CSJ - SL4612-2018

\V República de Colombia cunSeu prdeeJm uas ticia SadlCeaa saLcaibóonr al SadlDeae scoNn:g4 e stión

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

Magistrado Ponente SL4612-2018 Radicación n. º 58071 Acta 36 Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por CARLOS ENRIQUE CASTELLANOS CUBIDES contra la sentencia proferida el 15 de junio de 2012 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Laboral, dentro del proceso ordinario laboral promovido por él contra el FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA y el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, llamado como li tisconsorcio necesario.

I. ANTECEDENTES El señor Carlos Enrique Castellanos Cubides demandó al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de SCLAJPT-10 V.DO Radicación n. º 58071

Colombia, para procurar, en lo que interesa al recurso de casación, el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación convencional a partir del 12 de diciembre de 2010 y la indexación de la primera mesada pensional. Fundamentó sus pretensiones, en que: laboró para la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero del 23 de agosto de 1976 al 27 de junio de 1999; era beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo firmada entre la Caja Agraria

y su sindicato de trabajadores para el periodo de 1998-1999; cumplió 55 años el 12 de diciembre de 2010; era beneficiario del régimen de transición; el promedio salarial devengado en el último año fue de $1.357.606,48; la pensión de jubilación convencional está incluida en el cálculo actuarial aprobado por la Caja Agraria en Liquidación y; el 9 de diciembre de 201 O, solicitó la pensión ante la demandada, lo cual fue resuelto negativamente. El Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales, al contestar la demanda, se opuso a las pretensiones. Respecto a los hechos, aceptó los extremos de la relación laboral, la solicitud pensional y su negativa. Indicó que no le constaba que el demandan te fuere beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo, además, señaló que el cálculo actuarial es competencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no aceptó que el actor se beneficiare del régimen de transición y, que el salario devengado en el último año fue de $943.821,oo. Presentó las excepciones de mérito que llamó prescripción y/ o caducidad, inexistencia del derecho, buena

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Radicación n. 58071 º fec,o brdoel on od ebipdroe,s undceil óeng alyi cdoasda juzgada. Ela quad iop orn oc ontesltaad deam anpdoar e l MinisdteeH raicoi eynC draé dPúibtloi co.

11. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA ElJ uzgaVdeoi nticLuaabtodrreoaCl li rcudieBt oog otá,

mediasnetnet ednec2li9 da e m arzdoe2 01r2e,s olvió: PRIMERO: CONDENAR al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, a reconocer y pagar al demandante Carlos Enrique Castellanos Cubides, una pensión de jubilación en cuantía original de $1.838.942,25, a partir del 1 de diciembre de 201 O.

SEGUNDO: CONDENAR al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, a reconocer y pagar al señor Castellanos Cubides, a manera de retroactivo pensional debidamente indexado, la suma de $31. 965.487,56, suma de dinero que está sujeta a variaciones por mayor, en tanto y en cuanto se incluya en nómina de pensionados.

111. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA ElT ribuSnuaple rdieDolir s tJruidtiodc eiB aolg oDt.áC ., SalLaa bormaeld,i asnetnet ednec1li5 ad ej undieo2 012, revoeclfó a lalpoe lapdoorl ad emandFaodnad doeP asivo Socidaell o Fse rrocaNrarciiloenysae lnse usl ,u gaabrs olvió ladse mandaddeta osd laasps r etensdielo adn eemsa nda.

Ela d quemp,a rsao porstuda erc iseixópnu,qs uoee l probljeumraí adr iecsoo clovnesri esnet sítaa bsliee clae crt or cumplcioónl orse quipsairtoaob st elnaep re nsidóevn e jez

mientersatsuv viog elnaCt oen venCcoilóenc dteiT vraa bajo

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Radicación n. º 58071 1998-1999, al tenor de lo establecido en el Acto Legislativo O1 de 2005. Declaró como hechos probados que el demandante laboró para la Caja Agraria del 23 de agosto de 1976 al 27 de junio de 1999, que era beneficiario de la convención colectiva de trabajo y que nació el 12 de diciembre de 1955. Citó la sentencia CSJ SJ 29907, 3 abr. 2008, para concluir que entre el 25 de julio de 2005 y el 31 de julio de 201 O, no podían haberse estipulado en convenciones, pactos o laudos, condiciones pensionales más favorables a las que se encontraban vigentes, y que los pactos que regían antes del 25 de julio de 2005, continuarían reinando por el término estipulado inicialmente en dichas convenciones, pero, que en todo caso esas reglas, expirarían el 31 de julio de 2010, y a partir de esa fecha, los trabajadores solo podrían pensionarse bajo los parámetros establecidos por el Sistema General de Pensiones vigente para esa época. Explicó que, el mencionado Acto Legislativo dejó protegidos los derechos adquiridos, es decir, destacó, que si se cumplía con la totalidad de los requisitos establecidos en las normas respectivas -edad y tiempo de servicios o semanas cotizadas-, pero, que el actor a la entrada en vigencia del A.L.

