CSJ - SL492-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL492-2023 Radicación n.° 95070 Acta 7 Bogotá, D. C., siete (7) de marzo de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por REBECA MERCEDES GERDTS MIRANDA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, el 28 de junio de 2021, en el proceso ordinario que instauró la recurrente contra la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –

COLPENSIONESy la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE

FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A.

Se reconoce personería adjetiva para actuar al abogado Cristian Roberto Bustamante Martínez, con TP 248.656, como apoderado de Colpensiones S. A., según el poder especial allegado ante la Corte. La Sala se abstiene de reconocer personería a la firma

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Radicación n.° 95070 Soluciones Jurídicas de la Costa S. A. S., quien presentó poder general conferido por Colpensiones, dado que conforme al artículo 75 del CGP «El poder especial para un proceso prevalece sobre el general conferido por la misma parte». Se reconoce personería adjetiva para actuar al abogado Juan Francisco Hernández Roa, portador de la tarjeta profesional 35.277, como apoderado de Porvenir S. A., acorde con el poder especial aportado ante esta corporación.

I. ANTECEDENTES Rebeca Mercedes Gerdts Miranda llamó a juicio a

Colpensiones y Porvenir S. A., mediante escrito radicado el 26 de julio de 2019 (f.° 1) con el fin de que se declare la ineficacia del traslado de régimen pensional del RPM al RAIS realizado el 15 de noviembre de 1998, se deje sin efectos el mencionado acto como si siempre hubiera permanecido en el primero de tales regímenes. En consecuencia, se ordene a la AFP remitir a Colpensiones lo saldos del dinero por cotizaciones y/o aportes, bonos pensionales, sumas adicionales, junto con sus respectivos frutos e intereses, con la diferencia entre el valor trasladado por la AFP y lo que hubiera cotizado de haber permanecido en Colpensiones; los porcentajes destinados a financiar los costos de administración o cualquier otro gasto, debiendo asumir dicho fondo con sus propios recursos la disminución en el capital de financiación. Además, se ordene a Colpensiones

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Radicación n.° 95070 que una vez reciba las cotizaciones y/o aportes y demás conceptos acepte el traslado pensional del RAIS al RPM. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que se vinculó el 16 de diciembre de 1981 a Colpensiones. El 15 de noviembre de 1998 firmó el formulario de vinculación a Porvenir S.A.; sin embargo, el asesor de tal AFP no le brindó la asesoría legal y financiera que se requería pues no le dio la información cierta, plena, seria y oportuna que le hubiera permitido adoptar la decisión bajo un conocimiento completo, informado y consciente.

Manifestó que se omitió darle la ilustración sobre qué eran los excedentes de libre disposición, la posibilidad de retracto, el evento de devolución de saldos, las diversas modalidades pensionales, los efectos de la redención anticipada del bono y que, de tener cónyuge e hijos menores o en condición de discapacidad, su pensión sería menor porque se tendría en cuenta la expectativa de vida, entre otros. Agregó que el referido asesor le ofreció unas proyecciones con las cuales le prometió que la pensión sería superior en Porvenir S. A., unos rendimientos del 7% sobre los aportes, pensionarse de forma anticipada y que le expresó que el ISS sería liquidado. Señaló que el 28 de febrero de 2020 cumpliría 57 años; el 15 de mayo de 2019 solicitó a la AFP el traslado de régimen, quien a través de escrito del 24 de igual mes y año

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Radicación n.° 95070 le dio respuesta negativa. El 16 de mayo de 2019 presentó escrito y formulario de solicitud de afiliación al RPM, sin que Colpensiones le hubiera dado respuesta. Por último, dijo que para el momento de radicación de la demanda se encontraba afiliada y cotizando a través de la AFP demandada, contando con más de 1870 semanas de aportes (f.os 3 a 39). Al dar respuesta a la demanda, Colpensiones se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, únicamente admitió la fecha de vinculación al RPM, el traslado al RAIS realizado el 15 de noviembre de 1998 y el día en que

cumpliría 57 años de edad; frente a los demás, dijo no constarle (f.os 95 a 101). En su defensa adujo que, según el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, el traslado de régimen es una potestad exclusiva del afiliado y está prohibido el cambio cuando le faltaren diez años o menos para cumplir con la edad para tener derecho a la pensión de vejez. Planteó las excepciones de inexistencia de la obligación, buena fe, imposibilidad jurídica para cumplir con las obligaciones pretendidas, prescripción y la innominada. Porvenir S. A. se opuso a las pretensiones. En cuanto a los supuestos fácticos, admitió la fecha de afiliación al RPM, la respuesta dada a la actora y la densidad de semanas aportadas al RAIS. Frente a los demás, dijo no ser ciertos o

