CSJ - SL4601-2019

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO Magistrada ponente SL4601-2019 Radicación n.° 78641 Acta 37 Bogotá, D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil diecinueve (2019) Decide la Corte el recurso de casación que interpuso la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín profirió el 25 de mayo de 2017, en el proceso que MARÍA ROSALBA GUERRA DE GARCÍA adelanta contra la recurrente y en el que se llamó

en garantía a AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

I. ANTECEDENTES La accionante solicitó que se condene a la demandada a reconocerle y pagarle la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su hijo Orlando de los Milagros García Guerra, a partir del 10 de marzo de 2002, en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, así como el correspondiente retroactivo, los SCLAJPT-10 V.00Radicación n.° 78641 intereses moratorios o la indexación, lo que se pruebe extra y ultra petita y las costas procesales.

En respaldo de sus aspiraciones, narró que su hijo

falleció el 10 de marzo de 2002, fecha para la cual tenía la calidad de cotizante activo en la administradora de fondo de pensiones BBVA Horizonte S.A. hoy Porvenir S.A.; que era soltero, sin unión marital de hecho y no tuvo hijos; que siempre vivió con ella, y que dependía económicamente de él, pues era quien asumía sus gastos de alimentación, vestido y servicios públicos. Manifestó que el 4 de marzo de 2003 reclamó a la demandada el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, pero tal petición fue negada bajo el argumento que el causante no era cotizante al sistema general de pensiones y no tenía 26 semanas sufragadas en el año anterior al deceso. Agregó que la AFP no tuvo en cuenta los aportes en mora cancelados después del fallecimiento, pese a que reconoció que su empleador «Supermercados Milán Ltda.» los pagó el 12 de marzo de 2002, y que correspondían a los ciclos de noviembre y diciembre de 2001 y enero y febrero de 2002. Señaló que posteriormente efectuó dos reclamaciones adicionales, el 22 de octubre de 2007 y el 24 de febrero de 2012, que también le fueron negadas y que Porvenir S.A. le concedió la devolución de saldos (f.º 3 a 14). 2Radicación n.° 78641 Al dar respuesta a la demanda, la administradora de

pensiones accionada se opuso a todas las pretensiones. En cuanto a los hechos en que se fundamentan, aceptó que el causante estuvo afiliado a BBVA Horizonte hoy Porvenir S.A., la fecha de deceso, que le sobrevivió su madre, las solicitudes que esta realizó, que negó el reconocimiento de la prestación deprecada y que entregó la devolución de saldos. Frente a los demás, adujo que no eran ciertos o no le constaban. Afirmó que para la data de la muerte, el afiliado no era cotizante activo y que la accionante confesó que este «siempre vivió con ella», de modo que al ser aquella la propietaria del inmueble en el que habitaban, era el de cujus quien se beneficiaba de los bienes de su madre y no al contrario; además, que la actora tenía otros bienes raíces y, por tanto, no dependía económicamente de aquel. En su defensa, propuso las excepciones de falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe, necesidad del equilibrio financiero del sistema, pago, compensación, prescripción, «cobro de lo no debido, falta de causa en las pretensiones de la demanda, ausencia de derecho sustantivo, carencia de acción y falta de acreditación de los requisitos legales para acceder a la pensión de sobrevivencia» y la genérica (f.º 54 a 89). El juzgado de conocimiento aceptó el llamamiento en garantía que hizo Porvenir S.A. a Axa Colpatria Seguros de Vida S.A. (f.º 134) con el propósito que, en caso que fuere 3Radicación n.° 78641

89). El juzgado de conocimiento aceptó el llamamiento en garantía que hizo Porvenir S.A. a Axa Colpatria Seguros de Vida S.A. (f.º 134) con el propósito que, en caso que fuere 3Radicación n.° 78641 condenado al pago de algún concepto, la aseguradora responda por el capital adicional necesario para ello, o le reembolsara lo que correspondía. Como fundamento de dicha petición, narró que Colpatria S.A. expidió la póliza previsional de seguro de invalidez y sobrevivientes n.º 007, mediante la cual amparó a los afiliados de BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., hoy Porvenir S.A., a fin de obtener el pago de la suma adicional para completar el capital que se requiera para el pago de pensiones por riesgo común; que para la fecha del fallecimiento del causante, tal póliza estaba vigente, y que la actora presentó reclamación judicial a fin de obtener el pago de la prestación de sobrevivientes (f.° 110 a 117). Al responder tal solicitud, la llamada en garantía aceptó que emitió la póliza n.º 007, que estaba vigente a la fecha del deceso del de cujus y la reclamación de la demandante. Afirmó que se atenía a lo probado en el proceso. Como medios exceptivos, en relación con el contrato de seguro, formuló los de prescripción extintiva de los

