CSJ - SL4932-2018

I., República de Colombia conSeu prdeeJm uas ticia Sadleac asaLcaibóonr al SadleaD esconNg.e2"s tión SANTANDRAEFRA ELB RITOC UADRADO Magistproandeon te SL4932-2018 Radicanc.i4 ó8n0 09 º Act3a6 BogoDt.áC ,. d,i eci(s1i7de)eto ec tudberd eo sm il dieci(o2c0h1o8 ). DecildaSe a lealr ecudrecs aos aciinótne rppuoelrsa t o ESEH OSPITHAOLRA CIOM UÑOZS UESCÚcNo,n tlraa sentepnrcoifaep roilrdaS a a lLaa bodreaTllr ibuSnuaple rior deDli stJruidtiodc eiA anlt ioeqtlur iea(c,1e d3 e)j udhedo o s mild ie(z2 01e0n)e ,l p roceosrod inlaarbiooqr uael ,. , instaurDaErLoLnA NIMREAN DERZO DRIGUEOZL,G A CECILHIEAR RERAA RBELÁyEL ZU ZA LBUAR .IUBREI BE al ar ecurryae lnI tNeS TITDUETS OE GUROSEO CIALES, juicailoq ues el lameón g aranat LíAa N ACIÓ-N , ,.

MINISTEDREIH OA CIENYD CAR EDITPOU BLIyC aOl

DEPARTAMENDTEO ANTIOQUIAD IRECCIÓN

SECCIODNEAS LA LUDDE A NTIOQUIA.

SCLAJPT-1V0. DO

1. Radicancº.4i 8ó0n0 9

l. ANTECEDENTES

DELLANIRA MÉNDEZ RODRIGUEZ, OLGA CECILIA HERRERA ARBELÁEZ. y LUZ ALBA URIBE URIBE, llamaron a juicio a la ESE HOSPITAL HORACIO MUÑOZ SUESCÚN y al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, con la finalidad de declarar que la primera de las mencionadas es la responsable del pago de sus mesadas pensionales, desde la fecha en la que fueron suspendidas. Como consecuencia de lo anterior, solicitó su reconocimiento y, en subsidio, que el otro codemandado fuera el responsable de las mismas, junto con el pago, a cargo de la entidad correspondiente, de los intereses moratorias y la indexación (f.º 1 a 9 del cuaderno principal). Fundamentaron sus peticiones, básicamente, en que trabajaron para la ESE demandada por periodos superiores a 20 años, como Auxiliares de Servicios Generales, así:

DEMANDANTE DESDE HASTA

Dellanira Méndez R 01/07/1973 24/01/2001 Oiga Herrera A 01/01/1970 05/02/2001 Luz Uribe Uribe 14/08/1974 24/01/2001 Indicaron, que eran trabajadoras oficiales; que fueron desvinculadas por habérseles reconocido la pensión de jubilación, a través de las Resoluciones n. º 009 del 24 de enero de 2001, 012 del 5 de febrero de 2001 y 008 del 24 de enero de 2001, respectivamente; que, en ellas, la ESE

demandada reconoció y asumió el pago de la pensión de 2 SCLAJPT-10 V.00 , .J Radicnaº.c4 i8ó0n0 9 jubilahcaisótqnau, ee lI SSl oc onceddieel rasa i,g uiente manera: TRABAJADOPREAN Ó SNI MONTOI NICIOAFLI CIOQ UE RECONOCIDRAE CONOCIDCOO MUNÓI CLA POR LA ESE( El cuali baS USPEÓNNS I HASTA rejuastándoseD ELP AGO lgealme)n te DellaMnéinrdae2 z8 /09/200$53 58.788,oNoo .3 2220d0e5 2005 Olga Herrera A 22/12/200$56 81.,8o4o5 No.4 0420d0e5 2005 Luz Uribe Uribe 26/08/2005 $359.993,oNoo .3 2120d0e5 2005 Manifestqaureos ne,s uspenedlip óa god e la prestaccoienól an r,g umteoqn uea,p ardteid ri chfaesc has, lap ensidóenb síeaar s umipdoaer l I SSq;u ep resentaron soliciatnutdee steú ltimdoo,n der equ1neerlo n reconocidmesi uepsne tnos iolnacesus a,l feuse rnoeng adas bajeola rgumedneqt ou en oe rlaa l lamaad rae aleiszaa r . fi acc1on. Ald arr espueas ltada e mandlaaE, S EH OSPITAL HORACMIUOÑ OSZU ESCÚsNeo, p usalo a psr etensyi,o nes

