CSJ - SL485-2023

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Sala de Descongestión N. 3 JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente SL485-2023 Radicación n.°94899 Acta 8 Bogotá D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por JORGE EDUARDO DUARTE GARCÍA, GLORIA CONSUELO VÉLEZ MEDINA, en nombre propio y en representación de ADV y ADV., contra la sentencia proferida el 25 de junio de 2019, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá DC, en el proceso que adelantaron contra OCCIDENTAL DE

COLOMBIA LLC - hoy - SIERRACOL ENERGY ARAUCA

LLC.

I. ANTECEDENTES Jorge Eduardo Duarte García y Gloria Consuelo Vélez Medina, en nombre propio y en representación de sus menores hijas ADV y ADV, demandaron a Occidental de Colombia LLC - hoy - Sierracol Energy Arauca LLC (f.°3 a 34,

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Radicación n.°94899 subsanada a f.°217 a 249), para que se declarara que: entre el primero y Occidental de Colombia LLC., existió un contrato de trabajo a término indefinido; que terminó en forma unilateral; la llamada ajuicio les ocasionó perjuicios morales y daños a la vida de relación; por lo cual, «está obligada a la reparación plena de perjuicios, ante la existencia de enfermedades profesionales ocasionadas al demandante JORGE EDUARDO DUARTE GARCÍA», debían repararse los

perjuicios morales, «emocionales», y «psicológicos». Consecuencialmente se solicitó condenarla a pagarles: A «JORGE EDUARDO DUARTE GARCÍA (...) la indemnización total y ordinaria por la culpa suficientemente comprobada en la ocurrencia de las enfermedades profesionales en cuantía (...)»; los perjuicios morales y el daño a la vida de relación. A Consuelo Vélez Medina, y a las menores de edad, los perjuicios morales, «los perjuicios emocionales»; y los «perjuicios de salud (psicológicos)», exigieron que todas las sumas objeto de condena fueran indexadas. En lo que interesa al recurso extraordinario, como sustento de las peticiones narraron que Jorge Eduardo Duarte García, prestó servicios a Occidental de Colombia LLC, desde el 20 de enero de 1986 hasta el 31 de agosto de 2011, cuando la empleadora terminó el vínculo sin justa causa.

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Radicación n.°94899 Narraron que desde la fecha de la llegada de Nigel Hopkinson, como presidente de la empresa, a mediados de 2009, se «presentaron una serie de hechos violatorios», de los derechos del asalariado, de los que destacaban la descalificación de las propuestas y las soluciones que planteaba para resolver inconvenientes con Ecopetrol y Repsol. Refirieron una serie de correos donde se plasmaban las desavenencias entre Jorge Duarte García y Nigel Hopkinson, subrayaron que este lo acusó de «violar las políticas de la empresa, por abusar del uso de los taxis, de las cuentas de gastos de viajes y de tomar cerveza al almuerzo, durante los

almuerzos que se hicieron con personas de Ecopetrol», sumado a que el aludido presidente afirmó que falsificaba documentos. Enunciaron que siendo trabajador, el 30 de mayo de 2011, solicitó 2 investigaciones, una concerniente a las acusaciones que Hopkinson le hacía; y otra, sobre el acoso laboral del que era víctima, sumado a que no existían actas del comité de convivencia por alguna investigación derivada del tal conducta ilegal. Enunciaron que el 23 de junio de 2011, el asalariado le escribió a Nigel Hopkinson, «manifestándole que debido al desbalance de fuerzas y posiciones entre ellos, veía con preocupación su seguridad y la de su familia».