demandante. Afirmó que se atenía a lo probado en el proceso. Como medios exceptivos, en relación con el contrato de seguro, formuló los de prescripción extintiva de los derechos del asegurado y ausencia de cobertura–limitación del riesgo asumido por el asegurador. Respecto al escrito inaugural, se opuso a todas las pretensiones. En relación con los supuestos fácticos en que se soportan, adujo que no eran ciertos o no le 4Radicación n.° 78641 constaban y que se atenía a lo que se probara en el sub lite. En su defensa, propuso la excepción de «ausencia de los requisitos fácticos y normativos para la estructuración del derecho a la pensión de sobrevivientes» (f.º 150 a 158).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA A través de fallo de 4 de marzo de 2017, el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Medellín ( f.º 184 y 185 y Cd 2)

decidió: PRIMERO: Declarar que María Rosalba Guerra de García (…) tiene derecho a la pensión de sobrevivencia por el fallecimiento de su hijo Orlando de los Milagros García Guerra (…), fallecido el día 10 de marzo del año 2002 (…).

SEGUNDO: Condenar a la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., como sucesor procesal de la AFP, Horizonte S.A., como obligada al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la demandante (…) y que por el fenómeno prescriptivo es exigible a partir del día 18 de marzo año 2011, en la pensión mínima legal mensual

pago de la pensión de sobrevivientes a la demandante (…) y que por el fenómeno prescriptivo es exigible a partir del día 18 de marzo año 2011, en la pensión mínima legal mensual vigente, pensión que es vitalicia con el ahorro aseguramiento obligatorio al sistema de salud, en catorce mesadas anuales y con derecho al ajuste anual de la misma. El valor (sic) retroactivo cuantificado por el juzgado a partir del día 18 de marzo año 2011 y calculado hasta el último día de marzo año 2016, ascendió a la suma de cuarenta y dos millones cero seis mil cuarenta y cinco pesos ($42.006.045). A partir del día primero de abril año 2016 se obliga la sociedad Porvenir S.A. [a] seguir pagando una mesada pensional a la demandante en la suma de seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos ($689.455) (…).

TERCERO: Declarar y condenar a la sociedad Axa Colpatria Seguros de Vida S.A. llamad [a] en garantía por la aseguradora Porvenir S.A., como responsable del valor adicional para financiar la pensión de sobreviviente [s] según póliza previsional número 007.

CUARTO: Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción, probada la excepción de compensación; las

5Radicación n.° 78641 demás excepciones propuestas por la AFP Porvenir S.A. y por la llamada en garantía, son desestimadas por el juzgado.

QUINTO: Condenar a la sociedad Porvenir S.A., parte

5Radicación n.° 78641 demás excepciones propuestas por la AFP Porvenir S.A. y por la llamada en garantía, son desestimadas por el juzgado.

QUINTO: Condenar a la sociedad Porvenir S.A., parte demandada, como obligada al reconocimiento de los intereses de mora, los cuales deberá calcular a partir del 18 de marzo año 2011, en la forma prevista en el artículo 141 de la ley (sic) 100 de 1993, sobre mesadas retroactivas y hasta el momento en que se realice el pago o solución total de la obligación.

SEXTO: Autorizar a la sociedad Porvenir S.A., a descontar de los valores retroactivos el valor pagado como devolución de saldos.

