CSJ - SL512-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL512-2023 Radicación n.° 88611 Acta 08 Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte los recursos de casación interpuestos por RAFAEL GASCA SOTO y la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP - ELECTRICARIBE S.A. ESP., contra la sentencia proferida el 30 de noviembre 2018 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral seguido por el recurrente contra la sociedad impugnante y MISIÓN

TEMPORAL LTDA y ATIEMPO LTDA.

I. ANTECEDENTES Rafael Gasca Soto llamó a juico a la Electricaribe S.A.

ESP, a Misión Temporal Ltda. y Atiempo Ltda., para que fueran condenadas a pagarle la reliquidación de cesantías y sus intereses, primas, vacaciones, viáticos, auxilio de transporte, indemnización por despido injusto, gastos de

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Radicación n.° 88611 manutención y alojamiento. Igualmente, pidió la cancelación de horas extras diurnas, nocturnas, festivas, compensatorios y todo el tiempo «extraordinario» que laboró en ejercicio de sus funciones. Así mismo, reclamó el auxilio de cesantía y sus intereses del tiempo laborado en Electricaribe S.A. ESP. del 7 al 21 de abril de 2000, pago que debe realizarse sobre un salario de $600.000, incluyendo el auxilio de transporte por

valor de $150.000 y el tiempo extraordinario. Finalmente, solicita se condene a las entidades accionadas al pago de los «salarios moratorios» y las costas del proceso. Como fundamento de tales pedimentos, en síntesis, relató que prestó sus servicios a Electricaribe S.A. ESP, así: 1) a través de la sociedad Misión Temporal Ltda. del 7 de abril de 1999 al 6 de abril de 2000; 2) directamente con la empresa entre el 7 y el 21 de abril de 2000, tiempo durante el cual desempeño el cargo de conductor en la «Gerencia de Planificación y Desarrollo de la Electrificadora Del Caribe S.A. ESP en forma directa», cancelándosele la suma mensual de $300.000, sin que se le reconociera por este lapso el auxilio de cesantía y los intereses sobre la misma; 3) igualmente, con dicha empleadora del 22 de abril del 2000 al 12 de julio del mismo año, con un salario básico de $600.000, más $150.000 de auxilio de transporte, sin sufragársele lo concerniente a horas extras; 4) desde el 13 de julio hasta el 30 de septiembre de 2000 con Misión Temporal; y 5) con la sociedad Atiempo Ltda. del 1 de octubre al 17 de noviembre de 2000, con quien devengó un salario de $600.000, sin

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Radicación n.° 88611 incluir el auxilio de transporte de $150.000 ni las horas extras, diurnas, nocturnas, dominicales y festivas. Puso de presente que fue contratado en la ciudad de Barranquilla para prestar sus servicios en Cartagena; que la

mayoría de días excedía las ocho horas diarias de trabajo, las cuales eran reportadas a su empleador con la novedad correspondiente, al igual que el trabajo en dominical y festivo; que tales conceptos nunca fueron cancelados bajo el argumento de la inexistencia de presupuesto para este pago, lo que produjo un incorrecto cálculo de prestaciones sociales, toda vez que, no fueron incluidos éstos factores salariales que arrojan un rubro mayor; explicó que lo mismo aconteció con los viáticos y gastos de manutención o alojamiento que habitualmente le eran cancelados, pero que tampoco le fueron incluidos en la liquidación. Explicó que la prestación del servicio la hizo exclusivamente en Electricaribe S.A. ESP, como conductor de la «Gerencia de Planificación y Desarrollo» debiéndose trasladar en forma habitual de la ciudad de Barranquilla a Cartagena; que existió una simulación en la contratación de sus servicios a través de empresas temporales de acuerdo a lo regulado por el artículo 1776 del CC, siendo la electrificadora su verdadero empleador, ya que era esta entidad quien autorizaba su contratación e inclusive señalaba el salario que debía devengar. Finalmente, agregó que, con el ánimo de llegar a un acuerdo, citó a las partes ante la Dirección Territorial del

