CSJ - SL4711-2021

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL4711-2021 Radicación n.° 84092 Acta 34 Bogotá, D. C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por RAMÓN ELÍAS REALES MORALES, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, el veintiocho (28) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), en el proceso que instauró contra DRUMMOND LTD., donde se vinculó como llamado en garantía AIG SEGUROS COLOMBIA S. A., hoy

SBS SEGUROS COLOMBIA S. A.

I. ANTECEDENTES Ramón Elías Reales Morales llamó a juicio a Drummond LTD., con el fin de que se condenara al reconocimiento y pago de la indemnización total y ordinaria de los perjuicios de orden moral, fisiológicos y material en su doble concepto de daño emergente y lucro cesante.

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Radicación n.° 84092 Fundamentó sus peticiones, en que: i) nació el 23 de diciembre de 1949; ii) suscribió un contrato de trabajo para desarrollar la labor de mecánico, desde el 1.° de septiembre de 1997 hasta el 15 de marzo de 2007; iii) devengó un sueldo promedio de $3.845.994; iv) el 26 de marzo de 1997 y el 12 de mayo de 1998, cuando se le practicaron los exámenes

médicos periódicos, no se le determinó hernia discal; v) el 14 de junio de 1999 su empleador le realizó revisión ocupacional en el que se le dictaminó lumbalgia; vi) el 30 de julio de 2001 el Dr. Carlos García Mayorca, miembro de la unidad de salud de Drummond, lo remitió a la EPS por impresión diagnóstica con lumbalgia aguda – mecánica.

Expresó también que: vii) el 9 de junio de 2009 solicitó a la ARL Colseguros que le evaluara la PCL; viii) el 8 de abril de 2010 la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena, mediante Dictamen n.o 133910 calificó de origen común las patologías «Hernia Discal L3-L4, con canal estrecho multifactorial, protrusión L4-L5, cambios degenerativos L3L4,L4-L5,L5-S1»; ix) apeló el citado dictamen y el 14 de abril de 2011 la Junta Nacional de Calificación de Invalidez resolvió el recurso y estableció que la patología denominada «hernia discal L3-L4», era de origen profesional.

Agregó que: x) el 10 de mayo de 2011, peticionó a la ARL Colseguros la cuantificación de su porcentaje de pérdida de capacidad laboral y el 31 de marzo de 2012, le otorgó el 12,70 %; xi) la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico, finalmente estableció una PCL del 25,34 %; xii) la demandada incumplió con el deber contractual de brindarle

seguridad porque lo sometió a largas jornadas de trabajo en posiciones críticas, no le brindó la capacitación en salud ocupacional respecto de las labores que debía realizar y 2

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Radicación n.° 84092 desconoció el panorama de riesgos para efectuar una verdadera prevención de la enfermedad profesional que padece (f.o 1 a 11, cuaderno principal). Drummond LTD., se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó la relación laboral, sus extremos temporales, el salario, el cargo desempeñado y lo referente a los exámenes ocupacionales periódicos del 26 de marzo de 1997, 12 mayo de 1998, 14 de junio de 1999 y 30 de julio de

2001. De los demás, manifestó que no eran ciertos o no le constaban.

En su defensa, propuso las excepciones de mérito de «inexistencia de la enfermedad profesional al momento del retiro de la empresa DRUMMOND LTD», prescripción e «inexistencia de culpa por parte del patrono» (f.o 127 a 137, ibidem). AIG Colombia Seguros S. A., ante el llamado en garantía que le formuló Drummond LTD., admitido mediante providencia del 21 de marzo de 2014 (f.° 227, ibidem), se negó a las súplicas y de los supuestos fácticos expresó no constarle. Adujo que la fecha de estructuración de la PCL del actor fue el 8 de noviembre de 2011, data posterior al 15 de marzo de 2007, en la que finalizó su vinculación contractual con Drummond LTD; que la empleadora le brindó todas las

condiciones de seguridad y protección para ejercer sus funciones, sumado a las múltiples capacitaciones a las que asistió el señor Reales Morales. 3

