CSJ - SL439-2023

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Magistrado ponente SL439-2023 Radicación n.° 76030 Acta 06 Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala los recursos de casación interpuestos por MARY NELLY UMBARILA CANO, quien actúa en nombre propio y en representación de AGU y YSGU; DIANA YAMILE GUZMÁN GARZÓN; ANA DELINA GARZÓN RODRÍGUEZ y; COLUMBIA COAL COMPANY S.A., contra la sentencia proferida el 3 de agosto de 2016 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso que los primeros le siguen a la segunda.

I. ANTECEDENTES Accionaron los demandantes contra Columbia Coal Company S.A., para procurar que se declarara que entre esta y el señor Wilmar Alonso Guzmán Garzón se ejecutó un contrato de trabajo entre el 1º de septiembre de 2011 y el 6 de marzo de 2013, el cual terminó por muerte del trabajador

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Radicación n.° 76030 en accidente laboral, por culpa exclusiva de la llamada a juicio. Por lo tanto, pidieron que se le condenara al pago de la indemnización total y ordinaria de perjuicios materiales e inmateriales de que trata el artículo 216 del CST; los intereses moratorios y la indexación. En sustento de sus pretensiones manifestaron, que: Wilmar Guzmán Garzón se vinculó a la demandada el 11 de septiembre de 2011 para desarrollar labores de minería en la

bocamina Borinquén, vereda Ramada, municipio de Cucunubá - Cundinamarca, en el cargo de tamborero; su salario mensual ascendía a la suma de $1.860.850; el 6 de marzo de 2013 sufrió un accidente de trabajo en el que perdió la vida, que, según el reporte de la ARL Positiva, ocurrió cuando «se encontraba descolgando carga en un tambor de ventilación de la mina Borinquén cuando la carga se libera cae sobre el trabajador arrastrándolo hasta la tecla quedando atrapado causándole asfixia y la muerte»; de acuerdo con el mencionado informe, el día del infortunio faltó uno de los trabajadores, por lo que la labor a desarrollar se adelantó con solo dos, lo que ocasionó la acumulación de la carga por cuanto no se retiró oportunamente la tecla que permite la salida del mineral, lo que provocó que este último siguiera cayendo sobre el cuerpo del causante, quien quedó atrapado entre toneladas de carbón; mediante concepto técnico n.° 365 del 20 de noviembre de 2012 de la Agencia Nacional de Minería, esta ordenó la suspensión de las actividades en el área del contrato n.° 14108, del cual es titular la accionada, mandato que la compañía no cumplió, ni tuvo en cuenta las recomendaciones impartidas por dicha agencia.

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Radicación n.° 76030 Precisaron que el causante contrajo matrimonio con Mary Umbarila Cano el 18 de diciembre de 2010, y de dicha relación nacieron AGU y YSGU; que el de cujus y su hermana

Diana Guzmán Garzón fueron criados y cuidados por su tía Ana Garzón Rodríguez, pues sus padres biológicos fallecieron en 1994 y 1996; que el 5 de junio de 2013, Positiva ARL les reconoció la pensión de sobrevivientes a los hijos del fallecido. Adujeron que el accidente laboral ocurrió por culpa exclusiva de la empresa, por no cumplir con sus obligaciones genéricas y especiales, en la medida en que no implementó medidas de prevención, incumplió las normas de seguridad y salud y el reglamento de seguridad de trabajos subterráneos, no contaba con lugares y elementos adecuados para la prestación del servicio, además de que tampoco había un supervisor ni una dirección técnica, y que la empresa no siguió las recomendaciones de las autoridades mineras. Columbia Coal Company S.A., al responder la demanda, se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó el sitio donde el causante prestaba el servicio, y el accidente de trabajo con su consecuencia fatal. Aclaró que la fecha de inicio de la relación laboral fue el 1º de septiembre de 2011. Sobre los demás enunciados fácticos dijo que no eran ciertos. Propuso las excepciones de culpa exclusiva de la víctima, inexistencia de culpa y de la obligación, ausencia de nexo causal y de responsabilidad, incompatibilidad del pago

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Radicación n.° 76030 de intereses moratorios sobre la indemnización plena de perjuicios, cobro de lo no debido, buena fe y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá,

mediante sentencia del 29 de junio de 2016, declaró probadas las excepciones de «inexistencia de la obligación laboral del reconocimiento de la indemnización plena de perjuicios», y cobro de lo no debido, y absolvió a la pasiva de todas las pretensiones, y «SIN CONDENA EN COSTAS ni agencias en derecho en esta instancia».

