CSJ - SL4443-2020

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL4443-2020 Radicación n.° 74039 Acta 043 Estudiado, discutido, y aprobado en sala virtual. Bogotá, DC, dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinte (2020). Decide la Sala los recursos de casación interpuestos por

BBVA HORIZONTE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE

PENSIONES Y CESANTÍAS SA, hoy ADMINISTRADORA DE

FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR SA, y por MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS SA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 21 de septiembre de 2015, en el proceso que instauró en su contra

MARÍA OFELIA AGUDELO ARANGO.

I. ANTECEDENTES

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Radicación n.° 74039 María Ofelia Agudelo Arango demandó a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías SA, hoy la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir SA, con el fin de que le fuera reconocida y pagada la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de su hijo, de manera retroactiva desde el 9 de octubre de 2010, junto con los intereses moratorios y la indexación de las condenas. Fundamentó sus peticiones en que era madre soltera de varios hijos, entre ellos Jaminton Agudelo, quien falleció el 9 de octubre de 2010, momento para el cual convivían con otra hermana, dos tías y un primo. Dijo que el 2 de noviembre

siguiente solicitó la pensión de sobrevivientes a la demandada, la cual fue negada el 8 de abril de 2011 porque a pesar de tener las semanas cotizadas, no dependía económicamente del afiliado, situación que no era cierta, porque era él quien suministraba la mayor parte del dinero para la subsistencia de ella y su núcleo familiar. Al dar respuesta a la demanda, la accionada se opuso a las pretensiones, aceptó los hechos excepto la dependencia económica, pues lo que el afiliado brindaba era una simple ayuda. En su defensa propuso las excepciones de ausencia de derecho sustantivo, pago y compensación. Llamó en garantía a Mapfre Colombia Vida Seguros SA, entidad con la que contrató el seguro previsional, la que contestó a la demanda inicial oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones porque dijo que de acuerdo con la investigación administrativa que ella realizó «[…] se estableció

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Radicación n.° 74039 que el afiliado fallecido brindaba a su madre una ayuda económica para contribuir a los gastos que generaba su estadía en el hogar, además se estableció que la demandante tiene ingresos económicos con los cuales atiende sus necesidades […]». En relación con el llamamiento en garantía, aceptó la existencia de la póliza, pero con las limitaciones, condiciones y exclusiones pactadas en ella, así como la eventual responsabilidad que se generaba a partir de ese contrato. En cuanto a las pretensiones, se opuso al pago de la reclamación, por no estar acreditados los requisitos exigidos, tanto en la ley, como en la póliza.

En su defensa propuso las excepciones de inexistencia del derecho, improcedencia de acumulación de intereses moratorios e indexación, prescripción, ausencia de cobertura y límite de la obligación del asegurador.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Octavo Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín, mediante fallo del 30 de noviembre de 2012, absolvió a la demandada y a la llamada en garantía de todas las pretensiones formuladas en su contra por María Ofelia Agudelo Arango, a quien condenó en costas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

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Radicación n.° 74039 La Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al resolver el recurso de apelación formulado por la demandante, mediante sentencia del 21 de septiembre de 2015, revocó la decisión proferida por el a quo y en su lugar dispuso: PRIMERO: CONDENAR a BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS (SIC) S.A. a reconocer a la señora MARIA (SIC) AGUDELO ARANGO […], la pensión de sobrevivientes en cuantía del salario mínimo legal mensual vigente para cada año, a partir del 9 de octubre de 2010; y pagar la suma de CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/L ($41.447.620,00), por concepto de mesadas retroactivas causadas hasta el mes de agosto de 2015; a continuar reconociéndole a partir del 1° de

septiembre de 2015 una mesada de $644.350,00 incluyendo las mesadas adicionales de junio y diciembre y sin perjuicio de los incrementos anuales de ley.

SEGUNDO: CONDENAR a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., a que proporcione a la demandada BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS (SIC) S.A., la suma adicional faltante para completar el capital necesario para financiar dicha pensión.

TERCERO: CONDENAR así mismo a la entidad demandada a cancelar a la señora MARIA (SIC) OFELIA AGUDELO ARANGO, sobre las mesadas adeudadas intereses moratorios a partir del 2 de enero de 2011 hasta el pago efectivo de dicha obligación, conforme a lo establecido en el art. 141 de la L.100/1993.

El Tribunal estableció como problema «probatorio» determinar si la demandante demostró la calidad de beneficiaria del derecho pensional, es decir, la dependencia económica respecto del causante. Dijo que no estaba en discusión que Jaminton Agudelo dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, así como la condición de madre de la demandante frente a éste.