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Radicación n.° 84092 Para resistir el ataque, elevó como excepciones perentorias las de «pérdida de la capacidad laboral se estructuró fuera de la relación laboral que existió entre el señor Ramón Elías Reales Morales y DRUMMOND LTD», «falta de prueba de culpa de DRUMMOND LTD. frente a la enfermedad profesional […]», inexistencia de los perjuicios reclamados y prescripción (f.° 235 a 259, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Laboral del Circuito de Ciénaga Magdalena, mediante fallo del 03 de marzo de 2015, absolvió a la enjuiciada y a la llamada en garantía de los pedimentos de la litis e impuso condena en costas a la parte activa (f. o 373, ib).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación del demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, a través de sentencia del 28 de septiembre de 2016, confirmó la del primer grado y condenó en costas al promotor del litigio

(f. o 13 CD y 14 a 16 acta, cuaderno del Tribunal). En lo que interesa al recurso extraordinario, estableció como problema jurídico determinar si la enfermedad profesional padecida por el accionante se originó por culpa de la dadora del empleo, toda vez que el recurrente en alzada

alegó que la empresa no cumplió con las normas de seguridad ocupacional, en el entendido de que dicho padecimiento ocurrió por la falta de medidas preventivas y de control. 4

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Radicación n.° 84092 Para resolver, dividió sus consideraciones en dos puntos: i) aspectos generales de la culpa patronal y, ii) el análisis del caso concreto. Con respecto al primero, mencionó que para que se predicara la culpa patronal se debían cumplir unos requisitos consagrados en el artículo 216 del CST: 1) la ocurrencia del riesgo, es decir, el accidente laboral o la enfermedad profesional y, 2) la culpa suficientemente comprobada del empresario, ello en virtud de que la responsabilidad tenía una naturaleza subjetiva, de modo que su establecimiento ameritaba, además de la demostración del daño a la integridad del trabajador con ocasión o como consecuencia de la prestación del servicio, la prueba del incumplimiento del dador de empleo a los deberes de protección y seguridad, según lo señalado en el canon 56 del CST y literal a) del precepto 2.º del Decreto 1295 de 1994, carga procesal del resorte del empleado afectado. Añadió que, cuando se imputaba al patrono una actitud omisiva como causante del infortunio o de la enfermedad, a éste le correspondía demostrar que no incurrió en la negligencia que se le endilga, aportando las pruebas de que sí adoptó las medidas pertinentes en dirección a proteger la salud y la integridad física de sus subordinados.

En lo atinente al segundo punto, aseveró que la enjuiciada no incidió en la culpa que se le atribuyó en el acaecimiento de la enfermedad profesional sufrida por el actor denominada «X Hernia Discal L5, S1», pues este acreditó las medidas de prevención y seguridad dirigidas a salvaguardar la salud de Ramón Reales. 5

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Radicación n.° 84092 Explicó que, a folios 151 a 153 del cuaderno principal, se encontraban unas misivas provenientes del departamento de seguridad industrial de la empresa Drummond LTD., firmadas por el promotor de la litis con fechas de recibido mayo de 1996, enero de 1998, septiembre de 2000 y marzo de 2001, en las que este último hizo constar: Declaro haber recibido el manual de reglas generales de seguridad industrial e higiene el cual me comprometo a leer y a aplicar con el fin de cumplir y colaborar con la prevención de accidentes, declaro haber recibido el manual de procedimiento, operación general y seguridad versión 001, el cual me comprometo a leer y a aplicar con el fin de cumplir los trabajos asignados de una forma segura y eficiente y colaborar con la prevención de accidentes. Adicionó que, con los elementos de convicción referidos, llegaba a la certeza que, para la época de ingreso del accionante a la compañía, no solo contaba con un departamento de seguridad industrial e higiene, sino además con un programa de salud ocupacional. Afirmó que se reforzaba lo anterior con los documentos visibles a folios 155 a 192 del cuaderno principal, que daban fe que Ramón Elías Reales recibió varios entrenamientos de

los que destacó: i) reglas generales de seguridad e higienetraumas musculoesqueléticos- (31 de marzo de 2001); ii) riesgos en el trabajo -prevención y riesgos cardiovasculares- (23 de junio de 2001); iii) accidentalidad, etiqueta y candado -prevención respiratoria- (1.º de noviembre de 2001); iv) refrescos de seguridad, traumas acumulativos (9 de febrero de 2002); v) identificación y control de riesgo -reanimación cerebro-cardiopulmonar- (13 de abril de 2002; vi) reporte e incidentes –factores de riesgo, enfermedades cardiovasculares- (18 de agosto de 2002); vii) análisis de accidentalidad y reconocimiento en riesgo –socialización 6