enc uanat loo hse chonse,gs óu n aturailneizccaio amlo entipdraidv aednta a,n qtuoee l a cuerddeso uc reaceiróan , den aturaplúebzlaia cdav;i retnli oró e,l aatl iavmsoe sadas pensionqauleees rsae, s ponsalbeci olrirdeasdp aolIn SdSí.a Ens ud efenpsrao,p ulsaeosx cepcdieom néersi dteo , inexisdteer neccioan boocnepore nsioot níat!pu elnos iona! . . fi porp artdee l aE .S.Ep.r,e scnpicn1eoxni,s tdeen cia obligapcoirpó anr dteel aE .S.dEer. e conyo cpeagra lra SCLAJPT-V1.00 0 3 Radicación n. º 48009 º pensidóevn e jael za dse mandaynl tage esn ér(if6c.9aa 7 1 declu adeprrnion cipal). Posru p arteelI, N STITDUETS OE GUROSSO CIALES, manifeqsutenó ol ec onstanbianng udnelo o hse chopso,r cuanhtaoc íraenf erael naEc SiEaa ccioneia nddai qcuóes, e ratificeaneb lac ontendield aors e solucqiuoehn aebsí a emitriedsop eacldt eor ecphroe tenpdoilrda do e mandante. Pardae fensduec ra uspar,o pulsaoes x cepcidoen es fonddoei, n existdeeln aoc bilai gadceri eócno nyop caegra r

lamse sadpaesn siopnoafrla elsdt ela o rse quimsíintiomso s del epyr,e scriepscpieóccnio amlp,e nsaeci imópno sibilidad º dec ondeennca o st(af8s.5 a 8 8d eclu adeprrnion cipal). El llamaedno garantDíEaP,A RTAMENDTEO ANTIOQU-IAD IRECCISÓENC CIONDAEL SALUD, manifeqsuteló a E SEa ccioncaodnaf unddoest emas difereenstteeoss e,,l c obrqou eh aceelS EGURSOO CIAL mediarnetsee arcvtau aor tiíat!u pleonss ionya,ol teresa l, pasipvroe stacdieoslne aclts oarl uednt, a nqtuoe s,ib ien afillaiE óS Ea sust rabajaednol raef se,c hlae galmente establneoct iednadp,ro íqrau éh abceorn valeisdteai deom po mediatníttepu elnos ioFnoar!m.ul laeó x cepcpieórne ntoria º dei nexistdeeln aoc bilai ga(cf1i.1ó6na 1 20d eclu aderno principal). LaN ACIÓ-NM INISTEDREIH OE CIENYD CAR ÉITO PÚBLICnOos, e p ronunfrceinóta ell lamamireenatloi zado

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4 Radicación n. º 48009 º por la ESE HOSPITAL HORACIO MUÑOZS UESCÚN (f. 131 del cuaderno principal).

11.S ENTENCDIEPA R IMERAI NSTANCIA

El Juzgado Promiscuo del Circuito de Sopetrán - º Antioquia, mediante fallo del 22 de enero de 2009 resolvió( f. 304 a 326 del cuaderno principal): PRIMERO: DECLARAR que las señoras DellaniMréan dez RodrígueLzu,zA lbaU ribUer ibye OlgaC ecilHiear rera Arbeláeizde,n tificadas con las cedulas de ciudadanía 22.114.438, 22.114.565 y 22.114.585, respectivamente, cumplieron con los requisitos de ley, y por tanto ganaron su derecho a que se les reconozca y pague sus PENSIONES DE VEJEZ contenidas en el artículo 33 de la ley 100, conforme a lo indicado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Se CONDENA al INSTITUO DE SEGUROS SOCIALES "J. S. S. ", a reconocer y pagar PENSIÓN DE VEJEZ a las señoras DellaniMréan deRzo dríguLeuzz,A lbaU ribUer ibye O lga CecilHiear rerAar beláeenz l,os términos en que en principio fueron pensionadas por el Hospital Horacio Muñoz Suescún de Sopetrán, dentro de los límites legales y a partir del momento en que cada una de las demandantes cumplió los 55 años de edad, en la forma y condiciones que quedaron escritas en la parte motiva.

