CSJ - SL491-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL491-2023 Radicación n.° 80201 Acta 05 Bogotá, D. C., veinte (20) de febrero de dos mil veintitrés (2023) Procede la Corte a proferir el fallo de instancia, conforme a lo ordenado en la sentencia CSJ SL1572-2022, emitida en el proceso ordinario laboral que instauró NADIA MELISSA MARTÍNEZ CASTAÑEDA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES LIQUIDADO, sucedido procesalmente

por el PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES LIQUIDADO - PAR ISS, administrado por la FIDUAGRARIA S. A.

Se reconoce personería a la abogada Vanessa Fernanda Garreta Jaramillo, para que actúe en nombre y representación del Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS Liquidado - PAR ISS, en los términos y para los fines del poder de f. ° 101, cuaderno de la Corte.

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Radicación n.° 80201

I. ANTECEDENTES Nadia Melissa Martínez Castañeda demandó al Instituto de Seguros Socialesen Liquidación, hoy PAR ISS, para que se declarara que tuvieron un contrato de trabajo a término indefinido, desde el 6 de septiembre de 2006 hasta el 30 de junio de 2012; que fue trabajadora oficial y era beneficiaria de la convención colectiva de trabajo suscrita por Sintraseguridadsocial; que prestó sus servicios con iguales funciones a las de un profesional universitario grado 28 y su

asignación salarial debía nivelarse con la de ese cargo. Pidió que se condenara a la accionada a pagar las diferencias remuneratorias con los trabajadores de planta y sobre esa base reconocer y pagar las obligaciones legales y extralegales causadas durante toda la relación laboral, como lo eran: el auxilio de cesantías, los intereses de estas, las primas de diciembre y junio, las extralegales de junio y navidad, la extralegal de vacaciones, la técnica convencional, más licencia de maternidad, auxilio de recreación y deportes y demás prestaciones convencionales. Requirió también el pago de la indemnización por no consignación de la cesantía, la devolución de los aportes a seguridad en la parte que le correspondía, la licencia de maternidad, la devolución de los valores por pólizas de cumplimiento y retención en la fuente, los reajustes legales, «la indemnización moratoria del artículo 65 CST», la indexación de las condenas, lo que resultare probado y las costas (f.º 273 a 297, cuaderno n.º1 del juzgado).

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Radicación n.° 80201 El Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogotá, el 25 de abril de 2017, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre NADIA MELISSA MARTÍNEZ CASTAÑEDA y FIDUAGRARIA S. A. como administradora y vocera del Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS existió una relación laboral entre el 6 de septiembre de 2006 y hasta el 30 de junio de 2012.

SEGUNDO: CONDENAR a la demandada al pago de las siguientes sumas de dinero y conceptos, por todo el tiempo de duración del contrato a continuación se relacionan: a) $11.755.502,08 a título de auxilio de cesantía. b) $1.410.660,24 por concepto de intereses de cesantías c) $1.804.619,16 por concepto prima extralegal de vacaciones d) $9.180.582,66 a título de prima de servicios de origen convencional. e) $9.180.582,66 a título de prima de servicios de origen legal. f) $842.594,22 por concepto de prima técnica. g) $72.181,76 diarios a partir del 30 de septiembre de 2012 y hasta que se verifique el pago por concepto de indemnización moratoria de que trata el artículo 1º del Decreto 797 de 1949. h) La suma de $605.025 por concepto de devolución de los aportes realizados en pensión por la demandante por los periodos 06/2009, 10/2009, 07/2010, 12/2010, 04/2011 y 11/2011.

TERCERO: ABSOLVER a la demandada de las demás pretensiones.

CUARTO: declarar parcialmente probada la excepción de prescripción.

QUINTO: CONDENAR a la demandada en costas a favor de la demandante, por Secretaría tásense, para tal efecto se fijan como agencias en derecho la suma de un salario mínimo legal mensual vigente.

SEXTO: En caso de no apelarse concédase el grado jurisdiccional de consulta. (acta de f.° 810 y 811, en relación con el CD f.º 808, ibidem).