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Radicación n.° 84092 planes de emergencia- (22 de febrero de 2003); viii) análisis de accidentalidad y reconocimiento en riesgo (8 de diciembre de 2004); ix) actualización reglas generales de seguridad (8 de febrero de 2005); x) prácticas de seguridad en el trabajo (3 de mayo de 2005); xi) desempeño en seguridad (7 de septiembre de 2005) y, xii) objetivos de seguridad –reglas generales de seguridad- (22 de febrero de 2006). De igual manera, lo antedicho lo soportó en los testimonios y las declaraciones de parte recaudadas en el plenario, entre esas la de Marco Tulio Castro Castillo, representante legal de Drummond LTD., que cuando absolvió el interrogatorio relató: Mi representada tiene un programa de entrenamiento de prevención de accidentes y enfermedades profesionales el cual

consiste en tener charlas periódicamente con los trabajadores, hacerles entrega del panorama del riesgo, adicional a lo anterior, al inicio del turno los supervisores tienen el deber de hacer charlas a los trabajadores para prevenir accidentes y enfermedades profesionales, entre otras gestiones. Asimismo, analizó lo manifestado por el mismo actor, en la que aceptó que se le realizaban los exámenes médicos periódicos; que al salir del ente le hicieron el de egreso; que en ese momento no tenía ninguna patología de «hernia discal»; que se le entregaron los elementos de protección, le dictaron capacitaciones y, que manejaron su problema de salud como una «lumbalgia». Por otra parte, estudió los testimonios de: 1) Sergio Caballero, director de seguridad industrial de Drummond LTD., quién confirmó la realización de las capacitaciones y, 2) Álvaro Agustín Cantillo Ortega, médico laboral de la encausada, que declaró conocer la historia clínica, que realizaba los exámenes de control periódico y expuso que en 7

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Radicación n.° 84092 la compañía se manejaba un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, consistente en medicina preventiva y del trabajo dentro de las cuales se efectuaban chequeos de ingreso, de control periódico y de retiro en los cuales nunca se encontró la patología alegada por el iniciador de la presente acción. Por último, con respecto a la fecha de estructuración de la PCL, discurrió: […] además se verificó que la estructuración de la enfermedad del demandante acaeció con posterioridad a la terminación de la relación laboral circunstancia que con mayor razón llevan a la

Sala a descartar la responsabilidad de la demandada en el surgimiento de la pérdida o de la enfermedad citada o dicha con anterioridad, máxime si se considera que el mismo demandante confesó que la causa de la enfermedad pudo haber sido el resultado de un accidente de los acaecidos en la empresa, según lo referido por el médico laboral que lo declaró en ese sentido, contrariando así la exposición fáctica del libelo inicial que apunta a la responsabilidad empresarial por el incumplimiento de las normas sobre salud ocupacional y seguridad industrial, lo que quedó, reiteramos, sin piso ante el escrutinio probatorio realizado por la sala. Concluyó que la enfermedad padecida no se desarrolló como consecuencia de la desatención de la empleadora en sus obligaciones de protección y cuidado, antes, por el contrario, quedó suficientemente acreditado que sí adoptó las medidas pertinentes en dirección a proteger la salud y la integridad física de su operario, quedando con ello desvirtuada la responsabilidad plena y ordinaria en su acaecimiento.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el extremo activo, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que esta Corporación case en su totalidad la sentencia de segundo grado, para que, en sede de instancia, revoque la de primer orden y, en su lugar, se concedan todas las pretensiones de la demanda (f.° 6, cuaderno de la Corte).