TERCERO: Se ORDENA a la ESE Hospital Horacio Muñoz Suescún de Sopetrán, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y la Dirección Secciona[ de Salud en Antioquia, que a la mayor

brevedad posible, inicien, SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD, los trámites tendientes a la ef ectivización de la firma de los Contratos de Concurrencia correspondientes, a fin de poder emitir a favor del !.S.S., los títulos Pensionales o Cuotas Actuariales de cada una de las demandantes de conformidad con la ley 1122 de 2007 y a fin de garantizar la armonía económica en el problema materia de estudio.

CUARTO: Se condena en costas a las entidades demandadas.

QUINTO: La presente sentencia se entiende notificada en ESTRADOS, en consecuencia, se da por terminada y se firma por los que en ella intervinieron.

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Radicancº.i4 ó8n0 09 111S.E NTENCDIEAS EGUNDIAN STANCIA Por apelación del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, conoció del proceso la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, quien, con sentencia del 13 de julio de 2010, modificó la de primer grado, así 343 a 358 (f.º del cuaderno principal): º 1 La sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sopetrán dentro del Proceso Ordinario Laboral promovido por

DELLANIRA MÉNDEZ RODRÍGUEZ, LUZ ALBA URIBE URIBE Y

OLGA CECILIA HERRERA ARBELÁEZ, contra la EMPRESA

SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL HORACIO MUÑOZ SUESCUN

de SOPETRÁN y el INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES "I.S .S ."qu,ed ará así: 1.1. SE REVOCA el numeral segundo de la parte resolutiva en

cuanto CONDENÓ al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES a reconocer y pagar la pensión de vejez a cada una de las accionantes, y en su lugar SE LE ABSUELVE de las pretensiones invocadas en su contra. 1.2 En consecuencia SE CONDENA a la E.S.E. HOSPITAL HORACIO MUÑOZ SUESCUN, i) a reanudar el pago de las pensiones de vejez que les fuera suspendida a las demandantes así: Para DELLANIRA MÉNDEZ RODRÍGUEZ, a partir del 29 de septiembre de 2005; para LUZ ALBA URIBE URIBE a partir del 27 de agosto de 2005 y para OLGA CECILIA HERRERA ARBELÁEZ, a partir del 23 de diciembre de 2005, pago que será por el monto mensual igual al que se les venía reconociendo, con las mesadas adicionales de junio y diciembre, el cual se incrementará a partir de cada primero de enero siguiente en el porcentaje decretado por el Gobierno Nacional; ii) a pagarle a las demandantes los intereses moratorias sobre las mesadas dejadas de pagar desde las fechas en que se suspendió el pago y se causaron cada una de ellas, hasta el día en que se solucionen por completo, con la tasa prevista en el art. 141 de la Ley 100 de 1993; y iii) a pagarle a las demandantes la indexación de cada una de las mesadas pensionales causadas y no pagadas, la cual se calculará en la forma y términos indicados en la parte motiva. 1. 3. SE REVOCA el numeral quinto de la parte resolutiva en cuanto condenó al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al pago de

las costas de primer grado, en su lugar se le absuelve de las mismas y se aclara que ellas correrán a cargo de la E. S. E.

HOSPITAL HORACIO MUÑOZ SUESCÚN de Sopetrán.