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de los demandantes, la Sala Laboral del

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 3 de agosto de 2016, resolvió: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado 3° Laboral del Circuito de Bogotá D.C., en audiencia pública celebrada el 29 de junio de 2016, dentro del proceso seguido por MARY NELLY UMBARILA CANO Y OTROS CONTRA COLUMBIA COAL COMPANY S.A., y en su lugar CONDENAR a la demandada al pago de la indemnización plena de perjuicios establecida en el artículo 216 del CST, la suma de doscientos cuarenta y un millones trescientos ocho mil novecientos pesos ($241.308.900), dividido así: a) Sesenta y ocho millones novecientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos pesos ($68.945.400), de perjuicios morales subjetivados a favor de MARY NELLY UMBARILA CANO. b) Sesenta y ocho millones novecientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos pesos ($68.945.400), de perjuicios morales subjetivados a favor de AGU. c) Sesenta y ocho millones novecientos cuarenta y cinco mil

cuatrocientos pesos ($68.945.400), de perjuicios morales subjetivados a favor de YSGU. d) Treinta y cuatro millones cuatrocientos setenta y dos mil setecientos pesos ($34.472.700), de perjuicios morales subjetivados a favor de DIANA YAMILE GUZMÁN GARZÓN.

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SEGUNDO: CONDENAR a COLUMBIA COAL COMPANY S.A. a indexar las sumas anteriormente reconocidas al momento de su pago, con base en la fórmula indicada en este proveído.

TERCERO: ABSOLVER a la accionada de las demás pretensiones de la demanda, incluidas las invocadas por la señora ANA

DELINA GARZÓN RODRÍGUEZ.

CUARTO: COSTAS: Se revoca la condena en costas impuesta por el A – quo, las cuales estarán a cargo de la demandada. Sin costas en esta instancia, dado el resultado de la alzada.

En lo que interesa al recurso de casación, inicialmente señaló que no fue tema de controversia que el causante prestó sus servicios a la demandada del 1º de septiembre de 2011 al 7 de marzo de 2013, teniendo como último cargo el de tamborero, con un salario de $589.500, y que el fallecimiento se dio por un accidente de trabajo cuando «se introdujo dentro del tambor de ventilación de la mina por la parte inferior del mismo para desatrancar la carga, la cual cae sobre él arrastrándolo hasta la tecla, quedando atrapado, lo que le causó asfixia y luego la muerte». Respecto a la culpa patronal, citó el artículo 216 del

CST, y algunos apartes de la sentencia CSJ SL17216-2014, y enseguida sostuvo que la razón dada por la enjuiciada al contestar el libelo inicial fue que el trabajador desobedeció su orden de realizar alguna labor diferente, y destrabar el tambor al día siguiente con el compañero, pero que dicha teoría debía probarse, «pues no basta con afirmar que unos hechos sucedieron de determinada manera si no se aporta la prueba que así lo confirme, en la medida que la carga de la prueba, según lo dicho por la jurisprudencia, le asiste a ella». Mencionó que si bien en el expediente obra el formato de investigación de accidentes de trabajo, y el formulario de

