CSJ - SL5128-2021

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL5128-2021 Radicación n.° 69275 Acta 039 Bogotá D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por FERNANDO TOVAR MOSQUERA, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos LFTT, LFTT y JRTT y por MARÍA AMPARO TOVAR GÓMEZ, contra la sentencia proferida el 30 de octubre de 2013 por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso que le siguen a

GASEOSAS DEL HUILA S.A., hoy GASEOSAS DE

CÓRDOBA S.A. NEIVA.

I. ANTECEDENTES Fernando Tovar Mosquera, actuando en nombre propio y de sus hijos LFTT, LFTT y JRTT y María Amparo Tovar Gómez, demandaron a Gaseosas del Huila S.A., hoy Gaseosas de Córdoba S.A. Neiva (en adelante Gaseosas del

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Radicación n.° 69275 Huila), con el propósito de que se declarara la existencia de un contrato realidad a término indefinido entre el primero de ellos y la demandada, entre el 10 de enero de 1991 y el 26 de mayo del 2008, fecha en que sufrió un accidente de trabajo. Afirmaron que el suceso se dio por culpa del empleador, al no adoptar las medidas de seguridad y de protección necesarias para evitarlo, lo que le produjo el rompimiento del

ojo y un problema lumbar; que no fue afiliado al Sistema General de Seguridad Social Integral, ni al subsidio familiar y que la terminación del contrato fue ineficaz dado que no se solicitó permiso al Ministerio del Trabajo para despedirlo. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, solicitaron el reintegro a su puesto de trabajo junto con el pago de las acreencias laborales dejadas de percibir; de las indemnizaciones de los artículos 64, 65 y 216 del Código Sustantivo del Trabajo, 99 de la Ley 50 de 1990 y 26 de la Ley 361 de 1997, sumas debidamente indexadas, además de los aportes a pensiones y al subsidio familiar. Fundamentaron sus peticiones, en que el 10 de enero de 1991, Fernando Tovar Mosquera ingresó a prestar sus servicios personales como estibador, bajo la dependencia y subordinación de la empresa demandada, ejecutando actividades de cargue y descargue de vehículos en la unidad de producción, cumpliendo un horario de lunes a sábado de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.

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Radicación n.° 69275 Sostuvieron que la entidad no pagó las acreencias laborales, tampoco efectuó los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral pues nunca lo afilió a este ni al del subsidio familiar. Aclararon que para poder trabajar en la fábrica eran obligados a afiliarse a diferentes cooperativas de trabajo asociado, tales como la Empresa Unipersonal la Esperanza, Distribuciones El Azulejo y la CTA Surgir Ltda., quienes actuaron como simples intermediarias y no tuvieron con él

vínculo jurídico alguno. Señalaron que durante la vigencia de la relación laboral no le suministraron elementos de protección y seguridad; que debió adquirir el uniforme de la empresa con su propio dinero; que prestó sus servicios hasta el día en que tuvo el accidente de trabajo que lo dejó impedido físicamente para trabajar y, cuando se acercó a la empresa a presentar una incapacidad, no lo dejaron ingresar bajo el argumento de que no era su empleado y no estaba autorizado para entrar. Aseguraron que en las condiciones en que se encontraba, era sujeto de especial protección del Estado, pese a lo cual fue despedido por su condición de discapacidad, sin que la empresa solicitara la autorización correspondiente al Ministerio del Trabajo. Manifestaron que el 13 de enero de 1994, cuando desarrollaba sus obligaciones y se encontraba cargando un camión, al descargar una caja, una de las botellas estalló y

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Radicación n.° 69275 golpeo su ojo izquierdo, por lo que fue remitido a la Clínica Federico Lleras Acosta del ISS, donde fue intervenido quirúrgicamente. Una vez fue dado de alta, recibió una incapacidad por dos meses, situación que fue reportada por Gaseosa del Huila a la ARP del Instituto de Seguros Sociales. Agregaron que el 26 de mayo del 2008, cuando descarpaba un vehículo en las instalaciones de la compañía, al pisar una de las compuertas traseras, una de las tablas se partió y cayó al piso desde aproximadamente tres metros de altura, diagnosticándosele politraumatismo, trauma dorsal

T11 y T12 fractura en la columna vertebral y otras heridas. Informaron que, en esta ocasión, el reporte del accidente lo hizo Surgir CTA, la que solo había servido de intermediaria para la afiliación en materia de seguridad social, y complementaron con el hecho de que la empresa demandada jamás le proporcionó elementos de protección y seguridad, ni tuvo la diligencia y cuidado necesarios para que sus empleados realizaran sus labores de manera segura. Adicionaron que los accidentes le ocasionaron secuelas físicas severas e irreparables, que originaron una pérdida de la capacidad laboral del 17.43%, de origen laboral, lo que les ha generado perjuicios económicos y morales como grupo familiar. Afirmaron que la sociedad demandada incumplió con sus obligaciones de protección y seguridad, al igual que desconoció la normativa en materia de salud ocupacional.

