CSJ - SL4524-2021

República de Colombia Code Suprema de Justicia Sala la Catadas Laboral Slid. Otsconostlia N 3 JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente SL4524-2021 Radicación n.° 85490 Acta 37 Bogotá, D. C., seis (6) de octubre de dos mil veintiuno (2021). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por ISMAEL ANTONIO CORREA FRANCO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 3 de mayo de 2019, en el proceso que instauró contra la EMPRESA PARA LA

SEGURIDAD URBANA - ESU y el MUNICIPIO DE

MEDELLÍN.

I. ANTECEDENTES Ismael Antonio Correa Franco llamó a juicio a la Empresa para la Seguridad Urbana - ESU y al Municipio de Medellín, con el fin de que, contrato con la primera se declarara, la existencia de un contrato de trabajo y, consecuentemente, se les condenara al pago de: auxilio de

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Radicación n.° 85490 cesantía, intereses a la cesantía, prima de navidad, prima de vacaciones, o Valor en dinero de las vacaciones», indemnización por despido, «El dinero correspondiente a los aportes a la Seguridad social en salud y pensiones hechos por mi prohijado(a)», sanción moratoria del Decreto 797 de 1949, sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, indexación, lo que resulte probado extra o ultra petita y, las costas. Fundamentó sus peticiones en que: el 2 de mayo de

2003 inició una relación laboral con Metroseguridad hoy Empresa para la Seguridad Urbana - ESU, la que fue terminada unilateralmente y sin justa causa, el 30 de abril de 2011 y, en desarrollo de la cual suscribieron 33 contratos para cumplir, entre otras funciones, las de exigir permiso para el comercio de ventas ambulantes, retener las mercancías de aquellos vendedores que no tuvieran tal autorización, retirarlos del espacio público, rendir informes semanales y llevar estadísticas sobre las retenciones y demás actividades desplegadas, mantener los cuadrantes despejados de ventas ambulantes y, dar apoyo logístico y operativo en los eventos de la ciudad. El último salario promedio mensual ascendió, para 2011, a la suma de $1.209.999. Indicó que debía cumplir horario, que estaba dirigido, supervisado y coordinado por las entidades demandadas, que todos los días recibía «órdenes, regaños e instrucciones» por parte de los supervisores y, que los elementos de trabajo tales como uniforme, radio de comunicación, papelería,

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Radicación n.° 85490 guantes, tapabocas, botas, pico, pala, machete y otros, eran suministrados por las accionadas. Al dar respuesta a la demanda, el Municipio de Medellín se opuso a todas las pretensiones y no aceptó ninguno de los hechos. Sostuvo que el demandante prestó sus servicios a la Empresa para la Seguridad Urbana - ESU antes Metroseguridad, empresa industrial y comercial del Estado con personería jurídica y autonomía administrativa,

contractual, presupuestal y financiera, sujeto capaz de contraer derechos y obligaciones por sí misma, por lo que el ente municipal «no debió ser demandado en el caso que nos ocupa», toda vez que con el actor delj uicio no existió ninguna relación laboral, ni legal y reglamentaria y, menos aún, contractual En su defensa propuso las excepciones de prescripción compensación, pago, falta de legitimación en la causa por pasiva, y, las que denominó inexistencia de la obligación frente al Municipio de Medellín, ausencia de responsabilidad, y de nexo causal, buena fe del municipio y, mala fe del demandante (f.° 255-262 cuaderno de instancias). La Empresa para la Seguridad Urbana - ESU, no aceptó ninguno de los hechos y rechazó la prosperidad de las pretensiones. En su defensa adujo que Correa Franco ni trabajó ni le prestó servicios, que a él se le elaboró contrato de prestación