O1 de 2005, solo contaba una mera expectativa «.[]. c .u ya posibidleci odnacdr edcedileó rne scehv oi tor uncpaodlraa refelriimdai ttaecmipóonqr uaesl ed iao l apsr evisdieo nes carápcetnesri fo1jnaadelan ps a ctyoc so nvenccioolneecst ivas, pourn an ormmae dialnact uea slep reteensdtiaób ielli zar SCLAJPT-10 V.00 4 lL Radicación n. º 58071 pues los 55 años de edad los financiamideenlst ios tema», cumplió en fecha posterior al 31 de julio de 2010. Indicó que la edad es un requisito para acceder al derecho, lo que fue ratificado por el Acto Legislativo O1 de 2005, así mismo, que la Convención señalaba la edad para adquirir dicho derecho, por lo que no es dable afirmar que, al contar el actor con 20 años de servicios, sólo tenía que esperar el cumplimiento de la edad para el reconocimiento de la pensión convencional. Destacó que pese a encontrarse el accionante en el régimen de transición, para adquirir el derecho que estaba vigente hasta el año 2014, la entidad que debería entrar a reconocer la pensión, no se encuentra vinculada al proceso. Concluyó, que las Convenciones Colectivas de Trabajo perdieron vigencia el 31 de julio de 2010, de conformidad con el Acto Legislativo O 1 de 2005, y como el actor cumplió los 55 años de edad establecidos en el artículo 41 de la mencionada

Convención, en fecha posterior a esa data, no es beneficiario de la misma. Además, indicó que no se está en presencia de un derecho adquirido, por estar precedido por una norma constitucional que lo prohibió.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

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Radicación n. º 58071

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia del Tribunal, para que, en sede de instancia, confirme en su totalidad la condena impuesta por el a qua.

Con tal propósito formuló dos cargos, que fueron replicados oportunamente y se resolverán conjuntamente por buscar el mismo fin, además de valerse de argumentos complementarios.

VI. CARGO PRIMERO Acusó la sentencia del Tribunal por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos: [. ..] 11, 36 y 283 de la ley 100 de 1.993; artículo 48 de la Constitución Política, especialmente en sus parágrafos transitorios º y 4 en relación con los artículos 467, 468 y 469 del Código

º 3 Sustantivo del Trabajo; Decretos 255 de 2000, 2282 de 2003 y 2721 de 2008 y los artículos 25, 53 y 53 de la Constitución Política. Para demostrar el cargo señaló que, el artículo 11 de la Ley 100 de 1993 establece que el Sistema General de

Pensiones se aplica a todos los habitantes del territorio nacional, del cual dimana el respeto por los derechos adquiridos, también se refirió al artículo 36 ibidem, para aludir a, cuál es la edad para acceder a la pensión de vejez de las personas beneficiarias del reg1men de transición. Transcribió apartes de la sentencia de segunda instancia y estableció como errores de esa Corporación, el interpretar el contenido del Acto legislativo O 1 de 2005, con carencia de unidad, pues no tuvo en cuenta que se trata de una norma de carácter constitucional que debe desentrañarse con «.[]. . SCLAJPT-10 V.00 6 l__..) Radicación n. 58071 º valorpensn,c ipyi onso rmacso nteniedna esl t exto constiturceiloantaaillvc, aa ss qou es ed ecidAed.e más, interpdreme atnae rear rónleanaso rmdaesl aL ey10 0d e 1993[. .]. » . Más adelante significó, que: Pero, también es cie-rto y es en lo que yerra, gravemente el Tribunal, cuando no entiende que el régimen de transición no es para aplicarlo a las personas que tenían plenamente adquirido el derecho a la pensión en las fechas que fueron entrando en vigencia las nuevas normas, (ley 100 de 1. 993 y/ o Acto Legislativo O1 de 2005), el régimen de transición es para aplicarlo a las personas que en las fechas de nacimiento de la vigencia de la nueva normatividad, tenían una expectativa legítima, consistente en