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Radicación n.° 76030 dictamen para determinación de origen, en el que se dejó sentada la versión sostenida por la empresa, ello no constituía plena prueba de los acontecimientos, pues para ello se requería el análisis en conjunto de todo lo aportado. Posteriormente, relacionó las documentales allegadas al proceso, e hizo una síntesis de los testimonios de Adelmo Barrera, Leonardo Barrera, Jaime Piragauta, y Ximena Obaldo, quienes manifestaron que no se encontraban presentes en el momento del accidente, y explicó: Finalmente, en el formato de investigación de accidentes de trabajo (folios 78 a 86 cuaderno 2), aparecen las declaraciones de Henry Lozano (supervisor) y José Rodríguez (trabajador), en el que el primero afirma que como la carga se había colgado del tambor de ventilación y el compañero del causante no había ido

a trabajar, le había dado la orden de avanzar sobre guía y de ingresar al tambor por la superficie para que laborara sobre la parte superior de donde estaba colgado el material, no sobre éste, sino en la línea que es un lugar diferente a más de 20 metros de distancia de donde se encontraba colgado el material. No obstante, sobre las 4:30 p.m., José le avisó que Wilmar estaba inconsciente al lado del coche, por lo que mandó a llamar a la enfermera, quien mandó a decir que lo sacaran y llevaran hasta donde ella estaba; a lo que el segundo señaló que se encontraba sacando unos cochados de la peña, cuando se dio cuenta que en el tambor había carbón y creyó que el compañero de Wilmar había llegado y se dirigió a ese punto a sacar la carga cuando evidenció las botas del causante, llamándolo varias veces y como no le respondió lo sacó de allí, le quitó la mascarilla y dio aviso al administrador quien dijo que llamaran a la enfermera quien a su vez que se lo llevaran hasta donde ella estaba. Visto lo anterior, encuentra la Sala que la investigación de la ARL registra que fue la falta de juicio del empleado por desobedecer una orden del empleador lo que causó el accidente, sin tener en cuenta el procedimiento para la labor, porque “al parecer” se introdujo por la parte inferior del tambor para destrancar la carga en la línea de proyección de la carga suspendida. Empero, esta conclusión no se basa en una prueba cierta sino que constituye inferencia subjetiva: “al parecer”. Como parte de esa investigación, también se indica que hay un informe de HENRY LOZANO, quien como supervisor le dio la

orden de realizar otra actividad, sin embargo, contra esa versión se cuenta con la declaración de LEONARDO BARRERA, quien

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Radicación n.° 76030 señaló que el ministro, es decir el señor Lozano, le dio la orden al causante de ir a descargar la carga, además de ilustrar que en el tambor donde tenía que ir a laborar Wilmar estaba acompañado por el cochero de nombre José y que en ese momento no había una persona encargada de la seguridad que no lo haya dejado ejecutar la labor. En ese orden de ideas, se evidencia que existen dos versiones contrarias respecto a las órdenes que realmente le fueron impartidas al señor Guzmán ese día: la del administrador de la mina y la de un compañero de trabajo como testigo directo. No obstante, del análisis de las pruebas se extrae con claridad que el causante al momento del accidente no estaba solo, ya que se encontraba con el cochero JOSÉ RODRÍGUEZ quien se percató de que había carbón en el tambor y al sacar unos cochados de allí lo encontró, luego contrario a lo dicho por la accionada, si estaba acompañado por un compañero que precisamente tenía la función de sacar los cochados de peña, quien además en su escrito dejó registrada una situación importante, y es que cuando de (sic) sacó inconsciente a Wilmar, informa al administrador, quien da la orden de llamar a la enfermera y ésta, en lugar de desplazarse al sitio donde se encuentra el accidentado, manda a decir que lo saquen a la superficie, sin acudir de inmediato a prestarle los primeros

auxilios. La pérdida de tiempo entonces, que tomó en ir a informarle lo sucedido y luego regresar para sacarlo de la mina y llevarlo ante su presencia en un coche, en momentos críticos como los analizados, pudo significar haberle podido salvar la vida; lo que pone en evidencia la negligencia y falta de cuidado de la empresa de tener planes y personal debidamente capacitado para atender este tipo de contingencias que les permita la urgencia de prestar auxilios in situ, pues se desconocía si el accidentado podía haber tenido una fractura que impidiera su movimiento. Diferente sería, si en lugar de ordenar que lo sacaran hubiera acudido de inmediato con el equipo médico u oxígeno y así tratar de salvarle la vida y a su vez, llamar una ambulancia de la red con la que la empresa, según el testigo Jaime, contaba. De ello se desprende, que la conclusión del Juez fue errada cuando señaló que en el momento del deceso el trabajador se encontraba “completamente solo”, pues el testigo que primero lo atendió, no da cuenta de que hubiera estado muerto, sino inconsciente. De otro lado, de aceptarse que fue cierta la orden del ministro de ejecutar otra labor y destrancar el tambor al día siguiente en compañía de otro minero, implica que la empresa entonces sí tenía conocimiento de la falla de ese tambor, y sin embargo, no hizo nada, pretendiendo achacarle toda la responsabilidad al trabajador; y si bien existían unos procedimientos y protocolos para destrancarlo, debió supervisar que tales protocolos se cumplieran, pues en ello consiste precisamente la diligencia y cuidado del actuar como buen padre de familia, que de no

