CSJ - SL466-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL466-2023 Radicación n.° 87034 Acta 05 Bogotá, D. C., veinte (20) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JHOHANNA PATRICIA MEJÍA HERNÁNDEZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el nueve (9) de abril de dos mil diecinueve (2019), en el proceso que le instauró a la

CLÍNICA ATENAS LTDA IPS.

I. ANTECEDENTES Jhohanna Patricia Mejía Hernández llamó a juicio a la Clínica Atenas Ltda., con el fin de que se declarara que sostuvieron un contrato de trabajo entre el 16 de marzo de 2012 y el 20 de febrero de 2015; en consecuencia que se le impusiera el pago de las prestaciones sociales, las vacaciones, las indemnización por despido sin justa causa,

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 87034 por no consignación de cesantías y la moratoria del artículo 65 del CST; que se le ordenara el reembolso de lo que sufragó por concepto de aportes a la seguridad social; así como que, se le condenara a la cancelación de los intereses moratorios, las costas del proceso y que se le concediera todo aquello a lo que tuviera derecho acorde a las facultades ultra y extra petita. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que prestó sus servicios a favor de la demanda, desempeñando el

cargo de médico general, desde el 16 de marzo de 2012 hasta el 20 de febrero de 2015; que como último salario percibió la suma de $2.080.000; que ejecutó turnos de 12 horas diarias acorde a las instrucciones dadas por la clínica y bajo el estricto cumplimiento del horario previamente establecido por aquella; que las funciones que desplegó eran afines con el objeto social de su empleadora; que no existió solución de continuidad; que durante el desarrollo de la relación contractual no se le reconoció ningún derecho laboral como tampoco se efectuaron los aportes al sistema de seguridad social integral y que el contrato finalizó de forma unilateral por parte de la llamada a juicio (f.° 1-8 del cuaderno principal, expediente digital). La parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó que la accionante ejecutó actividades a su favor, pero precisó que lo hizo mediante un contrato de prestación de servicios como médico general en la unidad de cuidados intensivos al haber certificado sus estudios y experticia en dicha materia; reconoció los

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 87034 extremos temporales y manifestó que la labor se adelantó de mantera autónoma e independiente habiendo cumplido con lo pactado en el acto jurídico que celebraron en que de forma expresa se excluyó la subordinación o la exclusividad en la actividad ejecutada, relacionó los honorarios que le canceló, según las cuentas de cobro por ellas presentadas e insistió en que la conducta que desplegó siempre se ajustó a la naturaleza civil de la relación contractual que acordaron.

En su defensa propuso las excepciones de mérito de inexistencia de las obligaciones, cobro de lo no debido, ausencia de relación laboral, buena fe, pago y prescripción (f.°126146 del cuaderno principal).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Barranquilla, por sentencia del 18 de agosto de 2016 (f.° 223 Cd y 224-225 acta del cuaderno principal), resolvió: PRIMERO: DECLARAR la existencia de un contrato de trabajo entre la señora JHOHANNA PATRICIA MEJÍA HERNÁNDEZ y la demandada CLÍNICA ATENAS LTDA. IPS., desde el 16 de marzo de 2012 hasta 20 de febrero de 2015.

SEGUNDO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción con respecto a las primas de servicios y primas de navidad del año 2012, de conformidad a lo planteado en la parte motiva de esta decisión.

TERCERO: CONDENAR a la demandada CLÍNICA ATENAS LTDA. IPS., cancelar a la señora JHOHANNA PATRICIA MEJÍA HERNÁNDEZ: CESANTÍAS: $ 5.477.221.

INTERESES DE CESANTÍAS: $ 609.261.

PRIMAS DE SERVICIOS: $ 4.294.721.

VACACIONES: $1.881.097.

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 87034

CUARTO: CONDENAR a la demandada CLÍNICA ATENAS LTDA.