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Radicación n.° 85490 de servicios previa solicitud escrita por parte del Municipio de Medellín - Subsecretaría del Espacio Público, «en ra7ón del cual prestó sus servidos únicamente a esta entidad, pero no [a] la E.S.U.». Resaltó que en cumplimiento de los Convenios Interadministrativos de Administración Delegada de Recursos suscritos con el Municipio de Medellín, sólo le correspondió elaborar el contrato a los diferentes contratistas solicitados expresamente por parte del ente territorial. Agregó que, aunque la ESU era quien pagaba los honorarios del demandante, el dinero provenía del presupuesto del Municipio de Medellín, quien previamente

los trasladaba de acuerdo con los convenios suscritos, no pudiendo aquella entidad disponer de su propio patrimonio para cancelar dichos emolumentos ni los demás bienes requeridos. Excepcionó prescripción y las que tituló, inexistencia de relación laboral frente a la ESU, existencia de convenios interadministrativos de administración delegada de recursos celebrados entre la Empresa para la Seguridad Urbana y el Municipio de Medellín, ineficacia de la cláusula de exclusión de la relación laboral con el Municipio de Medellín y, buena fe. (f.° 271-298 cuaderno de instancias).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo de 29 de agosto de 2018 (CD a f.° 517 cuaderno

de instancias), resolvió:

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PRIMERO: DECLARASE que el señor ISMAEL ANTONIO CORREA FRANCO estuvo vinculado a través de un contrato realidad indefinido al servicio de la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU entre ello de marzo de 2004 y el 30 de abril de 2011.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENASE a la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU, reconocer y pagar el valor correspondiente a los siguientes conceptos: a) Por Auxilio de las cesantías por $8.537.222. b) Por concepto de intereses a las cesantías con su respectiva sanción por no pago oportuno $322.667. c) Por concepto de prima de navidad la suma de $403.333.

d) Por concepto de vacaciones compensadas en dinero la suma de $1.815.000. e) Por concepto de reembolso por aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión la suma de $540.007. O Por concepto de sanción moratoria por no consignación de auxilio de cesantías en un fondo dispuesto para ello causados entre el 5 de noviembre de 2010 y el 30 de abril de 2011 la suma de $4.033.300. g) Por concepto de sanción moratoria prevista por el artículo 1 del Decreto 797 de 1949, la suma de $40.333 diarios a partir del 30 de julio de 2011 y hasta el momento en que se solucione lo adeudado por concepto de prestaciones sociales aquí reconocidas.

TERCERO: ABSUÉLVESE a la entidad demandada de los demás cargos formulados en la demanda, por lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO: DECLARASE solidariamente responsable de las prestaciones e indemnizaciones aquí reconocidas al MUNICIPIO DE MEDELLÍN, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

QUINTO: CONDENASE en costas a las entidades demandadas, fijando como agencias en derecho a cargo de ambas entidades la suma de $2.500.263.

SEXTO: DECLARASE la prescripción frente a los derechos demandados y causados con antelación al 5 de noviembre de 2010, por lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

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SÉPTIMO: Contra la presente decisión procede el recurso de apelación y de no ser apelada por el Municipio de Medellín, se

dispondrá su remisión por la vía de consulta a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín. Disconformes el demandante y las dos entidades convocadas a juicio apelaron. HI. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Para resolver los recursos, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, profirió fallo el 3 de mayo de 2019 (CD a f.° 526 cuaderno de instancia), en el que dispuso: PRIMERO: Se MODIFICA el numeral segundo de la sentencia proferida el 29 de agosto de 2018 por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor ISMAEL ANTONIO CORREA FRANCO en contra de la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y el MUNICIPIO DE MEDELLÍN, y en su lugar se CONDENA, solidariamente a las entidades accionadas a pagar al demandante, los siguientes conceptos: Vacaciones $306.275 Prima de navidad $619.477 Cesantías $9.631.583 • Intereses a las cesantías $45.903 Sanción por no pago de intereses a las cesantías $45.903 • Reembolso salud $378.455 Reembolso pensiones $882.31

SEGUNDO: Se REVOCA PARCIALMENTE el numeral segundo de la sentencia recurrida y en su lugar se ABSUELVE a las codemandadas de la sanción prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la sanción moratoria del Decreto 797 de 1949 y, se CONDENA solidariamente a las codemandadas al pago de la indexación de las condenas aplicando el IPC certificado por el

DANE, teniendo en cuenta como índice final la fecha del pago de la obligación e índice inicial la fecha de causación de cada concepto.