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Radicación n. º 48009 1.4E.n l os demás aspectos SEC ONFIRMAelf allo impugnado. 2 º Sin COSTAS en esta sede. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como fundamento de su decisión, que inicialmente le correspondía al ISS, proceder al reconocimiento y pago de la pensión solicitada, por haber sido la última entidad en la que estuvieron afiliadas las demandantes para las prestaciones propias del riesgo de vejez; pero, como cada una de ellas, sólo aparece afiliada a esa entidad, a partir del 22 de septiembre de 1994, la ESE demandada «debía concurrir al pago de la pensión en la proporción al tiempo servido entre dicha fecha ya quella en la cual inició el vínculo cada una de las accionantes». Indicó, que el Estado, para atender este tipo de obligaciones a cargo de entidades del sector salud, creó en su momento el Fondo Prestacional del Sector Salud (arts. 33 de la Ley 60 de 1993, Decreto 530 de 1994, art. 61 de la Ley 715 de 2001 y Decreto 1338 de 2002), con el que se pretendió atender el pago de la deuda prestacional, por pensiones y cesantías, acumuladas al 31 de diciembre de 1993, siendo necesario, para su materialización, que se suscribiera un

contrato de concurrencia, primero con la Nación y luego con el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; si eso no ocurría, la ESE demandada debía asumir el pago de cesantías y pensiones de jubilación.

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Radicación n. º 48009 Precisó, que como la E.S.E. HOSPITAL HORACIO MUÑOZ SUESCÚN DE SOPETRÁN, no acreditó ese requisito, era de su carga el reconocimiento de la pensión. De otro lado, estimó, que como no existía justificación para la suspensión de los actos administrativos por medio de los cuales se reconoció la pensión de vejez a cada una de las accionantes, eran procedentes los intereses moratorias consagrados en el art. 141 de la ley 100 de 1993, respecto de cada una de las mesadas adeudadas, desde el día en que se suspendió el goce efectivo del derecho hasta el momento de su restablecimiento, junto con el reconcomiendo de la indexación de las mesadas adeudadas, atendiendo a la pérdida del poder adquisitivo que se ha generado por el no pago de las mismas.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la ESE HOSPITAL HORACIO MUÑOZ SUESCÚN, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver (f.º 359 a 372 del cuaderno principal).

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Indica lo siguiente: LA DECLARACIÓN DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Con la presente impugnación se pretende dejar sin efecto el fallo de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal

Superior de Antioquia, Sala Laboral, en que la decisión que toma,

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Radicación n. º 48009 revoca la decisión de primera instancia y en su lugar condena a la Empresa Social del Estado Hospital Horacio Muñoz Suescún de Sopetrán al pago de la pensión de vejez de las actoras de esta demanda. La intención del legislador al expedir la ley 100/9 3, sus decretos reglamentarios y en especial la ley 1122 artículo 29, era de que existieran fondos de pensiones, tanto del sector público como del sector de la salud para que en el tiempo las personas que estaban laborando al servicio de una institución de derecho público o privado, como independientes, tuvieran asegurada la pensión de o ve1ez. Hoy, si esta sentencia de segunda instancia no se hubiese interpuesto el recurso de casación ustedes señores magistrados, o con el debido respeto, confirman el fallo de segunda instancia no le estaríamos dando alcance legal a la creación de los fondos de pensiones, porque sería la Empresa Social del Estado Hospital Horacio Muñoz Suescún de Sopetrán a la que le corresponde pagar las pensiones de vejez de las actoras de esta demanda y los dineros que se cancelaron oportunamente, en este caso, al fondo de pensiones del Seguro Social, qué rumbo cojerían (sic)? ¿a cargo de quién quedarían?, serían recursos que a estos fondas públicos fondas privados estaríamos enriqueciendo. o Con tal propósito, no formula ningún cargo, sino acusa la sentencia así: Enunciamos los presupuestos legales de la sentencia de segunda

instancia que viola leyes sustanciales y es así la violación de esta normatividad. La ley 100/ 93 artículo 242, enuncia los fondos prestacionales del sector de la salud, los cuales fueron creados por la ley 609/3 y cubrirán las cesantías de este sector acumuladas al 31 de diciembre de 1993. La ley 1122/2007 en su artículo 29, enuncia: ''Artículo 290. Del pasivo prestacional de las empresas sociales del Estado. En concordancia con el artículo 242 de la Ley 100 de 1993, los artículos 61, 62, 63 de la Ley 715 de 2001, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y los entes territoriales departamentales firmarán los contratos de concurrencia y pagarán el pasivo prestacíonal por concepto de cesantías, reserva para pensiones y pensiones de jubilación, vejez, invalidez y sustituciones pensionales, causadas en las Empresas Sociales del Estado al finalizar la vigencia de 1993.