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Radicación n.° 69275 Gaseosas del Huila presentó respuesta a la demanda de forma extemporánea, por lo que se tuvo por no contestada.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral de Descongestión del Circuito de Neiva, mediante fallo del 19 de abril de 2013, negó las pretensiones y absolvió a la demandada.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Interpuesto el recurso de apelación por los demandantes, la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante fallo del 30 de octubre de 2013, confirmó la sentencia del juzgado.

Consideró como problemas jurídicos a resolver, «[…]

determinar la existencia de un contrato de trabajo entre el demandante y la convocada al juicio; una vez establecida la relación laboral, es necesario entrar a establecer si se encuentran demostrados los extremos temporales del vínculo contractual; y finalmente determinar si el actor tiene derecho a que se le reconozcan las prestaciones laborales deprecadas». Inició recordando los elementos del contrato de trabajo y citó el contenido expreso del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Luego señaló: Es principio procesal, el deber de probar los supuestos de hecho de las normas que consagran los efectos jurídicos que ellas

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Radicación n.° 69275 persiguen. Este principio conocido como carga de la prueba, se encuentra consagrado en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, y no es ajeno al derecho laboral, pues quien alega una condición jurídica de tipo laboral, que para el caso es la existencia de un contrato de trabajo, recae el peso de aportar al proceso los medios de convicción que le permitan al Juez Laboral decidir la declaratoria del mismo, lo que equivale a demostrar la presencia de cada uno de los elementos constitutivos del contrato de trabajo, sin perjuicio de la presunción favorable de la relación laboral consagrada en el artículo 24 del CST, subrogado por el artículo 2° de la ley 50 de 1990, que señala: “Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo" Lo anterior en concordancia con lo establecido en el art.53 de nuestra Carta Política el cual desarrolla de manera clara el principio de primacía de la realidad sobre las formas.

No obstante dicha presunción, ha dicho la jurisprudencia laboral, que no crea para quien se presente a alegar judicialmente el contrato laboral como fuente de derechos o causa de obligaciones a su favor, la facultad de que nada tiene que probar y que le baste invocar la prestación de un servicio para que se considere amparada por la presunción de que trata el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, pues esta presunción como las demás de su estirpe, admite prueba en contrario y por ende deberá aportar los elementos de juicio necesarios para lograr la prosperidad de sus pretensiones. Entonces, para que pueda estructurarse un contrato de trabajo es necesario que confluyan como elementos esenciales, no solo que una persona reciba de otra un servicio para que por tal hecho se convierta en empleador, sino que dicho servicio se preste bajo la continuada dependencia o subordinación del trabajador respecto del empleador, que faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; así mismo, de disponer de su capacidad y fuerza de trabajo según sus instrucciones, necesidades y conveniencias. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país. Se centra entonces la discusión en este asunto, en la existencia del contrato de trabajo bajo el principio de la primacía de la realidad; para resolver tal planteamiento, se hace necesario, en

primer término traer a colación otro principio, como es el de la carga de la prueba, conforme a la jurisprudencia de nuestro

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Radicación n.° 69275 máximo organismo de cierre, que señala que quien demanda para que se declare la existencia de un contrato de trabajo, le corresponde acreditar la prestación personal del servicio, y con tal hecho se presume que la misma la rige un contrato de trabajo, sin tener que entrar a demostrar los demás elementos que lo configuran. Acto seguido, se detuvo a analizar los testimonios de Luis Alberto Polanía Ramos y José Albeiro Urrea Mesa, de los cuales concluyó, […] que si bien es cierto el aquí demandante prestaba sus servicios personales en la (sic) actividades principales de carga y descarga de vehículos que transportaban la gaseosa, como también de estibador, clasificación de envases, carpado y descarpado de semirremolques, y arreglo de promociones, se destaca que ningún medio de prueba permite inferir subordinación en tal desempeño por parte de la entidad aquí demandada como empleadora. Y agregó, En atención a lo anterior, no puede pretender el apelante compensar los anteriores hechos traídos aquí a colación con la aplicación de las consecuencias procesales por haberse contestado la demanda por parte de la entidad aquí demandada de manera extemporánea, porque tal circunstancia no es suficiente para que el Juez dé por probados los hechos de la demanda, pues como bien sabido es, que toda presunción legal es susceptible de ser desvirtuada a través de cualquier medio probatorio, ya sea con las pruebas aportadas por la parte contra quien se aduce, o ante la inactividad probatoria de la parte a