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Radicación n.°94899 Destacaron que el 28 de julio de 2011, Duarte García, sostuvo una reunión con «Recursos Humanos», en los Estados Unidos de Norte América, pero en lugar de hablar del acoso del que era víctima, lo amenazaron con que lo iban a investigar por un supuesto acoso sexual, con lo que trataron de intimidarlo para que se fuera de la compañía, lo que afectó su relación familiar con esposa, hijas y su reputación laboral. Narraron que el trabajador regresó a Colombia a la media noche del 29 de julio, y pasadas las 8 a.m., del 30 de del mismo mes y ario, «es despertado por una persona de seguridad de OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC, que llega a su casa, para que le firme una carta en la que le comunican que entra en una licencia remunerada a partir del día 1 de agosto de 2011 y hasta nueva orden». Agregaron, que la visita de

esta persona, «causa confusión, conmoción y traumas sicológicos a la señora Gloria Consuelo Vélez y sus hijas (...) por la intromisión a su espacio personal de personas ajenas a su entorno y sin ninguna autorización», pues interpretaron que la encartada, les estaba «enviando un mensaje de lo fácil que era llegarles y que estaban identificados». Enunciaron que quien llevó la aludida carta era un contratista externo del área de seguridad, a partir de ese momento las niñas empezaron a vivir atemorizadas, de pensar que a sus padres o a ellas les pudieran hacer daño, la menor no podía dormir en su cuarto. Dijeron que el 15 de agosto de 2011, Duarte García, dialogó por teléfono con personal de Houston, le ofrecieron

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Radicación n.°94899 llegar a un acuerdo, pero él no aceptó porque la suma era inferior a la legal, pero el 29 de agosto del mismo ario, la Gerente de Recursos Humanos le informó que la empresa decidió terminar su contrato, por lo que debieron encontrarse en un centro comercial para que le entregaran la carta correspondiente; el 31 de agosto de 2011, recibe en las oficinas la liquidación, junto con un cheque y quedan pendientes algunos pagos. Mencionaron que «quedó abierta la posibilidad que le pagaran un dinero adicional», y efectivamente Occidental de Colombia, sufragó la liquidación y «una suma adicional a la indemnización, que la empresa canceló directamente en el Fondo de Pensiones», pero casi 4 meses después de terminado el vínculo, «la empresa está reclamando (...) la

suma que como bonificación le canceló ella directamente en el Fondo de Pensiones». Para concluir, describieron que Duarte García, no podía conseguir trabajo, debido a que en el medio en el que se desenvolvió laboralmente, circularon rumores sobre la forma en que ocurrió su retiro; además de terminar con una hipoacusia, generada por el desplazamiento continuo en helicóptero para poder cumplir su labor. Occidental de Colombia LLC - hoy - Sierracol Energy Arauca LLC, se opuso a las pretensiones, excepto a que se declarara que existió un contrato de trabajo que terminó sin justa causa (f.°821 a 851).

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Radicación n.°94899

De los hechos aceptó: los extremos del contrato; la terminación sin justa causa; la solicitud que Duarte García, elevó para que se adelantaran investigaciones; que al demandante se le solicitó que viajara a una reunión a los Estados Unidos de Norte América, a la casa matriz de la empresa; y la reunión en un centro comercial.

En su defensa, narró que sufragó a Duarte García todas sus acreencias laborales, toda vez, que devengaba un salario integral equivalente a 72.2 veces el salario mínimo, es decir, para el ario 2011 una suma de $38.668.000. Destacó que no hubo conductas de acoso laboral, toda vez, que las investigaciones que se adelantaron, fueron debido a que Duarte García, violó las políticas de transporte urbano, pues utilizaba los servicios de taxis que suministraba la compañía, para actividades personales, ajenos al cargo, al igual que trasgredió la política relacionada con el consumo de alcohol. Resaltó que el aludido accionante,

pidió que se iniciaran 2 investigaciones: la primera, atinente a algunas conductas que le estaban endilgando; y la segunda, por el acoso laboral que atribuía a Nigel Hopkinson y de las que él era víctima. Refirió que, ante el interés de investigar las conductas descritas, designó a una integrante del equipo de recursos humanos de la casa matriz con sede en los Estados Unidos