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Radicación n.° 95070 no corresponder a hechos. Indicó que el formulario de solicitud de vinculación a Porvenir S. A. contenía los requisitos mínimos consagrados en el artículo 11 del Decreto 692 de 1994 y correspondía a la proforma adoptada por la Superintendencia Financiera a través de las Circulares 034 y 037 de 1994. De ahí que, el formulario para la época en que fue suscrito gozaba de absoluta validez, máxime que, en su interior se dejó plasmada la selección libre y espontánea, respaldada con la firma de la afiliada. Aludió que para las fechas en las cuales la demandante se cambió de régimen, e incluso cuando se trasladó entre

administradoras del RAIS, dichas entidades no tenían ninguna obligación diferente a brindar toda la información necesaria y de manera completa, tal y como aconteció en el caso, sin que para ese momento existiera obligación de dejar constancia escrita de las asesorías ni realizar proyecciones financieras. Agregó que es inadmisible que la promotora del proceso pretenda desconocer los efectos jurídicos derivados de la vinculación al RAIS, alegando su propia culpa, consistente en el descuido en el manejo de un asunto tan importante, como es el futuro pensional. Formuló las excepciones de validez y eficacia de la afiliación al RAIS, inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración en caso de que se declare la ineficacia de la afiliación al RAIS, inexistencia de la obligación de devolver el pago del seguro previsional,

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Radicación n.° 95070 prescripción, buena fe y la innominada o genérica (f.os 135 a 147).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Manizales, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 25 de febrero de 2021, resolvió: PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de mérito propuestas por las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías PORVENIR y por la Administradora Colombiana de PensionesCOLPENSIONES, por lo dicho en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: DECLARAR ineficaz el traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual

con solidaridad efectuado por la señora REBECA MERCEDES GERDTS MIRANDA en el año 1998, a través del FONDO DE

PENSIONES Y CESANTIAS HORIZONTE HOY PORVENIR.

TERCERO: DECLARAR que para todos los efectos legales la afiliada REBECA MERCEDES GERDTS MIRANDA nunca se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad y por tanto siempre perteneció al régimen de prima media con prestación definida.

CUARTO: ORDENAR a La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PORVENIR trasladar a la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES todos los aportes y rendimientos que posee la señora REBECA MERCEDES GERDTS MIRANDA, en su cuenta de ahorro individual, esto es traslado de los saldos, cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales y sus respectivos frutos e intereses. Igualmente, deberá devolver los gastos de administración, comisiones, aportes al fondo de garantía de pensión mínima, las primas destinadas a pagar el reaseguro de FOGAFIN y de los seguros de invalidez y sobrevivientes, todos debidamente indexados y con cargo a sus propias utilidades, por lo dicho en la parte motiva.

QUINTO: ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES a proceder sin dilaciones a aceptar el traslado de la señora REBECA MERCEDES GERDTS

MIRANDA.

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Radicación n.° 95070

SEXTO: CONDENAR a PORVENIR a pagar las costas procesales

a favor de la parte demandante en un noventa por ciento (90%). Agencias en derecho UN (1) S.M.L.M.V.

SEPTIMO: ABSOLVER a COLPENSIONES de costas procesales, por lo dicho en la parte motiva de esta decisión.

OCTAVO: ORDENAR la CONSULTA de esta sentencia, si la misma no es apelada. Consulta que se surte a favor de la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, al desatar el recurso de apelación formulado por las demandadas y el grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones, mediante fallo del 28 de junio de 2021 resolvió: REVOCAR la sentencia apelada y consultada, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Manizales el 25 de febrero de 2021, dentro del presente proceso ordinario laboral promovido por REBECA MERCEDES GERDTS MIRANDA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES y PORVENIR S.A., para en su lugar DECLARAR la existencia de cosa juzgada, y absolver a las demandadas de la totalidad de las pretensiones incoadas en la demanda.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de primera instancia a la demandante.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez plural recordó que en auto del 18 de mayo de 2021 había decretado de oficio la prueba consistente en la remisión de las actuaciones del proceso anterior adelantado por la

accionante contra Colpensiones y Porvenir S. A. y que cursó ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Armenia,