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Radicación n.° 74039 Sobre la dependencia económica dijo que de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación (CSJ SL 19 jul. 2007, rad. 30165) y de la Corte Constitucional (CC C-1112006), no tenía que ser total y absoluta, por lo que aseguró que la decisión del a quo, al basarse únicamente en la investigación administrativa y en la certificación expedida

por Gana SA no era correcta, pues todo el material probatorio tenía que ser analizado en conjunto. Así pues, del documento último aludido, concluyó que esa empresa certificó que los ingresos de la demandante por la venta de chance, para el segundo semestre de 2010 ascendieron a la suma de $780.135 cada mes, lo que probablemente le indicó que ella redobló su trabajo allí para poder cubrir la cuota que su hijo le daba. Información que coincide con lo dicho por ella en la investigación administrativa realizada por Mapfre, pues ahí la señora Agudelo Arango afirmó que percibía $650.000 por mes. Luego revisó lo dicho por los testigos Jairo Jiménez Jiménez, Reinaldo Cano Ortiz, Beatriz del Socorro Mesa Valencia y Tatiana Jiménez Arango y extrajo que: […] pese a que todos son coincidentes en señalar que era el señor JAMINTON quien respondía económicamente por su hogar y que la señora Ofelia le colaboraba con lo que ganaba esporádicamente de la venta de chance, si bien es cierto tal como lo arguye la A-quo, se denota que los mismos son muy generales en sus declaraciones, y que específicamente los dos primeros parecieran no conocer de manera muy directa lo narrado en estas instancias judiciales, es importante precisar que el hecho que ciertos aspectos los hubieran percibido por comentarios de la misma demandante o el causante, no les resta credibilidad en cuanto, a que ya de un lado se advierte en sus dichos que lo hicieron de manera desprevenida y sin asomos de parcialidad; y

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de otro, no sobra recordar que los testigos denominados de “oídas” también hacen parte de la prueba testimonial, que por regla general, es la principal, sólo que si no presenciaron directamente el hecho materia de investigación, su apreciación exige de análisis más minucioso, sin que puedan desconocerse, especialmente si existen otros medios de prueba en el proceso que acrediten la ocurrencia de aquel como acaeció en autos, pues también se observa que las declaraciones de las señoras TATIANA JIMENEZ (SIC) ARANGO y BEATRIZ DEL SOCORRO MESA VALENCIA, brindan completa credibilidad y muestran tener pleno conocimiento de lo narrado al Despacho, en su calidad de hija de la prima de la demandante y vecina, respectivamente, quienes teniendo una cercanía considerable con el hogar del causante fallecido, manifestaron categóricamente que el señor JAMINTON vivía en la misma casa con su madre OFELIA, con dos tías ancianas de ésta llamadas MARTHA y CELINA y con VÍCTOR un primo que es discapacitado; era el encargado de proporcionarle a su madre la alimentación, vestuario, pago de servicios públicos, entra otras; que él veía por la casa por cuanto era el único que tenía un contrato de trabajo estable. Así pues, y de acuerdo con la jurisprudencia en mención, concluyó que, si bien no se podían cuantificar de manera exacta, ni los gastos ni los ingresos del hogar, fue Jaminton, quien, con su salario, se encargó de suministrar un aporte considerable para la manutención de su madre, la que, pese a encontrarse percibiendo ingresos para el

momento de su fallecimiento, no eran constantes pues dependían de la venta de chances y no eran suficientes para valerse por sí misma.

IV. RECURSOS DE CASACIÓN Interpuestos en escritos diferentes por BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías SA, hoy la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir SA y por Mapfre Colombia Vida Seguros SA, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías SA, hoy la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, confirme la de del a quo.

De manera subsidiaria, solicita que se case parcialmente la sentencia emitida por el Tribunal en cuanto condenó a los intereses moratorios, para que en sede de instancia confirme la absolución en este punto emitida por el a quo. Por su parte, Mapfre Colombia Vida Seguros SA pretende que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, confirme la de del a quo. Con tal propósito, la primera, formula 3 cargos y la segunda uno, por la causal primera de casación, que merecieron réplica y que serán resueltos, el primero y segundo junto con el único propuesto por Mapfre Colombia Vida Seguros SA, de manera conjunta por atacar similar elenco normativo y merecer idéntica solución, y luego el

restante.