haber avanzado significativamente en el tiempo de servicio las o mesadas cotizadas y/ o en el transcurso imparable de la edad. Obsérvese que el Acto Legislativo O1 de 2005, en su parágrafo transitorio 4 º determinó que el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1. 993, no podría extenderse más allá del 31 de julio de 201 O, con la excepción de las personas que estando en dicho régimen y que a la fecha de entrada en vigencia de tal Acto tuviesen cotizadas 750 o más o su equivalente en tiempo de servicio, quienes se beneficiarían del régimen de transición hasta el año 2014. Como el Ad-quem al interpretar el Acto Legislativo O1 de 2005, lo hizo en forma parcial, acertadamente determina que el demandante está en el régimen de transición y por ende tiene su derecho pensional vigente hasta el año 2014, pero erradamente le niega el derecho pensional, con el argumento de que las normas pensionales de origen convencional tuvieron vigencia hasta el 31 de julio de 201 O y que él cumplió el requisito de la edad el 12 de diciembre de 2010. [. }. . El Tribunal acierta cuando afirma que el demandante se encuentra cobijado por el régimen de transición establecido por el artículo 36 de la ley 100 de 1. 993, modificado por el parágrafo transitorio 4 º del Acto Legislativo de 2005, lo que le permite tener su derecho vigente hasta el año 2014, pero yerra de manera grave al negar el

derecho a la pensión que se discute. Señaló que no era coherente que el adq uemha ya interpretado que estaba amparado por el reg1men de transición, «.[]. l .oq ues igniqfiuceta i evnieg esnutd ee reac ho lap ensiqóunes ed iscuhtaes teal a ño2 014[. ].».y,

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Radicación n. º 58071 posteriormente niegue el derecho argumentado que la edad exigida por la Convención Colectiva del Trabajo, la cumplió el 12 de diciembre de 2010. VIIR.É PLICA La opositora dijo que el Acto Legislativo O1 de 2005 estableció la extensión del régimen convencional únicamente hasta el 31 de julio de 2010, y el demandante cumplió los 55 años de edad el 12 de diciembre de 2010, y como a la fecha de la terminación de la relación laboral no convergieron los dos requisitos (edad y tiempo de servicios), solo tenía una mera expectativa, como lo explicó el Tribunal. VIICIA.R GSOE GUNDO Acusó la sentencia de segunda instancia por la vía directa, en la modalidad de infracción directa: [. ..] por no dar aplicación al artículo º del Decreto 2721 del 23 de 9 julio de 2008 y al inciso final del parágrafo 4 del Acto legislativo º 01 de 2005, relacionados con los artículos 11, 36 y 283 de la ley 100 de 1.9 93; artículo 48 de la Constitución Política; artículos 467, 468 y 469 del Código Sustantivo del Trabajo; Decretos 255 de 2000

y 2282 de 2003 en concordancia con los artículos 25, 53 y 53 de la Constitución Política. Para demostrar el cargo, dijo que, el Tribunal se rebeló contra el contenido del Decreto 2127 de 2008, pues el Gobierno Nacional le otorgó a esa norma la competencia para determinar a quién le corresponde reconocer las pensiones que se encontraban a cargo de la Caja Agraria, y como la pensión discutida es de carácter convencional, estaba a cargo del Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales y

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Radicación n. º 58071 no de otra entidad, por lo que al concluir que era beneficiario del régimen de transición y que el derecho pensiona! estaba vigente hasta el 2014, debía condenar al reconocimiento de la pens1.o, n . Por último, dij o que: El derecho a la pensión convencional que se solicita por cuanto el demandante se encuentra ubicado en el régimen de transición, como correctamente lo interpreta y reconoce el Tribunal, además, se sustenta jurídicamente en que el reclamante permaneció amparado por la norma convencional hasta el 31 de julio de 201 O y que es beneficiario de la excepción contemplada en el parágrafo transitorio 4 del Acto Legislativo O1 de 2005. º IX.R ÉPLICA Indicó que la censura omitió la norma sustantiva que regula la pretensión reclamada, aludiendo para ello, el artículo 41 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre la Caja Agraria y el Sindicato de Trabajadores, puesto

que, ni el Decreto 2127 de 2008, ni el Acto Legislativo O1 de 2005, crean ni extinguen los derechos pretendidos, pero, que, en todo caso, esas normas fueron estudiadas por el adq uem.