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Radicación n.° 76030 observarse configuran la culpa leve que conduce a atribuirle la responsabilidad de la empresa en la muerte de Wilmar, y en ese sentido, debió constatar que el sitio fuera señalizado, delimitándose el área con cinta de peligro e incluso con el aviso de “prohibido pasar”, pero claro, tal conducta previsiva no desplegó la empresa puesto que la persona encargada de hacer inspecciones o mirar los trabajadores, no se encontraba presente en el sitio de la mina sino en Ubaté, llegando al lugar después de ocurridos los acontecimientos cuando ya no había nada que hacer, lo cual se desprende de lo dicho por JAIME PIRAGAUTA AGUILAR, encargado de realizar las inspecciones, como tampoco estaban presentes los supervisores, ni el personal de seguridad minera, pues según lo informó el testigo LEONARDO BARRERA “ellos casi no aparecían por ahí”. Aunado a ello, si bien JAIME PIRAGAUTA, el citado testigo, señaló que los mineros firmaban un libro en el que quedaba plasmada las actividades a realizar en ese día, y en el caso específico del señor Guzmán, refiere que la orden dada por el supervisor quedó por escrito, sin embargo, en el plenario no obra alguna (sic) que así lo acredite, sumado a que si en verdad existió la orden del señor Lozano en el sentido de ejecutar una labor diferente a la de destrancar el tambor, él mismo, como jefe y supervisor, debió cerciorarse del cumplimiento de su orden, lo cual no hizo. En igual sentido, se conoce que la mina en la que laboró Wilmar

tampoco contaba con vías de escape, las cuales son necesarias, tal como lo ilustró ADELMO BARRERA: “pues es la protección de uno para cuando va a descolgar las cargas”. Es más, este mismo testigo relata que la carga llevaba represada en el tambor hacía unos días, y que el encargado de revisarla era el jefe inmediato, daño que implicaba que no entraran por la tecla sino por encima porque ya se había desfondado, incluso da a conocer que trabajaban por la superficie en el mismo tambor y sin destrancarlo, lo cual supone que la empresa no supervisaba que el trabajo se realizara en condiciones seguras. Para completar, dio a conocer que en esos días no les habían dado capacitación específica para destrabar tambores o carga acumulada, afirmación que se aprecia cierta, pues la capacitación de 5 minutos que aparece demostrada el día de los hechos, fue de calistenia, es decir, ejercicios físicos, lo cual nada tiene que ver con el destranque del tambor (folio 163 cuaderno 2). Lo anterior pone en evidencia la demostración de la culpa de la empresa en el desarrollo del accidente de Wilmar, en tanto no brindó la capacitación adecuada a los trabajadores, no tomó las medidas de prevención adecuadas frente al tambor que se encontraba trancado, permitió que se laborara en condiciones inseguras, no realizó la supervisión de sitios ni labores, no existía personal de seguridad minera, y para finalizar, la enfermera con la que contaba la mina no actuó con la diligencia que ameritaba la situación.