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Radicación n.° 88611 Ministerio de Trabajo del Atlántico, los días 12 de diciembre de 2000 y 12 de enero de 2001, lo que no tuvo frutos, pues las demandadas no comparecieron. Misión Temporal Ltda. al dar respuesta a la demanda

se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó los referidos a los periodos en los cuales el actor le prestó sus servicios personales, precisando que tales vinculaciones fueron reales, no aparentes como se afirma en la demanda inicial, además puso de presente que durante tales nexos laborales le fueron pagados al accionante la totalidad de salarios y prestaciones sociales a que tenía derecho. Sobre los demás dijo que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, pago, compensación y prescripción. A su vez, Electricaribe S.A. ESP. dio contestación a la demanda y se opuso la prosperidad de las súplicas. Respecto de los supuestos fácticos, manifestó que no eran ciertos, bajo el argumento de que el demandante nunca fue trabajador directo de la empresa, por lo que se debe probar lo expuesto por la parte actora, quien era un trabajador en misión. Formuló las excepciones de buena fe, prescripción y cobro de lo no debido. El Juez del conocimiento mediante auto fechado el 5 de marzo de 2014, dispuso el archivo de las diligencias en relación con Atiempo Ltda., ya que conforme a las voces del parágrafo del artículo 30 CPTSS, modificado por artículo 17 de la Ley 712 de 2001, la parte demandante dentro del

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Radicación n.° 88611 término allí previsto, no efectuó gestión alguna para su notificación. En consecuencia, ordenó la continuación del trámite del proceso únicamente con las accionadas

Electricaribe S.A. ESP y Misión Temporal Ltda.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla, puso fin a la instancia mediante sentencia del

28 de noviembre de 2014, en la cual dispuso:

1. Declarar, como en efecto declara, probada la Excepción de Inexistencia de la Obligación y cobro de lo no debido propuestas por ELECTRICARIBE S.A. E.S.P al momento de contestar la demanda. Consecuente con lo anterior.

2. ABSOLVER de las pretensiones de la demanda promovida por el señor RAFAEL GASCA SOTO, a la empresa demandada ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. de conformidad con lo anotado en la parte motiva de esta providencia.

3. DECLARAR, no probada las excepciones planteadas por la demandada empresa MISIÓN TEMPORAL LTDA. En

consecuencia:

4. CONDENAR A LA EMPRESA MISIÓN TEMPORAL LTDA, a pagar al demandante RAFAEL GASCA SOTO la suma de $6.939.988.45 por concepto de horas extras diurnas, nocturnas, festivos y dominicales debidamente indexada, con la sanción prevista en el art. 65 del CST, cancelando un día de salario por cada día de retardo a partir del 30 de septiembre del 2000 por el término de dos años, a partir de ello se pagarán los intereses moratorios conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 5.- Costas en esta instancia. Liquídese como agencias en derecho la suma de dos salarios mínimos legales mensuales legales vigentes. 6.- Si no fuera apelada, consúltese con el superior funcional.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la parte demandante y de la demandada Misión Temporal Ltda., conoció el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, quien, mediante sentencia del 30 de noviembre 2018, resolvió: PRIMERO: REVOCAR el numeral 1° para en su lugar declarar no probadas las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido propuestas por la demandada

ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.

SEGUNDO: REVOCAR el numeral 2° de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla, el 28 de noviembre de 2014, en el curso del proceso ordinario laboral promovido por RAFAEL GASCA SOTO contra MISIÓN TEMPORAL LTDA y ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. para en su lugar declarar que ésta última es la verdadera empleadora del señor RAFAEL GASCA SOTO y solidariamente responsable la entidad MISIÓN TEMPORAL LTDA, durante el periodo comprendido entre el 7 de abril de 1999 y 30 de septiembre de 2000.

TERCERO: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral 5° de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla el 28 de noviembre de 2014, en el curso del proceso ordinario laboral promovido por RAFAEL GASCA SOTO, contra MISIÓN TEMPORAL LTDA y ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. en cuanto a la fijación de agencias en derecho en primera instancia para en su lugar disponer que se fijen por auto

separado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 366 del CGP.