X. CONSIDERACIONES Dada la senda escogida por el censor, encuentra la Sala que no fueron materia de discusión los siguientes aspectos fácticos: que el actor prestó sus servicios a la Caja de

(i) Crédito Agrario, Industrial y Minero entre el 23 de agosto de 1976 y el 27 de junio de 1999, para un tiempo total de servicios de 22 años, 10 meses y 4 días; que el demandante (ii) fue desvinculado del servicio por supresión y liquidación administrativa de dicha empresa; que era beneficiario de (iii) 9

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Radicancº.5i 8ó0n7 1 la Convención Colectiva de Trabajo vigente para los años 1998-1999; (iqvu)e n ació el 12 de diciembre de 1955, por lo que cumplió los 55 años el mismo día y mes de 201 O y; (vqu)e el Fondo demandado, en atención a lo dispuesto por el Decreto 2721 de 2008, reconoce las pensiones que estaban a cargo de la Caja Agraria. Plantea el censor una discusión netamente jurídica, referente a la inteligencia que le dio el Tribunal al Acto Legislativo O 1 del 2005, pues con base en ello resolvió que, por cumplir el señor Castellanos Cubides los 55 años de edad el 12 de diciembre de 2010, fecha posterior al límite impuesto

º por dicha normatividad en el parágrafo transitorio 3 , no podría concederse la pensión de jubilación convencional, pues solo contaba con una mera expectativa que fue truncada por la limitación temporal atrás mencionada. Así las cosas, el problema a resolver por esta Corporación es, si el cumplimiento de la edad es solo un requisito de exigibilidad, o si, por el contrario, es un requisito de causación de la pensión, discusión esta que fue resuelta con la sentencia CSJ SL526-2018, donde, en un caso en que la demandada era la misma entidad que en el presente, y el demandante estaba en una situación similar, allí se adoctrinó: Lav igendceil aa sr elacicoonnetsr actdueat lreasb acjoom oo bjeto del aa plicadciiróenc dteal asn ormacso nvencioenxaplleiscc oan sea faciliqduaeld a e dadp ensiopnoar[e llpar evistau nr equisito de estructurdaec liaóp nr estacpioórne ,s oa,l l adod e otros presupuesctoomso,p ore jempleol tiempdoe serviceilo , cumplimideenl taoe dadp ensiodnuar[a nstuev igenctiear mina siencdoon secuenneccieas adresi uan aturatleemzpao ral. No ocurrleom ismoe,n tienldaeC ortecu,a ndloa p restación se pensiona[e xtienedxep resamean etex trabajaddoer elsa SCLAJPT-10 V.DO 10 l,J Radicación n. º 58071 empresa, pues en tal caso, la edad establecida para el acceso a la

pensión no está atada a una relación laboral o vínculo jurídico vigente, sino todo lo contrario, a una situación personal individual, o por tanto, no puede ser vista como un requisito de estructuración o conformación del derecho, sino simplemente como una condición de su exigibilidad, goce o disfrute. Ante tal situación lo que fuerza concluir es que los requisitos de la pensión así prevista se reducen a dos: la prestación de servicios durante un determinado tiempo, para este caso 20 años, y la desvinculación del trabajador por cuenta propia o por causa imputable a la empresa; y la edad indicada en la norma deviene en una condición personal o individual que lo que permite es la exigibilidad del derecho pensiona[. Es totalmente entendible la anterior afirmación si se observa que el cumplimiento de la edad pensiona[ en estos casos resulta totalmente indiferente a la vigencia de la convención colectiva de trabajo, dado que para el momento en que el ex trabajador cumple la edad establecida en la norma pensiona[ convencional se requerirá que la relación laboral haya perdido su vigencia. Nótese a ese respecto que la disposición convencional parte del presupuesto de que el trabajador ya ha cumplido la materialidad laboral que le da causa a la prestación pensiona[: el tiempo de servicios, pero considera la circunstancia que impide al trabajador acceder a la pensión conforme a la regla general, la del cumplimiento de la edad pensiona[ en vigencia de la relación laboral, por tanto, toma tal circunstancia como condición necesaria para el reconocimiento del derecho, esto es, que ya no exista vinculación laboral, o por causa imputable a la empresa o por

