CSJ - SL461-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL461-2023 Radicación n.° 91214 Acta 07 Bogotá, D. C., siete (7) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación que CLAUDIA XIOMARA RINCÓN VILLAMIZAR interpuso contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D. C., profirió el 31 de julio de 2020, en el proceso ordinario laboral que la recurrente promueve contra FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE

REMANENTES – PAR CAPRECOM LIQUIDADO.

I. ANTECEDENTES La demandante solicitó que se declare que tiene derecho a recibir la totalidad de las acreencias laborales convencionales negadas por Caprecom en liquidación a través de las Resoluciones AL-02871 de 3 de mayo de 2016;

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Radicación n.° 91214 AL-05406 de 1 de julio de 2016 y AL-08049 de 12 de agosto de 2016. En consecuencia, se condene a la entidad al reconocimiento y cancelación de los rubros pedidos el 17 de marzo de 2016, como crédito Prelación A, por valor de $95.586.013 con radicado n.° A01.00788. Asimismo, requirió intereses moratorios a la tasa máxima legal y hasta que se verifique el pago, junto con la indexación de las sumas adeudadas, las costas, agencias en derecho y lo ultra y extra

petita. En respaldo de sus aspiraciones narró que laboró al servicio de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones Caprecom, entre el 17 de junio de 1997 y el 9 de mayo de 2016, en calidad de trabajadora oficial vinculada por contrato y desempeñó el cargo de Técnico Auxiliar I. Agregó que en Caprecom desde 1977 se suscribieron convenciones colectivas de trabajo que fueron objeto de adendas, conciliaciones, laudos arbitrales, prórrogas y acuerdos extra convencionales. Especificó que al momento del retiro estaba vigente el instrumento colectivo 2012-2013 que contenía todas y cada una de las normas extralegales aplicables en este caso. Relató que el 12 de junio de 2003 la empresa y el sindicato celebraron un acuerdo extra convencional en el cual acordaron la suspensión, durante un término de diez

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Radicación n.° 91214 años, de una serie de derechos laborales consagrados en la convención colectiva, para lo que se suscribió un acata en la que se consignó que: Las partes acuerdan que en caso de la no viabilización de la entidad en los términos del presente acuerdo extraconvencional, y se determine por parte del gobierno su fusión o liquidación, LA CONVENCIÓN CONSERVARÁ SU VIGENCIA y el acuerdo extraconvencional QUEDARÁ SIN APLICACIÓN. Añadió que la vigencia de dicha suspensión se prorrogó por cinco años adicionales y en el acta del acuerdo extraconvencional suscrito el 7 de junio de 2013, se plasmó

lo siguiente: PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que en caso de la no visibilización de la entidad en los términos señalados en el Acuerdo extraconvencional del 12 de junio de 2003 y se determine por parte del Gobierno su fusión o liquidación, la Convención Colectiva conservará su vigencia y el Acuerdo extraconvencional quedará sin aplicación. Expuso que, el 28 de diciembre de 2016 se expidió el Decreto 2519 de 28 de diciembre de 2015 que ordenó la supresión de Caprecom y su liquidación. Por tanto, dijo, se cumplió con la condición impuesta en las actas extraconvencionales y, en consecuencia, estas no se aplican porque retomaron vigencia las cláusulas convencionales. Aseguró que presentó reclamación por «Acreencia Laboral» en el proceso liquidatorio al cual se le asignó el radicado n.° A01.00788, reclamando el pago de los valores dejados de cancelar en virtud de la inaplicación de los referidos convenios.