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al decidir el recurso de apelación de las partes y el grado jurisdiccional de consulta en favor de la demandada, el 13 de septiembre de 2017, revocó la decisión

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Radicación n.° 80201 del juzgado para en su lugar absolver a la demandada de todas las pretensiones (acta de f.º 822, en relación con el CD f.º 821, ib). La Corte, a través de la providencia arriba referenciada, casó la segunda decisión tras considerar que, […] las funciones de los profesionales adscritos a los niveles directivos del ISS, según el inciso 3° del artículo 3° del Decreto 337 de 1995, pueden incluirse dentro del catálogo de actividades exceptuadas del régimen de los trabajadores oficiales, en la medida que pertenecen a la más alta jerarquía de la estructura organizacional del instituto y/o, en principio, para su desempeño, se requieren condiciones de confianza, dada su adscripción directa al órgano del que emanan las directrices generales de la entidad a nivel central o seccional. Significa lo expuesto, que la descripción de cargos del artículo 13 del Decreto 416 de 1997, no puede analizarse en forma aislada de la estructura interna de la entidad, al tenor del Acuerdo 76 de 27 de diciembre de 1994, aprobado por el Decreto 337 de 20 de febrero de 1995, pues allí están descritos los niveles directivo, asesor y ejecutivo que previó su órgano administrativo, en desarrollo de la función constitucional y legal que le fue asignada.

Sin embargo, esta Corte, en aras de identificar cuándo se trata de un empleado público, ha precisado que en observancia de los anteriores criterios debe verificarse: i) que el cargo que ocupe se encuentre adscrito a los despachos relacionados en el Decreto 416 de 1997, aprobatorio del Acuerdo 145 de la misma anualidad; ii) que preste sus servicios directos a los titulares de esos despachos y, iii) «[…] que sus actividades estén inmersas en la excepción prevista en el inciso 3° del artículo 5° del Decreto Ley 3135 de 1968», presupuesto este último que, por ejemplo, en las sentencias CSJ SL5545-2019; CSJ SL3629-2019; CSJ SL50102019 y CSJ SL285-2020, entre otras, se ha analizado desde diferentes medios de prueba, como los testimonios y los documentos, regla que se observa iterada en los fallos CSJ

SL5545-2019 y CSJ SL2584-2019.

Ahora, con desapego a las reglas sentadas por la jurisprudencia para la verificación de la calidad de empleado público en el que

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Radicación n.° 80201 fuera el ISS, el Tribunal estimó que la mera mención de la labor como abogada de la reclamante, con referencia en la gerencia nacional de recursos humanos y en la vicepresidencia de pensiones de esa entidad, bastaban para colegir que ella tenía un cargo propio de los empleados públicos enlistados en el artículo 1°, numeral 13 del Acuerdo n.° 145 de 1997 del ISS, aprobado por el Decreto 416 de 1997. Concepción ciertamente restrictiva que devino de la aplicación

indebida de los parámetros legales y condujo a que cercenara el alcance de las normativas indicadas y dejara de verificar aspectos esenciales para catalogar un servidor como tal, como lo es: i) si el cargo se encontraba adscrito a los despachos de presidente, secretario general o seccional, vicepresidente, gerente y director; ii) si quien lo ejercía prestaba sus servicios en forma directa a los titulares de dichas dependencias y, iii) si dentro de sus actividades debía ejercer funciones de dirección y confianza, con arreglo a lo previsto en el inciso 3° del artículo 5° del Decreto 3135 de 1968, con lo cual incurrió en un yerro jurídico protuberante, suficiente para a quebrar su decisión. No obstante, sin perjuicio de lo antedicho, sino más bien como resulta de su desarrollo, la Corporación advierte que, en sede de instancia, al aplicar esos criterios al caso concreto, la acusación solo resultaría fundada parcialmente, esto es, respecto del periodo en que la demandante prestó sus servicios personales como abogada de la oficina de bonos pensionales adscrita a la vicepresidencia de pensiones del ISS, no así para los interregnos en que laboró directamente como abogada para la gerencia nacional de recursos humanos y para la vicepresidencia de pensiones. Lo previo, en la medida que respecto de estos últimos se llegaría a la misma conclusión asentada en la decisión impugnada, en cuanto a que la servidora no tuvo la calidad de trabajadora oficial, por cuanto conforme la cláusula primera de los contratos de prestación de servicios (f.º 29, 37, 44, 45, 49, 53, 54, 60, ib),