CUARTO: MODIFICAR el numeral 4° de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla el 28 de noviembre de 2014, en el curso del proceso ordinario laboral promovido por RAFAEL GASCA SOTO contra MISIÓN TEMPORAL LTDA y ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. en el sentido de condenar a la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. y solidariamente a la empresa MISIÓN TEMPORAL LTDA a pagar al demandante RAFAEL GASCA SOTO las siguientes sumas, las cuales deberán ser indexadas al momento de su pago:

A. Horas extras laboradas desde diciembre de 1999 hasta el 30 de septiembre de 2000, la suma de $6.856.312.50.

B. Reliquidación de prestaciones sociales del año 1999, por valor de $55.198.09

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C. Reliquidación de prestaciones sociales del año 2000,

$931.042.88

QUINTO: Condenar a la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. a pagar al señor RAFAEL GASCA SOTO en el periodo comprendido entre el 1 de octubre y 17 de noviembre de 2000 a las siguientes sumas de dinero, las cuales deberán ser

indexadas al momento de su pago:

A. Horas extras laboradas por la suma de $718.437.50

B. Reliquidación de prestaciones sociales $26.393.78

C. Por concepto de sanción moratoria desde el 18 de noviembre de 2000 hasta que se compruebe el pago de la obligación, de

acuerdo a lo estipulado en el art. 65 del CST, sin la modificación hecha por la ley 789 de 2002, es decir, a razón de $20.000 por cada día de retardo, hasta que se verifique el pago de la obligación.

SEXTO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia en todo lo demás.

SÉPTIMO: Costas en esta instancia a cargo de la parte demandada, en favor de la demandante.

En sustento de su decisión, consideró que estudiados los recursos de apelación interpuestos, en primer lugar debía resolver, quién era el verdadero empleador del accionante, esto es, si Misión Temporal Ltda. o Electricaribe S.A. ESP, aclarado ello, debía determinar si le asiste derecho al reconocimiento de horas extras, subsidio de transporte, y, como consecuencia, la reliquidación del auxilio de cesantías, intereses sobre las mismas, primas y vacaciones, por la no inclusión de los factores salariales dejados de tener en cuenta. En ese orden, desde el punto de vista legal como jurisprudencial, comenzó por recordar la naturaleza y finalidad para la cual fueron creadas las empresas de

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Radicación n.° 88611 servicios temporales (EST), como lo era Misión Temporal Ltda. Analizó los contratos por obra o labor contratada allegados por el actor, que corresponden a la prestación de sus servicios a la usuaria Electricaribe S.A. ESP a través de diferentes temporales, con Misión Temporal Ltda. en los siguientes periodos: a) del 7 de abril de 1999 al 6 de abril de 2000; b) del 22 de abril al 12 de julio de 2000; y c) del 13 de

julio al 30 de septiembre de 2000; y con Atiempo Ltda. desde el 13 de octubre hasta el 17 de noviembre de 2000. En seguida se refirió a los testimonios rendidos por Ricardo García Quiñones y los interrogatorios de parte del actor y de la representante legal de Electricaribe S.A. ESP. Del estudio de los anteriores medios de convicción, coligió que la verdadera empleadora del demandante lo era la usuaria Electricaribe S.A. ESP, y que Misión Temporal Ltda. era responsable solidariamente de las obligaciones que surgen de la existencia de los convenios antes mencionados, pues el accionante demostró la presencia de tres contratos de trabajo entre él y Misión Temporal Ltda. del 7 de abril de 1999 al 6 de abril de 2000; del 22 de abril al 12 de julio de 2000; y del 13 de julio al 30 de septiembre de 2000. Especificó que de la cuenta de cobro obrante a folio 61, era posible inferir que también el accionante laboró con Electricaribe S.A. ESP entre el 7 y 21 de abril de 2000, y del contrato de trabajo suscrito con el demandante y Atiempo Ltda., concluyó que, prestó sus servicios personales a la