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Radicación n.° 91214 Aseveró que el liquidador de Caprecom por medio de la Resolución AL0287 de 2016, rechazó totalmente las peticiones, decisión que se confirmó mediante decisión administrativa AL-05406 de 6 de julio de 2016 (f.os 3 a 17). La convocada al proceso respondió la demanda inicial y se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos admitió la suscripción de los acuerdos extraconvencionales, la liquidación de Caprecom, la reclamación administrativa y la

respuesta negativa. Frente a las demás situaciones fácticas aseveró que no eran ciertas o no le constaban. Esgrimió en su defensa que, a través del acuerdo extra convencional de 12 de junio de 2003 se autorizó la interrupción temporal por diez años, de algunos derechos convencionales con el objetivo de lograr la recuperación financiera de la empresa. Adujo que en el año 2013 esa situación se prorrogó por cinco años más, lo que fue condicionado a la liquidación o fusión de la entidad, caso en el cual quedarían sin efectos jurídico los acuerdos extras, y los derechos convencionales recobrarían su vigencia. Precisó que las partes no convinieron la vigencia retroactiva de los derechos extralegales suspendidos y que, en el año 2013 estuvieron de acuerdo en la reactivación de la bonificación de recreación y descanso especial, y señalaron expresamente la irretroactividad.

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Radicación n.° 91214 Expuso que cada trabajador vinculado con anterioridad al 12 de junio de 2003 recibió una bonificación por la suspensión de los derechos convencionales, la cual tuvo como objetivo transigir la exigibilidad de esas garantías, lo que está previsto en el artículo 2469 del Código Civil. Agregó que con la expedición del Decreto 2519 de 28 de diciembre de 2015 se cumplió la condición prevista en los acuerdos extra convencionales, por lo que, con la apertura del proceso liquidatorio recobraron vigencia las garantías suspendidas y, es a partir de ese momento hacia adelante que se hacen exigibles.

En su defensa, propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva del PAR Caprecom liquidado, inexistencia de la obligación y terminación de la relación laboral por mutuo acuerdo (f.os 150 a 157).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Sexto Laboral del Circuito Bogotá, D. C., al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 1 de febrero de 2019 absolvió a la demandada de todos los cargos e impuso costas a la demandante (f.° 245 y CD). El Juzgado precisó que, lo pactado en los acuerdos extra convencionales es fruto de la voluntad libre de las partes; por tanto, en principio, no era de recibo la injerencia judicial para desconocerlos o negar sus efectos.

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Radicación n.° 91214 Agregó que, la interpretación armónica y conjunta de las cláusulas redactadas por Caprecom y su organización sindical Sintracaprecom, en los citados convenios, permitía colegir que aquellas pactaron suspender parcial y temporalmente, por el término inicial de 10 años, las cláusulas que determinaron en el texto respectivo, el cual reposa a folio 86. Adicionó que, en ese acuerdo extra convencional las partes convinieron que, en caso de no viabilidad de la entidad porque se decidiera por el Gobierno Nacional su fusión o liquidación, la convención colectiva conservaría su vigencia y el convenio quedará sin aplicación (folio 89). Expresó que mediante Decreto 2519 de 28 de diciembre de 2015 se dispuso la supresión y liquidación de Caprecom;

en ese orden, en los términos de lo acordado por los suscribientes, debía entenderse que los convenios referidos quedaron sin aplicación y el instrumento colectivo conservó su vigencia. Añadió que, pese a lo anterior, la reanudación de los derechos o beneficios cobijados por el intervalo de suspensión no «produce efectos retroactivos», porque así no lo previeron de manera expresa los suscriptores en los compromisos y tampoco fue el querer de ellos, puesto que perseguían lograr la viabilidad financiera de la entidad lo que excluía la retroactividad de las prerrogativas interrumpidas. Destacó que los beneficios convencionales suspendidos

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Radicación n.° 91214 se reanudaron desde el 28 de diciembre de 2015 cuando se dispuso la supresión y liquidación de Caprecom y hasta el 27 de enero de 2017, data del acta final del proceso liquidatorio (f.° 159). En consecuencia, dijo, las súplicas de la demanda inicial no pueden prosperar.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que conoció en virtud de la apelación de la demandante, mediante fallo de 31 de julio de 2020, confirmó la decisión de primer grado en su integridad y no impuso costas en la alzada.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez plural fijó como hechos establecidos en el proceso que: i) Claudia Xiomara Rincón Villamizar laboró para Caprecom entre el 17 de junio de 1997 y el 5 de septiembre de 2016,