IPS., cancelar a la señora JHOHANNA PATRICIA MEJÍA

HERNÁNDEZ: la suma de $ 42.833,oo diarios desde el 21 de febrero del año 2015 y los que se vayan generando hasta el 21 de julio de 2017, si no se efectúa el pago de las prestaciones consagradas en esta sentencia. Y en el caso que persista dicha obligación que se paguen los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir del 22 de febrero de 2017 hasta cuando se verifique el pago, por concepto de sanción moratoria, tal como se estableció en la parte motiva de este proveído.

QUINTO: ABSOLVER con respecto a los reembolsos de los aportes a la seguridad social, tal como se expresó en la parte motiva de esta decisión.

SEXTO: CONDENAR a la CLÍNICA ATENAS LTDA. IPS., a pagar a favor de la actora la sanción establecida en el artículo 99 de Ley 50 del año 1990, tal como se estableció en la parte motiva de esta decisión, con una cifra única de $ 45.839 .735 equivalente por la primera sanción del año 2012, que va desde el 15 de febrero de 2013 al 14 de febrero de 2014 por $ 17.924.208, la sanción del año 2013, por la no consignación de las cesantías que va del 15 de febrero del año 2014 hasta el 14 de febrero del año 2015 equivalente a $ 27.613.000 y; del año 2014, que va del 15 de febrero del año 2015 hasta el 20 de febrero del año 2015

equivalente a $30 2.527 dando un total por la suma de $ 45.839.735.

SÉPTIMO: CONDENAR a la demandada CLÍNICA ATENAS LTDA.

IPS., a pagar a la demandante JHOHANNA PATRICIA MEJÍA HERNÁNDEZ la suma de $2.936.225, por concepto de indemnización por despido sin justa causa, de conformidad a la parte motiva de este proveído y en armonía a lo establecido en el artículo 64 del CST. […].

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, al resolver el recurso de apelación presentado por la llamada a juicio, mediante fallo del 9 de abril de 2019, revocó la de primer grado y, en su lugar,

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 87034 absolvió a la convocada a juicio y no impuso costas para esa instancia (f.°254 Cd, 255 acta cuaderno principal). En lo que interesa al recurso extraordinario, precisó que no era objeto de controversia que la accionante prestó sus servicios a favor de la demandada entre el 16 de marzo de 2012 y el 20 de febrero de 2015 y que, los problemas jurídicos a resolver se circunscribían a determinar si: «i) entre las partes existió un contrato de trabajo y, en caso afirmativo, ii) procedía el pago de los aportes a la seguridad social y las indemnizaciones moratorias». Para dar respuesta a tales problemáticas acudió al artículo 53 de la Constitución Política, especialmente al principio de primacía de la realidad sobre las formas; a los

preceptos 23 y 24 del CST para aducir que, de acuerdo con este último, era suficiente que la petente acreditara la prestación personal de la actividad para que se activara la presunción en él contenida debiendo ser desvirtuada por el presunto empleador. Esgrimió que, para el caso de los médicos y los demás prestadores de servicios de salud debía examinarse cada situación de forma particular en la medida que su profesión estaba regida por una serie de responsabilidades legales que no podían calificarse como indicios de subordinación. Bajo tal escenario acudió a los testimonios rendidos por Liliana Granados, Jennifer Sarmiento, Ana Lucia Pertuz y Francisco Ayola, al interrogatorio de parte de la demandante,

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 87034 al igual que al contrato de prestación de servicios, con sustento en lo cual en armonía con el artículo 61 del CPTSS y a las reglas de la sana crítica anotó que, la reclamante adelantó labores en la Clínica Atenas Ltda. IPS, así como en otras instituciones de salud de forma coetánea, bajo el sistema de turnos mensuales establecidos por el médico coordinador, acorde con la disponibilidad con la que contaba la demandante, quien podía modificarlos con otros compañeros, conforme ella lo había aceptado y según se acordó en el acto jurídico que suscribieron . Resaltó que, si bien esto último podía tenerse como un asomo de subordinación lo cierto era que, en este especial asunto estaba probado que el horario podía ser ajustado por la actora según su disponibilidad o delegar a otro médico si