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Radicación n.° 88611 citada electrificadora, desde el 1 de octubre hasta el 17 de noviembre de 2000. Dijo además que, por los periodos enunciados no existió solución de continuidad, «aunque sí mediaron cartas de terminación, liquidaciones de prestaciones sociales», pero esto en momento alguno desdibujaba la verdadera relación laboral que se evidenciaba se configuró

con la usuaria. De otra parte, en cuanto al reconocimiento y pago de horas extras, recordó que la jurisprudencia es cuidadosa «al advertir que a los juzgadores no les es dable hacer cálculos en abstracto de tales factores, sino ser precisos y concretos en la tabulación de los mismos, previa su demostración». Entonces: […] siendo que en el presente caso se solicita por parte del actor el reconocimiento y pago de esas acreencias laborales, este aporta sendas planillas denominadas «Planillas de asistencia reporte quincenal de tiempo» en las cuales se discrimina la prestación del servicio en jomada adicional, sin embargo, al realizar un estudio minucioso de dicha documental, observa la Sala que no todas las planillas están suscritas por la empresa MISION TEMPORAL LTDA (fol. 110 a 125), así como algunas de ellas tampoco están diligenciadas en su totalidad (fol. 88 y 89), lo cual resta valor probatorio a dicha documental, pues no demuestran en forma fehaciente, concreta y precisa lo pretendido por el actor. Arguyó que a folios 130 a 149 obran planillas suscritas por la empresa Misión Temporal Ltda., donde consta la firma del «gerente planificación y desarrollo del sistema», así como un sello del cual se lee «MISION TEMPORAL LTDA.», y como quiera que esta documental no fue tachada de falsa por la demandada, se le daría pleno valor probatorio, teniendo en cuenta que también había comprobantes de pago emitidos por la EST, de los cuales se desprendía que el actor laboraba

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horas extras diurnas y nocturnas desde diciembre de 1999 hasta septiembre de 2000, sin que aparezca que hubieran sido reconocidas o pagadas. Explicó que en las liquidaciones aportadas por el demandante (f.° 60 y 62), en las cuales en el ítem de «horas extras utl. Año», no aparecía valor alguno tenido en cuenta para realizar la liquidación correspondiente al finalizar un contrato; por tanto, concluyó que le asiste derecho al reconocimiento de las horas extras que logró demostrar en forma fehaciente, concreta y precisa, lo que conlleva conceder lo solicitado en cuanto a la reliquidación del auxilio de cesantías, intereses sobre las mismas, primas y vacaciones, por la no inclusión de ese tiempo suplementario. Esgrimió en lo que atañe a las horas extras del periodo de 1 de octubre a 17 de noviembre de 2000, que aun cuando Atiempo Ltda. no era parte del presente proceso, las mismas debían liquidarse, porque la verdadera empleadora era Electricaribe S.A. ESP. Realizó los cálculos correspondientes, con apoyo del contador asignado al Tribunal, para obtener lo debido por horas extras laboradas y no pagadas desde «diciembre de 1999 hasta el 30 de septiembre de 2000, ascendían a la suma de $6.856.312.50, por concepto de reliquidación de prestaciones sociales del año 1999, por valor de $55.198.09, por concepto de reliquidación de prestaciones del año 2000, $931.042.88», sumas que deberían cancelarse debidamente indexadas.

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Radicación n.° 88611 Igualmente, encontró para el lapso del 1 de octubre al 17 de noviembre de 2000, que el valor por horas extras «ascendía a la suma de $718.437.50, y por concepto de reliquidación de prestaciones sociales $26.393.78», cantidades que deberán ser debidamente indexadas al momento de su pago. Puntualizó respecto de la excepción de prescripción propuesta por la demandada, que no estaba llamada a prosperar, pues el vínculo laboral finalizó el 17 de noviembre de 2000, la demanda inicial se presentó el 7 de febrero de 2001, se notificó a Electricaribe el 24 de mayo de esta misma anualidad y fue contestada el 4 de junio también del 2001; de ahí que, no había trascurrido el término trienal a que aluden las normas que se ocupan de este fenómeno jurídico de extinción de las obligaciones. Estimó que, también le asistía la razón a la parte actora en cuanto manifiesta su inconformidad por la condena de «intereses moratorios aplicada por la a quo de primera instancia acorde al art. 65 del CST modificado por la Ley 789 del 2002», en razón a que los derechos reclamados por el demandante, se generaban y hacían exigibles en el 2000, es decir, dos años antes de la entrada en vigencia de la ley 789 del 2002; lo que significaba, que Electricaribe S.A. ESP, debía pagar la sanción a partir del 18 de noviembre del 2000 hasta cuando la demandada cumpliera la obligación, a razón de $20.000 por cada día de retardo, esto en razón a que el