SEPTIMO (sic): Condenar en costas (…).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la demandada y la llamada en garantía, mediante fallo de 25 de mayo de 2017, la Sala

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín (f.º 191 y Cd 3) decidió: PRIMERO: MODIFICAR el numeral SEXTO de la sentencia proferida por el JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN el 04 de marzo de 2016, en el proceso ordinario laboral promovido por la señora MARÍA ROSALBA GUERRA DE GARCÍA en contra de PORVENIR S.A. y como LLAMADA EN GARANTÍA, AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A., en cu[a]nto [a] la indexación de las sumas de objeto de compensación, para en su lugar, AUTORIZAR a PORVENIR

cu[a]nto [a] la indexación de las sumas de objeto de compensación, para en su lugar, AUTORIZAR a PORVENIR S.A., a descontar de los valores retroactivos objeto de condena, el valor pagado como devolución de saldos debidamente indexados, desde el 13 de marzo de 2008 hasta el momento de la compensación efectiva de la obligación (…).

SEGUNDO: Se CONFIRMA en todo lo demás.

TERCERO: COSTAS (…).

En lo que interesa a los fines del recurso extraordinario de casación, el ad quem indicó que el debate jurídico se contraía a establecer si el afiliado fallecido dejó causado el derecho pensional y si procedía el 6Radicación n.° 78641 reconocimiento de la prestación de sobrevivientes a la demandante, en su condición de madre y, en caso afirmativo, si había lugar al otorgamiento de intereses moratorios y demás pretensiones de la demanda. En esa dirección, señaló que la prestación deprecada se regía por la norma vigente al momento del deceso del afiliado, esto es, el 10 de marzo de 2002, de modo que los artículos 46 y 47 originales de la Ley 100 de 1993 eran los preceptos aplicables al sub lite, los cuales trascribió.

Luego, indicó que para su concesión se requiere que el afiliado sea cotizante activo y hubiere cotizado 26 semanas al momento de la muerte o que, si no lo era, tuviera igual densidad de aportes en el año inmediatamente anterior. Así, expuso que se acreditó en el plenario que a la fecha del deceso, el causante era cotizante activo al sistema general de pensiones y tenía 77.18 semanas aportadas y que, si en gracia de discusión se considerara que no tenía tal condición, la conclusión no sería diferente, en la medida que en el año inmediatamente anterior tenía 38.61 semanas, número que era superior al previsto en el literal b) del artículo 46 de la Ley 100 de 1993. Mencionó que el de cujus laboró para la Alcaldía del municipio de San Pedro de los Milagros (Antioquía) del 26 de julio de 1995 al 29 de octubre de 1996 (f.º 22), entidad que efectuó cotizaciones a Colfondos S.A., del 1.º de febrero al 29 de octubre de 1996 (f.º 21 y 35) , para un total de 38.57 semanas. 7Radicación n.° 78641 Asimismo, adujo que en el proceso obraba contrato de trabajo a término indefinido, suscrito entre el causante y John Jairo Londoño Piedrahita, propietario del establecimiento «Cafetería Milán hoy Supermercados Milán Ltda.», que aquel prestó servicios del 25 de abril de 2001 a febrero de 2002 (f.º 23), y que dicho empleador pagó extemporáneamente a la AFP Horizonte S.A., hoy Porvenir

Ltda.», que aquel prestó servicios del 25 de abril de 2001 a febrero de 2002 (f.º 23), y que dicho empleador pagó extemporáneamente a la AFP Horizonte S.A., hoy Porvenir S.A., las cotizaciones, así (f.º 26, 27 y 38): Periodo de aportes Fecha de pago Días cotizados Junio 2001 17 /08/2001 30 Julio 2001 9 /11/2001 30 Agosto 2001 26/17/2001 30 Septiembre de 2001 4 /01/2001 30 Octubre de 2001 8/02/2002 30 Noviembre de 2001 12/03/2002 30 Diciembre de 2001 12/03/2002 30 Enero de 2002 12/03/2002 30 Febrero de 2002 12/03/2002 30 Explicó que, en este caso, eran válidas las cotizaciones que correspondían a períodos o ciclos anteriores y que sufragó el aludido establecimiento el 12 de marzo de 2002, esto es, dos días después de la muerte del causante, toda vez que Porvenir S.A., a través de la comunicación 030874 de 26 de marzo de 2003 (f.º 25 a 28) relacionó como último empleador a «Supermercados Milán» e indicó que este cotizó 17.16 semanas con posterioridad al fallecimiento, comprendidas entre el 1.º de noviembre de 2001 y el 28 de febrero de 2002. Manifestó que esta Sala de Casación ha adoctrinado que en caso de mora del empleador en el pago de los aportes en pensiones, se debía considerar tanto las 8Radicación n.° 78641