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Radicación n.°94899 de Norte América, y como resultado de esa investigación, encontró: sobre la política de transporte 27 casos en los que la información no era clara; que no fue acosado laboralmente; y ola compañía obtuvo declaraciones sobre aparentes conversaciones inapropiadas del Demandante con dos empleadas de la compañía, respecto a su vida íntima, sexual y amorosa, al hacerles preguntas salidas de contexto (...) sobre su privacidad e intimidad (...)». Aseveró que la liquidación final, arrojó un monto de $1.358.290.836, de los cuales $1.327.034.203, correspondían a la indemnización legal, pero el accionante pidió que el 30% fuera consignado al fondo de pensiones, lo que condujo a que se depositara un monto de $416.237.361, pero por error, fue consignado 2 veces, sin embargo, al ser requerido, él no accedió a devolverlo. Como excepciones de mérito, propuso prescripción y compensación, así como las que llamó: actuación conforme a derecho, pago de la indemnización legal por terminación del contrato, falta de prueba idónea en relación con los perjuicios, ausencia de nexo de causalidad entre la supuesta culpa y el daño y la reparación plena, inexistencia de los

perjuicios y desmesura en su tasación, temeridad de la demanda, actuación indebida del demandante, buena fe, cobro de lo no debido, y enriquecimiento injusto. En escrito independiente, presentó demanda de reconvención en contra de Jorge Eduardo Duarte García

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Radicación n.°94899 (f.°782 a 790), en la que solicitó: se declarara que: la liquidación final de acreencias laborales que la empresa sufragó al reconvenido, ascendió a la suma bruta de $1.358.290.836; que por un error la sociedad entregó además del anterior dinero, una suma de $416.237.361; 4..4 el pago del monto adicional de la suma bruta (...) se efectuó a través de la consignación de dicha suma en la cuenta de aportes voluntarios del reconvenido (...)»; que el aludido dinero no forma parte de las acreencias laborales a las que tenía derecho el reconvenido, ni fue ofrecido por la empleadora, por lo que se trata un pago de lo no debido; el extrabajador no devolvió el citado dinero; hubo mala fe del llamado en reconvención; y que adeudaba los intereses corrientes. Consecuencialmente, pidió que fuera condenado a pagar a Occidental de Colombia $416.237.361, los intereses corrientes, moratorios y las costas. Como fundamento fáctico de la petición, en esencia, repitió lo dicho en la contestación de la demanda, es decir, que por error consignó 2 veces la misma suma de $416.237.361, inicialmente el 2 de septiembre de 2011, pero

al no ser retirada de la nómina esta cantidad, se volvió a depositar el 30 de septiembre del mismo ario. Jorge Eduardo Duarte García, dio respuesta a la demanda de reconvención (f.°1047 a 1058), se opuso a las pretensiones relacionadas con la devolución del dinero aludido, pues «nada se opone a que los empleadores otorguen beneficios porf uera de la ley». De los hechos que interesan al

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Radicación n.°94899 litigio aceptó: que en septiembre de 2011, la compañía pagó 2 veces un monto de $416.237.361. En su defensa argumentó que no existía ninguna razón para considerar que lo pagado de manera voluntaria por la empresa hubiese perdido su causa y razón de ser, unido a que en el derecho laboral no existe norma alguna que exija alguna solemnidad para la entrega o aceptación de una bonificación, pues los beneficios adicionales a los mínimos pueden ser entregados sin requisitos de solemnidad. Anotó que la sociedad demandada «no solo ofreció una remuneración adicional a la terminación del contrato, sino que efectivamente la pagó mediante consignación efectuada en la cuenta individual de pensiones (...)». Listó la excepción de compensación, y las que denominó: falta de causa y título para pedir, inexistencia de la obligación reclamada, cobro de lo no debido, y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá DC, concluyó el trámite y emitió fallo el 14 de marzo de 2019 (CD. f.°1369), en el que decidió:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda formulada por los señores JORGE EDUARDO DUARTE GARCÍA (...) y absolver de las mismas a la demanda OCCIDENTAL DE

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Radicación n.°94899 COLOMBIA LLC, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR probadas las excepciones de falta de prueba idónea en relación con los perjuicios materiales y morales supuestamente sufridos, ausencia de nexo de causalidad entre la supuesta culpa y el daño, y reparación plena de perjuicios, inexistencia de los perjuicios reclamados y desmesura en su tasación, cobro de lo no debido, formulados por la demandada Occidental de Colombia LLC, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de reconvención formulada por la demandada Occidental de Colombia LLC y ABSOLVER de las mismas al demandado en reconvención JORGE EDUARDO DUARTE GARCÍA, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: DECLARAR PROBADA la excepción de falta de causa y título para pedir, formulada por el demandado en reconvención (• • •) .

