarse en cuenta lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 100 modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 con todos los requisitos normativos allí dispuestos», pero asegura que, pese a ello: […] se evidencia en la sentencia que el fallador de segunda

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Radicación n.° 92512 instancia incurrió en infracción directa, dado que se rebeló y por lo tanto no aplicó la norma que regía en relación con los requisitos para perfilarse el derecho a la pensión de sobrevivientes, es decir, el artículo 46 de la ley 100 modificado por el artículo 12 de la ley 797 de 2003 en especial el numeral 2°, referente a la exigencia de cincuenta semanas de cotización dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento del afiliado. Reitera lo argumentado en el primer cargo y reafirma que, por la fecha del fallecimiento, el derecho debe ser dirimido a la luz de la norma precitada y que, en el caso bajo análisis, no cabe, por vía de excepción, la aplicación de la condición más beneficiosa.

 COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR SA.

VIII. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que se case la decisión acusada

para que, en sede de instancia, se proceda a revocar la de primer grado. Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera, que reciben oposición por Colfondos SA y Colpensiones.

IX. CARGO PRIMERO Ataca la sentencia por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea «del artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, que conllevó a (sic) la infracción directa del artículo 73 y 46 de la Ley 100 de 1993 este último modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, y a la

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Radicación n.° 92512 aplicación indebida de los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990» Indica que no encuentra inconformidad frente a las conclusiones fácticas y probatorias de la sentencia, pero ataca que, pese a que, el juzgador estableció que el fallecimiento del afiliado ocurrió el 9 de mayo de 2006 y cotizó 6.15 semanas en los tres años inmediatamente anteriores, por lo que, no contaba con el requisito de densidad de semanas exigido por el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003; «supuestamente en virtud del principio de la condición más beneficiosa, el ad quem decidió reconocer la pensión de sobrevivientes» en virtud del Acuerdo 049 de 1990. Afirma que, debe tenerse en cuenta que el fundamento del juzgador, «para aplicar los artículos 6 y 25 del Acuerdo

049 de 1990, consistió en que supuestamente se cumplían los requisitos para dar vía al principio de la condición más beneficiosa conforme a lo establecido en las sentencias T-593 de 2014 y SU 005 del 13 de febrero de 2008», lo que contradice lo sostenido por la Corte Suprema en sentencias como las CSJ SL2078-2021 y CSJ SL2167-2021, en las que se reiteró el «criterio principal de aplicación de la ley, en los casos en los que se solicita una pensión de sobrevivientes, que la norma aplicable es la que rige al momento del fallecimiento», y alega que: […] en aplicación de la condición más beneficiosa, la Corte Suprema de Justicia ha sido enfática en establecer que la ley aplicable es la inmediatamente anterior a la que regía para el momento de la muerte del afiliado, por lo que no es viable dar

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Radicación n.° 92512 aplicación a la plusultractividad, y en ese sentido, el juzgador no podía hacer una búsqueda en la totalidad de legislaciones anteriores para ver cuál de ellas se ajusta a la situación pensional del demandante o beneficiario, tal como lo hizo el juzgador de segunda instancia en la sentencia acusada mediante el presente recurso. Aunado a lo anterior, y tras reafirmar lo expuesto, indicó que: no se debe perder de vista el límite temporal impuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (CSJ SL 2167 del 2021) en el cual se estableció que los efectos de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa podrán

extenderse únicamente hasta tres años después de la entrada en vigencia de Ley 797 de 2003, esto es, hasta el 29 de enero de 2006, por lo que, al haber ocurrido la muerte de señor Luis Carlos Muñoz Álvarez (q.e.p.d.) con posterioridad a dicha data - el 9 de mayo de 2006 - no era posible que si quiera se estudiara la posibilidad de aplicar el mencionado principio.

X. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia por vía directa, en la modalidad de aplicación indebida de idéntico elenco normativo, así: del artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, que conllevó a la infracción directa del artículo 73 de la Ley 100 de 1993, que remite al artículo 46 de la misma normatividad, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 y a la aplicación indebida de los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990.

Y, para sustentarlo expone idénticos argumentos que los relatados en el cargo primero.