Manifestó que esta Sala de Casación ha adoctrinado que en caso de mora del empleador en el pago de los aportes en pensiones, se debía considerar tanto las 8Radicación n.° 78641 normas relativas a los deberes del empleador en ese asunto y a las consecuencias que se derivan de su incumplimiento, como las que facultan a las administradoras de pensiones para adelantar acciones de cobro a fin de lograr el recaudo efectivo de las correspondientes cotizaciones, y que la entidad de seguridad social debía asumir la prestación reclamada si se establecía que fue negligente en tales gestiones. En apoyo refirió la sentencia CSJ SL 34270, 22 jul. 2008 y asentó que la demandada no acreditó que desplegó acciones en tal sentido. Aseveró que, en tratándose de trabajadores dependientes, los aportes se causan con la prestación del servicio, independientemente de la fecha en que se efectué su pago y, por tanto, debían ingresar a la cuenta individual del causante, a efectos del reconocimiento del derecho pensional. Para afianzar su postura, aludió a las sentencias CSJ SL 34202, 24 sep. 2008; CSJ SL 31307, 10 feb. 2009; CSJ SL 35477, 1.º jul. 2009 y CSJ SL 41802, 15 may. 2013. Posteriormente, se ocupó de la pensión de sobrevivientes e indicó que los padres del causante que dependían económicamente de él, son beneficiarios de la

may. 2013. Posteriormente, se ocupó de la pensión de sobrevivientes e indicó que los padres del causante que dependían económicamente de él, son beneficiarios de la misma, a falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho. Así, concluyó que procedía el reconocimiento de tal prestación a la accionante, puesto que la subordinación monetaria no tenía que ser total y absoluta, conforme a la 9Radicación n.° 78641 sentencia C-111-2006 de la Corte Constitucional, que parcialmente trascribió, así como a la jurisprudencia de esta Sala de Casación (CSJ SL 30385, 4 dic. 2007 y CSJ SL 44701, 19 nov. 2013), puesto que los ascendientes pueden recibir un ingreso adicional fruto de su propio trabajo o actividad, siempre y cuando este no los convierta en autosuficientes económicamente. Adujo que, conforme al principio de libre formación del convencimiento, de los medios de convicción allegados al plenario no se infería la autosuficiencia económica de la demandante y, en tal sentido, mencionó el interrogatorio de parte que absolvió, las declaraciones de María de Jesús Vásquez de Sierra, Rosmira del Socorro Pérez García y Luz Marina Londoño de Lopera (f.º 181 a 183) y los documentos relativos a los inmuebles de propiedad de la actora que refirió Porvenir S.A. (f.º 104 a 105). Destacó que, en este último aspecto, uno de los bienes constituía su casa de habitación y el segundo era un local comercial que tenía en copropiedad con los hijos

refirió Porvenir S.A. (f.º 104 a 105). Destacó que, en este último aspecto, uno de los bienes constituía su casa de habitación y el segundo era un local comercial que tenía en copropiedad con los hijos del primer matrimonio, por el que recibía la suma de $200.000 mensuales. Igualmente, que la accionante lavaba y arreglaba «ropa ajena», pero que los ingresos provenientes de esa actividad no eran suficientes para subsistir por sí misma, y que en el proceso no se acreditó que tuviera otras rentas significativas. Finalmente, se refirió a los intereses de mora y a la indexación de la suma que entregó la AFP accionada a la promotora del proceso a título de devolución de saldos. 10Radicación n.° 78641 Respecto de lo primero, señaló que había lugar al reconocimiento de los mismos, conforme a los artículos 141 de la Ley 100 de 1993 y 1.º de la Ley 717 de 2001, toda vez que la administradora de pensiones tenía 2 meses para reconocer la prestación, contados a partir de la fecha de entrega de la documentación que acredite el derecho. Así, explicó que el 4 de marzo de 2003 la actora efectuó la reclamación de la pensión de sobrevivientes a Porvenir S.A. (f.º 23) y la demanda se presentó el 17 de marzo de 2014 (f.º 14), razón por la cual operó la prescripción de las mesadas pensionales causadas y no cobradas con anterioridad al 17 de marzo de 2011. En apoyo, refirió la sentencia CSJ SL