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TERCERO: Se REVOCA PARCIALMENTE el numeral tercero y, en su lugar, se CONDENA solidariamente a las codemandadas a reconocer al demandante la prima de vacaciones, la cual se liquida en la suma de $306.275, no incluida en las condenas del numeral primero del presente fallo que modifica el numeral segundo de la sentencia proferida el 29 de agosto de 2018 y la indemnización por despido injusto en la suma de $7.340.666.

CUARTO: Se CONFIRMA en las demás partes la sentencia proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín.

QUINTO: Sin costas en esta instancia por la prosperidad parcial de los recursos interpuestos por todas las partes.

SEXTO: Se ordena la devolución del expediente y el audio al juzgado de origen.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal fijó como problemas jurídicos: i) establecer quién fue el verdadero empleador del demandante, si lo fue la Empresa para la Seguridad Urbana - ESU o el Municipio de Medellín, ii) si el Municipio de Medellín es solidariamente responsable en el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que tenga derecho el demandante, iii) desde cuándo opera la prescripción en contratos realidad y, iv) determinar si es procedente condenar a la indemnización por despido injusto y mantener las sanciones moratorias de la Ley 50 de 1990 y, del artículo 1 del Decreto 797 de 1949.

Para dar respuesta al primero de tales interrogantes, se refirió a la sentencia CSJ SL4027-2017 y luego de citar un aparte de ella, afirmó que no existió equivocación del juzgador de primera instancia en cuanto encontró acreditada la existencia de un contrato realidad, respecto del cual tuvo como empleador a la ESU al haber sido dicha entidad quien

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Radicación n.° 85490 fungió como contratante de Ismael Antonio Correa Franco, le pagó los honorarios, le entregó las herramientas necesarias para la prestación del servicio y le dio por finalizado el vínculo contractual, por cerca de 8 años en los que el demandante cumplió funciones que hacen parte de un servicio público de carácter permanente, cumpliendo horarios y recibiendo órdenes, o encontrándose esta forma de contratación lejos de un verdadero contrato de prestación de servicios en los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993». En cuanto a la solidaridad del Municipio de Medellín, con apoyo en el artículo 6 del Decreto 2127 de 1945, concluyó que era beneficiario del trabajo desarrollado por el promotor del juicio, «por lo tanto, responde solidariamente con la Empresa para la Seguridad Urbana en el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones». Respecto de la prescripción, luego de referirse a las sentencias CSJ SL 3161-2018 y SL1785-2018, la confirmó en la forma en que fue declarada por el a quo, para lo cual tuvo como fundamento que la declaratoria de existencia de contrato de trabajo, como en este caso, tiene efectos declarativos y no constitutivos, en la medida en que reconoce

la existencia de una realidad anterior a la fecha de la providencia, por lo que, el término de prescripción debía analizarse no desde la sentencia sino desde la fecha de causación y exigibilidad de cada acreencia. También encontró procedente el reconocimiento y pago de la prima de vacaciones por la que fulminó condena, 8

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Radicación n.° 85490 además de modificar las impartidas en primera instancia a partir de los «salarios efectivamente devengados« que encontró acreditados en el proceso. Así mismo, admitió la viabilidad en el reconocimiento de la indemnización por despido injusto, para lo cual partió del término presuntivo de la vinculación contractual correspondiente a 6 meses, sin que respecto de la última prórroga «se acredite que el actor haya sido preavisado«, lo que lo hacia beneficiario de tal prerrogativa. Para finalizar, se refirió a las condenas impartidas por sanción moratoria del Decreto 797 de 1949 y de la Ley 50 de 1990, en relación con las cuales y luego de referirse a la sentencia CSJ SL-986-2019, indicó que la buena o mala fe a considerar para su imposición, se predica del empleador que no del obligado solidario y que, atendiendo al precedente horizontal obligatorio dicha Corporación «ha considerado que la Empresa para la Seguridad Urbana actuó de buena fe en esta clase de procesos, considera que la ESU tenía el convencimiento que los contratos celebrados por el actor eran bajo el amparo de convenios interadministrativos y de conformidad con la Ley 80 de 1993» y, agregó:

Sc ha considerado entonces que la ESU cumplió instrucciones que le fueron impartidas por el Municipio de Medellín en la ejecución de los convenios interadministrativos, ordenes que como ya señaló la Sala están también acreditadas en este proceso y que van desde la selección de las personas que debían ser contratadas hasta la indicación de la duración de los contratos y la extinción de los mismos. Se tiene en cuenta además, que la Empresa para la Seguridad Urbana no podía legalmente realizar la contratación, toda vez que no tiene a su cargo la función constitucional de control y regulación del espacio público ni

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Radicación n.° 85490 dentro de su planta de cargos existen defensores o coordinadores del espacio público siendo una actividad ajena a su objeto social. Se acoge la Sala a esos criterios de la Corporación en garantía del principio de igualdad y atendiendo a que se han emitido múltiples fallos en condiciones similares en los cuales la conducta de la ESU ha sido valorada como de buena fe. Ello lleva a que se revoquen las condenas por la sanción del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y del artículo 1 del Decreto 797 de 1949.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Ismael Antonio Correa Franco, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case parcialmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia: PRIMERA CONSECUENCIAL: Como consecuencia de la anterior pretensión: REVOCAR la parte Resolutiva de la Sentencia de

Segunda Instancia que Absolvió de las Sanciones Moratorias

contempladas en el Decreto 797 de 1949 artículo 1 y Ley 50 de 1990 canon 99 a las codemandadas.

SEGUNDA CONSECUENCIAL: Como consecuencia de las pretensiones Primera y Primera Consecuencial: CONDENARÁ a la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA E.S.U. y solidariamente a EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN a PAGAR al trabajador: 1: La Sanción Moratoria contemplada en el Decreto 797 de 1949 articulo 1 contabilizada transcurridos NOVENTA días contados desde la finalización de la Relación Laboral hasta el VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE fecha en la cual la E.S.U. pagó las prestaciones sociales al trabajador. 2: La Sanción Moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990 canon 99 contabilizada desde transcurridos NOVENTA días contados

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Radicación n.° 85490 desde la finalización de la Relación Laboral hasta el VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE fecha en la cual la E.S.U. pagó las prestaciones sociales al trabajador. 3: La indexación de las sumas dinerarias de las condenas de los numerales anteriores desde el VEINTIDOS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE fecha en la cual dejó de causarse días moratorios (por el pago de prestaciones sociales que realizó una de las codemandadas en beneficio de ambas) y hasta la fecha de su pago efectivo. 4: Costas y Gastos del Proceso a las dos codemandadas de manera solidaria. Con tal propósito propone un cargo, que mereció réplica

y, enseguida se estudia.

VI. CARGO ÚNICO Por la vía indirecta, acusa aplicación indebida de los artículos Preámbulo, 1, 25, 29, 83, 53, 211, 228 y 229 de la CN; 1 del Decreto 797 de 1949; 1, 2, 3, 11, 20, 26 numeral 9,47, 48, 49, 50, 51 y 52 de la Ley 6 de 1945; 1, 2, 3, 5, 11, 19, 20, 37, 40 y 43 del Decreto 2127 de 1945; 9, 1502, 1508, 1512, y 1514 del CC; 1, 16, 19, 21, 57 numeral 4, 65, 140, 249, 260, 435, 467, 468, 469 y 476 del CST; 1, 2, 3 y 4 del Decreto 1876 de 1994; 17, 25, 29, 40 y 45 del Decreto1045 de 1978; 42, 45, 58 y 59 del Decreto 1042 de 1978 y, 5 y 11 del Decreto 3135 de 1968.

Señala que el quebranto normativo fue consecuencia de los siguientes errores de hecho: PRIMERO: No dar por demostrado, estándolo, al pasar inadvertido que en varios de los Contratos de Prestación de

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Radicación n.° 85490 servicios pactados entre el actor y la codemandada EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA E.S.U. se encontraba acordado la subordinación.