así lo requería, más aún cuando no prestó sus servicios de forma exclusiva para la clínica llamada a juicio. Lo que reforzó con el hecho de que en el plenario no existía «ningún memorando que le llamara la atención o se le sancionara por incumplir los turnos asignados», ya que, si bien la testigo Liliana Granados afirmó que a la peticionaria se la hacían requerimientos verbales; tal aseveración no contaba con soporte alguno, pues esgrimió que «eso era lo que tenía entendido». En relación con lo asegurado por Jennifer Sarmiento, expresó que era jefe en un área diferente a la de la peticionaria y que no participó en la asignación de turnos. De forma tal que no tenía conocimiento de su organización.

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 87034 Expuso que, a folio 23 del expediente obraba Comunicación al doctor Francisco Ayola -coordinar médico de UCI del 15 de diciembre de 2014, en la que la directora médica de la entidad puso en su conocimiento que la convocante no había diligenciado la apertura de una historia clínica, respecto de lo que expresó que tampoco constituía un indicio de subordinación; que además no estaba dirigido a la actora, se trataba de una labor que le correspondía a adelantar debido a que equivalía a un deber legal de los médicos. Por su parte, frente a las «impresiones de pantallas de los correos electrónicos» (f.°35-38 del cuaderno principal), indicó que «en la forma como fue allegada la prueba» no era

posible establecer su autor o sus destinatarios, por lo que no podía dárseles validez, porque según lo tenía establecido esta Corporación: […] cuando un documento electrónico no contenga una firma manuscrita que facilite la certeza que debe tener el juzgador respecto de la persona a quien se le atribuye la autoría del mismo, por no tener firma digital, se imposibilita al juzgador tener certeza respecto a la persona a quien se le atribuye la autoría del mismo, por lo cual ante la ausencia de la misma el documento carece de autenticidad (CSJ SL11975-2017). Con sustento en lo previo, concluyó que la Clínica había logrado desvirtuar la presunción de subordinación, toda vez que se observaba que la accionante podía establecer su horario unilateralmente lo que conducía a inferir su autonomía e independencia en la prestación del servicio que prestó, lo cual era una característica ajena a un contrato laboral.

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 87034

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la actora, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, se confirme la de primer grado (f.° 10 recurso extraordinario, demanda de casación, expediente digital).

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación que no fueron replicados y que se pasan a estudiar a continuación.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la providencia de segunda instancia de violar la

ley sustancial por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea de «los artículos 23, 24, 65, 127, 132, 133, 134, 143, 153, 186, 187,193, 249, 306 y 340 del Código Sustantivo del Trabajo; 1°, 25 y 53 de la Constitución Nacional; 7°, 11 a 28 de la Ley 527 de 1999; el Decreto 2364 de 2012 y 244 a 247 de la Ley 1564 de 2012». Para sustentar el embate alega que el colegiado incurrió en la trasgresión de las normas denunciadas cuando estimó que la autenticidad de los correos electrónicos estaban sujetas a que tuvieran «firma manuscrita o firma digital», en

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 87034 la medida que tal requisito no se encuentra dispuesto en las Leyes 527 de 1999 y 1564 de 2014, ya que por el contrario, tales disposiciones establecen que este tipo de documentos se presumen auténticos y que tienen el mismo tratamiento que los que constan en papel debiéndose analizar acorde a las reglas de la sana crítica, pero que, en todo caso la ausencia de rubrica se suple con lo que dispone el artículo 7º de la Ley 527 de 1999, así como con la «confiabilidad en la forma como se generaron, archivaron y comunicaron; la fiabilidad de la conservación integra de la información; la forma para identificar su indicador, así como cualquier otro factor pertinente» (CSJ SC1139-2015). Resalta que, por el hecho de que se hayan aportado en