suscritos por las partes entre el 6 de septiembre de 2006 y 31 de julio de 2008, quedó demostrado que fue contratada para ser abogada de aquella gerencia nacional y que el control y vigilancia del cumplimiento de lo contratado lo hacía directamente el titular de esa dependencia. De igual forma, se observa que las certificaciones emitidas por quien fungía como gerente nacional de recursos humanos en aquella época (f.º 33, 24, 35, 36, 39, 40, 66, 185 ibidem); los estudios de idoneidad del contratista realizados por igual servidor respecto de la demandante (f.º 28, ib) y las actas de inicio de la contratación (f.º 31 y 32, 42y 43, 47 y 48, 51 y 52, 62 y 63, ibidem), todas suscritas por aquel, dan cuenta que la demandante se desempeñó como abogada adscrita a dicha gerencia, así como que los informes que debía rendir eran,

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Radicación n.° 80201 precisamente, ante ese servidor público, quien no solo tenía injerencia directa en su contratación, sino que fungía como interventor de los convenios suscritos entre el 6 de septiembre de 2006 al 31 de julio de 2008. Aunado a ello, las funciones que se plasmaron en los convenios contractuales y se certificaron por el interventor fueron: i) Revisión de toda la información que enviaban las unidades Hospitalarias y los CAA para reconocimiento de pasivos laborales; ii) Proyectar actos administrativos de reconocimiento y

ordenación del gasto y solicitar certificados de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal; iii) Dar respuesta a derechos de petición y dar trámite a las tutelas que presenten los ex servidores públicos y trabajadores oficiales que pasaron del Instituto, a cargo de las Empresas Sociales del Estado; iv) Mantener la debida reserva y discreción de los asuntos que manejan en razón de las actividades a desarrollar; v) Cumplir con las obligaciones descritas en los numerales anteriores, de conformidad con la programación establecida por el Seguro SocialGerencia Nacional de Recursos HumanosGrupo de Escisión; vi) Prestar permanentemente asesoría en materia jurídica a la Gerencia Nacional de Recursos humanos y al Departamento Nacional de Beneficios y Compensaciones; y elaborar los conceptos e informes necesarios de sus actividades. Actividades que suponían una confiabilidad y manejo intuito personae [en atención a la persona] ya que se encontraban íntimamente relacionadas con la concesión o negativa de pasivos pensionales de sus servidores o ex servidores públicos y la proyección de actos administrativos relativos a la ordenación del gasto, labores esenciales de la dependencia a la que la demandante pertenecía y, por tanto, se encuadran en la excepción prevista en el inciso 3º del artículo 5° del Decreto 3135 de 1968. En esas condiciones, los medios de prueba reseñados denotan que las labores de abogada que prestó la demandante entre el 6 de septiembre de 2006 y el 31 de julio de 2008, siempre fueron en la gerencia nacional referida, de modo que su cargo, como se exige en las normas mencionadas en precedencia, estaba

adscrito a uno de los despachos señalados en el Acuerdo 145 de 1997, aprobado por el Decreto 416 de 1997. Igual sucede con el periodo en que aquélla prestó sus servicios de manera directa de la vicepresidencia de pensiones, esto es, del 1º de noviembre de 2011 hasta el 30 de 2012, pues el Contrato de Prestación de Servicios n.º 5000026 2222, que se celebró para el citado interregno (f.º 169, cuaderno principal), permite

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Radicación n.° 80201 constatar que se desempeñó como abogada asesora de ese despacho y que, aunque el control y vigilancia de lo contratado, se le adjudicó a una dependencia de mayor jerarquía, como lo era el asesor VI de la presidencia del ISS, las actividades exigían una especial confianza, pues tenían injerencia en directrices generales que se podían fijar a la entonces entidad pública, a cargo de su vicepresidente de pensiones. Reflejo de lo anotado, son las funciones que se plasmaron en el citado contrato, en el acta de inicio del mismo (f.º 171, ibidem) y en la certificación expedida por el asesor de la presidencia del ISS (f.º 172, ib), relativas a:

1. Apoyar jurídicamente al despacho de la vicepresidencia de pensiones en el trámite de solicitud de conceptos judiciales o revisión de providencias judiciales ante la Dirección Jurídica Nacional o de cualquier otra dependencia al interior del ISS.