iniciativa del propio trabajador, para de allí señalar que el acceso a la prestación se producirá cuando cumpla la edad de cincuenta (50) años, si es mujer, o cincuenta y cinco (SS) si es hombre, lo que es tanto como decir que con el cumplimiento de las dos condiciones iniciales se tendrá el derecho, pero su goce disfrute solo se o producirá al cumplimiento de la última, la anotada edad. Así, la edad considerada en la estipulación convencional fluye indiferente a la vigencia de la convención colectiva de trabajo, por exigir ésta que tal ocurrencia se produzca cuando el ex trabajador ya no se encuentra amparado directamente por ella, resultando que, de una parte, éste hubiere perdido la condición de trabajador de la empresa; y de otra, que sea en un todo posible que ni siquiera la disposición convencional para ese nuevo momento mantenga vigencia en el marco de las relaciones contractuales de la misma empresa. De ese modo, en forma alguna puede concluirse que la dicha edad sea requisito de estructuración del derecho, sino apenas de su exigibilidad, de su goce disfrute. o Entonces, siendo que los supuestos de hecho del derecho pensiona[ aquí estudiado están limitados a la desvinculación del trabajador y la prestación del tiempo mínimo de servicio, pues la fecha del cumplimiento de la edad allí prevista es ajena a la vigencia de la convención colectiva de trabajo, las únicas exigencias que lo I 1

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Radicación n. º 58071 estructuran definen, que entiende la Corte deben producirse en el o término de vigencia de ésta son las ya indicadas: desvinculación

voluntaria forzosa del servicio y tiempo del mismo. En tanto, la o fecha del cumplimiento de la edad es de Orden individual o particular, sin incidencia alguna en razón de la vigencia de la convención colectiva de trabajo, pues únicamente está atada a la situación particular del ex trabajador. Pero también entiende la Corte, en segundo término, que el aludido Parágrafo 1 previó el derecho pensiona[ a favor de quienes º habiendo sido trabajadores de la entidad le prestaron un tiempo de servicio mínimo de servicio (sipecro) n o arribaron a cierta edad en su vigencia, porque., precisamente, a quienes les exigió tal condición pensiona[ se refirió paladinamente al inicio del marco de las disposiciones pensional, se recuerda, de donde no ha lugar a concluir cosa distinta a que, para los primeros, los que perdieron la calidad de trabajadores activos, la edad no se tuvo como un requisito de estructuración del derecho --pues no lo podían cumplir en ese tiempo--, sino apenas de su disfrute. [. ..] En síntesis, y a manera de colofón, cuando la disposición convencional previó la pensión de jubilación exigiendo un tiempo de servicios mínimo y la desvinculación del servidor de la entidad, sobre el supuesto de que a los que estaban vinculados similar derecho concibió, no queda duda alguna que la edad dejó de ser un requisito de estructuración del derecho para los primeros, pues a ello solo bastaba el cumplimiento de los anteriores en el término de su vigencia, para tenerse a ésta como un mero requisito de la exigibilidad, disfrute goce del derecho pensiona[.

o Desde esta óptica, para el 31 de julio de 201 O, cuando según lo visto por fuerza del Parágrafo Transitorio 3° del Acto Legislativo O1 de 2005, perdieron vigencia de las reglas de carácter pensional que regían, contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos acuerdos válidamente celebrados, entre ellas las que aquí o se tratan, el actor ya contaba con un derecho adquirido, pues había reunido los dos requisitos del derecho pensional discutido: el tiempo de servicios y la desvinculación laboral, por lo que apenas estaba pendiente de arribar a la edad requerida para su goce disfrute, lo o que sin discusión cumplió el 3 de octubre de ese mismo año de 2010. De conformidad con lo anterior, encuentra la Sala que erró el Tribunal al considerar que la edad era un requisito de estructuración de la pensión que debía cumplirse antes del 31 de julio de 201 O en virtud de lo establecido en el Acto Legislativo O 1 de 2005, pues como lo acotó la sentencia trascrita, la edad, para este caso, es solo un requisito de

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Radicancº.i5 ó8n01 7 exiigliib,dp aocdro nsiien,lt oecsa rgporsoe srpa.n gu Sicnso t,ad sadlaap roesrpiddaeld soc arsg.o

XI. SENTENCIA DE INSTANCIA Noe sm atedreid ai scuqsuei eólna rctuíl4o1 d el a CovnenciCóonli evcadt eT rajboap revliaóp ensidóen jubileancl sios óini enttéersom si(f.n º 10a4 7:)