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Radicación n.° 95070 por lo que debía inicialmente pronunciarse sobre la existencia de cosa juzgada. Dijo que los efectos generados por tal figura consistían en la inmutabilidad e intangibilidad, con lo que se buscaba otorgar seguridad y certeza jurídica a las partes e impedir que ejercitaran doblemente el derecho de acción, la cual resultaba obligatoria para los intervinientes y los jueces. Destacó que, según el artículo 303 del CGP, los requisitos para que exista la cosa juzgada consistía en la concurrencia de identidad jurídica de partes, de objeto (pretensiones) y de causa (razón por la que se demanda que emerge de los hechos planteados). Al respecto, encontró que en el anterior proceso cursado ante el Juzgado Segundo Laboral de Armenia (rad. 63001310500220180038100), incorporado al cuaderno digital de segunda instancia, dirigido por la actora contra Porvenir S. A. y Colpensiones, se pretendió la ineficacia del traslado al RAIS y la devolución de la AFP a Colpensiones de los saldos, cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con los frutos e intereses, además, que se ordenara a Colpensiones recibirla en el RPM. Explicó que en los hechos de dicho expediente se plasmó que se vinculó al RPM el 16 de diciembre de 1981, con fecha de afiliación a Porvenir S. A. desde el 15 de octubre

de 1998 y que no recibió la asesoría legal y financiera requerida para el cambio, que se le ofrecieron proyecciones

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Radicación n.° 95070 en ambos regímenes, prometiéndole una mesada mejor en el RAIS, unos rendimientos equivalentes al 7% y la negativa de la AFP Porvenir ante la reclamación presentada. Señaló que, luego de que contestara Colpensiones, mediante escrito del 29 de marzo de 2019 (pág. 122 del pdf del exp. 2018 381 00) el apoderado judicial de la demandante presentó, en coadyuvancia con Colpensiones, el desistimiento de la demanda impetrada, el cual fue aceptado en auto proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Armenia el día 4 de abril de 2019 (f.° 123), ordenando la terminación del proceso, sin que tal determinación fuera objeto de recurso. Agregó que, Porvenir

S. A. acudió al proceso el 13 de mayo de 2019 (f.° 128), luego de que éste hubiera culminado.

Adujo que la actual demanda versaba sobre los mismos hechos y pretensiones, cuyo objeto principal era la ineficacia del traslado al RAIS y su retorno al RPM, con la transferencia de su cuenta de ahorros y de los valores causados con ocasión de la afiliación; destacó que los supuestos fácticos se cimentaban en las irregularidades del cambio de régimen pensional, señalando en ambas demandas los pormenores con que se dio el cambio pensional, lo que estuvo soportado fundamentalmente en ambos escritos iniciales en que no

recibió la información suficiente. En tal dirección, determinó que respecto de la ineficacia reclamada comparecían las mismas partes, esto es, la actora y las demandadas Porvenir S. A. y Colpensiones; el objeto era

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Radicación n.° 95070 idéntico en tanto se pedía la ineficacia y el retorno al RPM, además, se solventaban en los mismos hechos atinentes a las circunstancias en que se dio la afiliación al RAIS, por lo que se cumplían los presupuestos para que operara la cosa juzgada. Puntualizó que, a la luz del artículo 314 del CGP, «el desistimiento implica la renuncia de las pretensiones en aquellos casos en los que la sentencia absolutoria constituya cosa juzgada». Por ello, consideró que el desistimiento aceptado en el proceso anterior constituía cosa juzgada respecto de la ineficacia del traslado, por ende, no se podía ventilar dicho tópico en este trámite, en aras de proteger la seguridad jurídica de las partes. Expuso que si bien en los supuestos fácticos de la presente demanda se agregó la solicitud radicada en el 2019 y el incremento de semanas aportadas, ello no cambiaba el sustento sobre el cual se erigió la ineficacia del cambio de régimen de pensiones, porque la conducta valorada es la acontecida en el momento de la afiliación al RAIS, por lo que los nuevos hechos incluidos en el actual proceso no tenían «la virtualidad de injerencia retrospectiva en los hechos que se circunscriben al traslado».

Explicó que si bien al momento de la solicitud de desistimiento, Porvenir S. A. aún no había comparecido al litigio, el artículo 314 del CGP disponía que tal petición puede presentarse en cualquier etapa del proceso, previo a que fuera proferida la sentencia.

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Añadió que: Si en gracia de discusión se tuviese que el desistimiento no cobija a Porvenir S. A., las pretensiones de la demanda estarían destinadas al fracaso pues respecto de Colpensiones, como administradora a la cual se pretende retornar, sí efectuó el desistimiento de las mismas, existiendo cosa juzgada para este sujeto procesal, por lo que no podría valorar obligación alguna en cabeza de esta administradora.