quien favorece, por lo que siendo así las cosas, la decisión de primera instancia se debe confirmar.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por los demandantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver de acuerdo con los estrictos términos en que fue presentado y los alcances propios del recurso extraordinario.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden los recurrentes que la Corte case la sentencia impugnada y, en sede de instancia, revoque la del juez, […] declarando la ineficacia del despido y/o terminación del contrato de trabajo y la culpa del Empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo presentados (sic) por el señor FERNANDO TOVAR MOSQUERA, y consecuentemente, se disponga su reintegro en el mismo cargo que ocupaba, o en otro de igual o superior categoría, siempre y cuando esté acorde a su pérdida de capacidad laboral, y pagar todos los sueldos y demás factores salariales, primas, subsidios, indemnizaciones a que haya lugar, vacaciones dejadas de disfrutar y todas las demás prestaciones o emolumentos que hubiere dejado de percibir, junto con los que hayan podido producirse desde el inicio de la relación laboral dependiente y hasta cuando sea efectivamente reintegrado; las sanciones contempladas en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y 26 de la Ley 361 de 1997; y la reparaciones

(sic) integral de los perjuicios causados por el accidente de trabajo. Con tal propósito formulan un cargo por la causal

primera de casación, que es replicado y se resuelve a continuación.

VI. CARGO ÚNICO Acusan la sentencia impugnada «[…] de ser violatoria de la ley sustancia (sic) por la vía directa, en la modalidad de infracción directa de los artículos 24 del Código Sustantivo del Trabajo (subrogado por el 2 de la Ley 50 de 1990); 186, 189

(subrogado por el 27 de la Ley 789 de 2002), 249 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo, 98 y 99 de la Ley 50 de 1990, y 22 de la Ley 100 de 1993».

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Señalan que comparten: […] la inferencia a la que llega el ad quem de reconocer y aceptar que el “demandante prestaba sus servicios personales en las actividades principales de carga y descarga de vehículos que transportaban la gaseosa, como también de estibador, clasificación de envases, carpado y descarpado de semirremolques, y arreglo de promociones” al servicio de

GASEOSAS DEL HUILA S.A.

Seguidamente aducen que, En el inicio de la sustentación de la decisión el operador judicial de segundo grado, indica que el sujeto que presta sus servicios personales se libera de la carga de la prueba, proposición argumentativa que permitía inferir que para el juzgador toda relación de trabajo personal se entiende regida por un contrato de trabajo; empero, no la tuvo en cuenta, al señalar la necesidad de probar la subordinación o dependencia para configurar la existencia del contrato de trabajo, como elemento esencial dentro

de una relación laboral dependiente. Sostienen que el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo consagra una prelación probatoria para quien alega la calidad de trabajador, al disponer que de la demostración de la prestación del servicio se presume la existencia del contrato de trabajo, «[…] sin que le asista el deber de proceder acreditar la subordinación o dependencia», no obstante, El Tribunal en lugar de partir de la presunta existencia del contrato de trabajo, pues da por hecho la actividad laboral prestada por el actor; en lugar de buscar y analizar los medios probatorios con el objetivo de desvirtuar la presunción legal del contrato de trabajo, que la actividad se desarrolló de manera autónoma e independiente, sin el cumplimiento de órdenes, horarios, ni sometido a reglamentos o directrices empresariales, se alinea por el sendero de buscar la prueba de la subordinación e imponer al trabajador–actor, su demostración, cuando corresponde al accionado–demandado, desvirtuar esta presunción, optando por el equivocado camino de la búsqueda de la prueba de la subordinación, con la exigencia de su aportación por parte del trabajador, lo que hace nugatorios los efectos de la presunción legal consagrada en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo.