mediante contrato de trabajo y que el último cargo que ocupó fue el de Técnico Auxiliar I en la Regional del Norte; ii) el vínculo subordinado terminó por mutuo acuerdo, toda vez que la promotora se acogió al plan de retiro consensuado, según consta en la certificación emitida por el coordinador administrativo de la entidad; iii) la accionante solicitó el reconocimiento de los derechos convencionales suspendidos como crédito de primera clase equivalente a $95.586.013, que se negó en Resolución AL-02871 de 3 de mayo de 2016 porque no se pactó retroactividad en el pago de las garantías convencionales suspendidas y reanudadas desde el 28 de diciembre de 2015; iv) cada trabajador vinculado con

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Radicación n.° 91214 anterioridad al 12 de junio de 2003 recibió una bonificación por suspensión de derechos convencionales en 2011 equivalente a 10 SMLMV y en el 2013 por 12 SMLMV, y v) contra esa decisión, el 25 de mayo de 2016, la reclamante interpuso recurso de reposición que se desató a través del acto administrativo a AL-05406 de 1 de julio siguiente que confirmó la determinación inicial y, con Resolución AL-08049 de 12 de agosto de esa anualidad, se reiteró el rechazo total del crédito solicitado. Después la colegiatura se refirió a los actos administrativos que negaron las peticiones de la señora Rincón Villamizar, a las actas de los acuerdos extra convencionales de 12 de junio de 2003 y 7 de junio de 2013,

y a la comunicación de 27 de septiembre de 2016 por la cual la empleadora le reconoció la suma de $1.830.510 por concepto de plan complementario de salud de esa anualidad, de que trataba el artículo 28 de la convención colectiva. Luego afirmó que los medios de convicción reseñados, valorados en conjunto, permitían colegir que, mediante acta extra convencional de 12 de junio de 2003, Caprecom y Sintracaprecom acordaron suspender los beneficios referentes a descanso especial o adicional y bonificación de recreación; asimismo, los atinentes a dotaciones extralegales, conservación y desarrollo de derechos adquiridos en salud, dotación, auxilio de transporte, prevención del SIDA, vacunación contra hepatitis B, nutrición infantil, guardería, dotación de libros y aportes educativos.

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Radicación n.° 91214 Añadió que, se acordó por las partes que el aumento salarial para ese año aplicaría solo para quienes devengaran $750.000 y, en los años subsiguientes serían los definidos por el Gobierno Nacional. Expreso que, posteriormente, a través de acta extra convencional de 7 de junio de 2013 decidieron reactivar la bonificación por recreación y el descanso especial desde esa anualidad, prorrogando la interrupción de los demás y estableció las sumas específicas de aumento salarial para los años 2012 y 2013. Seguidamente aludió al artículo 468 del CST y manifestó que, en ejercicio de la libertad de contratación la empleadora y el sindicato estaban facultados para modificar

o suspender prerrogativas extralegales sin que ello constituyera desmejora en las condiciones del trabajador. Expuso que tales garantías no tenían la calidad de derechos adquiridos ni de ciertos e indiscutibles «en tanto se causan en la medida que ocurran los hechos que los generan, en vigencia de su fuente normativa». Indicó que, los beneficios convencionales enunciados fueron suspendidos de común acuerdo entre los sujetos contratantes hasta 2013 o, a la calenda de supresión y liquidación de Caprecom. Además, dijo, los suscribientes nunca dispusieron que al reactivarse tales prerrogativas se debían cancelar de manera retroactiva y que, de todas maneras, esa circunstancia tampoco implicaba renuncia de

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Radicación n.° 91214 derechos de los trabajadores.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Sala, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case totalmente la decisión de la alzada, para que, en sede de instancia, revoque el fallo de primer grado y en su lugar, se reconozcan las acreencias laborales que presentó como crédito de Prelación A, el 17 de marzo de 2016 con el radicado AO1.00788.