El colegiado anunció que declararía la cosa juzgada respecto de la ineficacia del traslado de la demandante y, por sustracción de materia, se abstendría de emitir pronunciamiento sobre las apelaciones de las demandadas.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por la actora, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La recurrente pretende que se case la sentencia de segundo grado, para que, en sede de instancia, confirme la decisión dictada por el a quo.

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que son replicados. La Sala los estudiará conjuntamente por estar estrechamente relacionados, versar sobre iguales temas y valerse de argumentos similares.

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VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia por la senda directa, por aplicación indebida de los artículos 302 y 314 del Código General del Proceso y, como consecuencia de ello, se dejó de aplicar el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 3 de la Ley 100 de 1993, el literal b) del artículo 13 y los artículos 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, el numeral 1 del artículo 97 del Decreto 663 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 795 de 2003 y los artículos 1603 y 1604 del Código Civil, en concordancia con los artículos 1, 2, 4, 13, 29, 48, 53, 83, 93 y 228 de la Constitución Política, el artículo 3, literal c) de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010, que impone a cualquier persona natural o jurídica la obligación de aplicar las normas consagradas en el Sistema de Seguridad Social Integral Colombiano cuando se atenta contra los derechos de estos a tener una vejez digna y acorde con su fuerza de trabajo, asegurándoles el derecho a recibir de las administradoras de pensiones información cierta, suficiente, clara y oportuna, que permita a los afiliados al Sistema de Seguridad Social en Pensiones conocer adecuadamente sus derechos, sus obligaciones y los costos en las relaciones con los fondos de pensiones.

En la demostración del cargo, plantea que el sistema de seguridad social contenido en la Ley 100 de 1993 tiene por

objeto garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones

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Radicación n.° 95070 que determine el legislador, y en su artículo 272 se encuentra consagrada su aplicación preferencial, en virtud de la cual, el sistema integral de seguridad social no tiene aplicación cuando menoscabe la libertad, la dignidad humana o los derechos de los trabajadores y que en tal sentido, los principios mínimos fundamentales consagrados en el artículo 53 de la Constitución Política tendrán plena validez y eficacia. Dice que tales principios y derechos fueron desconocidos por el Tribunal, en tanto que, sin analizar los fundamentos jurídicos de la demanda, aplicó indebidamente los artículos 303 y 314 del Código General del Proceso, al considerar el desistimiento de la demanda promovida por la actora con anterioridad, dirigida contra Porvenir S. A. y Colpensiones y que cursó en el Juzgado Segundo Laboral de Armenia, como una renuncia al derecho a la seguridad social en condiciones dignas, al equiparar el desistimiento de dicha acción a una sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso. Señala que está acreditado en el plenario que desistió de continuar con el trámite del proceso ordinario laboral que promovió ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Armenia, antes de que se dictara sentencia de fondo, «incluso

LA PARTE DEMANDADA COLPENSIONES NO SE HABIA

PRONUNCIADO ANTE EL JUZGADO SOBRE LA MISMA, es

decir, no existió una sentencia ejecutoriada, para que el ad quem afirme que en el presente asunto operó la excepción de

COSA JUZGADA».

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Radicación n.° 95070 Señala que el operador jurídico de segunda instancia desconoció que la seguridad social es un derecho fundamental cuya efectividad se deriva de: i) su carácter irrenunciable, ii) su reconocimiento como tal en los convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano en la materia y, iii) su prestación como servicio público en concordancia con el principio de universalidad. Asegura que el ad quem dejó de aplicar el artículo 1502 del Código Civil, que establece las condiciones o requisitos para que una persona se obligue válidamente frente a otra, para que su consentimiento no adolezca de vicio; también los artículos 1508, 1603 y 1604 de igual estatuto que señalan que el error es uno de los vicios del consentimiento, que los contratos se deben ejecutar de buena fe y obligan a todo lo que emana de la naturaleza de la obligación, y el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 que establece que la afiliación a cualquiera de los regímenes pensionales debe ser libre y voluntaria, pues de lo contrario es ineficaz, de conformidad con lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 (CSJ SL12136-2014). Dice que nunca se enteró de lo bueno y lo malo de cada uno de los regímenes pensionales y de las consecuencias que tendría el traslado que realizó del RPM al RAIS, puesto que

la asesoría que obtuvo del fondo no fue transparente y clara, para decidir en forma objetiva el régimen pensional que le convendría a ella y a su núcleo familiar.