VI. CARGO PRIMERO DE PORVENIR Acusa la sentencia de violar la ley sustancial por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 46, 47, 73, 74 y 78 de la Ley 100 de 1993.

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Radicación n.° 74039 Indica que el Tribunal incurrió en los siguientes errores evidentes de hecho: 1.- No dar por establecido, a pesar de estarlo, que la demandante MARIA (SIC) OFELIA AGUDELO ARANGO, para el momento en que falleció su hijo JAMINTON AGUDELO, vivía en el hogar constituido por su señora madre, dos tías, una hermana y un primo. 2.- No dar por demostrado, a pesar de estarlo que la demandante MARIA (SIC) OFELIA AGUDELO ARANGO, para la fecha en que murió su hijo JAMINTON AGUDELO, tenía ingresos por la suma de $780.135, que percibía como fruto de su trabajo. 3.- No dar por probado, estándolo, que los gastos mensuales de la demandante ascendían a la suma de $506.000. 4.- No dar por probado, estándolo, que el causante fallecido colaboraba con $188.000 para los gastos del hogar. 5.- Dar por probado, sin estarlo, que la demandante dependía económicamente de su hijo JAMINTON AGUDELO. Errores que son producto de la errada valoración del interrogatorio de parte; de los testimonios de Reinaldo Cano Ortiz, Tatiana Jiménez Arango y Beatriz del Socorro Mesa Valencia; y la certificación de ingresos de la demandante,

emitida por GANA y porque no apreció el reporte final de Mc Larens Investigaciones del 2 de febrero de 2011. Para la demostración del cargo dice que la señora Agudelo Arango fue imprecisa al contestar las preguntas en el interrogatorio de parte, pues no fue clara ni contundente en afirmar cuál era la ayuda económica del hijo. Indica que la misma situación ocurrió con los testimonios, pues estaban llenos de vacíos e imprecisiones,

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Radicación n.° 74039 con muchas generalidades sin ninguna explicación conducente sobre por qué afirmaron que el hijo de la demandante la ayudaba económicamente. Señala que, de haber valorado el certificado emitido por GANA, habría concluido que se demostró la autosuficiencia económica de María Ofelia Arango Agudelo, que se corroboró con la investigación administrativa.

VII. CARGO SEGUNDO DE PORVENIR Acusa la sentencia de violar la ley sustancial por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el 13 de la 797 de

2003. En la demostración del cargo dice que, dada la vía elegida, no discutía las inferencias de carácter fáctico en las que el Tribunal basó su fallo. Lo que dijo que reprochaba, en un plano estrictamente jurídico, era la interpretación que le dio el ad quem al concepto de dependencia económica contenido en el precepto que se estimó violado y que lo llevó a concluir que en este caso ese requisito se cumplía respecto de la madre y en relación con el causante.

Entiende que del fallo impugnado se deriva que el Tribunal concibió que hay subordinación cuando los recursos económicos de los padres no bastaban para garantizar una independencia económica, o cuando, por la falta del aporte del hijo, éstos veían disminuidas sus

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Radicación n.° 74039 condiciones de vida, siempre bajo el entendido de que los progenitores pueden tener sus propios recursos, sin que éstos los conviertan en autosuficientes, en términos financieros. Sin embargo, estima que esos argumentos son equivocados y que no se ajustan al concepto de la dependencia económica establecido en el literal d) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, ni a la forma en que lo ha interpretado la jurisprudencia de esta corporación, porque el Tribunal pasó por alto un factor de máxima importancia, como lo era la incidencia del aporte económico del hijo respecto del cual se predica ese sometimiento, que era lo que en verdad debía examinarse para poder establecer si ese apoyo hacía que la mamá estuviese subordinado, ya que esa ayuda era la que le garantizaba subsistir en condiciones dignas. Postula que la tesis del juzgador colegiado es errada, pues partía de la situación de quien recibe el auxilio, sin tener en cuenta si esa colaboración era indispensable para pagar la manutención, dando a entender que cualquier aporte que se diera a la madre, lo sujeta en materia económica a su hijo, lo cual entendió que no es cierto en la medida en que, según la jurisprudencia de esta Sala, la

dependencia financiera de los padres frente al hijo se funda en que el auxilio debía ser de tal entidad que genere un sometimiento pecuniario, de modo que no es válido suponer que cualquier aporte del finado bastaría para configurar la sujeción, «como caprichosamente lo consideró el Tribunal».