SEGUNDO: No dar por demostrado, estándolo, al pasar

inadvertido que en un Documento que reposa en el Plenario (El Protocolo para el Buen Uso del Uniforme). Se encontraba expresamente prueba documental de orden escrita que demuestra la Subordinación del actor.

TERCERO: No dar por demostrado, estándolo, al pasar inadvertido que en varias Sentencias que se arrimaron en Copia Autenticada al Cartulario, se probó hasta la saciedad que la codemandada EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA E.S.U. se dio cuenta que esos Contratos de Prestación de Servicios los estaban declarando sin validez jurídica y como consecuencia de ello, los Jueces estaban declarando Una Relación Laboral entre los Defensores del Espacio Público y la codemandada EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA E.S.U. y a pesar de que la hoy codemandada se dio cuenta, siguió con sendos contratos de prestación de servicios, haciendo caso omiso a las

Sentencias Judiciales.

CUARTO: No dar por demostrado, estándolo, al pasar inadvertido el documento donde reposa el Decreto 178 de 2002, donde se prueba que la vinculación del actor debió ser por un Contrato de Trabajo como Trabajador Oficial y no con un Contrato de Prestación de Servicios.

QUINTO: No dar por demostrado, estándolo, al pasar inadvertido el documento donde reposa el Contrato Inter Administrativo #4600030362 de 2011, donde se prueba que se pactó entre ambas codemandadas una Delegación de la Defensoría del Espacio Público y que la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA tuvo amplio margen de contratación de personal a su libre albedrío ( negrilla y subrayado del texto).

Asevera que los citados yerros resultaron de la errónea pruebas apreciación de: contratos de prestación de servicios,

DOCUMENTO CON AMENAZA DE SANCIONES

DISCIPLINARIAS», « SENTENCIAS AUTEIVTICADAS DE

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Radicación n.° 85490 CASOS SIMILARES» y, Decreto 178 de 2002 (negrilla del texto). En el desarrollo del cargo, sostiene la censura que en los contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes se observa que en su clausulado se consagran directrices claras y estrictas de las funciones a desempeñar por el demandante, se le exige la presencia diaria y en lugar determinado para el desarrollo de una actividad personal y subordinada y, se alude a la entrega de herramientas y a la facultad de exigir la aplicación de correctivos. Señala que en el documento contentivo del protocolo para el buen uso del uniforme se le advierte al demandante y a sus compañeros de la imposición de sanciones disciplinarias para quien no lo porte, las que resultan contrarias a los «principios básicos del Contrato de Prestación de Servicios». En cuanto a la suscripción de sendos contratos de esta naturaleza, sostuvo que no le esta permitido al empleador público desconocer el ordenamiento jurídico y proceder a o disfrazar contratos de trabajo con contratos de prestación de servicios supuestamente regidos por la Ley 80 de 1993», porque con ello se viola el principio de temporalidad que los cobija, en tanto su ejecución fue permanente, «con supuestas interrupciones que no son más que tiempos utilizados para

surtir trámites administrativos» como la expedición de pólizas de seguros, pagos a la seguridad social, elaboración de ofertas, etc., «pero en los cuales sus servidores no pueden

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Radicación n.° 85490 abandonar los sitios de trabajo por la amenaza de que [de] hacerlo no les serán renovados sus vínculos». Resalta que, aunque en varias decisiones judiciales la ESU «se dio cuenta a que se atenía, si seguía con esa forma de contratación, hizo caso omiso y lo siguió haciendo, «lo que denota un despreció (sic) por el cumplimiento de las Normas Jurídicas que reconocen los Derechos de los Obreros, hecho que no debe quedar impune ante los estrados judiciales» y que, en el Decreto 178 de 2002 en el que se contemplan los estatutos de esa entidad, se establece que los trabajadores como el actor deben ser vinculados mediante contrato de trabajo, teniendo en cuenta que se trata de una Empresa Industrial y Comercial del Estado donde por regla general sus servidores tienen la calidad de trabajadores oficiales, a excepción de los cargos de dirección, con lo que se prueba la mala fe con la actuó 4( Ya que pudiéndolo vincular por medio de un Contrato de Trabajo, elige libre y espontáneamente vincularlo a través de un Contrato de Prestación de Servicios». Concluye su argumentación con la cita de los principios que «están en la obligación de garantizar» las entidades del Estado, dentro de los que enuncia los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y