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Radicación n. º 48009 Parágrafo. Concédase plazo de un ( 1) año a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las entidades territoriales departamentales emitan los bonos pensionales respectivos de acuerdo a la concurrencia entre el Gobierno Nacional y el ente territorial Departamental. El incumplimiento de lo establecido en el presente artículo será sancionado como falta gravísima ". Indica, que la ley 1122 de 2007, en n1ngun aparte

manifiesta que las ESE deben firmar contratos de concurrencia, pues dicha norma sólo manifiesta que estos deben suscribirse entre el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO las entidades territoriales y departamentales, es decir, con el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, no correspondiéndole la obligación de demostrar o acreditar esa circunstancia. Manifiesta, que el Tribunal se equivocó al considerar que el reconocimiento de la pensión a las demandantes no estaba a cargo del Instituto demandado, por haber omitido la celebración del contrato de concurrencia, según lo dispuesto º en el inciso 5 del artículo 242 de la Ley 100 de 1993, sin tener en cuenta que dicha norma quedó modificada por el artículo 29 de la Ley 1122 de 2007, concordante con el º artículo 9 de la Ley 797 de 2003, que modificó la Ley 100 de 1993, en el sentido de enunciar en uno de sus incisos lo siguiente: fondas encargados reconocerán la pensión en un tiempo no Los superior a cuatro (4) después de radicada la solicitud por el meses peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho. fondos no podrán aducir que las diferentes cajas no Los les han expedido el bono pensiona[ la cuota parte. o

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Radicación n. º 48009 Precisa, que para la emisión de los diferentes bonos, la Ley 100 de 1993 enuncia, en su artículo 115, las diversas clases que existen, trayendo en el literal A, la emisión de

bonos pensionales al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES y en el literal B, los que hubieren estado vinculados al Estado, siendo este el aplicable, en razón a que es una entidad del Estado del orden territorial, descentralizada del municipio de Sopetrán, Antioquia. Por último, denuncia, como violación a la ley sustancial por infracción directa del artículo 35 de la Ley 100 ibídem, f. ..] por ser creada por el honorable concejo municipal de Sopetrán, Antioquia, con el acuerdo O1 O/ 1995, acuerdo 22, del 7 junio de 1998 y acuerdo No. 004 de marzo de 2007, crea y transforma esta entidad en E.S .E de derecho público, no puede asumir directamente prestaciones asistenciales y económicas, en este caso se entienden prestaciones asistenciales y económicas asumir pensiones de vejez por ser de carácter económico. Por todo lo anterior, solicita revocar la decisión de segunda instancia emanada del Tribunal Superior de Antioquia y, en su defecto, se condene al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, fondo de pensiones, a asumir la pensión de vejez a que tienen derecho las demandantes, por reunir los requisitos de edad y tiempo enunciados en la ley 100 de 1993 y 797 de 2003.

VI. RÉPLICA Dicen que lo que la Corte debe resolver, es determinar si le asiste razón jurídica al aq uaal c ondenar al ISS, o, al a queaml ,co ndenar a la ESE, al pago de la pensión, situación

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Radicación n. º 48009 que les resulta indiferente, en tanto que lo importante es que

se les reanude el pago de su prestación; en todo caso, anotan que no erró el Tribunal en su determinación (f.º 23 a 28 del cuaderno de la Corte). Indica el ISS, que la demanda de casac1on fue presentada de manera extemporánea, por lo que no debe ser tenida en cuenta; que no obstante lo anterior, la misma presenta graves deficiencias técnicas (f.º 32 a 36 del cuaderno de la Corte).