«copias simples » no puede restárseles validez puesto que existen otras formas de verificar su autenticidad en aplicación de «los principios del debido proceso, defensa, igualdad, buena fe y lealtad procesal, así como también lo que tiene que ver con el trámite de la tacha de falsedad» (CSJ SL5246-2019), pero que, adicionalmente, el precepto 11 del aludido cuerpo normativo establece que, ante esa circunstancia, deben ser valorados bajo las reglas generales de los documentos. Esgrime que, en la presente acusación no se controvierte los sustentos fácticos de la sentencia de segundo grado debido a que se orientó por la vía jurídica, pero destaca que, en el aludido medio probatorio «[…] sí se identifica claramente el iniciador, en ellos se evidencian claramente la persona que envía: Dr. Edgar Navarro Theran

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 87034 (coordinacionmedicaatenas@hotmail.com), quien los recibe, YOHANA MEDICA UCI (india0812@hotmail.com) y la fecha en la que fueron enviados», sin que hubiesen sido tachados de falsos por la contraparte, luego entonces deben tenerse como válidos. Apoya su disertación en la providencia CSJ SL52462019 (f.° 10-18 recurso extraordinario, demanda de casación, expediente digital).

VII. CONSIDERACIONES Se recuerda que, el fundamento del sentenciador para restarle validez a los correos electrónicos que se arrimaron al plenario (f.°35-38 del cuaderno principal), fue que «en la

forma como fue allegada la prueba» no era posible establecer su autor o sus destinatarios, en la medida que no contaban como una «firma manuscrita» que ofreciera certeza «respecto a la persona a quien se le atribuye su autoría»¸ de manera que ante la ausencia de aquella el «documento carece de autenticidad»; exigencia que la Sala encuentra desacertada por lo que se explica a continuación: La Ley 527 de 1999 definió y reglamentó el acceso y uso de los mensajes de datos y en el literal a) de su artículo 2º dispuso: ARTICULO 2o. DEFINICIONES. Para los efectos de la presente ley se entenderá por: a) Mensaje de datos. La información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax […].

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 87034 A su vez, el precepto 7º de ese mismo cuerpo normativo señaló: ARTICULO 7o. FIRMA. Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas consecuencias en ausencia de la misma, en relación con un mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si: a) Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para indicar que el contenido cuenta con su aprobación; b) Que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual el mensaje fue generado o comunicado. Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito

establecido en cualquier norma constituye una obligación, como si las normas simplemente prevén consecuencias en el caso de que no exista una firma. Dichas disposiciones, deben leerse en armonía con lo regulado por el canon 244 del CGP aplicable al proceso laboral por remisión expresa del 145 del CPTSS, según el cual «es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento» y que «los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos». En tal virtud, para la Sala es claro que el Tribunal se equivocó al limitar la validez y la autenticidad de la prueba bajo análisis a que contara con firma manuscrita o digital puesto que el ordenamiento jurídico en primer lugar, presume «los documentos en forma de mensajes de datos» como auténticos y, en segundo término, porque la ausencia de rubrica puede ser suplida acudiendo a otro tipo de mecanismo que permitan inferir su autor.

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 87034 Sobre dicho aspecto vale la pena traer a colación la sentencia CSJ SL4332-2021, en la que se sostuvo: Ahora, lo anterior también se evidencia de los correos electrónicos cruzados entre funcionarios del hospital demandado y el accionante, y que para la Sala tienen plena validez y eficacia probatoria, pues de su contenido puede inferirse que están dirigidos al actor y señalan como remitente, por una parte, a la «ingeniera Beatriz Anacona de «HSLV», profesional universitaria