publicidad, luego de los cuales asevera que o Con esta lista extensa de principios que exigen a la Administración cumplir, como es que se contrata personal sin prestaciones sociales. Raya con el descaro el desapego a la Norma Jurídica por parte de los que detentan los cargos administrativos del Estado. El Estado rezando y con el mazo dando».

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Radicación n.° 85490

VII. RÉPLICA El Municipio de Medellín refiere que fue condenado en forma solidaria, «en calidad de tercero obligado, y en razón de tal calidad no es el llamado a responder en el evento de una condena por mora, pues no ostentó la condición de empleador». Recordó que la indemnización moratoria no opera de forma automática y que es función del juez laboral analizar la conducta del empleador, como en efecto lo hizo el sentenciador de alzada.

La Empresa de Seguridad Urbana - ESU refiere que el cargo presenta varios, graves e insalvables «problemas técnicos», como, por ejemplo, el haberlo orientado por la senda indirecta y acudido a la modalidad de aplicación indebida, ola cual es una modalidad de la vía directa y no de la vía indirecta». Indica que esta Corte en sentencia CSJ SL, 25 nov. 2008, rad. 35159, absolvió a la entidad demandada de la condena al pago de la indemnización moratoria aduciendo que su conducta al no pagar las prestaciones sociales a la finalización del vínculo se basó en la creencia seria de que la vinculación estaba regida por contratos de prestación de servicios, «elemento indicativo de buena fe que desvirtuaba la presunción de cualquier intención deliberada

de atropellar los derechos o efectuar actos fraudulentos en perjuicio del actor». Se opone a que el recurrente pretenda «la aplicación de la mora en forma automática y que se presuma la mala fe, contra lo que ha dicho la Corte en forma reiterada», tal como

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Radicación n.° 85490 lo asentó en providencia CSJ SL, 22 oct. 2008, rad. 33966, la que reproduce en extenso.

VIII. CONSIDERACIONES Dada la vía de ataque seleccionada, la censura no controvierte la consideración jurídica del ad quem, según la cual, entre Ismael Antonio Correa Franco y la Empresa de Seguridad Urbana - ESU en la realidad, existió un contrato de trabajo.

Para el Tribunal, no resultó procedente las sanciones contempladas en los artículos 1 del Decreto 797 de 1949 y en la Ley 50 de 1990 artículo 99, pues la ESU «tenía el convencimiento que los contratos celebrados por el actor eran bajo el amparo de convenios interadministrativos y de conformidad con la Ley 80 de 1993», lo que reafirmó con su precedente horizontal que señaló, era obligatorio en los términos definidos en la sentencia CC SU-354-2017. Afirmó: Se ha considerado entonces que la ESU cumplió instrucciones que le fueron impartidas por el Municipio de Medellín en la ejecución de los convenios interadministrativos, ordenes que como ya señaló la Sala están también acreditadas en este proceso y que van desde la selección de las personas que debían ser contratadas hasta la indicación de la duración de los contratos y la extinción de los

mismos. Se tiene en cuenta además, que la Empresa para la Seguridad Urbana no podía legalmente realizar la contratación, toda vez que no tiene a su cargo la función constitucional de control y regulación del espacio público ni dentro de su planta de cargos existen defensores o coordinadores del espacio público siendo una actividad ajena a su objeto social. Se acoge la Sala a esos criterios de la Corporación en garantía del principio de igualdad y atendiendo a que se han emitido múltiples fallos en condiciones similares en los cuales la conducta de la ESU ha sido