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Radicación n.° 88611 último salario devengado era de $600.000, tal como se acreditó con el contrato de trabajo obrante a folio 129. Puso de presente que la indemnización moratoria, como lo tiene adoctrinado la Corte, su aplicación no es automática, sino que es deber del fallador analizar todos los medios probatorios allegados en forma legal y oportuna en cada caso en particular, para poder condenar o absolver cuando la demandada acreditara la buena fe. Aludió que, en el presente asunto, era un hecho demostrado el no pago de las horas extras laboradas por el actor, así como de los días compensatorios generados durante la relación laboral, tal como se deduce de los medios de convicción, lo que por demás acarrea el reconocimiento de la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del CST, pues la demandada no aportó prueba alguna con la que se pueda establecer la justificación ante la no cancelación de tales emolumentos. Refirió que la citada sanción moratoria repara el que no se hubiera sufragado al accionante los conceptos adeudados por el empleador, como serían las horas extras y los días compensatorios, además de algún modo resarce el daño causado por la falta de pago; en cambio la indexación persigue actualizar la moneda ante la pérdida del valor adquisitivo que sufre en el transcurrir del tiempo, por esto son procedentes las dos condenas.

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Radicación n.° 88611 Advirtió que la parte accionante sostiene que no le fue cancelado el subsidio de transporte; no obstante, al realizar

un análisis del material probatorio aportado por el mismo actor, el juez de apelaciones observa que sí le fue sufragado dicho concepto de manera quincenal, tal como se desprende de los comprobantes de pago visibles a folios 8 a 50, pedimento que por consiguiente no está llamado a prosperar. Por último, manifestó que, en cuanto a la indexación y la indemnización moratoria objeto de condena, eran procedentes conforme a «profusa» jurisprudencia de la Corte, entre ellas la sentencia CSJ SL 1 ago. 2000, rad. 13.905 y CSJ SL 27 abr. 2001, rad. 14710, máxime que, cómo lo explicó en precedencia, la finalidad de las dos condenas es diferente. En los anteriores términos se desató la alzada.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte demandante y por Electricaribe S.A. ESP., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se proceden a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN DEL

DEMANDANTE RAFAEL GASCA SOTO.

Pretende el censor que:

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Radicación n.° 88611 […] la H. Corte CASE PARCIALMENTE la sentencia dictada por el Ad Quem, en cuanto al momento de establecer la condena no tuvo en cuenta para efectos de liquidar los intereses moratorios y reliquidar las prestaciones sociales, el salario obtenido al promediar la totalidad de horas extras, diurnas, nocturnas, diurnas festivas, nocturnas festivas, días compensatorios, (en especial los causados de abril a noviembre de 1999) como

tampoco el subsidio de transporte y el auxilio de alimentación devengado por el actor, para que una vez constituida esa H. Sala en sede de instancia, se sirva MODIFICAR la providencia emitida por el fallador de primer grado, conforme a las disposiciones declarativas y condenatorias expuestas por el sentenciador de Alzada que no fueron objeto del presente recurso, aunado a lo pretendido con la presente demanda de casación. Sobre costas provea lo que en derecho corresponda. Con tal propósito formula dos cargos que son replicados por la demandada Electricaribe S.A. ESP, que la Sala procede a estudiar en el orden propuesto.