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Radicación n.° 95070 Cita los artículos 3 y 7 del Decreto 2555 de 2010 en los que, dice, se encuentra consagrado el deber de asesoría y buen consejo, a través de una adecuada educación respecto de los diferentes productos y servicios ofrecidos por las administradoras de pensiones, así como los beneficios, inconvenientes y efectos de las decisiones, teniendo en cuenta el estudio de los antecedentes de cada afiliado (edad, semanas cotizadas, IBC, grupo familiar, etc.), datos relevantes y expectativas pensionales. Señala que el Tribunal no analizó si Porvenir S. A. cumplió en forma oportuna, clara, concreta y suficiente su deber de informar, carga probatoria que le correspondía asumir a la mencionada administradora, de conformidad con los artículos 4, 14 y 15 del Decreto 656 de 1994. En apoyo de ello, refiere la decisión CSJ SL4426-2019 sobre la carga de la prueba en los procesos de ineficacia del traslado y el contenido del deber de informar. Explica que el fallador de primer grado acertó al equiparar la rúbrica plasmada por la demandante en el formulario pre impreso de afiliación a un consentimiento no informado, puesto que la simple firma no permite concluir si a la potencial afiliada se le pusieron de presente las características, ventajas y desventajas de cada uno de los

regímenes, las condiciones y las diferencias de abandonar el RPM para trasladarse al RAIS, por lo que aplicó acertadamente los precedentes de esta corporación (CSJ

SL31989-2008, CSJ SL9447-2017, CSJ SL1688-2019, CSJ

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Radicación n.° 95070 SL1689-2019 y CSJ SL44262018), en los cuales la Corte estableció que no puede deducirse de dicho tipo de documentos el cumplimiento de la obligación de ilustrar. Así las cosas, la recurrente estima que el operador jurídico de segunda instancia debió aplicar para decidir el asunto el literal b) del artículo 13 y los artículos 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, el artículo 97 numeral 1 del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 795 de 2003, que establecen que para que un traslado entre regímenes pensionales tenga validez es necesario que la administradora de pensiones suministre al afiliado la información cierta, completa, suficiente y clara de los efectos o consecuencias del traslado, por encontrarse en presencia de un derecho laboral como es la seguridad social, el cual es irrenunciable (artículos 14 del Código Sustantivo del Trabajo, 3 de la Ley 100 de 1993, 48 y 53 de la Constitución Política).

VII. RÉPLICA Porvenir S. A. se opone conjuntamente a los cargos, para lo cual presenta argumentos que soportan la improcedencia de la ineficacia. Al respecto, menciona que la actora aceptó haber recibido una instrucción sobre los

beneficios del RAIS, ilustración que se suministró de buena fe y de forma completa, máxime cuando en el formulario quedó plasmado que el cambio se hizo en forma libre, voluntaria y sin presiones, documento que satisfacía las exigencias legales pertinentes.

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Radicación n.° 95070 Indica que una negación indefinida como la de que no se recibió una información eficaz no puede convertirse en una tesis inamovible y de obligado acatamiento para que con ella los jueces deban dictar sus sentencias sin otro soporte distinto, condenando a las entidades a reconocer las prestaciones pedidas aun cuando el demandante no hubiese hecho ni el más mínimo esfuerzo para probar la existencia del soporte de sus súplicas. Adiciona que es indudable que cualquier proyección de la pensión que se hubiera hecho jamás podría tenerse como muestra de un engaño, pues aquella sería un simple pronóstico o vaticinio cuyas bases de análisis podían variar sensiblemente con el paso del tiempo, sobre todo faltándole casi 18 años para cumplir la edad necesaria y cerca de 10 de cotizaciones adicionales para completar la densidad para acceder a la pensión de vejez en el RPM, resultando imposible fijarle un valor, al menos aproximado de su mesada, pues cada día puede modificarse su cuantía. Por consiguiente, cualquier cálculo que se hiciera para uno y otro esquema resultaría inocuo e inepto para fundar una decisión judicial. Por su parte, Colpensiones aduce que la acusación

carece de los requisitos de técnica por cuanto: i) omite dirigir el ataque por el sendero de la violación medio, ya que invoca como normas vulneradas una serie de disposiciones procesales sin contar con soporte en normas sustanciales; ii) dada la senda elegida, le correspondía a la recurrente demostrar cómo se configuraron los yerros en la sentencia impugnada, aducir cómo la infracción de las normas influyó