VII. CONSIDERACIONES No asiste razón a los reparos que sobre lo extemporáneo del recurso realiza el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, pues, observa la Sala que, con auto del 17 de mayo de 2011, se precisó que la demanda satisfacía las exigencias formales externas de ley y se dispuso correr traslado de la misma, como opositores, tanto a las demandantes, como al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES; además, se le reconoció personería jurídica al apoderado de esta última.

Teniendo por cierto lo anterior, el reproche que sobre lo extemporáneo del recurso pretende realizarse en la réplica, debió haberse intentado contra el auto con el que se concluyó que reunía las exigencias de ley, mediante el recurso de reposición y no haber esperado hasta que se surtiera el traslado para ventilar esa inconformidad.

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Radicación n. º 48009 No obstante, la Corte advierte que la demanda de casación, no se acopla a las reglas mínimas que lo gobiernan, para que sea estimable. En efecto, se observa que después del título que el

recurrente denomina «LA DECLARACIÓN DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN», dice que pretende dejar sin efecto la decisión de segundo grado y, al final de su extenso escrito, solicita revocar esa decisión, para que en su lugar se condene al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a asumir el pago de la prestación a la que tienen derecho las demandantes. Como se ve, el alcance de la impugnación no se encuentra adecuado a la técnica que debe seguir este recurso extraordinario, púes con claridad no se le indica a esta Corporación, que debe realizar respecto a la decisión del Tribunal, menos cual es la tarea a acometer respecto a la del juzgado, pues, en últimas, lo que requiere la censora, es revocar el fallo de segundo grado y que en su lugar se condene al otro codemandado, con lo que olvida, que este medio extraordinario, no es una tercera instancia donde puedan realizarse este tipo de pedimentos, ya que, en estrictez, lo procedente era haber solicitado la casación total o parcial de esa decisión y, luego, indicar a la Sala, la función que en sede subsiguiente de instancia debía realizar respecto a la del Juzgado. Frente a la necesidad y claridad del alcance de la impugnación, en la sentencia de casación CSJ SL4008-2018, se dijo:

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Radicación n. º 48009 En primer lugar, el alcance de la impugnación, que constituye el petitum de la demanda de casación y es donde se le debe solicitar a la Corte, con la mayor claridad posible, lo que se pretende con el recurso (pues dada la naturaleza dispositiva de este medio de

impugnación, no le es posible a la Corte suponer cuál es la pretensión pretensiones de quien recurre), no está bien o formulado, ya que la censura no solo ataca indistintamente tanto la sentencia de primera instancia como la de segunda, lo que resulta errado e inadmisible, pues es la actuación del fa llador de segundo grado, y no la del a quo, la que puede censurarse a través de recurso de casación (con excepción del recurso de casación per saltum); sino que, además, nada dice sobre si pretende que el fallo recurrido se case total o parcialmente, y, si es en relación con esto último, en qué aspectos del mismo persigue el quebrantamiento. Tampoco expresa cuál debe ser la decisión en sede de instancia, vale decir, si confirmar, modificar o revocar la sentencia de primer grado y, en los dos últimos eventos, señalar el sentido en que debe reemplazarse, circunstancias todas omitidas en el presente caso. Además, en la formulación de la acusación no se señala si el cargo se dirige por la vía directa o la indirecta, menos las normas sustanciales que se estimaron fueron violadas, ya porque fueron sostén de la decisión, o como que debieron serlo, situación está que conlleva a la conclusión que el escrito carece totalmente de proposición jurídica. En la decisión en cita, en cuanto a este defecto, se preciso: Aun en el evento en que pudiera hacer una intelección de qué es se lo que pretende con el recurso extraordinario y concluir que está encaminado a que se revoque elf allo de primer grado y se acceda a las pretensiones de la demanda, lo cierto es que en la formulación

del único cargo se persiste en otras falencias técnicas que son insuperables y no permiten su estudio def ondo. Efectivamente, el recurrente omite señalar si el cargo está enderezado por la vía directa o la indirecta y no señala la modalidad de violación de la ley, ni norma alguna que habiendo sido parte de la decisión o que ha debido serlo, se violada. estime Es por lo anterior, que el escrito carece totalmente de proposición jurídica, pues no acusa alguna norma sustancial de alcance nacional, que consagre los derechos objeto de la presente litis,