2. Apoyar jurídicamente a la vicepresidencia de pensiones del

seguro social en el trámite de solicitud de revisión de providencias judiciales ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, por conducto del Ministerio de la Protección Social y/o el Ministerio de Hacienda y Crédito público, cuando a ello hubiere lugar.

3. Conceptuar en forma escrita o verbal al despacho de vicepresidencia de pensiones en todo lo relacionado con derechos de petición y/o solicitudes impetrados por personas jurídicas o naturales.

4. Apoyar las denuncias ante las autoridades competentes, por situaciones que ha consideración del despacho de la vicepresidencia de pensiones deba trasladarse.

5. Apoyar al despacho de la vicepresidencia de pensiones en la elaboración de proyectos de circulares, directrices, actos administrativos, memorandos, etc. que se requieran para unificar conceptos, impartir, directrices, modificar, sustituir o implantar procesos o procedimientos.

6. Asistir a las reuniones programadas que designe el despacho de la vicepresidencia de pensiones para debatir temas propios de la administradora de pensionesadministrativa o misional.

7. Apoyar en las auditorias de las seccionales del país.

8. Proyectar las respuestas de tutelas que le sean solicitadas.

9. Apoyar a la vicepresidencia de pensiones en todo lo relacionado con derechos de petición, y/o solicitudes impetrados por personas jurídicas o naturales.

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10. Evaluar y conceptuar sobre los estudios que remitan las seccionales de procesos que deban ser sometidos en los comités de conciliación y exponerlos ante el mismo.

11. Acatar las recomendaciones de comité y hacer seguimiento de lo que se decida en el mismo.

12. Evaluar las actas que remita la secretaria del comité de conciliación previa firma de la vicepresidencia de pensiones.

13. Apoyar a la vicepresidencia de pensiones en resolver los recursos de apelación, de queja o de revocatoria directa que le sean solicitados.

14. Colaborar en materia de capacitación a la vicepresidencia de pensiones cuando le sea requerido por la vicepresidencia de pensiones.

15. Apoyar a la vicepresidencia de pensiones en el estudio y presentación de los asuntos que deba conocer el comité de defensa y conciliación de la entidad.

16. Apoyar a la vicepresidencia de pensiones en el estudio y revisión de decisiones jurisprudenciales que produzcan los despachos judiciales relacionados con aspecto de interés para la misma.

17. Proyectar las impugnaciones que deban presentarse por fallos de tutela proferidos en contra del instituto y vigilar que estas se presenten a tiempo.

18. Recomendar a la vicepresidencia de pensiones sobre la normatividad del sistema y las modificaciones que resulten del mismo

19. Hacer seguimiento ante los despachos judiciales para verificar que las respuestas que se libren por acciones de tutela o incidentes de desacato hayan sido recibidas y atendidas.

20. Mantener la debida reserva y discreción de los asuntos que conozca en razón de sus actividades.

21. Cumplir oportunamente con los informes de actividades ante el interventor del contrato.

22. Manejar adecuadamente los elementos que utilice para el

desarrollo de sus actividades.

23. Atender los demás asuntos que le sean encomendados, por el despacho de la vicepresidencia de pensiones. Las demás actividades que le sean asignadas en el instituto de seguro social por necesidad del servicio.

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Radicación n.° 80201 Cuestión que se corrobora, aunque no es prueba calificada en casación, con el testimonio de Ángela Gutiérrez Portela (CD f.º 688, min. 19:18 del cuaderno principal), compañera de actora a partir de febrero de 2009, quien manifestó que, aunque la reclamante inicialmente estuvo en la oficina de bonos pensionales, en el año 2011 pasó a asesorar directamente a la vicepresidencia de pensiones de pensiones, lo cual se acompasa con que en el interrogatorio de parte rendido al interior del proceso por la demandante (CD f.º 688, min. 28:29 del cuaderno principal), admitió que estuvo en diferentes cargos y que en la última parte de su relación contractual laboró para la vicepresidencia mencionada, asesorando e incluso acompañando al titular del despacho en actividades que incumbían a ese servidor. Por tanto, surge evidente que la recurrente, entre el 1º de noviembre de 2011 y el 30 de junio de 2012, tampoco fue trabajadora oficial, en la medida que el material de prueba da cuenta que en ese interregno prestaba sus servicios directos en la mencionada unidad de la estructura del ISS y sus actividades estaban inmersas en la excepción prevista en el inciso 3° del artículo 5° del Decreto Ley 3135 de 1968. Ahora bien, cuestión distinta acaeció durante el interregno en