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Radicación n.° 69275 Explican que, demostrada la prestación del servicio, la presunción legal los relevaba del deber de demostrar la subordinación jurídica o dependencia, e imponía a la empresa, la carga de probar el hecho contrario.

Finalmente manifiestan: Adicionalmente, resulta imperioso y de obligatorio acatamiento

la ratio decidendi y las motivaciones a las que llega la Honorable CORTE CONSTITUCIONAL en la sentencia de tutela T-190 del 12 de marzo de 2012, M.P. Dr. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO, dentro de la acción de amparo promovida por el señor Fernando Tovar Mosquera en contra de Gaseosas del Huila S.A., en la que encontró acreditado los elementos esenciales para la existencia de contrato de trabajo, es la prestación del servicio, la subordinación y retribución de servicios, decisión desatendida sorpresivamente por el Ad quem.

VII. RÉPLICA Señala que el Tribunal en ningún momento cometió infracción contra el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, ya que en el fallo hizo alusión a la presunción establecida en la misma, «[…] poniendo de presente lo que en varias oportunidades la misma Corte ha establecido en el sentido de que dicha presunción debe probarse, para lo cual mencionó la sentencia del 31 de mayo de 1955».

Manifiesta que si bien se demostró que el demandante realizó una actividad de cargue y descargue de vehículos, esta no fue en virtud de una relación laboral o contrato de trabajo con la demandada, lo que desvirtúa la presunción; además, esta no crea o constituye para quien se presente a

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Radicación n.° 69275 alegar judicialmente el contrato laboral a su favor, «[…] la facultad de que nada tiene que probar, si con las pruebas arrimadas al proceso se logra demostrar que no se dio la

subordinación, sin importar la carga de la prueba o quien las aportó al proceso, no es procedente el declarar la existencia de un contrato de trabajo», asegura que en el mismo sentido lo ha establecido esta Sala en la sentencia CSJ SL 1 junio 2004, radicación 21554.

VIII. CONSIDERACIONES Trae el recurrente a la sede extraordinaria, la cuestión de si el Tribunal violó la ley sustancial mediante la infracción directa del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, al no aplicar, los postulados de dicha norma para resolver el litigio, los cuales, hubieran llevado al fallador concluir la existencia de un contrato de trabajo, pues demostrada la prestación personal del servicio, debió activar la presunción de relación laboral en su favor y no solicitar, como lo hizo, que se probara la subordinación.

Para resolver este problema jurídico, parte la Sala por advertir que el cargo formulado se presenta por la vía directa, por lo que se entiende que existe conformidad de los recurrentes con los aspectos fácticos del caso y la gestión de valoración probatoria del Tribunal pues, Cuando se acude a la senda de puro derecho en el cargo, esto es la directa, la sustentación de este debe ser estrictamente jurídica, en la medida que la acusación debe concentrarse a esta clase de razonamiento para controvertir los que de esta misma naturaleza haya realizado el juzgador de segunda instancia, y se dejan al

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Radicación n.° 69275 margen las conclusiones fácticas a las que arribó el Tribunal.

(CSJ SL1976-2021).

Así mismo,

Aclarado lo anterior, encuentra la Sala que en el ataque propuesto se dirigió por la vía directa, la cual presupone una total y completa conformidad con las situaciones fácticas y probatorias deducidas por el sentenciador de alzada […]

(CSJ SL1902-2021).

Sobre el particular, recuerda la Sala que la infracción directa, «[…] se presenta cuando existiendo una norma que regula el caso, por rebeldía o ignorancia deja de aplicarse a su solución» (CSJ AL1546-2021), cosa que, no sucedió en el presente caso, pues el Tribunal efectivamente tuvo en cuenta en su decisión, sin rebeldía u oposición, los postulados del mencionado artículo, el cual además explicó con su significado a la luz del tenor literal como del precedente jurisprudencial, por lo que en este punto no se halla razón en la censura. Conforme lo anterior, el análisis de la Sala atenderá la cuestión jurídica planteada, esto es, si el Tribunal se rebeló contra el contenido del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo y no aplicó los postulados allí previstos. En este sentido, la decisión impugnada sí invocó la norma señalada, que establece la presunción del contrato realidad de trabajo en los eventos en que el trabajador pruebe la prestación personal del servicio, de tal suerte que le corresponde al empleador demostrar que no hubo subordinación.