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14 / I Radicancº.i4 ó8n0 09 relativos a la pensión de vejez deprecada, por lo que omite, de esta manera, el mandato del numeral 5 del artículo 90 del CPT y de la SS, según el cual, la censura debe indicar el precepto legal sustantivo, de orden nacional, que presuntamente haya quebrantado el sentenciador de segundo grado. Siendo ello así, es evidente que la parte recurrente no cumplió con lo previsto en el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pues la sustentación del recurso de casación debe reunir una serie de requisitos que desde el punto de vista formal, son indispensables, en atención a que su planteamiento y demostración, se encuentra delimitados por las reglas fijadas para su procedencia, ya que, una demanda de esta naturaleza y categoría, se encuentra sometida a rigorismos técnicos, a efectos de que la Corte pueda proceder a la revisión del fallo impugnado.

Por manera que, al presentarse senos y evidentes yerros de técnica, el recurso, en verdad, se asemeja más a un alegato de instancia, circunstancia que comporta la inobservancia de presupuestos legales y jurisprudenciales que permitan abordar su estudio. Respecto a lo anterior, en la sentencia de casación CSJ SL038-2018, que rememoró la CSJ SL, 22 nov. 2011, rad. 41076, se anotó: "En el presente caso, la sustentación del recurso no pasa de ser un alegato de instancia en el que brilla por ausente un discurso coherente dedicado a vertebrar el eje fundamental del fallo des gravado. dice, por cuanto a pesar de dirigir cargos por Asís e los la senda fáctica, no precisa cuáles fueron las pruebas calificadas no apreciadas o mal valoradas, ni tampoco explica en dónde

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Radicación n. º 48009 radicaron los desaciertos que enrostra a la sentencia del Tribunal [. .. } De lo dicho se sigue, que el cargo se desestima. Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la ESE HOSPITAL HORACIO MUÑOZ SUESCÚN y a favor de las señoras DELLANIRA MÉNDEZ RODRIGUEZ, OLGA CECILIA HERRERA ARBELÁEZ y LUZ ALBA URIBE URIBE y del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. Como agencias en derecho, se fija la suma de $7.500.000 que deberá incluir el Juez de primera instancia, en la liquidación que realice de

conformidad a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

VIII. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 13 de julio de 201 O por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro del proceso ordinario laboral seguido por DELLANIRA MÉNDEZ

RODRIGUEZ, OLGA CECILIA HERRERA ARBELÁEZ. Y

LUZ ALBA URIBE URIBE contra la ESE HOSPITAL HORACIO MUÑOZ SUESCÚN y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, juicio al que se llamó en garantía a LA NACIÓN ,, ,. - M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A Y C R E D I T O P U B L I C O y a l

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DIRECCIÓN

SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA.

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Radicancº.4i 8ó0n0 9 Costas como se dij o en la parte motiva. Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANDERARF AEBLR ITCOU ADRADO

@ ÍNJ URADO -fi·fi· Repúblicad tC olombia (.Q"rt·tfifi ij'llfffl!·dt-•J= ª lllllci• ­ CorteS upredmeJ& u ,titi11

Salde•CU. on Lallor-1 ficre111n.,.,... SeCI\ICIIIIAdJti'III '."ª. att,t.i • º' QQQ,taaoia qqt ta ftj6 ....... 8e deja coa1tancia que ea aa recha 1t d,eaftja edicto. a,,ov t, .. , i, - os:001-1 -.H lopta, D. C., 2 ............................-'-t ..---................... 8e deja constancia que en la feeha y llor, ........ • ' qaeda ejecutoriada la prue• profidacia Bo p t.á , D . C ,. 2 3 llora: 1) 6" oo·. fi IV y SCLAJ1P0TV -.00 17