de mantenimiento del hospital accionado y supervisora del contrato sindical según se evidencia, entre otros, en la certificación de folios 782 a 787; y por otra parte, en uno de dichos correos el remitente es el ingeniero biomédico Luis Alejandro Palacios, también funcionario del hospital. Asimismo, precisan las direcciones electrónicas, su fecha y hora de envío y recepción; y tampoco fueron desconocidos por parte del hospital accionado. Por lo tanto, ofrecen signos e información suficiente que permiten constatar su autenticidad, esto es, la certeza de quien o quienes fueron sus autores. Y al respecto no puede desconocerse que el artículo 244 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 145 del Estatuto Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, prevé expresamente que «Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos». Y, más recientemente la providencia CSJ SL1174-2022, en la que reiterando la anterior se enseñó: Ahora, respecto al análisis del correo electrónico que acusa el censor como no valorado, téngase presente que la Sala puede valorarlo como documento cuando de él pueda inferirse una mínima individualización, esto es, alguna información que ofrezca certeza respecto a quien lo elaboró o las personas que intervinieron en el mensaje, el remitente y su receptor, su fecha de creación y demás elementos que puedan asociarse a su contenido y permitan constatar su autenticidad, en los términos del artículo 244 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 145 del Estatuto Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que prevé expresamente que «los documentos

en forma de mensaje de datos se presumen auténticos». Luego entonces, el colegido se equivocó al exigir como presupuesto de validez probatoria de los correos electrónicos, que contaran con una firma, ya sea manuscrita o digital de

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 87034 forma tal que el cargo es fundado, pero no próspero, pues en sede de instancia, aun analizando tal elemento, se llegaría a la misma conclusión por lo que se expondrá al resolver la segunda acusación.

VIII. CARGO SEGUNDO Aduce que la providencia de segunda instancia transgrede la ley sustancial por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de « los artículos 23, 24, 65, 127, 132, 133, 134, 143, 153, 186, 187,193, 249, 306 y 340 del Código Sustantivo del Trabajo; 1°, 25 y 53 de la Constitución Nacional; 7°, 11 a 28 de la Ley 527 de 1999; el Decreto 2364 de 2012 y 244 a 247 de la Ley 1564 de 2012».

Asegura que, lo previo se debió a que el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que no existió subordinación laboral en la prestación del servicio existente entre JHOHANNA PATRICIA MEJÍA HERNÁNDEZ como trabajadora y la CLÍNICA ATENAS LIMITADA como empleador, y que por lo tanto se desvirtuó la presunción contenida en el artículo 24 de C. S del T.

2. No dar por demostrado, estándolo, que existió contrato de

trabajo entre JHOHANNA PATRICIA MEJÍIA HERNÁNDEZ como trabajadora y la CLÍNICA ATENAS LIMITADA como empleador, por los extremos temporales comprendidos entre el 16 de marzo de 2012 y el 20 de febrero de 2015, como contrato realidad.

3. No dar por demostrado, estándolo, que el contrato de trabajo terminó sin justa causa imputable al empleador y por disposición de éste.

4. No dar por demostrado, estándolo que el empleador adeuda a su ex trabajadora las cesantías, intereses a cesantía, primas legales, vacaciones por el periodo laborado entre el 16 de marzo de 2012 y el 20 de febrero de 2015, la indemnización por despido injusto.

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 87034

5. No dar por demostrado, estándolo, que el empleador adeuda la indemnización a que hace referencia el Artículo 65 del C.S.T.

6. No dar por demostrado estándolo que el empleador adeuda la indemnización a que hace referencia el art. 99 de la ley 50 de 1990 por la no consignación de las cesantías en un fondo de cesantías.

Acota que los yerros fácticos denunciados fueron consecuencia de la equivocada apreciación por parte del juez plural del «Contrato de prestación de servicios suscrito entre la Clínica Atenas Limitada y Jhohanna Patricia Mejía Hernández. (Folio 198 a 200), en el que, si bien se estipuló que prestaría sus servicios de forma autónoma e independiente, también se estableció en su cláusula primera que «[…] EL PROFESIONAL se compromete a la prestación de