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, los cuales fueron objeto de réplica y se

estudiaran en forma conjunta al denunciar el mismo elenco normativo y perseguir el mismo fin.

VI. CARGO PRIMERO Acusa al proveído de vulnerar la ley sustancial, por vía directa, en la modalidad de aplicación indebida de los cánones: […] 56 y 57 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 55, 199 al 226 del mismo estatuto; Decreto 1295 de 1994 artículos 21,56 y 1836, Decreto 1771 de 1994 artículo 12, Código Civil Art.1604, 2341, 2347, Decreto 2820 de 1974 artículo 13, Decreto 1972 del 8 de noviembre de 1995 artículos 14 y 15, Ley 153 de 1887 artículo 8.º en concordancia con el artículo 19 del CST, Resolución n.° 02400 de 1979 artículos 388 y 392, y la Resolución n.° 1016 del 31 de marzo de 1989.

Sustenta que: Yerra el Tribunal al afirmar que la enfermedad profesional padecida por el señor RAMÓN ELÍAS REALES constitutiva en hernia discal L5-S1 no se desarrolló como consecuencia de la desatención de la empleadora DRUMMOND LTD en sus obligaciones de protección y cuidado, ciertamente la presunción establecida en los artículos 56 y 57 del CST no exonera al trabajador demandante de demostrar la culpa del empleador en estos eventos, es decir, no lo exime, ello siempre que medie el cumplimiento de los deberes de protección del empleador en la aplicación y ejecución efectiva de los programas y subprogramas

de salud ocupacional. 9

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Radicación n.° 84092 […]. La empresa DRUMMOND LTD no allegó al plenario el manual de procedimiento de la actividad de mecánico Diésel, como medida de protección de la seguridad del trabajador y mucho menos le informó sobre los riesgos a los cuales puede estar expuesto en su lugar de trabajo lo que en últimas terminó generándole una patología de orden columnar. Alega que, de las pruebas arrimadas al expediente no se demostró un seguimiento específico para la patología «lumbalgia aguda-mecánica», la cual viene padeciendo desde el año 1999, según el informe de historia médica ocupacional, igualmente diagnosticada a partir del 30 de julio de 2001, por la división médica de Drummond LTD. Aclara que, si bien a folio 135 del cuaderno principal, se relacionan una serie de seminarios y capacitaciones dictadas, ninguno se circunscribe a lesiones de espalda o al nivel de columna, para el cargo que ostentaba y puntualmente las actividades que realizaba como mecánico diésel. Señala que, el galeno ocupacional de la sociedad Carlos García Mayorca, le diagnosticó «lumbalgia aguda y lumbalgia mecánica» en un examen periódico ocupacional de fecha 30 de julio de 2001, cuyo motivo de consulta fue «dolor en la espalda», por el cual ordenó manejo por EPS; que ante esta situación debía ser estudiada la patología naciente, ingresarlo en un subprograma de medicina preventiva o en su defecto implementar un seguimiento, de lo contrario se agrava la exposición del riesgo, actividad que no se realizó

como lo consagra el artículo 10 de la Resolución n.° 1016 del 31 de marzo de 1989. 10

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Radicación n.° 84092 Finalmente, asienta que el ad quem también se equivocó al decir que la data de estructuración de la enfermedad fue posterior a la terminación de la relación laboral, conforme al dictamen de la Junta Regional del Atlántico, puesto que se desconoce que la exposición al riesgo ha sido larga, como quiera que prestó sus servicios por más de 35 años a favor de la accionada realizando la misma actividad, lo que terminó agravando su situación, pues tenía que soportar varias horas en posiciones críticas y tiempos de pie y no se ejecutó ninguna acción para aminorar ese riesgo (f. ° 16 y 17, ibidem).