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ARÍTCULO4 1P ENSIDÓENJ UBILCAIÓRNE QUISIST.O

º. Ap atridred li ecidseeé nieosd r e1 992l,o tsr ajbaadeosdr el aC aja Agrarciuaa,n cduopm lavne in(t02e)a ñodse s evricai loaC aja, contiond uiossc oonsty,il nlueegnau l ae daddec incu(e5n0at)ña o s lamsu jerye sc incuye cnitna(c 5o5 a)ñ olso vsa ronteesn,d rán deerchaoq uel aC ajal epsa guuen ap ensimóenn suvailt adlei cia jubilaecqiuóinv alael7n 5t%ed elp romeddieol oss aliaors deevngaddourasn teelú ltiamñodo es evricios. Cont odqou,i eneelds i eci(s61é)di esm azrod e1 992t vuieren dieci(o81c)ho o m ása ñodse s ervicai loaC aja,c ontino uos disconttiennudorsdá,een rc hao lap ensicóuna ndcoup mlan cuareyns tiae( t47e) a ñodse e daydv ein(20t)ea ñodse s evricio. Quienheasy acnu pmlildoors eu qsiitaonstr eiopraearse leej rcioc io difrsutdee lap ensidóenj ubiladceibóáennr solicietla r rencoocimideeln art eops ectpirveas tadcetinródone u nt érmnion o spueiroaru n(1 )a ñcoo ntaap daotr idrel fae chdae l fiar mdae l a

preseCnotnev encPiaórnaq. u ienneosh ayaand quireisdtoe deerchyo c umplalno rsqe uisidteeo dsa yd t ipeomd es ervicio, igaulmendteebá enrs oilcietlar rce onocimdieel nart epose ctiva prestacdieónontd reu nt érmnions opu eriaou nr( la)ñ coo ntaa do patridrel faec hean q uceu pmlalnor se qiusitos. Sie lt rajbaadnoorh acleae pxressaol iciatquupdíre vidsetano td re lotsé rmisneoñsa lalpade onss sieó rnge irdáel as iguimeannteer a: a)P arlaap se sroncaoscn ua erntyas ie(t74e) a ñodsee daydv einte (02)a ñodse s ervicsiupo ensisóenr eigrpáo rl asn omras covnenciloensea,sd ec,ia r lae dadde c incu(e5n0ta)añ olsa s mujreeysc iunecnytc ai n(c5o5a )ñ olso vsa rones. b)P arlao qsu see rj iapno erlr é igmecno nven,cv ieoin(na20tl)ae ñ os des evricyic oi,un ecn(t5a0a )ñ odsee dalda msuj ereysc incuenta yc in(c5o5a )ñ odsee daldo vsa ronseups e,n ssieó rne gpiorlára s nomrasl egavliengste es. Elp agdoel apse nsidoenj eusb ildaecc iaórná cctoenrv encqiuoen al laC ajah ayrae ncoociod roce onozecnae lfu turoc,o ntinuará

haciénddieorcstea mpeonlrta ee n tiadlBa edn fieciario.

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Radicación n. º 58071 Así laC aja copmromeatr ee conao cepre nsionados, mismo, se los dea cuercdooln a L ey4ª de1 696, befinceieosst eacbildeons los diclheay . PARÁGRAFOl .oE lt rabaiqaudeo rrte ires ear etirdaedlo se o sevricsiiohn a bceurm plliaed doa dde 5 5a ñose sh omeby rd e si 50 esm uietri,ed neeer chaol ap ensiaólln l eagd airc ehdaa d si siepmreq ueh aycau mpleilrd eoq iusidteov ein(t02e)a ñodse sevricail oaIs n tsitución. PARÁGRAF2Oo E.l t rajbaadqouree ld ieci(s61)éd iesm azrod e 1992h aycaum pli1do8a ñoos m ásd es evricicoosn tion uos discontqiunesu eor se,t isreea r etirdaesdleor visciihnoa ber o cupmlildaeo d addel o4s a ñotsi,e dneer eacl hpaoe nsailól lne gar 7 ad icehdaa sdi,pe rmqeu hea ycau pmliedlroe qiusidtevo e i(n02t)e añodses erviacl iaIo snst itución. PARÁGRAFO3 oL.ap ensiólni quáia dsaír: se PrimFearc tFojiroU .l tismuoe lbdáos imceon sumaálsp rimdaes