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Radicación n.° 76030 Respecto a la indemnización de perjuicios, estimó que los actores debían demostrar que con ocasión al accidente del causante, su peculio disminuyó ante el evidente gasto económico, dando por ejemplo, el pago de gastos hospitalarios, funerarios, o traslados entre ciudades, y, en lo pertinente al lucro cesante, «acreditar que con el deceso del causante, dejaron de percibir rubros que fueron cancelados de manera directa y en vida por el ex trabajador, que a futuro se constituirían en patrimonio». Dicho lo anterior, concluyó que no se logró acreditar ni el daño emergente ni el lucro cesante, pues no se evidenció que incurrieran en algún gasto con ocasión al fallecimiento, así como tampoco «cuáles eran los rubros dejados de percibir por ellos y que eran cancelados directamente y en vida por Wilmar». A lo anterior agregó que en el plenario aparece una comunicación emanada de la ARL Positiva por medio de la cual concedió la pensión de sobrevivientes, «luego el lucro cesante en parte se encuentra satisfecho con dicha prestación».

IV. RECURSOS DE CASACIÓN Interpuesto por ambas partes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver, por cuestiones de método, inicialmente el de la demandada

Columbia Coal Company S.A.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, confirme la del a quo.

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Radicación n.° 76030 Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, replicado oportunamente.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia del Tribunal por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 57numerales 1 y 2-, 216, y 348 del CST; 63, 1613, y 1614 del CC; 3 de la Ley 1562 de 2012; 177, 187, y 265 del CPC; y 11 de la Ley 1395 de 2010.

Le enrostra al Tribunal los siguientes yerros fácticos:  No dar por demostrado, estándolo, que la empleadora COLUMBIA COAL COMPANY S.A. suministró los elementos indispensables para la protección personal del trabajador WILMAR ALONSO GUZMÁN GARZÓN.  Dar por demostrado, sin estarlo, que el accidente sufrido por el señor WILMAR ALONSO GUZMÁN GARZÓN fue provocado por falta de supervisión.  No dar por demostrado, estándolo, que el accidente tuvo como causa eficiente el desacato a la orden impartida por el administrador de la mina en el sentido de que se dedicara a la limpieza del frente de trabajo y que la labor de destrabamiento se ejecutara al otro día una vez llegara el compañero de labores.  Dar por demostrado, sin estarlo, que el salario devengado por el trabajador tenía ingresos salariales superiores al salario mínimo.  No dar por demostrado, estándolo, que el trabajador se encontraba solo al momento del accidente pues quien fungía como cochero no estaba al momento del mismo.

 Dar por demostrado, sin estarlo, que cuando el cochero JOSÉ RODRÍGUEZ encontró el cuerpo del señor WILMAR ALONSO GUZMÁN GARZÓN se encontraba con vida por no ser persona calificada o idónea para dar tal dictamen o conclusión.  No dar por demostrado, estándolo, que el tambor en el cual sufrió el accidente tenía salidas hacia la superficie tal como lo expresaron los testigos de cargo.  No dar por demostrado, estándolo, que el fallecido señor GUZMÁN GARZÓN tenía conocimiento acerca de la necesidad

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Radicación n.° 76030 de intervenir dos trabajadores en tales casos de destrabamiento. Como pruebas erróneamente apreciadas relaciona las siguientes:

1. El documento que contiene el informe de investigación del accidente de trabajo, obrante a folios 78 a 86 del cuaderno 2, realizado conforme a la resolución 1401 de 2007, en la cual participó un miembro del Copaso, un profesional con licencia en salud ocupacional, el encargado del programa de salud ocupacional y el jefe inmediato del área correspondiente, documento que es tan solemne que debe ser suscrito por el representante legal de la empresa. Este documento obligatoriamente, por la gravedad del evento, legalmente debe realizarse en el formato de la ARL, pero no proviene de la misma, su creador fue el equipo investigador, atacando la disposición normativa.

2. Anexos y soportes de informe de investigación del accidente de trabajo, obrante a folios 78 a 86 del cuaderno 2, realizado

conforme a la resolución 1401 de 2007, especialmente las descripciones espontáneas que se recogieron inmediatamente tras la ocurrencia del evento mortal.

3. Concepto técnico 365 rendido por la Agencia Nacional Minera de fecha 20 de noviembre de 2012.

4. Testimonio de JAIME PIRAGUATA para valorar en el informe de investigación del accidente de trabajo, obrante a folios 78 a 86 del cuaderno 2 y el concepto técnico 365 rendido por la Agencia Nacional Minera de fecha 20 de noviembre de 2012.