QUINTO: CONDENAR en costas a los demandantes en la suma de (...) CONDENAR en costas a Occidental de Colombia LLC a favor del demandado en reconvención (...).

Disconformes, los promotores del proceso y la demandante en reconvención apelaron.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Para resolver los recursos, la Sala Laboral del Tribunal

Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, profirió fallo el 25 de junio de 2019 (CD a f.°1375), en el que dispuso: PRIMERO: REVOCAR los puntos TERCERO y CUARTO del fallo apelado, para en su lugar CONDENAR al demandado en reconvención JORGE EDUARDO DUARTE GARCÍA a reintegrar a SCLAJPT-10 V.00 lo Radicación n.°94899 la demandante en reconvención OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC, la suma de $416.237.361, la que deberá ser indexada desde el 30 de septiembre de 2011 y hasta que se verifique el pago de la obligación.

SEGUNDO: REVOCAR el punto quinto del fallo apelado, únicamente en cuanto condenó a OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC a pagar las costas de la demanda de reconvención.

TERCERO: CONFIRMAR en los demás el fallo apelado.

CUARTO: sin costas en esta instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, invocó el artículo 66A del CPTSS, resaltó que la parte actora argumentó de «manera genérica que las situaciones de acoso laboral están demostradas con la documental», pero de los «1350f olios no especifica aquellos en los que se evidencian las circunstancias alegadas, las cuales en todo caso tampoco son indicadas de manera puntual, en consecuencia la sala solamente se ocupará verificar si se configuraron situaciones de acoso en los dos puntos individualizados en el recurso», es decir, «la visita de personal de la empresa en la residencia del demandante y de su familia y el mal nombre que alega se le

hizo en el sector de hidrocarburos». Procedió al análisis de los 2 puntos, y expresó: «al absolver interrogatorio de parte el representante legal de la demandada occidental de Colombia señor Juan Carlos Ucrós Rodríguez, confesó que envió a la residencia al actor al Señor Darío Niño», con el objetivo que le entregara una comunicación mediante la cual la empresa le concedió una licencia remunerada al actor, a partir del 1 de agosto de 2011

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Radicación n.°94899 (f.°870) y que la misiva fue recibida por el promotor del litigio a las 8:30 a.m. A continuación, manifestó: (...) estima la Sala que dicho evento no se configura ninguna circunstancia que hubiese podido generar zozobra, un malestar en la salud y en las psiquis del trabajador o su familia pues quien entregó la comunicación, señor Darío Niño, era conocido por la familia pues fue su conductor en días anteriores cuando se han presentado inundaciones en la sabana de Bogotá ya que transportó a la demandante gloria Consuelo Velázquez Medina y a sus hijas, estas últimas al colegio, a diario pues asilo confesaron los demandantes. En todo caso el interrogatorio de parte absuelto por la demandante puede concluirse con facilidad que el emisario no irrumpió en la vivienda ni siquiera cruzó el umbral de la puerta no la amenazó ni exhibió armas solo le hizo entrega de la comunicación, es más confesó que ella dijo le dijo a él que esperara y luego le entregó la carta firmada por su esposo. Señaló que aunque el demandante al absolver interrogatorio de parte afirmó que temía por su vida y por la

seguridad de su familia, por la información que poseía de la empresa y de los manejos que esta tenía, «lo cierto es que en el presente proceso no se demostró algún constreñimiento amenaza o uso de la fuerza o violencia fisica contra el demandante o su familia». Luego refirió que en la apelación la parte actora había alegado que con el dictamen pericial se demostraban los perjuicios ocasionados y que este se fundó en pruebas documentales, pero en criterio del ad quem, al revisar el dictamen pericial (f.° 1251 a 1318), «no se observa que en efecto para emitir el peritazgo se haya acudido a alguna prueba