XI. RÉPLICA Colfondos SA se pronuncia frente al recurso de casación interpuesto en los siguientes términos: Es del caso destacar que, tanto en primera como en la segunda

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Radicación n.° 92512 instancia, existió sentencia de condena en contra de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS Y LA LLAMADA EN GARANTÍA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A., por tal razón, lo que en sede de casación se pretende es anular la condena impuesta a las accionadas, entre otras, a mi

representada. Así las cosas, tenemos que aun cuando se dio el traslado correspondiente para presentar réplica a la demanda de casación, COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS no se opone al fundamento del recurso, pues los efectos que de la sentencia se perseguirán tendrían el mismo objetivo. Aunado a lo anterior, reitera la tesis expuesta en su recurso y ruega por su procedencia. Por su parte, Colpensiones, frente a ambos cargos, dijo, en esencia, que: En este caso se afirma que el fallador de la segunda instancia no incurrió en la violación impropiamente denunciada por el recurrente extraordinario por lo que el cargo no está llamado a prosperar. De prosperar el pedimento del actor la sentencia expedida por el Ad quem se determinaría la negación de un derecho de la demandante, el cual fue reconocido en virtud del principio de la condición más beneficiosa, de tal manera que la sentencia sería manifiestamente ilegal y sin vocación de prosperidad en el mundo del derecho objetivo si no hubiese confirmado la decisión del a quo. Se encuentra plenamente demostrado dentro del plenario que el recurrente cuenta con las semanas requeridas por normas anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, y por ende, no se incurrió en la aplicación indebida señalada erróneamente por el recurrente, encontrándose la sentencia del Ad quem ajustada a derecho y al precedente aplicable.

XII. CONSIDERACIONES El Tribunal fundamenta su decisión en que acoge la posición de la Corte Constitucional contenida en la sentencia CC SU005-2018, al considerar que la solicitante cumplió las

condiciones del test de procedencia, tales como, ser una

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Radicación n.° 92512 persona de especial protección, la afectación del mínimo vital, la dependencia económica respecto del causante y la imposibilidad de aquel de realizar cotizaciones, y, en consecuencia, aplicó el Acuerdo 049 de 1990 para el reconocimiento prestacional. La censura radica su inconformidad, en que al fallecer, el causante, en vigencia de la Ley 797 de 2003, no es dable realizar un ejercicio histórico para buscar cualquier norma anterior; que la pensión de sobrevivientes debe estudiarse con la regulación vigente al momento del suceso; y que, la aplicación del principio de la condición más beneficiosa debe respetar las directrices jurisprudenciales según las cuales, sus alcances «podrán extenderse únicamente hasta tres años después de la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, esto es, hasta el 29 de enero de 2006». Así las cosas, el problema jurídico en casación se contrae a determinar si el fallador de segundo grado erró al conceder la pensión de sobrevivientes en aplicación del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de igual año, en virtud del principio de la condición más beneficiosa, teniendo en cuenta que el fallecimiento ocurrió en vigencia de la Ley 797 de 2003. Dado que los cargos se elevan por la senda directa, no hay discusión frente a que: (i) Luis Carlos Muñoz Álvarez, falleció el 9 de mayo de 2006 (f.° 8); (ii) no contaba con 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores a su muerte;

(iii) cotizó más de 300 antes de la entrada en vigencia la Ley

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Radicación n.° 92512 100 de 1993 (f.° 16); (iv) contrajo matrimonio con la señora Villar Quinto el 28 de agosto de 1983 (f.° 10). Sentado lo anterior, tiene en cuenta la Sala que la norma llamada a regular el derecho a la pensión de sobrevivientes reclamada es, por regla general, la que se encuentra vigente al momento del suceso, que como se dijo, en el presente caso, ocurrió el 9 de mayo de 2006, por lo tanto, es la Ley 797 de 2003. Así, al ser un hecho indiscutido que el causante no dejó las 50 semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores a la fecha de su muerte, como lo exige tal disposición, es claro que sus beneficiarios no tienen derecho a la prestación solicitada, sin que para su estudio, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, sea procedente acudir al artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, por acreditar más de 300 semanas de cotización al 1 de abril de 1994. Al respecto, se reitera que, el principio de la condición más beneficiosa permite aplicar solo la norma inmediatamente anterior al momento del fallecimiento, pues no se trata de «desplegar un ejercicio histórico» sobre normas anteriores que no se encontraban vigentes para el momento del tránsito legislativo entre la Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003, como quedó establecido desde la providencia CSJ

SL2358-2017, recientemente reiterada en decisión CSJ SL1040-2021 y en la CSJ SL1198-2022:

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Radicación n.° 92512 No es admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la condición más beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pretérito en que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la norma inmediatamente anterior a la vigente que ordinariamente regularía el caso. Es decir, el juez no puede desplegar un ejercicio histórico, a fin de encontrar alguna otra legislación, más allá de la que haya precedido –a su veza la norma anteriormente derogada por la que viene al caso, para darle una especie de efectos «plusultractivos», que resquebraja el valor de la seguridad jurídica (sentencia CSJ SL, del 9 de dic. 2008, rad. 32642). En esa línea, la Corte ha explicado también que en una sucesión de normas en el tiempo, a falta de un régimen de transición, el principio de la condición más beneficiosa emerge como un puente de amparo construido temporalmente para que transiten, entre la anterior y la nueva ley, aquellas personas que tienen