que laboró como abogada del grupo de bonos pensionalesVicepresidencia de Pensiones, pues aplicados los parámetros enunciados, no se advierte que se configuren los presupuestos para que pudiera clasificarse como empleada pública, en razón a que: i) A pesar de que su cargo como profesional (abogada), en principio, podría entenderse inmerso en los descritos en el Decreto 416 de 1997, no se demostró que tuviese relación de subordinación directa con los «Despachos de presidencia, secretario general o seccional, vicepresidente, gerente y director», por cuanto su superior jerárquico, es decir, quien vigilaba y controlaba la ejecución de los contratos de prestación en el periodo del 1º de agosto de 2008 al 31 de octubre de 2011 (f.º 69, 72, 81, 92,108, 123, 126, 141, 153, ib), eran el «asesor III encargado de la función de bonos pensionales» y el «asesor III del grupo de bonos pensionales».

Lo anterior lo corroboran: a) las actas de inicio y las certificaciones emitidas por Olga Lucía Sarmiento Mayorga quien fungió como «asesor III encargado de la función de bonos pensionales» (f.º 71, 75 a 79, 83 a 90, 94 a 103, 105 y 106, 110 a 121, 128 a 139, 143 a 151 y 155 a 167, ibidem), en su labor de interventora de los convenios contractuales suscritos con la actora en el lapso citado; b) el interrogatorio de esta misma (CD f.º 688, ib), en el que de forma conteste manifestó que en una

parte del periodo laborado, prestó sus servicios como abogada del

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Radicación n.° 80201 grupo de bonos pensionales y, c) el testimonio de Angélica Gutiérrez Portela (CD f.º 688, ibidem), que de forma espontánea y clara, indicó que laboró con la actora desde febrero de 2009, en la oficina de bonos pensionales y que su superior jerárquico era la jefe de la misma, Olga Lucía Sarmiento Mayorga. ii) Asimismo, las funciones desempeñadas por la reclamante para ese interregno no tuvieron relación o sujeción directa con un empleo directivo de la vicepresidencia de pensiones, lo que jurisprudencialmente se ha denominado de dirección y confianza, pues como lo revelan los contratos y las certificaciones citadas, era encargada, principalmente, de proyectar decisiones frente a los procesos de liquidación y cobro de bonos pensionales que solicitaban los usuarios; así como brindar asesoría e información que sobre esa misma temática realizaban las seccionales u organismos de control, tanto como proyectar respuestas a derechos de petición, incidentes de desacato, recursos de reposición en procesos ordinarios y acciones de tutela contra la entidad, sin perjuicio de los informes que tenía que rendir al interventor del contrato. De tal suerte, que la realidad que aflora es que entre el 1º de agosto de 2008 y el 31 de octubre de 2011 , contrario a lo concluido por la segunda instancia, la demandante prestó sus servicios en la oficina de bonos pensionales del entonces ISS y no

directamente a la vicepresidencia de pensiones de la entidad, lo que descarta que las actividades que realizaba fueran propias de los cargos de empleados públicos de la misma, enlistados en el artículo 1°, numeral 13 del Acuerdo n.° 145 de 1997 del ISS, aprobado por el Decreto 416 de 1997, en concordancia con el inciso 3° del artículo 5° del Decreto Ley 3135 de 1968. En consecuencia, se casará parcialmente la sentencia del Tribunal, en cuanto revocó la decisión del juzgado, por considerar que la actora prestó sus servicios al otrora ISS en un cargo propio de un empleado público, entre el 1º de agosto de 2008 y el 31 de octubre de 2011 (f. ° 72 a 86, cuaderno de la Corte). Para mejor proveer, se ordenó oficiar a: […] PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES LIQUIDADO - PAR ISS, administrado por la FIDUAGRARIA S. A., para que, en el término de quince (15) días, contados a partir del recibido del oficio respectivo, allegue el contrato de prestación de servicios, prorroga, adición y/o certificado en el que conste los valores por honorarios mensuales pactados con la actora el 1º de septiembre al 15 de octubre de 2009 (f. ° 72 a 86, cuaderno de la Corte).