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Radicación n.° 69275 Al respecto, señaló el juzgador, Es principio procesal, el deber de probar los supuestos de hecho

de las normas que consagran los efectos jurídicos que ellas persiguen. Este principio conocido como carga de la prueba, se encuentra consagrado en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, y no es ajeno al derecho laboral, pues quien alega una condición jurídica de tipo laboral, que para el caso es la existencia de un contrato de trabajo, recae el peso de aportar al proceso los medios de convicción que le permitan al Juez Laboral decidir la declaratoria del mismo, lo que equivale a demostrar la presencia de cada uno de los elementos constitutivos del contrato de trabajo, sin perjuicio de la presunción favorable de la relación laboral consagrada en el artículo 24 del CST, subrogado por el artículo 2° de la ley 50 de 1990, que señala: “Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo" Ha sido postura de esta Corte que, los eventos cobijados por la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, suponen para el trabajador la acreditación del servicio prestado personalmente a un beneficiario, activando la presunción hacia la existencia de una relación laboral, quedando como deber del demandado la carga de desvirtuarla o que la labor se prestó en condiciones de autonomía e independencia, lo cual puede llevarse a cabo mediante cualquiera de las acciones probatorias permitidas por la ley, sin que exista en nuestro país una tarifa legal que limite dicho ejercicio. De cara al caso concreto, el ejercicio probatorio no solamente supone que el empleador aporte pruebas que desvirtúen la presunción o que solo las piezas procesales por él allegadas le pueden exonerar de responsabilidad, sino que

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Radicación n.° 69275 también puede hacer uso de las aportadas por el trabajador o de las decretadas de oficio, pues las pruebas no son propiedad de las partes sino del proceso y tienen como propósito orientar al juzgador en la búsqueda de la verdad y de la justicia material. Conforme lo anterior, en este caso el Tribunal, (i) inició invocando correctamente las normas que gobiernan la controversia, siendo estas los artículos 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo; (ii) explicó que las normas suponían la acreditación del trabajador de la prestación personal del servicio, quedando liberado de otras pruebas adicionales y al respecto señaló: Se centra entonces la discusión en este asunto, en la existencia del contrato de trabajo bajo el principio de la primacía de la realidad; para resolver tal planteamiento, se hace necesario, en primer término traer a colación otro principio, como es el de la carga de la prueba, conforme a la jurisprudencia de nuestro máximo organismo de cierre, que señala que quien demanda para que se declare la existencia de un contrato de trabajo, le corresponde acreditar la prestación personal del servicio, y con tal hecho se presume que la misma la rige un contrato de trabajo, sin tener que entrar a demostrar los demás elementos que lo configuran. (iii) Posteriormente advirtió que, probada la prestación del servicio, era carga de la demandada desvirtuar la presunción, lo que supone que el fondo del planteamiento resulta acorde y alineado con el contenido del mencionado artículo 24 y el precedente jurisprudencial. Al respecto dispuso,

No obstante dicha presunción, ha dicho la jurisprudencia laboral, que no crea para quien se presente a alegar judicialmente el contrato laboral como fuente de derechos o causa de obligaciones a su favor, la facultad de que nada tiene que probar

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Radicación n.° 69275 y que le baste invocar la prestación de un servicio para que se considere amparada por la presunción de que trata el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, pues esta presunción como las demás de su estirpe, admite prueba en contrario y por ende deberá aportar los elementos de juicio necesarios para lograr la prosperidad de sus pretensiones.

Y aclaró: […] pues como bien sabido es, que toda presunción legal es susceptible de ser desvirtuada a través de cualquier medio probatorio, ya sea con las pruebas aportadas por la parte contra quien se aduce, o ante la inactividad probatoria de la parte a quien favorece, por lo que siendo así las cosas, la decisión de primera instancia se debe confirmar.

(iv) Al revisar las pruebas constató la prestación del servicio personal acreditada por el trabajador, y concluyó que, «[…] es cierto el aquí demandante prestaba sus servicios personales en la (sic) actividades principales de carga y descarga de vehículos que transportaban la gaseosa, como también de estibador, clasificación de envases, carpado y descarpado de semirremolques, y arreglo de promociones»; (v) por último, valoró las otras pruebas y determinó que no existió subordinación, no porque el recurrente no la hubiera

probado, lo cual no fue dicho por el Tribunal, sino porque ellas permitían desvirtuarla, y aseguró: […] toda vez que los testigos indican que si bien la hora de entrada era a las 6 y 30 de la mañana, el incumplimiento de la misma solo llevaba algunas observaciones en la coordinación de la labor, la cual estaba a la cabeza de EDUARDO CORDOBA, Jefe de Empaques, quien era la persona que organizaba las actividades de recibir y cargar camiones, dando directrices en la labor que realizaba el aquí demandante; máxime si se tiene en cuenta que en el cumplimiento de las labores que se da cuenta en el plenario por parte del demandante se hacía en equipo, y de esa misma forma estaban organizados para cobrar, sin ninguna injerencia de le empresa aquí demandada, y se informa que de la misma forma se procedía para la afiliación a la seguridad social, inclusive refieren los declarantes que si alguno no iba a trabajar