Con tal propósito formula dos ataques, por la causal primera de casación, que se replican, y que se resolverán en forma conjunta dado que, denuncian similar elenco normativo, presentan argumentos que se complementan entre sí y persiguen idéntica finalidad.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 1603, 1618 y 1620 del Código Civil; 467 del Código Sustantivo del Trabajo y artículo 53 de la Constitución Política.

Denuncia como errores manifiestos de hecho, los siguientes:

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Radicación n.° 91214 a. Dar por demostrado, no estándolo, que el cumplimiento de la condición suspensiva contenida en el numeral octavo del capítulo II (Compromisos de la Administración) del Acta de acuerdo extraconvencional suscrita el día 12 de junio de 2003 entre Caprecom y el Sindicato de Trabajadores de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, no produce efectos retroactivos. b. No dar por demostrado, estándolo, que el cumplimiento de la condición suspensiva contenida en el numeral octavo del capítulo II (Compromisos deal Administración) del Acta de acuerdo extraconvencional suscrita el día 12 de junio de 2003 entre Caprecom y el Sindicato de Trabajadores de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, produce efectos retroactivos y futuros. Refiere como erróneamente valorados, los siguientes elementos probatorios:

1. Copia de Acuerdo Extraconvencional entre Caprecom y Sintracaprecom del 12 de junio de 2003.

2. Copia de Acuerdo Extraconvencional entre Caprecom y Sintracaprecom del 7 de junio de 2013.

3. Copia Reclamación administrativa con radicado n.° A01.00788 presentada en el proceso liquidatorio.

4. Copia Resolución n.° AL-02871 de 2016.

5. Copia Resolución n.° AL-05406 de 2016.

Para sustentar la acusación sostiene que, en el acuerdo extra convencional las partes pactaron que el Sindicato aceptaba la condición de suspender la exigibilidad de varios beneficios contemplados en la convención colectiva, siempre y cuando la Administración se comprometiera a desarrollar proyectos de viabilidad financiera, técnica y operativa con el fin de evitar la liquidación de la empresa. Que lo anterior se acordó inicialmente por diez años y luego se prorrogó por cinco más, por lo que el plazo habría vencido en junio de 2018.

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Radicación n.° 91214 Agrega que el acuerdo se sometió a una condición, pues dejaría de surtir efectos en el caso de acaecimiento de un hecho futuro e incierto como lo era la fusión o liquidación de entidad, caso en el cual, de verificarse una de esas circunstancias «la Convención Colectiva conservará su vigencia y el Acuerdo extraconvencional quedará sin aplicación». Afirma no discutir que con el transcurrir del tiempo se configuró la condición, toda vez que, mediante Decreto 2519 de 2015 se ordenó la liquidación de Caprecom. Aduce que, en las Resoluciones expedidas en virtud de la reclamación administrativa de la demandante se reconoció por la entidad que el avenimiento de las partes estuvo sometido a una condición suspensiva, como se extrae del literal b. numeral 4.1 Capítulo Cuarto de la Resolución AL 05406 de 2016 que confirmó la AL 02871 de 2016, en la cual,

además, se mencionan los derechos suspendidos. Dice que de conformidad con el artículo 1536 del Código Civil la condición acordada «mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho». Por tanto, en este caso, los beneficios de los trabajadores no eran exigibles transitoriamente hasta tanto no se configurara la liquidación de la entidad, pero una vez ocurrido esto, sí. Más adelante hace referencia a un doctrinante y señala que el cumplimiento de la condición suspensiva tiene efectos retroactivos, esto significa que la obligación existe desde el

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Radicación n.° 91214 mismo nacimiento «como si la condición no hubiere existido» y se debe reputar surgida cuando se perfeccionó el contrato. Lo anterior se traduce en que «los trabajadores tienen derecho a las prestaciones suspendidas desde el mismo momento en que se realizó el acuerdo de voluntades, esto es, desde el 12 de junio de 2003». Señala que, por ello no le asiste razón al Tribunal cuando esgrime como argumento para negar las pretensiones, que las partes no dispusieron expresamente el pago de las prerrogativas de manera retroactiva, pese a que, se trata de una consecuencia legal, «a no ser que se pacte lo contrario», lo que no se acreditó en el proceso.