los siguientes servicios, a EL CONTRATANTE o a quien este lo indique o delegue» de lo que se infiere que «la clínica tenía la potestad de ordenarle a la Dra. Jhohanna Mejía, que le prestara sus servicios personales a favor de cualquier tercero». Esgrime que en ese mismo articulado se pactó que: […]1. EL PROFESIONAL ha convenido en su condición de Médico General atender los pacientes que reciba EL CONTRATANTE para la Unidad de Cuidados Intensivos y realizar las intervenciones médicas que sean necesarias mediante los tumos que la clínica previamente señale 2.- EL PROFESIONAL realizara las labores propias que el caso requiera de manera autónoma es decir independiente sin subordinación laboral alguna y de conformidad con los parámetros de carácter científico tenga establecido EL CONTRATANTE. 3. Por la naturaleza del servicio que es de carácter intermitente y por consiguiente sometido a las contingencias de los hechos presentados, el tiempo para ejecutar las anteriores funciones será el esencialmente necesario para cumplir cabalmente con el objeto de este contrato. De lo que reluce que era la demandada quien establecía el horario en que se debía adelantar la labor contratada; que

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 87034 el contrato civil se desnaturalizó durante su desarrollo lo que se acredita con las pruebas documentales, especialmente con: i) El cuadro de turnos médicos Clínica AtenasMédicos de planta unidad de terapia intensiva, «ii) las circulares donde citaban a todos los médicos, incluso a la Dra. Jhohanna Mejía, a las

reuniones y capacitaciones con el fin de establecer planes de mejoramiento en el registro de actas de defunciones e historias clínicas, capacitaciones que eran organizadas por la misma clínica y que se llevaban a cabo con médicos de planta y los contratados bajo la figura de contratos de prestación de servicios; (iii) las citaciones a reuniones, a almuerzos laborales y las instrucciones y órdenes impartidas mediante correos electrónicos aportados. Alega que el Tribunal se equivocó cuando apreció la cláusula del contrato que permitía que el «profesional» podía delegar el servicio acordado, pues lo cierto es que, quedó visto que: […] la regla general para la selección y asignación de “turnos” era que la clínica, siempre, los señalara previamente. Con ello quedó demostrado que la demandante Dra. Jhohanna Mejía, no tenía ninguna facultad para escoger sus horarios, y que esa tarea estaba en cabeza del Coordinador Médico, el director Médico de UCI y la jefe de Recursos Humanos. Pero además que no existía la posibilidad de «ajustarlos o modificarlos» de forma autónoma, ya que ello estaba sometido a una serie de condicionamientos tales como que: «esté imposibilitado para prestar el servicio solicitado, que designe un profesional para reemplazarla en la prestación del servicio y que todo esto sea “comunicado oportunamente y por escrito a EL CONTRATANTE”».

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 87034 Igualmente, anota que se encuentra desvirtuado que prestara sus servicios «utilizando sus propios medios», ya que

precisamente en el acto jurídico suscrito entre las partes en su artículo cuarto se observa que aquellos se adelantaron en las instalaciones de la clínica, con elementos médicos, quirúrgicos y medicamentos suministrados por ésta, puntualmente se dejó establecido que: «el contratante suministrara todos los implementos como equipos médicos, quirúrgicos, drogas y demás que se requieran para la intervención en cada caso». Por otro lado, plantea que el juzgador incurrió en los errores de hecho denunciados porque tampoco valoró los siguientes medios de convicción: PRUEBA No. 2: Certificación expedida por la directora Administrativa de la demandada el 13 de junio de 2014, en la cual se certifica la prestación del servicio como Médico General, fecha de inicio de las labores y salario devengado. Esa prueba que debió ser tenida en cuenta para probar la prestación personal del servicio y el salario consiguiendo con esto que se aplicara la presunción contemplada en el artículo 24 de Código Sustantivo del Trabajo a favor de la demandante. PRUEBA No. 4 (sic): Comunicado Interno CAA001 del 15 de diciembre de 2014, por medio del cual le llamaron la atención a la Dra. Jhohanna Mejía por "Falta de Diligenciamiento de apertura de las historias clínicas". Con este documento se prueba que la demandante estaba subordinada a favor de la demandada. PRUEBA N°5(sic): Comunicado Interno de fecha 23 de enero de 2015, expedido por la señora MILENA PAJARO DÍAZ - JEFE DE