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Radicación n.°94899 documental solo las entrevistas realizadas a la demandante (...) y a sus hijas (...)». Expuso que en este recurso, los accionantes alegaron que es demostrativo de las circunstancias de acoso, que al demandante se le hizo mal nombre en el medio de los hidrocarburos, pero para la Sala «esta es apenas una apreciación del demandante pues no aparece probado en el proceso que occidental de Colombia haya emitido algún comunicado de manera particular o general», en el que se informara a sus socios comerciales, proveedores o al público, sobre la salida de la empresa Duarte García, con el ánimo desprestigiarlo. Adicionalmente, al absolver interrogatorio de parte, «Jorge Eduardo Duarte García, confesó que como un año luego de la terminación del contrato a través de Ecopetrol trabajó en Perú», por ende, si con posterioridad a la finalización del contrato y gracias a su buen nombre y a su experiencia pudo

vincularse laboralmente, esto refrendaba que no hubo actividades de desprestigio por parte de la compañía. Por lo estudiado, concluyó: «la parte actora (...) no demostró que la demandada a través de sus directivos o representantes hubiese desplegado conductas encaminadas a infundir miedo, intimidación, terror y angustia o a causar perjuicio laboral», por lo que no eran procedentes los perjuicios reclamados, toda vez, que de acuerdo con la Sala de casación Civil, según fallo CSJ SC10297-2014, para que el daño sea reparable, debe ser real, no hipotético.

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Radicación n.°94899 Procedió a estudiar el recurso de apelación de la sociedad demandante en reconvención, quien sostuvo que había sufragado a Duarte García, por error dos veces algo más de 416 millones de pesos, por algo que no debía, por tanto, se los debía reintegrar indexados. Expuso que estaba demostrado que: Occidental de Colombia, a la terminación del contrato, sufragó al accionate, la liquidación final, incluida la indemnización por despido; el 2 de septiembre de 2011 realizó un depósito a la cuenta de pensiones voluntarias del actor, por la suma de $416.237.361; y el 30 de septiembre realizó un nuevo pago por el mismo valor y a la misma entidad (f.°880-881). Enunció que «Duarte García, al absolver interrogatorio de parte, confesó que recibió el doble pago y que estimó que el segundo depósito correspondía al pago de los perjuicios que le habían ocasionado a él y a su familia», pues Marlene

Bustamante le había dicho que estaban pensando en la posibilidad de darle más dinero. Luego dijo, no obstante lo anterior, «estima la sala que es claro que la empresa depositó en favor de Duarte García por error la suma de $416.237.361», pues el monto era idéntico al inicialmente consignado, con el mismo destino, y porque resultaba improbable que la sociedad girara esa cantidad sin que mediara un acuerdo llevado a escrito que así lo estipulara y no había prueba de un ofrecimiento de Marlene Bustamante.

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Radicación n.°94899 En consecuencia, «habiéndose probado que el demandante recibió una suma de dinero que no tenia derecho a recibir, el segundo pago idéntico girado a suf ondo voluntario de pensiones debe ser entonces condenado a reintegrar dicha suma», debidamente indexada.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por los demandantes, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Se solicita la casación del fallo de segundo nivel, y en sede de instancia se proceda a «revocar los puntos primero, segundo y quinto de la sentencia proferida por el Juzgado 27

Laboral del Circuito de Bogotá (...) en cuanto absolvió a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra», y declaró probadas las excepciones, para que en su lugar, se condene a la encartada según lo requerido en la demanda y se confirmen «los puntos tercero, cuarto y quinto de la mencionada sentencia, éste último solo en cuanto condenó en costas a la parte demandante en reconvención».

Con el señalado propósito, sustenta tres cargos, que recibieron réplica y se estudian a continuación.