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Radicación n.° 80201 En respuesta a lo anterior, la entidad exhortada aportó la documental de folios 90 a 96, de la que se corrió traslado

según consta a folios 97 a 98 y respecto de la cual no hubo pronunciamiento.

II. CONSIDERACIONES Se decidirá la apelación de los contendientes con sujeción al principio de consonancia del artículo 66 A del CPTSS y el grado jurisdiccional de consulta que se surte a favor del Instituto de Seguros Sociales Liquidado, sucedido procesalmente por el Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales Liquidado - PAR ISS, administrado por la Fiduagraria S. A. con apego al precepto 69 ib.

Para ello importa recordar que la juez de primera instancia accedió a la mayoría de las pretensiones de la demanda argumentando que: 1) Frente al contrato de trabajo: acudió a los artículos 22 y 23 del CST, así como a la certificación de f. ° 185 ibidem emitida por el otrora ISS, de la cual derivó la demostración de la prestación personal del servicio de la convocante y en favor de la enjuiciada, sin que ésta lograra desvirtuar que las labores se dieron en el marco de un vínculo laboral, pues éste únicamente aportó los de Prestación de Servicios suscritos entre el 6 de septiembre de 2006 y el 30 de junio de 2012, siendo que todos fueron para la misma función, variando únicamente en lo atinente el monto de los

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Radicación n.° 80201 honorarios y, aunque hubo pequeñas interrupciones, estas fueron aparentes y no tuvieron por finalidad la terminación real de la vinculación. Añadió que del testimonio de Angélica Gutiérrez Portela,

quien fue compañera de trabajo de la demandante, emergía que la actividad desarrollada por ésta no comportaba autonomía e independencia. 2) En lo relativo al salario determinó que, acorde con la Resolución n. °2800 de 1994, que establece el manual de funciones, concretamente en sus artículos 10 y 41, referentes al Profesional Universitario Grado 28 A, la accionante cumplía con el requisito de ser abogada, pero no con el año de experiencia, por lo que no era posible establecer que se desempeñó en el referido cargo y, por ello, la remuneración se establecería de acuerdo con lo pactado en cada uno de los contratos aportados. Agregó que, en consideración a que no se demostró que un trabajador de planta del ISS hubiese desempeñado las mismas funciones de la actora, absolvía de las pretensiones de nivelación salarial, pago de las diferencias salariales y de aportes en salud y pensión. 3) En lo que atañe con la calidad de beneficiaria de la convención colectiva de trabajo, se remitió al título preliminar y al artículo 3° de la misma, de los cuales afloraba que el sindicato era mayoritario, circunstancia que, aunada a que no se aportó prueba que mostrara que la demandante

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Radicación n.° 80201 renunció expresamente a los beneficios de la convención, la tornaban en amparada por ella, citando además la sentencia CSJ SL, 1° jul. 2009, rad. 33759. 4) Profirió condena, en la forma indicada en la

resolutiva, por los siguientes conceptos y con base en las siguientes normas: 4.1. Cesantías: literal a) del artículo 17 Ley 6° de 1945. 4.2. Intereses a las cesantías: artículo 62 de la CCT. 4.3. Prima extralegal de vacaciones: artículo 49 de la CCT 4.4. Prima de servicios legal y extralegal: artículo 50 CCT. 4.5. Prima técnica: artículo 41 CCT 4.6. «Moratoria»: artículo 1° del Decreto 797 de 1949. Respecto de esta última, explicó que su imposición no es automática, sino que, acorde con sentencias como la CSJ SL, 23 feb. 2010, rad. 36506, dependía de que se verificara un actuar de buena fe de la entidad, lo que no se acreditó en este caso, pues se usaron contratos de prestación de servicios para enmascarar un verdadero nexo de trabajo. 5) Indicó que carecía de competencia para pronunciarse sobre las rogativas relativas a: prima de navidad, licencia de maternidad, auxilio de recreación y deportes, devolución de las diferencias entre lo pagado al sistema de seguridad social y lo que verdaderamente correspondía, devolución por concepto de pólizas, nivelación del salario, intereses