GESTIÓN HUMANA, mediante el cual informan a todos los médicos de UCI que se hicieron aumentos en el valor de los turnos. Ese documento no fue examinado por el Tribunal, este documento fue entregado a la Dra. Jhohanna Mejía, y allí se observa que fue dirigido a “MÉDICOS UCI” sin hacer distinción entre médicos de planta y los contratados por prestación de servicios, lo cual demuestra que tal distinción no existía en la clínica, todos cumplían, en igualdad de condiciones, sus funciones, en los turnos asignados y como contraprestación

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 87034 recibían el mismo salario, sumado a que dicho documento fue suscrito por la Jefe de Recursos Humanos de la clínica. […]. PRUEBA N°6(sic): Correos electrónicos enviados por parte del director Médico de la CLÍNICA ATENAS, mediante los cuales se le impartía órdenes, instrucciones y se le informaba de actividades, capacitaciones y procedimientos a seguir a la Dra. JHOHANNA MEJÍA. (12 folios) Con estos correos electrónicos se prueban los hechos que tienen que ver con la existencia de la subordinación laboral de la demandante a favor de la demandada. PRUEBA N°7(sic): Circular RUAF -001 de fecha 8 de marzo de 2014, por medio del cual se convocó a una reunión de carácter urgente a todo el personal médico de la CLÍNICA ATENAS para establecer un plan de mejoramiento para los registros de las actas de defunciones debido a las inconsistencias presentadas en su diligenciamiento. Con este documento se evidencia que la

clínica demandada convocaba, con carácter urgente, a la Dra. Jhohanna Mejía, para que asistiera a capacitaciones “para establecer un plan de mejoramiento para los registros de las actas de defunciones”, al igual que a todos los médicos de la Clínica Atenas, a capacitaciones que eran organizadas por sus propios medios, en cuanto a modo, tiempo y lugar, lo cual ponen a la Dra. Jhohanna Mejía en igualdad de condiciones laborales respecto a los médicos de planta de la clínica, es decir, no solamente la clínica suministraba “todos los implementos como equipos médicos, quirúrgicos, drogas y demás que se requieran para la intervención en cada caso” (Clausula CUARTA del contrato de prestación de servicios), sino que la hacía partícipe de los planes de mejoramiento de los procedimientos internos de la clínica […]. PRUEBA N°8(sic): Circular RUAF 002 de fecha 26 de marzo de 2014, por medio de la cual se convoca a una capacitación de carácter urgente a todo el personal médico de la CLÍNICA ATENAS para establecer un plan de mejoramiento para los registros de las actas de defunciones debido a las inconsistencias presentadas en su diligenciamiento. Con este documento se prueba se evidencia que la clínica no solamente convocaba, con carácter urgente, a la Dra. Jhohanna Mejía, para que asistiera a capacitaciones “para establecer un plan de mejoramiento para los registros de las actas de defunciones”, al igual que a todos los médicos de la Clínica Atenas, […] PRUEBA N°9 (sic): Planillas (16 folios) que relacionan distintos

horarios impuestos a discrecionalidad de la entidad demandada a la demandante Dra. JHOANNA MEJIA HERNANDEZ, para prestar sus servicios como médico en la CLÍNICA ATENAS LIMITADA, lo que acredita la subordinación a que estaba sometido mi poderdante en virtud de su relación laboral, toda vez que tenía que cumplir con los horarios asignados.

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 87034 Advierte que la asignación de turno se hacía por igual frente a todos los médicos sin importar si estaban vinculados a la clínica por un contrato de trabajo o uno de prestación de servicios y, que no se acreditó que efectivamente tenía autonomía para modificarlos y/o ajustarlos. Respecto de la prueba testimonial acota que su estudio procede ante la configuración de yerros fáctico