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Radicación n.° 74039 Aduce, entonces, que el concepto de dependencia económica, correctamente entendido, debe cimentarse en que la contribución que en vida haya dado el de cujus debía ser el soporte esencial de la manutención de los padres y, por lo tanto, ese socorro indiscutiblemente está llamado a cubrir la mayoría de los gastos, en este caso, paternos. En otras palabras, explica que, si esa ayuda era precaria o meramente parcial, no le estaría garantizando a los progenitores el modus vivendi que no pudieran procurarse por sí mismos y, por ende, era claro que contribuciones fragmentarias, insuficientes o que simplemente constituían el mecanismo a través del cual el difunto cubría sus propios consumos dentro del hogar, descartaban la posibilidad de predicar la existencia de supeditación monetaria. En apoyo de sus elucubraciones citó un aparte de la sentencia CSJ SL, 18 sep. 2001, rad. 16598.

VIII. CARGO ÚNICO DE MAPRE SA Acusa la sentencia de violar la ley sustancial por la vía indirecta «[…] del derecho sustancial recogido en el literal d) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 y en el artículo 141 de la Ley 100 de 19963, por error de hecho en la apreciación de

unas pruebas». Señala como pruebas no apreciadas el interrogatorio de parte de la demandante, y como indebidamente valoradas el contrato de intermediación y distribución comercial, el certificado de GANA, el cuestionario para padres

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Radicación n.° 74039 dependientes reclamantes de la pensión de sobrevivencia, y la prueba testimonial de Tatiana Jiménez Arango y de Beatriz del Socorro Mesa Valencia. Lo que hizo incurrir al ad quem en los siguientes errores evidentes de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo que la señora MARIA (SIC) OFELIA AGUDELO ARANGO dependía económicamente del

señor JAMINTON AGUDELO.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante no cumplió con la carga procesal de probar su dependencia económica con el fallecido, tal como lo exige la ley para poder tener derecho a la prestación reclamada, dependencia que no requiere ser total y absoluta, pero si (sic) necesaria.

3. No dar por demostrado, estándolo, que la señora MARIA (SIC) OFELIA AGUDELO ARANGO tenía los ingresos suficientes para solventar sus propios gastos y que por tanto no dependía económicamente de su hijo fallecido.

Así mismo indicó como demostración del cargo lo siguiente:

1. El Tribunal incurrió en un error de hecho, dando por demostrada una dependencia económica (subordinación) que se encuentra desvirtuada por los medios probatorios que apreció en forma indebida.

2. El Tribunal incurrió en un error de hecho, no dando por

demostrada la independencia económica de la señora MARIA (SIC) OFELIA AGUDELO ARANGO en relación con su hijo fallecido, la cual se encuentra acreditada en el documento “CUESTIONARIO PARA PADRES DEPENDIENTES RECLAMANTES DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA” en la cual hizo un detalle de los gastos del hogar para la fecha de fallecimiento de su hijo y con el certificado de ingresos expedido por la entidad GANA.

3. El Tribunal incurrió en un error de hecho, al darle todo el peso probatorio necesario para revocar la sentencia de primera instancia a dos testimonios presentados por la parte demandante, los cuales fueron vagos, imprecisos, contradictorios y no daban cuenta de datos puntuales sobre la dependencia económica.

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4. El Tribunal incurrió en un error de hecho al no apreciar el interrogatorio de parte rendido por la demandante en el cual se puede constatar que la demandante no incurre en gastos por conceptos de arrendamiento y que tenía ingresos por su actividad en GANA, con los cuales atendía sus gastos en forma suficiente.

5. El Tribunal incurrió en un error de hecho, al dar por demostrado sin estarlo que la demandante dependía económicamente del fallecido, cuando es claro que del material probatorio obrante en el proceso se desprende que la ayuda que brindaba el fallecido a la demandante no era indispensable y que el aporte que podía brindar a su hijo eran los gastos propios de su permanencia en el hogar.

Por último, transcribe el interrogatorio de parte indicando que con ella no se demostraba la dependencia

económica respecto del causante.

IX. RÉPLICA La señora María Ofelia Agudelo Arango se opone a la prosperidad de la demanda de casación, hace una sola réplica a ambas demandas, señala que el ad quem valoró de manera adecuada y en conjunto todas las pruebas y no dejó por fuera ninguna, por lo que llegó a la conclusión de que, ella dependía económicamente de su hijo.

Esto por seguir los parámetros establecidos en la sentencia CC C-111-2006, pues, para que la subordinación se configure debe de garantizarse una vida digna a los padres.