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Radicación n.° 69275 por incapacidad, siempre se distribuían el dinero entre todos por igual, como si hubiera trabajado común y corriente; y la terminación de la jornada de trabajo dependían de la existencia de carros para cargar o descargar, labor que se alternaba con la realización de otras actividades que se observan estaban relacionadas con la carga y descarga de camiones, las cuales tampoco eran continuas como lo señalan los testigos, cuando manifiestan que esto dependía de la temporada y disponibilidad de tiempo que les quedaba luego de realizar las labores de carga y descarga de vehículos. Igualmente se comparte el criterio expuesto por el A quo, en

cuanto a la utilización de uniformes que se compraban para la prestación del servicio por ellos mismos por exigencia de la empresa demandada, que la jurisprudencia (sentencia de Radicación No.31400 del 14 de agosto de 2.007, Ponencia de la Magistrada Dra. Elcy del Pilar Cuello, enseña que son medidas impuestas para poder tener control de la actividad y asegurar el orden y la seguridad dentro de un establecimiento, sin que sean determinantes para que con fundamento en ellas se declare la existencia de un contrato de trabajo. Así las cosas, desde la vía de ataque escogida por el recurrente no existe reparo alguno en la labor del Tribunal, pues actuó de manera correcta en lo jurídico, invocando la norma propia al caso, comprendiéndola en su contenido, lo que le sirvió para la revisión probatoria que le llevaron a concluir que la presunción de contrato realidad fue desvirtuada. Ahora, de haberse querido controvertir el alcance que se dio a ellas, debió atacarse la sentencia por la vía indirecta, en el cual se explicaran las pruebas apreciadas erróneamente o no valoradas por el fallador, así como los errores de hecho en que incurrió con ello y la correspondiente sustentación. Por lo anterior, el cargo no prospera.

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Radicación n.° 69275 Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo del recurrente, pues el recurso no salió avante y fue replicado. Se fijan como agencias en derecho la suma de cuatro millones cuatrocientos mil pesos ($4.400.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, en cada proceso, con arreglo a lo dispuesto en el

artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el treinta (30) de octubre de dos mil trece (2013) por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral seguido por FERNANDO TOVAR MOSQUERA, quien actúa en nombre propio y de sus hijos LFTT, LFTT y JRTT y por MARÍA AMPARO TOVAR GÓMEZ contra GASEOSAS DEL HUILA S.A. hoy GASEOSAS DE

CÓRDOBA S.A. NEIVA.

Costas en sede extraordinaria a cargo de la parte recurrente como se dijo en la parte motiva. Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

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Radicación n.° 69275

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Salva voto

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SALVAMENTO DE VOTO

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL5128-2021 Radicación n.° 69275 Conforme lo expuse en la sesión donde fue objeto de debate la sentencia que origina este salvamento de voto, con todo respeto por la posición mayoritaria, considero que el asunto en cuestión debió resolverse de fondo, tal como lo

expuse en el proyecto inicialmente llevado a Sala por el suscrito (ponencia derrotada), en cuyas consideraciones consigné: Debe la Sala dilucidar si, cómo lo afirma el recurrente, incurrió el Tribunal en la infracción directa del artículo 24 del CST o, si por el contrario, su decisión confirmatoria de la absolución decretada en la primera instancia se ajusta a la normativa cuya violación se acusa. Conforme quedó expuesto en el itinerario procesal, para confirmar la absolución de primer grado adujo el colegido: (i) que en virtud al principio de la carga de la prueba consagrado en el artículo 177 del CPC, que no es ajeno al derecho laboral «quien alega una condición jurídica de tipo laboral, que para el caso es la existencia de un contrato de trabajo, recae el peso de aportar al proceso los medios de convicción que le permitan al Juez Laboral decidir la declaratoria del mism