Adiciona que: En este caso es indudable que los trabajadores cumplieron con su compromiso de suspender los derechos, pero también es obvio que se cumplió la condición suspensiva que da cuenta del no cumplimiento por parte de la empresa de su compromiso, y por ello resulta necesario analizar el efecto de dicho acontecimiento, el cual no puede ser nulo como lo pretende el juzgador de

segunda instancia», dado que los contratos, en los términos del artículo 1603 del CC deben ejecutarse de buena fe. Por último, manifiesta que, el colegiado debió aplicar el principio de favorabilidad en la interpretación del convenio y entenderlo de la forma que más convenía a los intereses de los trabajadores. Relata que: En este caso es claro que el sindicato NUNCA pretendió RENUNCIAR a sus derechos convencionales logrados y plasmados en su convención colectiva, y también es claro que su intención consistía en ser un aliado de la administración para que esta realizara sus actividades en procura de salvar la empresa.

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Radicación n.° 91214 Es claro que la motivación del sindicato era conservar la empresa, o sea conservar el trabajo para sus asociados, y para ello cumplirían con su compromiso de no exigir el no pago de unos derechos convencionales de manera temporal, pero lo que no puede creerse es que hayan tenido la intensión (sic) de no recibir el pago de sus derechos convencionales independientemente de que la empresa se liquidara o no.

VII. RÉPLICA El procurador del PAR Caprecom liquidado expresa que, el ataque tiene defectos de técnica toda vez que el censor no acredita los yerros valorativos que le enrostra a la colegiatura, sino que se limita a exponer sus apreciaciones respecto a lo que se pretendió con los acuerdos extra convencionales por parte de los suscribientes.

Además, dice que, el impugnante no presenta elemento demostrativo alguno para probar que las partes pactaron que la suspensión de las prerrogativas convencionales tenía un

alcance de retroactividad en caso de liquidación de la entidad.

VIII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia, por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 467, 468, 479 y 480 del Código Sustantivo del Trabajo y artículo 53 de la

Constitución Política. En la sustentación argumenta que, en el CST se consagran la vigencia y formalidades para la validez de la convención colectiva, así como, el procedimiento que deben

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Radicación n.° 91214 seguir los suscribientes para efectos del cambio de cualquier norma contenida en ella, que debe ser producto de un conflicto colectivo de trabajo. Asimismo, que, los derechos contenidos en los acuerdos convencionales solo pueden ser modificados luego de la existencia de una denuncia de la convención colectiva y el pliego de peticiones, o cuando se hace una revisión de esta, ya sea por acuerdo entre las partes o por orden judicial. Expresa que, en el sub examine esto no ocurrió «pues la convención colectiva no fue cambiada, modificada, o los derechos mutados o siquiera mermados o extinguidos, pues los derechos no cambiaron en lo más mínimo, sino que se pactó la suspensión en la exigibilidad de los mismos, ello bajo unas condiciones ya plasmadas en líneas anteriores». En ese orden, asegura, no hubo una modificación de la convención colectiva frente a sus cláusulas, sino «que existió un pacto de NO EXIGIBILIDAD, por tanto, nunca existió un cambio a la CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO, ni

mucho menos de los derechos allí contenidos». Precisa que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, las actas o acuerdos extra convencionales son una herramienta de negociación colectiva absolutamente válida, pero solo pueden obedecer a criterios favorables al trabajador, toda vez que no pueden reemplazar el instrumento convencional, para lo que cita la sentencia CSJ SL4469-2018, rad. 59580.

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Radicación n.° 91214 Expone que en los acuerdos extraconvencionales no hubo renuncia a derechos del instrumento colectivo, sino que se pactó suspender su exigibilidad bajo la condición que la empresa no se liquidara; así que esas prerrogativas tenían vocación de ser reestablecidas en caso de verificación de la condición suspensiva.