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Radicación n.°94899

VI. CARGO PRIMERO Por la vía directa acusa interpretación errónea de los artículos 66, 66A del CPTSS, como violación medio que lo condujo a «dejar de aplicar», los artículos 1, 5, 13, 15, 21, 25, 48, 53 y 228 de la CN, 9, 10, 14, 23 literal b), 55, 56, 59 numeral 9, 64, 216, y 348 del CST.

En el desarrollo menciona que el colegiado de instancia «resolvió obviar el estudio del meollo del asunto como lo era el determinar que antes y a la terminación del vínculo laboral con el demandante (...) la demandada le ocasionó a él y a su familia perjuicios morales y de su vida en relación», junto con una enfermedad profesional, por lo que debieron recibir la indemnización plena y ordinaria de perjuicios, sin embargo el ad quem, arguyó que «solamente se ocupará de verificar si se configuraron situaciones de acoso en los dos puntos individualizados en el recurso, esto es, la visita de personal de la empresa a la residencia del demandante y su familia y el mal nombre que alega se le hizo en el sector de los hidrocarburos». Anota que el juzgador de segundo grado, hizo exigencias no contenidas en el artículo 66 del CPTSS, so pretexto de observar el principio de consonancia del articulo 66A ejusdem, no analizó el recurso de apelación en su integridad.

A renglón seguido aduce que una vez dictada la sentencia, se concedió a las partes 15 minutos para

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Radicación n.°94899 interponer el recurso, y en el término de los 7 minutos de la parte activa, se realizó la sustentación oral «con los puntos estrictamente necesarios para establecer que tanto por la forma como se produjo la terminación del contrato de trabajo con el extrabajador (...) como por los hechos sucedidos con anterioridad a dicha terminación, a los demandantes se les ocasionaron perjuicios morales y de la vida en relación», y existían pruebas para establecer el nexo causal, como «lo fueron la documental en su totalidad, el único testimonio recibido a favor de la parte demandante», así como «el documento médico que da cuenta del tratamiento a la familia» y el dictamen pericial. Invoca el artículo 66A del CPTSS, refiere que el ad quem no entendió adecuadamente ese canon, pues «impuso una carga de la sustentación como era la de señalar uno a uno los documentos allegados con la demanda para proceder al estudio de la apelación como fue formulada», apunta que la exégesis correcta del aludido precepto, a la luz de la jurisprudencia, consiste en que «es obligación del recurrente sustentar el recurso de apelación, manifestando la parte de la providencia que debe ser modificada o revocada, como una forma de limitar el ámbito de competencia del superior», lo que en criterio de la censura cumplió, porque se apeló para que la sentencia fuera revocada en cuanto absolvió a la demandada de la totalidad de las pretensiones.

Menciona que, si el Tribunal hubiese comprendido correctamente el artículo 66A del CPTSS, no se habría negado a estudiar todos los hechos en los que se cimentaban

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Radicación n.°94899 las pretensiones y las pruebas, dado que «en la apelación se había solicitado el estudio de todos los documentos, al mencionar la 'documental', del testimonio del único testigo que acudió por la parte demandante, del documento médico que atendió a la familia entera (...) y del dictamen pericial». Refiere que de acuerdo con la Corte Constitucional, las normas procesales deben interpretarse de manera que privilegien el acceso a la administración de justicia, por lo que esa actuación se orienta manera favorable, e insiste en que para apelar le fue otorgado un tiempo muy reducido, dice que fueron 3 minutos, con lo que se impidió que se cumpliera el objetivo del artículo 29 de la CN. Sostiene que es contrario a la Constitución Política, entender que el principio de consonancia excluye la protección de los derechos mínimos e irrenunciables, que deben ser protegidos «aún cuando los motivos de su violación no hayan sido sustentados al interponer el recurso», pues se desconocerían los artículos 48, 53 y 228 de la CN y alude a dos párrafos del fallo CSJ SL5159-2018. Para concluir argumenta que en este asunto existen derechos mínimos e irrenunciables, lo que obligaba al sentenciador «al estudio total del meollo».