VII. CARGO SEGUNDO Ataca la decisión de alzada por la senda indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los preceptos: […] 56 y 57 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos en relación con los artículos 55, 199 al 226 del mismo estatuto; Decreto 1295 de 1994 artículos 21, 56 y 1836, Decreto 1771 de 1994 artículo 12, Código Civil Art. 1604, 2341, 2347, Decreto 2820 de 1974 artículos 13, Decreto 1972 del 8 de noviembre de 1995 14 y 15, Ley 153 de 1887 artículo 8 en concordancia con el artículo 19 del CST, Resolución n.° 02400 de 1979 artículos 388 y 392, y la Resolución n.° 1016 del 31 de

marzo de 1989. Atribuye al Tribunal la comisión de los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante adquirió una enfermedad de origen profesional con ocasión a la actividad realizada.

2. No dar por demostrado, estándolo, que hubo una desatención de los programas y subprogramas de medicina preventiva del trabajo por parte de la empresa demandada constituyendo una violación en sus obligaciones de protección y cuidado con el trabajador.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que la empresa demandada adoptó las medidas pertinentes en dirección a proteger la salud e integridad física de su operario.

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4. No dar por demostrado, estándolo, que la empresa demandada expuso al demandante a la ejecución de actividades sin protección alguna que incidiera directamente en la afectación de los discos de la columna.

Para la demostración del cargo, repite los mismos argumentos expuestos en el primer embate (f. ° 17 a 19, ibidem).

VIII. RÉPLICA

AIG Seguros Colombia S. A., hoy SBS Seguros Colombia

S. A. se opuso a la prosperidad del recurso. Relata que la violación directa por concepto de aplicación indebida de una serie de disposiciones, exige que el impugnante de manera concreta señale cuáles son los apartados legales que acusa y explique en qué consiste la transgresión, realizando un despliegue de razones en las que exponga las equivocaciones en que incurrió el Colegiado al emplear una norma jurídica distinta a la que recoge el análisis fáctico del proceso,

argumentación que brilla por su ausencia en el examine. Añade que los reparos formulados por el impugnante en el primer ataque hacen referencia únicamente a yerros probatorios, dejando de lado el examen sustancial propio de la modalidad invocada y los fundamentos que sustentan el por qué se afirma que los cánones señalados han sido indebidamente aplicados por el juzgador.

Resalta lo expuesto así: […] En efecto, se puede apreciar que el casacionista no realiza ningún juicio exclusivamente legal del que pueda apreciarse que la norma sustancial aplicada por el Honorable Tribunal fue indebida, sino que acude a los hechos, pruebas y actos procesales que fueron desarrollados durante esa instancia para

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Radicación n.° 84092 fundamentar su recurso extraordinario […]. En punto de tales apreciaciones, es importante anotar, que las mismas no encajan dentro de los linderos conceptuales propios del cargo por vía directa. Por el contrario, su contenido se acompasa mejor con las connotaciones propias de la violación por vía indirecta, en atención a que los reproches que realiza corresponden a la valoración del material probatorio realizado por el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta y no a la aplicación indebida de los artículos mencionados. En el caso que nos ocupa, el casacionista dirige su discurso argumentativo en contra de una serie de reflexiones de corte probatoria, los cuales, al ser propios de otra causal de casación diferente a la invocada, han de ser examinados a la luz del cargo de apreciación indebida por vía indirecta. De lo anterior se evidencia también que los argumentos

presentados por el recurrente en la demanda de casación son propios de alegaciones de instancia en los cuales las partes exponen una serie de argumentos con el fin de desvirtuar lo esbozado por su contraparte o incluso, por el juzgador de instancia, al pretender que la decisión proferida por el Honorable Tribunal del Distrito Judicial de Santa Marta sea revisada en sede de casación por no estar de acuerdo con la misma […]. Con relación a la segunda acometida, reitera que no es suficiente que el censor simplemente muestre su oposición a la perspectiva definida por el Colectivo, pues el esfuerzo argumentativo debe ir mucho más allá y denotar ostensiblemente las inocultables equivocaciones valorativas y apreciativas que tuvo el sentenciador de segunda instancia. Revela que el cargo falla en demostrar las graves y transcendentes faltas de hecho en los cuales sostiene la causal propuesta, habida cuenta que simplemente se limita a exhibir una serie de discrepancias respecto de los razonamientos esgrimidos por el Tribunal, pero en modo alguno denota que los mismos resulten tan arbitrarios o caprichosos que no resistan el más mínimo examen de sensatez.