IX. RÉPLICA La entidad opositora expresa que, esta acusación también tiene fallas técnicas puesto que implica una variación al petitum de la demanda inicial en la que no se impetró la nulidad o declaratoria de ilegalidad de los acuerdos extra convencionales. Remarca que, esos actos cumplieron todos los trámites de negociación y depósito ante el Ministerio del Trabajo, por lo que gozan de plena validez.

Expone que, esos acuerdos se suscribieron en el 2003 y se prorrogaron en el 2013 y lo pactado en ellos surtió efectos, ya que permitió que la entidad funciona. Añade que carece de fundamento y es un «abuso del derecho» pretender revivir de manera retroactiva los beneficios suspendidos sin fundamento legal ni fáctico para

ello.

X. CONSIDERACIONES Es cierto como lo anota el opositor, que el primer ataque presenta defectos técnicos, toda vez que, se orienta por la vía

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Radicación n.° 91214 fáctica, pero en realidad propone cuestionamientos jurídicos atinentes a los efectos frente a las obligaciones de las partes cuando se ha pactado una condición suspensiva y ella se cumple, de conformidad con el artículo 1536 del Código Civil. Sin embargo, para la Corte esas impropiedades no conducen a su desestimación, en cuanto al estudiar las acusaciones en su conjunto, es factible abordar los cuestionamientos de derecho que contienen y que se determinarán más adelante. En lo que atañe al argumento de la replicante consistente en que en el segundo cargo la censura introduce una variación al petitum del escrito inaugural, en el cual nunca se requirió la nulidad o declaratoria de ilegalidad de los acuerdos extra convencionales de 12 de junio de 2003 y 7 de junio de 2013, advierte la corporación que su jurisprudencia ha precisado que, así no se haya pedido en la demanda inaugural la ineficacia de un acuerdo extra convencional que modifique o contenga alguna disposición que implique una desmejora en las garantías de los trabajadores consagradas en el instrumento colectivo, si estos desconocen derechos mínimos el juzgador puede abordar ese tema. En efecto, la corporación en la sentencia CSJ SL14372021, reiterada en la CSJ SL2112-2022, precisó: […] el Tribunal no desbordó el cauce del conflicto delimitado por

las partes, y tampoco se extralimitó en las materias objeto de apelación, pues para ese efecto se encuentra facultado por virtud

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Radicación n.° 91214 del principio iura novit curia, que opera aún contra la deducción del promotor, […] por lo tanto se hacía necesario determinar, sí habían sido conculcados o no con la modificación de la Convención Colectiva 1999-2000, independiente de que el accionante haya así mismo esgrimido la declaratoria de inexistencia, ineficacia o invalidez del acuerdo posterior, para lograr el restablecimiento de los derechos conculcados. Por consiguiente, puede estudiar la Corte la temática relacionada con la validez de los acuerdos que interrumpieron la exigibilidad de prerrogativas convencionales planteada en el segundo ataque, sin que se incurra en una trasgresión del principio de congruencia. Seguidamente se anota que, pese a que la primera acusación se dirige por el sendero fáctico, no se controvierten los supuestos establecidos por la colegiatura relativos a que: i) Claudia Xiomara Rincón Villamizar laboró para Caprecom entre el 17 de junio de 1997 y el 5 de septiembre de 2016, mediante contrato de trabajo y que el último cargo que ocupó fue el de Técnico Auxiliar I en la Regional del Norte; ii) el vínculo subordinado terminó por mutuo acuerdo, toda vez que la promotora se acogió al plan de retiro consensuado; iii) la accionante solicitó el pago de los derechos convencionales suspendidos como crédito de primera clase equivalente a $95.586.013, que se negó en Resolución AL-02871 de 3 de

mayo de 2016 porque no se pactó retroactividad en el pago de las garantías convencionales suspendidas y reanudadas desde el 28 de diciembre de 2015; iv) cada trabajador vinculado con anterioridad al 12 de junio de 2003 recibió una bonificación por suspensión de derechos convencionales en 2011 equivalente a 10 SMLMV y en el 2013 por 12 SMLMV, y v) contra esa decisión, el 25 de mayo de 2016, la reclamante