VI. CARGO PRIMERO Se manifiesta expresamente lo siguiente: La sentencia recurrida es violatoria de la ley sustancial por vía DIRECTA, en la modalidad de INTERPRETACIÓN ERRÓNEA del artículo 65 (versión original) del Código Sustantivo del Trabajo en relación con el artículo 127 ibídem, además de incurrir en la INFRACCIÓN DIRECTA de los artículos 252, 289 y 290 del CPC y 244, 269 y 270 del CGP, aplicables en laboral en virtud del artículo 145 del CPL y SS (violación medio) en relación con los artículos 127, 159, 160, 161, 168, 169, 179 del CST, concordante con los artículos 16, 23, 24, 35, 186, 249, 306 y 488 ibídem, 71, 77, 98 y 99 de la ley 50 de 1990, 7 de la ley 1° de 1963, 2, 4 y 6 del Decreto 4369 de 2006, 61, 151 del CPL y SS, 165 y 166 del

CGP. En la demostración del cargo sostiene que el fallador de segundo grado interpretó erróneamente el original artículo 65 del CST, al liquidar la indemnización moratoria sobre el último salario devengado por el actor, el que ascendió a la

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Radicación n.° 88611 suma de $600.000, olvidando que cuando se hace alusión a «salario» el artículo 127 ibídem estipula que aquel se encuentra constituido «…no sólo por la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio», cualquiera que sea «la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones». Aduce que si bien el Tribunal acertadamente condenó a Electricaribe S.A. ESP al pago de la indemnización moratoria a partir del 18 de noviembre de 2000, lo cierto era que, «debía establecer dicho reconocimiento sobre el salario real devengado por el demandante, no sobre el básico», por consiguiente: […] de haber otorgado un correcto entendimiento al contenido de la norma en comento, ineludiblemente hubiese establecido que la indemnización moratoria que debe ser reconocida a mi mandante desde el 18 de noviembre de 2000, no se limita a la suma de $20.000 que equivale al salario diario, por cuanto el último sueldo devengado por el señor GASCA SOTO ascendió a la suma mensual de $600.000, pues, se insiste, cuando en la

disposición en cita se hace alusión a “salario”, de conformidad con el artículo 127 de la misma norma sustantiva, debe tenerse en cuenta “…todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio…”. Explica que el juez plural cometió la infracción directa de los artículos 252, 289 y 290 del CPC y 244, 269 y 270 del CGP, en relación con los artículos 127, 159, 160, 161, 168, 169, 179 del CST., en tanto le restó validez a la documental

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Radicación n.° 88611 que milita a folios 110 a 125, que «contiene la información del trabajo suplementario laborado por el demandante de abril a noviembre de 1999», que se presume auténtica, en tanto en el momento legal oportuno no fue tachada de falsa, esto es, ni al contestar la demanda, tampoco cuando se emite el auto que la tiene como prueba, es más ni siquiera tiene en cuenta que «no obstante carecer de firma o sellos, sí cuenta con el membrete de la entidad accionada MISIÓN TEMPORAL S.A.» e incluso «se encuentra diligenciada con la misma caligrafía que las demás planillas, lo que, aunado a que nunca fueron tachadas, gozan de plena validez y legalidad».

VII. LA RÉPLICA Electricaribe S.A. ESP, comienza por señalar que «la demanda inicial» no es un «dechado de claridad lo que dificulta efectuar una defensa fluida y coherente», es por esto que el cargo no puede prosperar.

Arguye que el Tribunal tampoco desconoció las normas adjetivas civiles, al no darles la fuerza suficiente a las «planillas de asistencia - reporte quincenal de tiempo» a las que alude la censura, pues lo cierto es que, como acertadamente lo asentó el juzgador colegiado, no todas están suscritas por la empresa Misión Temporal Ltda. y otras no se encuentran diligenciadas en su totalidad, por ende, no tenían fuerza probatoria, por demás, cualquier inconformidad al respecto el recurrente debió dirigirla por el sendero de los hechos, no del puro derecho.