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Radicación n.° 80201 moratorios, indemnización moratoria por no consignación oportuna de las cesantías. Ello, en consideración a que no se solicitaron en la reclamación administrativa prevista en el artículo 6° del CPTSS y, acorde con la sentencia CSJ SL6873-2015, tal

actuación impacta la competencia del juez laboral. 6) Frente a la prescripción, explicó que el vínculo laboral feneció el 30 de junio de 2012, la reclamación administrativa se presentó el 21 de marzo de 2013 y la demanda se radicó el 27 de marzo de 2015, de donde el término extintivo había incidido en las pretensiones exigidas con anterioridad al 29 de junio de 2009, excepto las cesantías según se ha orientado en sentencia CSJ SL, 21 sep. 2010, rad. 36201 (min. 1:34 a 52:34, CD de f. ° 808, en relación con el acta de f. ° 809 a 811, cuaderno n. ° 2 del juzgado). Inconforme con la decisión, los contendientes la recurrieron, así: La promotora de la acción se dolió de que: i) no se hubiera declarado que su cargo correspondía al de Profesional Universitario Grado 28 A, pues demostró que cumplía con los requisitos para ocuparlo; ii) prosperara parcialmente la excepción de prescripción, pasando por alto que en la relación laboral no hubo solución de continuidad y que los derechos reclamados vinieron a ser exigibles a su terminación o al momento en que se declararon y, iii) la reclamación administrativa se presentó ante el ISS

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Radicación n.° 80201 solicitando el reconocimiento de prestaciones sociales, por lo que «no puede decirse que no se radicó» (min. 52:40 a 1:04:23, audio ib). Por su parte, Fiduagraria S. A., en su calidad de vocera

y administradora de Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales Liquidado - PAR ISS, solicitó la revocatoria total de la decisión aduciendo que: i) Los contratos rubricados con la demandante fueron todos de naturaleza civil y bajo el amparo de la Ley 80 de 1993, de manera que el ISS siempre actuó con pleno convencimiento de que el vínculo que lo ataba con la señora Martínez Castañeda, era de esa índole; ii) Las condenas debían revocarse habida cuenta que actuó de buena fe y, además, la actora como abogada conocía el desarrollo de los negocios jurídicos que estaba celebrando; iii) La prima de navidad no es procedente al tenor del parágrafo 1° del artículo 51 del Decreto 1848 de 1969 y la prima de servicios no aplica para trabajadores de las empresas industriales y comerciales del Estado; iv) La prescripción debe revisarse, pues en consideración a la fecha de presentación de la reclamación administrativa (21 de marzo de 2013), debieron declararse prescritos los derechos causados con antelación a ese mismo día y mes del 2010 y,

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Radicación n.° 80201 v) La condena en costas no se ajustó a derecho, en la medida que Fiduagraria S. A. obra como vocera del PAR ISS y en virtud de un contrato de fiducia (min. 1:00:28 a 1:07:09, audio ibidem). En ese contexto y, en perspectiva de los principios de congruencia y consonancia, lo que examinará la Corporación, en el orden que se plantea por cuestiones

metodológicas, es: i) si acertó la juez unipersonal al declarar que las partes estuvieron atadas merced a un contrato de trabajo o si, por el contrario, lo estuvieron a través de diversos pactos civiles de prestación de servicios. En caso de que se confirme la determinación de primer grado, corresponde establecer: ii) si la demandante demostró que sus labores correspondían al cargo de planta denominado Profesional Universitario Grado 28 A; en caso afirmativo, iii) si hay lugar a proferir condena por la nivelación salarial, el pago de diferencias salariales, prestacionales y de aportes a seguridad social; iv) si las pretensiones del gestor fueron reclamadas al empleador mediante el agotamiento de la reclamación administrativa; v) si debió absolverse de las pretensiones de condena, en consideración al actuar de buena fe de la entidad y

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