antigüyeo dtaédc nsiilc aaes s vteiurdee vgeanndo. SegnudoF actVoalro.er sV ariabSlaelsia.oer ne pseciaeu, xidlei o transpionrcteend,te li ovlcoia zagcaiósntd,oer s pe resentascii ón los hubei,ep rrimsaesm easlt,erp srimhaasb ituoa pleersm aense,n t horaesxt rasd,om inilecsao ferioasd trajbaadosv,i áticos deevngaddouasrn tcei eontcoh e(n81t0)ad íaos m ásy e lv aldoer lasso eb rrmeunaecrióenne lc asdoe q ued espeemñcea gros supeirorperso vismienotndea,evl engadduroasn teelú t limaoñ o. valeosar ntreiosrees su maynd ivipdoedrno c(e21 )c,o lnoc u al Los seo biteneels e gnudfoac tor. Del as umdae facteosrs et omaerl7á 5 % establecido. estos dos (Subrayas fuera del texto). De lo dispuesto en la convenc1on, conforme la transcripción que precede, se concluye, para el caso que nos ocupa, que la misma aplica para los ex trabajadores de la extinta Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero; que para la estructuración del derecho pensiona! se exige haberse prestado mínimo 20 años de servicios y, que el disfrute o goce de la prestación se produce cuando se arriba a la edad_ de 55 años de edad. Por su parte, el Acto Legislativo O de 2005, sobre la 1 vigencia de las reglas de carácter pensiona!, contenidas en

pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos

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Radicación n. º 58071 válidamente celebrados, dispuso lo siguiente: Artículo 1 Se adicionan los siguientes znczsos y parágrafos al º. artículo 48 de la Constitución Política: f. ..] "Parágrafo transitorio 3°. Las reglas de carácter pensiona[ que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 201 O, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia (Subrayas fuera del texto). el 31 de iulio de 201 O". Pues bien, como ya se dijo en la parte considerativa, a pesar de que el Acto mencionado impuso una fecha límite para gozar de beneficios convencionales superiores a los requisitos estipulados por el Sistema General de Pensiones (31 de julio de 201 O), lo cierto es que en la Convención Colectiva de Trabajo se acordó que el requisito de la edad solo sería una condición para la exigibilidad, goce o disfrute de la pensión de jubilación. Las anteriores razones son suficientes para casar el fallo atacado y en consecuencia se confirmarál a decisión emitida por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogotá, el

29 de marzo de 2012, dado que los demás aspectos de la prestación no fueron materia de inconformidad en las instancias, ni la Corte advierte la necesidad de modificarlos. Costas en las instancias a cargo de la parte demandada. XIID.E CISIÓN En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre

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Radicnaº.c5 i8ó01n7 de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Laboral, el quince (15) de junio de dos mil doce (2012), en el proceso ordinario adelantado por

CARLOS ENRIQUE CASTELLANOS CUBIDES contra el

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA y el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, llamada como litisconsorcio necesario, en cuanto a que se concede la pensión de jubilación convencional en los términos descritos por el aq u. a Sin costas. En sede de instancia, RESUELVE: CONFIRMAR la sentencia dictada el 29 de marzo de 2012 por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de esta ciudad. Costas en las instancias a cargo de la parte demandada. Notifiquese, publíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.

---;-1.,aÚJJ CAfi ANA fiAjdA MUÑOZ SEGURA r-e o "IMa O M A R D E J E S Ú S R E S T R E P O f1 c H O A

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Ló Radicación n.º 58071 GUEZ JIMÉNEZ # RepúdbelC iCtlao mbia CcrtSeu prdeeftn a&fi titl::. SaldeaC asacL1aobonr ai SecretaAnd)u•fi lil le dejvac naaqtuue,oala i fae eabefia j eódi cto. 8e deja con1tancía que en 1a fecha se desfija edicto. Bocotá,D .e 2.6 O C2T0 -1 08 8: 00A H.. 11opü, D.c .26 ,O C2T0 18 1 SERCE.1'ARfO@ RebplúdietaC olombia CorStuep rdeeJm uas ticia SaldaaC illai:iLoanb oral SetretAadrjiuan t, Sed ecjoan sqtauneecnl ifa cae h yah oNrñlftJ •du, queeedajc utlaorip ardeasp ernotvei dencia Bogotá,D c . 3.1 ,O C2T1 8

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