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Radicación n.° 91214 interpuso recurso de reposición que se desató a través del acto administrativo a AL-05406 de 1 de julio siguiente que confirmó la determinación inicial y, con Resolución AL-08049 de 12 de agosto de esa anualidad, se reiteró el rechazo total del crédito solicitado. Los fundamentos de la decisión absolutoria del Tribunal consistieron en que en ejercicio de la libertad de contratación prevista en el artículo 468 del CST, el empleador y el sindicato están facultados para modificar o suspender prerrogativas extra legales por no ser en general derechos ciertos e indiscutibles sino únicamente en la medida en que se causan en forma particular; así mismo, que las partes en los acuerdos extra convencionales de 12 de junio de 2003 y 7 de junio de 2013, acordaron suspender determinados beneficios convencionales mientras Caprecom no fuera suprimida o liquidada y que, los suscribientes no concertaron que al reactivarse tales prerrogativas por ocurrir la supresión o liquidación de la entidad, debían cancelarse de forma retroactiva lo que no implica renuncia a los

derechos de los trabajadores. La censura por su parte aduce que, en los acuerdos extra convencionales de 12 de junio de 2003 y 7 de junio de 2013, se pactó una condición suspensiva referente a que cesaba la exigibilidad de varias prerrogativas previstas en el instrumento colectivo mientras no se fusionara o liquidara Caprecom y que, de suceder una de esas circunstancias «la convención colectiva conservará su vigencia y el Acuerdo extraconvencional quedará sin aplicación». Por tanto, como la

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Radicación n.° 91214 entidad se liquidó recobraron vigencia esas garantías extralegales, pero de forma retroactiva en aplicación del artículo 1536 del Código Civil. De igual forma que, los acuerdos extraconvencionales son válidos solo en la medida que acrecienten los derechos de los trabajadores y, que, en caso de implicar desmejoras, son ineficaces. De tal manera que le corresponde a la Sala definir: i) si el colegiado erró al concluir que las prerrogativas extralegales previstas en el instrumento convencional vigente en la entidad podían ser suspendidas por acuerdo entre las partes por corresponder al ámbito de la libertad de contratación colectiva de la entidad con la organización sindical; ii) si lo convenido por ellas implicaba una condición suspensiva, cuyo cumplimiento generó que los derechos interrumpidos debían reconocerse de forma retroactiva, desde la suscripción de los convenios extra convencionales, y iii) si son eficaces los acuerdos extraconvencionales cuando se pactan condiciones negativas para los trabajadores.

Para poner en contexto las acusaciones se ha de señalar que, la corporación tiene sentado el criterio referido a que: i) son válidos todos aquellos acuerdos, se comprende individuales o colectivos, entre trabajadores y empleadores, que se profieran con observancia de las garantías y derechos mínimos e irrenunciables; ii) por consiguiente, lo pactado es ley para las partes e impone la obligación de ejecutarlo de buena fe; iii) sin embargo, debido a que, «el orden público laboral limita la voluntad de [estas]», debe entenderse que ese respeto, se pregona, «[...] única y exclusivamente cuando se

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Radicación n.° 91214 realicen conforme a la ley laboral, toda vez que no siempre las partes pueden decidir libremente». (CSJ SL 965-2021 y CSJ SL2112-2022). También ha enseñado la corporación que la «fuerza normativa de la convención», implica su reconocimiento como una fuente de derecho laboral objetivo, es decir, «[...] de orden público [...] y piso mínimo en la regulación de las condiciones de trabajo [...]»; de igual forma ha reconocido su carácter de «irrenunciable e inderogable» y, por tanto, la imposibilidad de variarla negativamente, a través de otros mecanismos de autocomposición colectiva e individual (CSJ SL1240-2019,

CSJ SL3820-2020 y CSJ SL2112-2020).

Lo anterior, en razón a que el instrumento colectivo goza de protección constitucional (artículos 53 y 93 de la CP) y supraconstitucional (Convenios 087 de 1948, 098 de 1949 y

154 de 1981 de la OIT), por ello la línea jurisprudencial se orienta a considerar que a través de acuerdos extra convencionales no se pueden desconocer d