Suma que: 13

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Radicación n.° 84092 […] se limita el recurrente a realizar una serie de afirmaciones en las que indica que el juez de alzada dio por demostrados hechos sin estarlos y adicionalmente, que no dio por demostrados otros habiéndolo estado, incumpliendo por completo la carga probatoria que le asiste en esta oportunidad procesal para que el recurso pueda resolverse de manera favorable.

En lo que concierne a la responsabilidad de Drummond LTD en la enfermedad profesional aludida, narra que: […] no se demostró que DRUMMOND LTD incurrió en inobservancia de los art 56 y 57 del Código Sustantivo del Trabajo o de las demás normas enunciadas en este caro, al paso que tampoco demostró el actor la existencia de una culpa suficientemente probada del empleador, de lo cual se desprende únicamente que la decisión debe permanecer incólume. Decisión en la cual no se avista ningún tipo de error evidente ni mucho menos trascendental, pues tanto las consideraciones esbozadas, así como la decisión proferida fue acertada y se fundamentó en el extenso material probatorio allegado al proceso. Luego de reseñar las pruebas documentales, interrogatorios y testimonios, arguye que «no se encuentran satisfechos los requisitos necesarios para demostrar que el fallador incurrió en un error de hecho por vía indirecta, pues los alegatos de la parte recurrente […] se limitan a meras opiniones subjetivas atinentes a la valoración probatoria acometida por el ad quem» careciendo de la fuerza de convicción necesarias para denotar deslices arbitrarios o manifiestos en las conclusiones probatorias verificadas por el organismo de alzada (f.º 22 a 39, ibidem). Drummond LTD., insiste que en la primera acusación se trata de un ataque fáctico propio de las instancias, entremezclado con algunas consideraciones de derecho y el segundo se encamina por el camino de los hechos, pero no se atacaron las principales conclusiones del Juez de apelaciones en razón a que:

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Radicación n.° 84092 […] no se debatió, ni, claro está, desvirtuó, el verdadero cimiento de hecho de la sentencia de segunda instancia. Es que el juez colegiado se basó, entre otros, en el interrogatorio del demandante, las capacitaciones recibidas por el actor (folios 155 al 192 del primer cuaderno del expediente), los testimonios de Álvaro Agustín Cantillo Ortega y Sergio Alejandro Caballero Baute, la demanda (inicial), la sustentación del recurso de apelación, el interrogatorio del representante legal de Drummond Ltd., los manuales de seguridad industrial e higiene de Drummond Ltd. Por lo anterior, interesa recordar a la Corte que para la prosperidad del recurso de casación es necesario que el recurrente controvierta todos los fundamentos de hecho o de derecho en que se basa la sentencia acusada, pues nada conseguirá si ataca razones distintas de las expresadas por el Tribunal como soporte de la decisión impugnada, o apenas alguna de ellas. Finalmente, razona que en el caso de que no se tuviesen en cuenta las fallas técnicas que presenta, también fracasaría el embate acorde a que en ninguno de los exámenes médicos periódicos practicados se le dictaminó una enfermedad profesional (f.º 46 a 49, ibidem).

IX. CONSIDERACIONES Como ha reiterado la Corte en muchas ocasiones, la demanda de casación debe ajustarse al estricto rigor que su planteamiento y demostración exigen, respetando las reglas fijadas para su procedencia, pues una acción de esta naturaleza está sometida en su formulación a una técnica

especial, que, de no cumplirse, conlleva a que el recurso extraordinario resulte inestimable, con lo cual hace imposible el estudio de fondo del cargo. En cuanto a la materia, esta Sala en proveído CSJ SL5798-2018, sostuvo: […] debe reiterar la Sala que la demanda de casación debe ajustarse a los requisitos de técnica previstos en las normas procesales que la regulan, a fin de que se pueda estudiar de fondo; esos requerimientos de técnica no constituyen un culto a la forma, sino que son ingredientes jurídico-lógicos de la racionalidad del recurso, que estructuran el debido proceso, por 15