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VIII. CONSIDERACIONES Revisado el escrito con el cual se pretende sustentar el recurso de casación, la Sala observa que el mismo adolece de deficiencias de orden técnico, que no es posible subsanarlas de oficio, por razón del carácter dispositivo del recurso extraordinario, pues de conformidad con el artículo 90

CPTSS, debe reunir una serie de requisitos que, desde el punto de vista formal, son indispensables a efectos de que la Corte pueda proceder a la revisión del fallo impugnado. A la censura le corresponde de forma preliminar identificar los soportes del fallo recurrido y, consecuente con el resultado que obtenga, dirigir el ataque por la senda fáctica o jurídica, o por ambas, en cargos separados, si es que el fundamento de la decisión es mixto. Sobre este aspecto en particular en la sentencia CSJ SL, 27 feb. 2013, rad. 43132, se indicó: […] la confrontación de una sentencia, en la intención de lograr

su derrumbamiento en el estadio procesal de la casación, comporta para el recurrente una labor persuasiva y dialéctica, que ha de comenzar por la identificación de los verdaderos pilares argumentativos de que se valió el juzgador para edificar su fallo; pasar por la determinación de si los argumentos utilizados constituyen razonamientos jurídicos o fácticos; y culminar, con estribo en tal precisión, en la selección de la senda adecuada de ataque: la directa, si la cuestión permanece en un plano eminentemente jurídico; la indirecta, si se está en una dimensión fáctica o probatoria. Igualmente se ha expresado, que la naturaleza extraordinaria del recurso de casación impone a quien opta por este medio de impugnación, el despliegue de un ejercicio dialéctico dirigido puntualmente a socavar los verdaderos

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Radicación n.° 88611 pilares de la sentencia gravada, porque si no se hace en debida forma, la providencia permanecerá incólume, revestida de la doble presunción de acierto y legalidad. En el presente caso, las deficiencias a las que se alude, son las siguientes: 1.- Con el alcance de la impugnación, que corresponde al petitum de la demanda, la parte demandante busca que la Corte: […] CASE PARCIALMENTE la sentencia dictada por el Ad Quem, en cuanto al momento de establecer la condena no tuvo en cuenta para efectos de liquidar los intereses moratorios y reliquidar las prestaciones sociales, el salario obtenido al promediar la totalidad de horas extras, diurnas, nocturnas,

diurnas festivas, nocturnas festivas, días compensatorios, (en especial los causados de abril a noviembre de 1999) como tampoco el subsidio de transporte y el auxilio de alimentación devengado por el actor, para que una vez constituida esa H. Sala en sede de instancia, se sirva MODIFICAR la providencia emitida por el fallador de primer grado, conforme a las disposiciones declarativas y condenatorias expuestas por el sentenciador de Alzada que no fueron objeto del presente recurso, aunado a lo pretendido con la presente demanda de casación. Sobre costas provea lo que en derecho corresponda (Subraya la Corte). La Sala encuentra que tal pedimento impide inferir con claridad y precisión cuál es el verdadero querer de la censura. En casos como el presente, donde la sentencia de segunda instancia, contienen varios ordinales y numerales, quien acude a este medio extraordinario y pide la casación parcial, debe precisarle a la Corte, los puntos de la decisión que busca dejar sin vigor y, consecuente con ello, los que se debe revocar, modificar o confirmar del fallo del a quo, pero no como de manera conglomerada y confusa se hizo.

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Radicación n.° 88611 Adicionalmente, el alcance alude a la liquidación de «los intereses moratorios» a título de indemnización moratoria, olvidando que los mismos, como quedó precisado al sintetizar la sentencia recurrida, fueron revocados por el sentenciador de alzada a petición de la propia parte demandante y en razón a que el artículo 29 de la Ley 789 de 2002 que los consagra, aún no había nacido a la vida jurídica

para la data de terminación del vínculo laboral. 2.- El ataque orientando por la senda jurídica, involucra planteamientos eminentemente fácticos que debieron dirigirse por la vía de los hechos, al señalar: A.- Que si bien el ad quem acertadamente condenó a Electricaribe S.A. ESP al pago de la indemnización moratoria a partir del 18 de noviembre de 2000, lo cierto es que, «debía establecer dicho reconocimiento sobre el salario real devengado por el demandante, no sobre el básico». Argumentación que en verdad encierra una discusión fáctica, referida a establecer cuál es el verdadero salario devengado por el act