5. Testimonio de ADELMO BARRERA MOJICA, en informe de investigación del accidente de trabajo, obrante a folios 78 a 86 del cuaderno 2 y el concepto técnico 365 rendido por la Agencia Nacional Minera de fecha 20 de noviembre de 2012.

6. Testimonio de LEONARDO BARRERA MOJICA en informe de investigación del accidente de trabajo, obrante a folios 78 a 86 del cuaderno 2 y el concepto técnico 365 rendido por la Agencia Nacional Minera de fecha 20 de noviembre de 2012.

Y como evidencias dejadas de valorar, menciona las siguientes:

A. Documentos que dan cuenta de la elaboración de nómina y consecuentes pagos salariales al accionante.

B. Documento que contiene el panorama de los factores de riesgo de la sociedad demandada.

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C. Copia de la investigación adelantada sobre el accidente de trabajo sufrido por el señor WILMAR ALONSO GUZMÁN

GARZÓN.

D. Copia del manual de funciones para el cargo de minero carbonero y del supervisor.

E. Copia del procedimiento para destrabar un tambor.

F. Copia del programa de salud ocupacional de la demandada.

G. Copia de las capacitaciones otorgadas el trabajador GUZMÁN

GARZÓN.

H. Copia del plan de atención de emergencias de la sociedad demandada.

I. Copia del reglamento de higiene y seguridad industrial de la demandada.

En la demostración plantea que los artículos 57 y 216 del CST no tienen aplicación insular, pues concurre en el trabajador el deber de cuidado en el desempeño de sus funciones, «y para el caso de la indemnización a la cual se refiere el segundo de los mandatos, ni la ley ni la jurisprudencia han exonerado al trabajador o sus descendientes de la carga de probar la culpa en el empleador a consecuencia de la cual se produce el accidente». Sobre la carga de la prueba, cita dos sentencias de esta Corporación, la CSJ SL, 22 mar. 2017, rad. 46487, y otra sin identificar. Aduce que el accidente no ocurrió porque ella hubiera descuidado sus deberes de protección con el suministro de algún elemento de trabajo, pues la causa eficiente del mismo se debió a la culpa exclusiva de la víctima, «cuando desatando la orden impartida por el administrador de la mina señor Henry Lozano incurriendo en acto totalmente inseguro quiso destrabar el tambor por sitio equivocado».

Precisa que:

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Radicación n.° 76030 Lo claro es que cuando se pretende la indemnización plena en los términos del artículo 216 del CST la jurisprudencia no ha

exonerado al trabajador de la carga de la prueba para que en una afirmación indefinida se traslade dicha carga probatoria al empleador, siendo que a éste le resulta en veces imposible asumir tal carga cuando del hecho del accidente, aparece que el mismo se produjo por hechos meramente imputables al trabajador. Acota que la ausencia total de valoración de las pruebas singularizadas condujo al error de concluir que hubo negligencia en el cumplimiento de las obligaciones de protección y cuidado que le asisten al empleador. Se duele de que el Tribunal «haya construido una sentencia a partir de deducciones generadas en afirmaciones que no hicieron los testimonios, descartando los documentos que le daban cuenta de la verdad», y esgrime que el yerro en la valoración de los testimonios como complemento de los documentos es tan grosero, que primero concluye que son de oídas, «para luego basar su sentencia en supuestos». Resalta que en la visita realizada por la Agencia Nacional de Minería el 21 de marzo de 2013 no se concluyó la existencia de trabajos inseguros, «no hay observaciones y si acaso recomendaciones que formuló entre ellas la que se refiere a la concurrencia de dos personas para efectos del destrabamiento». Arguye que es equivocada la conclusión de que el causante no se encontraba solo «como lo afirma el señor JOSÉ MARTÍNEZ», ya que todos los testigos escuchados son de oídas, además, existen contradicciones que no permiten verlo imparcial, «teniendo en cuenta que capacitación se hizo “casi todos los días” y antes de iniciar labores tenían una charla