X. CONSIDERACIONES

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Radicación n.° 74039 El Tribunal plantea que el problema a resolver consistía en determinar si la demandante tenía o no derecho a percibir la pensión de sobrevivientes por la muerte de su hijo, y si con el material probatorio recaudado se verificaron las exigencias legales para adquirir ese derecho; enseguida extrajo del conflicto el cumplimiento del requisito de semanas cotizadas por la causante, de modo que la discusión la redujo a la demostración de la dependencia económica de la demandante en relación con el hijo fallecido. El ad quem concluye que fue probada la subordinación financiera en grado suficiente para tener a la señora Agudelo Arango como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes generada con el fallecimiento de Jaminton Agudelo, en los términos del artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Esa conclusión la fundó en la prueba testimonial, todas ellas acusadas por la recurrente como erróneamente apreciadas.

Así las cosas, el problema jurídico en casación consiste en determinar si el ad quem incurrió en un error grave al adoptar su decisión, en relación con la dependencia económica. A tal efecto, la sentencia del Tribunal viene precedida de la presunción de acierto y legalidad, propia de este tipo de providencias, basada en la necesidad social de que imperen los principios de certeza y confianza legítima que generan las decisiones tomadas por un funcionario público que está investido de jurisdicción y competencia, en ejercicio de facultades y deberes de orden legal y constitucional.

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Radicación n.° 74039 Obviamente, esa presunción puede ser destruida por la parte que esté asistida de interés jurídico económico para que se le conceda el recurso extraordinario, siempre que acierte en el planteamiento y en la demostración de sus inconformidades, mediante un ejercicio que debe comenzar por la identificación de los pilares sobre los que se encuentra construido el pronunciamiento que se propone combatir, de lo cual dependerá la vía y modalidad de ataque que ha de seleccionar, dada la exigencia del numeral 5 del artículo 90 del CPTSS. Adicionalmente, como en este caso se propuso el cargo por la vía de los hechos, es preciso reiterar, tal cual se hizo en las sentencias CSJ SL501-2019, SL354-2019, SL1512019, SL125-2019, SL5471-2018 y SL4032-2017 –por mencionar algunas recientes– lo enseñado desde antaño, en la sentencia CSJ SL 6043, 11 feb. 1994, que sobre el «error

evidente, ostensible o manifiesto de hecho» expuso que se trata de aquel que: […] se presenta, según el caso, cuando el sentenciador hace decir al medio probatorio algo que ostensiblemente no indica o le niega la evidencia que tiene, o cuando deja de apreciarlo, y por cualquiera de esos medios da por demostrado un hecho sin estarlo, o no lo da por demostrado estándolo, con incidencia de ese yerro en la ley sustancial que de ese modo resulta infringida. Por tratarse de errores enrostrados a la sentencia atacada, con base en el análisis del material probatorio, que puede ser susceptible de decisiones similares o contrarias a las que tomó el tribunal, como se plantea en el recurso, la existencia del error tiene que ser evidente, patente,

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Radicación n.° 74039 manifiesta, que brille al ojo humano, pues el artículo 61 del CPTSS, que habla sobre la libre formación del convencimiento, permite al juez, en las instancias, tomar su decisión con libertad, «[…] inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes […]». En este orden de ideas, si bien el artículo 60 del mismo ordenamiento impone la obligación de analizar todas las pruebas oportunamente allegadas, los juzgadores están facultados para darle mayor valor a cualquiera de ellas sin sujeción a la tarifa legal, salvo cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, pues en esa

eventualidad «[…] no se podrá admitir su prueba por otro medio», como lo señala la norma inicialmente citada. Sobre el particular, la Sala en sentencia CSJ SL, 5 noviembre 1998, radicado 11111, reiterada en la sentencia CSJ SL5584-2018, entre otras, dispuso que, El artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral les concede a los falladores de instancia la potestad de apreciar libremente las pruebas aducidas al juicio, para formar su convencimiento acerca de los hechos debatidos con base en aquellas que los persuadan mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso. Todo ello, claro está, sin dejar de lado los principios científicos relativos a la crítica de la prueba, las circunstancias relevantes del litigio y el examen de la conducta de las partes durante su desarrollo. Pueden, pues, los jueces de las instancias al evaluar las pruebas fundar su decisión en lo que resulte de algunas de ellas en forma prevalente o excluyente de lo que surja de otras, sin que el simple hecho de esa escogencia permita predicar en contra de lo resuelto así la existencia de errores por falta de apreciación probatoria y,