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Radicación n.° 84092 lo que no se pueden soslayar, toda vez que tal situación puede conducir a que el recurso extraordinario resulte infructuoso. Visto lo anterior, encuentra la Corporación que, en el sub lite les asiste razón a los opositores, habida cuenta que las exigencias de orden técnico no se cumplieron en su integridad, como se refleja a continuación: El cargo primero. Encauzado por la vía directa, supone que el censor admite las conclusiones a las que llegó el Colectivo al evaluar las pruebas, por lo que el ejercicio de confrontación de la sentencia con la ley excluye toda referencia a la valoración de los medios de convicción. No obstante, en el ataque se invita a la revisión del caudal probatorio, en la medida que alega que en el plenario no hay elemento demostrativo del manual de procedimiento de la actividad de mecánico diésel como medida de seguridad del trabajador; que no se informó sobre los riesgos a los

cuales pudo estar expuesto; que no se realizó un seguimiento específico para las patologías lumbalgia aguda-mecánica la cual padece desde el año 1999 según la historia médica ocupacional del 30 de julio de 2001; que no recibió capacitación específica a lesiones de espalda a nivel de columna y para las funciones que debía desempeñar en su cargo y, que la labor ejecutada por más de 35 años a favor de la sociedad, realizando la misma actividad, terminó agravando el riesgo dado que tenía que soportar varias horas en posiciones críticas y tiempos de pie. Efectivamente, para verificar todos estos cuestionamientos, sería necesario examinar el contrato 16

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Radicación n.° 84092 suscrito entre las partes y sus condiciones, indagar sobre la existencia en autos de informes, procedimientos, manuales, historia ocupacional, entrenamientos, cursos, charlas, estudio del puesto de trabajo o declaraciones que den cuenta de todo lo referente a la patología padecida con relación al cargo y sus exigencias, lo cual es extraño a la senda jurídica elegida para el asalto. Al respecto, esta Sala en providencia CSJ SL4339-2020, indicó: Hay que destacar que, si el ataque se erige por la vía directa, concierne a aspectos jurídicos, es decir, a la premisa normativa, mientras que si se hace por la indirecta atañe a los hechos relevantes al pleito y a su demostración, de manera que, al tratarse de tópicos excluyentes, su formulación debe hacerse por separado, en cargos independientes, sin incurrir en

combinaciones inapropiadas. Por otro lado, es de recordar que se comete el sub motivo de aplicación indebida, cuando el fallador, pese a realizar una hermenéutica apropiada, incurre en el error de aplicarla a un hecho no previsto por ella, hacerle producir efectos distintos a los contemplados o extralimitar su ámbito de vigencia temporal o cercenarla. En todo caso, requiere que utilice una norma que no regula el caso, en desmedro de las que sí debía emplear para examinar el asunto (CSJ SL, 27 mar. 2007, rad. 30377, reiterada CSJ SL11862-2017 y SL3118-2019, entre otras). No obstante, en el examine el Colegiado no pudo ejecutar dicha vulneración con respecto a los artículos 56, 57 y 216 del CST; 21 y 57 del Decreto 1295 de 1994, ya que resulta claro que sí son las que disciplinan la controversia, porque se está en presencia de una pretensión por indemnización plena de perjuicios derivadas de la culpa del 17

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Radicación n.° 84092 empleador, por incumplimiento de obligaciones de protección y seguridad. Por ende, no se le puede atribuir al juzgador yerro alguno en ese sentido. Frente a esa impropiedad, en las decisiones CSJ SL, 27 mar. 2007, rad. 30377, reiterada en CSJ SL, 16 mar. 2010, rad. 33512; CSJ SL3895-2019, citadas en la CSJ SL148-2021, la Corte instruyó: Cuando el concepto de aplicación indebida se denuncia por la vía

directa, significa esencialmente que el juzgador decidió la controversia con normas que no regulan el caso; de ahí que resulte un verdadero contrasentido que se endilgue al ad quem dicho error con respecto de las normas anotadas, cuando es evidente que era justamente con esas disposiciones que debía definir cuáles eran los puntos que debía examinar al resolver el recurso de apelación. Ahora, tampoco se le puede endilgar equivocació