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Radicación n.° 76030 como de cinco minutos. El cambio de nomenclatura no puede generar responsabilidad en la empleadora pues lo que ella llama capacitación, los trabajadores le dan el nombre de charla», por lo que concluye que «Es tan contradictorio, que a pesar de existir prueba documental que hace referencia a capacitaciones a diario y los testigos refieran que efectivamente se realizaba, el Tribunal concluya que se faltó por el empleador a ese deber». Aduce que los testigos coincidieron en afirmar que la labor de destrabamiento requería la intervención de dos trabajadores, además, que no se valoró el procedimiento para realizar de manera segura el trabajo de separar un tambor de ventilación. Alude a los testimonios de Leonardo Barrera y José Rodríguez, para señalar que sus dichos contienen contradicciones. Manifiesta que el hecho de pretender que la enfermera debía desplazarse, en lugar de solicitar que llevaran a la víctima, «es desconocer que las actividades se realizaban en una mina y para atender a un herido o víctima es necesario que quien ingrese a la misma sea un socorredor minero, en este caso compañeros de trabajo». Menciona que las pruebas arrimadas con la contestación de la demanda, y las decretadas, no fueron valoradas, pues resulta censurable que se le endilgue culpa […] cuando no fueron tenidos en cuenta los documentos anunciados del numeral 7 y siguientes de la contestación de la demanda de los cuales, sin gran esfuerzo puede concluirse la

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existencia del pleno respeto a las normas sobre seguridad industrial y que bajo ninguna circunstancia puede predicarse la concurrencia de labores inseguras como lo afirmó el Tribunal […] Dice que, de aceptarse tal conclusión, sería necesario considerar también la imposibilidad física para explotar una mina de carbón a pesar de contar con todos los medios y previsiones exigidos por la ley, «porque lo cierto es que el trabajador desacató el mandato escrito sobre el procedimiento a seguir para el caso de destrabamiento de un tambor», ya que los laborantes conocían los manuales sobre los factores de riesgo, y de las funciones de tamborero. Insiste en que no se puede pasar por alto que sí existieron charlas o capacitaciones, de donde surge que «ADELMO BARRERA había trabajado en el turno de la mañana sobre el mismo tambor», lo que desvirtúa plenamente que estuviera trabado desde hace dos días, aserto que no contribuye a obtener la verdad de lo ocurrido, pero permite concluir que se podía trabajar en otro lugar. Anota que el fallecido contaba con la experiencia suficiente en las labores desempeñadas, «y lo declarado por el Ingeniero PIRAGUATA acerca de que había sido instruido para adelantar otras labores (limpieza en el frente) no ha sido desvirtuado», por lo que concluye que el trabajador ejecutó el trabajo confiado imprudentemente en su experiencia. Manifiesta que es contradictorio que Leonardo Barrera, por una parte, afirme haber escuchado la orden para que el causante procediera a destrabar el tambor, y por otra, junto con su hermano, señalen la inexistencia de supervisor.

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VII. RÉPLICA Manifiestan los accionantes que la decisión del colegiado es ajustada a derecho, pues conforme a la norma, encontró probada la culpa patronal por no haberse brindado la suficiente capacitación, el lugar de trabajo no era apropiado, no había una persona que supervisara las labores, ni quien prestara primeros auxilios.

Arguyen que el día del siniestro faltó uno de los trabajadores para poder llevar a cabo en debida forma el destrabamiento del mineral acumulado. Señalan que en el proceso no está probado que al causante se le haya capacitado para ese tipo de trabajos que le ocasionaron la muerte, como lo es, el destrabamiento de carga acumulada, por lo que la empresa incumplió con sus obligaciones de protección y seguridad.

VIII. CONSIDERACIONES Le corresponde a la Sala establecer si se equivocó el Tribunal al encontrar probada la culpa del empleador en el accidente de trabajo sufrido por el causante.

El artículo 216 del CST reza: CULPA DEL EMPLEADOR. Cuando exista culpa suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este Capítulo. Ha adoctrinado la Corte que la culpa del empleador se determina por el análisis del incumplimiento de los deberes

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Radicación n.° 76030 de prevención que corresponden al empleador, y se

constituye en la causa adecuada de la ocurrencia del infortunio laboral, ya sea que se derive de una ac