14), razón por la cual operó la prescripción de las mesadas pensionales causadas y no cobradas con anterioridad al 17 de marzo de 2011. En apoyo, refirió la sentencia CSJ SL 3203, 12 dic. 2007, que trascribió en parte. En cuanto a lo segundo, expuso que debía indexarse la suma entregada por tal concepto, desde el 13 de marzo de 2008 hasta el momento de la compensación efectiva de la obligación, puesto que fueron pagados a la demandante el 12 de mayo de 2008 (f.º 98 y 99) y se devaluó con el paso del tiempo. Por tanto, modificó la decisión de primer grado en este aspecto.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso extraordinario de casación lo interpuso Porvenir S.A., lo concedió el Tribunal y lo admitió la Corte

Suprema de Justicia. 11Radicación n.° 78641

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte « case totalmente» la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque el fallo del a quo y, en su lugar, la absuelva de las pretensiones de la demanda.

En subsidio, solicita que se «case parcialmente» el fallo del Tribunal, en cuanto confirmó la condena por intereses moratorios y, en sede de instancia, se revoque la decisión del juez de primer grado en dicho aspecto. Con tal fin, por la causal primera de casación, formula cuatro cargos, que fueron objeto de réplica únicamente por parte de la demandante. La Corte estudiará conjuntamente los cargos segundo y tercero,

formula cuatro cargos, que fueron objeto de réplica únicamente por parte de la demandante. La Corte estudiará conjuntamente los cargos segundo y tercero, dado que tienen el mismo propósito, denuncian normas similares y contienen argumentos complementarios.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de violar la ley sustancial, por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 24, 46 numeral 2.º, literal a), 73, 74 literal c) y 141 de la Ley 100 de 1993 y 13 del Decreto 1161 de 1994, e infracción directa de los artículos 1.º, 13 literal d), 15, 17, 22, 23 y 77 de la Ley 100 de 1993, 11, 12 y 13 del Decreto 2665 de 1988 (aplicable por remisión del artículo 31 de la Ley 100 de 1993), 19, 27, 28 y 36 del Decreto 692 de 1994, 8.º del Decreto 832 de 1996, 7.º de la Ley 828 de

12Radicación n.° 78641 2003, 259 del Código Sustantivo del Trabajo, 8.º de la Ley 153 de 1887, 63 y 1609 del Código Civil, 164 y 167 del Código General del Proceso, que rigen en materia laboral de acuerdo al artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 60 y 61 ibidem, 1.º del Acto Legislativo 01 de 2005 y 1.º, 29 y 230 de la Constitución Política de 1991. En la demostración, señala que el artículo 259 del Código Sustantivo del Trabajo estableció a cargo del

Legislativo 01 de 2005 y 1.º, 29 y 230 de la Constitución Política de 1991. En la demostración, señala que el artículo 259 del Código Sustantivo del Trabajo estableció a cargo del empleador el pago de las denominadas «prestaciones patronales comunes» pero, a su vez, contempló que el sistema de seguridad social subroga tal obligación si aquel cumple con las obligaciones que le corresponden, de modo que las consecuencias de la mora en el pago de los aportes debo asumirlas exclusivamente el empresario, aun en el caso de que no efectué los descuentos al trabajador. Expone que independientemente de que el empleador cancele tardíamente las cotizaciones con sus intereses moratorios, ello no lo exime de su responsabilidad de pagar la prestación pertinente, más aun cuando lo hace en una fecha posterior al deceso, en el caso de la pensión de sobrevivientes. En tal sentido, refiere los artículos 11, 12 y 13 del Decreto 2665 de 1988, 13 literal d), 22 y 33 de la Ley 100 de 1993, 19, 27 y 28 del Decreto 692 de 1994, 39 del Decreto 1406 de 1999 y 1609 del Código Civil. Agrega que es de la esencia del régimen de ahorro individual con solidaridad que el afiliado construya su 13Radicación n.° 78641 propio fondo con los aportaciones que efectúe durante su vida laboral, el cual se complementa con las de la aseguradora con la que se contrata un seguro previsional,