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Radicación n.° 95070 en la decisión del colegiado y por qué le correspondía aplicarlas; iii) no se atacó la totalidad de los pilares del fallo del Tribunal, en cuanto nada se manifestó frente a la inexistencia de causa o hechos nuevos y diferentes a los primigeniamente invocados que permitieran desvirtuar la cosa juzgada; iv) omite puntualizar cómo se configuró el error protuberante que derrumbe la presunción de acierto y legalidad de la que goza la sentencia. Como argumento adicional señala que a partir de las disposiciones normativas de que trata el artículo 314 del CGP, el cual regula la figura jurídica del desistimiento, consagra sus consecuencias jurídicas, las cuales fueron aplicadas correctamente por el ad quem al encontrar dentro de las pruebas obrantes en el expediente el desistimiento de la demanda anteriormente presentada por la promotora del proceso.

VIII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia por ser violatoria directamente de la ley, en la modalidad infracción directa de los artículos 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 3 de la Ley

100 de 1993, el literal b) del artículo 13 de igual compendio, el numeral 1 del artículo 97 del Decreto 663 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 795 de 2003 y los artículos 1502, 1508, 1603 y 1604 del Código Civil, en concordancia con los artículos 1, 2, 4, 13, 29, 48, 53, 83, 93 y 228 de la Constitución Política, que impone al Estado la

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Radicación n.° 95070 obligación de velar por el bienestar de los ciudadanos colombianos, asegurándoles el derecho a gozar de una pensión de vejez digna. En la sustentación, indica que el juez de alzada no aplicó los artículos 48 y 53 de la Constitución Política que disponen que la Seguridad Social es un servicio público obligatorio que se hace efectivo garantizando a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social y los beneficios establecidos en normas especiales. Asegura que el operador de segunda instancia no analizó los fundamentos de derecho en los cuales se encontraba sustentada la demanda inicial, esto es, el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y los artículos 271 y 272 de igual compendio, según los cuales, la selección del régimen pensional es libre y voluntaria por parte del afiliado y que cualquier persona que desconozca ese derecho se hará acreedor a las sanciones contempladas en los dos últimos preceptos referidos. Lo anterior se generó porque sustentó el fallo en la aplicación de los artículos 303 y «316» del CGP, al

considerar que por el hecho de haber desistido de la demanda ordinaria laboral que se adelantó ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Armenia, se configuró la excepción de cosa juzgada, sin tener en cuenta que en dicho proceso no se había proferido sentencia de fondo, incluso, no se llevó a cabo la primera audiencia de trámite consagrada en el artículo 77 del CPTSS. Aduce que la violación de la ley generó la afectación de

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Radicación n.° 95070 sus derechos fundamentales, puesto que el derecho a la seguridad social tiene como respaldo constitucional la dignidad humana, la vida, la igualdad, el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida, consignados en los artículos 1, 11, 33, 48, 53 y 366 de la Carta Política, lo cual sólo es posible si ella regresa al RPM para acceder al reconocimiento de su pensión de vejez, pues solo Colpensiones le puede garantizar su derecho pensional en condiciones dignas y teniendo en cuenta su trabajo, puesto que a septiembre de 2022 cuenta con 1952 semanas cotizadas.

IX. RÉPLICA Colpensiones se opone al cargo, para lo cual indica que el juez de alzada aplicó las consecuencias normativas establecidas para la figura jurídica del desistimiento y, con base en ello, sustentó la decisión de declarar la cosa juzgada, actuación que se realizó apegándose a las disposiciones del CGP. Por consiguiente, estima que la recurrente pretende desconocer el inciso segundo del artículo 314 de dicho

estatuto, cuando, precisamente por la aplicación de tal disposición, fue que el ad quem no analizó las normas que regulan la seguridad social, ya que de haberlo hecho habría violado la seguridad jurídica y la cosa juzgada.

X. CARGO TERCERO Acusa la sentencia por violar indirectamente la ley sustancial en la modalidad de aplicación indebida por la

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Radicación n.° 95070 violación medio de los artículos 303 y 316 del Código General del Proceso, en relación con el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, los artículos 271 y 272 de la misma Ley 100 de 1993, el numeral 1 del artículo 97 del Decreto 663 de 1993, el artículo 4 del Decreto 656 de 1994 en concordancia con los artículos 1, 2, 4, 13, 19, 48 y 53 de la Constitución Política, «vulneración en que incurrió el tribunal al dejar de apreciar las pruebas aportad