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Radicación n.° 85490 valorada como de buena fe. Ello lleva a que se revoquen las condenas por la sanción del articulo 99 de la Ley 50 de 1990 y del articulo 1 del Decreto 797 de 1949. El reproche de la censura se finca en que del análisis de las documentales acusadas en el cargo se infiere, contrario a lo sostenido por el ad quem, que el promotor del juicio siempre fue tratado como trabajador y no como contratista, en tanto la subordinación que caracteriza los vínculos laborales se plasmó en los contratos de prestación de servicios, amén que la sucesiva y recurrente suscripción de este tipo de acuerdos contractuales torna evidente que tal modalidad de contratación no se ajusta a la vocación de permanencia de la actividad para la cual fue vinculado. De las pruebas denunciadas como mal apreciadas por el colegiado de instancia y acusadas en el cargo respecto de las cuales no se indica el folio de su ubicación, no obstante ello la Sala dispensará el dislate y abordará su estudio, se

enlistan los contratos de prestación de servicios (f.° 54-194), los que dan cuenta que Ismael Antonio Correa Franco fue contratado inicialmente por la Empresa Metropolitana para la Seguridad - Metroseguridad hoy Empresa para la Seguridad Urbana - ESU, en el marco del Convenio Interadministrativo que esta celebrara con el Municipio de Medellín «en el Desarrollo de programas y estrategias para la defensa y control del Espacio Público. Recuperación del centro y su entorno a los venteros ambulantes, en la ciudad de Medellín» (cláusula primera). Así mismo, en la cláusula sexta de aquellos contratos, en lo que hace a las obligaciones específicas, se incluyen

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Radicación n.° 85490 dentro de ellas, evitar invasiones del espacio público, trasladar elementos retenidos a las bodegas dispuestas por el municipio para tal fin, rendir informes semanales, así como llevar datos estadísticos sobre las actividades desplegadas; en la misma cláusula, la entidad dispuso el uso obligatorio del carné y el uniforme, y asentó que «la prestación del servicio implica asistencia permanente en los lugares donde se requiera la defensa del espacio público y en consecuencia [el contratista] deberá demostrar la asistencia diaria a los sitios designados», so pena de estar «sujeto al descuento del pago del cual es acreedor». De otra parte, de tales documentales se exhibe que la prestación de los servicios del demandante lo fue sin solución de continuidad como lo dio por establecido el ad quem, mediante la suscripción de 25 contratos de prestación de

servicios con 8 adiciones, lo que permite colegir la existencia del poder subordinante del empleador, como lo indica el recurrente, pues revisadas las obligaciones impuestas desde los albores de la vinculación, las que se mantuvieron constantes hasta su terminación y dentro de las que se destacan rendir informes semanales, portar carné, cumplir horario, asistencia diaria y obligatoria al sitio asignado, no puede más que concluirse que la entidad demandada ejercía control sobre Correa Franco quien no desempeñó los servicios contratados con la autonomía e independencia que se predica de las relaciones de carácter civil y que no lleva a otra cosa que a colegir, como lo hicieron los juzgadores de instancia, en la existencia de un verdadero y real contrato de trabajo entre las partes. 18

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Radicación n.° 85490 Ahora bien, la sucesión de contratos no permite predicar la existencia de buena fe de parte de la ESU pues, por el contrario, ella lo único que denota es su uso recurrente e ininterrumpido lo que no respondía a una circunstancia excepcional y transitoria, propia de la modalidad de vinculación empleada, lo que deriva, sin asomo de duda, que la entidad accionada en la realidad abusó de aquella forma de contratación con el único propósito de ocultar la verdadera naturaleza de la relación y birlar los derechos del trabajador. Al respecto ha reiterado esta Corporación, que no puede tenerse como prueba de un actuar de buena fe «el acudir a iterativos y aparentes contratos de prestación de

servicios que no están sujetos a la citada L. 80/1993, con desconocimiento constante del predominio de actos de sometimiento y dependencia laboral que muestran todos los demás medios de prueba» (CSJ SL9641-2014). A folio 200 del plenario obra documento titulado «PROTOCOLO PARA EL BUEN USO DEL UNIFORME», el que si