VII. RÉPLICA Defiende el entendimiento que el juez de segundo grado dio al principio de consonancia, pues no exigió como

erróneamente lo argumenta la parte activa, que mencionara

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Radicación n.°94899 una a una las pruebas, pero sí debía explicar cuáles fueron las acciones u omisiones de la compañía constitutivas de acoso laboral, los medios probatorios que demuestran los daños y el nexo causal.

VIII. CONSIDERACIONES Inicialmente se debe destacar que no obstante que el libelista seleccionó la vía de puro derecho, acude a remembranzas probatorias para defender su tesis, como cuando cita que para la sustentación solo le concedieron 15 minutos a las dos partes; que en la aludida audiencia al intervenir, acudió a la expresión «la documental»; y que las pretensiones encuentran asidero en el dictamen de la perito Karen Baquero, el «documento del médico que atendió a la familia» y lo dicho por el «único testigo que acudió por la parte demandante».

Todas estas referencias son ajenas a la vía jurídica elegida, pues invitan a un examen de la sustentación de la apelación y las demás pruebas que enuncia, por eso, para no desestimar el ataque, en armonía con la vía seleccionada, se hará abstracción de lo fáctico y, la Sala concentrará su examen en los argumentos de puro derecho. Desde lo jurídico, el reclamo de la memorialista, se enfoca en que el fallador plural interpretó equivocadamente los artículos 66 y 66A del CPTSS, lo que condujo a la violación de los cánones sustantivos listados en la

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Radicación n.°94899 proposición jurídica. El Tribunal en el pasaje pertinente de la sentencia que suscita el reproche de la parte activa, sostuvo: Sea lo primero recordar que el articulo 66 A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, dispone que la sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación. En el presente asunto la parte actora argumenta de manera genérica que las situaciones de acoso laboral están demostradas con la documental, sin embargo pese a que el expediente está compuesto por más de 1350 folios, no especifica aquellos en los que se evidencian las circunstancias alegadas las cuales, en todo caso tampoco son indicadas de manera puntual en consecuencia la sala solamente se ocupará en verificar si se configuraron situaciones de acoso en los dos puntos individualizados en el recurso esto es la visita de personal de la empresa en la residencia del demandante y de su familia y el mal nombre que alega se le hizo en el sector de hidrocarburos. Atendiendo que el cargo se orienta por el sendero de puro derecho, se entiende que el recurrente acepta completamente, que la sustentación del recurso de apelación se restringió a exponer que las conductas de acoso que constituían causa eficiente de las indemnizaciones reclamadas, «están demostradas con la documental» y que dentro de ese marco aludió a dos actos de la empleadora, constitutivos en su criterio, acoso laboral, en primer lugar, la presencia de una persona de la compañía que acudió a su

vivienda a entregarle una comunicación; y en segundo término, ael mal nombre que alega se le hizo en el sector de hidrocarburos». De acuerdo con lo precedente, si como lo anotó el colegiado, en la apelación solo se sustentó que la

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Radicación n.°94899 indemnización de perjuicios reclamados se derivaba de esos dos actos constitutivos de acoso, no puede endilgarse una interpretación errónea de los artículos 66 y 66A del CPTSS, pues adecuadamente el fallador dentro de ese marco, con amplitud examinó el acervo probatorio, incluso analizó pruebas que ni siquiera fueron mencionadas por la apelante, para vislumbrar si estaban acreditadas esas conductas y si de las mismas se podían derivar que hubieran generado perjuicios al trabajador y su familia, por ende, actuó dentro del espectro trazado en la alzada, lo que conlleva a que, al no existir la exégesis errónea que endilga como violación medio, consecuencialmente no se presentó ofensa alguna a los cánones de naturaleza sustancial. También es del caso destacar que el fallador de segundo nivel, no exigió que al sustentar la apelación, analizara uno por uno los 1350 folios, pues el requerimiento fue más básico, consistente en que dijera de dónde se derivaba la prueba de lo que endilgaba a la empresa, pero aunque el Tribunal hizo este reproche, ello no condujo a la preterición del análisis pertinente, dado que, una vez determinó cuáles eran las dos conductas en las que la apelante soportaba su

tesis de acoso