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Radicación n.° 74039 menos aún, con la vehemencia necesaria para que esos errores tengan eficacia en el recurso extraordinario de casación como fuente del quebranto indirecto que conduzca a dejar sin efecto la decisión que así estuviera viciada. La eficiencia de tales errores en la evaluación probatoria para que lleven a la necesidad jurídica de casar un fallo no depende pues

simplemente de que se le haya concedido mayor fuerza de persuasión a unas pruebas con respecto de otras sino de que, aun de las mismas pruebas acogidas por el sentenciador o de otras que no tuvo en cuenta, surja con evidencia incontrastable que la verdad real del proceso es radicalmente distinta de la que creyó establecer dicho sentenciador, con extravío en su criterio acerca del verdadero e inequívoco contenido de las pruebas que evaluó o dejó de analizar por defectuosa persuasión que sea configurante de lo que la ley llama el error de hecho. La facultad otorgada por el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social de apreciar libremente las pruebas, hace que resulte inmodificable la valoración realizada por el tribunal mientras ella no lo lleve a decidir contra la evidencia de los hechos en la forma como fueron probados en el proceso (CSJ SL12299-2017). De otro lado, no todo tipo de prueba es susceptible de ser analizado en esta sede, pues, como se infiere del texto del artículo 7 de la Ley 16 de 1969, «El error de hecho será motivo de la casación laboral solamente cuando provenga de falta de apreciación o apreciación errónea de un documento auténtico, de una confesión judicial o de una inspección ocular […]». Los testimonios, los interrogatorios de parte, salvo que contengan confesión, y los documentos provenientes de terceros, solo podrán ser revisados por la corte en los casos en que se demuestre previamente la comisión de un error de hecho manifiesto sobre las pruebas calificadas.

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Conforme a lo expuesto hasta ahora, para la Sala no cabe duda de que el sentenciador de segunda instancia no incurrió en un yerro de valoración susceptible de ser calificado como manifiesto, protuberante u ostensible, como para que pueda quebrarse su fallo. En efecto, según la norma citada, solo son aptos para fundar un error de hecho en casación laboral, el documento auténtico, la confesión judicial y la inspección ocular; medios probatorios que no fueron atacados en casación, pues el primero de ellos fue el interrogatorio de parte, sin que sea apto. Frente a este, lo que ha debido atacar es la confesión que se pudo producir en dicha prueba; pero, a pesar de ello, conviene recordar que, de conformidad con el artículo 191 del CGP, para que ella se produzca se requiere: (i) que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado; (ii) que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria; (iii) que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba; (iv) que sea expresa, consciente y libre; (v) que verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener conocimiento y, (vi) que se encuentre debidamente probada, si fuere extrajudicial o judicial trasladada. Según lo acabado de recordar, lo expuesto por la señora Agudelo Arango no constituye una confesión y, si así fuera,

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también serviría para concluir lo que dijo el Tribunal, porque la declaración tiene que ser analizada en conjunto y no de forma aislada, por partes, a conveniencia de uno de los litigantes. Ahora bien, respecto del reporte final de Mc Larens Investigaciones del 2 de febrero de 2011, esta no es una prueba hábil en casación, pues, al provenir de un tercero, que no es parte en el proceso, se toma como una declaración. Y al no haberse demostrado un yerro fáctico con alguna prueba hábil en casación, la Corte no puede asumir el estudio de las que no proceden, denunciadas en la misma variante, esto es, los testimonios que, como lo ha manifestado la jurisprudencia, solo son atendibles si se demuestra el error ostensible respecto de las que sí son pruebas idóneas en el recurso extraordinario. Asentados los anteriores aspectos es preciso memorar que, en un evento de similares connotaciones fácticas y jurídicas, la Corte se pronunció a través de la sentencia CSJ SL1926-2020, que en lo pertinente señaló: En función de resolver, se impone memorar que de tiempo atrás, la Sala ha considerado que la dependencia económica de los padres respecto de sus hijos no tiene que ser total y absoluta para el momento del deceso del asegurado, en la medida en que los ingresos que perciben los progenitores por su propio trabajo, pueden resultar insuficientes para satisfacer las necesidades propias y esenciales de su subsistencia (CSJ SL, 4 dic. 2008, rad. 30385, CSJ SL400-2013, entre otras). También se ha instruido que no cualquier estipendio, ayuda o

colaboración que otorguen los hijos a sus progenitores tienen la virtualidad de configurar el requisito de subordinación

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Radicación n.° 74039 económica, que se requiere para adquirir la condición de benefi