13Radicación n.° 78641 propio fondo con los aportaciones que efectúe durante su vida laboral, el cual se complementa con las de la aseguradora con la que se contrata un seguro previsional, cuando dicho capital es insuficiente para pagar una pensión, conforme lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 832 de 1996. Asimismo, que de la cotización debe destinarse una parte para incrementar el fondo individual, otra para cancelar la gestión de la administradora y una dirigida a sufragar el aludido seguro, de acuerdo al artículo 36 ibidem. Afirma que el dar una solución diferente al incumplimiento en el pago de los aportes por parte del empleador, generaría un colapso del RAIS, puesto que para aquel resultaría indiferente cancelar en forma oportuna las cotizaciones o no hacerlo, lo que contraría lo previsto en el artículo 1.º de la Ley 100 de 1993. Agrega que por ello el legislador consagró en el artículo 7.º de la Ley 828 de 2003 como conducta punible el descontar las sumas para aportes parafiscales y no consignarlas a las entidades correspondientes, lo cual podría configurar el tipo penal consagrado en el artículo 402 del Código Penal. Insiste en que la obligación principal, esto es, pagar a tiempo las cotizaciones, corresponde al empleador y que es accesoria la de la administradora de pensiones de cobrar los aportes en mora. Asevera que si pese al retardo de aquel, se condena a la AFP a pagar la prestación, se

accesoria la de la administradora de pensiones de cobrar los aportes en mora. Asevera que si pese al retardo de aquel, se condena a la AFP a pagar la prestación, se invierten las responsabilidades, pues es casi imposible 14Radicación n.° 78641 realizar la gestión de cobro de manera simultánea con el momento en que inicia la mora. Por último, alude al artículo 230 de la Constitución Política de 1991 y trascribe apartes del artículo 1.º del Acto Legislativo 01 de 2005 y de las sentencias CSJ SL 42625, 15 mar. 2011 y CSJ SL 25109, 21 feb. 2006, para indicar que el Tribunal debió abstenerse de conceder la prestación reclamada porque no se reunían los requisitos para ello. Sostiene que se debe dar cumplimiento a los anteriores preceptos para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional, en prevalencia del interés general sobre el particular.

VII. RÉPLICA La opositora expone que los jueces de instancia actuaron conforme a la ley y que no incurrieron en ningún yerro que dé lugar a casar la sentencia.

VIII. CONSIDERACIONES No se discute en el recurso de casación que: (i) Orlando de los Milagros García Guerra estuvo afiliado a la AFP BBVA Horizonte S.A. hoy Porvenir S.A. y falleció el 10 de marzo de 2002; (ii) el 12 siguiente, el empleador Supermercados Milán Ltda. efectuó el pago de las cotizaciones en mora, que correspondían a los ciclos de

de marzo de 2002; (ii) el 12 siguiente, el empleador Supermercados Milán Ltda. efectuó el pago de las cotizaciones en mora, que correspondían a los ciclos de noviembre y diciembre de 2001 y enero y febrero de 2002, 15Radicación n.° 78641 y (iii) al momento del deceso, el causante era cotizante activo y tenía 77.18 semanas aportadas. Por tanto, debe la Corte determinar si para efectos del reconocimiento del derecho pensional reclamado, deben sumarse o no los aportes en mora que canceló el mencionado empleador el 12 de marzo de 2002. De entrada, advierte la Sala que no le asiste razón a la censura en sus argumentos, toda vez que de manera reiterada la jurisprudencia de esta Corporación ha adoctrinado que las administradoras de pensiones son responsables por el pago de la prestación a que haya lugar, cuando no cumplan con la obligación de agotar diligente y oportunamente las gestiones de cobro ante los empleadores que no han sufragado las cotizaciones al sistema general de pensiones en el plazo establecido para ello (CSJ SL 34270, 22 jul. 2008, CSJ SL 34202, 24 sep. 2008, CSJ SL 35477, 1.º jul. 2009, CSJ SL 44190, 23 oct.

2012, CSJ SL3301-2018, CSJ SL5570-2018, CSJ SL9842019 y CSJ SL2149-2019).

Lo anterior, debido a que la Corte también ha

2012, CSJ SL3301-2018, CSJ SL5570-2018, CSJ SL9842019 y CSJ SL2149-2019).

Lo anterior, debido a que la Corte también ha establecido que las cotizaciones al sistema general de pensiones se originan con la prestación del servicio que como trabajador despliega el afiliado, con independencia de la fecha en que se cancelen y que en su pago y recaudo, tienen obligación empleadores y administradoras, de modo que deben ser tenidas en cuenta para el reconocimiento del derecho pensional al que haya lugar, así hubiesen sido 16Radicación n.° 78641 sufragadas extemporáneamente. Precisamente, en la providencia CSJ SL984-2019, la Corporación reiteró: A efectos de contabilizar las semanas cotizadas por el afiliado a fin de verificar si cumple o no con los presupuestos legales tendientes a obtener el derecho pensional, deben tenerse en cuenta a más de las consignadas oportunamente, las pagadas extemporáneamente y las que se encuentran en mora, dada la falta de gestión de cobro por parte de la administradora a la que se encuentre vinculado (…). No se trata, como lo sugiere la censura, que la Corte avale el reconocimiento y pago de pensiones a cargo de las administradoras de pensiones, desconociendo la obligación que tiene los empleadores de efectuar las cotizaciones, pues a la

conclusión cuya revisión impetra la recurrente, ha llegado la Corporación por el ejercicio hermenéutico de las normas que integran el sistema e imponen obligaciones a unas y otros para garantizar el derecho a la pensión de los trabajadores, así como para afianzar el equilibrio financiero del sistema en el que insoslayablemente tienen interés los fondos de pensiones, con el objetivo de lograr la eficiencia de su funcionamiento en beneficio propio y, además, como valor o principio supremo, para cumplirle a sus afiliados con el pago de las prestaciones a su cargo (…). Es por lo anterior que esta Sala de la Corte ha reiterado que al concurrir las obligaciones antedichas en empleadores (pago de aportes) y administradoras (cobro de aportes en mora), su incumplimiento no puede afectar al afiliado quien cumplió con su trabajo y el aporte al sistema de pensiones previamente descontado del pago mensual de su salario. Así las cosas, el ad quem no incurrió en el desatino jurídico que se le endilga, toda vez que acudió a la jurisprudencia vigente de la Corte para el reconocimiento del derecho pensional reclamado, en el evento en el que la administradora de pensiones no efectué acciones de cobro al empleador con aportes en mora. Ahora, respecto al argumento de la censura en el sentido que le era «imposible efectuar el cobro de manera 17Radicación n.° 78641 simultánea con el momento en que inició la mora», es preciso indicar que la Sala ha establecido que del artículo

sentido que le era «imposible efectuar el cobro de manera 17Radicación n.° 78641 simultánea con el momento en que inició la mora», es preciso indicar que la Sala ha establecido que del artículo 13 del Decreto 1161 de 1994 no se puede derivar restricción alguna para dar inicio a las gestiones de cobro por parte de la entidad de seguridad social, pues el recaudo de dichos aportes es un deber a su cargo (CSJ SL 44242, 17 jul. 2012 y CSJ SL341-2013). En el anterior contexto, el cargo no prospera.

IX. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia de trasgredir, por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida, los artículos 46 numeral 2.º literal a), 73, 74 literal c) y 141 de la Ley 100 de 1993 e infracción directa de los artículos 164 y 167 del Código General del Proceso, 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 7.º de la Ley 1149 de 2007 y 29 y 230 de la Constitución Política de 1991.

Manifiesta que el Tribunal se equivocó al conceder la pensión de sobrevivientes, pues en el plenario no está debidamente acreditado si realmente existía o no dependencia económica de la accionante respecto del afiliado fallecido, en la medida que no se estableció la cuantía de los gastos que aquella tenía, o el valor de la hipotética contribución del de cujus y, por tanto, si

afiliado fallecido, en la medida que no se estableció la cuantía de los gastos que aquella tenía, o el valor de la hipotética contribución del de cujus y, por tanto, si cumplía con los requisitos para considerarla subordinante, esto es, que fuera real, periódica y significativa. En apoyo, trascribe apartes de las sentencias CSJ SL 32813, 14 may. 18Radicación n.° 78641

2008, CSJ SL687-2017, CSJ SL15116-2014 y CSJ

SL4103-2016. Agrega que si bien tal dependencia no tiene que ser total o absoluta, como lo explicó la Corte Constitucional en sentencia C-111-2006, sí debe ser relevante y no constituir una simple contribución, máxime que las reglas de la experiencia indican que cuando un hijo empieza a trabajar, sea soltero o c